Dos opciones legales podrían estar trabajando el Gobierno para las empresas que en la actualidad enfrentan problemas financieros por los efectos del covid-19 para hacer efectivo el pago del bono 14 a los trabajadores.

Lea además:

Jorge Briz: 6 de cada 10 empresas están en riesgo de quiebra por efectos del coronavirus

Las salidas las dicta la Ley de Bonificación Anual para Trabajadores del Sector Privado y Público -decreto 42-92 y que le dan vida al bono 14, según abogados y empresarios consultados, y que es el marco jurídico para el pago de la prestación.

La prestación equivale a un salario nominal a los trabajadores, pero dadas las actuales circunstancias económicas a causa del coronavirus, algunas empresas podrían enfrentar problemas para hacer efectivo el desembolso.

En análisis legal

En la reunión del Gabinete Económico (Gabeco) que se celebró el jueves 2 de julio, el vicepresidente Guillermo Castillo Reyes resaltó que se analiza una ruta a seguir para las empresas que no puedan hacer efectivo el pago del bono 14 a los trabajadores por la crisis sanitaria.

“Comprendemos que recibir esa prestación es un derecho de los trabajadores, sin embargo, estamos claros de las complicaciones que se han dado para que los empresarios puedan generar ingresos para hacer efectiva esa obligación de pagar a los trabajadores”, dijo.

Sin brindar mayores detalles al respecto, expuso que el ministro de Trabajo Rafael Rodríguez Pellecer, así como delegados de la Presidencia están preparando una propuesta para poder atender esta situación a los empleadores.

Aseguró que “una vez se cuente completamente con el análisis respectivo para definir cómo se puede atender está obligación”, se darían a conocer los lineamientos.

La situación solo abarcaría a los trabajadores del sector privado, ya que en el sector público está asegurada la asignación para la prestación, y se estima un desembolso de unos Q1 mil 700 millones, informó el ministro de Finanzas Álvaro González Ricci. Por tratarse de una ley, la prestación debe cumplirse.

Por lo general las empresas hacen una planificación financiera -y reserva- que incluye el pago de esa prestación en julio, así como el pago del aguinaldo en diciembre, sin embargo, la economía del país pasa por un mal momento por efecto del coronavirus y las medidas restrictivas que provoca que un buen porcentaje de compañías no cuenten con liquidez.

Potenciales salidas

El abogado laboralista César Gatica y el empresario Alejandro Ceballos presidente de la Comisión de Vestuario y Textil (Vestex), aseguraron que existen soluciones efectivas entre los empleadores y trabajadores, y que algunas compañías ya están implementando como la negociación mutua.

“Algunas empresas están en capacidad de hacerlo, pero la mayoría no, y se procederá a negociar con los empleados y hacerlo en tres pagos, una negociación individual entre los empleadores y trabajadores, aunque la ley es muy clara que debe hacerse un solo pago”, aseguró el representante de la industria textil.

Ceballos afirmó que algunas empresas van a acordar los pagos, y existe un compromiso de hacer efectiva la liquidación.

“Las empresas deben hacer su previsión financiera, es un gasto que no se deja solo para este mes, sino que las empresas se preparan por un año. Claro, ahora las condiciones cambiaron y las personas que no cuentan con reservas es espantoso no poderlo hacerlo”, reiteró, y las firmas que están preparadas para hacerlo, son las que tienen esos recursos disponibles en sus cuentas.

El profesional del derecho confirmó que este es un mecanismo de negociación entre los empleadores y trabajadores en hacer convenios de mutuo consentimiento y de buena fe, como se estableció a un principio de la emergencia.

“Se puede llegar a acuerdos sinceros y conciliatorios para reconocer la obligación y dar la posibilidad de que lo puedan pagar las partes que no correspondan y posterior a esta situación”, recalcó.

Gatica añadió que los convenios de mutuo consentimiento se pueden discutir con los trabajadores y sindicatos (cuando corresponda), para continuar laborando, y no generar conflictos. El derecho laboral permite los acuerdos entre las partes, dijo.

Iniciativa tendría votos

La presidenta de la Comisión de Trabajo del Congreso, Adela Camacho considera que esa propuesta que plantea el vicepresidente de diferir el Bono 14 en tres pagos, por el tiempo no sería discutida en esa sala legislativa, por lo que cree que esa iría directo al pleno para su discusión y aprobación.

“Considero que lo presentarían para ser aprobada de urgencia nacional porque ya toca pagar el Bono 14. Yo creo que sí podría tener apoyo porque algunas empresas no pueden hacerlo en un solo pago y podría ser en julio y agosto”, explicó la diputada.

Pero considera que será decisión de cómo llegue plateada la propuesta, para hacerlo efectivo en dos o tres pagos.

El presidente de la Comisión de Finanzas del Congreso, Duay Martínez –quien además es del bloque oficial– considera que si la propuesta llega como iniciativa de ley sería muy difícil que sea aprobada por el tiempo. “Entendemos la situación financiera de los empresarios y con empresas cerradas vemos que no tendrían la capacidad de hacer el pago y los que están hacen la lucha para pagar sueldos” dijo.

“Creo que debería ser más un acuerdo entre el patrono y el trabajador, ya que las grandes crisis demandan grandes acciones, y creo que los empleados de muchas empresas se han dado cuenta de la lucha que está haciendo la empresa en sueldo. Pero no es lo mismo con empresas que han seguido funcionando”, señaló Martínez.

Apoyo financiero

El artículo 7 de esa ley establece que las empresas del sector privado deben manifestar que no pueden pagarlo, y deben manifestar que requieren asistencia financiera para poder cumplir con la disposición tienen que acudir a las instituciones financieras del sistema.

Explicó que la norma dicta un parámetro que debe fijar la Junta Monetaria (JM) para establecer los mecanismos que propondría para que el sector empleador pueda acceder a esos créditos con intervención del Banco de Guatemala (Banguat).

“Es una salida técnica para que los empresarios cumplan con el pago de esa prestación y aquellos que lo requieran la asistencia financiera”, puntualizó.

En palabras simples, el sistema financiero debe facilitar las líneas de crédito a las empresas con los análisis del Banguat y de la JM en referencia al artículo 7 del decreto 42-92.

Lo que debe tener en cuenta

Tanto los empleadores y trabajadores deben conocer una serie de requisitos en convenios de muto consentimiento:

• Los trabajadores deben conocer y tener acceso a la información financiera de su patrono o su empleador
• Conocer la realidad de su situación económica
• Con esa información tanto empleador como trabajador deben lograr consensos amigables y se permite si hay buena fe de ambas partes
• La prestación no se desconoce, sino se prorroga para otra fecha de pago o días venideros a partir de la fecha 15 de julio
• Pueden lograrse convenios directamente con la Inspección General de Trabajo o arreglos directos para establecer dicho pago

El incumplimiento del impuesto al valor agregado (IVA) fue de Q10 mil 377.20 millones en el ejercicio fiscal del 2019, según el informe de estimación de la Productividad, Eficiencia e Incumplimiento que elaboró la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).

Lea además:

Coronavirus: Las mascarillas deportivas oficiales de poderosos equipos que se producen en Guatemala

Se le conoce como incumplimiento del IVA, al monto que no se puede cobrar de ese impuesto, pero se calcula su estimación con base en modelos diseñados por el administrador tributario.

En 2019 el incumplimiento del IVA creció 4.2%, es decir, Q419 millones más que el 2018 cuando fue de Q9 mil 957 millones.

Ese impuesto tiene un potencial de recaudación de Q39 mil 470.06 millones en Guatemala, al analizar la variable de restar el gasto tributario asociado al consumo potencial.

La recaudación del IVA fue de Q29 mil 092.86 millones en el 2019, y fue mayor los Q27 mil 199 millones del 2018.

Coyuntura provoca efecto

Para este año, la tendencia podría cambiar sustancialmente por la emergencia sanitaria, siendo el IVA uno de los impuestos más afectados por un menor consumo de bienes y servicios y las importaciones en la economía, pero estas cifras se conocerán oficialmente hasta julio del 2021.

Las autoridades de la SAT han reiterado que se proyecta una caída en la recaudación tributaria por los efectos del coronavirus en el aparato productivo, reiteró el superintendente Marco Livio Díaz Reyes en una citación al Congreso este miércoles 1 de julio.

Las finanzas públicas del país dependen en parte de la recaudación del IVA doméstico –que registra el comportamiento del consumo–, así como el de importación –que se cobra a todas las importaciones–, y toda variable que represente a la baja o al alza de ese impuesto tendrá efectos en la administración presupuestaria del Gobierno.

Desglose

El reporte del 2019 de la evasión del IVA (Q10 mil 377.20 millones) es mayor a los Q9 mil 957.60 millones del 2018, y de los Q9 mil 938.89 contabilizado en el ejercicio 2017.

El incumplimiento de ese tributo representó 26.3% y el cumplimiento 73.7% el año pasado, detalla el informe del administrado tributario.

Al comparar con 2018, se refleja una leva baja, ya que el incumplimiento fue de 26.8%, y el cumplimiento de 73.2%; pero en términos generales, se mantienen en ese rango.

Del 2013 –año en que se empezó a medir este indicador– al 2019, el monto total del incumplimiento del IVA en Guatemala asciende a Q63 mil 758.59 millones.

Tanto el Fondo Monetario Internacional (FMI) como otros organismos financieros y agencias de calificación de riesgo país, señalan a Guatemala en sus evaluaciones de contar con una frágil estructura e instan en hacer cambios en el tema de impuestos y reformas.

Otras variables

El informe revela que en 2019 el consumo potencial total en bienes y servicios, ascendió a Q580 mil 232 millones, y la producción para uso final propio de Q67 mil 552 millones.

El consumo no afecto fue de Q14 mil 620.38 millones, y el gasto de Gobierno no gravable de Q49 mil 537 millones, mientras, el gasto de instituciones sin fines de lucro que sirven a los hogares no gravable ascendió a Q3 mil 494 millones, y un consumo exento de Q76 mil 660 millones.

La medición detectó que el consumo gravable es de Q368 mil 387.23 millones, con una base imponible potencial de Q405 mil 577 millones.

Causas estructurales

El incumplimiento del IVA hay varias causas que lo explican, pero sobresalen las actividades de la economía informal, coinciden Rudy Castañeda, exjefe de la SAT y el analista fiscal Juan Carlos Paredes.

Pero también existe una complejidad para que las personas que están en la economía informal puedan afiliarse a un régimen impositivo, o bien, existen actividades económicas formales que se escudan en la informalidad.

“El problema es que la informalidad tiene el 70% de esa economía que no está registrada, no tributa y hay grupos económicos de cualquier tamaño que se aprovechan de utilizar ese segmento que se convierte en un sistema medio perverso”, puntualizó Reyes, al considerar que pueden estar involucradas redes de contrabando, defraudación aduanera u otros ilícitos de dudoso origen.

