Las actividades transcurrían con normalidad en la Escuela Rural Mixta Caserío Las Arenas, en Sayaxché, Petén, hasta que, al finalizar la jornada educativa del lunes recién pasado, el pequeño Yeison Randolfo Chen Sacul, de 5 años, estudiante de párvulos, llegó a su casa presentando molestias -incluso se desmayó-, por lo que fue llevado por su padre al Hospital Distrital local, donde quedó internado, pero al día siguiente falleció.

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La primera versión es el relato del padre de Yeison, Álvaro Rolando Chen Pop, quien dijo que su hijo le comentó que fue agredido por dos de sus compañeros de clase y que luego de eso la maestra le “sobó” el estómago y lo refirió a su casa.

La segunda versión apunta a que un grupo de niños, entre ellos Yeison, cayó de un escenario que fue instalado en la escuela para alguna actividad, y debido al impacto el menor sufrió golpes que le causaron un fuerte dolor, por lo que algunos profesores lo atendieron en el lugar.

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Una tercera versión es la que describe el parte policial. En este se detalla que la maestra del pequeño negó que este haya sido golpeado por compañeros en la escuela, una afirmación que le cambiaría el giro a las investigaciones, según vecinos, quienes esperan que el caso sea esclarecido.

Al mediodía de este miércoles 28 de agosto, Benedicto Valle, director departamental de Educación de Petén, confirmó que el incidente fue provocado por compañeros de la misma edad del pequeño y que, debido a eso, se integrará una comisión para atender a los compañeros del menor fallecido y los padres de familia; sin embargo, será la Fiscalía Dsistrital del Ministerio Público la que se encargue de investigar lo sucedido en esa escuela, ubicada a más de 60 kilómetros de área urbana de Sayaxché.

Se contradice

Horas mas tarde, Valle cambió su versión al decir: “Estamos tratando de investigar a fondo cuál fue la razón de que el niño sufriera un accidente,  se dice en algunos casos que fue golpeado por otros sus compañeros. Sabemos muy bien que un niño de 5 años es imposible que pueda dar un golpe tan fuerte como para destruir la vida de otra persona”.

Agregó que consideran que pudo ser de otra manera el accidente y que esperan que se aclare la situación. “Nos interesa que no vuelva a suceder. Le hago un llamado a los maestros de Petén para que le pongan cuidado a los niños durante el recreo”, manifestó.

Al consultarlo si considera de que el niño fue golpeado por otros estudiantes, Valle respondió que es un tanto difícil creer esa situación.

Gerónimo Cucul Choc, director de la escuela, confirmó que la maestra le notificó de que el pequeño sufrió una caída de una tarima durante el horario de recreo.

Agregó que en la jornada educativa no se enteró del suceso, sino fue hasta que un alcalde auxiliar le informó de que el pequeño estaba en estado delicado.

“La maestra me dijo que cuando los niños recibieron la refacción estaban juntos, pero luego el pequeño se subió al escenario y cayó y cuando se levantó dijo que le dolía el estómago y lo revise, pero no tenía nada -fracturas-“, dijo el director.

El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), confirmó que el menor murió por un trauma cerrado de abdomen. La necropsia fue realizada ayer y el cuerpo del niño ya fue entregado a sus familiares en Sayaxché, Petén.

El informe de la necropsia será entregado a la Fiscalía, quien será la encargada de hacer las investigaciones para determinar qué fue lo que provocó esa lesión en el menor.

Mientras tanto, Julia Barrera, portavoz del MP, dijo que el caso está a cargo de la Fiscalía Municipal de Sayaxché, y al consultarle sobre una hipótesis sobre la muerte del menor respondió: “las causas que provocaron la muerte del niño están en investigación”.

El ministro de Educación, Óscar Hugo López, lamenta la muerte del pequeño y asegura que el caso será investigado. “Condenamos que estos actos nos lleven a las consecuencias que estamos viviendo, una familia guatemalteca está sufriendo de estas acciones negativas y lo lamentamos”, refirió.

El ministro agregó: “hemos girado instrucciones al director departamental -de Educación- de Petén para que le preste atención al caso, que se organice la Comisión Municipal para atender educativamente y de manera específica la situación. También tendremos un seguimiento con los maestros, ellos tendrían que haber estado al tanto, en el recreo ellos deben controlar y cuidar para que no se presenten esas situaciones, allí hubo un descuido”.

Agregó: “tenemos un manual, una guía y un protocolo de manejo en casos de bullying y violencia en las escuelas, el centro educativo debe de tomar las medidas necesarias por el caso”.

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Jordán Rodas Andrade, procurador de los Derechos Humanos, dijo que se abrirá un expediente de prevención ordinaria y que solicitaron informes al Ministerio de Educación, dirección departamental de Educación y a la directora del centro educativo; además, se entrevistará a los padres del niño y le darán seguimiento con el MP.

Diagnóstico

El médico Leonel López, uno de los profesionales que atendió a Yeison, dijo que el menor fue ingresado en estado delicado, ya que tenía parte de los riñones destruidas, por lo que fue sometido a varias cirugías, pero sufrió un paro cardiaco que le causó la muerte.

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Este miércoles sus restos fueron inhumados en el cementerio de la localidad y familiares exigen a las autoridades que se investigue el caso.

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Poco antes de las 11 horas la abogada Alis Pérez Castillo compareció a la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en representación de los magistrados constitucionales Mejía Orellana, De Mata Vela y Porras Escobar.

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“Es para entregar un memorial”, se refirió la abogada sin aportar más detalles. Como carecía del número de expediente se dirigió a Gestión Penal en donde le refirieron que la denuncia interpuesta por la Comisión Permanente del Congreso fue remitida al Juzgado Undécimo Penal, a cargo de Eduardo Cojulún.

Entonces la abogada Pérez Castillo, acompañada de un asistente y Fernanda Morales, del Departamento de comunicación social de la CC, fueron a la sede de la judicatura en el tercer nivel de la Torre de Tribunales y remitieron el memorial.

“La acción es para que se declare sin lugar el antejuicio promovido contra los magistrados por la Comisión Permanente del Congreso”, informó Morales después de haber entregado varios documentos.

La denuncia

El pasado 24 de julio La Comisión Permanente del Congreso presentó una querella penal contra los tres magistrados del máximo ente legal del país al considerar que el amparo provisional que detiene las reformas a la Ley de Reconciliación Nacional “reúne características delictivas”.

Los diputados, que asimismo conforman la junta directiva, consideraron que aquella resolución del 18 de julio deja en suspenso un trámite propio de ese organismo.

El 19 de julio pasado, el Congreso fue notificado por la CC sobre la resolución que otorga un amparo provisional para que el Organismo Legislativo suspenda el proceso de aprobación de la iniciativa de ley 5377, que busca reformar la Ley de Reconciliación Nacional.

A criterio de la Comisión Permanente, “este amparo erosiona los cimientos de la República de Guatemala al prohibirle al Congreso una de sus atribuciones constitucionales, legislar”.

El argumento de la Comisión es que la CC se extralimitó en sus funciones al otorgar un amparo sobre una ley que no ha sido aprobada, vedando el derecho de legislar a los diputados.

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***COMUNICADO DE PRENSA*** pic.twitter.com/HMjGsi7rh9

— CC Guatemala (@CC_Guatemala) August 2, 2019

Amnistía

La iniciativa de ley 5377 propuesta por el diputado por el Partido de Avanzada Nacional (PAN), Fernando Linares Beltranena, e impulsada por el oficialista Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación) busca dar amnistía total a las personas condenadas y señaladas por crímenes contra la humanidad cometidos durante el conflicto armado interno (1960-1996).

Jurisprudencia

La CC compartió un comunicado después que remitió el memorial en el Juzgado. “Rechazamos la persecución penal impulsada por los siete diputados que integran la Comisión Permanente del Congreso de la República de Guatemala, contra tres de los cinco magistrados titulares de la Corte de Constitucionalidad (CC), derivada de la resolución dictada el 18 de julio del presente año, sobre el caso de la iniciativa de reformas a la Ley de reconciliación nacional”.

En el comunicado la CC calificó la querella de los diputados como “ilegal e ilegítima” debido a que “atenta contra la independencia judicial”.

En el memorial los magistrados recuerdan la jurisprudencia desde 1995 en relación con los fallos que deben ser cumplidos de carácter obligatorio.

Los amparos contra leyes en proceso de formación a los cuales la CC ha conocido como haber negado amparos ante la amenaza de la Ley de implementación de medidas fiscales y la Ley del presupuesto general de ingresos y egresos del Estado para el ejercicio fiscal de 2016.

También haber negado un amparo en 2015 por la amenaza que entrara en vigor la Ley de tarjetas de crédito y las reformas al Código Penal que estaban en los decretos 14-2017 y 15-2017.

Sin persecución

La máxima corte del país también se refirió a los precedentes relacionados por la “no persecución de magistrados por sus decisiones”.

La sentencia del 29 de agosto de 1995 en donde fue denunciado el entonces magistrado de la CC Mynor Pinto Acevedo en relación a la firma del acuerdo 3-95 de la CC en donde fue acordada que la presidencia sería desempeñada en los periodos de cuatro meses por cada uno de los magistrados. El promotor de la denuncia fue Agustín Monzón Díaz y Silverio Rafael Ochaeta Corzo.

También la sentencia del 6 de abril de 2004 cuando fue señalado el exintegrante de la CC, Mario Guillermo Ruiz Wong. El señalamiento se centró a la denuncia en el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios (CANG) por su actuación en el amparo que José Efraín Ríos Montt promovió contra el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Otra sentencia se relaciona a la denuncia contra el exmagistrado de la CC, Cipriano Francisco Soto Tobar que fue promovida por el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac). El acto fue que lo declararon non grato por haber otorgado un amparo a Rios Montt para ser candidato a la presidencia. La sentencia fue el 3 de noviembre del 2004.

La exmagistrada de la CC Gladys Chacón Corado fue denunciada por Mauricio Rolando Izquierdo Ávila en relación con sus actos. La máxima corte rechazó su acción el 13 de mayo de 2010.

El expresidente y exintegrante de la CC, Alejandro Baltazar Maldonado Aguirre también fue señalado. La sentencia del 11 de septiembre del 2017 fue el rechazo a la denuncia del Centro de Acción Legal en Derechos Humanos (Caldh).

La magistrada de la CC Gloria Porras fue señalada por Mario Isaac Acevedo Ramírez por haber avalado una acción que dejó en suspenso la decisión del presidente Jimmy Morales que declaró non grato a Iván Velásquez, titular de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig). La sentencia fue dictada el 29 de enero del 2018.

Por último, los magistrados Dina Ochoa, Neftaly Aldana, Gloria Porras, José de Mata y Bonerge Mejía fueron señalados por Mario Isaac Acevedo Ramírez en relación con la resolución del 13 de marzo del 2017 por un recurso de revisión que interpuso Caldh.

La acción es para que se declare sin lugar el antejuicio promovido contra los magistrados por la Comisión Permanente del Congreso. pic.twitter.com/FFk7OJTniy

— Kenneth Monzón (@kmonzon_pl) August 2, 2019

Pronunciamiento

Las entidades Centro para la Justicia y el Derecho Intenacional (Cejil), la Fundación para el Debido Proceso, Impunity Watch, la Plataforma Internacional contra la Impunidad, Robert F. Kennedy Human Rights, Guatemala Human Rights Commission y Washington Office on Latin America, compartieron un comunicado en donde instan a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a “respetar la independencia” de la CC.

Postura del Congreso

Estuardo Galdámez, primer secretario de la Junta Directiva del Congreso, indicó que podría denunciar nuevamente a los tres magistrados porque a su criterio están abusando de su autoridad.

“O sea que los tres magistrados de la Corte de Constitucionalidad que están siendo denunciados por la comisión permanente acaso se creen ellos miembros de una corte celestial o se creen los perfectos de Guatemala para no cometer delitos o qué se creen que pueden abusar de la ley”, afirmó el congresista.

Galdámez considero que los magistrados son “abusivos” y que los volverá a denunciar y que “ojalá que la Corte Suprema de Justicia actúe conforme a Derecho”.

“Los magistrados de la Corte de Constitucionalidad incurrieron en los delitos por los cuales fueron denunciados por la Comisión Permanente y por lo tanto deben afrontar la justicia. No son ningunos perfectos para hacer las atrocidades que hacen”, afirmó el parlamentario.

Recalcó que tiene “la facultad de volverlos a denunciar por estar incurriendo en otros delitos” y que hará que afronten la justicia “por abusivos de su autoridad”.

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Los diputados, que asimismo conforman la junta directiva, consideraron que aquella resolución del 18 de julio deja en suspenso un trámite propio de ese organismo.

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El 19 de julio pasado, el Congreso de la República fue notificado por la Corte de Constitucionalidad sobre la resolución que otorga un amparo provisional para que el Organismo Legislativo suspenda el proceso de aprobación de la iniciativa de ley 5377, que busca reformar la Ley de Reconciliación Nacional.

A criterio de la Comisión Permanente, “este amparo erosiona los cimientos de la República de Guatemala al prohibirle al Congreso una de sus atribuciones constitucionales, legislar”.

De forma oficial el @CongresoGuate denuncia a tres magistrados de la @CC_Guatemala, por considerar que un amparo emitido la semana pasada le prohíbe "una de sus atribuciones constitucionales". pic.twitter.com/99NxueuRdo

— Carlos Álvarez (@calvarez_pl) July 24, 2019

El argumento de la Comisión es que la CC se extralimitó en sus funciones al otorgar un amparo sobre una ley que no ha sido aprobada, vedando el derecho de legislar a los diputados.

De esta cuenta, a las 14:30 horas de este martes, el Congreso de la República presentó una querella penal ante los tribunales de justicia contra los magistrados Gloria Patricia Porras Escobar, Bonerge Amilcar Mejía Orellana y José Francisco De Matta Vela, por los delitos de violación a la constitución, resoluciones violatorias a la constitución, prevaricato, abuso de autoridad y usurpación de funciones.

Los diputados del Congreso buscan que la Corte Suprema de Justicia “de forma urgente e inmediata” retiren el antejuicio a los magistrados de la CC.

Un diputado que pidió no revelar su nombre explicó que la comisión permanente le sugirió a Arzú Escobar denunciar y él puede hacerlo en cualquier momento, que podría ser este miércoles 24 de julio, ya que se tiene previsto que ofrezca una conferencia de prensa.

El Congreso interpondría la denuncia y el Ministerio Público presentaría la solicitud de retiro de antejuicio de los magistrados, pero sí alguien presenta un amparo, la misma Corte de Constitucionalidad, a través de magistrados suplentes, podría autoampararse como ya ocurrió en una ocasión.

La iniciativa de ley 5377 propuesta por el diputado por el Partido de Avanzada Nacional (PAN), Fernando Linares Beltranena, e impulsada por el oficialista Frente de Convergencia Nacional (FCN) busca dar amnistía total a las personas condenadas y señaladas por crímenes contra la humanidad cometidos durante el conflicto armado interno (1960-1996).

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En menos de 24 horas se ha informado que los subcontralores del Gasto Público y de Probidad renunciaron a sus cargos, aunque aún no se conocen las razones.

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Este martes 16 de julio, se conoció que Mario Francisco Xocoy Buch será el nuevo subcontralor de Probidad, en sustitución de Fernando Fernández, quien estaba en el puesto y cuya renuncia fue aceptada ayer.

Xocoy Buch es  contador público y auditor, tiene una maestría en Consultoría Tributaria y tiene experiencia de más de ocho años en el Contraloría en el área administrativa y de fiscalización.

Mónica Monge, secretaria privada de la Contraloría, también informó que, tras la renuncia del subcontralor del Gasto Público, César Elías, fue nombrado Byron Aroldo Velásquez Villatoro.

Velásquez Villatoro es contador público y auditor, tiene 14 años de experiencia en el sector público.

Aunque según Monge las renuncias fueron presentadas cuando el contralor Edwin Salazar asumió el cargo, éstas trascienden días después que Elías haya firmado un oficio que declara improcedente la compra de los aviones Pampa III de parte del Ministerio de la Defensa.

Luego de eso, Guatemala desistió de la compra y ahora enfrenta la amenaza de acciones legales de la Fábrica Argentina de Aviones (Fadea) de no cumplir con el contrato.

Mario Francisco Xocoy Buch, será el nuevo subcontralor de Probidad y asumió este martes. Es contador público y auditor, máster en consultoría tributaria y trabaja desde hace ocho años en la @Contraloria_gt.

— Carlos Álvarez (@calvarez_pl) July 16, 2019

Mónica Monge también agregó que entre hoy y mañana podrían anunciarse cambios en la Subcontraloría Administrativa.

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Castillo explicó que el software que utiliza el TSE para la transmisión de los resultados de las elecciones fue creado por la Dirección de Informática y se utiliza desde el 2011.

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Detalló que para la consulta popular del 2018 se uso el software sin ningún problema. Aseguró que anteriormente solo el distrito central utilizaba otro sistema.

El diputado Luis Hernández Azmitia preguntó por qué hay discrepancia con algunas actas, a lo que el director respondió que lo más probable es que hayan sido errores de los 3 mil 200 digitadores que se contrataron a escala nacional.

El legislador cuestionó el porcentaje de confiabilidad del sistema. Castillo dijo que todos los datos que se muestran en el sistema eléctrico son preliminares y que hasta el momento se han procesado más del 90 por ciento de las actas.

Azmitia insistió en que le explicara cuál es el porcentaje de confiabilidad por cada elección y si hubo variación desde el día de las elecciones. El funcionario del TSE respondió que los datos son dinámicos.

José Domingo Trejo, presidente de la Comisión de Asuntos Electorales, preguntó al director sí habrá variaciones sobre corporación municipales y diputados. Castillo dijo que todos los datos son preliminares y que es el pleno del Tribunal Supremo Electoral el que tiene que adjudicar los cargos.

El diputado Fernando Linares Beltranena preguntó si hay auditorías a la Dirección de Informática. El funcionario indicó que lo hace el Departamento de Auditoría del TSE.

Beltranena preguntó si hay probabilidad de que otro sistema haya infectado el sistema del TSE y con esto existiera alteración de los datos. Castillo detalló que todo se tiene que confrontar con las actas físicas.

El congresista insistió en cómo se garantiza que “no hay un programa que altere los datos”. El director informó que hay empresas contratadas para que den seguridad informática y que periódicamente entregan informes en los que consta que no hay anomalías.

Castillo añadió que otro aspecto de seguridad es que los fiscales de los partidos se quedan con una copia de las actas que se firman el día del evento electoral.

Pese a las explicaciones, el diputado Linares Beltranena insistió en cómo saber si no existió un sistema que cambió los datos de la elección. El director de Informática señaló que esas actas con las que se quedan los fiscales pueden compararse con las que se suben al sistema.

Castillo dijo que el digitador que se encuentra en el centro de votación ingresa los datos del acta física en presencia de los fiscales, ante la duda del presidente de la comisión de trabajo, José Domingo Trejo.

Castillo también señaló que además del digitador hay un verificador que está en las cabeceras departamentales. El diputado Trejo preguntó si hubo un filtro para contratar a las personas.

Trejo preguntó cómo puede comprobarse que un partido político no haya contratado también a esos mismos digitadores para que cambiaran los datos de la elección. Castillo se limitó a contestar que la contratación de las personas está a cargo de la Dirección de Recursos Humanos del TSE y no de Informática.

Luego de una serie de cuestionamientos, el diputado Germán Velásquez aseguró que el TSE no cumplió con sus obligaciones en el marco de las elecciones.

El diputado Érick Lainfiesta retomó lo del posible hackeo informático y volvió a preguntar qué garantías hay de que no hubo una vulneración del sistema. Castillo explicó que con el trabajo de las empresas se seguridad informática se comprueba que no hubo ninguna vulneración del sistema.

Azmitia pidió al director que le envié las actas del departamento de Guatemala para revisarlas y un informe circunstanciado de las empresas de seguridad informática contratadas. Según el legislador, al TSE “le metieron gol”.

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Los datos de la página oficial del Tribunal Supremo Electoral (TSE) señalan que en la mayoría de los distritos más grandes la UNE o tiene mayoría o está entre las planillas más votadas para representantes en el Congreso.

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En la lista nacional,  también se repite la tendencia, pues con el 84 por ciento de las mesas escrutadas, la UNE tenía el 17.50 por ciento de votos y su más cercano perseguidor, que era el partido Vamos, acumulaba el 8.21 por ciento. Acá hay 32 diputaciones en juego.

Uno de los distritos más disputados ha sido el de Guatemala —municipios—, que reparte 19 curules y en el cual la UNE también llevaba ventaja, pues con el 92 por ciento de mesas escrutadas tenía el 9.11 por ciento de los votos, mientras que el partido Semilla, que estaba en el segundo puesto, tenía el 8.78 por ciento.

La tendencia por el listado nacional se repite en distritos fuertes, como Huehuetenango, que reparta 10 escaños en el Congreso, donde  la UNE tenía el 21.35 por ciento de   los votos para diputados y en  segundo lugar se ubicaba el partido Unidad del Cambio Nacional (UCN), que acumulaba el 13.45 por ciento de sufragios, esto con el 80 por ciento de mesas computadas.

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En San Marcos, que reparte nueve curules, la UNE obtuvo el 17.31 por ciento de los votos, en segundo puesto estaba el partido oficial con el 8.73 por ciento de los sufragios, con el 72 por ciento de las mesas contabilizadas.

En Alta Verapaz, que también otorga nueve escaños en el Legislativo, la UNE llevaba el 15.03 por ciento de  sufragios y Victoria, que iba en segundo puesto, el 11.48 por ciento. En este distrito solo se había computado el 58 por ciento de las mesas electorales.

En Quiché, que da acceso a ocho puestos en el Congreso, la UNE obtenía el 32 por ciento de los  votos, mientras que en el segundo lugar se encontraba el partido Vamos, con el 13.53 por ciento, cuando el 79  por ciento de las mesas electorales habían sido escrutadas.

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Quetzaltenango, que otorga siete curules, fue un distrito en el cual la UNE logró el 11.51 por ciento, con el 92 por ciento de  mesas escrutadas, y en el segundo lugar se ubicaba Vamos, con el 11.46 por ciento.

Si la tendencia se mantiene, es probable que la UNE logre colocar al menos un diputado en la mayoría de distritos y en algunos incluso dos o más legisladores.

De la misma forma, en la lista nacional, la UNE apuntaría a obtener la mayoría de representantes ante el Legislativo.

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Debilidad

Como ha ocurrido en las últimas elecciones, el distrito donde la UNE se ha visto débil es el central —capital—, en el cual, con el 84 por ciento del total de mesas electorales escrutadas, solo logró el 3.33 por ciento de los votos, muy lejos del primer lugar, que lo tiene el partido Semilla, con el 16.28 por ciento.

Este distrito que da 11 escaños en el Legislativo, sería uno en el cual el partido no tendría representantes en el Organismo Legislativo.

Esta es la  última vez que crecerá la cantidad de diputados que integrarán el pleno del Congreso, pues  con la modificación a la Ley Electoral y de Partidos Políticos efectuada en el 2016 se acordó que de 158 legisladores se pasará a 160, quienes serán los representantes de la población.

Además, esta será la primera legislatura en la que  el transfuguismo está prohibido y cuando un diputado renuncie a su bancada deberá ser declarado   independiente y no podrá ser integrante de un bloque legislativo ni tener privilegios en comisiones o junta directiva.

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“Se ha visto una situación donde aparentemente y maliciosamente sin ningún concepto de respeto se dice que existen papeletas del TSE en manos de terceros. Se puede ver la burda copia que son esas que no son papeletas”, afirmó a las 23 horas de este 15 de junio Julio Solórzano, presidente del TSE, en una conferencia convocada a última hora.

El magistrado señaló que las papeletas es un “instrumento para emitir el sufragio” y recalcó que las que fotografías que circulan en redes sociales, básicamente en San Pedro Ayampuc, Guatemala, son de “burdas y equivocadas simulaciones”, porque no tiene las medidas de seguridad.

“Les garantizamos a toda la ciudadanía que hay un proceso de cadena de custodia que no se rompe y en la cual todos los elementos humanos que participan, realmente son el valor agregado que se le da al proceso electoral, dudar de casi 100 mil ciudadanos es complejo”, añadió el magistrado.

Agregó que es fácil identificar que el documento es falso porque en el título se puede leer que las papeletas son de corporación municipal y son de color celeste, pero el color oficial para esta papeleta es el rosado.

Solórzano destacó que aquí se manejan cinco papeletas distintas porque a diferencia de otros países en Guatemala se emiten votos para varios organismos el mismo día y descartó que exista demora sino una complejidad muy grande para procesar datos.

“No hay demora, es simplemente una consecuencia lógica de manejar cinco papeletas y manejar tantos datos al mismo tiempo”, aseguró el magistrados.

Pide ir a votar

El presidente del TSE hizo énfasis en que este tipo de situaciones y especulaciones puede desgastar el proceso electoral, por lo cual es importante que la población tome conciencia y acuda a las urnas para ejercer su derecho a votar.

“Lo que queremos es invitar a todos los situaciones para que acudan a emitir su sufragio. Guatemala en los anteriores procesos se ha caracterizado porque los jóvenes no votan y les pido a todos ese sector tan fundamental para el país que no dejen esta oportunidad y que el abstencionismo no se repita”, agregó el magistrado.

También pidió a toda la población a que ayuden a la certeza del proceso electoral. “En pocas horas más de 100 mil personas se van a desplazar a los centros de votación para proteger el voto, por lo que esperamos que los más de ocho millones de guatemaltecos empadronados acudan”, dijo.

“Descartamos todas estas especulaciones, lo peor que puede suceder es basarse en ellas. Por eso salimos a explicar y les garantizamos que las papeletas estás resguardadas”, apuntó el magistrado, quien volvió a llamar a la población a que acuda a los centros de votación.

El magistrado también habló de las personas que hablan de impedir el ingreso a algunos centros de votación y recordó que esto es un delito y los invita a reflexionar para que no cometan estas irregularidades.

También rechazó que en el país pueda ocurrir un fraude electoral e invitó a las personas que dicen este tipo de situaciones pueden pasar que si tienen alguna prueba que denuncien ante el Ministerio Público.

“Creo que esta gente que dice que habrá fraude hasta es visionaria, porque ven más allá de lo que pasa. El fraude consiste en falsear los resultados electorales y esta actividad está encomendada en más de 100 mil guatemaltecos”, concluyó Solórzano.

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La reunión entre representantes de instituciones y dirigentes de los supuestos exsoldados terminó a eso del mediodía de este 7 de junio. Los supuestos exmilitares se movilizaron temprano desde la Plaza de la Constitución, con la consigna de que el Gobierno estaba en deuda con ellos y debe resarcirlos.

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Los cuatro acuerdos son:

Primero: la primera ruta que se abordará será el de la compensación económica solicitada, que según los supuestos exsoldados debe ser de Q85 mil.

Segundo: el Ejecutivo recibirá la base de datos de la agrupación, la Asociación de Soldados Veteranos Militares de Tropa, que cabe destacar no tiene personería jurídica del Ministerio de Gobernación.

Tercero: Las demás solicitudes, de tierra, casa, salud y seguro médico, se organizarán en mesas de diálogo específicas.

Cuarto: La próxima reunión será el 20 de junio a las 10 en la Comisión Presidencial del Diálogo.

En una declaración con los exsoldados, Sergio Alejandro Flores Cruz, comisionado presidencial del Diálogo, dijo que lo alcanzado “es una buena noticia para la problemática”.

Esa asociación ha dicho que boicoteará las elecciones si las autoridades no se comprometen a darles las compensación y las otras demandas. Asimismo amenazaron con poner en práctica lo aprendido en el Ejército, como hacer bombas, y enfrentar a la fuerza pública. Luego del diálogo de hoy, hay un compromiso de no afectar el proceso electoral.

También han ofrecido “vigilar” los centros de votación, algo que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) sentencia que es ilegal.

Diputados de oposición señalan que este grupo se ha dejado manipular por fines electorales.

Añadieron que esperan una respuesta a su demanda, de lo contrario seguirán con las medidas de hecho y pondrían una demanda en un tribunal de Estados Unidos.

Ex integrantes del Ejército de Guatemala se ubican en Plaza de La Constitución para realizar #ManifestacionGT que podría llegar a Casa Presidencial y Congreso de la República en Centro Histórico.#ConsejoMontejo #PMTGuatemala #TransitoGT #TraficoGT #PrecaucionGT pic.twitter.com/zz87Ul41XS

— Amilcar Montejo (@amilcarmontejo) June 7, 2019

“Algo interesante es que tenemos entendido de que ingresó a Estados Unidos con un pasaporte oficial. Eso implica que ella tiene una nueva denuncia por uso de documento oficial que no le corresponde”, dijo el ministro en conferencia de prensa.

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El funcionario respondió que el “ente migratorio”, sin precisar a cuál se refería, es la que presentó la denuncia por lo que él llamó “uso de documento oficial”.

Aldana viajó el 15 de mayo a Estados Unidos desde El Salvador, y denunció el 2 de junio que teme por su vida y que los casos en su contra son una venganza del “pacto de corruptos”, luego de que el juzgado que pidió la captura en su contra en territorio guatemalteco pidió a la Interpol la captura internacional.

Degenhart precisó que el Ministerio de Gobernación dará acompañamiento con base en el protocolo para asegurar que se cumplan las órdenes judiciales, en este caso contra la exfuncionaria, quien dejó el cargo en mayo de 2018.

Por aparte, Fernando Linares-Beltranena, diputado del Partido de Avanzada Nacional (PAN), también pidió que las autoridades de Estados Unidos deporten a la exfiscal General “para que enfrente la justicia en Guatemala”.

El congresista sostiene que la exjefa del Ministerio Público (MP) entró de forma ilegal a los Estados Unidos y que esa es razón suficiente para que sea detenida y posteriormente deportada al país.

“Tenemos información, de Internet, que es pública, que ella ingresó a los Estados Unidos el 15 de mayo, pero entró con un pasaporte oficial, ya no teniendo derecho a usarlo. Ella dejó de ser fiscal General y por lo tanto constituye una usurpación de funciones utilizar un pasaporte oficial cuando no se tiene la calidad oficial”, afirmó el parlamentario.

Linares-Beltranena aseguró que Aldana utilizó “la visa A2 que da el Gobierno de los Estados Unidos a pasaportes oficiales en misiones oficiales”, pero no precisó cómo es que sabe estos detalles.

“Cuando ella llegó ante el funcionario americano le dijo, porque así tiene que ser por ley, que tiene pasaporte oficial, que aún tiene cargo oficial y que iba a una misión oficial, lo cual no era cierto”, consideró Linares.

Según el congresista, por esa razón, la estadía de Aldana en Estados Unidos es ilegal, por lo cual debe ser deportada a Guatemala, lo cual haría que su regreso sea más expedito, comparado con la extradición, en cumplimiento a una orden judicial.

El diputado pidió a las autoridades estadounidenses que “por reciprocidad”, deporten a Aldana. “De la misma forma que Guatemala deporta a americanos con órdenes de captura, que ellos deporten a esta guatemalteca con orden de captura en Guatemala, para que cumpla ante los tribunales de justicia”.

Linares-Beltranena también envió un oficio al Instituto de Migración para que informe al consulado que el pasaporte de Aldana no está vigente y que tiene una visa sin valor.

Sobre las declaraciones que Aldana dio la semana pasada de que no regresará al país porque su vida corre peligro el congresista dijo: “Es una excusa para no cumplir con los tribunales y su obligación legal”.

“Si ella tiene una amenaza concreta que la presente y se le tendrá que dar la seguridad debida, incluso en la cárcel para que no vaya a sufrir ningún vejamen. Esto para que pueda estar ante los tribunales con plena salud y con todos sus derechos humanos bien protegidos”, complementó el parlamentario.

El diputado @FLinaresB pide públicamente a las autoridades estadounidenses que deporten a la exfiscal general Thelma Aldana, porque "ingresó de forma ilegal a los Estados Unidos". pic.twitter.com/IWChmbaNyz

— Carlos Álvarez (@calvarez_pl) June 3, 2019

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San Miguel los Lotes, una comunidad que desde los años 60 se comenzó a poblar, quedó soterrada por toneladas de material volcánico que arrojó el cono. Es la zona cero de esa tragedia.

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Como no hay autoridad presente, hay quienes llegan a robar material que pueden tener algún valor o utilidad, como hierro, arena o leña.

La única persona que vive en la zona cero es Eufemia García, de 40 años, quien sigue buscando los restos de sus seres queridos.

Pero además de esa comunidad hay otras, a dos kilómetros de ahí, consideradas lugares vulnerables por la actividad del Volcán de Fuego.

Son El Rodeo, La Reina y Santa Rosa, donde hace dos semanas, se instalaron altavoces para alertar a los comunitarios en caso de emergencia.

Pese a lo ocurrido en San Miguel Los Lotes, la mayoría de pobladores ignora cuál serían los pasos a seguir para evacuar en caso de un evento catastrófico.

Víctor Joel Morejón, integrante del Consejo Comunitario de Desarrollo de El Rodeo, considera que, sumando a La Reina y a Santa Rosa, son más de mil familias las que viven en el área y que están en riesgo constante.

El sistema de altavoces es para que puedan dar una alerta oportuna y la población tenga tiempo suficiente para evacuar. Por ahora, la alarma no está activa, porque hace falta una ceremonia de inauguración, explica Morejón.

Prensa Libre hizo un sondeo por diferentes sitios de la comunidad El Rodeo y se abordó a los vecinos para preguntarles si estaban enterados sobre las acciones de prevención. Nadie sabía de algún plan.

Mario Gómez Pérez, vecino de El Rodeo, asegura que desde que ocurrió la tragedia de San Miguel Los Lotes, el personal estatal no ha visitado la comunidad, y sostiene que desconocen los lugares seguros para reunirse en caso de emergencia.

Morejón reconoce que la capacitación aún está en proceso y que el siguiente paso es formar una coordinadora local para reducción de desastres, lo que tomará varios meses.

David de León, vocero de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), explicó que se han priorizado procesos de capacitación a los líderes, e incluso en abril del año pasado se efectuó un simulacro en el que participaron miembros de las tres comunidades.

De León explicó que parte de los problemas para mantener un canal de comunicación es que muchos líderes se han mudado a otras comunidades. Agregó que ya tienen diseñado un nuevo plan, que incluye el uso del equipo de altavoz, capacitación a los nuevos líderes de las comunidades y trabajar en la difusión de la información. Tampoco se descarta un nuevo simulacro.

Problema será a largo plazo

Después de la erupción de junio del año pasado, hay secuelas y otros impactos en la zona aledaña al Volcán de Fuego, siendo el mayor riesgo los materiales que expulsó, según Álex Guerra, director general del Instituto Privado de Investigación sobre Cambio Climático (ICC).

“Es difícil medirlo, pero se estimó que entre 3 y 5 por ciento se ha movilizado con el agua en el año 2018. Ahora, con las lluvias, está bajando casi todos los días. Ese es uno de los peligros, porque al darse esas crecidas y llevar tantas piedras y tanta arena, el poder destructivo es mayor y puede afectar las bases de los puentes, pudiendo hacer que estos colapsen”, expuso Guerra.

Ríos, como Achiguate, Guacalate y Coyolate, amenazan con súbitas crecidas.

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En dicho informe el Departamento de Estado señala que la corrupción en los países del Triángulo Norte —compuesto por Guatemala, El Salvador y Honduras—  “es endémica, sistémica y se encuentra entre los principales desafíos que enfrentan estos países”.

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“La corrupción y la impunidad contribuyen a la inmigración ilegal a los Estados Unidos a socavar el crecimiento económico y el desarrollo, debilitar el estado de Derecho y facilitar la delincuencia organizada transnacional”, precisa el documento.

Agrega que la corrupción hace que la población de los países del Triángulo del Norte “no confíe en sus instituciones, líderes y pierda la esperanza de un futuro próspero en sus países”.

Previo a presentar el listado de funcionarios, el informe hace referencia a la situación que vive actualmente cada uno de los tres países del Triángulo Norte.

En el caso de Guatemala precisa que con el apoyo de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) desde 2007 se ha tomado medidas para erradicar las redes clandestinas de actores corruptos.

Recalca el descubrimiento “de un plan de corrupción masiva en 2015 dirigido por el expresidente —Otto— Pérez Molina y la exvicepresidente —Roxana— Baldetti”.

Destaca que “desde que se anunció en 2018 que no se renovaría el mandato de la Comisión, el Gobierno guatemalteco ha impedido los esfuerzos contra la corrupción, ha atacado la independencia judicial y ha utilizado indebidamente el equipo donado por los Estados Unidos”.

Hace referencia además a las propuestas que han surgido en el Congreso, particularmente a las reformas a la Ley de Reconciliación Nacional la cual considera que “otorgarían amnistía a los criminales de guerra y funcionarios corruptos” con una modificarían al Código Penal con lo cual estas personas acusados ​​de corrupción y crímenes atroces saldrían en libertad.

También hace referencia a las reformas a la Ley de Oenegés que según los EE.UU. “amenazan la libertad de expresión y asociación en Guatemala para la sociedad civil”.