Consideró que este es un problema observado en todos los países, pero es un tema de cómo se abre realmente la economía para que sea más fácil tributar.

Citó como ejemplo lo que realizó México en 2014, que creó un régimen que incorporó a ciudadanos para que formalizarse, con beneficios como exención del impuesto sobre la renta, sujeto a acceder a créditos de vivienda, y otras variables de equiparación social existentes como salud, vivienda y educación que no tiene acceso una persona informal.

El resultado de ese programa, según Castañeda, en un período de cuatro años, lograron incrementar hasta cinco millones de nuevos contribuyentes.

“En Guatemala se debe buscar la viabilidad para lograr hacer algo parecido, porque no hay acciones relacionadas con la economía informal y es algo que se está viviendo todo el tiempo”, subrayó Castañeda, quien también fue exdiputado e integró la Comisión de Finanzas Públicas en la legislatura pasada.

Recordó que un avance fue liberar el secreto bancario, así como la Factura Electrónica en Línea (FEL).

Por dos vías

Paredes aseguró que en las últimas décadas la economía informal no se logra incorporar a un cumplimiento tributario, y las condiciones de organización, fiscalización, y simplificación son los elementos que inciden para que no estén integradas.

Además, que el Estado no cuenta con estrategias para poder incorporar a estos, y una de estas pueda ser la simplificación para la incorporación y la otra el control tributario, es decir en los niveles de operaciones económicas la SAT pueda tener una presencia más cercana para poder fiscalizar como en mercados, actividades de agricultura, ganadería, y más al fondo temas de contrabando y defraudación tributaria que operan en la economía informal.

El analista definió que la economía informal puede clasificarse en dos clases: la primera, de operaciones muy bajas pero que tienen una incidencia en la parte tributaria; y la otra, de gran magnitud que están al margen de ley, que no es economía informal pero que simplemente están incumplimiento, factor que impacta en la cobranza del IVA.

Por otro lado, las contribuyentes se abstienen de pedir la factura, y los que prestan un servicio o comercialización no emiten la factura, lo que contribuye al alto nivel del incumplimiento.

Pero también repercute en otros impuestos de menor escala como sobre la renta (ISR) y el de solidaridad (ISO).

Caída en la recaudación

El superintendente de Administración Tributaria, Marco Livio Díaz indicó que ya tienen una estimación de cierre de recaudación que sería de Q57 mil 107 millones ya con los datos del Banco de Guatemala, que sería una caída total de Q6 mil 919 millones.

Díaz indicó que con las nuevas estimaciones que se terminaron anoche -el martes- ya podría modificar el convenio de recaudación, ya que de haberlo hecho con los datos de mayo tendría que modificarlo de nuevo.

“La estimación de cierre incluida la recaudación de SAT y de otros entes sería de Q57 mil 107 millones, eso tendría una caída de la recaudación Q6 mil 582 millones y una caída total de Q6 mil 919 millones casi los Q7 mil millones”, explicó el jefe de la SAT.

El funcionario explicó que la caída se refleja en comercio exterior con Q2 mil 700 millones menos, compuesto por Q2 mil 418 millones en el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y en derechos arancelarios Q340 millones. “El comercio exterior ha estado varado ha habido menos importaciones y el precio del petróleo está afectando la recaudación del IVA, solo ahí le podría decir que hay Q470 millones menos de IVA por ese efecto del petróleo”, dijo el superintendente.

Díaz también dijo que en el Impuesto Sobre la Renta (ISR) hay una baja de Q950 millones y también hay una caída de Q230 millones en el Impuesto de Solidaridad (ISO).

“En la medida que no se abra la economía tendríamos una caída más grande en el ISR, porque al no haber ventas no habría utilidades en las compañías, y en el IVA domestico cayó en Q1 mil 394 millones. En distribución de petróleo Q841 millones, timbres fiscales Q115 millones y primera matricula de vehículos Q227 millones”, explicó el funcionario.

En otros rubros ha habido una baja recaudación como en hidrocarburos con Q113 y en salidas del país Q223 millones.

“La mina -suspendida- el año pasado tuvo una recaudación de Q10 millones y en lo que va del año Q14 millones por lo que podríamos decir que la perdida sería de Q14 millones que se hubieran recaudado en el segundo semestre”, añadió.

El jefe de la SAT indicó que la recaudación activa para el 2021 sería de Q61 mil 426 millones una caída de Q2 mil 633 millones que se habían previsto al 8 de mayo.

“En la comisión técnica del presupuesto acordamos de que se podrían bajar los techos, pero que en Julio se hará otra para que el Ministro de Finanzas tome la decisión de bajar los techos o buscar las fuentes de financiamiento”, refiere.

El diputado Carlos Barreda, jefe de bancada de la UNE dijo que habría una brecha de Q30 mil millones ya que se plantea un presupuesto de Q96 mil millones, ya que habría otros Q5 mil más de recaudación.

Hugo Leonel de León, de 53 años, fue durante mucho tiempo auxiliar de enfermería de sala de operaciones en el Hospital Nacional de Malacatán, San Marcos, pero su nombre pasó a la historia como un héroe que luchó contra la pandemia de coronavirus, incluso ofrendando su propia vida.

TAMBIÉN LEA

Cierran el Hospital Nacional de Malacatán luego de la muerte de un enfermero por coronavirus

Compañeros de trabajo de De León lo describen como una persona colaboradora y entregada a sus obligaciones en el hospital; sin embargo, la forma cómo se contagió es un misterio, por lo que las autoridades del nosocomio decidieron cerrar el centro asistencial para desinfectarlo.

El deceso ocurrió en una ambulancia el jueves 21 de mayo último, cuando, debido a lo delicado de su estado de salud, De León era trasladado un hospital del Seguro Social, informó este viernes 22 el director ejecutivo del Hospital Nacional de Malacatán, Rodolfo Véliz

“Tenía muchos años de ser trabajador de Salud pública, trabajaba como enfermero auxiliar de sala de operaciones, ahí se desempañaba en los últimos años, la esposa también es enfermera del centro de Salud de Malacatán”, agregó Véliz.

Añadió: “como enfermo yo lo vi hace 10 días que fue enviado al seguro social, donde le dieron seguimiento hasta que falleció. Él falleció en las manos de Seguro Social en una ambulancia del hospital”.

El facultativo dijo que no saben dónde se contagió, porque De León no solo trabajaba para Salud, sino que también para el Seguro Social y sanatorios privados. “Él tuvo mucho tiempo de síntomas y, según lo que yo sé, él se descuidó un poco y al final de cuentas vea en lo que paró”, refirió.

“Estamos muy preocupados, porque no es lo mismo saber qué es lo que está pasando y darse cuenta de que alguien ha fallecido, eso nos afecta como comunidad, como hospital, a tal punto que hoy estamos con 32 compañeros hisopados en cuarentena. Esto se le va de las manos cuando la gente que supuestamente sabe no se cuida”, refirió el director.

Varios sectores de Malacatán lamentan la muerte del enfermero y lo describen como un héroe que lucho hasta el final de sus días contra una pandemia que en ese municipio ya deja cinco muertos y 37 contagios.

Consternación

Ingrid Figueroa, presidenta de la Asociación Guatemalteca de Enfermeras y Enfermeros, dijo estar consternada por la muerte de uno de sus compañeros.

TAMBIÉN LEA

Los 50 pasos ciegos entre Malacatán y Tapachula, el principal foco de contagio de covid-19, según alcalde

“Es triste porque estuvo en la primera línea de atención, uno cuida a otros y después le toca a uno, y este es el final de una persona contagiada. Le pedimos al Ministerio de Salud que brinde la protección necesaria al personal de enfermería, pero también al de mantenimiento que también está muy cerca, resignación para la familia del compañero, aun así, seguiremos cuidando a todos los que lo necesiten”, señaló Figueroa.

“Es lamentable la pérdida de esta persona”, dijo la defensora del derecho de la salud de la Procuraduría de los Derechos Humanos, Zulma Calderón, al referirse al fallecimiento de De León.

Calderón lamentó que no haya información real sobre el personal de Salud infectado de coronavirus, pues eso dificulta trazar una estrategia para garantizar que estarán a salvo.

“Ahora de se debería de saber quiénes dentro del sistema de Salud están infectados, si son los de transporte, si son los médicos, técnicos de salud o el personal de enfermería, para dirigir las capacitaciones y todos los esfuerzos. Sumado a esto también está el tema del desabastecimiento de quipo de protección personal que se ha dado”, dijo Calderón.

Además, indicó que el traslado de los recursos a las unidades ejecutoras ha sido tardío, lo que ha imposibilitado que de forma local se puedan hacer acciones como la compra de equipo para resguardar al personal.

La facilidad de transmisión del coronavirus es una de sus características esenciales y volvió a quedar expuesto el miércoles, el presidente Alejandro Giamattei reveló el caso en que dos médicos que  resultaron infectados por tratar a un paciente positivo en un hospital privado. A estos casos casos, según el Ministerio de Salud, se suma una enfermera residente en Izabal y que habría tenido contacto con un turista.

No deje de leer:

Mascarillas para prevenir el contagio del covid-19 ¿usarlas o no?

La transmisión no quedó ahí. Según la trazabilidad del caso a cargo de las autoridades del Ministerio de Salud, un familiar de uno de los médicos, también se contagió de Covid-19. De esa cuenta, la empresa del herman y sus trabajadores se encuentran en cuarentena. El presidente identificó el lugar de trabajo como un taller automotriz,

“Ellos -los médicos- hace una semana recibieron un caso -de un paciente positivo-. Fuimos, lo vimos, y lo trasladamos al -hospital- Parque de la Industria y los médicos que lo atendieron -en el hospital privado- no han de haber guardado los protocolos de seguridad y se contagiaron los dos”, explicó durante la entrevista el mandatario.

“El hermano del médico también resultó con síntomas y ya también lo tenemos. Eso se genera en un taller en dónde habían 18 personas -en interacción-. Entonces, se tomó el taller y se deberá hacerle pruebas a todo mundo para principiar la investigación”, precisó Giammattei.

Los otros dos casos de médicos contagiados fueron en el Hospital Roosevelt y el Hospital Nacional de Amatitlán, en ambos casos tuvieron contacto con un familiar positivo que llegó del extranjero.

Transmisión sigilosa

Infectólogos y epidemiólogos a escala mundial han advertido que la letalidad del coronavirus se basa en su facilidad de transmisión, ese proceso es sigiloso y la personas que adquieren el virus pueden llegar a percatarse, en promedio, 15 días después.

El médico especialista en infectología, Roger Gil, señaló que tanto los médicos como el personal de Salud corren el riesgo de contagiarse de covid-19 debido que son quienes  “atienden en primera línea a los pacientes positivos” y expuso que la única forma de evitar el contagio es utilizar protección especial y cumplir los protocoles de atención.