La lista

• Erick Archila, exministro de Energía y Minas, fue acusado en 2016 de asociación ilícita y lavado de dinero. Actualmente es prófugo.
• Manuel Baldizón, excongresista, fue acusado de asociación ilícita y lavado de dinero. Fue arrestado en Miami en 2018.
• Edgar Barquín, expresidente del Banco de Guatemala, fue condenado en 2016 a más de cinco años de prisión por asociación ilícita e tráfico de influencias.
• Jorge Rolando Barrientos Pellecer, exalcalde de Quetzaltenango, fue acusado de lavado de dinero después de aceptar US$3 millones en sobornos de contratistas municipales.
• José Antonio Coro García, exalcalde de Santa Catalina Pinula, fue procesado en 2018 por fraude después de recibir US$461 mil en compensación indebida de fondos municipales.
• Arístides Crespo, expresidente del Congreso, fue acusado en 2018 de malversación y abuso de autoridad.
• Edgar Romeo Cristiani Calderón, exdiputado, fue acusado en 2016 de corrupción en un esquema de contrato gubernamental que involucraba al expresidente del Congreso Luis Rabbé (caso Plazas fantasma).
• Juan de Dios de la Cruz Rodríguez López, expresidente del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), fue condenado a más de seis años de prisión en 2018 por otorgar un contrato a una compañía no calificada a cambio de sobornos, resultando en al menos 13 muertes (caso IGSS-Pisa).
• Mario Estrada, excandidato a la Presidencia y excongresista, está acusado en los tribunales de Estados Unidos de obtener US$10 a US$12 millones del Cartel de Sinaloa de México para financiar un plan corrupto para su campaña a cambio de permitir el paso de cocaína hacia Estados Unidos.
• Selvin Boanerges García Velásquez, excongresista, fue acusado en 2017 de abuso de autoridad y malversación por su participación en nombramientos irregulares, incluida la falsificación de la existencia de puestos en el gobierno para enriquecerse.
• Beatriz Ofelia de León de Barreda, expresidenta de la Corte Suprema de Justicia, fue acusada de tráfico de influencias en un caso de 2011 en el que su hijo -Roberto Barreda- fue acusado de asesinar a su esposa -Cristina Siekavizza-.
• Baudillo Hichos López, exdirector Adjunto de la Policía Aduanera y excongresista, fue acusado en 2015 de fraude por su participación en un contrato ilícito con el Instituto de Seguridad Social de Guatemala. Hichos es actualmente un prófugo.
• Jaime Martínez Loaiza, excongresista, fue acusado en 2017 de asociación ilícita, tráfico de influencias y financiamiento electoral ilícito por su papel en una organización de origen que lavaba dinero en colaboración con las autoridades locales y nacionales.
• Carlos López Girón, excongresista, fue acusado de asociación ilícita y soborno en 2017. Actualmente es un prófugo.
• Mauricio López Bonilla, exministro de Gobernación, fue condenado a ocho años de prisión en 2018 por asociación ilícita, lavado de dinero, y el narcotráfico.
• Julio César López Villatoro, exmiembro del Congreso, fue acusado de asociación ilícita y soborno en 2017. Actualmente es un prófugo.
• Carlos Giovanni Mejía Giron, coronel y exagregado Militar, fue acusado formalmente de cargos de malversación y soborno en 2018.
• Otto Pérez Molina, expresidente de Guatemala, fue arrestado en 2015 en una red de aduanas junto con la exvicepresidenta Ingrid Roxana Baldetti). Pérez está a la espera de juicio en la ciudad de Guatemala (caso La Línea). Baldetti fue condenada en 2018 a más de 15 años de prisión por corrupción en un contrato gubernamental (caso Agua Mágica) y también ha sido acusado en un caso separado de fraude aduanero (La Línea).
• Pedro Muadi Menéndez, expresidente del Congreso, fue acusado en 2017 de malversación, asociación ilícita y lavado de dinero, mientras que su asistente, Ximena Toriellom fue acusada de malversación y asociación ilícita.
• Luis Armando Rabbé, expresidente del Congreso, fue acusado en 2016 de abuso de poder, mal uso del dinero del estado y designación ilegal de personas para cargos en el gobierno en un escándalo que involucró a un grupo de siete diputados del Congreso de Guatemala.
• Gudy Rivera Estrada, expresidente del Congreso, fue condenado a más de 13 años de prisión en febrero de 2018 por tráfico de influencias y soborno.
• Ariel Salvador de León, coronel y director de Logística del Jefe de Estado Mayor del Ministerio de Defensa, fue acusado formalmente en 2018 por lavado de dinero y colaboración con la pandilla MS-13 en operaciones de extorsión, con más de 81.8 millones en su cuenta en el momento del arresto.
• Augusto César Sandino Reyes Rosales, congresista, fue acusado de fraude y lavado de dinero en 2017. Su inmunidad de enjuiciamiento fue eliminada.
• Erick Gustavo Santiago de León, exmagistrado y presidente del Tribunal Civil de Apelaciones Regionales, fue condenado en 2018 a cinco años de prisión.
• Alejandro Sinlbaldi, exministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, fue acusado en 2016 de asociación ilícita, soborno, lavado de dinero y financiamiento electoral ilícito. Sinibaldi es actualmente un prófugo.
• Blanca Aida Stalling Davila, magistrada de la Corte Suprema de Guatemala separada del cargo, fue designada bajo la Sección 7031 (c) el 25 de marzo de 2019 debido a su participación en una corrupción significativa.
• José Armando Ubico Aguilar, diputado, fue condenado en 2003 a 46 meses de prisión en los Estados Unidos por tráfico de heroína y se alega creíblemente que también ha participado en lavado de dinero de ganancias de tráfico ilícito. Después de su liberación anticipada en libertad condicional en 2005 y posterior deportación, Ubico fue elegido para el Congreso.

Buscarán imponer sanciones

El reporte también señala que el Departamento de Estado, en cooperación con el Departamento del Tesoro, trabajan “vigorosamente para investigar e imponer sanciones de conformidad con la Orden Ejecutiva que se basa en la Ley Global de Responsabilidad de los Derechos Humanos de Magnitsky, incluso con respecto a los Oficiales en el Triángulo del Norte y en todo el mundo”.

Agrega que se “continúa utilizando activamente a todas las demás autoridades correspondientes para garantizar que a los funcionarios corruptos se les niegue el refugio en los Estados Unidos”.

“Entre enero y abril de 2019, el Departamento revocó las visas de 85 personas de El Salvador, Guatemala y Honduras sospechosas de actos de corrupción”, concluye el informe.

Congresista se congratula

El informe se dio a conocer gracias a una publicación de la congresista estadounidense de origen guatemalteco Norma Torres, quien a través de su oficio oficial informó que “el informe fue requerido por una disposición en la Ley de Apropiaciones de Estado, Operaciones Extranjeras y Programas Relacionados del Año Fiscal 2019”.

“Este nuevo informe es un paso en la dirección correcta. La Administración Trump finalmente está comenzando a reconocer el grado de corrupción de alto nivel en el Triángulo del Norte, especialmente en Guatemala”, declaró la congresista.

Torres afirmó que continuará haciendo todo lo que esté a su alcance “para garantizar que aquellos que contribuyen a la violencia y la pobreza en el Triángulo del Norte sean responsables”.

“Si no tomamos acciones enérgicas ahora, los problemas de la región serán aún más graves. Ya estamos viendo las consecuencias en nuestra frontera, con un número récord de migrantes que buscan asilo y la muerte, bajo la custodia del CBP, de cuatro niños migrantes desde diciembre”, precisa la congresista.

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Edín Herrera, jefe de los agentes de la SAAS que resguardaron al mandatario, dijo que en la reunión en Jalapa participaron el presidente Jimmy Morales, Mario Estrada, los ministros de Ambiente, Alfonso Alonzo, y Comunicaciones, José Luis Benito; el secretario de Comunicación Social de la Presidencia, Alfredo Brito, y tres personas más que no identificaron.

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Esta información fue revelada por una citación en el Congreso donde diputados de la UNE siguen cuestionando la reunión que tuvo el mandatario con Estrada, quien hace dos semanas fue detenido en Estados Unidos señalado de conspirar con el cartel de Sinaloa para entregar el control de puertos y aeropuertos a cambio de US$12 millones para asegurarse la victoria electoral, además de planear la muerte de dos candidatos.

Los diputados calificaron como “grave” el hecho de que los agentes de la SAAS no hayan identificado a las tres personas que se reunieron con el presidente y solicitaron un informe circunstanciado que indique el número de placas de los vehículos que ese día ingresaron a la finca.

Herrera fue cuestionado por los congresistas sobre quiénes eran las otras tres personas y señaló que lo desconocía. Se limitó a decir que una de las personas era alguien “blanco y rubio”. Los otros 10 agentes de la SAAS que participaron en el operativo para brindar seguridad al presidente indicaron que desconocían la identidad de esas personas.

En la reunión también participó el ministro de Ambiente, Alfonso Alonzo, quien confirmó la presencia de los funcionarios y afirmó que en la reunión se encontraba el diputado Julio Lainfiesta, cuarto vicepresidente del Congreso y miembro del bloque Unión del Cambio Nacional (UCN).

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Alonzo argumentó que no se acordaba de quiénes eran las otras personas que estaban en la reunión y afirmó que había más de tres personas, entre cocineros y asistentes de Mario Estrada. Pese a que los diputados indagaron para saber si habían más diputados el funcionario insistió en que no se acordaba y que eso no era un delito.

La participación de ocho personas en la reunión entre Morales y Estrada fue confirmada también por el pasador de la SAAS –persona cuyo puesto es exclusivamente servir los alimentos al presidente–, quien acudió a la citación.

El pasador explicó que en principio la reunión se había planificado para atender a 30 personas, pero que posteriormente se redujo a ocho. Dijo que no sirvió bebidas alcohólicas.

Ante estas declaraciones, los diputados Carlos Barreda y Orlando Blanco señalaron al ministro de Ambiente de que estaba encubriendo a alguien o lo que se habló esa vez, lo cual rechazó el funcionario, y afirmó  que se hablaron de “temas triviales”.

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Alonzo aseguró que se habló sobre diversos temas, entre ellos la encuesta de intención de voto de Prensa Libre, de partidos de futbol, programas del presidente Morales y de quién había preparado la gallina con crema y loroco.

Pese a la insistencia de los diputados, el funcionario señaló que no había visto a más personas y que olvidar no era algo por lo que lo pudieran acusar. Agregó que no estuvo presente en toda la reunión porque había tenido que atender a la alcaldesa de Génova, Quetzaltenango, por temas de su cartera.

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No hay registros

A la citación también asistió Sergio Rosal, subsecretario Privado de la Presidencia, a quien los diputados le pidieron el listado de personas que acompañaron al presidente en la reunión del 4 de abril en Jalapa.

Rosal indicó que no tenía los listados porque él atiende cuestiones administrativos y aseguró que desconocía cómo es que se había gestionado la reunión entre el presidente y Estrada.

Ante esta situación los diputados solicitaron al subsecretario que entregue un informe circunstanciado porque consideran inconcebible que esta dependencia no tenga esta información.

A la reunión también fue invitado el ministro de Comunicaciones José Luis Benito, quien se excusó al decir que tenía una citación con el diputado Amílcar Pop, pero este indicó que el ministro tampoco llegó a esa citación.

Enrique Degenhart, ministro de Gobernación, se ausentó por tercera vez a la citación de los diputados, quienes analizan qué acciones legales tomarán por la negativa de asistir a las citaciones.

Estaban en la capital

A la reunión también asistieron ocho agentes de las Fuerzas Especiales Policiales que estaban asignados a la seguridad de Mario Estrada.

En la citación se supo que cuatro estaban de turno el día que fue la reunión entre Mario Estrada y el presidente, pero aseguraron que no estaban en la finca de Jalapa sino que se encontraban custodiando una casa de Estrada en la capital.

Pablo Castillo, vocero de la Policía Nacional Civil (PNC), informó posterior a la reunión que los agentes no necesariamente tienen que estar en el lugar donde está la persona que recibe seguridad, pues esta puede disponer de la protección para algunos lugares.

“El servicio de seguridad es a servicio del afectado y si en algún momento él decide dejarlos, ellos en la papeleta de servicios deben de hacer constar esta situación”, declaró el portavoz.

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La entrega de las firmas se efectuó durante una reunión de la Instancia de Jefes de Bloques del Congreso. Las firmas fueron recolectadas durante varios días por los integrantes de esas organizaciones.

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Las entidades fueron respaldadas por el diputado Aníbal Rojas, quinto secretario del Congreso, quien el año pasado presidió la Comisión de la Mujer y dictaminó en forma desfavorable las iniciativas para crear la ley para la protección integral, acceso a la justicia, reparación digna y transformadora de las niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual, explotación sexual y trata de personas, y la que aprobaría la ley de identidad de género.

Rojas explicó que las firmas son de gente de los 22 departamentos y “que es una pequeña representación de las personas que la apoyan”.

Iniciativa polémica

La iniciativa 5272 fue presentada en abril del 2017 por un grupo de parlamentarios que se autodenominan Provida.

El proyecto ya avanzó en sus primeros dos debates y falta que sea aprobada en tercer debate, por artículos y redacción final.

La iniciativa propone una serie de medidas que, según sus ponentes, “buscan proteger el derecho a la vida, la familia, la libertad de conciencia, el derecho de los padres a educar y orientar libremente a sus hijos en el ámbito sexual, y al matrimonio como base de la sociedad”.

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El dictamen de la iniciativa dice: “Se plantea la necesidad de incrementar la pena y reestructurar figuras penales relacionadas al aborto, además de realizar una definición de matrimonio, que es acorde y continuista con criterios constitucionales, y que busca evitar que dicha institución pueda ser desvirtuada en sus elementos y fundamentos”.

Los detractores de la propuesta critican dos puntos, el primero es el endurecimiento de las penas y conceptos de aborto, es decir, el aborto procurado, que actualmente es punible con uno a tres años de cárcel, se sancionaría con cinco a 10 años de prisión.

Asimismo, la tentativa y aborto culposo -los que ocurren por accidentes y que actualmente son impunes para las madres- se penalizaría con prisión de dos a cuatro años.

El segundo foco de críticas es la prohibición de la declaratoria de unión de hecho de las personas del mismo sexo.

Los representantes de las organizaciones entregaron 50 mil firmas que avalan la solicitud de aprobación de esta nueva ley y ratificaron que darán seguimiento al proceso de aprobación en el pleno del Congreso. pic.twitter.com/hzyCNw5Q4u

— Congreso Guatemala (@CongresoGuate) April 30, 2019

Sandra Morán, diputada del bloque Convergencia, aseguró que la iniciativa es una contradicción en sí misma porque, si bien hablan de la familia, “estarían castigando a las mujeres enviándolas a la cárcel y por lo tanto destruyendo las familias”.

En su artículo 2, por ejemplo, la propuesta de ley define que “diversidad sexual” es “el conjunto de pensamientos y prácticas por las que determinados grupos adoptan una conducta sexual distinta a la heterosexualidad e incompatible con los aspectos biológicos y genéticos del ser humano”.

Rechazo

La aprobación de la iniciativa ha causado rechazo particularmente en redes sociales donde hay varias expresiones en contra.

La aprobación en de la iniciativa en tercer debate está agendada para la sesión plenaria que está convocada para este miércoles a las 14 horas.

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Desde febrero hasta la Semana Santa, el Ejecutivo aumentó en Q473 millones los rubros para pago de personal, la mayoría para el pago de trabajadores temporales. Las modificaciones presupuestarias se hicieron en plena campaña electoral, que comenzó el 18 de marzo.

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El Congreso aprobó para este año Q24 mil 852 millones para pago de sueldos en las distintas dependencias gubernamentales.

Datos del Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin) señalan que en aquel período las instituciones modificaron sus presupuestos y en conjunto aumentaron Q473 millones para el pago de personal.

Luego de los cambios, el presupuesto para pago de salarios representa el 28.8 por ciento del total del presupuesto de la Nación, cifra mayor que lo que el Legislativo aprobó para inversión, que apenas supera el 19 por ciento.

Los aumentos

De los Q473 millones, Q225 millones corresponden al renglón 029 personal de temporal; Q145 millones, para el renglón 021, personal supernumerario, y Q118 millones para el renglón 027, complementos para el personal temporal.

Mientras tanto, para el renglón 011, personal permanente, se asignaron Q83 millones; el renglón 012, complementos para personal permanente, Q13 millones, y el 017, derechos escalafonarios, Q41 millones.

En lo que respecta a los ministerios que más aumento asignaron para personal temporal (029) destacan el Ministerio de Agricultura, con Q84 millones; Economía, Q29 millones, y Cultura y Deportes, con Q16 millones.

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La diputada Nineth Montenegro, jefa de la bancada Encuentro por Guatemala y quien presentó el informe sobre el aumento presupuestario para el pago de salarios temporales, señaló que estas modificaciones presupuestarias causan suspicacias.

Explicó que los puestos en los renglones de personal temporal prácticamente no son fiscalizables y estos se dan en un año electoral, por lo que se puede pensar que estas readecuaciones presupuestarias pueden ser utilizadas de forma clientelar.

Sin contrataciones

Ángel Alonzo, vocero del Ministerio de Agricultura, dijo que no se contrató más personal, sino que las operaciones se hicieron para pagar los sueldos de quienes ya trabajan allí.

Afirmó que desde el 2018 el pago de salarios había quedado desfinanciado y lo único que se hizo en esta ocasión fue hacer el trabajo técnico para poder cumplir con esa obligación.

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Alonzo indicó que el dinero proviene del programa Créditos de Reserva, el cual no se iba a utilizar, y fue “la mejor opción” para no afectar otros planes.

El Departamento de Comunicación del Ministerio de Economía dijo que los fondos son para pago de personal temporal, y argumentó que también hubo un desajuste en el gasto para pagar sueldos.

“El presupuesto autorizado para la contratación 029 fue menor al requerido y hubo necesidad de readecuarlo para cubrir la contratación del personal 029, que es operativo y técnico”, señaló.

Estuardo Estupinián, vocero de Cultura y Deportes, indicó que la cartera tiene cuatro unidades ejecutoras y que desconocía en cuál o cuáles se había hecho la operación presupuestaria.

Afirmó que consultaría con las autoridades para dar una postura, pero al cierre de esta edición no se había comunicado con la Redacción de Prensa Libre.

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Guatemala es un país megadiverso y lleno de riquezas naturales, y protegerlas no solamente garantiza conservarlas, sino también brindar bienestar a la población al reducir la alta vulnerabilidad al cambio climático, generar trabajo y, por lo tanto, riqueza.

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Zenia María Salinas Vallecillo, especialista en manejo de Recursos Naturales del Banco Mundial (BM), expuso: “Con su topografía diversa y clima tropical que permite la existencia de remarcable biodiversidad, Guatemala es reconocido como uno de los 19 países megadiversos a nivel mundial.

Guatemala tiene el mayor porcentaje de especies endémicas de Centroamérica, las cuales no se encuentran en ninguna otra parte del mundo”.

La experta internacional explicó que el reto más grande que tiene el país es proteger sus bosques de la deforestación y el cambio de uso del suelo.

Precisó que otros retos ambientales considerables son la contaminación de aguas superficiales y la falta de disposición de desechos sólidos en rellenos sanitarios, así como las limitadas capacidades institucionales para abordar el riesgo a desastres naturales.

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Para Salinas Vallecillo, el escenario que el país puede afrontar, si no cuida sus recursos naturales, es desalentador.

“La pérdida de bosques y los recursos naturales asociados causaría sequías, agudizaría la pobreza y aumentaría la migración de las poblaciones rurales a las ciudades y a otros países”, acotó la experta.

Jorge Omar Samayoa, especialista de cambio climático del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), ratificó que invertir en conservar el medio ambiente es asegurar los servicios que los bosques prestan a la población.

“Uno de los beneficios más importantes que el país obtiene cuando invierte en los bosques es asegurar la provisión de agua. La cobertura forestal también se debe valorar, pues es un generador de empleo con plantaciones agroforestales”, señaló el especialista.

Agregó que otros beneficios es que puede coadyuvar en la seguridad alimentaria y la protección del suelo.

Samayoa también destacó que todos esos beneficios se vinculan directamente con la reducción de la vulnerabilidad al cambio climático.

“El país ya presenta un problema de déficit hídrico, y con el cambio climático se hará más severo, por lo que los bosques juegan un papel amortiguador”, aseveró.

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Además, indicó que si bien el Estado representa un papel fundamental en el cuidado y conservación del ambiente, este es un trabajo de la sociedad entera, porque todos contribuyen a su degradación.

Efectos del cambio climático

Expertos del Banco Mundial exponen que Guatemala se considera un “punto caliente” para el cambio climático en los trópicos, ya que los valores extremos de temperatura y precipitación han cambiado varias veces en los últimos 40 años, afectando de manera desproporcionada a las comunidades rurales pobres e indígenas.

El cambio climático exacerbará esta tendencia, posiblemente resultando en una mayor frecuencia o intensidad de inundaciones y sequías, y aumenta la frecuencia y severidad de eventos naturales.
Entre estos preocupan las inundaciones, deslizamientos, falta de agua y alimentos.

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El Tribunal Supremo Electoral aún no confirma la inscripción de Radford, pues pende de una resolución que emita la Corte Suprema de Justicia.

¿Por qué quiere ser presidente?

Yo creo tener el conocimiento suficiente para poder abordar el tema, tengo la experiencia y tengo el carácter, que son los tres requisitos que deben cumplir y lo que le hemos pedido a nuestros candidatos en todas las líneas, tanto de alcaldías como de diputaciones; participar con dignidad en la búsqueda de lo que queremos hacer por Guatemala.

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¿Cuáles son los ejes principales de su propuesta?

Hemos encontrado que la necesidad principal es la generación de empleo, porque es lo único que nos va a permitir poder detener ese círculo vicioso en el que estamos metidos: desempleo, analfabetismo, desnutrición crónica, aguda, pobreza y extrema pobreza.

También tenemos que enfocarnos en el tema de la educación, de la seguridad y el combate de la impunidad. Y también hay un tema que es demasiado importante para el país, que es la desnutrición en Guatemala; ahí va a estar el enfoque total de nuestro programa de gobierno, de lo que queremos hacer y de lo que vamos a hacer.

En su plan de gobierno usted habla de la manufactura ligera. ¿De qué se trata?

Nosotros hablamos de manufactura ligera porque entendemos que lo que Guatemala está produciendo hoy por hoy lo tenemos que aprovechar, pero tenemos que darle los valores agregados a lo que estamos produciendo para poder generar más empleo.

Guatemala produce hortalizas, fruta, leche, madera y una serie de otros insumos que producimos, entonces la idea es que a través de zonas francas podamos crear las condiciones económicas de atracción e inversión.

La segunda etapa de esto es aprovechar las oportunidades que los mercados mundiales les dan a todos los países, y aquí tenemos que ser muy claros de que al hablar de los call center no tenemos que pensar en que es solo de contestar un teléfono, sino que nuestros jóvenes puedan generar servicios digitales alrededor del mundo.

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Queremos implementar un programa de capacitación serio en tecnología y en inglés, para jóvenes de 18 a 25 años, que están sufriendo porque no tienen trabajo. Estamos hablando de becar a unos 50 mil jovencitos en el primer año y consideramos poder llegar a absorber unos 30 mil empleos.

Además, hay que crear los centros tecnológicos que puedan permitir de manera seria ofrecerle al mundo que vengan esas inversiones para nuestros jóvenes.

¿Cómo recuperará la confianza de los inversionistas?

El doing business, que es la forma de hacer negocios en Guatemala, tiene una serie de variables que tenemos que mejorar. Y ahí hay temas de seguridad, de certeza jurídica, de la forma de poder garantizar las inversiones que están viniendo al país.

Entonces pensamos primero en lo que ya producimos y a través de las zonas francas poder comenzar a generar ese empleo, pero de forma mediata tendría que ser este cambio de condiciones que tiene que ver con modificaciones a algunas leyes para poder generar esa certeza jurídica.

¿Por qué los gobiernos anteriores no han logrado esa certeza?

Uno tiene que entender cómo funciona el sistema, no se trata de creer lo que uno piensa. Aquí hay pesos y contrapesos. Si bien es cierto que nuestro sistema es presidencialista, esos pesos y contrapesos lo dan, por ejemplo, el Congreso de la República, porque allí se aprueba el presupuesto de la Nación; además están la Corte Suprema de Justicia y las otras entidades de control.

¿Qué planes tiene para lograr empleos dignos, bien remunerados y con derechos laborales?

Le apostamos a la implementación de las zonas francas. El plan A es lo que podemos hacer como decisión ejecutiva al llegar al Gobierno —es decir, políticas públicas que puedan producir más empleo—. El plan B es un congreso más técnico, más propositivo, para poder empujar las ideas que tenemos para resolver el problema del empleo y otro montón de cosas que tenemos que hacer. Y el plan C sería el perfecto, en donde todos estamos de acuerdo y vamos todos adelante; ese sería el ideal.

En las condiciones en que está el país, ¿cómo fomentará el turismo?

El país está estudiado y hay propuestas de tanques de pensamiento y de organizaciones de todo tipo que han definido rutas que debemos seguir.

Tenemos que hacer que las cosas se den. Por ejemplo, en el tema de la infraestructura vial tenemos que darle accesos a los sitios turísticos, para poder lograr que las cosas funcionen. En Guatemala tenemos todo, tenemos la cultura maya, tenemos la parte natural. Entonces, aquí tenemos que hacer lo que está a la mano, pero la ley no lo permite. Por ejemplo, las alianzas público-privadas no funcionan.

Pero el éxito de ese tipo de alianzas está probado en otros países…

Totalmente de acuerdo, pero para eso tenemos que modificar la Ley de Expropiación, porque no podemos esperar que el Congreso se siente cada vez para poder establecer una viabilidad que necesitamos para las grandes mayorías en función de la propiedad de una persona individual, lo que no quiere decir que no vamos a pagar a precio justo lo que le corresponde, pero si hacemos una ley técnica adecuada, entonces el desarrollo va a comenzar a pasar donde tiene que pasar.

¿Cuál es su estatus legal en este momento, como candidato a la Presidencia?

Con Manuel Abundio Maldonado fuimos el primer binomio que presentó su documentación para inscribirse, y la ley es clara, es tácita, es independiente. Y la ley establece cinco días para poder declarar con lugar o sin lugar la inscripción. Lo declararon con lugar. Después, dice la ley, tres días para que cobre firmeza, que es donde se pueden oponer las personas a cualquier inscripción. En el caso mío no se puso ningún recurso, y entonces la inscripción cobró firmeza.

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No obstante, el registrador de ciudadanos optó por una medida que no está contemplada en la ley, viene y hace una resolución cuando ya esa resolución fue consentida, y eso no es legal. Hoy por hoy estamos a la espera de la resolución de la Corte Suprema de Justicia, que yo estoy seguro va a resolver en favor nuestro.

En un caso se le señaló de falsedad material que se remontaba al 2015.

Eso a mí me pareció de lo más aberrante, que la Fiscalía de Delitos Electorales haya iniciado después de que nosotros ya habíamos sido inscritos. Lo que hacen es decir que yo había participado con falsedad material en un acto que no tengo nada que ver.

Yo no puedo estar en todas las sesiones de órganos permanentes municipales y departamentales. En esa sesión no estuve presente. Me pasan a mí lo que resolvió el órgano permanente y yo lo único que hago es pedir la inscripción, y eso es todo.

¿Quiénes cree usted que están detrás de estos señalamientos?

Viniendo de donde vino, del Ministerio Público (…) cuyos grupos han tenido alguna relación con la señora Thelma Aldana, pienso que por allí viene el asunto. A ella, en particular, no la culpo, pero mucha gente lo que hace es que actúa supuestamente a favor de, y tal vez no es lo mejor.

¿Pasar de dos diputados en el 2015 a 25 en 2019 no es muy ambicioso?

No, porque nosotros trabajamos desde enero del 2016 y hemos consolidado. Pueden ver en las redes sociales capacitaciones mes a mes.

Empezamos un grupo de 40 o 50 personas y la última capacitación de liderazgo, no de personas aliadas, fue de más de 500 participantes, liderazgos municipales y departamentales.

¿Su opinión sobre las encuestas, en las que Fuerza no sale tan bien?

Las encuestas, desde mi punto de vista, habría que revisar cómo es que las hacen, porque al inicio sacaban encuestas donde no nos ponían a los que estamos participando. Entonces, ¿cómo va hacer alguien que quiere votar por Mauricio Radford, si ni siquiera aparece en el listado de los potenciales?

¿Este año sería para apostarle a diputados y alcaldía, más que a la Presidencia?

No. Creo que podemos ganar la Presidencia por ese trabajo. Tenemos dos frentes, el primero es la organización. Aquellos partidos que inscriben 10 o 15 candidatos no tienen la posibilidad de poder ir a tocar la puerta en el área rural y poder convencer a las personas de las posibilidades de un proyecto político. Nosotros sí lo tenemos y lo aprovechamos, y lo estamos logrando.

En Encuesta Libre usted sale con 1.6 por ciento de intención de voto. ¿Cómo lo analiza?

Yo me acuerdo, y lo pueden revisar, que en el evento pasado no nos sacaban, ni siquiera con el 1.6 por ciento, y tuvimos el cuarto lugar. Es decir, las condiciones pueden variar y también hay que interpretar qué es lo que sucede en el entorno cuando se hacen las propuestas y qué es lo que pasa en términos generales.

Pero, honestamente les digo, estoy seguro de que por lo que estamos trabajando podemos revertir ese porcentaje, por supuesto, porque creemos que estamos mucho más arriba.

¿Cuál es su visión del TSE, que tiene legislación distinta a la de 2015?

Creo que hubo errores graves del TSE, pero nunca voy a poner en duda que vaya a existir fraude. Yo les puedo garantizar que no puede haber fraude, porque yo fui la empresa que trabajó con el TSE cuando por primera vez se transmitieron resultados electorales en Guatemala.

No existían los celulares y este fue el evento cuando ganó Álvaro Arzú. Se transmitió a través de línea de cobre y nosotros fuimos la empresa que conectó en el distrito central las computadoras para transmitir resultados electorales.

Lo que sí le achaco y demando del TSE, que también hemos tratado de mantener una relación correcta, técnica y adecuada con la institución que es la que rige el proceso eleccionario, lo que pienso es que no hicieron el trabajo a tiempo.

Tuvieron que haber definido los criterios sobre los cuales iban a inscribir y no inscribir, entonces todo el mundo hubiera estado claro de lo que se podía y no se podía hacer.

¿Llama a respetar el resultado del 16 de junio?

Yo conozco cómo es que funciona el sistema y cómo es que los partidos tenemos el derecho de tener fiscales y llevarnos una hoja del resultado, y hacer la cuenta independiente.

Es decir, en el caso de lo que resulte de cada mesa yo sí les diría que será lo válido y totalmente aceptado de la institución, que es el TSE.

¿Puede adelantar nombres de ministros?

Nosotros hemos logrado recibir el talento y conocimiento de mucha gente que, ad honorem, ha dado horas y horas de su tiempo para construir el programa de gobierno.

Creo que sería muy presuntuoso decir que es el mejor, pero sí puedo decir que es el más realista que se puede ejecutar porque tiene las fuentes de financiamiento, cuándo lo podemos hacer y qué es lo que vamos a hacer.

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Incluso ayudó gente que está en gobierno, que nos comentó cómo funcionan sus instituciones y problemas, y nosotros les dábamos el reto al decir ¿qué harían ustedes si tuvieran el presupuesto ideal, si tuvieran todas las condiciones para poder realmente resolver el entorno donde se están moviendo? y aprendimos mucho de muchas sesiones de trabajo en donde mucha gente participó.

Hoy no es que tengamos definido quién será el ministro, hay partidos que ya hasta vendieron posiciones porque así ha funcionado el país. Si te doy el ministerio págame parte de mi campaña, y comienzan así los juegos. Nosotros no.

¿Al menos puede decir dos nombres de ministros?

}Yo le digo quiénes quisiera y que son de tanques de pensamiento y con mucha capacidad, pero no les he dicho: “mira, quiero que seas ministro”.

Hugo Maúl me parece un extraordinario economista, una persona con capacidad y talento, fue mi maestro de la Escuela de Gobierno. No es que vaya a halar a todos los de la escuela, pero allí conocí a mucha gente con talento, como Nicolas Virci.

¿Cuál es su mensaje final a la audiencia?

Imagino que mucha gente no me conoce. El sistema electoral no nos permite presentarnos con anticipación. Soy una persona común y corriente, de acción, y me gusta trabajar con la gente, tener equipos de trabajo que resuelvan problemas y que podamos hacer que las cosas cambien.

Creo que he asumido con responsabilidad y liderazgo que me estoy presentando a la población, porque me he educado, me he preparado para asumir el reto, tengo la experiencia para poder hacer cambios necesarios.

Propuesta anticorrupción

Radford propone crear una comisión contra la corrupción.

”Desde antes nosotros hablamos de una Cicig reformada, con condiciones totalmente diferentes a lo que hemos estado viviendo. Proponemos la creación de una institución de derecho público, una comisión nacional contra la impunidad que atienda estos grandes flagelos que nos agobian como país”.

“Excluiríamos a la ONU como tal, pero invitaríamos a la comunidad internacional para que se hicieran estos procesos. No podemos permitir que cualquiera venga a nuestro país sin saber cuáles son los destinos, orígenes y las intencionalidades”.

Investigado por la Cicig

Mauricio Radford fue integrante del primer directorio del Renap, en el 2008. Fue destituido por irregularidades en el 2010.

El ahora presidenciable fue ligado a proceso penal en el 2010, señalado de incumplimiento de deberes y abuso de autoridad, junto a otros funcionarios.

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El Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala lo señalan de haber adjudicado en forma irregular un contrato a la empresa Easy Marketing por Q868 millones 195 mil 836.30, para que emitiera el documento personal de identificación.

Según las investigaciones, durante el proceso de adjudicación del concurso los integrantes del directorio del Renap y de la Junta de Licitación favorecieron a Easy Marketing porque no acreditó los estados y balances financieros de los últimos tres años, ya que solo tenía uno de haberse fundado.

Además carecía de la experiencia y el respaldo necesarios para el tipo de contrato otorgado.

Esta empresa fue constituida con un capital de Q5 mil y el contrato adjudicado fue por más de Q868 millones.

Debido a que está ligado a proceso penal, el Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral revocó la inscripción de Radford, pero este presentó un amparo en la Corte Suprema de Justicia, el cual no ha sido resuelto.

Radford afirmó que en el proceso electoral del 2015 se le permitió participar como candidato a diputado. Se incluye su entrevista ante una eventual resolución de su caso.

Perfil de Mauricio Radford

• Miembro del directorio del Registro Nacional de las Personas en el 2008.
• Ingeniero en Sistemas por la Universidad Francisco Marroquín. Tiene una maestría en Administración de Empresas.
• Desde 1998 es gerente de un centro de llamadas.
• Fue presidente de la Asociación de Informática de Guatemala.
• Catedrático en las universidades Rafael Landívar y Francisco Marroquín.

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Alfaro Hernández fue aprehendido el 10 de abril. El Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) lo señalan de los delitos de asociación ilícita, estafa y cohecho activo, pero por la carga de trabajo de los juzgados aún no se fija fecha para la audiencia de primera declaración y mientras tanto se encuentra en prisión provisional.

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De acuerdo con la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), el empresario fue intermediario entre las autoridades ediles de Lanquín y auditores de la Contraloría.

Las municipalidades habrían depositado los fondos para pagar los servicios en las cuentas de Alfaro Hernández y posteriormente este redireccionó dinero a los trabajadores de la Contraloría, según sostiene la investigación del MP.

En ninguna de las comunas, incluida la de Lanquín, que contrataron los servicios de Alfaro Hernández, se efectuó formulación de cargos de la Contraloría en contra de los miembros de esas corporaciones, según consta en los informes de ejecución presupuestaria del 2010 al 2018.

La Feci solo judicializó el caso de Lanquín, pues cuenta nada más con los movimientos financieros de esta alcaldía, pero el mismo día que fue capturado el empresario fueron allanadas 21 localidades, de Alta Verapaz, Guatemala, Chimaltenango, Zacapa y Suchitepéquez; en cuatro de ellas, Alfaro Hernández hizo transacciones con las comunas.

Resalta que en los cuatro departamentos de la provincia se ubican 18 de las 25 comunas en las que Alfaro Hernández prestó servicios, que en su mayoría se refieren al traslado de materiales de construcción, arrendamientos de maquinaria, venta de balasto —grava que se extiende sobre un terreno para asentarlo—, limpieza de plantas de tratamiento, entre otros trabajos relacionados.

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Los servicios que las comunas contrataron fueron pagados de forma directa, por lo que estos fueron hechos a dedo sin proceso de licitación o cotización de los servicios.

Eventos adjudicados

Según el portal Guatecompras.gt, Ernesto Otoniel Alfaro Hernández es proveedor con estatus habilitado que utiliza los nombres comerciales Transporte Alfaro y Transportes Fabián.

Por tener comercios de carácter individual Guatecompras.gt no registra otros datos adicionales como cuándo fueron creados los comercios, especificar a qué actividad económica se dedican y los domicilios fiscales y comerciales.

En el portal electrónico de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), al ingresar el Número de Identificación Tributaria (NIT) de Alfaro Hernández tampoco aparece a qué tipo de actividad económica se dedica.

Los contratos

Según los registros, a Alfaro Hernández le fueron adjudicados 53 eventos en el 2010, por Q1 millón 876 mil 500, en dos municipalidades.

Según el reporte de auditoría de ese año de la CGC, la comuna de Santo Tomás La Unión, Suchitepéquez, una de las que le adjudicó eventos, recibió una denuncia penal por Q10.5 millones.

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En el 2011, nueve comunas adjudicaron 122 eventos por Q4 millones 149 mil 824.

Cuatro de las nueve comunas, todas de Suchitepéquez, fueron denunciadas penalmente, durante ese año, según el informe de la Contraloría.

Además, la comuna de Samayac recibió dos, por Q2.1 millones; San José El Ídolo, dos, por Q843 mil; Santo Tomás La Unión, una, por Q304 mil, y Zunilito, una, por Q129 mil.

Durante el 2012 fueron 14 municipalidades las que adjudicaron 76 eventos por Q2 millones 730 mil 187.78. De esas comunas solo tres recibieron denuncias penales de la Contraloría, según el reporte de ese año de la institución.

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Santo Tomás La Unión, Suchitepéquez, recibió dos, por Q759 mil; mientras que Pueblo Nuevo, del mismo departamento, recibió una, por Q472 mil.

La comuna de Lanquín, Alta Verapaz, recibió una denuncia penal, por Q34 millones 65 mil 188.59, según el reporte de la CGC del 2012, porque no tenía información para hacer la auditoría. La denuncia fue presentada en contra del Concejo Municipal.

En el 2013, a Alfaro Hernández le fueron adjudicados 73 eventos, por Q2 millones 599 mil 190, en ocho municipalidades.

El informe de la CGC de ese año precisa que ninguna de esas comunas fue denunciada.

Al año siguiente, 96 eventos fueron adjudicados entre nueve comunas, que juntos sumaron Q3 millones 339 mil 970.

De la misma forma que en el año anterior, el informe de la Contraloría señala que ninguna de las comunas tuvo denuncias penales.

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Para el 2015 fueron 103 eventos de licitación para el señalado, por Q3 millones 770 mil 915, que fueron repartidos entre siete municipalidades. De nuevo, en el reporte anual de la CGC no hubo ninguna denuncia penal.

En el 2016 tres eventos fueron adjudicados, en dos comunas, por Q105 mil 450 y tampoco se reportaron denuncias de la CGC contra dichas municipalidades.

El 2017 no reportó movimiento, pero sí el 2018, con dos eventos por Q1 mil 876. No se sabe si tiene alguna denuncia, pues el reporte del 2018 de la CGC se entregará en mayo próximo.

Los reportes de la Contraloría muestran algo en particular, ninguna de las comunas tuvo formulaciones de cargos, los cuales se aplican cuando se establece, por medio de los procedimientos de auditoría, que ha habido pérdida de valores o menoscabo en los intereses del Estado y con el cual se pretende la restitución o pago correspondiente en caso de responsabilidad, los casos pueden llegar hasta un Tribunal de Cuentas.

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Cleofas Culajay, pronosticador del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), indicó que el 15 y 16 de abril habrá ambiente cálido con bruma.

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El aumento de la radiación ultravioleta tiene una explicación

“Para el inicio de la Semana Santa también habrá ingreso de humedad, lo que favorecerá lluvia durante la tarde y parte de la noche en lar regiones Norte, Franja Transversal, Caribe, Boca Costa y Suroccidente”, explicó el experto.

Culajay explicó que para las regiones de Boca Costa y el Suroccidente podrían presentarse lluvia y tormentas eléctricas, particularmente durante la tarde y noche.

Alerta por radiación solar

El experto indicó que para esta semana también se espera que la radiación solar sea alta, lo cual puede ser dañino para las personas, particularmente para aquellas que acudan a lugares turísticos u observar procesiones.

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“Cuando empieza el equinoccio de primavera los rayos del sol tienden a ser muy directos, eso causa que la exposición prolongada al sol sin la protección adecuada sea peligrosa”, explicó el experto.

Agregó que esta situación se ha agravado porque en los últimos días “casi no han existido nubes”, lo que provoca que la radiación solar sea más directa y el peligro para las personas se incremente.

Lahares e incendios

Debido a la lluvia que se ha dado en la parte de la cadena volcánica del país existe el peligro de que las comunidades cercanas al Volcán de Fuego sean afectadas por lahares.

Culajay explicó que durante los últimos días con la lluvia que se ha registrado ya se han producido varios lahares que han afectado a las comunidades y por las condiciones climáticas se esperan más en los próximos días.

De la misma forma explicó que las condiciones actuales —calor, cielo despejado— aunado al viento constante “ayudará a la proliferación de los incendios forestales”.

“El viento podría seguir en los próximas días, al igual que los cielos sin nubosidad lo que provoca condiciones favorables para la propagación de incendios forestales”, aseveró el experto.