“El primer procedimiento riesgoso es al momento de la intubación orotraqueal, es decir cuándo se va a entubar a un paciente porque no puede respirar y necesita ser colocado un ventilador. El segundo sería al tomar muestra ya que se dispersan aerosoles del virus al momento de hacer el procedimiento y que eso generalmente lo hace el médico o el técnico del laboratorio”, explicó el especialista.

El epidemiólogo indicó que el contagio puede ocurrir cuando haya secreciones del paciente.

“Cualquier secreción que produzca de la fosa nasal, mucosa oral o bien a través de los ojos o cualquier líquido puede ser potencialmente infeccioso”, argumentó Gil.

La infectóloga Alicia Chang explicó que los “médicos deben usar equipo de protección todo el tiempo” y para evaluar a un sintomático sospechoso de Covid-19 “se recomienda que usen mascarillas con careta, bata y guantes descartables” y señaló que en caso no haya una mascarilla con careta se pueden usar lentes para proteger los ojos y es indispensable portar mascarilla quirúrgica.

Chang expuso que hay más cuidados cuando se tratan a pacientes que tienen más desarrollado el virus.

“Los médicos que someterán a pacientes a broncoescopías y estarán expuestos a aerosoles e hisopados, en esos casos se usa mascarilla N-95 y esos son los procedimientos en los que están más expuestos los médicos, los trajes espaciales son necesarios en esos procesos”, indicó la infectóloga.

El presidente del Colegio de Médicos, Jorge Luis Ranero dijo que han recibido muchas denuncias debido a que médicos no tienen los equipos especiales para atender pacientes positivos y esa carencia no motiva a ocupar las plazas que ofrece Salud para atender la emergencia.

“El médico sí estaría en la disponibilidad de apoyar, hay varios médicos generales y especialistas están dispuestos a trabajar siempre y cuando mejoren las condiciones tanto al pago como al equipo de protección necesario”, indicó Ranero.

El médico señaló que es necesario proveer de protección a los médicos para enfrentar la contención y mitigación de la emergencia.

“El juramento hipocrático que los médicos hacemos al momento de graduarnos, nos compromete de una forma ética, pero no nos compromete emularnos por la población y cualquier médico por vocación atendería un llamado, no obstante, igual exigiría que los médicos tengan la protección mínima”, dijo el presidente del Colegio.

Contención y mascarillas

A partir del lunes próximo será obligatorio portar mascarilla en las vías públicas y de no hacerlo se impondrá una multa. Esa medida sanitaria fortalece la etapa de contención y fue anunciada ayer por el presidente Giamattei.

El mandatario explicó que entre las medidas sanitarias para evitar la propagación del Covid-19 se encuentra la elaboración de cerca de tres millones de mascarillas que podrán ser lavables para un nuevo uso y son elaboradas en San Juan Sacatepéquez, Guatemala.

Las mascarillas las comprará el gobierno y las entregará a familias de escasos recursos.

Giamattei pidió a la población desechar mascarillas y cortarlas para evitar una reutilización antihigiénica.

El médico epidemiólogo Arturo Sánchez López recomienda que todos la usen, pues es “una barrera protectora en los pacientes no infectados, y en los positivos es obligatoria para que no diseminen las gotículas conteniendo el virus”.

Según el Ministerio de Salud hay que llevarla puesta aún en ambientes cerrados, donde hay poca ventilación, como oficinas.

Las más apropiadas son las mascarillas N95, cuyo nivel de protección es mayor, pero estas deben destinarse para quienes trabajan en los servicios de salud. Usarlas indiscriminadamente podrían desabastecer a este importante sector, que lucha contra la enfermedad.

Su clasificación indica que el respirador filtra al menos el 95% de las partículas que están en el aire. A estas le siguen las de uso quirúrgico y las últimas en la lista son las de tela.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), no hay evidencia concreta de que proteja a personas que no tienen la infección, por lo que sigue en curso la investigación sobre su uso potencial para controlar la transmisión del covid-19 en el nivel comunitario.

La prioridad, dice Tedros Adhanom Ghebreyesus, presidente de la OMS, es que las mascarillas médicas estén a disposición de los trabajadores de salud de primera línea cuando estos las necesiten, así como el demás equipo de protección esencial.

El Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral (TSE) oficializó la cancelación de las organizaciones políticas Encuentro por Guatemala y Avanza.

Lea además:

Proceso de postulación para magistrados del TSE queda suspendido

Los partidos políticos que no sumaron el 5% de votos válidos y no lograron un diputado electo, comienzan ese proceso de cancelación.

Las organizaciones políticas Fuerza y Partido Productividad y Trabajo (PPT) también fueron canceladas en enero del 2020 por el Registro de Ciudadanos.

El nombre, símbolo o emblema de los partidos antes mencionados no podrán ser utilizados ni registrados por ninguna otra organización política antes de 10 años.

Este proceso de cancelación de los partidos está establecido en el artículo 93, inciso b), de la Ley Electoral y de Partidos Políticos.

Además, el Partido Liberal de Guatemala (PLG) y Mi País podrían ser cancelados por perder la organización partidaria a nivel nacional requerida legalmente -50 municipios y 12 departamentos-.

Contenido relacionado

> En octubre de 2018 el TSE empezó el proceso de cancelación de Creo, PAN y Viva

> Estas son las inscripciones a candidatos que el TSE rechazó por transfuguismo

> Intención de revivir el transfuguismo sigue en el Congreso

El partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), como la materia, no se destruye sino se transforma y de sus filas salieron los políticos que formaron el partido Libertad Democrática Renovada (Líder) y Todos, de los cuáles solo el último aún amasa una cuota de poder.

Lea también:

Partido UNE se divide y recompone las fuerzas en el Congreso

Lo anterior demuestra que la UNE es el único partido que, después de hacer gobierno entre 2009 y 2012, consiguió mantener y consolidar su poder y muestra de ellos es que en las pasadas elecciones logró 52 escaños en el Congreso y 105 alcaldías. Es el partido que más cuotas de poder político consiguió.

El partido UNE es lo más cercano a un partido político, según el análisis del historiador y analista político José Alfredo Calderón y el distanciamiento de Sandra Torres podría evitar que la agrupación tenga un final similar al del Frente Republicano Guatemalteco (FRG), que perdió fuerza hasta finalmente desaparecer.

“Es la única plataforma no electorera, porque hay que reconocer cuando han corrido incluso sin candidato presidencial -y- han obtenido buenos resultados”, señala Calderón.

Para el historiador, “la UNE representa el equilibrio del sistema político guatemalteco, a pesar de que los sectores ultraconservadores lo tipifican como partido de izquierda, que no lo es”.

Como ocurre en cada legislatura, las fuerzas del Congreso se recomponen. Antes del 2016, los diputados se cambiaban de partido político hasta tres veces en una misma legislatura, pero con las últimas reformas a la Ley Electoral esto está prohibido y, en consecuencia, deben seguir ligados a la bancada por la que fueron electos, aunque no voten igual. Un matrimonio por conveniencia, por así decirlo.

E el caso de la UNE, el último embate lo tuvo el pasado martes, con la solicitud de expulsión del partido a Sandra Torres y los diputados Jorge Estuardo Vargas y Carlos López, acusados por 12 diputados, encabezados por Carlos Barreda, de ser “traidores” de la ideología del partido y querer manipular la elección de magistrados a la Corte Suprema de Justicia y al Tribunal Supremo Electoral.

“Yo creo que lo que están haciendo es una traición evidente hacia la máxima líder y que en un proceso penal que ella tuvo y los mismos que se decían muy allegados a ella cometieron alta traición”, dijo el diputado Vargas sobre los señalamientos.

Cuando la imagen no es suficiente

El diputado por Zacapa Jorge Estuardo Vargas fue señalado por el diputado Carlos Barreda de ser, junto al legislador Carlos López, quienes generaron división en la bancada por orden expresa de Torres, quien quiere controlar el partido desde afuera y que la agenda legislativa responda a sus personales intereses.

Vargas sostiene que Torres es la imagen fuerte del partido y nadie más que ella tiene el poder de conseguir 1 millón 200 mil votos, como lo hizo con su candidatura presidencial del 2019 y la división de la UNE responde a el autoritarismo de Orlando Blanco y no al de Torres.

“La división viene desde el año pasado. Había mucha inconformidad porque no se respetaban los criterios de cada diputado, solo era una instrucción donde no se discutía nada en la bancada, sino era una instrucción dedocrática la que se hacía, y les causó molestia que alguien levantó la voz”, explica Vargas.

Los votos conseguidos por Torres sí superan el millón, pero no han sido suficientes para darle la presidencia ni en el 2019 ni en el 2015; por el contrario, el partido sí ha conseguido no solo retener sino aumentar su fuerza en el Congreso liderado por Orlando Blanco, Carlos Barreda y Mario Taracena, este último, incluso, presidió el Organismo Legislativo en el 2016.

En las pasadas elecciones el partido consiguió poco más de 1 millón 400 mil votos que significaron 52 escaños parlamentarios y otros 626 mil votos más para el Parlamento Centroamericano; además de las 105 de 340 alcaldías del país.

“Sandra ya no gana una elección porque genera muchos anticuerpos, esta -las elecciones del 2019- fue su última oportunidad, y a partir de ahora ella está muerta políticamente, pero tienen que pasar muchas cosas, porque hay muchos funcionarios que le deben a ella favores, son facturas que ella tiene en las manos para poder echar pulso.  Pero los diputados de la Une están haciendo su estrategia política a futuro para el 2023”, reflexiona Calderón.

En esta línea, el analista político Gustavo Berganza reconoce que, aunque la imagen de Torres aún es fuerte, no es suficiente. “Tiene una base electoral de un millón 200 mil votos, pero por otra parte eso no es suficiente para ganar una elección, que ya se notó en el 2015 y el 2019. Ese es el reto que tienen los que están promoviendo su expulsión”, agrega.

Carlos Barreda aseguró que la separación de Sandra Torres se hace porque “el partido no tiene dueños” y las decisiones de ella han diluido la ideología social demócrata del partido, por lo que se debe corregir el rumbo.

“Los diputados de la Une están haciendo su estrategia política a futuro para el 2023”, apunta Calderón.

UNE, la nodriza

“Nos despojamos de cualquier bandera política para mantener nuestra lucha y trabajo en el Congreso”, decía Roberto Alejos al anunciar su renuncia al partido UNE en el 2011, tres días después que Sandra Torres se proclamaba como la líder de la agrupación.

Era el final de la presidencia de Álvaro Colom y aunque a Sandra Torres intentó competir por la presidencia, la Corte de Constitucionalidad se lo prohibió. Ahí comenzaba una carrera por la silla presidencial que se le ha negado en tres ocasiones.