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La orden de captura contra Thelma Aldana y otra serie de hechos inusuales en una campaña política, como la lluvia de denuncias y amparos, muestran una judicialización de la política para expertos y analistas, lo que puede repercutir en una forma negativa para la ciudadanía.

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Raquel Zelaya, presidenta de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes), expuso los efectos de la judicialización de la política en el actual proceso electoral y las consecuencias que promovieron los políticos para relacionar su participación en los tribunales.

¿Hay judicialización de la política en campaña electoral?

Si ya tomaron el rumbo de la judicialización —de la política—, pues esperaría uno que fuera un rumbo claro, reglas iguales para todos, que los magistrados respectivos que deciden tengan cómo informar a la ciudadanía con total fundamento jurídico cada una de sus decisiones.

¿Qué evidencia la judicialización de la política?

Efectivamente hay mucha preocupación por lo que está ocurriendo en el proceso electoral, por estas circunstancias inéditas y en un momento en el que pasa dificultades el Tribunal Supremo Electoral y la Corte de Constitucionalidad. Es una prueba fuerte.

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¿Los partidos políticos se acercaron a la justicia?

No todo proviene de los partidos políticos —las acciones legales—, las organizaciones no están pasando su mejor momento.
Todo esto que se está conociendo en las cortes y todas son acciones interpuestas por los partidos políticos. En todo el escenario se puede percibir que de un lado y del otro existen actores externos que están en cuarta fila influyendo.

¿Qué efecto tienen en el electorado los casos penales?

Hay impacto de confusión en la ciudadanía, que no tiene el manejo de todos estos entramados vigentes, y abona a que el proceso vaya a ser poco participativo.

¿Por qué confunden a la ciudadanía las circunstancias?

No existen los elementos suficientes, por el grado de confusión. En los medios de comunicación, connotados juristas no logran ponerse de acuerdo en qué sí y qué no.
Imagínese a la ciudadanía, que le llega en lejanía la información, le genera confusión.

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Los ciudadanos oyen de órdenes de captura, inscripciones, revocatoria de inscripciones; es una terminología que, si no hay por parte de las instancias una explicación a la ciudadanía, genera confusión.

¿Agravan el proceso electoral los señalamientos a candidatos?

La confusión a la ciudadanía es un desgaste para participar porque la gente tiene que tener certeza en sus decisiones electorales y se siembra la duda por vía de recursos, apelaciones y amparos a quienes encabezan las encuestas. Por supuesto que tiene su efecto.

¿Qué panorama se espera con la judicialización de la política?

Hay mucha expectativa de la ciudadanía, pero hubo mucho votante joven que no logró empadronarse y no se percibe gran entusiasmo. Puede haber un distanciamiento de la ciudadanía de la política.

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La lluvia de denuncias y amparos, por ejemplo, es muestra de la judicialización de la política, de acuerdo con expertos en política, lo que puede repercutir negativamente en la ciudadanía.

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Además de contra la ex fiscal general, el Ministerio Público ha presentado señalamientos contra Sandra Torres, de la UNE, pero la Corte Suprema de Justicia no le retiró la inmunidad.

Asimismo, el TSE rechazó la inscripción de Zury Ríos, del partido Valor, y de Mauricio Radford, de Fuerza. Ambos apelaron de diferente manera esa decisión.

Ricardo Barreno, analista del Instituto Centroamericano de Estudios Políticos (Incep), aseguró que la judicialización de la política ha impactado de forma negativa en las agrupaciones y en el proceso electoral.

¿Cree que ha afectado la judicialización de la política al proceso electoral?

Antes del año electoral ya veíamos cómo los partidos políticos, directa o indirectamente, se veían afectados por procesos judiciales; por ejemplo, de una posible cancelación.

Eso fue lo que marcó la agenda 2018 y mediados de 2017, el tema judicial, discusiones sobre la presencia de la Cicig y el financiamiento electoral ilícito.

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En consecuencia, esto fue comprometiendo la agenda partidaria de cara al 2019. En términos estables eso no hubiera incidido en el proceso electoral si no existiera un encuentro entre lo que se elige en términos judiciales —cortes y postuladoras— y el proceso electoral propiamente.

Por eso fue que vimos una primera fase del proceso electoral —inscripciones— donde la confrontación entre los partidos a través de vías judiciales fue determinante, pero nos dimos cuenta de cómo lo judicial iba superando lo político electoral.

¿Cómo afecta esta situación el proceso electoral?

Vimos cómo los desafíos naturales del Tribunal Supremo Electoral se fueron comprometiendo por las mismas reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos que ahora establece una coordinación con otras instituciones.

Esto no necesariamente es malo, pero en el proceso de judicialización vimos cómo la coordinación debía ocurrir con una Contraloría General de Cuentas donde se comprometía más el desempeño de los partidos. Además, nunca termina de encontrar una coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores y una agenda ya judicializada, porque veíamos un Minex que debería coordinar el voto en el extranjero pero evidenciaba una agenda prodesestabilización judicial.

Así se entró a una fase de inscripción de candidaturas donde la judicialización fue más evidente.

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¿Cuál es el efecto de esto?

El arrastre de la judicialización afectará la segunda fase del proceso electoral, donde se deberían posicionar los temas de campaña, las propuestas programáticas y la claridad de las necesidades y cómo resolverlas.

Lo tratarán de hacer, pero hay una debilidad importante y es la incertidumbre de algunos candidatos de concluir el proceso electoral, algo que podría terminar hasta abril o mayo, que es cuando el Tribunal imprime las papeletas.

Hasta ese momento algunos partidos tendrán la certeza de si sus candidatos competirán o no, pero el gran problema es que es tiempo perdido en cuanto a la capacidad que tengan los partidos de generar propuesta delante de otros y eso ya genera un desafío significativo. En paralelo estará la reacción ciudadana, que más allá de la incertidumbre se traduce en apatía para participar.

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La información fue revelada en una citación con diputados de la bancada Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), donde participaron además autoridades de la Cancillería y la Secretaría de Inteligencia Estratégica.

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Después de varias preguntas esquivas, José Olazábal, viceministro de Gobernación, confirmó que la concentración de los jeeps J8, que se realizó la semana pasada, se debe “a una operación de apresto”.

Explicó que fue básicamente concentrar los vehículos para evaluar la capacidad de movilización de estos a cualquier puntos del país.

El diputado Orlando Blanco cuestionó quién dio la orden, pero el viceministro se limitó a responder en varias ocasiones que esto es una coordinación entre instituciones.

Posteriormente, Gustavo Méndez, viceministro de la Defensa, afirmó que la orden de concentrar los vehículos es una operación de apresto normal y la orden surgió del Estado Mayor de la Defensa, que actualmente está a cargo de Julio César Paz Bone.

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Méndez destacó que esta es una operación normal, pero reconoció que no se había hecho antes y que se analiza cuándo se podrá hacer otros ejercicios similares.

El funcionario informó que actualmente se espera un análisis mecánico de los jeeps para saber las condiciones de estos y poder determinar con certeza a qué lugar por el terreno se puede enviar cada uno de estos.

Posibles consecuencias

Blanco también preguntó a los funcionarios si esta acción puede traer alguna consecuencia negativa para el país en lo que concierne a las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Guatemala.

Luis Carranza, viceministro de Relaciones Exteriores, respondió que no y que actualmente el Gobierno guatemalteco atraviesa “el mejor momento” en lo que respecta a su relación con Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico.

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El congresista criticó esa postura pues a su entender “es evidente que la movilización de los jeeps J8 tuvo además un componente político” pues esta se realizó un día después de que Estados Unidos anunciara que retiraría su apoyo para las fuerzas de tarea.

En la misma citación participó Mario Duarte, secretario de Inteligencia Estratégica de la Presidencia, quien fue cuestionado por declaraciones a una radio donde señaló que si los Estados Unidos así lo quería podían concentrar los vehículos.

En su defensa respondió que se refería a que, con o sin los jeeps J8, Guatemala sería un socio efectivo de Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico. Agregó que estas declaraciones se las hizo a personal de los Estados Unidos.

Blanco pidió que dijera cuál había sido la reacción de los funcionarios estadounidenses ante esta declaración y Duarte respondió que debido a que es una comunicación diplomática no está autorizado a indicar la respuesta de los funcionarios, que tampoco precisó quiénes eran.

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Ante esta respuesta el legislador afirmó que este tipo de declaraciones eran irresponsables, en principio porque se estaba erogando una representación del Estado que no le correspondía y porque este tipo de acciones podrían poner en una situación delicada las relaciones diplomáticas entre ambos Estados.

Más requerimientos

Al principio de la citación, Blanco requirió a los funcionarios quién había dado la orden para que un convoy de jeeps J8 recorriera la capital y se estacionara frente a la embajada estadounidense y la sede de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) el 31 de agosto de 2018, justo cuando el presidente Jimmy Morales anunció que no renovaría el mandato de la comisión.

Feremka Godínez, subdirectora de Operaciones Antinarcóticas de la Policía Nacional Civil, indicó al congresista que era una coordinación conjunta y se negó en varias oportunidades a revelar el nombre de la persona que dio la orden para la movilización.

Lo mismo ocurrió con el secretario Duarte, quien tampoco dijo quién fue el que tomó la decisión y se limitó a decir que los jeeps pasaron por esas sedes diplomáticas porque “están en lugares de mucho tránsito vehicular”.

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Mientras que los viceministros de Relaciones Exteriores, Gobernación y de la Defensa indicaron que no habían recibido ninguna comunicación negativa por esta situación.

Ante esta negativa de los funcionarios de revelar el nombre, Blanco los emplazó y pidió para las 14 horas de este martes un informe que indique los nombres de las personas que ordenaron la movilización.

Además, también pidió al Ministerio de la Defensa un informe circunstanciado del estado de los jeeps J8. El viceministro Méndez indicó que la evaluación tardaría unos cuantos días más y luego se redistribuirían los vehículos a distintas partes del país.

Al salir de la citación, el viceministro Olazábal dijo en rueda de prensa que se ha hecho un plan para no dejar descuidados los lugares donde estaban asignados los vehículos y señaló que no podía revelar la cantidad de personal movilizado por razones de seguridad.

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Esta semana se celebrarán tres sesiones plenarias, una el martes a las 14 horas y el miércoles dos, la primera a las 10 horas y la segunda a las 14 horas. En las primeras dos sesiones se conocerá exclusivamente la interpelación al ministro de Desarrollo Social Carlos Velásquez Monge.

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Para la sesión del miércoles a las 14 horas, que es exclusivamente para temas legislativos, la Junta Directiva del Congreso acordó no incluir la iniciativa de reformas a la Ley de Reconciliación Nacional.

En cambio se conocerá en primer debate la ley que busca ampliar indefinidamente la vigencia del Documento Personal de Identificación, la aprobación en tercer debate de las reformas al Código Procesal Penal para aprobar medidas de excarcelamiento.

También se buscará aprobar en tercer debate, por artículos y redacción final un préstamo hasta por US$120 millones para la Universidad de San Carlos, la elección del contralor General de Cuentas y discutir un dictamen desfavorable para reformas constitucionales.

Durante la sesión de jefes de bloques, el diputado Fernando Linares-Beltranena, pidió a sus colegas que se incluyera en la agenda la iniciativa 5377 argumentando que esta era una prioridad nacional y que era necesario seguir su aprobación en tercer debate.

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Sin embargo, los jefes de bloque rechazaron la propuesta de Linares-Beltranena y aprobaron el orden del día tal cual lo propuso la Junta Directiva. Sin embargo, esto no quiere decir que la iniciativa pueda volver a la agenda en cualquier momento.

Hay varios métodos, el primero es que cualquier diputado en el pleno mediante una moción privilegiada pida que se discuta y apruebe la iniciativa para lo cual debería contar con el apoyo de al menos 80 legisladores.

El segundo y quizás la opción más probable es que mediante acuerdos en Junta Directiva se incluya en una orden del día de una sesión plenaria y los jefes de bloque den su visto bueno para ello.

Rechazo generalizado

La semana pasada el grupo de países donantes conocido como G13 emitió un comunicado donde muestra su preocupación por la aprobación de la iniciativa 5377, reformas a la Ley de Reconciliación Nacional, que otorga una amnistía total a culpables de delitos de lesa humanidad cometidos durante el conflicto armado interno.

Los países donantes reconocen “los importantes esfuerzos” realizados por el sistema judicial de Guatemala para investigar, procesar y juzgar de manera justa e independiente delitos de lesa humanidad y de corrupción.

Sin embargo, señalan, “vemos con mucha preocupación los proyectos de enmienda contenidos en las iniciativas legislativas a la Ley de Reconciliación Nacional y a la Ley sobre Organizaciones No Gubernamentales para el desarrollo”, precisa el comunicado.

La Organización de Naciones Unidas (ONU) también se sumó a las muestras de rechazo hacia las reformas a la Ley de Reconciliación Nacional y la Ley sobre Organizaciones No Gubernamentales para el desarrollo al emitir un comunicado.

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“En este contexto, hacemos un llamado al Congreso de la República respecto a las iniciativas de reformas a la Ley de Reconciliación Nacional y a la Ley sobre Organizaciones no Gubernamentales para el desarrollo enfatizando en la importancia de respetar y garantizar las obligaciones internacionales de derechos humanos asumidas voluntariamente por el Estado de Guatemala, tal como lo han señalado diversos actores nacionales e internacionales”, precisa el documento.

Durante esa misma semana la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) requirió al Estado de Guatemala interrumpir y archivar el trámite de la iniciativa 5377 para reformar la Ley de Reconciliación Nacional.

En su considerando número 54, la resolución de la Corte IDH señala: “De acuerdo a las facultades que le otorga el artículo 63.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos para garantizar el derecho de acceso a la justicia de las víctimas de 14 casos, la Corte requiere al Estado que interrumpa el trámite legislativo de la iniciativa de ley que pretende reformar la Ley de Reconciliación Nacional de 1986 concediendo una amnistía para todas las graves violaciones cometidas durante el conflicto armado interno y la archive”.

Polémica iniciativa

Las reformas a la Ley de Reconciliación Nacional, iniciativa 5377, van dirigidas a extender la amnistía a delitos que no fueron incluidos en el texto original, tales como genocidio, desaparición forzada y tortura. Además, de absolver a condenados por estos hechos, aplicando la retroactividad de la ley.

La iniciativa también pretende modificar el artículo 5 de la actual Ley de Reconciliación Nacional para que se declare la amnistía o extinción total de la responsabilidad penal por los delitos que, hasta la entrada en vigencia de esta ley, hubieran cometido en el enfrentamiento armado interno, como autores, cómplices o encubridores.

“Los delitos cuya responsabilidad penal se declara extinguida en este artículo se conceptúan de naturaleza política y la autoridad judicial declarará el sobreseimiento definitivo sin más trámite. Ninguna persona que haya participado en el enfrentamiento armado interno será objeto de medidas de coerción o persecución penal”, propone el nuevo texto.

La reforma también adiciona un nuevo artículo, en el que indica que “toda persona que haya sido juzgada y se encuentre en cumplimiento de condena o se encuentre en proceso penal y se le decretaron medidas de coerción, tales como auto procesamiento, prisión preventiva, medidas sustitutivas de la prisión preventiva, conducción y aprehensión por delitos enmarcados en dicha ley, se le deberá decretar la amnistía y el sobreseimiento en su caso, y ordenarse su libertad por el tribunal correspondiente en el plazo de veinticuatro horas”.

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Sin embargo, Fernández aseguró que la Contraloría no puede revocar el finiquito, pero que ya envió la información al Tribunal Supremo Electoral (TSE) a requerimiento del partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).

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“Esto no se puede revocar sino que queda sin efecto, como lo dice el artículo 33 del reglamento de la Ley de Probidad en su último párrafo, que cuando dentro de la función pública se tuviere otras situaciones o se cayera en acciones civiles, administrativas y penales este quedará sin efecto”, explicó el funcionario.

Fernández precisó que el finiquito de Aldana “quedó sin efecto luego de que se presentara una denuncia”. La exfiscal obtuvo su finiquito el 20 de septiembre del año pasado, pero la Contraloría colocó una denuncia el 5 de diciembre último por la supuesta contratación irregular del consultor José Carlos Marroquín.

“Además, a petición de la bancada, UNE ayer se hizo llegar a los magistrados del TSE, así como al Registro de Ciudadanos, un informe sobre la situación actual de todos los candidatos a presidente y vicepresidente y dentro de ellos también se envió copia de la denuncia que la Contraloría presentó”, declaró el contralor en funciones.

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Se le preguntó a Fernández si al final de cuentas es el TSE el que debe establecer si el finiquito es válido o no para la inscripción Aldana. “Yo les digo que quien toma las decisiones de inscripción al final, verificando los documentos, es el TSE”, respondió.

El funcionario explicó que la Constancia Transitoria de Inexistencia de Reclamación de Cargos, más conocida como finiquito, para la Contraloría General de Cuentas está vigente “hasta que no se tenga otro cargo originado por auditorías de la Contraloría”.

“Pero la Ley Electoral marca que tiene una vigencia de seis meses, pero eso es una gestión que en el ámbito de ellos si inscriben o no a una persona. Nosotros no podemos revocarla sino dejarlo sin efecto como establece el reglamento de la ley”, apuntó Fernández.

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“Está vigente”

El Movimiento Semilla expuso en un comunicado que son “medidas desesperadas” con presiones al TSE y a la Contraloría para bloquear la candidatura de Aldana, pero la organización enfatizó que cree en la práctica política partidaria ética y apegada a la legislación.

También sostuvo que el finiquito de la candidata proclamada está vigente.

Reunión de Jefes de Bloques

Las declaraciones del contralor en funciones fueron vertidas durante y luego una sesión de la Instancia de Jefes de Bloques del Congreso, donde los diputados insistieron sobre cuál es el control que se tiene con los finiquitos para inscribir candidatos.

A la sesión, además de Fernández, también fue citado el registrador de Ciudadanos del TSE, Leopoldo Guerra,  pero se excusó de participar y alegó que tenía problemas de salud.

Raúl Romero,  del bloque Fuerza, indicó que lo único que se buscó con la reunión es dar certeza del proceso electoral en lo que se refiere a los finiquitos.

Criticó el hecho de que el legislador se excusara de llegar con los diputados y señaló que si está tan enfermo debería evaluar renunciar a su cargo pues el cierre de inscripción de candidatos está por terminar.

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Romero también solicitó al presidente del Congreso que se vuelva a citar a Guerra para que comparezca ante los diputados y resuelva las dudas que se tienen sobre el proceso.

Estuardo Galdámez, primer secretario de la Junta Directiva, fue más allá en su petición pues consideró que era necesario pedir al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) que realice una prueba a Guerra para determinar si en verdad estaba enfermo.

La diputada independiente Alejandra Carrillo solicitó que se practique una exhibición personal en favor de Guerra, porque le preocupa saber dónde está a tan poco de que se cierre el periodo de inscripciones de candidatos.

Secundando la idea de Galdámez de que se le solicite al Inacif un informe sobre la condición de salud del registrador y pidió que se le notificara quién quedó a cargo del Registro de Ciudadanos durante la ausencia de Guerra.

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Dicho reglamento da al tribunal la potestad de aprobar los lineamientos, formato y mecánica para esas actividades.

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Su objetivo es “facilitar la interacción entre los candidatos”, y permitir “un intercambio de ideas y opiniones que favorezca la discusión”.

Señala que “es la autoridad electoral quien determina las reglas a las que se ceñirán los candidatos para debatir, teniendo en consideración las opiniones de las organizaciones políticas”.

Plantea que esas disposiciones son de observancia general para la realización de debates, foros y entrevistas en los medios de comunicación social.

Quienes están exentos de acatar el reglamento son las universidades, entidades académicas y los colegios profesionales.

El acuerdo fue emitido el 5 de marzo último, ya está vigente y deberá ser publicado en el Diario de Centro América.

Temas y estructura

El reglamento señala que los medios de comunicación deberán presentar su actividad programada, ya sea foro, entrevista o debate, en forma anticipada a la Unidad Especializada Sobre Medios de Comunicación y Estudios de Opinión del TSE.

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Esta unidad será la que apruebe las programaciones, mecánicas que le presenten sobre debates, entrevistas y foros para “que se garanticen las condiciones de celebración”.

Los medios deberán presentar su propuesta con la finalidad de que los candidatos participen en igualdad de condiciones.

Además, se reafirma que la Unidad de Medios será quien “aprobará la mecánica con el criterio de igualdad y equidad entre los partidos”.

El reglamento establece que los debates, foros o entrevistas deben centrarse en temas específicos, por ejemplo, sus programas, proyectos, plan de trabajo que conforma su plataforma electoral, intercambio de puntos de vista diversos sobre temas de interés, fomento de la educación cívica, la cultura político democrática y la participación ciudadana.

También deberá ser un espacio para que los candidatos hablen a los votantes sobre aspectos relevantes sobre su vida, interés, experiencia y formación profesional.

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Además condiciona una estructura general que se debe seguir, con el que se busca garantizar las condiciones de equidad, igualdad y democracia para la celebración de esas actividades.

Exige que el medio que organice el evento notifique a la Unidad de Medios los lineamientos específicos y técnicos, el orden de los temas, adecuaciones al formato y las reglas del mismo en función del tiempo, los espacios disponibles, retransmisiones, difusión y promociones.

En su artículo 9 el reglamento impone una estructura para el evento, que se compone de entrada, desarrollo, conclusiones y cierre, pero además precisa qué se debe decir y hacer en cada uno de estos.

En el siguiente artículo establece que la selección de los temas y el orden en que se presentarán se determinará de acuerdo con la propuesta presentada a la Unidad de Medios, pudiendo ser a elección de la misma o por sorteo para lo cual tendrá que tomar dicha decisión, a más tardar diez días antes de la fecha de la realización del evento.

Además, presenta un catálogo de temas para discutir: sociales, económicos y de Gobierno, aunque indica que puede haber otros temas a discutir. El acuerdo también señala que el tiempo máximo de duración de los debates serán 120 minutos y el tiempo de exposición, preguntas y respuestas será de 10 minutos.

Regula asimismo la preparación y desarrollo del evento, y define que en el desarrollo del debate los candidatos en sus intervenciones deberán ser a viva voz y no apoyados de ningún dispositivo electrónico.

También que los candidatos deberán respetar el contenido de los temas y los tiempos establecidos. Asimismo, deberán evitar un discurso con palabras o señas que conlleve agresiones a los demás participantes.

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Moderador

En el documento hay un capítulo dedicado al moderador de los eventos, donde impone requisitos y funciones que debe cumplir.

Los requisitos son ser guatemalteco, que no desempeñe cargo en organización política o comité, ni ser de reconocida militancia o identificación partidista. Tampoco debe ser ministro de culto.

Exige que no tenga grado de parentesco en línea recta o ascendente o descendente con los candidatos, que no tenga un contrato de trabajo vigente con el Estado o municipalidades, salvo la docencia.

Además, debe tener experiencia y conocimiento en áreas humanísticas, periodismo, investigación, docencia, ciencia política o sociología.

También deberá encargarse de tener el control y ceder el uso de la palabra, mantener un ambiente cordial e imparcial, orden, respeto y disciplina; notificar que cierto candidato se excedió en el uso del tiempo y hacer rectificaciones para que el desarrollo del acto sea conforme lo planificado.

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La citación se había programado para el próximo lunes, pero el rechazo de Guerra a tres candidaturas y una revocatoria de inscripción ayer hizo que los diputados la adelantaran para hoy.

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Al Congreso no le pareció que el Registro rechazara las inscripciones de los legisladores Carlos Chavarría, Patricia Sandoval y Mario de León, y revocara la inscripción de Rudy Pereira, aplicando el artículo 205 TER de la Ley Electoral, que castiga el transfuguismo.

Guerra tuvo una breve intervención para señalar que el Registro de Ciudadanos es un órgano netamente técnico que hace su trabajo en base a decisiones técnicas y que hasta el momento hay inscritos unos cinco mil 600 personas para el proceso electoral.

El primero en tomar la palabra fue el diputado Carlos Barreda, quien cuestionó cuál era el proceso para verificar los finiquitos que los candidatos presentan en su papelería de inscripción.

Guerra respondió que el TSE tiene un convenio con la Contraloría General de Cuentas y que debido a esto hay un cruce de datos frecuentes para verificar la validez y vigencia de los documentos que los aspirantes presentan.

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Barreda afirmó que hay personas que tienen finiquito, pero posterior a eso hubo denuncias en su contra, y señaló puntualmente el caso de Thelma Aldana, exfiscal General y futura candidata presidencial del Movimiento Semilla.

Barreda señaló que Aldana no puede ser inscrita como candidata y preguntó al registrador qué haría en ese caso. Guerra respondió que al no tener el expediente no puede adelantar criterio.

La citación de a poco comenzó a subir de tono. El diputado Juan Manuel Giordano pidió a Álvaro Arzú Escobar, presidente del Congreso, que juramentara al registrador debido “a la importancia de los temas”, y así se hizo.

Posterior Guerra completó su respuesta y agregó que: “Si la persona tiene algún señalamiento posterior a recibir su finiquito es la Contraloría la que debe notificar sobre esta situación”. Barreda terminó su intervención al pedir “que se aplique la ley” y no se inscriba a personas que tienen un evidente impedimento.

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Transfuguismo

Luego de la discusión de los finiquitos los diputados comenzaron a cuestionar al registrador por los casos de diputados tránsfugas.  Señalaron en particular que esto podría traer consecuencias. Giordano, quien fue elegido por el extinto partido Líder, tomó la palabra y cuestionó cuál es el criterio para revocar decisiones.

El diputado Giordano, quien entre la legislatura pasada y actual cambió cinco veces de bancada, recriminó al registrador sobre sus criterios y presentó varias declaraciones vertidas a medios de comunicación en la sesión.

El congresista aludió al caso de su compañero de bancada Rudy Pereira, a quien se le revocó la inscripción, pues fue elegido por la UNE y busca su reelección por el partido oficial FCN-Nación y terminó su intervención al decir que “le preocupaba” que el registrador hubiera cambiado de criterio tan rápidamente y pareciera ser “otra persona”.

A partir de este punto la citación pareció más una interpelación pues Guerra fue cuestionado por varios diputados, entre ellos Juan Ramón Lau, de Todos; Estuardo Galdámez, electo por el extinto Partido Patriota y ahora candidato presidencial del oficialismo; Inés Castillo, electo por Líder y ahora con la UNE; Alejandra Carrillo, elegida por el Partido Patriota y que busca su reelección con Podemos.

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Lau dijo que le preocupaba la situación de los diputados tránsfugas, particularmente por aquellos quienes fueron elegidos por un partido que fue cancelado por el Tribunal Supremo Electoral.

“Están condenando a los compañeros diputados que pertenecieron a esos partidos ya inexistentes a poder ejercer ese derecho constitucional de elegir y ser electos”, aseguró el congresista.

Lau también intercedió por su compañero de bancada Mario De León, quien tampoco fue inscrito, afirmó que esta situación viola derechos constitucionales y quien tiene la última palabra para la elección de dignatarios es el pueblo.

Estuardo Galdámez arremetió contra el registrador. Le recordó que solo puede hacer lo que la ley dice y aseveró que él no tiene la facultad de anular inscripciones, al hacer referencia a su compañero Rudy Pereira.

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Galdámez afirmó que Guerra “no debe abusar de su autoridad” e interpretó la Ley Electoral al grado de decir que los diputados tránsfugas habían sido elegidos antes de que se aprobara la ley, por lo tanto esta no debía ser aplicada en este proceso electoral, sino hasta el próximo.

Inés Castillo afirmó que tomar la decisión de no inscribir a los tránsfugas es “someter al país en una ingobernabilidad” porque el artículo 205 Ter de la Ley Electoral “es nula de pleno derecho”.

“-Guerra- no lo hace por ignorancia, porque es un hombre conocedor del Derecho. Establezcamos a dónde queremos llevar al país. La Constitución  faculta a los diputados a reelegirse y lo dice claramente”, críticó Castillo.

Alejandra Carrillo se refirió al artículo 175 de la Constitución, que menciona que para modificar las leyes de rango constitucional deben tener un dictamen favorable de la Corte de Constitucionalidad.

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Carrillo hizo referencia que la reforma del artículo 205 TER no tuvo ese dictamen, la aprobación no fue correcta y que incluso hay una acción de inconstitucionalidad que no ha sido resuelta.

“Se cometió un abuso por parte de la Junta Directiva -de 2016, que presidió Mario Taracena- de publicarlo sin antes mandarlo a la Corte, como lo establece el artículo 175. Registrador, usted sabe de ese abuso e ilegalidad que se cometió. Tiene la obligación que solo los artículos legalmente aprobados sean los utilizados en el proceso electoral no puede utilizar un artículo fraudulento”, aseguró Carrillo.

Otros diputados como Raúl Romero, Manuel Conde y Óscar Chinchilla tomaron la palabra y también emitieron comentario sobre la situación al  final la citación se extendió por casi dos horas.

Fue una catarsis

En rueda de prensa luego de la reunión, Guerra consideró que los comentarios de los diputados no eran presiones contra él para que inscriba a los tránsfugas. “Fue como un espacio de catarsis para poder sacar todos sus sentimientos porque se sienten perjudicados o creen que van a salir perjudicados”, reflexionó.

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No obstante, afirmó que los diputados de esta legislatura fueron quienes “crearon” el artículo 205 TER de la Ley Electoral y saben la motivación que tuvo ese artículo.

“Llegaron al extremo de decir que la norma es inconstitucional y que no se debe tomar en cuenta, pero hasta donde conozco la norma fue avalada por la Corte de Constitucionalidad, sigue vigente y es de aplicación obligatoria, mientras la Corte no la expulse del ordenamiento jurídico”, declaró Guerra.

Sobre el proceso de los finiquitos recalcó que no han recibido el expediente de Thelma Aldana y sabe que ni siquiera ha sido proclamada. “En cualquier caso todos los finiquitos están siendo verificados en la página en el acceso en línea que tenemos con la Contraloría”.

“Los finiquitos que verifiquemos que son válidos serán tomados en cuenta, más adelante la Contraloría que es la que le compete revocar o razonar el finiquito”, añadió.

Aldana cuenta con finiquito, a pesar de que hay una denuncia de la Contraloría en su contra por la supuesta contratación irregular de José Carlos Marroquín como consultor de la Fiscalía.

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“Faltan 10 meses para que esta pesadilla termine, sin ninguna garantía de que no vuelva a empezar. Esperamos que cuando se vaya se encuentre con la justicia y el estado de Derecho”, expresó Gutiérrez al auditorio donde están presentes embajadores, representantes de la sociedad civil y empresarios.

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“Señor presidente –Jimmy Morales– déjeme decirle cuatro cosas: la devastación institucional que usted está dejando es una amenaza para la democracia, el estado de Derecho y para la libertad de la nación. Su plan de gobierno fue mantener la captura del Estado, viola la constitución cada vez que le da la gana. Lejos de liderar el esfuerzo de la lucha contra la corrupción lo destruyó”, aseguró Gutiérrez.

Agregó que “desmanteló los avances en la Policía Nacional Civil y comprometió la seguridad ciudadana con la complicidad del ministro de Gobernación -Enrique Degenhart- más mediocre e incompetente que hemos tenido”.

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Añadió que “durante estos casi cuatro años de vergüenza Guatemala” bajó en casi todas sus calificaciones.

Siguiendo en su mensaje a Morales, Gutiérrez afirmó: “Su gobierno, en lugar de fortalecer el Estado, dar brillo al sistema de justicia y confianza a la economía y alivio a los graves problemas sociales, se dedicó a esconder sus delitos y defender sus intereses”.

Gutiérrez señaló que la sociedad guatemalteca, especialmente la clase política, ha fallado en el fortalecimiento del Estado, lo que provoca que la corrupción se vea como algo normal.

“No hemos asumido la responsabilidad de producir y de formar una generación de dirigentes, tecnócratas y lideres que sean capaces de ser gobernados mejor. Lo que ha habido es un acomodamiento de las élites, cada una en su burbuja”, señaló Gutiérrez.

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Destacó que las administraciones gubernamentales que ha tenido el país ha sido por personas que no tenían un plan de Gobierno claro.

Agregó que para este proceso electoral es probable que existan muchos candidatos improvisados y de último momento que solo buscarán perpetuar el modelo “nefasto” que tiene al país sumido en la crisis.

También cuestionó que en nuestro país “desempolvamos la democracia cada cuatro años”, a la hora de las elecciones, y luego la ciudadanía se olvida.

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Luego hizo énfasis en la situación política que vive en Venezuela que, siendo el país más rico de la región, vive una de las peores crisis políticas.

Su discurso fue la apertura del IV Encuentro Ciudadano ¿Elecciones libres… o democracia secuestrada?, con los panelistas son Luis Alberto Lacalle, expresidente de Uruguay; Andrés Pastrana, expresidente de Colombia; Diego Arria, excandidato a la presidencia de Venezuela, y Felipe Calderón, expresidente de México.

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Con este crimen, el partido ya suma dos víctimas que habrían aspirado a cargos públicos este año.

Mauricio Radford, candidato presidencial del partido, confirmó el crimen contra Peña.

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El político recordó que Peña se había dedicado al altruismo, ayudando a pacientes enfermos renales.

“Trabajó mucho el tema de diálisis en el municipio y organizaba un bus que trasladaba personas de allá -Tiquisate- para la capital para que hicieran su tratamiento”, dijo Radford.

“Fue un gran profesional y una persona de bien. Realmente me siento muy afectado”, lamentó.

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El candidato demandó que las fuerzas políticas del país se comprometan en un pacto de no agresión.

“Esto no se vale. Esta no es la forma de resolver participaciones políticas. Realmente exhorto a que hagamos un pacto de no agresión, pero que realmente aquellos que tienen tanta gente mala en sus filas haga conciencia de que esto no puede seguir así”, expresó.

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El partido Fuerza suma ahora dos aspirantes fallecidos por violencia. Arturo Juc Caal, precandidato a alcalde de La Tinta, Alta Verapaz, fue ultimado el 21 de enero.

“Con esto, ¿quién va a querer participar? Se inhibe el sistema de participación político porque al final de cuentas todo queda impune. No hay una participación del Ministerio de Gobernación y acá debería entrar el Ministerio Público a hacer su trabajo y hacer una investigación técnica y profunda que realmente haga que las cosas funcionen de una manera diferente en el país”, concluyó Radford.

Óscar Schaad, fiscal de Delitos Electorales del Ministerio Público, señaló que este es un delito contra la vida y no electoral por lo cual el caso deberá investigarse desde otra Fiscalía.

Luis Gerardo Ramírez, vocero del Tribunal Supremo Electoral, lamentó el hecho y señaló que la semana pasada la magistrada María Eugenia Mijangos hizo un llamado para evitar la violencia electoral.

“Se espera que este proceso electoral se lleve en paz, se sabe que complejo, pero hay que destacar los valores democráticos para que este tipo de prácticas se erradiquen y ya no ocurran”, añadió el portavoz.

Conflictividad

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) instaló una mesa para la prevención de la conflictividad electoral.

Para el efecto se acompaña en la mesa del Ministerio Público (MP), la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes), la Fundación Internacional para Sistemas Electorales (Ifes, en inglés), Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, la Cooperación Alemana, la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) y ONU Mujeres.

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“Desafortunadamente el escenario político que ha sido bastante agitado a nivel nacional se está trasladando al escenario electoral. Ustedes que son los principales actores de esta contienda y nosotros tenemos que dar el ejemplo de una conducta que tenga una madurez y un equilibrio muy especial”, dijo recientemente María Eugenia Mijangos, magistrada del TSE, quien preside la mesa sobre conflictividad, a representantes de los partidos políticos.

El TSE tiene claro que esta no va a ser una contienda fácil. “Sería bueno que se abone en el desarrollo democrático en Guatemala y que no volvamos a tener escenarios de conflictividad y enfrentamientos inútiles, que realmente como partidos políticos que son ustedes y que son los enlaces con la población den ese gran ejemplo de objetividad para el desarrollo democrático de Guatemala”, reflexionó la magistrada.

Los antecedentes sobre conflictividad hablan por sí solos. En 2015, hubo que repetir elecciones para corporaciones municipales en 11 municipios y hubo 20 crímenes, 15 de esas víctimas relacionadas con partidos políticos.

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La noche del 19 de enero, Lau López había sido detenido por la Policía Nacional Civil (PNC) cuando se conducía en un vehículo del Organismo Legislativo en el cual llevaba un arma de fuego sin licencia de portación y con reporte de robo, pero fue dejado en libertad horas después porque el Ministerio Público (MP), aparentemente, no pudo presentar pruebas para ligarlo a proceso.

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Por tal motivo la Fiscalía Municipal de Mixco presentó una apelación a la resolución judicial la cual fue declarada con lugar este lunes.

“En la apelación la fiscalía argumenta que desde el momento en que —Lau López— fue sorprendido con un arma de fuego de la cual que no tenía documentación ya existía la comisión de un hecho delictivo”, afirmó Julia Barrera, portavoz del MP.

La resolución de la sala, presidida por el magistrado Fredy Fernández, detalla que el Juzgado de Mixco debe fijar una nueva fecha para la audiencia.

Barrera explicó que esta solo servirá para fijar un plazo al MP para que profundice en la investigación, y para revisar las medidas cohercitivas, es decir, determinar si Lau López sigue en libertad o se le dicta prisión provisional.

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Los hechos

Según el informe circunstanciado, el joven de 20 años amenazaba con una pistola a personas que se encontraban en las canchas deportivas de la colonia Jardines de Minerva 2, zona 11 de Mixco, en horas de la noche del 19 de enero.

Los agentes policiales llegaron al lugar luego de recibir denuncias de que un hombre a bordo de un picop blanco amenazaba con una pistola a a otras personas.

El reporte señala que cuando los policías llegaron el joven “se abalanzó” sobre ellos.

Los agentes determinaron que el vehículo era propiedad del Organismo Judicial; sin embargo, por el número de placa se confirmó que pertenece al Congreso.

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El informe policial indica que el interior del vehículo se localizó la pistola Pietro Beretta, propiedad del Ministerio de Gobernación y que fue reportada como robada el 17 de enero pasado por un agente que pertenece a la división de Protección de Personas y Seguridad de la PNC.

Lau López no presentó la licencia que le permite portar el arma, por lo que fue trasladado al Juzgado de Turno de Mixco, junto con el vehículo y la pistola.

Que resuelva su situación

A los pocos minutos de conocerse la resolución, el diputado Lau Quan se pronunció y afirmó que “la responsabilidad penal es personalísima a él —su hijo— le corresponde como mayor de edad resolver su situación”.

“Es bueno que el pueblo de Guatemala a la larga se dé cuenta cómo son las circunstancias del hecho y ojalá que se ventile dentro de los tribunales como corresponde. Él resolverá su situación jurídica a mí no me pone ninguna preocupación, la justicia es la justicia y que bueno que el pueblo se dé cuenta de que en un tribunal se pueden resolver las cosas”, agregó el legislador.

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“Se han estado reuniendo los tres presidentes y ese es uno de los puntos de la agenda de que están platicando. Hay muchos otros -temas en la agenda-, pero estoy casi seguro que este es uno, aunque no he participado en esas reuniones”, dijo Linares al programa Con Criterio.

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Linares se refería a un decreto que derogue el 35-2007, que aprueba el acuerdo de ONU y el Gobierno de Guatemala para dar vida a la comisión.

Después, en rueda de prensa, el legislador expresó: “No es expulsar a la Cicig, eso ya lo hizo el Ejecutivo. Yo conjeturo que las reuniones de los tres presidentes de los organismos del Estado son para ese tema -la promoción del decreto- y otros temas”.