Ya Alejos había presentado su renuncia al partido meses antes, junto a la mitad del Comité Ejecutivo de la UNE que se fueron al proyecto que más tarde se convertiría en el partido Todos.

Tres años antes Manuel Baldizón había hecho lo mismo: renunció a la UNE, se declaró independiente y el mismo año comenzó la formación del partido Líder. La salida de Baldizón, explicaba en el 2008, era por “diferencias con la Secretaría General del partido”, que significaba que él quería ser el candidato a la presidencia, pero Torres también, lo que provocó esa ruptura.

Sandra Torres es la fundadora de la UNE junto con su equipo original, después de la crisis que tuvo Álvaro Colom con la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) y esa alianza, reconoce Roberto Alejos Cámbara que también explica que las bases del partido obedecían a ella durante la presidencia de Colom desde los proyectos de Cohesión Social, que dirigía desde la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente (Sosep).

Es fundadora pero también el denominador común en el 2008 y en el 2011 para que se separara la UNE fue Sandra Torres. Esta vez, la salida pareciera que no es de los diputados para buscar otro partido, sino al revés, sacar a Torres de en medio.

Roberto Alejos también explica que la ruptura de esta semana es provocada por su segunda derrota consecutiva para la presidencia, como una consecuencia lógica del poder que ella ha perdido o no ha logrado retener.

La bancada se siente con el poder de prescindir de ella y Torres no quiere que la bancada mande, sino que ella quiere continuar. Entonces, lo que la UNE está evidenciando es que ella no apoyo a su candidato sino prefirió al candidato del oficialismo para presidir el Congreso, según el análisis externo que hace Roberto Alejos.

“Es la lucha típica de poder interno, donde yo -Sandra Torres- prefiero que alguien de mi partido no llegue a la presidencia del Congreso, porque si llega me va a quitar el partido y el poder, y a mí me conviene ahorita estar aliado al gobierno, lo cual crea una crisis interna terrible y mezclan los ideales del partido con intereses particulares”, dice Alejos.

La lucha por el partido es “el principio del desmoronamiento y derrumbe de la UNE”, dice Alejos, que ve difícil levantar el partido sin la imagen de Torres.

“La UNE creció alrededor de ella y ella no dejó que crecieran otros liderazgos”, dice Alejos que ve tres momentos de crisis en el partido: la pelea de Torres con Baldizón por la presidencia en el 2008, la disputa por la candidatura presidencial en el 2011 y provoca la salida de Alejos del partido.

Por ahora Jorge Estuardo Vargas no ve como posibilidad fundar un nuevo partido, en caso fuera expulsado de la UNE.

“Actualmente soy de la UNE y miembro del Comité Ejecutivo. Es de esperar, no creo que el proceso de expulsión sea tan rápido, también hay un proceso de cancelación del partido y falta mucho que recorrer en ese sentido”, dijo Vargas.

Contenido relacionado:

Sandra Torres se pronuncia luego que diputados pidieran su expulsión del partido UNE

Integrantes de la UNE solicita expulsión de Sandra Torres del partido

Sandra Torres recibe un revés judicial en caso de financiamiento electoral a la UNE

La comisión de postulación para elegir a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) queda suspendida tras un amparo provisional otorgado por la Sala Quinta de lo Contencioso Administrativo.

Lee también:

Así había avanzado la postuladora de magistrados para el TSE

El amparo fue otorgado al abogado Juan Carlos Conde Vega en contra de la elección que realizó el Colegio de Abogados y Notarios donde se eligió al titular y suplente para integrar la postuladora.

Según los argumentos de Conde Vega, el Colegio de Abogados convocó a dicha elección, pero luego modificó la fecha incumpliendo el reglamento de ese mismo cuerpo colegiado que dice que debe haber un mes calendario de diferencia entre la convocatoria y la elección.

Tras esto, el amparo ordena que se repita la convocatoria en observancia a lo establecido por el reglamento. Esto provoca que la postuladora quede desintegrada y que sus actuaciones queden inválidas.

#Ahora Sala Quinta de lo Contencioso Administrativo otorga amparo provisional al abogado Juan Carlos Conde Vega en contra de la elección que realizó el Colegio de Abogados donde se eligió al titular y suplente para integrar la postuladora del TSE.

— Manuel Hernández (@mhernandez_pl) February 6, 2020

La postuladora, que es presidida por el rector de la Universidad de San Carlos, Murphy Paiz, tenía planificado sesionar todos los días para que, a más tardar, el 18 de febrero presentaran al Congreso de la República la nómina con los aspirantes a integrar el TSE.

Al ser consultado al respecto, el presidente del Colegio de Abogados, Ovidio Orellana, dijo que aún no han sido notificados. Sin embargo, aseguró que  la resolución no afecta el proceso de la comisión de postulación.

Asimismo, agregó que apelarán ante la Corte de Constitucionalidad para determinar si lo resuelto por la sala es correcto o no.

Los diputados de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) pidieron la expulsión de excandidata presidencial Sandra Torres de esa agrupación política.

Lea además:

Nadia de León Torres, hija de Sandra Torres, presidirá el Parlacen

El diputado Carlos Barreda señaló que existen presiones para no seguir las directrices de la jefatura de bancada y eso causó el malestar de los parlamentarios.

Un grupo de diputados dirigidos por Estuardo Vargas, Carlos López y Sandra Torres traicionaron al partido negociando los votos para la elección de la Junta Directiva, señaló Barreda. Esas presiones ocurren a pesar de tener prohibición del juez, añadió.

Otro de los diputados, Mario Taracena, incluso enseñó su celular a los periodistas para mostrar los mensajes de presión que supuestamente reciben de la excandidata a la presidencia por la UNE, Sandra Torres.

La exaspirante presidencial de la UNE goza de arresto domiciliario dentro del departamento de Guatemala desde el día 9 de enero, cuando pagó fianza de Q800 mil, en virtud de una resolución favorable del Juzgado de Mayor Riesgo E, que cubrió las vacaciones del Juzgado A.

Antes de eso, Torres estuvo cuatro meses en prisión provisional y preventiva en la cárcel de Mariscal Zavala.

La UNE pide la expulsión de Sandra Torres https://t.co/Ewfv3LRYmv

— Manuel Hernández (@mhernandez_pl) February 4, 2020

Sandra Torres se pronuncia

La excandidata presidencial emitió un comunicado en el que señala de “traidores” a los diputados de la UNE que solicitaron su expulsión del partido.

Torres afirmó que los mensajes que el legislador Mario Taracena mostró en su celular son falsos.

¿Quienes son los verdaderos traidores en la UNE? pic.twitter.com/gYVaBFDt4m

— Sandra Torres (@SandraTorresGUA) February 4, 2020

El embajador de EE. UU. en Guatemala, Luis Arreaga, afirmó este jueves 30 de enero, que su país está en disposición de apoyar la aprobación de leyes que fomenten la prosperidad económica y dijo confiar en que el Congreso de la República, en especial los nuevos diputados y la Junta Directiva, “se dediquen a pasar leyes que beneficien a los guatemaltecos”.

LEA TAMBIÉN

América Crece: Estos son los 4 proyectos de inversión que busca desarrollar Guatemala

El funcionario estadounidense, no obstante, está consciente de que “en el pasado se han escuchado muchas cosas que no han permitido que leyes importantes” sean aprobadas, pero que dada la coyuntura actual, en la que hay un nuevo gobierno, es una oportunidad para que el Congreso “responda” a los guatemaltecos.

En octubre del año pasado, el Congreso no aprobó el proyecto de Alianzas Público Privadas para la rehabilitación, administración, operación, mantenimiento y obras complementarias de la autopista Escuintla-Puerto Quetzal con cobro de peaje.

Apenas 32 diputados votaron a favor, 50 en contra y 76 ni siquiera llegaron al Congreso el día que se iba a conocer en tercera lectura. Dentro de los factores que se mencionaron por los cuales la ley fue rechazada se mencionó posibles intereses de diputados que habrían pedido que empresas allegadas a ellos tuvieran parte del proyecto.

Arreaga precisó que para EE. UU. la lucha contra la corrupción y la impunidad es una de las prioridades más importantes, y en ese sentido, recordó que uno de los mecanismos que su gobierno utiliza para castigar a ciudadanos, sean funcionarios o no, señalados de corrupción es la cancelación de visas.

“Pero sí quiero decir que la corrupción para nosotros ha sido, es y seguirá siendo uno de los objetivos fundamentales. Nosotros utilizamos algunos métodos, por ejemplo, la revocación de visas como una forma de enviar mensajes de que no vamos a tolerar actos de corrupción, narcotráfico y abuso de Derechos Humanos”, enfatizó el embajador estadounidense en una reunión con periodistas en su residencia.

Arreaga prefirió no dar nombres de las personas a las que recientemente el Gobierno de EE. UU. les retiró la visa, aunque reconoció que hay exfuncionarios de todos los organismos del Estado. “Le puedo decir que hay representatividad de los tres poderes y del sector privado —quienes— es clarísimo que han participado en actividades de corrupción, criminalidad y narcotráfico”, subrayó.

Al ser cuestionado sobre qué motivaciones tendrían los diputados para apoyar estas leyes, Arreaga indicó que la oportunidad que tiene el país de recibir grandes inversiones tendría que ser el principal incentivo.

“Aquellos que no quieran cooperar… Vamos a saber quiénes son y por qué —no cooperaron—, de ahí en adelante es otra cosa”, comentó, al mismo tiempo de indicar que a los inversionistas les interesa contar con reglas de juego claras y trabajar con instituciones que funcionen y que respondan a la certeza jurídica.

En ese aspecto, también manifestó que están “poniendo muchísima atención” al proceso de comisiones de postulación, que derivará en la elección de magistrados a Corte Suprema de Justicia y salas de Apelaciones, ya que les interesa que el proceso sea transparente, justo y que los criterios de selección sean claros.

“Tanto a Guatemala como a EE. UU. nos interesa que este proceso no se convierta en una alfombra de bienvenida al narcotráfico y a la impunidad”, remarcó.

Inversiones

Arreaga subrayó en la importancia de la labor del Congreso y los procesos de selección de cortes, toda vez que es necesario para “crear las condiciones para que vengan los inversionistas norteamericanos a invertir” en grandes proyectos.

De hecho, enfatizó en que EE. UU. firmó hace unos días un acuerdo con el Ministerio de Economía para asignar US$1 mil millones en préstamos de reactivación económica para Guatemala; además existe la iniciativa América Crece, mediante la cual se piensa atraer inversión norteamericana en proyectos de infraestructura y energéticos, por ejemplo.

Respecto a posibles inversiones, el funcionario estadounidense aseguró que tanto el Ministerio de Economía como el Programa Nacional de Competitividad arman una cartera de proyectos que presentarán a la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional, y como ejemplo, citó que el Metro Riel podría ser uno de estos.

Cooperación

El embajador estadounidense aseguró que ha habido una buena relación con el presidente Alejandro Giammattei y que están “sumamente agradecidos” por el apoyo que el gobierno guatemalteco ha dado en materia de migración, por lo cual EE. UU. siente la obligación de ayuda a Guatemala a crecer económicamente, sobre todo por la mayor parte de migrantes sale del país por factores económicos.

Añadió que su país ya autorizó el traslado de US$75 millones para reforzar las fronteras y para proyectos de desarrollo y justicia.

Según Arreaga, en conversaciones que han sostenido con Giammattei, el mandatario guatemalteco les ha manifestado que “quieren ser el mejor aliado de EE. UU.”.

Refirió que los anexos del Acuerdo de Cooperación de Asilo, son documentos “vivientes”, es decir, que están vigentes. Esta semana el mandatario guatemalteco se había refirió a dichos anexos y los considero solamente “borradores”.

El funcionario estadounidense aseguró que están dispuestos a explicar al Gobierno de Guatemala en qué consisten esos documentos y que incluso, fue el propio Giammattei quien pidió que una delegación de EE. UU. visitara el país para hablar de ese tema, por lo cual descartó que exista presión para dejar en pie el acuerdo.

Reacciones

El sector privado coincidió con el embajador estadounidense al señalar uno de los principales atrasos para lograr el desarrollo del país se encuentran en el Legislativo, aunque también culparon a las cortes.

Juan Pablo Carrasco, presidente Cámara de Comercio Guatemalteco Americana (AmCham), expuso que el Congreso se ha convertido en uno de los “grandes cuellos de botella” para lograr certeza jurídica y desarrollo económico, ya que no ha priorizado la agenda legislativa en esta materia.

Indicó que hay una “alta expectativa” con los nuevos diputados y Junta Directiva del Legislativo de brinden prioridad a la agenda porque el país posee un alto potencial de atracción de inversión y las leyes, así como están, no han permitido que puedan concretarse y así aumentar el empleo, pero “en el Congreso se estancan todos los proyectos”.

Además de la ley de competencias y las que tengan que ver con alianzas público privadas, citó otras que son de importancia para el sector privado, como la de zonas francas, de infraestructura, la regulación del Convenio 169 que tiene paralizados varios proyectos que se relacionan con el uso de recursos naturales, entre otros.

“Las cortes también deben alinearse y la falta de certeza jurídica actual se debe a la Corte de Constitucionalidad, pero el Congreso puede apoyar desentrampando la agenda legislativa en materia económica, porque ya lleva más de seis y siete años estancada”, concluyó.

Por su parte, Eduardo Girón, presidente de la Cámara de Industria de Guatemala (CIG), indicó que comparten la preocupación de EE. UU. en cuanto a la necesidad de contar con certeza jurídica, aunque considera que este factor depende, no solo del Congreso, sino también de las cortes.

“Creo que se queda corto —EE. UU.— al decir que la falta de certeza está en el Congreso, hemos visto que —esta— ha sido causada por las cortes y principalmente la CC —Corte de Constitucionalidad— que ha fallado con criterios que provocan incongruencia”, señaló Girón.

Agregó que por la falta de reglamento del Convenio 169 ha sido utilizada por la CC para frenar inversiones millonarias, por lo cual el mensaje “debe extenderse” a la máxima corte.

¿Qué dice el Congreso?

Consultados algunos diputados del Congreso de la República coincidieron en que las leyes que reactiven la economía del país son urgentes y por lo tanto tienen que ser aprobadas.

Andrea Villagran, legisladora del partido Bien, afirmó que el país debe contar con leyes para promover la competitividad y el libre mercado y considera que fue un “mal mensaje” que el Congreso envió el año pasado al no aprobar la alianza publico privada para remozar la autopista Escuintla-Puerto Quetzal.

“Creo que se puede retomar el tema. El Estado no tiene la capacidad de hacer proyectos por sí solo, es importante contar con alianzas publico privadas”, subrayó Villagrán.

El jefe de bancada del partido Valor, Luis Rosales, coincidió en que urgen las normativas económicas, por lo cual lo dicho por el embajador de EE. UU. “es compatible” con su partido. Agregó que la intención de los diputados de su bloque es trabajar en esas normativas.

Por su parte, el jefe de la bancada Creo, Rodolfo Neutze, afirmó que “todos sabemos que nos urgen” las leyes que reactiven la economía, y en cuanto al anuncio de posible retiro de visas a funcionarios corruptos, indicó que no debe ser suficiente, puesto que Guatemala debe juzgar y condenar a todos aquellos funcionarios que resulten responsables de corrupción.

“EE. UU. tiene la potestad de darle visa a quien ellos consideren, —pero— eso no es suficiente castigo para los corruptos. Aquí hay leyes que se deben cumplir y el que es corrupto debe ir a la cárcel, —el retiro de visas— no es algo en lo que debamos basar el futuro de Guatemala”, aseveró.

Contenido relacionado

Conoce la iniciativa que usa los cómics para crear conciencia sobre los riesgos de la migración

EE. UU. espera “más progresos” para contener la migración que viene desde Sudamérica

Corrupción y migración, retos de Giammattei como presidente de Guatemala

Entre las personas removidas del cargo se encuentran el exdiputado Luis Hernández Azmitia, quien a finales del año pasado fue nombrado ministro consejero ante la Organización de Estados Americanos (OEA) como un acto político, confirmó el entonces presidente Jimmy Morales.

LE PUEDE INTERESAR

Nuevo gobierno no podría remover a diplomáticos por reciente disposición del Minex

El costó  de Q1.7 millones en las 12 remociones es porque los funcionarios fueron indemnizados

Azmitia también se desempeñaba como consejero de la Embajada de Guatemala en la República de Colombia.

También fue removida Sherry Ordóñez, exministra de Comunicaciones de Morales, asignada en la embajada de Guatemala en Francia.

La decisión también incluye a Heinz Hiemann, exvocero presidencial, que estaba asignado a la Mancomunidad en Australia.

Además, el exviceministro de Deportes, Érick Roberto Sosa asignado en la embajada de Bélgica; Osiél Ananías Salcedo Ajualip, cónsul general dela República de Guatemala en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez Estado de Chiapas, México.

Salcedo fue quien recolectó fondos de Jimmy Morales en la campaña de 2015 en EE. UU. cónsul en Tuxtla, México.

Otras destituciones

• Hada Claudia Leticia Farfán Colindres, tercer secretario del Consulado General de Guatemala en Los Ángeles, California, Estados Unidos.
• José Humberto Paz Pineda, primer secretario de la Embajada de Guatemala en Paraguay.
• Armando Ernesto León González, primer secretaria de la Embajada de Guatemala ante el Reino de España.
• Rony Alejandro Anleu Bolaños, primer secretario de la subdirección de Protocolo.
• Luis Eduardo Méndez Barrios, tercer secretario de la subdirección de  política multilateral para la ONU.
• Katherine Michel Calvillo, tercer secretario de Consulado General de Guatemala en Lo Ángeles California, Estados Unidos de América
• Sergio Arriola, primer secretario y Consul de la embajada de Guatemala en la República de Panamá.

Brolo informó que los nombramientos fueron hechos a última hora por el gobierno anterior, y se analiza al personal idóneo para fortalecer la carrera diplomática.

A finales del 2019, el pasado gobierno habría concretado al menos 50 nombramientos en cargos diplomáticos para diputados, candidatos que no obtuvieron el cargo y allegados del partido oficial sin experiencia diplomática como una forma de garantizar su permanencia en el Estado, incluido Luis Enrique Hernández Azmitia, diputado del Partido Refomador.

“Esta es una asignación política, él -Azmitia- tiene algunos conocimientos sobre tema de familia y es uno de los temas que defenderá para Guatemala en la OEA”, dijo ese día  la exministra Sandra Jovel.

Contenido relacionado

Minex gastó Q71 mil en recepción anual con allegados al Gobierno de Jimmy Morales

Abogado de Jimmy Morales es nombrado embajador de Guatemala ante la ONU

En el Minex siguen nombramientos de allegados al gobierno

La Fiscalía de Delitos Electorales del Ministerio Público (MP) presentó un antejuicio en contra de los cinco magistrados titulares del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Lea además:

Sandra Torres es ligada a proceso por no reportar más de Q5.9 millones al TSE

La petición es por el delito de incumplimiento de deberes por no tomar todas las consideraciones para que el proceso electoral se llevara sin ningún inconveniente.

La denuncia fue presentada en contra de los magistrados Julio Solórzano, María Eugenia Mijangos, Rudy Pineda, Jorge Mario Valenzuela y Mario Aguilar Elizardi.

Las fallas en el sistema informático fue una de las razones que motivaron esta petición.

En agosto del 2019 capturaron al exdirector y exsubdirector de informática del TSE por supuestamente alterar el registro informático.

La fiscalía desarrolló varios allanamientos y tienen una copia del sistema informático del proceso electoral para identificar los problemas.

“En el año 2017 el entonces encargado de la unidad hizo un requerimiento al pleno de magistrados solicitando la creación de la unidad de sistemas electorales para que con tiempo se tratara el tema de la digitación y transmisión de resultados, ese requerimiento los magistrados titulares del TSE lo omitieron, no tomaron ninguna acción, asímismo se hizo varios requerimientos a efecto de que se dotara a la unidad de informática de personal humano personal humano capaz y con la tecnología adecuada a un evento electoral tan serio y tan importante donde se plasma la voluntad de los guatemaltecos”, explicó el fiscal Rafael Curruchiche.

Luego de una investigación e informes de la Contraloría General de Cuentas, el MP concluyó que el sistema informático del TSE fue ineficiente y que se pudieron evitar los problemas causados si los magistrados hubieran atendido los requerimientos, explicó el fiscal.

Según Curruchiche “el sistema informático presenta fallas en cuanto a que no está certificado, es un sistema artesanal, un sistema que se creó en el 2011 y desde esa fecha para acá solo se han hecho parches y por lo tanto, en cuanto a la investigación que hizo el Ministerio Público, las declaraciones testimoniales, al dictamen pericial y al informe del analista técnico de la Contraloría General de Cuentas de forma contundente se manifiesta que en el sistema informático es deficiente”.

Razones de la petición

a) Haber omitido e incumplido como máximas autoridades del TSE en organizar, planificar, dotar de recursos humanos y tecnológicos a la Dirección de Informática para realizar con éxito el proceso y evento electoral.

b) Haber omitido e incumplido la falta de previsión de un sistema informático solvente y confiable que garantizaría resultados seguros.

c) Haber omitido e incumplido la falta de diseño, planificación y ejecución de un sistema informático capaz de dar certeza y confiabilidad, lo cual repercutió en efectos perjudiciales sobre el proceso y evento electoral.

d) De forma consciente y voluntaria omitieron implementar y dotar a la Dirección de Informática las herramientas tecnológicas y recurso humano, incumpliendo con un acto propio de sus funciones como autoridades superiores del TSE.