“El punto de la Cicig es muy claro. Es atribución del Ejecutivo, ya la expulsó, pero como en el 2007 hubo un decreto del Congreso -el 35-2007- respaldando la decisión del Ejecutivo. Es menester que el mismo Congreso termine con este decreto que respaldó la decisión del Ejecutivo”, añadió.

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En ese mismo sentido, Linares recordó que él cuenta con un proyecto de iniciativa para derogar el 35-2007, pero está buscando apoyo para promover esa iniciativa y quiere contar con el apoyo del Ejecutivo, Judicial y Legislativo.

Sobre su iniciativa, el legislador dijo que los considerandos señalan “cuestionamientos en la forma en que está la Cicig, que da tanto poder al comisionado”.

Según Linares, cuando se creó la Cicig, se le dio tantos poderes y se creó un organismo “impune, entonces no sirve”, porque ya ha corrompido la institución a tres comisionados anteriores, y citó a Carlos Castresana, Francisco Dall´Anese e Iván Velásquez.

“Entonces las instituciones tienen que tener pesos y contrapesos, formas de controlar al que va a estar al mando de esa institución”, declaró.

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“Y como se hizo mal el mandato en el 2007 y se le dio demasiados poderes, la misma institución ha corrompido a las personas que la han dirigido y se presta para abusos”, añadió.

Otro tema que cree Linares que se pudo haberse tratado en aquellos encuentros son “las decisiones de la Corte de Constitucionalidad de intromisión que están fuera de sus atribuciones constitucionales”, en específico habló de tres magistrados “que han venido tomando decisiones tiránicas como si fueran los dueños del país”.

Linares indicó que ese proyecto de iniciativa se lo entregó hace alrededor de tres semanas al presidente del Congreso, Álvaro Arzú Escobar, a quien le habría parecido una buena idea, pero Arzú Escobar negó ese extremo.

El legislador dijo que Arzú Escobar estaría “buscando consenso” y confía en que la iniciativa “le gustó porque va a la cola de la decisión que ya tomó el Ejecutivo”.

A puertas cerradas

Los tres presidentes de los organismos de Estado, Jimmy Morales, del Ejecutivo; Nester Vásquez Pimentel, de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), y Álvaro Arzú Escobar, del Congreso, han tenido dos reuniones privadas en días recientes, el 29 de enero y el 7 de febrero.

En ninguna ha habido convocatoria a los medios y de hecho se ha sabido de las reuniones porque el vehículo que transporta a Morales ha estado parqueado en el Palacio de Justicia y frente al Palacio Legislativo.

Sobre el primer encuentro, los organismos indicaron que fue un almuerzo por invitación de Pimentel y Arzú Escobar, donde los tres presidentes hablaron sobre “muchos temas”.

En la segunda, que fue en el Congreso, ese organismo informó que la reunión fue en reciprocidad a la primera, casual, y sin temas de agenda.

La última reunión tardó dos horas y, ante la presencia de Morales en ese organismo, la seguridad cerró la novena avenida y restringió el acceso a pasillos dentro del edificio.

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“Cabe destacar que los presidentes de los —tres— poderes del Estado, en el marco de la independencia de poderes, mantienen una relación cordial, respetuosa y una comunicación fluida por el bien de la estabilidad de la República”, precisó la Dirección de Comunicación del Congreso.

Hablan los organismos

En Twitter, Arzú Escobar dijo que el tema de Cicig no se ha abordado en las reuniones, que han sido de cortesía, y calificó de “irresponsabilidad total” lo dicho por Linares, ya que no ha estado presente en esos encuentros.

La Presidencia del Congreso de la República aclara: pic.twitter.com/I6aR2NSWvw

— Alvaro Arzú E (@AlvaroArzuE) February 11, 2019

Aparte, Vásquez dijo en rueda de prensa que las reuniones han sido “positivas” y que debe haber coordinación entre los tres poderes del Estado para hacer cada uno su trabajo.

Agregó que debe haber “armonía” entre los tres organismos, en la búsqueda de bienestar de los guatemaltecos.

Lucy Barrios, subsecretaria de Comunicación de la Presidencia, fue consultada sobre si las reuniones son para derogar el acuerdo de Cicig, y su fue respuesta una declaración anterior del presidente Morales: “Los tres presidentes de los tres organismos de Estado estamos trabajando de la mano en temas de Estado y tenemos una muy buena relación”.

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Mario Siekavizza, portavoz de la CSJ, también fue consultado y su respuesta fue: “Las reuniones han sido meramente informales y que los comentarios fuera de los tres presidentes del Estado son meras especulaciones”.

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La inasistencia de diputados al pleno del Congreso va en alza. La semana pasada las tres sesiones del Legislativo duraron como máximo 30 minutos y se anticipa que para esta semana la situación no cambiará, a pesar de una nueva oportunidad para pasar un préstamo que focalizaría la atención para las personas que sufren los embates más duros de la desnutrición.

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El primer período de sesiones ordinarias de este año comenzó el 14 de enero, desde entonces se han celebrado nueve plenarias, siete de las cuales han sido dedicadas a la interpelación del ministro de Desarrollo Social, Carlos Velásquez Monge.

Pese a que la ley da la oportunidad de agendar una sesión extra a la semana para tocar temas legislativos, los jefes de bloques dejaron en claro que hay resistencia por parte de algunos congresistas para llegar a una sesión los jueves. Otros diputados han señalado que esto se debe a la cercanía del proceso electoral, ya que trabajan en sus bases.

La parálisis en el Legislativo puede medirse con números. En las primeras tres sesiones celebradas en enero, los niveles de inasistencia fueron bajos. Las cifras registradas por la Dirección Legislativa apuntan a que solo el 23 por ciento del total de diputados faltó a la plenaria, es decir, 37 de 158 congresistas.

Conforme avanzó la interpelación y los temas de agenda se veían limitados, los faltistas aumentaron. Los datos registran que entre la cuarta y sexta sesión hubo una inasistencia de entre el 36 y 50 por ciento de los diputados, o sea, hasta 81 diputados ausentes.

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Coincidencia electoral

Para la sesión en la que se intentó conocer el préstamo de Crecer Sano, el nivel de ausencias llegó a un 31%, 49 diputados ausentes. Pero la sesión fue levantada debido a que no se lograron consensos para aprobarlo.

Ese lunes 4 de febrero hubo una noticia que sacudió a los diputados. El Tribunal Supremo Electoral (TSE) confirmó que solicitó una investigación al Ministerio Público contra siete partidos por financiamiento anónimo en la campaña de 2015.

Las pesquisas fueron solicitadas contra Compromiso, Renovación y Orden (Creo), Encuentro por Guatemala (EG), Partido de Avanzada Nacional (PAN), Unión del Cambio Nacional (UCN), Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), Visión con Valores (Viva) y Todos, que suman 69 diputados.

El efecto de la noticia se sintió con más fuerza al día siguiente, el martes 5, cuando la asistencia al pleno fue del 45%, y la cita duró menos de lo esperado, 30 minutos. La interpelación ni siquiera se retomó.

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El miércoles 6 fue el peor día. En la mañana trascendió un caso en contra de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y se pidió el retiro de la inmunidad de cuatro diputados. La ausencia fue del 66%, es decir, solo 53 parlamentarios acudieron al pleno y la sesión duró 15 minutos. Tampoco se alcanzó el quórum para retomar el juicio político.

¿Y el préstamo?

La interpelación contra Velásquez Monge continuará y los congresistas interpelantes aún tienen pendiente alrededor de cien preguntas base y las repreguntas.

Ya han manifestado que el juicio político podrá finalizar en la medida que los demás diputados asistan a las sesiones, lo cual se ha tornado complicado.

En medio del bloqueo a la agenda legislativa, los jefes de bloques acordaron que hoy se haga un último intento para aprobar el préstamo Crecer Sano.

Carlos Barreda, diputado de la UNE, denunció que la razón por la que el préstamo no fue aprobado la semana pasada era porque habían varias enmiendas que buscaban cambiar a las unidades ejecutoras y trasladar fondos específicamente a la Secretaría de Seguridad Alimentaria (Sesán), lo que se prestaría a un uso político y clientelar del préstamo.

Javier Hernández Franco, jefe del oficialismo, explicó que luego de una reunión con varios jefes de bloques se tomaron en cuenta sus inquietudes y se buscará que el 75% de los fondos del crédito sea ejecutados por el Ministerio de Salud y el 25% por el de Desarrollo Social, lo que deajaría fuera a la Sesán.

Ayuda a la niñez

El proyecto Crecer Sano es la iniciativa 4353 y su objetivo es mejorar las prácticas y conductas conocidas como factores de riesgo de la desnutrición crónica, con énfasis en los primeros mil días de vida en las áreas de intervención.

Este proyecto apoyará la implementación de la Estrategia Nacional para la Prevención de la Desnutrición Crónica 2016-2020, con un conjunto de acciones de manera escalonada en los municipios de siete departamentos seleccionados con base en las altas tasas de mortalidad materna, mortalidad infantil y corta talla en una gran cantidad de niños menores a cinco años y con una alta proporción de población indígena y rural.

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Parálisis se extiende a comisiones

El bloqueo que hay en la agenda legislativa se ha extendido a las comisiones de trabajo, pues estas muestran pocos avances en su labor diaria. Queda de manifiesto al ver que a poco de cumplir un mes del primer período de sesiones ordinarias únicamente 12 de 37 salas tienen integrantes.

Los datos de la Dirección Legislativa, proporcionados al 8 de febrero último, señalan que de las 12 comisiones conformadas únicamente la de Probidad ha elegido a su vicepresidente y secretario. Esto quiere decir que las dos terceras partes del total de salas de trabajo aún no se han integrado y por lo tanto no pueden hacer labor de fiscalización, dictaminar iniciativas o tomar el papel de mediadoras.

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Integrantes de organizaciones que velan por la transparencia critican la poca importancia que el Congreso parece darle a la elección de contralor, sobre todo por ser un año electoral.

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La Comisión de Postulación tuvo problemas para comenzar a trabajar debido a errores de procedimiento cuando se convocó a su integración, eso provocó que hasta el pasado 10 de diciembre su presidente, Félix Serrano, entregara al Legislativo el listado de seis aspirantes a contralor general de Cuentas.

Debido a que en ese momento el Congreso se encontraba en el período de receso de sesiones ordinarias, no hubo oportunidad de convocar a una sesión exclusiva para elegir al contralor.

Incluso los jefes de bloques en su momento consideraron prudente hacer la elección cuando se reiniciara el período de sesiones ordinarias, el cual comenzó el pasado lunes.

Fuera de agenda

En la sesión de la Instancia de Jefes de Bloques no se agendó la elección del contralor, pese a que la bancada oficial pidió que se incluyera en la agenda, al hacer referencia a que el puesto está vacante desde hace más de tres meses.

La negativa de los diputados de incluir la elección del contralor en las sesiones de esta semana, e incluso ni siquiera discutir la propuesta, dejó de manifiesto que no hay consensos para efectuar en este momento la elección.

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Ileana Calles, subjefa del oficialista Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), y quien pidió que se agendara la elección del contralor, al ser abordada al respecto confirmó que aún no hay consenso para elegir a un candidato. La congresista manifestó que harán una reunión con los miembros de la bancada para decidir a cuál aspirante apoyarán y cuál será el procedimiento que tomarán para cabildear con las demás bancadas.

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“Por el momento no hemos tenido acercamiento con ninguna bancada, lo mencionamos —la elección del contralor— porque es importante, pero como bancada tenemos que discutirlo”, aseguró Calles.

Edna Soto de Kestler, subjefa de la bancada Todos, presentó un argumento similar al de su colega y confirmó que en su bloque aún no se han reunido a discutir este asunto.

“Estamos iniciando un período de sesiones y lo más probable es que en la próxima reunión que tengamos los discutiremos. Aún no podemos indicar a quién apoyaremos porque aún falta una discusión y después de eso podríamos tener elementos para fijar una postura”, aseveró Soto.

Rudy Castañeda, jefe de   Unión del Cambio Nacional (UCN), explicó que su postura como bancada es esperar a tener una reunión con los con les jefes de bancada para buscar los pro y contra de los aspirantes.

Castañeda confirmó algo que ya se venía mencionando, de la nómina de seis candidatos, tres son los que más probabilidades tienen de resultar electos,

“—Carlos— Chavarría, —Edwin— Salazar y —César— Elías son los tres que se mencionan en los corrillos del Congreso”, pero   lo analizarán en la instancia de jefes de bloques, señaló.

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 Critican tardanza

Eddy Cux García, integrante de Acción Ciudadana, considera “problemático” e “irresponsable” que el Congreso aún no haya electo al contralor general de Cuentas e incluso señaló que puede resultar conveniente para ellos.

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Destacó que, en este momento, cuando hay un proceso electoral en marcha, “la Contraloría juega un papel importante respecto de la entrega de finiquitos”.

“Es problemático y el Congreso debe elegir lo antes posible a una persona que llene los criterios de idoneidad, capacidad y honradez que exige la Constitución y las leyes”, afirmó.

Carmen Aída Ibarra, del Movimiento Pro Justicia, señaló que puede ser posible que algunos diputados utilicen la elección del contralor como moneda de cambio y que pareciera que es cierto “que aún no se han ocupado del tema entre las bancadas”.

La experta opina que no sería raro que algunos candidatos a contralor ya tengan acercamiento con diputados de forma privada, lo cual es usual en estas elecciones, pero no necesariamente es lo mejor.

“Lo ideal sería que se hiciera un proceso institucional y no agazapados en oficinas, por ejemplo, hacer entrevistas, ya sea de bancadas o comisiones como la de Probidad, para que examinen los planes que tienen los seis candidatos”, recomendó Ibarra.

Tanto Cux García como Ibarra coincidieron en que es bueno que los diputados se tomen un poco de tiempo para evaluar de manera adecuada y objetiva a los candidatos, pero tampoco que lo hagan eterno, para que definan abordar el tema y cuáles serán los mecanismos para escuchar a los candidatos y que procedan para programar la elección.

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En la resoluición, la Corte también exhortó a las instituciones de Gobierno a facilitar el funcionamiento de la Comisión.

Hubo cuatro votos a favor del amparo, de los magistrados Gloria Porras, Boanerge Mejía, Francisco de Mata Vela y Neftalí Aldana, y uno en contra, de la magistrada presidenta Dina Ochoa, quien razonó su voto.

Una de las primeras reacciones fue la aparición en varios puntos de la capital de mantas negras con la imagen de los cuatro magistrados de la CC que votaron a favor de la resolución con la frase “Traidores de la patria”.

Dichas mantas fueron retiradas por personal de limpieza de la Municipalidad capitalina e incluso una de ellas fue retirada por una mujer.

Una de las primeras en pronunciarse fue la congresista demócrata de origen guatemalteca Norma Torres, quien en Twitter señaló: “El tribunal supremo de Guatemala ha dictaminado suspender el intento del Gobierno de —Jimmy— Morales de expulsar a Cicig”.

Torres agregó que “para que Guatemala siga siendo una democracia, el Gobierno debe respetar la decisión de la Corte y permitir que la Cicig termine su mandato”.

.@CC_Guatemala, Guatemala’s highest court, has ruled to suspend the Morales administration’s attempt to expel @CICIGgt. If Guatemala is to remain a democracy, the government must respect the court’s decision and allow CICIG to finish its mandate. https://t.co/B8KzrzCKtN

— Rep. Norma Torres (@NormaJTorres) January 9, 2019

El secretario de Comunicación Social de la Presidencia, Alfredo Brito, informó a Prensa Libre a eso de las 8 horas que el Ejecutivo todavía no había sido notificado de la resolución de la CC.

Brito no brindó más detalles.

De la misma forma Marta Larra, vocera de la Cancillería Guatemalteca, informó que de momento no hay ni pronunciamiento ni rueda de prensa al respecto de este tema.

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“Somos un ente puramente técnico, y es importante, no estamos hablando de un tema migratorio y no nos compete, la seguridad está sujeta a nuestra administración. Incluso tuvimos el uso no autorizado de la salida por protocolo”, señaló el funcionario.
 
Agregó que debido a esa situación recibieron una carta “con mucha preocupación” por parte de la OACI, pues se enteró por medio de medios de comunicación de lo que sucedió en el país.
 
“Esto, como anteriormente lo comunicaba, pone en peligro nuestras certificaciones internacionales del Aeropuerto la Aurora y como Estado de Guatemala”, señaló el congresista.
 
Prensa Libre se comunicó a la Oficina Norteamérica, Centroamérica y Caribe de la OACI para confirmar si habían enviado una carta a la DGAC, pero ya se indicó que ya no había nadie que podía proporcionar esa información.

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Seguidamente el asesor legal de la DGAC señaló que analizan presentar las acciones correspondientes contra las personas que no siguieron los protocolos del aeropuerto.
 
“Actualmente la DGAC derivado de los informes que han emitido las jefaturas de seguridad aeroportuaria está en la etapa de análisis de los videos, testimonios y demás documentación que se originó derivado de los hechos para después ejercer las acciones legales que corresponden”, afirmó el asesor legal.
 

Filtración de imágenes

En contraste con la denuncia que hacía el director de la DGAC que la entrada de fiscales había vulnerado la seguridad del Aeropuerto, minutos antes de la conferencia transcendió que desde la cuenta de twitter del ciudadano ruso Igor Bitkov se habían difundido dos fotografías presuntamente de las cámaras de seguridad de la terminal aérea.

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Bitkov, quien fue condenado a siete años de prisión por un caso de migración irregular, difundió en su cuenta de red social dos fotografías acompañadas del texto “Aquí están” al hacer alusión a que las personas que se miraban en la imagen son trabajadores de la Cicig.
 
En una publicación anterior Bitkov precisó: “Les comento que extranjeros de Cicig están en este momento en el counter de Avianca chequeando para salir de Guatemala. Entre ellos el colombiano Yilen Osorio quien fue la persona que ingresó ilegalmente y por la fuerza a nuestro país hace unos días”.
 
“Igualmente me tomó de forma sorpresiva verlas. Haremos también las investigaciones del caso”, respondió el director de la DGAC, al ser cuestionado sobre cómo obtuvo Bitkov las imágenes. 

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La polémica comenzó porque varios usuarios de esa red social comenzaron a cuestionar de dónde salieron las fotografías.

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El periodista Luis Assardo escribió al respecto: “Increíble como un 'preso político' en Guatemala tiene acceso a las cámaras de vigilancia del AILA, cuando hace menos de 24 horas el presidente se quejó que el Ministerio Público violó la seguridad de este lugar”.

Francis Argueta, director de Aeronáutica Civil, dijo que lo tomó por sorpresa ver la difusión de las fotos y que hará las averiguaciones respectivas.

La versión del funcionario se obtuvo en una conferencia de prensa que ofreció, pero ya no contestó a más preguntas sobre el tema.
 
Anteriormente, Conrado Monroy, portavoz de Aeronáutica Civil, dijo que la institución tendría que revisar para determinar si son imágenes tomadas del sistema de seguridad del aeropuerto.

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También se contactó con Rolando Alvarado, abogado de Bitkov, a quien se le consultó si esas fotografías era de la cámara de seguridad de la terminal aérea y, si era así, cómo las pudo obtener Bitkov.

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“En las cuentas Support The Bitkovs e Igor —Bitkov— llega información y fotografías, puede ser que hayan sido recibidas por el inbox de Facebook o en mensaje directo de Twitter, pero no tengo el origen de la fotografía”, respondió el abogado.
 
Alvarado añadió que las fotografías: “No son tomadas directamente por alguien del equipo” y no dio más detalles al respecto.

Los Bitkov fueron presentados el lunes por el presidente Jimmy Morales como familia víctima de los abusos que cometió Cicig en el caso Migración. Además de ellos, otras tres familias respaldaron al gobernante en su decisión de dar por concluido el acuerdo de la comisión.

La Cicig activó este martes un “plan de contigencia” para su personal y materiales, el mismo día en que, para el Gobierno guatemalteco, ha concluido el acuerdo de creación de la comisión, algo que la ONU rechaza porque subraya que el mandato vencerá hasta septiembre.

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Agregó que el presidente “se ha involucrado en un patrón de comportamiento que ha socavado el sistema de justicia de Guatemala y ha llevado al país al borde de una crisis constitucional”.
 
“Morales unió fuerzas con miembros del Congreso de Guatemala, muchos de los cuales también están bajo investigación. El Congreso de Guatemala ha promulgado leyes para permitir que los delincuentes violentos salgan de la cárcel mediante el pago de multas, y actualmente está tratando de eliminar a magistrados claves de la Corte Constitucional”, afirman a través del comunicado.
 
La Asociación de Estudiantes Universitarios Oliverio Castañeda de León de la Universidad de San Carlos también emitió pronunciamiento por esta situación.

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“El Gobierno de Guatemala acaba de cometer una acción ilegal, contraria al Derecho Internacional. No es su facultad fijar plazo a la ONU. Esta decisión va en perjuicio del futuro del país. El miedo de los criminales los orilla a hacer lo que sea en defensa de su impunidad”, señaló en su cuenta de twitter.
 
Mientras que la premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú Tum, también se pronunció al respecto y dijo: “La decisión unilateral de presidente Jimmy Morales de dar por terminado en un plazo de 24 horas, el Acuerdo de creación de la Cicig anunciada en Nueva York por la Ministra Jovel, es una señal más del progresivo rompimiento institucional y el Estado de Derecho”.

“El Presidente por el contrario no tiene ninguna facultad exclusiva, ni legal para hacerlo. De acuerdo al Derecho Internacional constituye una aberración jurídica, quién viola gravemente el Derecho y las Convenciones Internacionales es el Presidente Morales, ministros y asesores”, agregó la premio Nobel de la Paz.

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pic.twitter.com/Ph97Q5Pbxb

— Luis von Ahn (@LuisvonAhn) January 8, 2019

El destacado innovador tecnológico Luis von Ahn se manifestó de esta forma en su Twitter. 

El procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, también se pronunció e indicó que “el presidente de la República no está por encima de la ley. El acuerdo de Cicig es una ley interna. El accionar del presidente transgrede la ley. Una vez más el MP y la CC tienen la responsabilidad trascendental de restablecer el Estado de derecho”.
 
Eliot L. Engel, presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de EE. UU. emitió una declaración sobre el esfuerzo del Gobierno de Guatemala para cerrar de inmediato la Cicig

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Asegura que hoy “es un día triste para Guatemala”  y que el anuncio del Gobierno de Guatemala no solo es una violación del derecho internacional y de Guatemala, sino también un gran golpe para el pueblo guatemalteco en su continua lucha por una sociedad justa en la que prevalece el imperio de la ley.
 
El representante instó a todos los actores políticos guatemaltecos a respetar la independencia del país, las instituciones. “En los próximos días el Congreso tendrá que volver a evaluar la relación de los Estados Unidos con Guatemala para garantizar que respeta los derechos humanos y el estado de Derecho”, indicó.
 
También instó al Gobierno de Guatemala a garantizar la seguridad de todo el personal de la Cicig, tanto el empleado local como el internacional. “Cualquier daño al personal de la Cicig solo manchará aún más la reputación de la administración de Morales”, precisó.

La organización Impunity Watch también se pronunció e indicó que respalda la posición del Secretario General  Antonió Guterres y que el Gobierno de Guatemala debe cumplir sus obligaciones internacionales y respetar la integridad del personal de la Cicig.

Aunque se ha intentado obtener la postura de sectores empresariales del país sobre esta decisión y posibles efectos para el país, hasta ahora no se han manifestado. 

Además, en horas de la mañana de este martes, el Frente Ciudadano contra la Corrupción se sumó a las voces que rechazan la decisión gubernamental. 

En un comunicado se refirió a la acción como un “debilitamiento del Estado de Derecho” que ha liderado el presidente Morales. Hizo un llamado a “unirnos como país”, puesto que todos los ciudadanos honrados que trabajan en pro de mejorar las condiciones de vida de los guatemaltecos están conscientes de que la única manera de lograrlo pasa por que prevalezca el estado de derecho, y si se respeta la independencia de poderes. 

Agregó que en manos de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad está restablecer el orden, por lo cual hizo un llamado para que resuelvan las acciones pendientes que distintos sectores han presentado. 

Apoyan decisión

La agrupación Guatemala Inmortal instó a sus afiliados y la población en general a que apoyen la decisión del Gobierno de terminar el acuerdo que sustenta a la Cicig. 

“La Cicig se fue apoderando del sistema de justicia (…) y la poca confianzan que había en los jueces desapareció por culpa de la Cicig”, dijo José Luis González Dubón, de la Liga Propatria, en conferencia de prensa, horas después de las declaraciones de Jimmy Morales. 

González también criticó la respuesta que dio el secretario general de la ONU, António Guterres, a la decisión de Morales, la cual rechazó enérgicamente. 

“El sinvergüeza de Guterres no acepta el fin del convenio, pide que el Gobierno cumpla con sus compromisos cuando él no cumplió”, dijo González, interrumpido por los gritos de “fuera la Cicig” por parte del grupo que lo acuerpaba. 

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Lau dijo que se leyó el oficio y sin dar más detalles aseguró que luego de analizarlo quedaría pendiente de convocar al pleno  para conocer esos resultados y enfatizó que aún no hay fecha para la convocatoria de dicha sesión.
 
Minutos después Estuardo Galdámez se presentó al Congreso y entregó la copia del oficio que el entregó a los miembros de la Comisión Permanente del Congreso de la cual también es miembro:

De acuerdo al convenio de creación de la Cicig, solamente el Organismo Ejecutivo tiene la facultad de decidir la continuidad de la Comisión, por lo que el Congreso solo podría emitir una opinión no vinculante. Las intenciones del diputado oficialista se dan horas antes que la canciller Sandra Jovel se reúna con el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, António Guterres. 

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Las peticiones de Galdámez

El oficio presentado por Galdámez, y hecho público luego de la reunión de la Comisión Permanente, se resume en tres peticiones puntuales: 

1. Que se analice inmediatamente las actuaciones de la Cicig “en relación a los últimos acontecimientos y determinar, que si sus actuaciones son contrarias a la institucionalidad, al Estado de Derecho y buena gobernanza del país”. Además, se pide al Congreso que se solicite al Organismo Ejecutivo que expulse a la Cicig y deje sin efecto sus actuaciones para lo cual fue convenida.
2. El diputado Galdámez también pide al Congreso que se manifieste públicamente por la “extralimitación de las funciones que le confiere la Constitución Política de la República de Guatemala, a la Corte de Constitucionalidad”. Justifica el legislador que todo lo relacionado a la política exterior corresponde al jefe del Ejecutivo, Jimmy Morales. 
3. Por último, se sugiere solicitar a la Cancillería que intervenga ante las Naciones Unidas para que se encuentre una alternativa a la problemática que existe entre el acuerdo de creación de la Cicig. 

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A través de twitter, durante el fin de semana, el diputado Estuardo Galdámez señaló que la Comisión “únicamente trajo a Guatemala muerte, división, tortura —e— irrespeto a la Constitución Política de la República”.

Argumentos

“Nadie de nosotros, los ciudadanos, podemos actuar en base a lo que nosotros queremos de forma particular; para eso tenemos la Constitución que es nuestro gran pacto y es la que rige las relaciones tanto del Gobierno y los ciudadanos”, indicó Galdámez cuando fue abordado.
 
Confirmó que presentó el oficio y que busca que se convoque a una sesión plenaria extraordinaria del Congreso para que “los diputados analicen de forma y de fondo las actuaciones que se realizaron el fin de semana”.
 
“El caso es claro, el problema surgió por un extranjero que pretendía ingresar a Guatemala sin visa. En ningún lugar del mundo un extranjero que se presente sin visa a un país extranjero lo van a dejar entrar”, aseveró el congresista.

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Galdámez aseguró que “la CC se extralimitó en sus funciones al reunirse de manera extraordinaria el domingo y dar una resolución en la cual se le permite a ese extranjero, sin visa, ingresar al territorio nacional”.
 
“Le recuerdo a la CC que sus facultades y funciones están establecidas y limitadas en la misma Constitución. Son la defensa de la Constitución y no es facultad de la Corte emitir fallos a favor de una ley ordinaria”, declaró el congresista.
 
Agregó que la política exterior es competencia exclusiva del presidente del país. “El artículo 183 inciso O de la Constitución que esa función es del presidente y no dice en ningún momento CC”, puntualizó.
 
“Mi carta es clara para que el Congreso entre a sesionar de manera extraordinaria y haga un análisis retrospectivo  sobre las actuaciones de las instituciones del Estado que participaron en lo sucedido en el aeropuerto y que se deduzcan las responsabilidades por abuso de autoridad y por violentar la constitución”, puntualizó Galdámez.

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Arremete contra la CC

A Galdámez se le consultó sobre la iniciativa de ley que busca disolver a la CC y que sus funciones pasen a una cámara dentro de la Corte Suprema de Justicia.
 
“Es por las actuaciones que la CC empezó el sábado y domingo es por la que estamos pensando presentarla al Pleno para que sea aprobado por 105 votos y que posteriormente el pueblo mediante una consulta popular diga si o no a la CC”, agregó Galdámez.
 
El congresista volvió a arremeter contra los magistrados y aseguró que “la resolución —del domingo— es ilícita porque  no les compete y violaron la Constitución e incurrieron en traición a la patria”.
 
Sin embargo, el congresista no supo precisar cuándo se presentaría dicha iniciativa de ley ante el pleno para que comience su camino legislativo para convertirse en ley.

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Opiniones divididas

Varios jefes de bancada han mostrado puntos de vista encontradas ante la propuesta del diputado oficialista Estuardo Galdámez.
 
Fernando Linares-Beltranena, subjefe del Partido de Avanzada Nacional  (PAN), señalo que es una función del Ejecutivo denunciar los tratados, aunque hay un procedimiento legal para hacerse, cuando se trata de un estado de seguridad nacional se pueden tomar decisiones provisionales importantes.
 
Calificó a la Cicig como “un arma de fuego del Ejército”, y, como ejemplo, dijo que: “Una granada o una bazuca son tremendamente útiles, pero cuando se ponen en manos de particulares y se abusa de ellos hay que prohibirlo”.
 
El congresista también  coincidió en que la CC se ha extralimitado en sus funciones, y según él, “ha estado rompiendo el orden constitucional, es decir tomando decisiones que no le competen”.

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Linares-Beltranena aseguró que “no todo lo que dice la Corte hay que aceptarlo”, y como ejemplo, dijo que si la CC dice que alguien se tiene que tirar de un puente esta persona seguramente no lo haría.
 
Mientras tanto Orlando Blanco, jefe de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), señaló que hay que analizar las dos situaciones.
 
“Por un lado nos parece que Naciones Unidas debe generar una línea de comunicación certera con el Gobierno para dirimir las diferencias. El presidente no puede promover el incumplimiento de resoluciones judiciales, porque genera ingobernabilidad”, aseguró el congresista.
 
Para Blanco “lo lamentable es que lleva al país a un nivel de confrontación política ideológica que está teniendo consecuencias económicas, en lo social y gestión gubernamental” y abogó para que el Gobierno y Naciones Unidas adopten posiciones más maduras y resolver el conflicto de forma diplomática como lo ha reiterado la CC.

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Nineth Montenegro, jefe de Encuentro por Guatemala, estimó que no es facultad del Congreso desconocer a la Cicig. 
 
“Entiendo que el 18 de septiembre termina el mandato de Cicig, y el presidente dijo que no lo iba a renovar. Denunciarlo con antelación no es posible porque tiene que ser de conformidad con ambas partes y anunciarlo con 12 meses de antelación a quien corresponde”, indicó Montenegro.
 
Mientras que Carlos Chavarría, subjefe de Creo, aseveró que lo propuesto por Galdámez es una acción imprudente.
 
“Más pareciera que no le corresponde al Congreso, si el Ejecutivo ya no renovó el convenio que se espere la fecha”, puntualizó,

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Esta información fue confirmada por el Departamento de Pronósticos del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), que señaló que el primer frente frío del año ingresó este miércoles.
 

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Según el Boletín Meteorológico del Insivumeh, se espera que en algunos lugares de Quetzaltenango la temperatura mínima esté en -1 grado centígrado (°C), mientras que en Huehuetenango y Sololá las temperaturas mínimas estén entre 5°C y 8°C.
 
En la capital, le temperatura puede ser de 13°C y en las distintas regiones del país se esperan temperaturas más frescas que van desde los 15°C  a los 22°C en las regiones del sur y Caribe.
 
El experto explicó que debido a que la velocidad del viento aumenta con el paso de la masa de aire frío, la sensación térmica es más baja, lo cual es complemente normal.

Nuevo frente frío

Chinchilla explicó que, luego de los monitoreos del Insivumeh, se espera que entre el sábado y domingo próximo se acerque al país un nuevo frente frio.

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Esto provocará que las temperaturas desciendan un poco más y la temperatura descienda principalmente durante la noche y madrugada.
 
El frente también provocará lluvia y llovizna particularmente en las regiones del norte, Franja Transversal y Caribe. 
 
La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), mantiene 17 albergues funcionales en 11 departamentos; hasta el momento y desde que empezó la temporada de frío se han atendido a cinco mil 146 personas.
 
El reporte señala que ayer la Coordinadora albergó a 156 personas. Los departamentos donde hubo más personas albergadas son Guatemala, con 99; Quiché, 22, y Jalapa con 20.

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Tanto Arzú Escobar y Morales apelaron a la no intromisión extranjera, un discurso en el que han coincidido desde 2017.
 

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Firmantes creen que los Acuerdos de Paz son una agenda pendiente

Aseguró que eso provoca que las familias se dividan, las instituciones se debiliten, la autoridad se cuestione y todo esto se convierte en un proceso que tiende a una crisis que culmina con el enfrentamiento y la paralización de la sociedad”
 
“Ese es el momento ambiguo que vivimos en Guatemala. Vivimos una paz que cada vez es menos verdadera, que cada vez es más una paz aparente”, aseguró el congresista, quien posteriormente dio a conocer el contexto en el que se firmaron los Acuerdos de Paz.
 
Posteriormente el legislador añadió que “la paz no se construye convirtiendo la memoria en la fuente del rencor y el resentimiento y convirtiendo la política en una búsqueda ciega de reivindicación e imposición”.
 
“La paz no se construye separando los estamentos étnicos de una sociedad ni cercenando partes enteras de una historia compartida. Nadie puede pretender ser el dueño o el intérprete elegido del destino de una sociedad. La paz no se construye desde la violencia radical del mesianismo político. La paz no puede construirse pensando que los principios políticos globales pueden substituir las normas particulares prescritas por una tradición y una historia que nos identifica como pueblo”, destacó Arzú Escobar.
 
En la parte final de su discurso el presidente del Organismo Legislativo hizo énfasis en las palabras que pronunció su padre Álvaro Arzú Escobar, cuando fue presidente en 1996 y precisamente el día que se firmaron los Acuerdos de Paz.
 
“Sirvan estas palabras para demandar que se nos respete como un país libre, como pueblo soberano y único responsable de su destino y así como la paz se firmó por decisión de los guatemaltecos, somos los guatemaltecos, sin injerencia alguna, los que forjamos y tomamos nuestras propias decisiones”, finalizó Arzú Escobar.
 
Posteriormente el mandatario Jimmy Morales subió al podio y comenzó a pronunciar su discurso, el cual comenzó al decir que “somos los guatemaltecos, los nacidos en esta tierra y también aquellos que han nacido lejos pero son hijos de guatemaltecos, los responsables de construir la Guatemala que queremos”.
 
Dijo que ha leído libros como “La guayaba tiene dueño, del señor Serrano” (Jorge Serrano Elías, autor del autogolpe de 1993) y la autobiografía del expresidente Álvaro Arzú.
 
Luego de hacer varias alusiones a lo que “significa vivir” se enfocó en las dos primeras palabras del himno nacional. “Guatemala Feliz, una frase que es una idea completa en sí misma”, dijo el mandatario quien señaló que esto debe ser en un lugar “donde haya paz, prosperidad, desarrollo, que no se fundamente en el establecimiento del otro”.
 
El presidente hizo énfasis posteriormente en el expresidente Arzú Escobar y leyó varios párrafos de una biografía del fallecido mandatario particularmente en donde se narra cómo fue que logró pactar la paz con las fuerzas guerrilleras.
 
Posterior a recordar que la paz debe ser motivo para recordar los momentos difíciles y la época a la cual nunca se debe volver el mandatario insistió en que nada debe dividir a los guatemaltecos y todos deben “procurar la unidad nacional”.
 
“La justicia es algo que debemos construirla todos los días no de forma selectiva, de forma tal que podamos ser ejemplo. Y solo cuando nuestras instituciones actúen con objetividad que seremos ejemplo”, afirmó Morales.
 
Posteriormente enfocó su discurso en que Guatemala está en vísperas de un proceso electoral y destacó que el país ha sido un ejemplo de democracia y que esto debe hacerse “sin ayuda ni intromisión de nadie”.
 
“Así que ahora que estamos en vísperas de un proceso electoral lo único que pido es que las elecciones generales sean democráticas y libres de cualquier tutelaje nacional o incidencia extranjera”, aseveró el presidente.
 
Morales siguió con su discurso y agregó que está seguro que la mayoría de los guatemaltecos apuestan por una Guatemala en Paz, pero que “lamentablemente” hay algunos que dividen al país y seguramente “son personas que no aman a Guatemala”.
 
“Han hecho llamados a levantamientos, conste que son extranjeros y bajo la sombrilla de Nacionales Unidas. No se vale… y el silencio también es condenable, porque no se vale”, aseveró Morales.
 
Apuntó que que está consciente de que de que faltan cosas por hacer por el cumplimiento de los Acuerdos de Paz, pero que el Gobierno está comprometido, en desarrollar una agenda que busque cumplir con esos objetivos.

No hizo mención alguna a Jakelin Caal ni Felipe Gómez, los dos niños migrantes que murieron este mes bajo custodia de la Patrulla Fronteriza cuyos padres huían de la pobreza, ni al aumento de deportaciones, que este año marcaron récord. Por último deseó felices fiestas de fin de año a los invitados al acto.

Dos niños efectuaron el acto del cambio de la Rosa de la Paz, tras lo cual se fotografiaron junto a Morales, el vicepresidente Jafeth Cabrera y Arzú Escobar.

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El primer ataque ocurrió en la ruta de terracería que de Peña Flor comunica a aldea El Capulín, Siquinalá, Escuintla donde murió un exfutbolista.
 

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Mario Cruz, vocero de los Bomberos Voluntarios, informó que la víctima fue identificada por familiares como Fernando José Alvarado Garrido, de 17 años.
 
El ataque en contra del menor fue directo y según informaron los familiares a las fuerzas de seguridad desconocen si estaba amenazado de muerte.
 
El tercer suceso ocurrió entre unos matorrales ubicados a la orilla del río Michatoya, en Palín, Escuintla, pobladores del lugar alertaron a los cuerpos de socorro.

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Paramédicos de la 60 Compañía de los Bomberos Voluntarios llegaron al lugar y confirmaron que un hombre había muerto a causa de varios balazos.
 https://twitter.com/BVoluntariosGT/status/1078762646558642177

Mientras que socorristas de la 34 Compañía de los Bomberos Voluntarios de la cabecera departamental de Sololá reportaron que una mujer fue degollada la tarde de este viernes.
 
Según el reporte, el cuerpo de la mujer fue encontrado dentro de una habitación de un hospedaje ubicado en la 7a. avenida y 9a. calle de la zona 2 de Sololá.