Reacciones

Los magistrados del TSE no emitieron opinión por los antejuicios solicitados en su contra. El vocero de esa entidad, Luis Gerardo Ramírez, aseguró que los togados respetan el debido proceso y que en su momento colaboraron con la investigación del MP.

“El TSE y el pleno de magistrados es respetuoso de todos los procesos, naturalmente ellos estarán dando información y también colaborando cuando se necesite. El Tribunal Supremo Electoral en todo momento ha prestado la colaboración, la información que se ha solicitado y todo aquello que se ha requerido se ha evacuado con la debido antelación”, aseguró Ramírez.

En el Congreso, algunos diputados también reaccionaron al respecto y recordaron que durante el proceso electoral denunciaron anomalías.

“En la primera vuelta de las elecciones 2019 todos los guatemaltecos vimos que el software cometió un error en cuanto que duplicó ciertos resultados, entendemos que el TSE enmendó el procedimiento y transparentó esas acciones. Si hubo problemas con el software porque no funcionó o no tiene las calidades técnicas, que el Ministerio Público haga las investigaciones correspondientes y deduzca las responsabilidades”, dijo Carlos Barreda, de la UNE.

El parlamentario Ovidio Monzón, de Todos, aseguró que la acción del MP fue tardía porque ya hay autoridades electas. “Hubo toda una denuncia a nivel de todos los partidos políticos y es lamentable que hasta hoy (ayer) también el Ministerio Público esté presentando esta denuncia cuando debió haber sido en días anteriores, en muchos lugares quedó un mal sabor por parte del trabajo que se llevó a cabo por el Tribunal Supremo Electoral”, agregó.

Esta nota se editó este 10 de diciembre, a las 9.22 horas

Contenido relacionado:

> Ingeniero cuestiona que sistema para conteo de votos “parece de un estudiante de bachillerato” 

> Con nueva metodología pretenden agilizar revisión de actas electorales 

> Las estrategias de campaña de Sandra Torres y Alejandro Giammattei de cara a la segunda vuelta

María Consuelo Porras, fiscal general y coordinadora de la Comisión Nacional para el Seguimiento y Apoyo al Fortalecimiento de la Justicia (CNSAFJ), demandó la destitución de Enrique Degenhart, ministro de Gobernación, por incumplir una resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC) para asegurar fondos para el funcionamiento de esa comisión, la cual disolvió el presidente Jimmy Morales en junio, pero que siguió vigente por un amparo del tribunal constitucional.

Lea también

Estos arguments planteó Jimmy Morales para acabar con la Comisión de Apoyo a la Justicia

La solicitud de Porras, a través de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparos y Exhibición Personal, fue planteada como una debida ejecutoria de amparo ante el Juzgado de Paz de Faltas de Turno, el cual deberá ser promovido ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Junto a Degenhart exige el despido de Luis Arévalo, tercer viceministro de Gobernación.

La desobediencia del ministro radica en no haber celebrado y firmado en tres días posterior a la notificación un convenio para el traslado de recursos financieros a la comisión en mención.

“Es evidente la notoria desobediencia del amparo provisional cuando en la propia resolución del 28 de octubre se indica puntualmente: ‘esta decisión se pronuncia con los apercibimientos legales correspondientes’, derivado de lo cual corresponde al Tribunal de tomar las medidas necesarias para tal ejecución”, señala el memorial de la Fiscalía.

En el fallo del 28 de octubre, que se hizo público el 31, el tribunal constitucional declaró con lugar dos recursos de apelación: uno para Porras ante un amparo a favor de Jordán Rodas, procurador de los Derechos Humanos, contra Degenhart, y el otro, para la procuradora Adjunta I de la Procuraduría de los Derechos Humanos contra el director de Servicios Administrativos y Financieros del Ministerio de Gobernación.

Ambos fallos tenían como efecto la suscripción del convenio para garantizar los fondos del ministerio a la Comisión de de Apoyo al Fortalecimiento de la Justicia, los cuales deberían fluir 24 horas después de las firmas.

Fuentes consultadas por Prensa Libre dijeron que la Corte rechazó a Degenhart dos recursos de ampliación y aclaración y devolvió a la Suprema el expediente para que resolviera en definitiva el amparo otorgado.
De acuerdo con las fuentes, el ministro sí autorizó el traslado de fondos a la comisión, pero unilateralmente decidió que fuera menos de lo establecido, -no se conoce el monto-, tras lo cual accionó el MP.

La comisión existe desde 1998, producto de los Acuerdos de Paz, pero el 20 de junio último Morales la liquidó para evitar “dualidad de funciones” con la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia.

Coordinada por el fiscal general, la comisión se integra por dos magistrados de la Suprema, el ministro de Gobernación, el Instituto de la Defensa Pública Penal, la Comisión Presidencial de Derechos Humanos, la Policía Nacional Civil, el Colegio de Abogados, las facultades de Derecho de las universidades San Carlos y Landívar, y miembros de la sociedad civil.

Contenido relacionado

> MP afirma que decreto de aceptación de cargos dista de la propuesta del sector justicia

> Elección de cortes se podrá reanudar sin hacer la evaluación a jueces y magistrados

> Oficina contra la Tortura denuncia vejámenes en las cárceles del país

Los diputados aprobaron este 12 de noviembre las reformas al Código Procesal Penal en la que se incorpora el procedimiento de aceptación de cargos para reducción de penas.

Lea además

Baldizón se declara culpable en EE. UU. y recibe condena de cuatro años

Como algo inusual el hemiciclo contó con la presencia de 122 diputados, cuestión que no se daba desde al menos seis meses. Unió a los diputados la aprobación de las reformas al Código Procesal Penal para incorporar al menos 14 artículos para beneficiar a personas señaladas de diferentes delitos.

El decreto 10-2019 adiciona el título 6, Procedimientos especiales de aceptación de cargos, al libro 4, Procedimientos específicos, del Código Procesal Penal.

Los cambios ya estaban consensuados entre los congresistas. La sesión transcurrió sin discusiones.

La norma permitirá que la persona acepte los cargos imputados por el Ministerio Público (MP) en las circunstancias de tiempo, modo y lugar, de forma consciente, libre, voluntaria e informada.

El sindicado podrá pedir al juez una audiencia para aceptar los cargos y en ella el MP deberá presentar las pruebas sobre la imputación. La aceptación de cargos suspende el trámite del proceso común hasta que haya una decisión definitiva.

El artículo 4 restringe la rebaja de penas por aceptación de cargos para los siguientes delitos:

• Genocidio, desaparición forzada, ejecución extra judicial, tortura y delitos contra los deberes de la humanidad, homicidio, parricidio, asesinato, violación, agresión sexual, ingreso a espectáculos y distribución de material pornográfico a personas menores de edad, promoción, facilitación o favorecimiento de prostitución; promoción, facilitación o favorecimiento de prostitución agravada; actividades sexuales remuneradas con personas menores de edad, producción de pornografía de personas menores de edad, plagio o secuestro, trata de personas, robo agravado; extorsión, terrorismo, feminicidio y delitos contemplados en la Ley contra la Narcoactividad.
• Los delitos que afecten la indemnidad, integridad de la niñez y adolescencia y los delitos contra la seguridad del Estado.
• La rebaja de penas solo aplicará para las penas principales de personas naturales o individuales y no aplicará para “reincidentes habituales” por el mismo delito.

El artículo 6 establece la reducción de penas, que dependerá de la fase procesal en la que la persona acepte su culpabilidad:

• 50 por ciento de la pena si la persona acepta el delito en la audiencia de primera declaración o hasta antes del auto de apertura a juicio.
• 33 por ciento si la persona acepta la culpa entre el auto de apertura a juicio y el inicio del debate.
• 20 por ciento si la persona acepta la culpa durante el juicio, antes de la fase de recepción de pruebas.
• Si el procesado recibe rebajas de penas por aceptación de cargos, y la pena excede los cinco años de cárcel, la primera tercera parte será inconmutable y el resto podrá cumplirla con dispositivo telemático.

Si hay discrepancia entre la decisión del sindicado y el defensor sobre la aceptación de cargos, prevalecerá la del sindicado.

La rebaja de la pena solo tendrá efecto hasta que el sindicado hayan hecho reparación digna e integral a las víctimas o agraviados en sus componentes de indemnización, restitución, rehabilitación, satisfacción y garantía de no repetición. Tampoco surte efecto hasta que la persona haya entregado a las víctimas o al Estado el incremento patrimonial fruto del delito.

Si la persona no tiene condiciones para pagar en un solo acto, el juez puede fijar una cuota inicial de entre 20 y 30 por ciento, y definirá la forma de pagar el resto, del cual deberá haber garantías reales o personales, y deberá haber un convenio de pago entre sindicado y las víctimas.

La ley entrará en vigor un mes después de su publicación en el diario oficial.

A favor y en contra

El parlamentario Carlos Chavarría, de Compromiso Renovación y Orden (Creo), manifestó que lo aprobado beneficiará a reos actuales que están señalados desde el 2015 a la fecha.
“Voté en contra, porque esa ley debió aprobarse hace dos o tres años, pero ahora fue un tema coyuntural y que solo beneficia a los que han sido señalados de varios delitos contra el patrimonio del Estado”, señaló Chavarría.

El Movimiento ProJusticia señaló en su cuenta de Twitter que lo aprobado en el Congreso desnaturalizó la iniciativa que fue propuesta por el sistema de justicia ya que esta buscaba reducir la mora judicial y agilizar el esclarecimiento y sanción de delitos.

“La aceptación de cargos fue concebida para atacar la mora judicial y agilizar la administración de justicia. Pero 81 diputados de esta legislatura la han convertido en un instrumento más de impunidad”, refiere.
Elvyn Díaz, del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales (ICCPG), manifestó que la iniciativa estaba de más porque el país ya tenía métodos que dan salidas alternas, pero que nunca se habían aplicado.

“Hay un Código Procesal Penal que le da salidas alternas al fiscal y hay procedimientos que nunca se aplicaron. La han tergiversado para beneficiarse en los casos en los que están implicados”, manifestó Díaz.

El diputado Leonel Lira, de Encuentro por Guatemala, manifestó que está de acuerdo con lo aprobado, ya que se ponen restricciones a delitos como narcotráfico, femicidio, estos no van a beneficiar a Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti ya que ellos tienen varios procesos y la ley habla de la reincidencia y entonces se le puede aplicar en un proceso, pero en otro ya no.

“Originalmente cuando se discutió la iniciativa con el entonces comisionado Iván Velásquez y la exfiscal Thelma Aldana dijeron que en todo el mundo se les da el mismo tratamiento a todos y que lamentablemente era así”, refirió Lira.

El diputado independiente Conrado García manifestó que esta iniciativa la trajo Velásquez y la Corte Suprema de Justicia y que cree que es algo que servirá para descongestionar el sistema judicial para que los juicios sean cortos y quien quiera aceptar un delito tenga un beneficio.

“Creo que es bueno porque al final de cuentas ya que hasta tienen que devolver plata, si es por corrupción, si una persona murió en un accidente, hay cosas muy buenas eso lo tienen en todos los países desarrollados. El proyecto estaba para aprobación por artículo y redacción final, es algo que trajo al Cicig más de dos años y se tenía que aprobar”, indicó el diputado.

El parlamentario Ovidio Monzón del bloque Todos indicó que era algo que se venía platicando desde hace dos años en la mesa de seguridad y justicia en la que la Cicig y el MP y diferentes sectores propiciaron una iniciativa de aceptación de cargos, cuestión que hay en otros países.

“Se busca de alguna manera despenalizar los casos para que las cárceles no se congestionen y que ha sido un problema de años. Estás reformas los jueces tendrán en su poder de revisar las condenas que se tendrían que poner y que las mismas podrían ser reducidas en un 50 por ciento”, señaló el diputado.

Contenido relacionado

> ¿Se puede “revivir” el proyecto de autopista Escuintla – Puerto Quetzal?

> Qué contiene la propuesta de ley de muerte digna

> “¿Cuántos diputados van por su tercer matrimonio?”: Congreso debate sobre la ley de la familia

Guzmán indicó que actualmente existe mucha desinformación alrededor de las comisiones de postulación para la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y Corte de Apelaciones (CA).

Lee también:

Postuladora para CSJ comienza a trabajar desde cero

El tema de mayor controversia es el relacionado a la permanencia del cargo de los magistrados de la CSJ que debía finalizar el pasado 12 de octubre, como lo manda la Constitución Política de la República.

Martínez aclaró que en la opinión consultiva presentada por los magistrados de la CSJ, la CC menciona que en caso que aún no hayan sucesores,los magistrados deberían continuar al servicio de la administración de justicia.

“La opinión consultiva no es vinculante, no es una orden”, dijo Guzmán quien aseguró que fueron los magistrados de la CSJ quienes decidieron permanecer en sus funciones, respetando el artículo 71 de la ley del Organismo Judicial.

Aclara que el hecho de que los magistrados de Corte Suprema de Justicia y salas de Apelaciones se mantengan en sus cargos es por cumplimiento al artículo 71 de la Ley del Organismo Judicial y no por la opinión consultiva dictada por esa Corte ya que la misma no es vinculante.

— Manuel Hernández (@mhernandez_pl) November 8, 2019

El presidente del Centro de la Defensa de la Constitución (Cedecón), Stuardo Ralón, fue uno de los que mencionó que una de las características del constitucionalismo moderno  es la limitación del poder.

“Los plazos constitucionales son instrumentos para limitar el poder, por ende, no son prorrogables y en caso los mismos no se respeten generan una violación a la Constitución”, aseguró.

El viceministro de Comunicaciones, Cristian Aguilar, informó que el Ejecutivo dará un aplazamiento de seis meses para que entre en vigencia el reglamento de velocímetros.

Lea también

CC anula incremento en multas al transporte pesado por circular en hora pico en la capital

El 2 de noviembre de 2019 miembros de la Gremial de Transporte Pesado de Guatemala hicieron una movilización de camiones y cabezales que inició en la ruta al Pacífico y terminó en la Plaza de la Constitución, como una demostración de fuerza al gobierno y su “poder” de paralizar la economía del país.

Para este 7 de noviembre se tenía previsto otra manifestación similar, pero con la medida tomada por el gobierno esta podría quedar suspendida.

Rony Mendoza, presidente de la referida gremial, dijo este 6 de noviembre que ve con buenos ojos la prórroga que les dio el gobierno porque tendrán más tiempo para pelear contra esta ley “absurda”.

La Ley para el fortalecimiento de la seguridad vial fue propuesta en el 2016 pero el reglamento fue publicado hasta este año con el acuerdo gubernativo 39-2019.

Afirmó que la movilización anunciada para mañana no es del colectivo que representa, sino de los importadores de vehículos.

“Quiero hacer la aclaración que el día de mañana nosotros como gremial no pensamos hacer ninguna manifestación. La caravana que va a salir de los lugares que están mencionando es de los importadores de vehículos. No es el transporte pesado que piensa salir a manifestar mañana”, afirmó el dirigente.

El Acuerdo Gubernativo 38-2019 obliga a los transportistas a instalar un dispositivo limitador de velocidad en los tráileres para que desarrollen hasta un máximo de 80 kilómetros por hora, a lo que la gremial se opone, según Mendoza, no a regular la velocidad sino al costo que les representaría cumplir con la medida.

Mendoza afirmó que el costo de implementar la ley se trasladaría al consumidor final y, según él, lo que hay detrás de la normativa es un negocio de las empresas que ya compraron los reguladores.

El objetivo es evitar tragedias como las que han ocurrido en carreteras donde se ven involucrados vehículos del transporte pesado que viajan a excesiva velocidad.

“Como piloto, estoy de acuerdo que al piloto que lo encuentren a excesiva velocidad que lo multen y si es posible que le quiten la licencia para que entienda que no es carrera de caballos en lo que andamos”, dijo Mendoza el día de la manifestación.

“Estamos en contra de la estafa porque las unidades se pueden gobernar por medio de una computadora y gastar Q100 o Q150, cuando las empresas que están certificadas quieren cobrar hasta Q4 mil por regular una unidad. A todas luces es una estafa y es un negocio”, manifestó a la prensa.

Este es el reglamento de la Ley Para el Fortalecimiento de la Seguridad Vial:

Contenido relacionado

> Marchamo electrónico: Las nuevas reglas de la SAT para evitar fraudes en aduanas 

> Pilotos presionan y logran que comuna de Puerto San José postergue un mes entrada en vigencia de reglamento 

> Autoridades de Tránsito colocan reflectivos en camiones para evitar accidentes durante la noche y la lluvia
 

LEA TAMBIÉN:

Congreso sepulta el proyecto de la autopista Escuintla-Puerto Quetzal

Se trata de la que hubiera sido la primera alianza público-privada en regir en el país. Sin embargo, solo 32 diputados votaron a favor, 50 en contra y 76 estuvieron ausentes, con lo que la rehabilitación, administración, operación, mantenimiento y obras complementarias de la autopista Escuintla-Puerto Quetzal con cobro de peaje podría requerir de una nueva iniciativa de ley.

En dicha sesión, el diputado Oliverio García Rodas se había pronunciado en favor de que se verificara el quorum, pues en el hemiciclo había menos diputados de los que aparecían registrados y de los que son requeridos para una votación. Sin embargo, la petición fue ignorada.

“Más allá de los efectos que la cancelación de este proyecto tiene en el desarrollo de la Costa Sur y del país, más allá del impacto negativo que esta decisión tiene en la confianza de los inversionistas en el país como destino de inversión o más allá de vernos obligados todos los ciudadanos guatemaltecos a continuar transitando por una carretera en pésimas condiciones, nos preocupa que como ciudadanos aceptemos que los diputados tomen decisiones ilegales, emitan votaciones basadas en procesos anómalos y viciados”, dijo René Muñoz, director de Convía.

Según Muñoz, lo que está en juego no es la autopista, sino la institucionalidad del Congreso de la República y la legalidad de sus actuaciones, y es por eso que han decidido accionar legalmente.

Las acciones no fueron detalladas por el abogado de Convía, pues el Congreso aún no ha emitido el acta de la sesión plenaria de ese día.

“En relación con las acciones que se van a tomar, principalmente se está enfocando en regresar el proceso a la tercera lectura. La intención de Convía es que se cumpla el debido proceso de la lectura para la aprobación o no del proyecto”, indicó el abogado Manuel Pérez.

La acción, según Pérez, sería de amparo o de inconstitucionalidad y, por ende, se debería promover en la Corte de Constitucionalidad.

Sin embargo, según la diputada electa del Partido Winaq, Sonia Gutiérrez, sería ilegal volverla a discutir. “Ya el Congreso desaprobó ese tercer debate. Ahí ya carecería de legalidad si vuelven a tomar la misma iniciativa. Obviamente, el camino sería volver a presentar una nueva iniciativa, a lo cual ya las organizaciones acá han manifestado que se van a constituir como vigilantes”, opinó Gutiérrez.

“Rechazamos el cobro del peaje”

Gutiérrez añadió que mantienen la postura acerca del proyecto, ya que consideraron que solo beneficiaba a un sector e iba en detrimento de la población en general, por el cobro de peaje.

Al Congreso también llegó ayer un grupo de representantes de la población de Escuintla, de la Pastoral Social de Puerto San José y del Concejo local, quienes manifestaron que no se oponen a los trabajos de rehabilitación de la autopista, sino al cobro del peaje.

Gilberto Pérez, de la Pastoral Social de Puerto San José, recalcó que rechazan el cobro del peaje, no así la construcción de la carretera y que están conscientes de su importancia.

“No estamos de acuerdo, y rechazamos el cobro del peaje, porque es un impuesto más que será cobrado al pueblo de Guatemala. Vemos que esta carretera se construyó con los impuestos de los guatemaltecos”, dijo Pérez.

David del Cid, representante de la comuna de Puerto San José, manifestó que la postura que han mantenido en el proceso es no oponerse a la construcción de la carretera, pero sí al cobro del peaje, ya que “no es posible que un municipio que le genere tanto al Estado tenga que ser castigado con el cobro del peaje”.

Javier Reyes del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Portuaria Quetzal señalaron que están en contra del cobro del peaje y la forma en que se otorgó el contrato a una entidad privada, ya que el Estado es quien debe de hacerse responsable del mantenimiento y construcción de la carretera.

Gutiérrez indicó que los empresarios están en todo su derecho de presentar los recursos que consideren, pero al momento de la votación estaban presentes los diputados según lo señaló el tablero.

Otros diputados consideran que por el momento no sería factible ese punto, ya que no se podría comprobar en un 100 por ciento la presencia o no de los 82 diputados que marcaba el tablero en ese momento, ya que las cámaras no captan todo el hemiciclo.

Contenido relacionado:

> Sectores de Escuintla se oponen a cobro de peaje en carretera a Puerto Quetzal

> Autopista, presupuesto y cortes: ¿A qué darán prioridad los diputados que despiden la legislatura?