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Mientras que el oficial Mario Upúm, vocero de los Bomberos Municipales Departamentales, informó que en la colonia Santa Isabel 2, zona 3 del Municipio de Villa Nueva ocurrió un ataque armado.
 
Los socorristas trasladaron a un hombre de unos 25 años, quien presentaba heridas de bala a la emergencia del Hospital Roosevelt donde quedó internado.
 https://twitter.com/BVoluntariosGT/status/1078765510978883584

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A las 15.30 horas de este viernes, varios delincuentes asaltaron un bus en la avenida Petapa final frente al asentamiento la Arenera, parte baja de San Miguel Petapa.
 
Los malhechores dispararon en contra de una mujer, por lo que paramédicos de los Bomberos  Voluntarios la estabilizaron y trasladaron a la emergencia del Hospital Roosevelt.

A eso de las 17.30 horas, los Bomberos Municipales Departamentales informaron de un ataque armado en el que murieron tres personas que no fueron identificadas. 

El hecho violento ocurrió en la colonia El Cortijo, San Miguel Petapa. 

En tanto, socorristas informaron que la 23 avenida 15-18 de la colonia El Limón, zona 18, otra persona murió por varios balazos. 

En la 4a. avenida y 9a. calle de la zona 4, dos adultos y un menor resultaron heridos en otro ataque armado, informaron los Bomberos Municipales. 

Por la noche, los Bomberos Voluntarios informaron que un ataque armado dejó un hombre muerto dentro de una tienda. El hecho ocurrió Santa Inés, Petapa. 

A eso de las 21.50 horas, socorristas informaron de un ataque armado contra un microbús en la Villa Las Mercedes, Villa Canales, que dejó dos personas fallecidas y una herida. 

Mientras, socorristas informaron de otro herido de bala, en Altos de Primavera, zona 4 de Villa Nueva. 

La violencia no cesó, y cerca de las 22.20 horas, los Bomberos Voluntarios informaron de otro ataque armado en la colonia Marianitas, zona 6 de Villa Nueva, donde quedaron tres hombres muertos y dos fueron trasladados heridos de gravedad al hospital Roosevelt. 

Los socorristas informaron que dos de las víctimas son mujeres.

En Izabal

Una pareja murió carbonizada en Morales, cuando sujetos armados dispararon con fusiles contra la motocicleta en la que se conducían, la cual se incendió al instante. 

En San Marcos

Bomberos Municipales Departamentales trasladaron en estado delicado a dos personas que fueron atacadas a balazos en San Rafel Pie de la Cuesta. 

Testigos dijeron que las víctimas conversaban sentadas en una banqueta cuando fueron atacadas por un sujeto. 

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La información fue confirmada por el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh, que además señaló que durante el fin de semana existe la posibilidad de lluvia y llovizna dispersa en las regiones norte y caribe.
 

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Las condiciones meteorológicas se mantendrían hasta principio de la próxima semana, es decir que el clima en Año Nuevo estará dentro de los parámetros normales de la época.

Frío

Se espera que  a partir del 2 de enero un frente frío ingrese al territorio nacional.
 
En primera instancia el ingreso de este frente podría provocar que entre el 2 y 3 de enero se incremente la nubosidad en las regiones del norte y caribe, y por lo tanto exista lluvia y llovizna en dichas regiones.

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Con el ingreso del fenómeno se espera que la velocidad del viento aumente, particularmente en la región de la meseta central y sur donde las ráfagas estarían entre moderadas y fuertes.
 
Sin embargo, será hasta que el frente ingrese en su totalidad al país que las temperaturas bajarán, pues detrás del frente viene una masa de aire frío que afectará a todas las regiones del país.

Albergados

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) informó que desde que comenzó la época fría, en la segunda semana de noviembre, se han atendido a 4 mil 346 personas.

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En lo que va de la semana se brindó resguardo a 464 personas, el 24 de diciembre se atendieron a, 99 personas; el 25, 105; 26, 123 y el 27, 137. Conred mantiene habilitados 17 albergues en 11 departamentos.
 
Para que estos centros funcionen se coordina la logística para la habilitación de los centros, se traslada los recursos y asistencia humanitaria para la atención de los albergados. Los albergues funcionan a partir de las 18 horas y se cierran a las 8 horas del día siguiente.
 
La Coordinadora solicita a la población que si observa alguna persona que se encuentre pernoctando en la vía pública o su casa no reúna los requisitos mínimos para resguardarla del frío notifique a las cuerpos de socorro para que sea trasladada hacia uno de los albergues.
 
De la misma forma pidió a la población en general que se abrigue adecuadamente, sobre todo si llevan a cabo actividades al aire libre durante la noche y madrugada.

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Ese grupo, creado por el Parlamento estatal de Nuevo México en 1972, hizo una autopsia al cuerpo del menor de ocho años y, tras examinar sus pulmones y mucosas, realizó unos exámenes que dieron “positivo” en Influenza virus B, uno de los virus causantes de la gripe, según detalló en un comunicado.
 

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Felipe Gómez Alonzo, otro niño guatemalteco que muere bajo custodia de la Patrulla Fronteriza

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Fue en Alamogordo donde, al día siguiente, un agente fronterizo observó que el niño estaba tosiendo y tenía los “ojos brillantes”, por lo que fue trasladado al hospital Gerald Champion Regional.
 
Una vez allí, los doctores determinaron que el pequeño sufría un resfriado común; pero, luego, comprobaron que tenía una fiebre de 39.5 grados y decidieron dejarlo otros 90 minutos en observación para, después, darle el alta con una receta médica para que tomara ibuprofeno y amoxicilina.
 
Sin embargo, la salud del menor empeoró: comenzó a sentir náuseas y vómitos, de forma que los agentes migratorios lo llevaron de vuelta al hospital, donde falleció.

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Este es el segundo niño que muere en el mes de diciembre bajo custodia de las autoridades estadounidenses.
 
El 8 de diciembre, la guatemalteca Jakelin Caal Maquín, de 7 años, perdió la vida en un hospital de El Paso (Texas) después de haber cruzado ilegalmente la frontera desde México junto a su padre.
 
El Gobierno de EE.UU. ha eludido toda responsabilidad por la muerte de los menores inmigrantes y responsabiliza a los traficantes, contrabandistas y a los propios padres de los niños de “poner en riesgo” sus vidas al embarcarse en el viaje hacia el norte.
 
En ambos casos, las autoridades guatemaltecas han pedido a EE.UU. una investigación “clara” por la muerte de los menores.

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Los datos fueron extraídos del Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin) por medio del portal Transparencia Fiscal del Ministerio de Finanzas Públicas, el cual señala que el Congreso ha erogado este año Q512 millones 853 mil 338.59 en servicios personales —pago de salarios—.
 

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A esto hay que agregarle que los diputados aprobaron 22 acuerdos legislativos y seis puntos resolutivos. Sin embargo, en dicha legislación hay temas que solo beneficiaban directamente a los diputados como la reforma al artículo 407 N del Código Penal que reforma el delito de Financiamiento Electoral Ilícito.
 
Además entre los acuerdos el Congreso aprobó que se le negara el ingreso al grupo de rock satánico sueco Marduk, por considerar que iba contra la moral del pueblo guatemalteco, dejando por un lado la aprobación de leyes de orden social.
 
Sin embargo, los intereses de los legisladores no solo se vieron reflejados ahí, según la Dirección Legislativa del Congreso, los diputados presentaron 138 iniciativas de ley durante este año, pero solo se emitieron 89 dictámenes.
 
De hecho tres comisiones de trabajo agrupan casi la mitad de todos los dictámenes a iniciativas, la mayoría de estos —que fueron favorables— se concentran en intereses que benefician particularmente al Legislativo y el Ejecutivo.

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El tercer lugar se lo llevó la sala de Economía y Comercio Exterior, presidida por Carlos Barreda, de la Unidad Nacional de la Esperanza, con seis dictámenes, cinco favorables y uno desfavorable.
 
En segundo puesto está la de Finanzas  Públicas y Moneda, que la dirige Ferdy Elías, del Frente de Convergencia Nacional, con 11 dictámenes, nueve favorables y dos desfavorables.
 
Y el primer lugar está la sala de Legislación y Puntos Constitucionales, cuyo presidente es Fernando Linares-Beltranena, que ha emito 25, dictámenes, 13 favorables y 12 desfavorables.
 
En el caso de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, que emitió el 29 por ciento de todos los dictámenes emitidos en el 2018; muchos de estos crearon polémica durante el año.

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El primer caso es la iniciativa 5272, que busca aprobar la ley de la Vida y la Familia, recibió críticas por parte de organizaciones de la sociedad civil ya que castiga más severamente el aborto y fue presentada después de que en el Congreso terminará una acalorada discusión para aprobar el aborto en menores de 14 años que fueran víctimas de violación.
 
También están la iniciativa 5300, que busca las reformas a la Ley en Materia de Antejuicios, que básicamente quita el filtro de la Corte Suprema de Justicia y le daría la potestad al Congreso de recibir todos las solicitudes de retiro de inmunidad que el Congreso puede conocer sin ningún tamiz, situación que fue catalogada como algo inapropiado por expertos y exmagistrados.
 
Otros dos casos que recibieron críticas fueron la iniciativa 5499 que busca aprobar el Día Nacional de la Oración, que permitiría que el Ejército cuide a las marchas en las calles cuando se haga en favor de la oración y la iniciativa 5377 que busca reformas a la Ley de Reconciliación, que promueve el excarcelamiento de cualquiera que haya cometido delitos durante el conflicto armado.
 
Esta última incluso provocó que organismos internacionales se pronunciaran en contra pues el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias y el relator Especial sobre la Promoción de la Verdad, la Justicia y las Garantías de no repetición pidió al Legislativo no aprobar la legislación.

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Pero contrastando con esta comisión y según los registros de la Dirección Legislativa del Congreso 16 salas de trabajo no emitieron ningún dictamen durante este año.

Más gastos

El Congreso también erogó Q36 millones 714 mil 698.39 en servicios no personales, en este rubro se incluyen los arrendamientos de otros edificios para las oficinas de los diputados, el pago de viáticos y gastos conexos, transporte y el mantenimiento de instalaciones.
 
De la misma forma el Ejecutivo también erogó Q13 millones 61 mil 278.27 en materiales y suministros, aquí se incluyen los uniformes para los trabajadores del Congreso, alimentos que consumen los diputados y sus invitados en reuniones de comisiones y sesiones plenarias, entre otros gastos.
 
Según el portal Guatecompras.gt durante este mes el Congreso adjudicó 14 eventos de distinto tipo, entre licitaciones, compra directa, negocios entre entidades públicas y cotizaciones.

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El más caro fue el evento con Número de Operación Guatecompras (NOG) 8633800 con el cual el Congreso adquirió 14 vehículos entre sedanes, microbuses y picops por un valor de Q2 millones 572 mil 351.
 
Otros dos eventos el 9541268 y el 9547231 se adjudicaron para alquilar oficinas para los diputados ubicadas en la zona 1 capitalina y por lo cual el Congreso erogó Q1 millón 290 mil 240 y Q1 millón 118 mil 685.60.
 
El último evento que adjudicó el Congreso fue el 9567119 donde se erogó Q208 mil 692 y fue otorgado a la Industria Militar para la adquisición de uniformes para el uso de la Guardia Parlamentaria.

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Erika Aifán, jefa del Juzgado de Mayor D, resolvió ligar a proceso a Quevedo Montenegro, ligado en el caso Construcción y Corrupción fase dos, por el delito de lavado de dinero.
 

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Sin embargo, el dinero que era ingresado en dichas cuentas era por firmas de contratos y servicios que nunca fueron prestados.
 
Como referencia se puso a la vista de la juzgadora un correo donde se hace referencia a que se habían emitido acciones a favor del señor Delfo Cepollina quien también se encuentra ligado a proceso.
 
Quevedo Montenegro aceptó que dirigió dicha empresa y que recibió el dinero, pero argumentó que no tenía idea de que los fondos que estaba ingresando era de origen ilícito, por eso señaló que él fue una víctima de Alejandro Sinibaldi.

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Antecedentes

Efraín Alberto Quevedo Montegro fue capturado el pasado 14 de agosto junto a otras más, luego de una serie de allanamientos realizados por el caso Construcción y Corrupción fase dos. Las órdenes de detención fueron giradas por el Juzgado de Mayor Riesgo D.
 
Según la Fiscalía Quevedo Montenegro abrió la oficina fuera de plaza en Panamá, denominada Guerrero Law and Invest Corporation.
 
Posteriormente la Constructora OAS realizó un pago de US$1 millón a dicha oficina, lo cual sería una dádiva para la adjudicación del evento de licitación de la carretera CA-2 Oriente.

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Se sabe que el señalado era empleado de Alejandro Sinibaldi en Guatemala y supuesto socio en las empresas que el exministro había inscrito en Panamá.
 
Quevedo Montenegro, además, fungía como director de la empresa Arqo, en Nicaragua, que se presume era usada para lavar el dinero proveniente de las coimas.

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Además, el juzgador decidió que Osoy Penados guarde prisión preventiva en la cárcel militar Mariscal Zavala hasta que se celebre la audiencia de apertura a juicio.

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Para Gálvez esta situación podría ser un indicio de que  Osoy Penados se estaba beneficiando de alguna forma anómala.

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Otro argumento que sostuvo el juzgador es que  el señalado tenía relación con otros implicados en el caso Cooptación del Estado y hay probabilidad de que recibiera comisiones anómalas para bancarizarlas y luego adquirir automóviles para darle apariencia de legalidad.

En su razonamiento el juez citó la declaración del ex subsecretario de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad Miguel Ángel Martínez, donde decía que Osoy Penados había participado en la logística de la seguridad de Roxana Baldetti antes de que fuera vicepresidenta.
 
De la misma indicó que el señalado habría utilizado sus empresas para adquirir un inmueble ubicado en la zona 14 para la exmandataria cuando ejercía el cargo.

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Al finalizar sus argumentos el juez Gálvez otorgó tres meses al Ministerio Público para que presente la investigación con las que se decidirá si se lleva a cabo la apertura a juicio.

Antecedentes

Raúl Osoy Penados, fue capturado el 13 de noviembre por agentes de la División en Investigación Criminal de la Policía Nacional Civil en la  6 avenida y 18 calle de la zona 10  luego que se determinó su identidad puesto que se había mostrado un documento falso.

El sindicado tenía orden de captura vigente desde el 14 de abril de 2016 por Juzgado Primero Penal de Guatemala y era uno de los 117 prófugos a los que el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) demandaban al Ministerio de Gobernación que agilizara su trabajo para hacer las capturas.

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Osoy fue el representante legal de Topsa Construcciones,  Inversiones Alliance, La Montaña, Beltrans y Empresa Arrendadora El Quijote.

La entidad Topsa se dedicaba a obras de infraestructura. Durante el gobierno de Otto Pérez,  recibió contratos por más de Q324 millones, según Guatecompras.

La investigación refiere que Topsa facturó por servicios no brindados por Q11 millones 565 mil 970 pero que sirvieron para pagos y gastos de campaña para el Partido Patriota (PP) de 2011.

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La Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) detallan que Osoy Penados recibió Q5.2 millones de Terminal de Contenedores Quetzal, S. A., (TCQ) y dio a cambio facturas por servicios ilegales e inexistentes. Ese dinero sirvió para sobornar a sindicalistas a fin de que TCQ consiguiera el contrato de usufructo.

El Juzgado de Extinción de Dominio inmovilizó la avioneta Cirrus SR22, matrícula TG-TNT, y un helicóptero Bell 206, matrícula TG-MIL, propiedad de Osoy Penados. Las aeronaves están embargadas a la espera del final de la investigación de la Unidad de Extinción de Dominio.

De acuerdo con las declaraciones del colaborador eficaz Juan Carlos Monzón, Raúl Osoy Penados fue uno de los financistas más importantes del Partido Patriota (PP) porque dio comisiones ilícitas del 15 por ciento.

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De esas declaraciones se desprende que Osoy habría recibió Q65 millones para un dragado que sirvió para proteger la casa de playa de Marllory Chacón, condenada en Estados Unidos, y entregó de comisión Q15 millones a los exgobernantes Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti.

Monzón señaló también que Osoy Penados pagó la fiesta de cumpleaños de Pérez Molina del 1 de diciembre de 2011, cuando el binomio ya había ganado la segunda vuelta electoral.
 
Además habría pagado Q219 mil para la remodelación de la Casa del Maestro, sede del Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala, que dirige Joviel Acevedo.

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En esa ocasión el Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG), rodeó el congreso por dos días y los congresistas mediaron para que llegara al acuerdo de que se buscaran los fondos para entregar un bono, mismo que no tiene nada que ver con méritos en el trabajo o por objetivos alcanzados.

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Argumentos

Óscar Hugo López, ministro de Educación, confirmó que se realiza un análisis para determinar la factibilidad de la entrega de un bono extra a los maestros.
 
Estimó que la cartera de Educación cierre este año con una ejecución presupuestaria superior al 95 por ciento. por lo que “no están con saldos significativos para otorgar un bono”.
 
Sin embargo, el funcionario señaló que están analizando la posibilidad de que con los saldos no ejecutados de otros ministerios se pueden unir y establecer si se puede llegar a otorgar el beneficio.

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López fue enfático de que en este momento no puede confirmar de cuánto sería el bono si es que se da y que la información la tendría confirmada el viernes próximo.
 
“El Ministerio está haciendo el análisis para hacer la sumatoria de los pequeños saldos. La decisión se tomará esta semana, el viernes, y se determinará con cuánto quedamos nosotros y cuánto es la sumatoria de otros saldos”, aseguró el ministro.
 
Víctor Martínez, ministro de Finanzas, confirmó que el Mineduc realiza las gestiones y evaluación de espacios presupuestarios y se concentra en la ejecución de su nómina.

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El Funcionario resaltó que está a la espera de ese análisis para poder proceder con el trabajo administrativo.

Negociación

Durante la discusión del presupuesto del 2019 en noviembre último, la mesa técnica del presupuesto aceptó reunirse con el líder magisterial Joviel Acevedo, debido a que el STEG rodeó el Congreso por dos días.
 
En dicha reunión los sindicalistas pedían que el Congreso autorizara una ampliación presupuestaria para que el pacto colectivo entrará en vigencia este mismo año, pero durante la discusión los diputados mediaron para que se acordará que el Mineduc buscará fondos para otorgar un bono de Q2 mil 500 a los trabajadores de la cartera.

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Al llegar a ese acuerdo los maestros dejaron de rodear el Congreso.
 
El Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin) señala que el presupuesto vigente del Mineduc es de Q14.2 mil millones de los cuales ha ejecutado hasta hoy el 90.47 por ciento.
 
Si las proyecciones se cumplen y Educación logra ejecutar el 95 por ciento de su presupuesto quedaría un saldo  de poco más de Q710 millones.

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Sin embargo, casi la mitad de esos fondos no se podrían utilizar para un bono debido a que es presupuesto de la Dirección General de Educación Física y este no se puede tocar debido a restricciones de orden constitucional.

Escasa  inversión

Los datos de la Prueba Internacional Pisa para el Desarrollo, en la que Guatemala participó por primera vez, señalan que hay muy poca inversión en educación lo que explica los bajos punteos en el despeño estudiantil.
 
El estudio señala que Guatemala invierte mucho menos en la educación en comparación de otros países y que aunque el dinero no garantiza la educación, si es una base para los mejores resultados con respecto.

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Andrea Ovalle, pronosticadora de Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), explicó que los modelos meteorológicos señalan que el próximo viernes el fenómeno comenzará a hacer sentir sus efectos en el país.

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El frío será más intenso en las regiones del altiplano occidental y la meseta central. Además, la temperatura descenderá más durante la noche y madrugada del fin de semana.
 
Ovalle explicó que las condiciones mejorarán a partir del lunes donde las temperaturas comenzarán a subir e incluso el pronóstico preliminar señala que para las festividades de Nochebuena y Navidad el clima no será tan frío.
 
Sin embargo, eso se confirmará el lunes cuando se tengan datos que permitan elaborar un pronóstico más preciso.

Atención por el frío

Según la Coordinara Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), para atender a la población vulnerable se mantienen habilitados 17 albergues en 11 departamentos del país.

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Conred precisó que en Guatemala, Jalapa, Quetzaltenango, Quiché, Sacatepéquez y Sololá, la Coordinadora ha habilitado dos albergues, mientras que en Alta Verapaz, Huehuetenango, Jutiapa, San Marcos y Totonicapán se han habilitado un albergue en cada departamento.
 
Según los registros de la Conred, la noche del 17 de diciembre se albergó a 160 personas, Guatemala es el departamento en el que más personas se atendieron con 100; le sigue Quiché, con 29, y en tercer lugar está Jalapa, con 14.
 
Para que estos centros funcionen se coordina la logística para la habilitación de los centros, se traslada los recursos y asistencia humanitaria para la atención de los albergados.
 
Los albergues funcionan a partir de las 18 horas y se cierran a las 8 horas del día siguiente.

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Desde que comenzó la época fría, a mediados de noviembre, la Conred ha atendido ha atendido a 2 mil 990 personas a nivel nacional.
 
La Coordinadora solicita a la población que si observa alguna persona que se encuentre pernoctando en la vía pública o su casa no reúna los requisitos mínimos para resguardarla del frío notifique a las cuerpos de socorro para que sea trasladada hacia uno de los albergues.
 
De la misma forma pidió a la población en general que se abrigue adecuadamente, sobre todo si llevan a cabo actividades al aire libre durante la noche y madrugada.

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Víctor Martínez, titular del Minfin, afirmó que a los más de Q120 millones que ya estaban aprobados por acuerdos gubernativos y ministeriales de apoyo presupuestario a la Usac se suman Q240 millones que se ubicaron en distintos ministerio y secretarias.
 

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Señaló que, debido a que todo proceso tiene que tener un estricto cumplimiento de las leyes se espera que el acuerdo gubernativo esté firmado esta semana y se pueda completar el traslado de los fondos en los días hábiles de la próxima.
 
El funcionario señaló que el espacio presupuestario se obtuvo de las carteras de Gobernación, Comunicaciones, Finanzas, así como de varias secretarías que después de ejecutar todos sus programas les quedó espacio presupuestario que cedieron. 

Trabajo continuará

Murphy Paiz, rector de la Usac, se congratuló porque con la ampliación se dignifica el aspecto laboral de los trabajadores.

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“El proceso ha sido muy complejo y hubo buena voluntad por parte del gobierno que encontró espacios presupuestarios y el Congreso que privilegió una mesa técnica. La Usac demuestra que tiene muchas capacidades para poder crecer y buscar la calidad”, afirmó Paiz.
 
Confirmó que sí se logró estabilizar el pago de los salarios a los trabajadores y aseguró que aún queda mucho que hacer a lo interno de la Usac, porque estabilizar las finanzas de esa casa de estudios superiores aún es un reto.

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No obstante, Paiz destacó que se trabaja en la estabilización de las finanzas, y como ejemplo citó el convenio que se firmó con el Minfin el cual, asegura, no viola la autonomía universitaria y servirá para tener más responsabilidad ante la auditoría social.
 
“Estamos seguros que esas mismas condiciones nos darán solvencia para luego pedirle al Estado mejoras presupuestarias, siempre y cuando se hagan inversiones coherentes para darle al pueblo educación de calidad”, aseveró el rector.

Auditoria continúa

En la reunión de la mesa técnica del presupuesto también asistieron representantes de la Contraloría General de Cuentas (CGC) quienes indicaron que aún no finalizan la auditoria forense que se practica a la Usac.

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Los auditores de la CGC señalaron que aún deben entregarse algunas notificaciones que se quedaron entrampadas debido a que personal ya se encuentra de vacaciones, por lo cual los diputados autorizaron una ampliación de plazo para entregar el informe hasta el próximo 11 de enero.
 
El presidente de la mesa técnica, el diputado Javier Hernández Franco, afirmó que solicitará al presidente del Congreso que autorice la vigencia de esa mesa técnica hasta que termine el proceso de fiscalización de fondos de la Usac.
 
Los diputados insistieron en que la auditoria forense no solamente se centre en la actual administración, sino también enfatice en las autoridades que dirigieron a la universidad en el pasado.

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Tres comisiones de trabajo agrupan casi la mitad de los dictámenes a iniciativas de ley que el Congreso emitió durante este año, y la mayoría de estos —que fueron favorables— se concentran en intereses que benefician particularmente a los organismos Legislativo y  Ejecutivo.

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De las que más emitieron dictámenes  está en tercer lugar   la Comisión de Economía y Comercio Exterior, presidida por Carlos Barreda, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), con seis; cinco favorables y uno desfavorable.

En segundo puesto se ubica la de Finanzas  Públicas y Moneda, que   dirige Ferdy Elías, del Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), con 11 dictámenes; nueve favorables y dos desfavorables.

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Y en  primer lugar se encuentra la sala de Legislación y Puntos Constitucionales, cuyo presidente es Fernando Linares-Beltranena, la cual ha emitido 25 dictámenes; 13 favorables y 12 desfavorables.

En total, las tres salas emitieron 42 de los 87 dictámenes que han ingresado a la Dirección Legislativa, 27 de los cuales han sido favorables y 15 no recibieron el visto bueno de los diputados.

Temáticas

La Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales ha emitido el 29 por ciento de  dictámenes del 2018; sin embargo, muchos de los que han sido favorables han desatado polémica.

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El primero es la iniciativa 5272, que busca aprobar la ley de la vida y la familia. Esta recibió críticas   de organizaciones de la sociedad civil porque castiga más severamente el aborto y fue presentada después de que en el Congreso terminó una acalorada discusión para aprobar esas práctica en mujeres menores de 14 años que hayan sido víctimas de violación.

También está la iniciativa 5300, que busca  reformar la Ley en Materia de Antejuicios, la cual básicamente elimina el filtro de la Corte Suprema de Justicia y le da  la potestad al Congreso de recibir todas las solicitudes de retiro de inmunidad y conocerlas sin ningún tamiz, situación que fue catalogada como   inapropiada por expertos y exmagistrados.

También recibió críticas  la iniciativa 5499, que busca aprobar el día nacional de la oración y que permitiría que el Ejército resguarde  las marchas en las calles cuando sean en favor de la oración, así como la  5377, que busca reformar la Ley de Reconciliación y que promueve el excarcelamiento de cualquier persona que haya cometido delitos durante el conflicto armado interno.

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Esta última propuesta incluso motivó a organismos internacionales a pronunciarse en contra, pues el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias y el relator Especial sobre la Promoción de la Verdad, la Justicia y las Garantías de no Repetición pidieron al Legislativo que  no la aprobara.

En cuanto a la Comisión de Finanzas, tres de sus dictámenes son a favor de que el Ejecutivo pueda suscribir convenios de préstamo.

El primero es para la iniciativa 5240, con la cual se podría suscribir con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) un préstamo hasta por US$250 millones para la ejecución del Programa de Administración Tributaria y Transparencia.

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El segundo es para la iniciativa 5265, a fin de que el Estado suscriba con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) un préstamo hasta por US$55 millones, para la ejecución del Proyecto de Transparencia y
Eficiencia en la Administración Tributaria.

El último dictamen es para la iniciativa 5343, para suscribir otro convenio de crédito con el BIRF hasta por US$100 millones, para ejecutar el programa Crecer Sano: Proyecto de Nutrición y Salud en Guatemala.

La sala de Economía dio aval para aprobar las leyes de Competencia, Reactivación Económica del Café y Orgánica del Instituto Guatemalteco para la Promoción Comercial, Competitividad, Inversión, Marca y País.

Seis comisiones solo emitieron un  dictamen en el año; ocho salas, cinco; cinco, tres; y dos, cuatro dictámenes, entre favorables y desfavorables. En el año electoral se espera que esta dinámica no tenga mayor variante.

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Estas condiciones están asociadas al desplazamiento de un frente frío y viento frío procedente del Norte, el cual disminuirá, pero aún se podrían registrar velocidades entre los 30 y 40 kilómetros por hora en regiones del Norte al centro del país, lo que incluye la capital.  

El Insivumeh informó que la época fría comenzó a partir de la segunda quincena de noviembre. Lo que provocó que la lluvia disminuyera en la mayoría del territorio nacional y principalmente en regiones de la costa sur, el centro del país.

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Con la época fría comienza el acercamiento de Sistemas de Alta Presión —frentes fríos— los cuales son masas de aire fría que generan descenso de temperatura en regiones del altiplano occidental, meseta central y franja transversal del norte.
 
Según el Insivumeh para esta temporada se espera el acercamiento de aproximadamente 12 a 14 frentes fríos al territorio guatemalteco de los cuales dos podrían ser características fuertes, estableciéndose el mayor descenso de temperatura a finales de diciembre e inicio de enero.
 
Durante esta temporada se esperan temperaturas mínimas hasta de -7.0 y 1.0 grados Celsius en el altiplano occidental y entre los -4.0 y -1.0 grados Celsius en el altiplano central, principalmente entre los meses de diciembre y enero.
 
Asociado al acercamiento de frentes fríos también se podrían presentar algunas lluvias o lloviznas dispersas y de corta duración en algunas regiones del norte, caribe, boca costa, sur occidente e incremento en la velocidad del viento.

Albergues habilitados

Segú la Conred, para atender a la población vulnerable se mantienen habilitados 17 albergues distribuidos en 11 departamentos del país.
 
En Guatemala, Jalapa, Quetzaltenango, Quiché, Sacatepéquez y Sololá, la Coordinadora ha habilitado dos albergues, mientras que en Alta Verapaz, Huehuetenango, Jutiapa, San Marcos y Totonicapán se han habilitado un albergue.
 
Según los registros de la Conred, la noche del 11 de diciembre se albergó a 165 personas, Guatemala es el departamento en el que más personas se atendieron con 97; le sigue Quiché, con 26, y en tercer lugar está Sololá, con 14.
 
Para que estos centros funcionen se coordina la logística para la habilitación de los centros, se traslada los recursos y asistencia humanitaria para la atención de los albergados.
 
Como parte del plan de atención a personas en vulnerabilidad por los frentes fríos los albergues son habilitados y funcionarán a partir de las 18 horas y se cerrarán a las 8 horas del día siguiente.

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La atención a las personas comenzó el pasado 15 de noviembre, ya cuando la época fría estaba establecida en el país.
 
Por seguridad de las personas que se refugien, no se permite el ingreso de quienes se encuentren bajo efectos de drogas, licor u otro tipo de estupefaciente.
 
La Conred solicita a la población que si observa alguna persona que se encuentre pernoctando en la vía pública o su casa no es reúne los requisitos mínimos para resguardarla del frío notifique a las cuerpos de socorro para que sea trasladada hacia uno de los albergues.
 
De la misma forma pidió a la población en general que se abrigue adecuadamente, particularmente si realiza actividades al aire libre durante la noche y madrugada.

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También alertó que se debe proteger principalmente a niños y adultos mayores ya que son el grupo etario más propensos a sufrir enfermedades bronco respiratorias.

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Frío sigue

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), señaló que las condiciones climáticas continúan generando lluvias y lloviznas en regiones del norte, caribe y franja transversal y bajas temperaturas principalmente en el altiplano y meseta central.
 
Estas condiciones están asociadas al desplazamiento de un frente frío y viento frío procedente del norte, el cual disminuirá, pero aún se podrían registrar velocidades entre los 30 y 40 kilómetros por hora en regiones del norte al centro del país, lo que incluye la capital.
 
El Insivumeh informó que la época fría comenzó a partir de la segunda quincena de noviembre. Lo que provocó que la lluvia disminuyera en la mayoría del territorio nacional y principalmente en regiones de la costa sur, el centro del país.

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Con la época fría comienza el acercamiento de Sistemas de Alta Presión —frentes fríos— los cuales son masas de aire fría que generan descenso de temperatura en regiones del altiplano occidental, meseta central y franja transversal del norte.
 
Según el Insivumeh para esta temporada se espera el acercamiento de aproximadamente 12 a 14 frentes fríos al territorio guatemalteco de los cuales dos podrían ser características fuertes, estableciéndose el mayor descenso de temperatura a finales de diciembre e inicio de enero.
 
Durante esta temporada se esperan temperaturas mínimas hasta de -7.0 y 1.0 grados Celsius en el altiplano occidental y entre los -4.0 y -1.0 grados Celsius en el altiplano central, principalmente entre los meses de diciembre y enero.
 
Asociado al acercamiento de frentes fríos también se podrían presentar algunas lluvias o lloviznas dispersas y de corta duración en algunas regiones del norte, caribe, boca costa, sur occidente e incremento en la velocidad del viento.

Datos del Maga señalan que desde julio de 2018 hay unos 300 mil agricultores en 21 de los 22 departamentos que reportaron daños altos y muy altos en sus cultivos, principalmente de granos básicos.
 

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Fondos listos

Víctor Martínez, ministro de Finanzas, señaló que hay Q100 millones que están ya asignados al Maga y que dicha cartera tiene a lo interno Q27 millones más para ayudar a los afectados por la emergencia.

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“Internamente el Maga tiene que hacer gestiones para darle cumplimiento a lo que la ley le exige. Por parte de Finanzas ya no hay requisitos pendientes ya están los fondos disponibles”, respondió el ministro cuando se le consultó cuándo se trasladarían los fondos.
 
De hecho el funcionario explicó que se identificaron los fondos desde hace ya varias semanas pues el Minfin, por medio de la Dirección Técnica del Presupuesto, dictaminó de forma favorable los recursos el 23 de octubre último.
 
“Se dio el Acuerdo Ministerial el 29 de octubre y hay un Acuerdo Gubernativo que está firmado el 12 de noviembre. Estamos ya listos en el momento que ellos completen los requisitos hacer efectivo los traslados”, resaltó Martínez.

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El ministro resaltó que el único que puede explicar por qué no se han cumplido con los requisitos para trasladar los fondos es el ministro de Agricultura.

Diagnostico

Miguel Ángel Moir, secretario de Planificación de la Presidencia, fue consultado sobre la situación que viven las personas damnificadas por la sequía y señaló que “desde la perspectiva del Gobierno se ha identificado claramente cuál es el área que afecta la sequía constantemente año con año”.
 

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Moir señaló que la mejor forma que se encontró para atender a las personas afectadas es la entrega de un bono y sin dar muchos detalles afirmó que el maga se encarga del tema.

Sin respuesta

Prensa Libre intentó comunicarse con Mario Méndez-Montenegro, jefe de la cartera de Agricultura para obtener un descargo sobre esta situación, pero no fue posible obtener una respuesta.
 
Se hicieron varias llamadas al celular del ministro y se le envió un mensaje donde se le preguntó cuándo estimaba que terminarían las gestiones para tener los fondos disponibles para ayudar a las personas,  pero no se tuvo respuesta.

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Víctor Hugo Arenales Suárez, de 49 años y Blanca Estela Rivas López, 43 se convirtieron en las víctimas identificadas número 193 y 194 de la tragedia del Volcán de Fuego ocurrida el pasado 3 de junio del 2018.
 

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El experto explicó que debido a las condiciones en las que se han encontrado los cuerpos el trabajo de identificación es multidisciplinario, tardado y sumamente oneroso.
 
Explicó que el trabajo de identificación inició desde el momento en que se encontró el cuerpo ya que el lugar donde se localiza es fundamental para hacer un mapa, luego entra la antropología forense y por último, luego de delimitar a probables candidatos, entra en juego los exámenes genéticos.
 
El experto señaló que el Estado ya ha gastado varios millones de quetzales en la identificación de las víctimas.

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Cierre de casos

Fanuel García, director del Inacif, indicó que buscarán comenzar un proceso de cierre de los casos de tragedia del Volcán de Fuego. Para esto las autoridades se acercarán a las familias para informarles y ver la posibilidad de inhumar los restos que se tienen e intentar buscar un lugar donde se puedan hacer honras fúnebres a las víctimas que no fue posible identificar.
 
El director señaló que no quieren tomar ninguna decisión de forma unilateral y buscarán acercamientos con las autoridades de Escuintla para les expongan la situación a las familias de las víctimas.

Desde el punto técnico y científico, Rodas señaló que hay algunas dificultades para identificar a las víctimas.

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Hay restos que están tan dañados por el material volcánico que no es posible extraer muestras para los exámenes genéticos.
 
El experto afirmó que aunque se tengan todos los recursos para seguir con el trabajo habrá muchos casos donde no será posible identificar a las víctimas y no es ético que no se les explique a las familias esta situación.

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Este lunes el TSE firmó con las instituciones Primero Guatemala, Guatemala Visible y Jóvenes por Guatemala una carta de entendimiento de coordinación y apoyo interinstitucional.
 

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El magistrado destacó que estos acuerdos entre las instituciones y el Tribunal Electoral se harán siempre “respetando el marco constitucional”.
 
Las instituciones también desean “colaborar de manera directa en el desarrollo y mejora de planes de acción nacional, regionales y locales para promover las elecciones libres y transparentes”, dijo.
 
De la misma forma colaborarán para el desarrollo de programas y proyectos específicos que busquen informar a los ciudadanos sobre los procesos electorales, centro de votación e incentivar la participación ciudadana para promover el voto.

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Pedro Cruz, de Jóvenes por Guatemala, indicó que el esfuerzo de las instituciones es “una alianza para prevenir delitos electorales y fortalecer el alcance del TSE”.
 
“La intención es que tengamos montado el módulo de denuncias anónimas ciudadanas en cuanto a delitos electorales para el mes de enero. Nosotros confirmaremos la fecha específica del lanzamiento”, explicó Cruz.
 
El activista señaló que este apoyo “vaya de la mano con la convocatoria a elección que hará el TSE” el próximo mes.

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“Crime Stoppers trabaja a través de la página www.tupisita.gt, las denuncias son anónimas y se podrán precisar todos los delitos electorales contemplados en la ley”, afirmó Cruz.
 
Añadió que las organizaciones tienen por objetivo informar a la ciudadanía sobro el proceso electoral y formar ciudadanos de cara a un proceso electoral.

Distintos tipos de convenios

El TSE denunció que “desde hace varias semanas el grupo Guatemala Inmortal se ha dado a la tarea de manifestar activamente su oposición a la Carta de Entendimiento Interinstitucional que este Tribunal tiene suscrito con la Comisión Internacional en contra la Impunidad”.

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Mediante un comunicado el TSE señaló que “por respeto al pueblo de Guatemala” informan que el Tribunal “en forma constante y como parte de su mandato democrático e incluyente, mantiene y suscribe convenios y cartas de entendimiento con diversas entidades.
 
Actualmente tiene convenios vigentes con las instancias siguientes:

Nacionales

• 1. Cámara de Industria de Guatemala.
• 2. Contraloría General de Cuentas.
• 3. Asociación Civil Red Ciudadana.
• 4. Centro Universitario de Oriente.
• 5. Asociación de Investigación y Estudios Sociales.
• 6. Corte de Constitucionalidad.
• 7. Superintendencia de Administración Tributaria, Superintendencia de Bancos, Superintendencia de Telecomunicaciones y Contraloría General de Cuentas.
• 8. Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de San Carlos de Guatemala, La Dirección de Incidencia Pública de la Universidad Rafael Landívar y la Asociación de Investigación y Estudios Sociales.
• 9. Organismo Indígena para la Planificación del Desarrollo Natal.

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Internacionales

• 1. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
• 2. Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala
• 3. Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria
• 4. Fundación Internacional para Sistemas Electorales
• 5. Consejo Nacional Electoral de la República de Colombia
• 6. Instituto Nacional Electoral de los Estados Unidos Mexicanos
• 7. Fundación Konrad Adenauer

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Según datos del MP, en promedio, en un año se reciben y extienden unas 71 mil denuncias y constancias correspondientes a robo y hurto de celulares, documentos y otros objetos.

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Colocar una denuncia

La persona que desee poner una denuncia con este método primero deberá descargar la aplicación Reportes MP, disponible para los celulares con sistema operativo Android o ingresar a la página del MP www.mp.gob.gt.
 
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El proceso para cualquiera de los tres tipos de denuncias se completará en cuatro pasos:

• Paso 1: Si es ciudadano guatemalteco debe registrar su número de DPI y su fecha de nacimiento, con lo cual se validarán sus datos. En caso de ser extranjero deberá registrar su número de pasaporte y país de emisión.

• Paso 2: El usuario deberá registrar la información relacionada al hecho sucedido.

• Paso 3: El ciudadano deberá registrar la información relacionada a la fecha, hora, lugar y una narración descriptiva del hecho denunciado.

• Paso 4: Se debe describir las características del teléfono móvil, objeto y documentos robados o extraviados. Al terminar se debe confirmar la información y enviarla.

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Según la Fiscalía, cuando la información sea analizada y revisada por el personal se generará y enviará por correo electrónico el documento correspondiente.
 
Dicho documento contará con los mecanismos de seguridad y certeza jurídica, al tener la firma digital autorizada y cumpliendo con los requisitos de la Ley para el Reconocimiento de las Comunicaciones y Firmas Electrónicas.
 
Este documento facultará al usuario para hacer los trámites correspondientes, y si la persona denunciante no cuenta con correo electrónico, podrá consultar y descargar el documento desde el portal oficial del MP www.mp.gob.gt al ingresar el número de denuncia que será proporcionado por el sistema.

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Herramientas

El sistema de denuncias individuales permite que las persona obtengan denuncias o constancias de extravío, robo o hurto de documentos, celulares y otros objetos.
 
El sistema de denuncias institucionales se realiza en coordinación con 14 instituciones que envían información al MP. Estas enviarán de manera inmediata las denuncias para que sean tramitadas y que se pueda dar el seguimiento correspondiente a la investigación.
 
Y el tercer elemento se refiere que lo usuarios pueden presentar sus denuncias por el servicio inadecuado que le brindó cualquier empleado o funcionario del Ministerio Público.
 
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La presentación oficial del sistema electrónico se realizó este lunes y estuvo a cargo de la fiscal general María Consuelo Porras, en la sede de esa institución, ubicada en el barrio Gerona de la zona 1 capitalina.
 
A la jefa del MP  la acompañó Álvaro Fernandino, director del Proyecto Seguridad y Justicia de Usaid, Otto René Santizo, coordinador nacional del Sistema Informático Integrado del Ministerio Público y Jorge Eskenasy Sánchez-Latour, presidente de la Junta Directiva de Guatemala Visible.
 
“Hoy ponemos con orgullo a disposición de la ciudadanía estas tres herramientas para que la población salga beneficiada y que sus denuncias sean tomadas inmediatamente. Basándonos en el  principio fundamental de tener acceso a la justicia”, señaló Porras.
 
Mientras que el representante de Usaid destacó que estos servicios tienen en común un ahorro significativo en tiempo y traslado de denuncias, tanto para el usuario como para las instituciones que trabajan en coordinación con el MP.

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Félix Serrano, presidente de la Comisión de Postulación, entregó la nómina al presidente del Congreso Álvaro Arzú Escobar, en el despacho de la presidencia en el Palacio Legislativo.
 

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“Las Comisiones de Postulación pueden tener futuro si el Congreso retoma el tema y ofrece una mejor Ley de Comisiones de Postulación que pueda garantizar el proceso de selección de los mejores candidatos y evitar los intereses individuales, gremiales y de los mismos poderes del Estado”, argumentó Serrano.

Formalismos

El presidente de la Comisión de Postulación señaló que la nómina de aspirantes a dirigir la Contraloría General de Cuentas deberá ser publicada en el Diario de Centro América y en otros dos diarios.
 
A partir de ese día y en los próximos tres, quienes hayan sido excluidos de la nómina, pueden presentar alguna impugnación si creen que sus derechos han sido violentados.

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“Después de esas 72 horas la Comisión tiene que resolver en última instancia las impugnaciones presentadas. No es a través de tribunales, sino de la Comisión, y por lo tanto, el próximo sábado es la última sesión sobre las impugnaciones”, afirmó Serrano.
 
Aunque en teoría ese es la última reunión que sostendría la Comisión de Postulación, por ley, ésta seguirá instalada hasta que el Congreso elija al nuevo contralor y hasta entonces se disolverá.

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Quien promovió la solicitud de retiro de la inmunidad fue Adelaila Vásquez de Peña, quien denuncia que en 1999 conoció al diputado cuando este se desempeñaba como jefe de una agencia bancaria en Escuintla.
 

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Según consta en el antejuicio número 01018-2018-00030, la denunciante asegura que Trejo se comunicó con uno de sus hijos y le indicó que “si el banco no se hacía responsable, él se responsabilizaría y en garantía le daba una finca de un amigo de él”.
 
Fuentes de la Corte Suprema de Justicia confirmaron que los magistrados tomaron la decisión de retirarle el fuero al legislador ayer, pero aún no ha sido oficializada debido a que no se ha notificado al parlamentario, algo que podría ocurrir en el trascurso de este jueves.
 
Prensa Libre intentó obtener una postura del legislador respecto a la decisión de la CSJ de retirarle el fuero, pero no respondió a las llamadas hechas a su celular.

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Otros casos

Esta no es la primera vez que Trejo pierda la inmunidad, pues la CSJ ya le ha retirado el fuero en dos ocasiones distintas por denuncias similares. Trejo, que integra la bancada Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), es señalado de delitos de apropiación y retención indebida, asociación ilícita, estafa propia y caso especial de estafa.
 
El 29 de agosto último la CSJ resolvió que se le retirará la inmunidad por estafa, en esa ocasión fue señalado de falsificar certitificados de depósito y apropiarse de dinero de manera ilícita.
 
Por unanimidad la Corte declaró con lugar las diligencias de antejuicio promovidas por la entidad Tornos y Servicios, SA., a través de su gerente y representante legal Rolando Peña Vásquez -hijo de Adelaila Vásquez de Peña- en contra de José Domingo Trejo de la Roca.

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El 31 de julio del 2016 los magistrados de la Corte Suprema resolvieron retirarle la inmunidad al diputado José Domingo Trejo, señalado de estafa por emitir cheques sin fondos.
 
El magistrado Nester Vásquez, quien en ese momento era el presidente de la Cámara de Amparos y Antejuicios, indicó que la decisión de los magistrados fue por unanimidad.
 
Los documentos cambiarios eran por Q50 mil y Q70 mil, a nombre de Édgar Paiz, quien colocó la denuncia ante el Ministerio Público por el delito de estafa. El diputado reconoció que los cheques los había emitido porque hacía negocios con Edmundo Paiz.

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Otros casos

José Domingo Trejo, fue electo por la Unidad Nacional de la Esperanza, pero fue expulsado del partido, en abril del 2015, luego de que patrocinara un evento en Escuintla donde edecanes con poca ropa promovían la imagen del partido.
 
El ahora diputado oficialista se separó de la UNE y ese partido le pidió que se disculpara porque consideraban que la acción promovida por Trejo  era denigrante para la imagen de las mujeres.

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Montenegro envió su carta de renuncia este miércoles a las 11.30 horas en la cual señala que su decisión es irrevocable. Señala motivos personales y que la decisión se haría efectiva a partir del 15 de enero de 2019.
 

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“Dejaré pasar las fiestas navideñas, descansaré con mi familia y tomaré la decisión de qué es lo que corresponderá hacer el año entrante”, afirmó el congresista.
 
Por ley la renuncia del diputado debe ser conocida por el pleno del Congreso y este debe aceptarla por mayoría simple —80 votos—, hasta ese momento se tomará como oficial la salida del diputado del Congreso y su curul quedará vacante.
 
Posteriormente el Congreso deberá enviar la notificación de vacante al Tribunal Supremo Electoral y este deberá indicar quién es el que sustituirá a Montenegro. Corresponde a Valentín Tavico, quien estaba en el listado de postulantes de EG.

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Perfil

En la actualidad Montenegro es integrante de las comisiones de Economía y Comercio Exterior, Ambiente, Ecología y Recursos Naturales y de la Juventud.
 
Desde que ingresó al Congreso en el 2016 ha sido ponente de cuatro iniciativas de ley: Explosivos Industriales y Sustancias Comburentes Potencialmente Peligrosas, reformas a la Ley Orgánica del Instituto Nacional de Estadística, Reactivación Económica del Café y la ley de Reactivación Económica y Ahorro para la Familia.
 
Montenegro buscó la presidencia del Congreso el año pasado y este, pero no pudo lograr los consensos necesarios para ser electo.

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En el 2017 se presentó como candidato a presidir el Legislativo con una planilla de oposición, pero perdió ante el actual presidente del Congreso Álvaro Arzú Escobar. Este año anunció que buscaría la presidencia pero en esta ocasión no presentó planilla.

Montenegro también fue el presidente de la Comisión Pesquisidora para revisar las diligencias de antejuicio en contra del presidente Jimmy Morales, a quien el Ministerio Público solicitó el retiro del fuero.
 
Fue el único legislador, integrante de la Comisión Pesquisidora, que votó en favor de recomendarle al pleno retirarle la inmunidad al mandatario. También fue el presidente de la Comisión Pesquisidora en contra del magistrado Vladimir Aguilar.

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Aunque existe la posibilidad de aprobar esta iniciativa varios diputados ven complicada su aprobación, y según declaraciones de representantes del Banco Mundial (BM), los plazos son cada vez más cortos y la posibilidad de perder el préstamo cada ves es más real.
 

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Sin aprobarse

Pese a que la Comisión Permanente agendó la discusión en tercer debate, por artículos y redacción final de la iniciativa 5343, la cual contiene el préstamo y diputados de varias bancadas junto al ministro de Finanzas Públicas Víctor Martínez abogaron por que se aprobar la iniciativa esta solicitud no tuvo eco en el Congreso.
 
La Sesión Extraordinaria de este miércoles comenzó 80 minutos más tarde de la que fue convocada con la presencia de 77 diputados en el hemiciclo parlamentario. Esto obligó que la aprobación del Orden del Día y el acta de la sesión se hicieran con quórum reducido.

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Posteriormente comenzó la lectura del despacho calificado e iniciativas de ley, tiempo en el cual el quórum nunca superó los 83 diputados marcados dentro del hemiciclo. Resalta que la mayoría de los diputados de las bancadas mayoritarias se ausentaron.
 
Poco tiempo después de que la sesión comenzara el presidente del Congreso Álvaro Arzú Escobar, anunció que no había quórum en la Junta Directiva y levantó la sesión.
 
Según consta en el Orden del Día la aprobación del préstamo para el proyecto Crecer Sano era el punto sexto de la agenda, pero los diputados ni siquiera pudieron superar el punto tres, que era el inciso donde los diputados conocerían las iniciativas de ley.
 
Con esto la aprobación del préstamo con el BIRF no pudo darse y la posibilidad de que los congresistas puedan aprobar los fondos antes de que termine el 2018 se ve complicado.

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Argumentos

Sandra Morán, del bloque Convergencia, lamentó que no se aprobara el préstamo y que los diputados de las bancadas mayoritarias no se hayan presentado para darle viabilidad a la agenda legislativa.
 
“Nos hicimos presentes para apoyar porque estábamos de acuerdo con la agenda, sobre todo con el préstamo Crecer Sano. Además porque es un tema prioritario, en el país hay niños que mueren de desnutrición y necesitamos encontrar la manera de resolverlo”, señaló Morán.
 
La legisladora destacó que pese a que se aprobó el presupuesto para el próximo año, no necesariamente existen todos los recursos que el país necesita, de la misma forma consideró poco probable que la aprobación se realice antes de que termine el 2018.
 
“Lo dudo, me parece que esta será la última sesión del año salvo que la Comisión Permanente convoque a una sesión, pero sino tuvimos hoy el quórum necesario para avanzar no creo que lo tengamos en otra sesión”, agregó la congresista.

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Rudy Castañeda, de la bancada Unión del Cambio Nacional y vicepresidente de la Comisión de Finanzas, también lamentó que pese a que se agendó la aprobación del préstamo no se pudo superar los 83 diputados marcados dentro del hemiciclo.
 
“Lastimosamente varias bancadas no asistieron, es decir eso se traduce en no apoyo. Una de las peticiones que se habían hecho era que se aprobara dentro del periodo ordinario y en último caso antes de que terminara el año”, acotó el parlamentario.
 
Pese a las condiciones adversas Castañeda cree que el préstamo aún se puede rescatar, pues la caducidad del mismo es a finales de marzo del 2019 aunque reconoció que lo óptimo hubiera sido que se aprobara aún en este año.
 
“No es nada más de suscribir un convenio y al otro día ya entra en vigencia, sino que al contrario en un proceso algo complicado. Espero que si no se agende en una sesión extraordinaria sea de lo primero que se discuta en enero”, declaró el diputado.

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Nineth Montenegro, jefa de Encuentro por Guatemala, espera que aún exista posibilidad de aprobar el préstamo y que este no se pierda, pero señaló que se necesitan algunos cambios para su mejor funcionamiento.
 
“Hago varias observaciones, una es que los fondos no estarían afectos a la Ley de Contrataciones y al no hacerlo se pueden hacer compras de cualquier forma. Dos, que no estoy de acuerdo con que sea el Fodes el que maneje los fondos porque no tiene capacidad instalada”, destacó Montenegro.
 
Destacó que las condiciones del préstamo son favorables para el país, pero también reconoció que es bastante complicado que se puedan aprobar los fondos antes de que termine este año.

Pedirá sesión

Felipe Alejos, primer vicepresidente del Congreso, consideró negativo que no se haya podido realizar la aprobación del  préstamo.

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“Lamentable que no se entienda la necesidad y la urgencia de aprobar el Préstamo Crecer Sano. Unos 400 mil niños en siete departamentos perderán el beneficio del proyecto para contrarrestar la Desnutrición Crónica Infantil”, afirmó el congresista.
 
También afirmó que pedirá a la Comisión Permanente que convoque a otra sesión extraordinaria y aseguró que de ser necesario buscará la firma de otros 39 diputados para solicitar que se convoque a una sesión extraordinaria exclusiva para aprobar el Proyecto.
 
La petición del congresista se haría en función d lo que dice el artículo 75 de la Ley Orgánica del Congreso que señala que una sesión extraordinaria puede ser convocada si se solicita por el 25 por ciento —40 diputados— del total de legisladores que integran el Congreso. “Nuestra niñez lo necesita y lo merece”, puntualizó Alejos.

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Según las órdenes del día propuestas por la Comisión Permanente ayer, para la sesión plenaria del miércoles se contemplado que se lea ante el pleno la iniciativa de ley que fue propuesta por el TSE el pasado 28 de noviembre.

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Dicha iniciativa deberá ser enviada a una comisión de trabajo del Legislativo, los diputados deberán analizarla y emitir un dictamen favorable o desfavorable, posteriormente encontrar espacio en la agenda legislativa para poderla conocer en el pleno para su aprobación.

Sin embargo, para que esta iniciativa se convierta en ley el camino está complicado. Diputados de distintas bancadas consideran inoportuna la propuesta, a casi un mes de la convocatoria a elecciones, entre otras cosas, por el poco tiempo para aprobarla.

Los temores

Javier Hernández Franco, jefe de la bancada oficial Frente de convergencia Nacional (FCN-Nación), destacó que “lo primero que debe entenderse es que si no hay un padrón electoral limpio y real sería hacer un fraude en las elecciones”.

“Un proceso como el que se está dando —iniciativa propuesta por el TSE— podría vulnerar este padrón.  Hay muchos diputados, como el fiscal que nos representa ante el TSE —Estuardo Galdámez—, que han recomendado que no apoyemos esta iniciativa, puesto que los controles se perderían”, agregó el legislador.

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Hernández Franco sí reconoció que se habla de que el control del padrón lo llevaría una institución internacional, pero, a su criterio, ese no es el fondo del asunto. “El tema es que en un proceso que no sea transparente o implementar algo nuevo en dos meses podría vulnerar el padrón y así tendríamos problemas para garantizar las elecciones”, señaló.

De la misma forma el jefe del bloque oficial consideró que ya no hay tiempo para aprobar la iniciativa, pues no se podrá aprobar antes del llamado a elecciones, que tentativamente se tiene previsto para la segunda quincena de enero.

“Hoy tenemos interpelación, mañana ya hay agenda y no creo que exista sesiones el resto del mes hasta que regresemos el 14 de enero para el informe presidencial y la toma de posesión de la nueva junta directiva”, aseveró Hernández Franco.

Mario Taracena, de la bancada Unidad Nacional de la Esperanza y fiscal de ese partido ante el TSE, señaló que “cuesta creer que un TSE con el nivel de magistrados que tiene haga este tipo de iniciativas de ley, cuando saben que ya no da tiempo por el cierre del periodo de sesiones y la convocatoria a elecciones es en enero”.

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“A veces se pregunta uno si lo harán por desconocimiento o porque quieren jugar a política. Ya en otras oportunidades los hemos visto jugar política. Se les olvida que ellos son magistrados, por eso se les pone la palabra Supremo, están por encima de y no pueden meterse a este tipo de juegos”, agregó el parlamentario.

Agregó que “en términos prácticos y pragmáticos la ley no tiene sentido” pues de ser aprobar las personas que tienen DPI en el país y no están empadronados podrían preguntarse “por qué no tienen derecho a votar”.

“Segundo, quién puede decir cuántos guatemaltecos efectivamente están fuera, se pueden venir 100 mil o 200 mil votos que salgan del aire y cómo lo averiguamos. Con todas las barbaridades que pasaron en el Renap, donde incluso hay gente presa, no se puede decir que hay cien por ciento de garantía”, acotó Taracena.

Para el diputado, el error comenzó cuando el TSE, años atrás, se opuso a que cuando un joven de 18 años sacara su DPI automáticamente le quedará el número de empadronamiento.

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“Eso no lo entendieron estos señores: que ya estaban en el siglo 21, entonces, ahora quieren hacer esto. Si lo hubieran hecho existieran dos millones de jóvenes que ya estarían empadronados y que solo faltaría motivarlos a votar, esto pasa cuando la gente se pone necia y eso pasó con el TSE”, aseguró el parlamentario.

Más críticas

Fernando Linares-Beltranena, subjefe de la bancada Partido de Avanzada Nacional, señaló que la iniciativa del TSE, tiene dos problemas, el primero es que no es conveniente porque el empadronamiento es un filtro más efectivo que el otorgamiento del DPI.

“Permitir votar sin empadronamiento es restar un filtro que hace el riesgo de un fraude electoral. El segundo punto es que es inconstitucional porque viola el principio de igualdad ante la ley”, afirmó el congresista.

Añadió es una contradicción porque crea el problema de por qué los guatemaltecos en el extranjero no se tienen que empadronar pero los que viven en el país sí.

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Felipe Alejos, primer vicepresidente del Congreso y miembro de Todos, consideró que hay un problema grave primero por la emisión de DPI en el extranjero.

“Por ejemplo amanecemos con noticias que al menos 400 mil persona en Guatemala no han recibido su DPI y que probablemente no podrán votar, eso pasa aquí imaginemos que pasa en los consulados en el extranjero”, señaló Alejos.

Consideró que el Registro Nacional de las Personas (Renap) “está haciendo un pésimo trabajo en Guatemala y en Estados Unidos peor” y que “la realidad es que no existe una solución de fondo”.

El legislador también consideró que la iniciativa se hizo a destiempo ya cuando se termina el periodo de sesiones y posiblemente se dictamine hasta enero ya cuando está cerca el proceso electoral.

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“Veo complicado que esto se vuelva una realidad. Quizás no es imposible, pero sí es bastante complicado”, afirmó el primer vicepresidente del Legislativo.

Luis Hernández Azmitia, del bloque Movimiento Reformador, consideró preocupante el estatus de los migrantes y porque el Renap no tiene las capacidades.

“Creo que no es prudente en este momento meter una iniciativa de esta naturaleza porque no se tendría la capacidad para que se respete la transparencia y el proceso electoral se haga de forma correcta”, añadió.

Rudy Castañeda, jefe de la bancada Unión del Cambio Nacional, consideró que el TSE toma “acciones ya con el tiempo contado y que “estas son acciones que se debieron haber considerado hace dos años cuando entraron en vigencia las reformas”.

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“No veo bien —la iniciativa— desde el punto de vista que se hacen cosas  a la carrera. Lo que nos demuestra este rechazo, es la poca credibilidad que puede tener en determinado momento el empadronamiento”, señaló el congresista.

Castañeda también concordó con el hecho de que se debería empadronar a las personas de forma automática cuando obtienen su DPI, además, no cree conveniente que se aprueben este tipo de acciones.

Eva Monte, diputada de la bancada Alianza Ciudadana, sobre el tema dijo: “primero debería ser viable en el país antes de que en el extranjero” pues todos tienen que ser responsables y cumplir con el deber cívico de votar.

Monte hizo ese comentario al hacer referencia que también existe una iniciativa de ley, que fue propuesta por ella, para que se extienda la vigencia por un año más a los DPI que venzan en el 2019 para que las personas puedan votar sin problemas.

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“Para mí —el empadronamiento— debería ser cuando cumplimos la mayoría de edad. Se debería a empadronar a todos de una vez”, acotó Monte.

Aníbal Rojas, jefe del bloque Visión con Valores, indicó que analizan la iniciativa, pero destacó que “aunque suena interesante es preocupante a la vez”, porque se tendría que decidir si es factible aprobarla.

Pese a su postura, Rojas agregó que le “cuesta creer que esto sea viable”, además, ve complicada su aprobación debido al poco tiempo que queda para la convocatoria a elecciones.

Iniciativa

El TSE presentó al Legislativo el pasado 28 de noviembre la iniciativa de ley temporal para la aplicación del artículo 12 del decreto número 1-85 de la Asamblea Nacional Constituyente, Ley Electoral y de Partidos Políticos.

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En el proyecto de ley expone tres motivos, uno, el derecho y deber ciudadano de ser inscrito en el Registro de Ciudadanos, velar por la libertad y efectividad del voto y la pureza del proceso electoral.

Dos, responder a la reforma electoral de 2016, que fortalece y moderniza al TSE que permite el voto en el extranjero y, tres, viabilizar el voto en el extranjero tomando en cuenta el corto tiempo para la convocatoria a elecciones, en enero de 2019.

El artículo propuesto por el TSE dice: “Todos los guatemaltecos que residan en el exterior, mayores de 18 años que posean Documento de Personal de Identificación (DPI) se les tendrá por empadronados únicamente para emitir su sufragio en las elecciones presidenciales para el año 2019”.

Sin comentarios

El presidente del Tribunal Supremo Electoral Mario Aguilar Elizardi, fue consultado sobre las críticas y posturas de los diputados al respecto de la iniciativa que presentaron y señaló que no tenía ninguna postura al respecto.

“Es criterio de ellos, tienen la facultad de emitir su opinión, de aprobarla o no —la iniciativa—. No tengo más comentarios”, respondió el presidente del tribunal.

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A través de una enmienda para la adición de un artículo nuevo, el Organismo Legislativo facultó al Ministerio de Finanzas para que trasladara los fondos que permitan contratar a una empresa que realice el estudio de prefactibilidad del metro subterráneo en la capital.
 

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“Por lo tanto, el trabajo para completar el estudio de prefactibilidad estaría terminado a finales del 2019 o principios del 2020. Hasta ahí se sabrán datos sobre la viabilidad y factibilidad de poder desarrollar este proyecto”, indicó Sagastume.
 
este estudio de prefactibilidad también tendría un estimado de cuánto podría costar el proyecto, ya que en la actualidad no se tiene un dato sobre el cual hacer proyecciones.
 
“Lo que hay que analizar es cuánto sería la demanda de una potencial línea de metro subterráneo y para eso hay que analizar todas las aristas, entre ellas el servicio público. Se tendría que analizar todo lo que tenga que ver con la demanda”, añadió el funcionario.
 
Carlos Barreda, del bloque Unidad Nacional de la Esperanza y presidente de la Comisión de Economía, se comprometió a girar oficios a las municipalidades de Mixco y Guatemala para que estas pidan a Anadie la elaboración de los estudios de prefactibilidad.

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Recordó que estas comunas ya participaron en una reunión anterior donde se discutió el tema del metro subterráneo y mostraron interés en que se comience con el proceso de estudios de prefactibilidad.
 
Otro pedido que hizo el congresista a Anadie es que antes de la primera quincena de enero presente una propuesta de iniciativa de ley para ver si es factible crear una institución rectora para la administración de un metro subterráneo.
 
“Lo que sucede es que en otros países existe una institución que es la que administra estos sistemas de transporte masivo. Entonces, ya estamos desarrollando el Metroriel y viene este otro proyecto. Se tiene que hablar de qué institución se encargaría de administrarlos”, señaló Sagastume.
 
Actualmente las únicas instituciones que pueden administrar el transporte público, de acuerdo al marco jurídico existente, son las municipalidades. Una iniciativa de ley pasaría bajo el análisis de si es factible continuar con ese modelo o cambiar.

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Los Q145 millones que el Congreso aprobó para este tema para el próximo año solo significa el 2.4 de los por ciento de los Q6 mil millones que el país necesita para cumplir con la norma que establece crear la infraestructura para tratar las aguas servidas.
 

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Críticas

Carlos Barreda, subjefe de la Unidad Nacional de la Esperanza e integrante de la mesa técnica del presupuesto, indicó que la aprobación del presupuesto fue condicionada por su bancada a varios temas.

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Entre dichos temas estaban la dignificación salarial para los médicos, los fondos para financiar la alimentación escolar, los recursos  al sector justicia y el aporte presupuestario a la Universidad de San Carlos (Usac).
 
“Logramos acortar los aportes a plantas de tratamiento, eran Q280 millones, pero se redujo, no estamos satisfechos hubiéramos querido que se eliminara totalmente ese monto”, afirmó el congresista.
 
Barreda añadió que la aprobación de esos fondos fue gracias a que se llegó a un acuerdo político en el pleno. “Nosotros queríamos fondos para la Usac, Salud, Sector Justicia y Educación y ellos quería sus plantas de tratamiento, entonces lo que se hizo fue reducirle lo más que se pudo”, señaló.
               
Rudy Castañeda, subjefe de la bancada Unión del Cambio Nacional y vicepresidente de la Comisión de Finanzas, recordó que se había asignado Q280 millones para este rubro.

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“La historia del por qué de esta asignación es complicada de ver, pero hay que analizar el acuerdo gubernativo 236-2006, que establece que los municipios deben tener plantas de tratamiento de aguas residuales”, explicó el legislador.
 
Destacó que el cumplimiento de esta norma se ha prorrogado y la última fecha que se tiene para su cumplimiento es hasta mayo de 2019, sin embargo, las municipalidades casi no hacen inversión en plantas de tratamiento.
 
“Es un tema muy importante para las municipalidades, incluso aún existen lugares donde los drenajes están a flor de tierra y por otro lado los que tienen drenajes simplemente depositan el agua servida en cuerpos de agua”, explicó Castañeda.
 
El diputado reconoció que hubo “una presión bastante fuerte” para reducir la asignación  sobre todo porque estaba contemplado que lo ejecute el Fodes, razón por la cual los planteamientos han sido muy diversos.

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“Incluso yo cuestioné la poca efectividad del Fodes como estructura y unidad ejecutora, y la experiencia que hemos tenido en los últimos años es que no tienen mucha capacidad de ejecución y que han cambiado titulares en ese ministerio y eso no le ha dado continuidad a los proyectos”, destacó el parlamentario.

Pocos fondos

Edwin Escobar, alcalde de Villa Nueva y presiente de la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam), indicó que es bueno que el Ejecutivo y el Congreso reconocieran la insistencia de los alcaldes.
 
Recordó que como Anam sugirieron que se presentara una iniciativa de ley para que se asignara un porcentaje del IVA-Paz para desarrollar la infraestructura de las plantas de tratamiento.
 
“Se sugirió que los fondos fueran al Instituto de Fomento Municipal (Infom), pero decidieron dárselo a una unidad ejecutora diferente, si lo quieren hacer así está bien, pero lo importante es que sean efectivos y expeditos en asignar los recursos a principio de año porque, si no, no dará tiempo a ejecutarlo”, dijo.

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Escobar señaló que definitivamente Q145 millones no alcanzan para los Q6 mil millones que necesita Guatemala para poner las plantas a nivel nacional.
 
Ante las críticas de que estos fondos pueden utilizarse para clientelismo políticos el alcalde indicó que “el legado más importante que se puede dejar a futuras generaciones es el agua”.
 
“Es importante que le apostemos a salvar el agua ya que es el recurso más importante para la vida de cualquier población. No me preocupa tanto —las críticas— porque Guatemala está siendo fiscalizada por muchos entes incluyendo la sociedad civil que anda atrás de los proyectos”, afirmó el jefe edil.
 
Destacó que hacer una planta de tratamiento no toma un par de días sino que necesita estudios previos, y solo aquellas comunas que hayan cumplido con los requisitos serán los que puedan optar a los fondos.
 
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“No es algo que se pueda dar a dedo o algo que se pueda politizar, además las plantas de tratamiento no son obras visibles pues siempre están escondidas por los olores”, argumentó el funcionario.

Al consultarle sobre las críticas que se hacen porque los fondos se asignaron al Fodes respondió: “Donde los pongan —los recursos— va a estar sujeto al mismo escrutinio, lo importante es que quien lo tenga sea responsable en ejecutarlo lo antes posible”.

Escobar recalcó que aun así los fondos que se asignaron son muy pocos y como ejemplo indicó que solamente la mancomunidad del sur, ubicada al sur de la capital, necesita Q600 millones para tratar las aguas residuales del río Villalobos.

Fondos pueden trasladarse

Alfonso Alonzo, ministro de Ambiente, fue consultado sobre esta situación y destacó que en la actualidad hay 170 plantas de tratamiento y alrededor de 500 estudios de prefactibilidad para la construcción de este tipo de infraestructura.

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El ministro consideró que es positivo que se haya dejado presupuesto para la construcción de plantas de tratamiento y consideró que el Fodes tiene la capacidad para ejecutar los fondos.
 
“No nos dejaron los fondos a nosotros porque en el momento de la discusión del presupuesto no teníamos una unidad ejecutora. Incluso el Congreso dejó fondos para que el Ministerio de Ambiente conforme una unidad ejecutora”, declaró el funcionario.
 
Alonzo señaló que hay posibilidad de que se haga un traslado de los fondos a la cartera de Ambiente una vez se tenga establecida la unidad ejecutora.
 
“Los demás gobiernos tendrán la necesidad de hacer aportes para la construcción de estas plantas de tratamiento, porque los alcaldes no tienen la capacidad económica para hacerla. Esperamos trabajar este presupuesto con la mayor transparencia”, acotó el ministro.

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El plan, denominado “Crecer Sano Proyecto de Nutrición y Salud en Guatemala”, que se financiaría con un préstamo de hasta US$100 millones no fue aprobado antes de que terminara el segundo periodo de sesiones ordinarias de este 2018 y corre el riesgo de perderse de no agilizar los acuerdos políticos.
 

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“Insisto en llamar a los bloques a acudir a la sesión y apoyar este importante crédito. El préstamo Crecer Sano ayudará a reducir la desnutrición crónica infantil en siete departamentos del país. Aproximadamente se beneficiará a 400 mil niños”, añadió el legislador.

Solicita aprobación

Víctor Martínez, ministro de Finanzas Públicas, señaló que esperan que se pueda cerrar este año con la aprobación del crédito lo cual indicó “es prioritario para el país”.
 
El funcionario señaló que espera que se pueda dar la aprobación antes de que termine la primera quincena de diciembre y recordó que estos “préstamos que tienen un monto alto no se ejecutan en un solo año, sino que son proyectos multianuales”.

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“Usualmente estos préstamos tienen cinco años para su ejecución. Lo que vemos es que es una forma en que el país puede apostar en políticas públicas y darle continuidad a ciertos temas prioritarios, aun teniendo un cambio de Gobierno”, explicó el funcionario.
 
El ministro señaló que un préstamo multianual permite que se dé continuidad y prioridad a temas de importancia nacional, que en el caso de Guatemala es la seguridad alimentaria y lucha contra la desnutrición crónica.
 

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El jefe de la cartera de Finanzas destacó que “por estos préstamos se compite con otros países, porque muchos buscan financiar sus programas multianuales, y en este caso, Guatemala ha sido respaldada a nivel internacional”.

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Durante una reunión este lunes en el Congreso, la mesa técnica del presupuesto, Ministerio de Finanzas y la Universidad de San Carlos (Usac), discutieron más fondos para la Usac. 
 

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Víctor Martínez, ministro de Finanzas Públicas, explicó que ya se trasladó todo el presupuesto asignado a la Usac para el 2018.
 
“Adicional tenemos una ampliación que va a estar por el orden de los Q220 millones, de los Q400 millones que ellos pedían. Les hemos informado que tenemos que ser muy cautos y podemos informar únicamente de lo que podemos tener certeza, y es un proceso que es muy dinámico y que trabajamos permanentemente para tener espacios”, señaló el funcionario.
 
Martínez confirmó que se reunirán el próximo 17 de diciembre para discutir la firma del convenio de transparencia, el cumplimiento de los traslados y otras eficiencias para otros posibles aportes.
 

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Paiz señaló que buscarán mostrarla al mandatario Jimmy Morales cuánto cuesta sostener los programas de los jóvenes universitarios y esperarían que no se les vaya a querer descalificar.
 
La solicitud de audiencia con el presidente se pidió a través del ministro de Finanzas Víctor Martínez y el jefe de la bancada oficial Frente de Convergencia Nacional, Javier Hernández Franco, que además es el presidente de la mesa técnica del presupuesto.

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Esta contrariedad  ha desatado un acalorado debate entre algunos tránsfugas y culpan de haber alterado la reforma a Mario Taracena, diputado de la UNE y presidente del Congreso en el 2016 y que incluso fue denunciado penalmente por esta situación.

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Al hacer el cruce de datos con ese mismo listado y la actual composición del Congreso, encontramos estos números:

• 12 de esos legisladores son tránsfugas, pues se cambiaron de bloque o se declararon independientes.
• 11 son miembros de la bancada Movimiento Reformador (MR).
• Siete pertenecen al bloque Alianza Ciudadana (AC).

Pese a que algunos de los miembros de las bancadas MR y AC no tienen la prohibición expresa e incluso pueden optar a puestos directivos en el Congreso, esos bloques no representan a ningún partido político; por lo tanto, esos legisladores no podrían postularse como candidatos a diputaciones.

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En caso de que esos diputados decidieran abandonar sus bloques, no podrían adherirse a ningún otro partido, debido a la prohibición establecida en la Ley Electoral, por lo que no podrían reelegirse.

Sin embargo, la interpretación final le corresponde al Tribunal Supremo Electoral (TSE) y es quien debe decidir si efectivamente esos congresistas pueden reelegirse.

Disparo en el pie

Información proporcionada por la Dirección Legislativa del Congreso revela que, de los diputados que votaron por enterrar el transfuguismo, fallecieron Álvaro Adolfo Velásquez, de Convergencia, y Ovidio Joel Domingo Bámaca, de la UNE.

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Cuatro legisladores más fueron separados de la curul por haber sido vinculados con un proceso penal. Ellos son  César Emilio Fajardo Morales, de la UNE; Christian Jacques Boussinot Nuila; de Todos; Julio Antonio Juárez Ramírez; del Frente de Convergencia Nacional; y Roberto Kestler Velásquez, de Todos.

Además,  Carlos Enrique López Girón y Julio César López Villatoro, ambos de la UNE, fueron separados del cargo porque tenían una orden de captura y ahora están prófugos.

Otros tres diputados han renunciado a la curul por distintos motivos, como Alsíder Antonio Arias Rodríguez, del Frente de Convergencia Nacional; Fernando Enrique de León Asturias, de Encuentro por Guatemala; y Selvin Boanerges García Velásquez, de Compromiso, Renovación y Orden.

Gustavo Arnoldo Medrano Osorio y Roberto Ricardo Villate Villatoro, quienes  votaron a favor de la reforma, pertenecían al bloque Libertad Democrática Renovada (Líder), pero debido a que el TSE canceló este partido pasaron a ser independientes.

Diputados de varias bancadas que podrían ser afectados con la reforma al artículo 205 Ter han impulsado hacer cambios a la legislación para no tener impedimento en relegirse en el próximo proceso electoral.

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Señalamientos

El pasado 7 de noviembre, Delia Bac, diputada de AC, quien no votó por la reforma, recriminó de forma airada a Taracena cuando tomó la palabra en una sesión plenaria, en la cual se discutían reformas a la Ley Electoral.

Bac reveló que existía un trato entre los diputados tránsfugas y la UNE para revivir el transfuguismo, extremo que ha negado esta bancada, y señaló a Taracena de ser el culpable de la situación que ahora afrontan quienes han acostumbrado cambiarse de partido.

De acuerdo con estos legisladores, Taracena cambió la redacción final de la enmienda que reformaba el artículo 205 Ter y esta no fue enviada de vuelta a la Corte de Constitucionalidad (CC) para su análisis, por lo que consideran que la aprobación fue ilegal.

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Luis Hernández Azmitia, de MR y ponente de una iniciativa que busca modificar la Ley Electoral para revivir el transfuguismo, señaló tres inconstitucionalidades en esa reforma.

“El 29 de marzo de 2016, el diputado Taracena es ponente único para cambiar el artículo 205 Ter que  había sido aprobado por la CC. Ahí hay una violación al debido proceso, hay violación al derecho de elegir y ser electo, y la tercera violación es a la libre asociación”, expuso.

Fernando Linares-Beltranena, diputado del Partido de Avanzada Nacional (PAN), afirmó que “lo que hizo Taracena en el 2016 fue mañoso, manipulador, pues engañó a los diputados, pues quitó una parte —para que no pudieran reacomodarse— en el último año de la legislatura y lo hizo para defender el monopolio de los secretarios generales”, afirmó.

Agregó que no deben existir sanciones como las que se impusieron en el 2016 y que está a favor de la libre asociación, pues “quita la tiranía de los secretarios generales”.

Consultado sobre los señalamientos, Taracena respondió que el secretario leyó la iniciativa  al pleno y luego la votaron 107 diputados, quienes “no fueron sorprendidos”.

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“Para que quede claro que no fue sorpresa para nadie, incluso se aprobó un artículo transitorio con el cual les daba 90 días para renunciar y cambiarse porque quedaba enterrado el transfuguismo, 90 días más para que sacaran el cuchillo y traicionaran a su partido”, recordó Taracena.

Aseguró que no teme nada y está consciente de “que le tocó” una gran responsabilidad, la cual fue acabar con esa práctica. También aseguró que no es la única enmienda que tiene solo su firma, sino que existen más de 10 artículos, pues fue un acuerdo de la mesa trabajo.

El 22 de noviembre Bac y Linares-Beltranena presentaron una denuncia contra Taracena por abuso de autoridad, falsedad material, falsedad ideológica e incumplimiento por la reforma del artículo 205 Ter la cual fue remitida a la Corte Suprema de Justicia para que decida si procede retirarle el antejuicio.

“Es una muestra de dolor, cólera y rabia”, respondió Taracena.

Discusión estancada

El 21 de noviembre fue la última ocasión en la que se convocó para seguir con las reformas a la Ley Electoral, pero esta fue suspendida por segunda vez consecutiva y con esto se acortó más el tiempo para que los diputados tránsfugas puedan tener la oportunidad de reelegirse.

Alejandra Carrillo, diputada independiente, consideró se deberían analizar ya no agendar la discusión de las reformas a la Ley Electoral.

“Se ha visto un desinterés por parte de todas las bancadas de no aprobar el resultado que vino de la Corte de Constitucionalidad. Considero que no tiene sentido seguir con esta agenda”, afirmó.

El pasado miércoles no se agendó la discusión debido a que comenzó la interpelación al ministro de Desarrollo Social Carlos Velásquez.

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Según el reporte policial las capturas se registraron durante las 25 diligencias judiciales que se realizaron los municipios de San Miguel Petapa, Villa Canales y Villa Nueva, situado en el sur del departamento de Guatemala, y en Escuintla.
 

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Los capturados son:

• Jorge Mendoza Miranda, 69.
• Antonio Gómez Martínez, 57.
• Orlando Pérez Peña, 48.
• Eva Amaya Castillo, 42.
• Esperanza Felipa Utuy López, 36.
• Luís Fernando Trujillo Rosales, 36.
• Jerónimo Alexander Gómez Méndez, 31.
• Lucky Celeste Barrondo Santizo, 31.
• Claudia Isabel Castañeda Velásquez, 28.
• Héctor Abraham Hernández Max, 22.
• Luís Arnoldo Marroquín Cali, 22.
• Gelber Damián Osorio Chávez, 19.
• Un menor de 14 años.

A estas personas les decomisaron 194 bolsas con marihuana, 162 cápsulas con cocaína y 123 piedras de crack, un rifle de viento y cuatro celulares, uno de los cuales fue robado el 31 de julio de 2017.

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También incautaron Q1 mil 796 quetzales que se presume es producto de la venta de drogas en los sectores donde fueron detenidos.

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Trump despegó rumbo a Washington desde el aeropuerto internacional Ministro Pisarini de Buenos Aires hacia las 21:20 horas, acompañado de su esposa, Melania, y de la amplia delegación estadounidense que le acompañó en su visita de dos días y dos noches.
 

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Desplantes

Además de las reuniones bilaterales con otros líderes mundiales la visita de Trump a la Argentina será recordada por tres hechos particulares, un desplante para con sus pares al no querer posar con ellos en una foto oficial, tirar un auricular frente al presidente argentino y negarse a entrar a una reunión donde solo participan los jefes de Estado.

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El primer desplante ocurrió cuando Trump se encontró con su colega Macri en la Casa Rosada. Enojado con la interpretación oficial, tiro al piso los audios con los cuales escuchaba las palabras de su colega.
 
“Entendí mejor en su idioma que a través de la interpretación”, dijo luego de dejar caer el aparato que tenía en su oreja.
 

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Por último, según información del diario argentino El Clarín, el presidente estadounidense fue el único de los líderes mundiales que evitó participar en la reunión conocida como “El Retiro”.
 
En dicha reunión es la única ocasión en la que los líderes mundiales se encuentran solos, sin asesores u otros funcionarios y discuten temas que solamente ellos sabrán.

Otros compromisos

Trump se reunió el jueves Macri, con el que habló sobre el comercio bilateral, la situación en Venezuela y la relación de Latinoamérica con China.
 
También firmó junto al presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, y el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, el renovado acuerdo comercial entre EE.UU., México y Canadá, conocido como T-MEC, que aún debe ser ratificado por los Congresos de los tres países para entrar en vigor.
 
También sostuvo una reunión con la canciller alemana, Angela Merkel, los primeros ministros de Japón, Shinzo Abe, y de la India, Narendra Modi; y los presidentes surcoreano, Moon Jae-in, y turco, Recep Tayyip Erdogan.

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El mandatario tenía previsto entrevistarse también con su homólogo ruso, Vladímir Putin, pero el jueves canceló abruptamente el encuentro bilateral debido a las detenciones de buques ucranianos por parte de Moscú en el mar Negro.
 
No obstante, Trump mantuvo dos breves conversaciones “informales” con Putin durante la cumbre, según la Casa Blanca: la primera antes de la foto de familia el viernes, y la segunda esa noche, cuando ambos coincidieron en la cena ofrecida a los líderes en el Teatro Colón.
 
Trump también intercambió “unos breves comentarios amables” con el príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salmán, quien se encuentra en el centro de una polémica mundial debido a la implicación de agentes saudíes de su entorno en el asesinato del periodista Jamal Khashoggi, cometido en octubre.
 
El mandatario planeaba ofrecer hoy una conferencia de prensa en Buenos Aires para compartir sus conclusiones de la cumbre, pero la noticia del fallecimiento del expresidente estadounidense George W. Bush (1989-1993) le hizo cancelar ese acto por “respeto” a la familia del fallecido.
 
Con información de El Clarín

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La Conred mantiene 15 albergues en los departamentos de Guatemala, Huehuetenango, Jalapa, Quiché, Sacatepéquez, San Marcos, Sololá y Totonicapán, lo cual forma parte del plan y acciones de respuesta por la temporada de descenso de temperaturas.

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La Conred solicita a la población que si observa alguna persona que se encuentre pernoctando en la vía pública o su casa no es reúne los requisitos mínimos para resguardarla del frío notifique a las cuerpos de socorro para que sea trasladada hacia uno de los albergues.
 
De la misma forma pidió a la población en general que se abrigue adecuadamente, particularmente si realiza actividades al aire libre durante la noche y madrugada.
 
También alertó que se debe proteger principalmente a niños y adultos mayores ya que son el grupo etario más propensos a sufrir enfermedades bronco respiratorias.

Época fría

Según un boletín informativo del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) para este fin de semana se espera niebla al amanecer, periodos soleados durante el día y lluvias dispersas al final de tarde.

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Este clima prevalecerá principalmente en las regiones del sur y caribe y están asociadas al ingreso de humedad por el Pacífico.
 
Sin embargo, las condiciones que actualmente se mantienen son favorables para que se continúen registrando bajas temperaturas en horas de la noche y madrugada.
 
El frío imperará particularmente en los altiplanos occidental y central y en la región de meseta central donde se esperan temperaturas mínimas de entre 7 a 15 grados Celsius.
 
El Insivumeh informó que la época fría comenzó a partir de la segunda quincena de noviembre. Lo que provocó que la lluvia disminuyera en la mayoría del territorio nacional y principalmente en regiones de la costa sur, el centro del país.

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Con la época fría comienza el acercamiento de Sistemas de Alta Presión —frentes fríos— los cuales son masas de aire fría que generan descenso de temperatura en regiones del altiplano occidental, meseta central y franja transversal del norte.
 
Según el Insivumeh para esta temporada se espera el acercamiento de aproximadamente 12 a 14 frentes fríos al territorio guatemalteco de los cuales dos podrían ser características fuertes, estableciéndose el mayor descenso de temperatura a finales de diciembre e inicio de enero.
 
Durante esta temporada se esperan temperaturas mínimas hasta de -7.0 y 1.0 grados Celsius en el altiplano occidental y entre los -4.0 y -1.0 grados Celsius en el altiplano central, principalmente entre los meses de diciembre y enero.
 
Asociado al acercamiento de frentes fríos también se podrían presentar algunas lluvias o lloviznas dispersas y de corta duración en algunas regiones del norte, caribe, boca costa, sur occidente e incremento en la velocidad del viento.

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El pasado 30 de octubre los diputados Eva Monte, Delia Bac, Karla Martinez, Dolores Beltrán y Estuardo Galdámez, presentaron la iniciativa de ley para penalizar las críticas a políticos, pero días después anunciaron que tenía algunos errores a enmendar y analizaban retirarla de Dirección Legislativa. 
 

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La iniciativa creaba el delito de acoso político y violencia política, con penas que iban desde los dos años de prisión hasta los cinco. Además, se contemplaban multas de hasta Q20 mil y la inhabilitación para ejercer cargos públicos de manera temporal. 

Cambio

Este viernes el diputado  Galdámez explicó las nuevas intenciones para modifciar su propuesta original.

“Se buscaría hacer esa ley más drástica, así es que todos aquellos que escriben en redes sociales identificados con una máscara, con un nombre ficticio o apodo serían perseguidos por el Ministerio Público (MP)”, señaló el legislador.
 
El congresista comparó que la iniciativa sería similar en forma a la Ley de Pánico Financiero: “Si alguien inicia una campaña de desprestigio en contra de una institución bancaria, con el ánimo de que quiebre, el MP lo puede ubicar y atrapar, algo así sería la iniciativa de pánico social”, explicó Galdámez.
 
El diputado oficialista señaló que el cambió iría en función de castigar a toda aquella persona “que utilice cualquier medio o modo —particularmente digital— y atente contra la honorabilidad de las personas sin fundamento alguno”.

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El congresista señaló que el cambio también iría en función de castigar a aquellas personas que tienen la capacidad de contratar a otras para que ataquen de forma sistemática en plataformas virtuales a las personas, creando así campañas negras en su contra.
 
“Son acciones donde se difama, se calumnia, se desacredita ante su familia y la sociedad. Actos que incluso podrían hacer que la persona quiebre de forma económica y en su honorabilidad, y la pregunta es: ¿Quién castiga eso?”, agregó.
 
El diputado distrital de Quiché amplió que la intención no es ser intolerante a la crítica, por el contrario, está a favor de esto, incluso, considera que el político o funcionario que es corrupto merece ser separado de la función pública.

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“En lo que no estoy de acuerdo es que en los guatemaltecos entren en una discordia y en una posición encontrada a través de mentiras, injuria y sin bases para hacerlo. Las persona tienen honorabilidad y no vale que se manche de forma injusta”, señaló el legislador.
 
Galdámez explicó que estos cambios no sería a través de una nueva iniciativa de ley, sino que se dejará que la iniciativa que crea los delitos de acoso y violencia política llegue a alguna comisión y se le hagan enmiendas para cambiar su contenido.
 

Propuesta original 

Se proponía crear el delito de acoso político con el cual cualquiera que realicen actos de presión, persecución y hostigamiento a las personas postulantes o electas de la función política durante o después del proceso electoral por cualquier medio de difusión o plataforma digital con la finalidad de impedir el ejercicio de su derecho político o induzca a tomar decisiones en función de su cargo en contra de su voluntad será sancionado con prisión de dos  a tres años.
 
Además, se imponga una inhabilitación para ejercer cargo público por un período similar al de la condena y que si fuera cometido por empleados o representantes legales de una persona jurídica o una empresa, además de la sanción, al particular se impondrá a la empresa una multa de dos Q1 mil a Q10 mil  y si se produce reincidencia, se sancionará a la persona jurídica con su cancelación definitiva.
 
El segundo artículo crearía el delito de violencia política, que señala que quien realicen una agresión física o psicológica o cualquier otro tipo de coacción, contra los postulantes o personas electas de la función política, durante o después del proceso electoral, con el fin de suspender, menoscabar u obstaculizar el ejercicio de sus derechos políticos, mandato o función, será sancionado con prisión de dos a cinco años.

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Para este delito también se contempla una inhabilitación para ejercer cargo público por un período similar al de la condena y si este fuera cometido por empleados o representantes legales de una persona jurídica o una empresa esta recibirá una multa de Q5 mil a Q20 mil y si hay reincidencia, se sancionará a la persona jurídica con su cancelación definitiva.

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La decisión se tomó en una sesión de la sala de trabajo de Derechos Humanos, donde luego de una votación se acordó archivar la petición hecha por el congresista Fernando Linares-Beltranena.
 

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“La Comisión no es un ente investigador sino un ente evidentemente político. Dentro de la evaluación que se desarrolló se determinó que no habían causas como para solicitarle al procurador que terminara sus funciones”, acotó Arango.
 
El presidente de la Comisión de Derechos Humanos señaló que es decisión del diputado Linares-Beltranena si procede a llevar al pleno la discusión, porque en la comisión el tema se tomará como archivado.

En desacuerdo

Fernando Linares-Beltranena, de la bancada Partido de Avanzada Nacional (PAN), miembro de la comisión y quien presentó la denuncia, tenía conocimiento de la falta de apoyo a su propuesto, por lo que este viernes no se presentó a la reunión de la comisión. 
 
“No se dijo la razón por la cual se iba a celebrar la reunión, no conocíamos la agenda y a última hora se acordó de última hora conocer la remoción de Jordán Rodas y la izquierda tiene mayoría predominante, ganaron y defendieron ideológicamente al procurador”, afirmó el diputado.

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El congresista señaló que pese a la decisión de la Comisión llevará el dictamen que se emitirá al pleno y pedirá la destitución del procurador Jordán Rodas. “El pleno lo nombró y el pleno lo puede remover”, recordo Linares-Beltranena.
 
Para el diputado “hay causas de sobra” para destituir a Rodas del cargo. A modo de ejemplo Linares-Beltranena señaló “la falta de emisión de censura en casos críticos” qué él considera violan los Derechos Humanos.
 
“Entre los principales -está- la violación al derecho de la propiedad privada, él —Rodas— dice que solo media, pero yo no quiero que medie sino que emita censura contra los invasores. Nunca emitió censura a la violación de libertad de credo cuando acompañó una manifestación en el parque central —de la Poderosa Vulva— que ofendió a la Virgen, que es una creencia religiosa católica”, señaló el parlamentario.
 
También consideró un motivo para su destitución el hecho que Rodas no haya emitido censura en contra “de quienes mantuvieron secuestrados a los diputados en septiembre” de 2017, sino que al contrario, “presentó una exhibición personal a favor de los manifestantes”.

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El proyecto de presupuesto que llegó al Congreso mediante el Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin) contemplaba un aporte a las instituciones de Q2 mil 856 millones 424 mil 897, pero lo aprobado el martes por el pleno asciende a Q2 mil 909 millones 375 mil 324, es decir un aumento de Q52 millones 950 mil 427.
 

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Salud

Según la enmienda, para las instituciones de Salud se acordó un aporte de  Q517 millones 400 mil, lo que representa un aumento de Q45.6 millones en relación a lo que había solicitado el Ejecutivo.
 
Resalta que en la iniciativa del Minfin sugirió aportes para 42 instituciones, pero al final el Congreso solo otorgó aportes para 37, dentro de ellas cinco que no habían sido incluídas en la propuesta del Ejecutivo.
 
La enmienda precisa que 14 instituciones recibieron aumento en relación a la iniciativa. Entre los más favorecidos están la Liga Nacional contra el Cáncer, pues el Minfin pidió otorgarles Q21.7 millones y la sala acordó dejarlo en Q35 millones, es decir un aumento de Q13.3 millones.

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Sigue la Unidad Nacional de Oncología Pediátrica, a quien el Ejecutivo pidió darles Q40 millones, pero los diputados acordaron darle Q50 millones, es decir Q10 millones más. La Organización Cristiana de Beneficio Social Esperanza de Vida, que se había sugerido otorgarle Q12.5 millones, la comisión decidió que se le de Q20 millones, un aumento de Q7.5 millones.
 
La Asociación de Desarrollo Integral y Seguridad Familiar recibió Q2 millones, mientras que la Asociación Civil de personas con discapacidad Zajil Qinal Luz, la Asociación Instituto Panamericano Contra la Ceguera, la Instancia por la Salud y el Desarrollo de las Mujeres y la Asociación Civil Ministerio Shadai Nueva Familia recibieron cada una Q1 millón. Ninguna de estas cinco instituciones estaba incluida en lo sugerido por el Minfin.
 
Once instituciones recibieron el mismo aporte que se proyectó por el Ministerio de Finanzas, pero siete tuvieron un recorte.
 
Las más afectadas son la Fundación Guatemalteca de Trasplante Hepático, a la cual el Minfin pidió que se le dieran Q5 millones pero los diputados solo otorgaron Q2.5 millones, es decir, se les recortó Q2.5 millones. La Fundación de Especialidades Materno Infantil sufrió un recorte de Q1 millón, pues el Ejecutivo pidió Q4 millones y la comisión le otorgó Q3 millones.

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La enmienda también revela que 10 de las oenegés que la cartera de Finanzas sugirió dar fondos no recibieron dinero, pues los diputados decidieron que así fuera.

Educación

En el caso de las instituciones de Educación el aporte quedó en Q2 mil 391 millones 975 mil 324, lo que significa un aumento de  Q7 millones 354 mil 427.
 
En esta caso Finanzas sugirió dar aportes a 17 instituciones pero al final se les aportó a 21, por lo que cuatro instituciones que no estaban incluidas recibieron fondos.
 
La enmienda modificó el presupuesto y dos instituciones recibieron un aumento, entre ellas la Asociación Centro Don Bosco, con un incremento de Q10 millones para llegar a Q35 millones, mientras que la Asociación Ax Tenamit, recibió Q1.5 millones más de lo solicitado por Finanzas y se le destinarán Q4 millones.

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Once instituciones quedaron igual como sugirió el Ejecutivo y cuatro sufrieron recortes, entre ellas la Fundación Fe y Alegría que tuvo un recorte de Q3.2 millones sobre los Q66.2 millones que Finanzas sugirió.
 
Mientras que los Consejos Educativos y Organizaciones de Padres de Familia, tuvieron un recorte de Q2.5 millones y la Fundación para el Desarrollo y la Educación de la Mujer Indígena recibió Q2 millones respecto a lo que el Ministerio pidió para ellas.

Posturas

Carlos Barreda, subjefe de la Unidad Nacional de la Esperanza y miembro de la mesa técnica del presupuesto indicó que la bancada decidió que sus integrantes podían decidir si apoyaban o no la distribución del apoyo a las oenegés.
 
“En esa votación algunos votamos en contra y otros a favor, la razón fue que no fue una enmienda que se consensuara en la mesa técnica. Varias vece se solicitó esa enmienda pero no la entregaron y eso motivó la decisión de la bancada”, explicó el congresista.

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Barreda agregó que consideran que “hay oenegés que si hacen un trabajo importante para el Ministerio de Salud, pero otras no, de las cuales no se tiene constancia de su complemento del trabajo con la cartera”.
 
Rudy Castañeda, de Unión del Cambio Nacional y miembro de la Comisión de Finanzas, explicó que el problema no es la asignación presupuestaria a un ministerio secretaria o institución, sino la fiscalización de los recursos públicos.
 
“Siempre he dicho que funcionarios que no van a hacer bien su trabajo habrán siempre, que busquen como desviar las normas presupuestarias existirán, pero existe la Contraloría que es el responsable de la fiscalización”, señaló Castañeda.
 
El legislador señaló que si se fortaleciera la Contraloría “otra cosa sería, pues cualquiera pensaría dos veces vulnerar una norma presupuestaria o hacer algo con la ejecución de recursos”.

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Manfredo Marroquín, experto en transparencia de Acción Ciudadana, agregó que “existen oenegés de oenegés” y por lo tanto hay que poner atención a la fiscalización.
 
“Hay todo tipo de oenegés que se dedican a diferentes tipos y servicios, de la misma forma hay algunas muy reconocidas que prestan importantes servicios en salud y educación que reciben apoyo, de la misma forma existen otras de las cuales se conoce muy poco”, aseveró Marroquín.
 
El experto señaló que la fiscalización debe ser pareja, pero debe ponérsele más atención a esas de las que no se tienen mucha información.
 
“Todas deben ser auditadas por el contraloría y deben tener un control estricto, pero más con esas que se conoce poco su trayectoria”, afirmó el presidente de Acción Ciudadana.

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En la agenda de los legisladores destacaron iniciativas como la que busca modificar la Ley en Materia de Antejuicio, el intento de cambiar la Ley Electoral para revivir la práctica del transfuguismo, mientras que en las leyes aprobadas resalta la que reformó el artículo 407 N del Código Penal que cambió la forma de tipificar el delito de financiamiento electoral anónimo y no registrado.
 

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Producción legislativa

Datos de la Dirección Legislativa del Congreso señalan que en los cuatro meses que duró el segundo periodo de sesiones —del 1 de agosto al 30 de noviembre— se aprobaron 10 decretos legislativos.
 
La primera ley que aprobó en este periodo fue la que declara el 8 de marzo como Día de las Víctimas de la Tragedia del Hogar Seguro y da una pensión a las sobrevivientes, el segundo fue una protocolo para prevenir la contaminación al mar y el tercero fue la Ley para agilizar la construcción del libramiento de Chimaltenango.
 
Posterior fue aprobadas las leyes de Turismo Interno, Fortalecimiento al Emprendimiento, Ley de Derechos de Autor y el reconocimiento y pensión al maestro Joaquín Orellana.

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De forma sorpresiva el 18 de octubre se reformó el artículo 407 N del Código Penal, lo cual podría provocar que casos de financiamiento electoral ilícito, donde están señalados políticos y empresarios, queden sin materia.
 
Los últimos decretos fueron la Ley de Avisos Electrónicos y el Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado del próximo año.
 
Durante el periodo los diputados también tres acuerdos legislativos, uno para declarar electos a los relatores contra la tortura que faltaban, la juramentación del presidente de la Corte Suprema de Justicia Nester Vásquez y declarar electo al magistrado de esa misma corte Manuel Duarte.
 
De la misma forma se aprobaron cuatro puntos resolutivos, el primero para llamar al diálogo al Gobierno de Nicaragua, una mención honorifica a los atletas que ganaron medallas en los juegos Centroamericanos y del Caribe, rechazar el concierto de rock satánico de la banda sueca Marduk y reconocer a centros educativos y alumnos del centro histórico por ya no protagonizar riñas callejeras.

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Otro dato proporcionado por la Dirección Legislativa es que durante los 122 días del segundo periodo de sesiones ordinarias se presentaron 50 iniciativas, en promedio se presentó una cada dos días y medio. De  estas solamente siete tienen un dictamen favorable o desfavorable, es decir únicamente el 14 por ciento de los proyectos de ley.

Temas que destacaron

Durante el periodo también destacaron algunos temas que evidentemente era para el beneficio de los parlamentarios.
 
Uno fue la iniciativa de reformas a la Ley en Materia de Antejuicio, esta busca quitar el filtro de la Corte Suprema para que pasen directamente el Congreso, lo que es interpretado como una iniciativa que le daba poder político a los legisladores.
 
Otra iniciativa que causó inquietud fueron las reformas a la ley de oenegés, que en su momento fue considerada como una mordaza para aquellas organizaciones que fiscalizan el Congreso o el Gobierno.

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La posibilidad de revivir el transfuguismo también estuvo presente durante gran parte del periodo, incluso hasta se llegó al extremo de agendar una sesión exclusiva para las reformas a la Ley Electoral y los mismos tránsfugas revelaron en el pleno que había planes para revivir la práctica.
 
Recientemente causó críticas una iniciativa que buscaba crear los delitos de acoso político con los que se buscaba penar con prisión a quienes criticaran a funcionarios en el cargo o electos y se ha hablado de otra iniciativa —que no se ha presentado— para disolver la Corte de Constitucionalidad (CC).

Posturas

Luis Hernández Azmitia, del bloque Movimiento reformador, señaló que este periodo de sesiones ordinarias “ha sido de los más débiles en posturas, soluciones o decretos sustantivos que aborden las  grandes problemáticas del país”.
 
“Este año arrancamos con la reactivación económica pero cuando se mira los decretos que se discutieron a lo largo de este periodo carecen de temas sustantivos o de propuestas para solventar los problemas del país”, acotó el congresista.

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Hernández Azmitia consideró que falto liderazgo por parte de la Junta Directiva para impulsar temas sociales y económicos.
 
“El primer periodo de sesiones tuvimos a un presidente Arzú que buscaba consensos, con una agenda de reactivación económica, pero en el segundo perdió el norte y empezó a meter proyectos sin sustento, más que todo decretos sin sentido, la directiva perdió el rumbo”, agregó el parlamentario.
 
Nineth Montenegro, jefa de Encuentro por Guatemala, calificó el segundo periodo de sesiones ordinarias como complejo en el que “hubo una serie de amenazas para quedar lastimar a la CC” lo cual consideró que “es grave”.
 
“Han existido sistemáticas amenazas para generar legislación, acuerdos o decretos para expulsar al procurador de los Derechos Humanos y legislaciones ambiguas y difusas que son riesgosas, lo cual generó tensión”, aseveró Montenegro.

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La parlamentaria señaló que también se vieron cambios de personas que aparentemente estaban unidas y ahora comienza a mostrar una separación y una supuesta oposición. “Para mí, estos son movimientos con fines netamente electorales”, puntualizó.
 
Fernando Linares-Beltranena, integrante de la bancada Partido de Avanzada Nacional, reconoció que el Congreso sacó adelante temas controversiales, pero calificó de positivo haberlo hecho y el trabajo que desarrollo la Junta Directiva.
 
“Por ejemplo se atacó el hacinamiento en las cárceles con las iniciativas de cesación de  encarcelamiento y aceptación de cargos, que van caminando”, acotó el congresista.
 
Destacó como un logro la aprobación de la Ley de Avisos Electrónicos pues considera que las personas ya no tienen que pagar publicaciones caras en el Diario de Centro América pues todo podrá hacerse de forma digital.

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“Otros temas controversiales por ejemplo es que camina la Ley de Antejuicio, para que se cumpla con la Constitución, la ley de Reconciliación Nacional, también se combatió la ideología de género con la ley de la Familia, evitando el proselitismo del homosexualismo y cambio de sexo para los menores de edad”, declaró Linares-Beltranena.
 
El legislador también consideró algo positivo las reformas al artículo 407 N del Código Penal e incluso dijo que a su criterio se hubiera dejado únicamente multas y no prisión.
 
“Creo que todavía queda pendiente que saquemos el 205 Ter de la Ley Electoral —prohibición del transfuguismo— para que exista la libertad constitucionalidad de migrar de un partido a otro y quitar el monopolio a secretarios generales que quieren esclarecer a los diputados”, apuntó el legislador.

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El pasado miércoles la Corte de Constitucionalidad (CC), emplazó por 48 horas a los ministros de Gobernación, Enrique Degenhart y de Relaciones Exteriores, Sandra Jovel, para explicar a través de un informe circunstanciado por qué se niegan a que el jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), Iván Velásquez, ingrese al país.
 

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Pese a la insistencia Jovel señaló que si se quiere conocer el contenido del informe se tiene que acudir a la CC.
 
“Lo pueden conocer a través de lo que la Corte pueda informar; eso es lo más conveniente porque el informe ya lo tiene”, afirmó la funcionaria sin dar más detalles .

A la espera de respuesta

A la ministra también se le preguntó qué pasó con el diálogo que anunció sostenía con la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
 
“Seguimos esperando la comunicación por parte de la Secretaria General de la ONU. Siempre se mantiene una comunicación a través de la vía diplomática, como es la costumbre, y estamos a la espera de que den una respuesta”, respondió la ministra.

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Agregó que todo se dirime específicamente con el secretario general de la ONU, António Guterres, y hasta que no se tenga una respuesta de la ONU no se puede responder. “Sería dar una hipótesis de algo que no existe en este momento y crear una mala información que es lo que no queremos”, puntualizó.
 
También se le preguntó sobre que trabajo se hace en la mesa técnica para trasladar las capacidades de Cicig a la institucionalidad pública, pero indicó que esta no está activa.
 
“Todavía no hemos empezado a ver eso, hasta que ONU responda; las partes son la Secretaría General de la ONU y el Gobierno y es ahí donde se están trabajando las preocupaciones que tiene el Gobierno y las preocupaciones que puedan tener o no la Secretaría de la ONU”, respondió.

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El gasto empezará a regir en medio de la campaña política electoral, por lo que persiste la crítica de que el plan fue diseñado con fines clientelares y no para resolver las necesidades de desarrollo de los guatemaltecos.

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En términos económicos, se continuará con la práctica de incrementar la deuda pública, con la adquisición de bonos del Tesoro, gasto que será destinado en su mayoría  a funcionamiento público  y no a inversión social.

Manfredo Marroquín, presidente de la organización Acción Ciudadana (AC), señaló que el presupuesto no cuenta con una base seria que defina cuáles serán los resultados, medición de indicadores que especifique qué se va a cumplir y, sobre todo, es un gasto que se orienta al pago de una planilla estatal por medio del funcionamiento.

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“La planilla sigue creciendo gracias a las plazas fantasmas, así como la corrupción, mientras que la porción de inversión sigue siendo muy pequeña para los grandes retos que tiene el país y de baja calidad. Mucha de la inversión pública por la escasa transparencia se pierde en corrupción”, agregó.

Marroquín dijo que el presupuesto para el próximo año refleja un estancamiento y un retroceso a lo que el país vive en la actualidad.

El presidente de AC dijo que en anteriores planes financieros se cuidaban más las asignaciones, pero que ahora se asignó “a lo loco”, sobre todo por las demandas salariales de algunos gremios y no como una parte integral para que se mejore el servicio, sino que terminó en una concesión para quedar bien en un año electoral.

Mala calidad de gasto

Más que un monto numérico del presupuesto, la parte crítica sigue estando en la formulación de un plan de gastos destinado a la mala calidad del gasto y de las inversiones, que es un problema estructural, opinó Ricardo Barrientos, del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi).

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Añadió que un endeudamiento público y un déficit fiscal con el estado actual de las carreteras, con malos indicadores de salud, educación y seguridad, es donde está lo malo de la aprobación.

Aunque es bueno para la estabilidad, en el país se le está dando mayor importancia al pago del servicio de la deuda pública en intereses y comisiones que invertir en educación, salud y seguridad, comentó.

El presupuesto siempre tendrá lo malo que será la calidad del uso de los recursos públicos, dijo. “La mejor forma de reducir el déficit fiscal no es el recorte del gasto, sino que la SAT debe reducir la evasión, informalidad, subir la carga tributaria y controlar al sector ganadero y agropecuario”, añadió.

Tendencia de deuda

El presupuesto que aprobó el Congreso continuará con un ciclo de incremento de la deuda pública, sin posibilidad de disminuir por las amortizaciones y con la práctica insostenible del funcionamiento, explicó Érick Coyoy, analista de la Asociación de Investigación de Estudios Sociales (Asíes).

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Para el otro año no hay capacidad de generar ingresos, por lo que se mantendrá un déficit fiscal del 2.5% —gastos programados por el Estado que superan los ingresos—.

Aunque desde el 2013 el déficit fiscal ha sido bajo, ahora existe margen para un endeudamiento mayor con una perspectiva de que siempre habrá deuda y nunca se habla de evitar el endeudamiento.

“Con la colocación de bonos del tesoro es más fácil de conseguir, pero con tasas mayores y nunca se amortiza el capital”, aseguró Coyoy.

En agosto de este año, el saldo total de la deuda pública —interna y externa— ascendía a Q142 mil 109.84 millones, y supone 24.1% del producto interno bruto.

16 enmiendas

El Legislativo votó por las enmiendas que consensuó antes la mesa técnica del presupuesto.

Destaca una en la que se destinan Q145 millones para el Fondo de Desarrollo, a cargo del Ministerio de Desarrollo Social, para la construcción de plantas de tratamiento y aguas residuales.

Además, se otorgan Q5 millones a la cartera de Ambiente para formar la Unidad Ejecutora responsable de esos proyectos.

Otras modificaciones autorizaron presupuesto para el remozamiento de hospitales regionales y para los programas de incentivos a pequeños productores, que administra el Instituto Nacional de Bosques.

Una de las enmiendas que más llamó la atención fue una que aprobó la creación de un nuevo artículo para “proyectos de inversión en gobiernos locales”.

El cambio estipula que se financiarán “gastos orientados a proyectos que no forman capital fijo”, pero no precisa rubros en pleno año electoral.

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El decreto fue aprobado gracias al voto favorable de 116 diputados y se financiará con Q19 mil 167 millones 636 mil 43 provenientes de deuda interna y externa, lo cual fue criticado por varios diputados.

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Nineth Montenegro, diputada de Encuentro por Guatemala, señaló que la aprobación del presupuesto del próximo año “tiene un sabor agridulce”.
 
“Básicamente nosotros no apoyamos ni el primero ni el segundo título, lo que aprobamos fue un incremento a la Universidad de San Carlos, a los médicos, al Organismo Judicial, aunque lamentamos que se le quitó dinero a la Policía”, señaló la legisladora.
 
Montenegro no estuvo de acuerdo con muchos de las asignaciones a otras dependencias y calificó que el presupuesto del 2019 es “altamente clientelar, con muchos bolsones escondidos”.

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“Hay que fiscalizar mucho y estar muy atentos porque este presupuesto se presta a muchos vacíos y uso clientelar, sobre todo los Q23 mil millones en plazas temporales lo cual nunca había ocurrido”, agregó la congresista.
 
Carlos Barreda, subjefe de la Unidad Nacional de la Esperanza, señaló que condicionaron su apoyo a varios temas entre ellos el aumento a los médicos, la Universidad de San Carlos, fondos para educación, Ministerio Público entre otros.
 
El congresista señaló que no estuvieron de acuerdo con la aprobación del artículo 104 que era el presupuesto para las oenegés por lo que dejaron el voto libre para los miembros de la bancada

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“Esta enmienda se presentó en el Pleno, pero no se discutió en la mesa técnica, esto pese a que lo pedimos”, señaló Barreda.
 
Rudy Castañeda, de la bancada Unión del Cambio Nacional y vicepresidente de la Comisión de Finanzas, defendió los cuestionamientos de algunos diputados como la asignación para plantes de tratamiento de aguas residuales.
 
“Es una forma de apoyar a las municipales, hubo una presión bastante fuerte por habérselo asignado al Ministerio de Desarrollo”, aseveró Castañeda.

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El congresista calificó como bueno el haber aprobado el presupuesto y destacó que el hecho de no aprobar un plan de gastos hace que la economía de cualquier país se contraiga y eso es lo que le había pasado a Guatemala.
 
Víctor Martínez, ministro de Finanzas Publicas, se congratuló por la aprobación del presupuesto y señaló que queda seguir trabajado por la fiscalización del presupuesto por parte de todos los habitantes.
 
“Tocará al Ejecutivo convertir este presupuesto en beneficios, servicios e infraestructura que es algo que debemos construir todos de forma conjunta”, señaló el ministro.
 
El funcionario también destacó que es un logro que se tenga la certeza de los fondos para la realización de las elecciones del próximo año.

Durante la aprobación del presupuesto cuando se aprobó la enmienda readecuación presupuestaria para el Ministerio de Salud, para la dignificación salarial de los médicos los diputados Marvin Orellana y Sofía Hernández de Alianza Ciudadana fueron abucheados.

El artículo nuevo para favorecer a los médicos, quienes exigen una dignificación salarial desde hace meses, se aprobó con el voto favorable de 127 diputados.

Mientras los diputados votaban para la aprobación de dicha enmienda varios médicos que se encontraban en el palco de invitados comenzaron a aplaudir y festejar de forma efusiva por la aprobación de la enmienda.

Cuando terminó la aprobación el diputado Marvin Orellana pidió la palabra para razonar su voto, señaló que este era un logro para los médicos y señaló que la aprobación era un logro de la bancada Alianza Ciudadana.

Acto seguido un grupo de médicos que estaban en el palco de visitantes abucheó al legislador. Sofía Hernández, quien integra la referida bancada, también tomó la palabra y cuando señalaba que la aprobación de la enmienda era un logro también fue abucheada.

 
En total los diputados aprobaron seis enmiendas por sustitución y 12 que eran para la creación de un artículo nuevo los cuales son:
 

Enmiendas por sustitución de artículos:

• 73: Aprobación de la participación de Guatemala en el Fondo Multilateral de Inversiones III.
• 82: Aporte de Q145 millones para el desarrollo de plantas de tratamiento residuales.
• 93: Suscripción de convenios de la SAT y el Ministerio de Desarrollo con PNUD.
• 102: Asignación de Q70 millones para el Ministerio de Salud, para remozamiento de hospitales regionales.
• 104: Readecuación del presupuesto para las oenegés que apoyan temas de Salud y Educación.
• 107: Asignación de Q477 millones 75 mil para cumplir con los programas Pinpep y Probosque asignado al Instituto Nacional de Bosques.

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Enmiendas para la creación de artículos nuevos:

• Nuevo 1: Candado para que no se pueda hacer recortes a los ministerio de Salud y Educación.
• Nuevo 2: Readecuación presupuestaria al Organismo Judicial por Q250 millones y el Ministerio de Finanzas queda facultado para trasladar otros Q350 millones de eficiencia presupuestarias.
• Nuevo 3: Readecuación interna del Ministerio de Finanzas  de Q150 millones, que se disminuye al Cuerpo de Ingenieros y se trasladan a la Fuerza Aérea y la Marina.
• Nuevo 4: Las municipalidades quedan facultadas para hacer gastos de orientados a proyectos que no forman capital fijo —contratación de médicos y maestros—.
• Nuevo 5: Apoyo presupuestario a la Universidad de San Carlos por Q262 millones 200 mil, más un traslado de otros Q92 millones a cambios de que se usen portales de transparencia y la posibilidad de que se trasladen otros Q100 millones con base a economías para centros regionales y escuelas no facultativos.
• Nuevo 6: Readecuación presupuestaria interna de Q200 millones para Covial, se faculta al Ministerio de Finanzas para que de las economías del presupuesto se puedan trasladar Q350 millones a Caminos y un aporte de Q5 millones a Anadie para los estudios de prefactibilidad del metro subterráneo de la capital.
• Nuevo 7: Readecuación presupuestaria de Q351 millones para médicos, readecuación interna del Ministerio de Salud de Q250 millones para médicos y reorientación de Q460 millones por incremento salarial a personal de la cartera.
• Nuevo 8: Readecuación presupuestaria de Q200 millones en favor del Ministerio Público, ampliación presupuestaria hasta por Q150 millones si se aprueba un préstamo de fortalecimiento y modernización y posibilidad de usar hasta Q268 millones de disponibilidad en caja y una readecuación en favor de la Corte de Constitucionalidad de Q9.8 millones.
• Nuevo 9: Asignación presupuestaria de Q80 millones en favor del Congreso de la República.
• Nuevo 10: Asignación adicional de Q20 millones en favor de los Bomberos Municipales Departamentales.

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Los diputados desecharon otras cuatro enmiendas por artículos nuevos que fueron propuestas por diputados de Encuentro por Guatemala, Fuerza, Convergencia y Partido de Avanzada Nacional.
 
Al finalizar la aprobación de las enmiendas se aprobó el Título III y comenzó la lectura en redacción final, al terminar ingresó una moción privilegiada para un fondo de revisión en favor de los artículos 73 y 92 y fue hasta ese momento cuando se aprobaron dichas enmiendas.
 
Al terminar la aprobación del presupuesto ingresó una moción privilegiada para que se levantara la declaratoria de sesión permanente, pero esta solo tuvo 34 votos, por lo que el presidente del Congreso Álvaro Arzú Escobar, declaró receso.

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Estuardo Galdámez, primer secretario del Congreso y miembro de la Junta Directiva, aseguró que los diputados que propusieron la iniciativa de ley la van a retirar porque la vieron “muy sensible y muy blanda”.
 

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El pasado 30 de octubre las diputadas Eva Monte, Delia Bac, Karla Martinez, Dolores Beltrán y Estuardo Galdámez, presentaron una iniciativa de ley.

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Dicho proyecto de ley pretende reformar el Código Penal para que se adicionen los artículos 407 P y 407 Q, que crearían los nuevos delitos que ejercerían control hasta en las redes sociales.
 
El primero artículo crearía el delito de acoso político con el cual cualquiera que realicen actos de presión, persecución y hostigamiento a las personas postulantes o electas de la función política durante o después del proceso electoral por cualquier medio de difusión o plataforma digital con la finalidad de impedir el ejercicio de su derecho político o induzca a tomar decisiones en función de su cargo en contra de su voluntad será sancionado con prisión de dos  a tres años.
 
Se contempla que, además, se imponga una inhabilitación para ejercer cargo público por un período similar al de la condena y que si fuera cometido por empleados o representantes legales de una persona jurídica o una empresa, además de la sanción, al particular se impondrá a la empresa una multa de dos Q1 mil a Q10 mil  y si se produce reincidencia, se sancionará a la persona jurídica con su cancelación definitiva.
 
El segundo artículo crearía el delito de violencia política, que señala que quien realicen una agresión física o psicológica o cualquier otro tipo de coacción, contra los postulantes o personas electas de la función política, durante o después del proceso electoral, con el fin de suspender, menoscabar u obstaculizar el ejercicio de sus derechos políticos, mandato o función, será sancionado con prisión de dos a cinco años.

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Para este delito también se contempla una inhabilitación para ejercer cargo público por un período similar al de la condena y si este fuera cometido por empleados o representantes legales de una persona jurídica o una empresa esta recibirá una multa de Q5 mil a Q20 mil y si hay reincidencia, se sancionará a la persona jurídica con su cancelación definitiva.

Críticas

Un día después de que el grupo de diputados hicieron público su intento de crear los nuevos delitos, y luego de la crítica de abogados y constitucionalistas, diputados constituyentes consideraron que el proyecto de ley está equivocado y no debería prosperar.
 
Oliverio García Rodas, exconstituyente y actualmente uno de los diputados con más experiencia parlamentaria, señaló que la iniciativa es “totalmente inoportuna” y tiene algunos conceptos equivocados.
 
“No soy la Corte de Constitucionalidad (CC), pero creo que esta iniciativa, por el fondo y la forma, sí puede afectar derechos inconstitucionales y significa que puede tener vicios de inconstitucionalidad, y me parece inoportuna y no conveniente”, aseveró García Rodas.

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Mario Taracena, también exconstituyente y actual legislador de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), consideró que una iniciativa de esta naturaleza solo puede ser presentada para llamar la atención y no prosperará.
 
“Esta ley es absurda y ridícula y no va a pasar. No hay que tomarla en cuenta, ni con seriedad. Es una tontería, totalmente; es cierto que tienen el derecho de presentar iniciativas de ley, pero no se puede ser tan bruto, para decirlo con toda franqueza”, precisó Taracena.
 
Mario Taracena, también exconstituyente y actual legislador de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), consideró que una iniciativa de esta naturaleza solo puede ser presentada para llamar la atención y no prosperará.
 
“Esta ley es absurda y ridícula y no va a pasar. No hay que tomarla en cuenta, ni con seriedad. Es una tontería, totalmente; es cierto que tienen el derecho de presentar iniciativas de ley, pero no se puede ser tan bruto, para decirlo con toda franqueza”, precisó Taracena.

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La mañana de este martes el diputado oficialista Estuardo Galdámez señaló que hasta que no se tengan 105 firmas en la iniciativa esta no se presentará a la Dirección Legislativa para que comience su trámite que se convierta en ley.
 

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Hernández Franco señaló que considera prudente “que el pueblo de Guatemala decida si tiene que existir la CC”. 

Estancada

En corrillos parlamentarios se sabe que la propuesta de Galdamez de disolver la CC no cuenta ni con 70 firmas, por lo que si se presentara ante la Dirección Legislativa para su tramite no alcanzaría los 105 votos mínimos para convertirse en ley, lo que sería un esfuerzo inútil.

Fuentes cercanas al Congreso sostienen que pese a que en un principio hubo buena aceptación por parte de algunos diputados para el proyecto de ley, conforme pasó el tiempo fue más difícil conseguir el apoyo político. 

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Sin viabilidad 

El abogado constitucionalista Alejandro Balsells calificó de absurda la intención de los diputados de querer eliminar de la Constitución a la Corte de Constitucionalidad y agregó que eso es el trabajo de un gobierno autoritario y mediocre.

“Primero sería una burla hacer un proceso de reforma constitucional a espaldas de todos los sectores, intentar hacer una reforma constitucional en secreto es un asco, y solo ese procedimiento sería atentar contra el principio republicano, contra el proceso democrático del ejercicio del poder. Ahora si saliera una propuesta de esa forma habría que estudiarla porque podría ser que la misma propuesta fuese inconstitucional”, señaló.

El abogado constitucionalista Stuardo Ralón indicó que en este momento no ve viable suprimir la Corte de Constitucionalidad, por como está redactada la Constitución una reforma constitucional requiere que sea la ciudadanía, el pueblo soberano, el que se manifieste. En este caso si existe tal propuesta y si tuviera los votos en el Congreso la última palabra la tendría la ciudadanía en una consulta popular.

“Hay una crisis en la justicia en general que incluye a la CC, pero el hecho de que haya equivocaciones y crisis y algunos graves errores en algunos fallos no es a mi parecer un camino adecuado en proponer si se suprime o no la Corte de Constitucionalidad. Cualquier reforma constitucional debería salir de un amplio debate sobre todo cuando están cerca las elecciones generales”, refirió Ralón.

Iniciativa

El pasado 13 de noviembre el diputado independiente José Conrado García Hidalgo, señaló que firmó una iniciativa y que se estaban recolectando firmas para poder realizar una consulta popular donde se preguntaría sobre la continuidad de la CC.
 
García Hidalgo señaló que si los magistrados de la CC quieren legislar deberían proponerse y ser electos como diputados al Congreso. Agregó que la Corte “se ha venido degenerando en un cuarto poder que absorbe a todos”.
 
“Le quitó una Junta Directiva a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), al Congreso le bajó la Junta Directiva, entonces no, el pueblo tiene que elegir si quiere que exista una Corte con esas atribuciones y que nadie le diga nada, o que se haga una consulta popular y que pase como era antes una sala que vea lo constitucional dentro de la CSJ”, explicó el parlamentario.

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En ese momento el congresista dijo que se contaba con el apoyo de unos 50 diputados.

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Sin pronunciarse

El pasado 19 de noviembre, luego de participar en una reunión con diputados en relación al presupuesto, la presidenta de la CC, Dina Ochoa, evitó emitir una opinión sobre la intención confesa de los parlamentarios. 
 
Reconoció que han escuchado sobre la intención que hay entre algunos diputados, pero señaló que los magistrados tomaron la decisión de no hacer ningún comentario al respecto.
 
Ochoa señaló que este no es un asunto en el que los magistrados deban opinar y se negó a dar más detalles al respecto.

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El proyecto se implementaría en los siete departamentos con los indicadores más altos de desnutrición crónica y está enfocado en presentar una solución integrada con cambio de comportamiento, de servicios de salud, vacunación, agua y drenajes.
 

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Después se debe tramitar el dictamen de la Procuraduría General de la Nación (PGN) y todo este proceso, con base a experiencias anteriores, requiere como mínimo de seis semanas.
 
Fotouhi explicó que posteriormente, dado que la unidad ejecutora se trasladará al Ministerio de Salud, luego de publicado el decreto, se requiere que se tramiten los dictámenes de la Secretaria General de Planificación, Ministerio de Finanzas y Junta Monetaria.
 
Por lo que el tiempo es ya bastante reducido para lograr todos los trámites antes del vencimiento del plazo que es el 23 de marzo de 2019, es decir se debería aprobar antes de que termine el segundo periodo de sesiones ordinarias.
 
“Posterior a la firma se podrá iniciar con todos los arreglos administrativos y financieros, que incluye la ampliación presupuestaria, dado que  el proyecto no está incluido en la propuesta de presupuesto para 2019, para iniciar su implementación”, señaló la experta.

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Hay voluntad

Felipe Alejos, primer vicepresidente del Congreso y miembro de la bancada Todos, señaló que la Junta Directiva ha propuesto a los Jefes de Bloque aprobar el proyecto y de esa cuenta ha sido conocido en primer y segundo debate.
 
“Mantenemos una comunicación muy estrecha con la representante del Banco Mundial, entiendo la problemática, sé que han aplicado este programa en otros países. Debe haber voluntad de parte de los diputados para que lo aprobemos, pues está para tercer debate y redacción final”, agregó el congresista.
 
Para Alejos si existe la posibilidad de aprobar el préstamo antes del 30 de noviembre y reconoció que de no hacerlo “se estaría perdiendo una gran oportunidad para Guatemala y sería una irresponsabilidad a sabiendas de que el país tiene unos indicadores de aproximadamente 47 por ciento de desnutrición crónica”.
 
Agregó que el partido Todos impulsará el préstamo, pero reconoció que un gran escollo es la interpelación que se tiene programada para el próximo 28 de noviembre.

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“Del presupuesto prácticamente solo queda aprobar las enmiendas y mañana —hoy— podría ser aprobado. Para aprobar el préstamo se necesita un consenso y según la Ley Orgánica la interpelación puede interrumpir dos días la sesión y el día viernes 30 podría haber una ventada de oportunidad”, agregó Alejos.
 
Indicó que también podría pasar de que se llegue al acuerdo que al terminar la aprobación del presupuesto se mocionara y se aprobar, sin embargo, “debe haber consenso” y personalmente cre que “se puede lograr”.
 
Alejos dijo que sería una lástima no aprobar el préstamo y “sería absurdo y muy irresponsable no hacerlo”.
 
Carlos Barreda, subjefe de la bancada Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), afirmó que la bancada conoce los propósitos que se plantean para este préstamo que va orientado para luchar contra la desnutrición crónica infantil y creen que es positivo.

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“No es recomendable meter en una aprobación de presupuesto un préstamo, lo ideal es que podamos aprobar el préstamo en su proceso legislativo correspondiente”, señaló el parlamentario.
 
Sobre la falta de espacio presupuestario Barreda destacó que el presupuesto del 2019, que probablemente será aprobado, “incluye un artículo —100— en el cual el presupuesto se amplía hasta por Q875 millones por préstamos en Ejecución”.
 
“Si se aprueba este préstamo, así como en el caso del Ministerio Público automáticamente Finanzas toma el espacio para lo que corresponda gastar en 2019. Entonces ya está un mecanismo contemplado en lo que se aprobará para que entren al presupuesto sin necesidad de ampliar el techo presupuestario”, señaló Barreda.
 
Para el subjefe de la UNE el préstamo si se aprobará aunque destacó que si es importante cambiar la unidad ejecutora del préstamo que inicialmente sería por el Fondo de Desarrollo Social, pero se planteó que debería ser ejecutado por el Ministerio de Salud.

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Rudy Castañeda, jefe de la bancada Unión del Cambio Nacional y vicepresidente de la Comisión de Finanzas, aseguro que ha empujado el préstamo desde la instancia de jefes de bloques.
 
“El préstamo se dice que vence el 30 de noviembre, pero en realidad vence en marzo, lo que pasa es que como el periodo ordinario se acaba existe una presión para aprobarlo cuando antes”, reconoció el legislador.

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Agregó que su aprobación es muy importante particularmente por la definición que hacen de los componentes donde definen siete departamentos de alta vulnerabilidad a la desnutrición crónica.

Luis Hernández Azmitia, integrante de la bancada Movimiento Reformador, indicó que “es lamentable que hoy el Congreso este discutiendo mil y una cosa y no los problemas que afectan a todos los guatemaltecos”.
 
“La desnutrición crónica es ese problema porque afecta al 47 por ciento de la población que es el capital humano con daños irreversibles y donde está el desarrollo del país. Por cada dólar que se invierta se retornan entre 16 y 18 dólares y eso lo dice el Banco Mundial y cada persona que sufre de desnutrición crónica le cuesta al país Q5 mil anuales”, explicó el legislador.
 
Hernández Azmitia destacó que el préstamo Crecer Sano viene a ayudar en este tema y volvió a resaltar que “es lamentable que tengamos que actuar en base a urgencias y no importancia”, sin embargo el diputado es el que solicitó la interpelación en contra del ministro de Desarrollo Social Carlos Velásquez Monge que podría paralizar la agenda.

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Con esto los diputados avanzan para la aprobación del presupuesto del 2019 que podría convertirse en ley este martes, previo a aprobarse un pliego de enmiendas consensuadas por la mesa técnica del presupuesto y que otorga más recursos a entidades como la Universidad de San Carlos, Ministerio Público y el Ministerio de Salud y Educación.
 

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Dicho título son disposiciones generales donde se encuentran datos de observancia obligatoria de las normas, exenciones de algunos impuestos a favor de algunas instituciones, asignaciones especiales —oenegés—, reprogramación de fuentes de financiamiento y una ampliación presupuestaria en caso se aprueben algunos préstamos.

Al terminar la lectura del Título III, Álvaro Arzú Escobar, presidente del Congreso, señaló que por aún existir pendientes de consensuar algunas enmiendas se declaraba receso de la sesión permanente y se convocaba para su continuación este martes a las 12 horas.

Más enmiendas

La mesa técnica del presupuesto ya consensuó durante la semana pasada cinco enmiendas que se harán al proyecto de presupuesto, este lunes se consensuaron otras dos y se espera que mañana se puedan hacer otras tres propuestas de modificación.

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Javier Hernández Franco, presidente de la mesa técnica y jefe del partido oficial, confirmó que este martes a las 10 horas se reunirá la mesa técnica y se consensuarán tres enmiendas, previo a entrar a la aprobación del presupuesto.
 
Rudy Castañeda, vicepresidente de la Comisión de Finanzas y miembro de la mesa técnica, explicó que este lunes la comisión ya consensuó dos nuevas enmiendas, la primera de las municipalidades y la segunda para la Universidad de San Carlos.

“Para las munis no es ampliación ni nada por el estilo, es consideración de ciertos gastos que no forman capital fijo, la cual es algo netamente técnico. La otra es la Usac, para los centros universitarios y escuelas no facultativas”, explicó Castañeda.

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En el caso de la Universidad es una ampliación presupuestaria de Q100 millones que saldrá de los ahorros programados en el presupuesto del próximo año.

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Para el martes se espera consensuar una enmienda para la  Unidad Ejecutora de Conservación Vial (Covial ). “Aún no está definida, pero se habló de dejar saldos que no use la unidad para que pueda ser utilizado para pagar deuda atrasada”, explicó el congresista.
 
También se discutirá una enmienda para el Ministerio Público (MP), pues en la reunión de la Instancia de Jefes de Bloques se acordó que se haría un análisis para ver si era posible dotar de más recursos a la Fiscalía.
 
La tercera enmienda tiene que ver con el Ministerio de Salud, para la dignificación salarial de los médicos, la cual en realidad es un agregado a la enmienda que ya se firmó la semana pasada.

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La fiscal General y jefa del Ministerio Público (MP), María Consuelo Porras, se presentó este lunes ante la Instancia de Jefes de Bloques del Congreso para abogar por el presupuesto del próximo año, que está en discusión en tercera lectura y tiene el 30 de noviembre como fecha límite para su aprobación.
 

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Más presupuesto

Durante la sesión algunos los jefes de bloques pidieron que se fortalezca presupuestariamente al MP pues la Comisión de Finanzas hizo un recorte de Q700 millones en relación a lo que el Ministerio de Finanzas sugirió.
 
“Mi petición es muy concreta, si queremos fortalecer al MP tenemos que tener los recursos necesarios”, acotó la fiscal General.

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Explicó que para el próximo año se proyectó poder abrir 25 fiscalías y cinco fiscalías móviles más. “El plan es crear 25 fiscalías cada año hasta la finalización de tener la cobertura del MP en todo el país, y tener no solo presencia sino fortalecerlas”, puntualizó.
 
Porras señaló que en base a la planificación estratégica el MP requiere un presupuesto de Q2 mil 700 millones.

Posturas

Javier Hernández Franco, presidente de la mesa técnica del presupuesto y jefe de bancada del partido oficial, señaló que debido a esta situación se convocará mañana lunes a las 10 horas a una reunión para buscar alguna solución.
 
“Primero hay que concordar en algo, la ejecución del MP es menor al 50 por ciento, se dice que con el cambio de autoridad se redujo la capacidad de ejecución, pero esa es una de las causas por las que se bajó el techo presupuestario”, precisó el legislador.
 
Agregó que buscará dónde se puede recortar los recursos para trasladarlos al MP pues lo consideran necesario luego de la explicación que dio Consuelo Porras, aunque no están seguros de cuánto podría ser el aporte.

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Orlando Blanco, jefe de la Unidad Nacional de la Esperanza, explicó que preocupa que el Ministerio Público haya solicitado Q2 mil 700 millones, el Ministerio de Finanzas haya sugerido dar Q2 mil 200 millones y la Comisión de Finanzas solo haya aprobado Q1 mil 500 millones.
 
“A pesar de que el MP lleva una ejecución lenta es importante que se dejen garantizados recursos. Creemos que se tiene que presentar una enmienda que garantice la utilización de sus economías y que conforme vaya avanzando  su ejecución se le garanticen recursos”, afirmó Blanco.
 
Agregó disminuir el presupuesto para el sistema de justicia es un mal mensaje y que se debe hacer lo posible por apoyar al MP de la misma forma que se hizo con el Organismo Judicial.

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Horacio Aguilar Salguero, presidente del Colegio de Ingenieros de Guatemala, explicó que actualmente el Estado tiene una deuda de arrastre de Q1 mil 500 millones con constructores, por lo que demandan que el Gobierno se comprometa a pagarla. 
 

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“Hay ingenieros que ya murieron porque la deuda los agobió de tal manera que ya no pudieron manejarla. Estamos viviendo una situación bastante complicada. Vamos a seguir luchando y nuestro objetivo es que se honre esta deuda”, acotó Aguirlar Salguero.

Javier Hernández Franco, presidente de la mesa técnica del presupuesto y jefe de la bancada oficial, explicó que las funciones de la comisión no son de ver el presupuesto de este año ni tampoco ver el tema de deuda.
 
“Sin embargo, para que se sientan escuchados se hizo el compromiso de tratar de mediar entre ellos y el ministro, de tal manera que se les pueda ayudar siempre y cuando cumplan con las condiciones”, señaló el congresista.
 
Hernández Franco señaló que estudiarán si hay la posibilidad de crear una enmienda para apoyar a los constructores el próximo año, para lo cual revisarán la ejecución del programa de conservación vial, Covial, para poder dar este apoyo.

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Los diputados también solicitaron al ministro de Finanzas, Víctor Martínez, para que busque la forma de readecuar el presupuesto del Ministerio de Comunicaciones y se traslade a las unidades ejecutoras y en caso no ejecuten, que se pague la deuda de arrastre.

Más fondos

Representantes de los centros regionales de la Universidad de San Carlos (Usac), también se reunieron con los miembros de la mesa técnica del presupuesto.

Los representantes señalaron que actualmente 33 centros regionales y escuelas no facultativas atraviesan problemas para continuar prestando servicios.

En total los centros regionales y escuelas no facultativas de la Usac necesitan Q134 millones para poder operar durante el 2019.

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Javier Hernández Franco, señaló que “la cantidad que están solicitando es muy alta” y se le pidió a la Usac que demuestre qué economías hará.
 
“Estamos obligando a muchos ministerio a hacer recortes, pero no hemos visto una propuesta por parte de la Usac. Queda pendiente ver si se puede hacer una enmienda en este caso”, señaló el legislador.

Cabildea préstamo

La fiscal general y jefa del Ministerio Público (MP), Consuelo Porras, se presentó ante la Instancia de Jefes de Bloques del Congreso.
 
La fiscal presentó a los diputados el proyecto “Programa de Fortalecimiento y Modernización del Ministerio Público” que se financiaría con un préstamo del BID de hasta US$60 millones.
 
Porras pidió a los diputados analizar la posibilidad de aprobar el apoyo presupuestario para el Ministerio Público, el que calificó de importante.

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La Coordinadora para la Reducción de Desastres (Conred), tienen 13 albergues a disposición para ser habilitados conforme sea necesario en los departamentos de Guatemala, Huehuetenango, Jalapa, Quiché, Sacatepéquez, San Marcos, Sololá y Totonicapán.

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La Conred solicita a la población que si observa alguna persona que se encuentre pernoctando en la vía pública o su casa no es reúne los requisitos mínimos para resguardarla del frío notifique a las cuerpos de socorro para que sea trasladada hacia uno de los albergues.

Época fría

Según el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) en su último boletín meteorológico la época fría comenzó a partir de la segunda quincena de noviembre.
 
Esto debido a que la lluvia disminuyó en la mayoría del territorio nacional y principalmente en regiones de la costa sur, el centro del país.
 
Con la época fría comienza el acercamiento de Sistemas de Alta Presión —frentes fríos— los cuales son masas de aire fría que generan descenso de temperatura en regiones del altiplano occidental, meseta central y franja transversal del norte.

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Según el Insivumeh para esta temporada se espera el acercamiento de aproximadamente 12 a 14 frentes fríos al territorio guatemalteco de los cuales dos podrían ser características fuertes, estableciéndose el mayor descenso de temperatura a finales de diciembre e inicio de enero.
 
Durante esta temporada se esperan temperaturas mínimas hasta de -7 y 1 grados Celsius en el altiplano occidental y entre los -4 y -1 grados Celsius en el altiplano central, principalmente entre los meses de diciembre y enero.
 
 
Asociado al acercamiento de frentes fríos también se podrían presentar algunas lluvias o lloviznas dispersas y de corta duración en algunas regiones del norte, caribe, boca costa, sur occidente e incremento en la velocidad del viento.

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El referendo se celebra este 24 y 25 de noviembre y somete a consulta diez “programas prioritarios” del próximo gobernante, que asume la Presidencia el próximo 1 de diciembre, como la construcción del Tren Maya, una refinería, un tren que conectará dos puertos entre el Pacífico y el Atlántico, varios programas sociales para dar becas a jóvenes o una pensión a adultos mayores.
 

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Poco antes de emitir el voto, Eduardo Villegas también comentó a Efe que si bien estos ejercicio pueden parecer “imperfectos”, son “importantes” porque permiten a la ciudadanía a incidir en políticas públicas.
 
El político, que formará parte del futuro gobierno, reconoció que quizás no se ha dado “tiempo suficiente” para conocer todos los proyectos, pero apostó por ese modelo de consulta.
 
En otros puntos del país, especialmente en el sur y sureste, donde se pueden ver más beneficiados por estos proyectos, la tasa de participación fue mucho más elevada.
 
Es el caso de varios municipios del sureño estado de Oaxaca, donde se formaron largas colas, o del municipio de Paraíso, en el estado de Tabasco, donde se prevé la construcción de una nueva refinería en el puerto de Dos Bocas.
 
En Mérida, en el suroriental estado de Yucatán, las 48 mesas de votación distribuidas en toda la región fueron instaladas sin contratiempos.

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De acuerdo con el portavoz de los organizadores en Mérida, César Gómez, en esta ciudad la afluencia fue “notoria” porque varios proyectos podrían beneficiar el desarrollo de la región.
 
Es el caso del Tren Maya, que recorrerá cinco estados del sur-sureste del país, con el fin de resarcir el atraso económico y social que sufre esta región de México.
 
Destacó que el proceso no registró fallos de Internet, ni en las zonas rurales, y que en Mérida se instalaron más mesas de votación que en la consulta sobre el aeropuerto capitalino.
 
López Obrador votó puntual en la capital, sobre las 9.00 hora local (15.00 GMT) acompañado de su esposa, Beatriz Gutiérrez, y tras emitir el sufragio prometió más consultas ciudadanas.
 
“Que sean los ciudadanos que nos ayuden a gobernar. Es gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo”, indicó el líder de izquierda, que habló de una reforma constitucional para dar más peso y legitimidad a los referendos.

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A preguntas de los periodistas, reiteró que el próximo 21 de marzo espera celebrar una tercera consulta, que abordaría la creación de la Guardia Nacional, la investigación de expresidentes y la conformación de un grupo asesor integrado por empresarios.
 
“Estoy a favor de la Guardia Nacional y a favor de que pongamos punto final a la historia horrorosa y trágica de corrupción. Que iniciemos una etapa nueva y no nos empantanemos persiguiendo ni enjuiciando a nadie”, agregó.
 
Acerca de la polémica en torno a los llamadas superdelegados, que nombrados por el Gobierno federal harán de enlaces para cada uno de los estados del país, explicó que está dispuesto a dialogar, pero no a ser coaccionado.
 
“Hay diálogo, pero no voy a ser rehén de nadie, no voy a dejarme chantajear por nadie. Yo solo tengo un amo y un mandato, y es el del pueblo de México. El mandato que me dio el pueblo es acabar con la corrupción, y voy a cumplir”, remarcó.

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Julia Barrera, vocera del Ministerio Público, fue consultada sobre la supuesta salida de Sandoval de la Feci, pero confirmó que este seguía al frente de la Feci.
 

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Señaló que “dichos cuerpos han desarrollado redes político económicas Ilícitas, que han pervertido la pureza del régimen electoral, corrompido el ejercicio de la función pública, creado mecanismos de blanqueamiento de capitales ilícitos, y perturbado el desarrollo del país”.
 
“Han utilizado mecanismos de intimidación desde la estructura gubernamental, socavando avances en materia de transparencia, intimidando a medios de comunicación,  jueces y fiscales desde su perversa y millonaria maquinaria publicitaria”, precisó Sandoval.
 
El jefe de la Feci señaló que esas intimidaciones hay llegado “a tal punto que audios de dudosa procedencia, legitimidad y autenticidad han servido de instrumento para cuestionar” sus actuaciones y que han puesto en riesgo su vida y la de familiares y amigos.

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“De qué igualdad e independencia se habla, si mediante la manipulación, la difusión de noticias falsas y el terror pretenden intimidar. Atentando contra la autonomía del Ministerio Público e independencia judicial”, aseveró el fiscal.
 
En la parte final del documento Sandoval señala que no claudicará y desde la Feci y cualquier espacio, no descansará en búsqueda de justicia, paz y desarrollo. “La justicia no se negocia. Florecerás Guatemala”, agregó.

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Edwin Monroy, vocero de la Policía Nacional Civil (PNC), confirmó que la tarde de ayer Antón Quintanilla fue localizada por compañeras en la Dirección General con síntomas de intoxicación.
 

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Posible causa

En la página de Facebook Comprometidos con mi PCN Guatemala, que fue la que difundió la noticia de la muerte de la oficial señala que la agente habría ingerido una pastilla para curar maíz.
 
Según señala la página, esta es la versión de una de las compañeras que se percató que Antón Quintanilla padecía quebrantos de salud.
 
Sin embargo, ese extremo deberá ser confirmado por las autoridades en la investigación que realizan por la muerte de la oficial.

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Otro caso

El pasado miércoles se confirmó que la PNC realiza una investigación por la muerte del oficial Rubén Antonio Alvizurez Cruz habría ingerido pastillas utilizadas para la fumigación y tres agentes que resultaron afectados al intentar ayudarlo.
 
Alvizurez Cruz, era el jefe de la Inspectoría de la Policía Nacional Civil (PNC) de Zacapa y se presume que habría ingerido pastillas para fumigación que le provocaron la muerte.
 
El oficial tenía 38 años y según el reporte policial habría ingerido una pastilla para curar el maíz que contiene fósforo de aluminio, letal para la salud.

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El incidente sucedió en la vivienda del policía, su hermanos lo trasladó desde la aldea Contreras, en San José Pinula, hasta la entrada de Fraijanes.
 
Los agentes Carlos Eduardo Sandoval Maldonado, de 27 años; Amílcar Estuardo Esteban Cano, de 25, y Darwin Misrrain Araña Ortega, de 22, patrullaban el sector intentaron ayudar  pero resultaron intoxicados.
 
Alvizurez Cruz fue llevado a la emergencia del Hospital Roosevelt, donde falleció, los agentes retornaron a su estación pero ya en el lugar sufrieron intoxicación debido al químico que llevaban impregnado en la ropa
 
Fueron remitidos al IGSS 7-19 y su diagnóstico fue intoxicación por fósforo de aluminio de forma indirecta o inhalada, su estado es estable.

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El siniestro se registró  en el municipio de San Andrés Xecul, Totonicapán y según la versión de los cuerpos de socorro el incendio comenzó a eso de las 14 horas luego de que ocurriera una explosión en una cohetería.

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Los Bomberos Voluntarios indicaron que los muertos son Dionisio Morales Pos, de 40 años y Luis Hilario Chan Chic, de 30. Confirmaron tres heridos: Catarina Sapón Chan, 41; Ana Morales Sapón, 18 y Andrés Chan Morales de 10.

La tercera víctima que falleció en el hospital es Andrés Hilario, de 10 años. El reporte médico señala que el menor presentaba quemaduras en el 100 por ciento del cuerpo.

Chacaj confirmó que hasta las 15.30 horas los bomberos seguían intentando controlar el siniestro para evitar más daños a inmuebles cercanos.

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Otros casos

Los incendios en coheterías no son hechos aislados en Guatemala, pues en los últimos tres años han ocurrido tres que han dejado cinco muertos y siete heridos.
 
El 25 de diciembre de 2017, 14 ventas de juegos pirotécnicos se incendiaron en Sanarate, El Progreso, donde resultaron tres personas con quemaduras a causa del siniestro.

Bomberos Municipales Departamentales informaron que las personas afectadas sufrieron quemadura de segundo y tercer grado, por lo que fueron trasladadas a un hospital cercano.
 
Según vendedores, el incendio comenzó cuando una persona habría lanzado un cigarrillo encendido sobre una de las ventas y el fuego se propagó en cuestión de minutos.

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El 10 de diciembre de 2017, en la aldea Pamocá, San Raymundo, se registró una explosión en una cohetería que dejó una persona muerta y cuatro heridos.
 
Los Bomberos Voluntarios cubrieron la emergencia y confirmaron la muerte de un Isidro Tux Saban, de 45 años.
 
Además reportaron el traslado al Hospital Roosevelt de Enma Carolina Tux Cotzajay de 18 años; María Angélica Tux Cotzajay, 21; Ana Angélica Cup de 28 y Damaris Tux Saban, 10.
 
 
El 30 de diciembre del 2016 un incendio en una cohetería de San Juan Sacatepéquez dejó cuatro muertos.

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Por el incendio murió Elda Concohá, de 16 años, su hermano Francisco Daniel Concohá, de 9 años; Wendy Raxón, 16, y Víctor Culajay, 17.
 
Arnoldo Colay, dueño de la cohetería, fue ingresado a cuidados intensivos del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) ya que también sufrió quemaduras en el 50 por ciento de su cuerpo.
 
Los cuerpos de socorro sostienen la hipótesis que los incendios en coheterías ocurren en fin de año porque se incrementa la demanda de estos productos y generalmente no se tienen las precauciones debidas para evitar explosiones y siniestros.

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Raúl Romero Segura, del bloque Fuerza, es el ponente del proyecto de ley que fue presentado este viernes en el Congreso y busca reformar el Código Penal en el artículo 24, que se refiere al Derecho de Legítima Defensa.
 

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El segundo aspecto que busca ampliar la iniciativa es que el derecho legítimo de defensa no solo sea en la vivienda, sino que al área de trabajo, que puede ser en un local o empresa, o también en un vehículo que es propiedad privada, para que el ciudadano pueda defenderse si le intenta robar”.
 
El diputado explicó que el tercer aspecto que se busca ampliar es a las fuerzas de seguridad cuando estén en ejercicio de sus funciones debidamente identificados u uniformados, “para que en defensa de su vida y los ciudadanos ellos puedan repeler al agresor y que sean inimputables”.
 
“Lo que estamos buscando es que si el Estado no está en capacidad de defender la vida y la seguridad del ciudadano como lo establece la Constitución, por lo menos que tampoco le limiten y veden el derecho de defenderse”, acotó el congresista.
 
El diputado ponente de la iniciativa aseguró que “el ciudadano honesto tiene todo el derecho de defenderse del delincuente” y los malhechores deben entender “que la población está harta y está dispuesta a defenderse”.

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Crítica

Elvyn Díaz, director del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales, consideró inapropiada una iniciativa de esa naturaleza e incluso indicó que podría tener algunas inconstitucionalidades.
 
“Si se hace una reforma en el sentido de no atender la proporcionalidad estamos ante un hecho donde cualquier persona pueda responder a un acto que quizás sea una amenaza. La proporcionalidad en la legitima defensa es en función de que uno no haga daño si no es con el mismo material con el que uno va a ser víctima de un delito”, aseveró el experto.
 
Agregó que adelantarse a cualquier hecho y responder con violencia es un riesgo para el abuso de poder, pues se puede ejercer violencia de manera inapropiada y es una propuesta equivocada.
 
“El diputado creo que está equivocado, una propuesta de esta naturaleza merece un estudio y un análisis comparativo de cómo se está legislando en otros países. Si bien nuestro Código Penal es muy antiguo, este tipo de propuestas no son la forma de atenderlo”, señaló Díaz.

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Sobre el segundo aspecto de ampliación. sobre el derecho de legítima defensa en otros lugares que no sean la vivienda, el experto consideró que también es equivocado y puede llegar a caer en irregularidades legales.
 
“El artículo 24 permite que si alguien ingresa a mi casa pueda reaccionar en defensa, algo que es único y es el ámbito privado, pero hacerlo en un local de trabajo que podría ser una escuela, un parque y los buses, se afectaría otras garantías”, afirmó el jurista.
 
Señaló que con esta iniciativa se pretende que cualquiera pueda actuar en la potestad que es exclusiva a las fuerzas de seguridad, por lo que es contraproducente pensar que si la policía no tiene capacidad de respuesta cualquiera lo pueda hacer.
 
“Este es otro error grave y me atrevería a decir, sin analizarla sino solo con este planteamiento, que tiene serios vicios e incluso posibles inconstitucionalidades”, acotó Díaz.

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La totalidad de los fondos serían quitados del presupuesto del Cuerpo de Ingenieros, encargado de las labores de recuperación de carreteras terciarias por orden del presidente Jimmy Morales.
 

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“Necesitamos que la Marina y la Fuerza Aérea recuperen esas capacidades que tanto necesita el pueblo de Guatemala. Necesitamos recuperar las aeronaves que están en tierra y poder darle mejores capacidades nuestros marineros”, afirmó el ministro de la Defensa.
 
Ralda dijo en rueda de prensa que, además de la lucha contra el narcotráfico, aumentar las capacidades del Ejército podría servir para fortalecer la ayuda humanitaria en caso de tragedias.
 
Sobre el navío que se busca adquirir, Ralda señaló que es un buque de apoyo logístico, con autonomía para operar entre 30 y 40 días en mar abierto. Descartó que sea acorazado y su principal función será para obtener más profundidad en el mar.
 
El funcionario explicó que, aunque no hay un dato exacto, la institución considera que el costo de la nave está alrededor de los Q90 millones. Las gestiones para adquirirlo comenzarán cuando se tenga el espacio presupuestario.

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No afectará

Ralda fue consultado sobre la disminución de Q75 millones que ya se consensuó a lo interno de la mesa técnica y los Q150 millones que se acordaron este viernes, que afectan directamente al Cuerpo de Ingenieros, y señaló que esperan que no afecte el trabajo.
 

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Más disminución

Carlos Barreda, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y miembro de la mesa técnica del presupuesto, señaló que el Ministerio de la Defensa tuvo un incremento de presupuesto fuerte por parte de la Comisión de Finanzas al momento de darle dictamen al proyecto de presupuesto.
 
“Como oposición no tenemos ningún problema —en la readecuación— siempre y cuando no se aumente el presupuesto. Ya hemos disminuido su presupuesto en Q75 millones, eso da un mensaje de un presupuesto más equilibrado”, acotó el legislador.
 
Agregó que incluso la próxima semana cabe la posibilidad de que el Ejército tenga una reducción en el rubro del Cuerpo de Ingenieros, pues aún tiene más de Q100 millones.
 
“Puede que se baje un poco más para atender al Ministerio Público (MP). Le quitamos Q50 millones en temas de funcionamiento y Q25 millones en inversión, puede ser que se resten otros Q25 millones para el MP”, finalizó Barreda.

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En un comunicado difundido por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), destaca la “preocupación” por la reciente aprobación en tercer debate de la ley de aceptación de cargos.

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La iniciativa 5311 fue aprobada por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) el 30 de mayo del 2017 y llevada por todos los magistrados al Congreso seis días después. La propuesta tomó por sorpresa a los diputados que de inmediato mencionaron que debía ser analizada.

A la Cicig le preocupa la aprobación, en tercer debate, que hicieron los legisladores el martes recién pasado. La propuesta de la CSJ era que, si alguien aceptaba su culpabilidad en un delito durante la indagatoria ante un juez, la reducción de la pena era de la tercera parte.

En cambio, los diputados aprobaron la disminución del 50% de la pena. “La disminución del 50% de las penas y la aplicación conjunta de la conmuta, dando como resultado que todos los delitos con penas de diez años de prisión y menos quedarían en la práctica liberados de cumplimiento de pena de prisión, incluyendo delitos tan graves como la trata de personas, la violación y el cohecho, entre otros casos”, informó la Cicig.

A criterio de la Cicig, la enmienda “tendría los mismos efectos que el Decreto 15-2017, dejado sin efecto por el Congreso ante el clamor ciudadano del 15 de septiembre de 2017”, evento por el cual se acuñó el nombre de Pacto de Corruptos, para referirse a los diputados que votaron en esa ocasión.

El mencionado decreto fueron los cambios al Código Penal que aprobaron sorpresivamente los diputados el 14 de septiembre del año pasado. Mediante dos mociones eximieron de responsabilidad a los secretarios generales de los partidos políticos del financiamiento electoral ilícito y aumentó a 10 años de prisión las penas que pueden ser conmutables, es decir, pagar en lugar de ir a prisión. Días después, ante la presión popular, los diputados derogaron el decreto.

Reparación digna

Las enmiendas a la ley de aceptación de cargos también le preocupan a la Cicig por la reparación digna.

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“La disminución de las condiciones de reparación a la víctima que desnaturalizan el mecanismo originalmente planteado. Estas condiciones buscan que el beneficio del procedimiento de aceptación de cargos se extienda a las víctimas y a la sociedad en general, a través del sistema de justicia”, añade el comunicado del ente que dirige el colombiano Iván Velásquez.

Recomendación

La Cicig sugiere al Legislativo “adoptar las propuestas presentadas por las instituciones del sistema de justicia y por la sociedad civil, evitando que la aprobación de las enmiendas a la iniciativa se convierta en un instrumento de impunidad”.

Postura de la Comisión

Manuel Conde Orellana, miembro de la bancada Partido de Avanzada Nacional (PAN) y presidente de la Comisión que analiza las enmiendas a la ley de aceptación de cargos, indicó que debe “ver el comunicado con atención y con respeto”.

El legislador indicó que esto lo hará “porque viene de un organismo internacional que ha estado muy cerca de la labor de la lucha contra la impunidad en el país”.

“El trabajo realizado entre los distintos diputados de la Comisión que trabaja las enmiendas ha sido un trabajo  debidamente consensuado con la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que es la ponente de la iniciativa”, afirmó Conde Orellana.

Agregó que le parece que una opinión anticipada a la elaboración de una enmienda que pueda ser suscrita y presentada al pleno del Congreso”, además, “un poco arriesgado porque termina siendo una especulación”.

“No tentemos enmiendas suscritas por los diputados, sin embargo, algunos miembros me abordaron para hablar del comunicado de Cicig. Lo voy a leer detenidamente y creo que un mecanismo adecuado podría ser terne comunicación con la Comisión”, acotó el parlamentario.

Enfatizó que hasta este momento “no hay enmiendas suscritas” y lo que hoy se tiene “es la iniciativa original que ha sido superada en el debate sostenido con distintas organizaciones e instituciones”.

“Mi primera reacción ante el comunicado es recibirlo con el respeto que amerita, leerlo para apreciar cuáles son las preocupaciones que se registran para ser tomadas en cuenta en la discusión que aún tenemos de las enmiendas”, acotó el congresista.

Conde Orellana señaló que espera que el comunicado no busque especular maliciosamente sobre un trabajo que realiza el Congreso sino que al contrario quiere pensar que lo dicho lleva como propósito que la labor legislativa sea de la mejor manera.