> Por qué corre riesgo la construcción de la autopista Escuintla-Puerto Quetzal

LE PUEDE INTERESAR

Diputados se distancian de iniciativas que debilitan la investigación criminal

La cancelación del  Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), partido por el que Jimmy Morales ganó la Presidencia se da por no reportar Q8 millones al TSE que empresarios dieron para su campaña electoral del 2015.

Se ordena al Departamento de Organizaciones Políticas hacer las anotaciones correspondientes al estar firma la resolución, por lo que el nombre y emblema del partido cancelado no podrán ser utilizados ni registrados por ninguna organización política antes de 10 años.

La resolución fue notificada en la sede del partido este martes 5 de noviembre, ahora procede plantear un recurso de apelación y la agrupación política tiene tres días a partir de mañana para plantearlo. Luego la apelación sería enviada al pleno de magistrados.

Luego de conocerse la decisión del Registro de Ciudadanos, Flor de María Chajón, diputada por el referido partido,  manifestó que aún no han recibido la comunicación oficial. Añadió que deben ser revisados los argumentos presentados y verificar si procede la cancelación.

Diputado Marcos Yax se pronuncia

El diputado Marcos Yax comentó: “Es una decisión lamentable. Hay una bancada que trabajó por el pueblo. Lamento que el TSE haya cancelado el partido y ojalá que con la misma vara que canceló a Líder y FCN pueda aplicar la misma justicia a otros partidos”.

Flor de María Chajón, legisladora oficialista, dijo que hay que revisar los argumentos del TSE, ver si es lo que la cancelación procede y no descartó que el partido pueda accionar contra esa resolución.

El diputado Estuardo Galdámez, de FCN-Nación, quien ocupa el primer secretario de la junta directiva del Congreso, señaló que no se iba a pronunciar al respecto hasta conocer la resolución

El 19 de octubre el Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral (TSE) siguió con el proceso de cancelación del partido por lo que apeló una acción presentada por Javier Hernández, secretario general y diputado oficialista.

El TSE informó en esa ocasión que se apeló ante la Corte de Constitucionalidad  (CC) el amparo provisional otorgado por la Sala Primera del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, con el objetivo de continuar con el proceso sancionatorio por financiamiento electoral ilícito de FCN-Nación durante 2015.

No deje de leer: Finaliza proceso electoral y comienza cancelación de 14 partidos políticos

Los magistrados del TSE ordenaron empezar con el proceso de cancelación del partido oficial a petición del Ministerio Público, luego de que se evidenciara que varios millones no fueron reportados al ente electoral provenientes de financiamiento electoral ilícito.

Apelará

El partido emitió un comunicado en el que confirmó que interpondrá un recurso de apelación para intentar revertir la decisión del tribunal.

En el texto arremete contra la prensa y envía un mensaje al TSE.

Querían destituirlo

El presidente Jimmy Morales dijo el 6 de noviembre que tras la cancelación del partido hay un movimiento que desde 2017 buscaba deponerlo.

“Todo esto es un móvil político, un tema espurio que fue presentado en el 2017 cuando yo dije que iba a ir a ONU a presentar las preocupaciones del Estado de Guatemala con relación al funcionamiento de la Cicig”, dijo el mandatario en rueda de prensa, según recoge la Agencia Guatemalteca de Noticias.

Agregó que el caso es político porque buscaba promover a Thelma Aldana, exfiscal general, como candidata presidencial.

Esta es la resolución:

Contenido relacionado

Diputados proponen cambios a leyes que han sido clave para la investigación criminal

Intención de revivir el transfuguismo sigue en el Congreso

TSE empieza proceso de cancelación de Creo, PAN y Viva

LEA TAMBIÉN

Donald Trump resalta acuerdos históricos con Centroamérica en materia de asilo

En la víspera, el funcionario estadounidense expuso que después de un análisis cauteloso que hicieron abogados de la Embajada de EE. UU. en Guatemala acerca de la resolución emitida por la Corte de Constitucionalidad (CC), esta permitió la implementación del acuerdo y que este debe pasar por el Congreso solo si se utilizarán recursos nacionales, algo que no sucederá.

Pero a pesar de que las palabras de Claver-Carone coincidieron con las del presidente Jimmy Morales, quien a inicios de octubre dijo que el acuerdo se podría implementar sin que pase por el Legislativo, el vicepresidente Jafeth Cabrera advirtió de que esa será una decisión soberana del país.

“Cada país tiene independencia y reglas y procesos jurídicos. La Constitución es clara de en qué momento un acuerdo debe llegar al Congreso, está bien establecido y se ha hablado a la saciedad esta situación así que de momento nosotros seguimos con la misma hoja de ruta”, señaló el vicegobernante.

Según Claver-Carone, con su resolución la CC “sí permitió la implementación —del convenio— bajo ciertos requisitos” relacionados al financiamiento de este, y que toda vez el Gobierno de Guatemala no incurra en gastos no es necesario que lo apruebe el Congreso.

En ese sentido EE. UU. ya autorizó el desembolso de US$47 millones para la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) para la implementación.

Debemos aprobarlo

Por el contrario, diputados consultados refieren que un acuerdo de esta naturaleza debe contar con el aval del Legislativo.

Oliverio García Rodas diputado independiente, considera que el acuerdo debe de llegar al Congreso si se firmó como Estado porque “así lo dice la Constitución, las leyes y un tribunal constitucional”, no obstante, estimó que será la próxima legislatura la que lo conocerá.

El diputado de Fuerza y ministro designado de Desarrollo Social, Raúl Romero, indicó que primero se deben conocer los detalles del convenio para saber si este debe ir al Congreso o si basta con la firma del Ejecutivo para echarlo a andar.

Sin embargo, considera que por lo resuelto por la Corte de Constitucionalidad, el acuerdo “debe de venir al Congreso”, y que “las resoluciones de la Corte nos gusten o no hay que acatarlas si se quiere vivir en un estado de Derecho”.

Juan José Porras, diputado de Viva señaló que actualmente hay una “nebulosa” que impide que se defina cuál es el camino que debe de seguir el acuerdo migratorio; sin embargo, afirma, este “debe de venir al Congreso”.

Al igual que García Rodas, Porras señaló que será la próxima legislatura quien conozca el convenio, y el próximo gobierno el encargado de implementarlo.

Reanuda ayuda

Mientras tanto el secretario de Estado de EE. UU., Mike Pompeo, dio a conocer este miércoles que avaló la reanudación de entrega de fondos para Guatemala, El Salvador y Honduras, suspendida desde marzo de este año por orden del presidente Donald Trump, ante las pocas acciones de estos gobiernos para contener la migración irregular.

“Gracias a la política del presidente y a la respuesta de estos países, estamos observando grandes avances. Un ejemplo de esto son los Acuerdos de Cooperación de Asilo que se firmaron recientemente”, precisó Pompeo en un comunicado de prensa.

Reclaman información

Por su parte Pedro Bolo, canciller designado por el presidente electo Alejandro Giammattei, señaló que a la fecha no han recibido el acuerdo oficial firmado entre ambos países ni han sido invitados a alguna reunión para conocer el tratado.

“Como gobierno electo nuestra posición es que el gobierno actual nos incluya como invitados, que ha sido una solicitud reiterada, que ha desoído, de esta forma conoceríamos los avances y alcances de estos acuerdos para tener mayor claridad y aportar nuestras ideas”, indicó Brolo.

En cuanto a si el acuerdo debe o no se conocido por el Congreso, subrayó que se deben respetar las resoluciones de la Corte, aunque insistió en que para tener una postura más clara deben conocer el tratado firmado.

Acuerdo polémico

El acuerdo de asilo firmado el pasado 26 de julio entre el ministro de Gobernación, Enrique Degenhart, y el secretario de Seguridad Interna de EE. UU., Kevin McAleenan, mediante el cual Guatemala acepta la recepción de hondureños y salvadoreños solicitantes de asilo se ha enfrentado a una serie de críticas.

Entre los señalamientos que se hace al convenio es que Guatemala no tiene la capacidad de albergar a miles de demandantes de ese alivio migratorio y prueba de ello es que a la fecha apenas ha recibido cerca de 400  de las cuales hasta hace poco no había aprobado ninguna.

También el hecho de que el Gobierno de Guatemala fue incapaz de negociar beneficios para sus migrantes. Por ejemplo, a menos de 15 días de que se concretara la firma del convenio se produjo una gran redada en Misisipi donde 390 guatemaltecos fueron capturados, muchos ya fueron deportados y otros están en ese proceso.

Además, se firmó un convenio de visas temporales que otorgará apenas 24 mil de estas para trabajadores solo del sector agrícola cuando Honduras fue capaz de negociar que también se incluyera a trabajadores de la construcción.

Contenido relacionado

Lea también | Mauricio Claver-Carone sobre el acuerdo firmado con Guatemala: Nuestra paciencia y dedicación no son eternas

Lea también: Qué crímenes cometieron 136 migrantes (entre ellos guatemaltecos) detenidos en Estados Unidos

Lea también: EE. UU. reconoce fracaso del Plan Alianza para la Prosperidad cuyo objetivo era reducir la migración

Lee también:

CC suspende la comisión que investiga a la Cicig

La intención de los diputados se basa en la misma resolución de la Corte de Constitucionalidad que suspendió el actuar de la comisión anticicig, que en el numeral romano quinto establece los lineamientos que debe tomar el Congreso para crear una comisión.

“Acota este Tribunal que distinto resultaría si a la Comisión creada se le atribuyeran, en forma clara y determinada, otras funciones; siempre que estas no interfirieran, ni invadieran, en ninguna forma o modo, las competencias y funciones que la Constitución Política de la República de Guatemala y otras leyes de carácter ordinario le atribuyen al Ministerio Público y a los órganos jurisdiccionales que conforman el Poder Judicial de la República”, señala la resolución.

La comisión creada por el Congreso de la República para investigar el actuar los 12 años de la Cicig, suspendió sus labores después de ser notificados de la resolución emitida por la CC.

Aún así, el presidente que integró dicha comisión aseguró que seguirán escuchando a las personas que se acerquen al Congreso y se declaren víctimas de la Cicig.

Los legisladores ya no actuarán a nombre de la comisión y pidieron al personal del Congreso que se retire del Salón del Pueblo, lugar donde se estaban llevando a cabo las sesiones programadas.

“Escucharemos a las personas citadas porque el pueblo de Guatemala debe saber la verdad y nadie puede coartar la obligación constitucional para hacer nuestras funciones”, dijo el diputado y presidente de la comisión, Juan Ramón Lau.

Se sumó a la reunión el diputado Felipe Alejos y Juan Manuel Giordano, y más tarde también participó el presidente del Congreso, Álvaro Arzú Escobar.

“No es un desacato del Congreso, es una audiencia pública, aprovecho para decirle a los diputados que puedan hacerlo se hagan presentes y escuchen a los guatemaltecos, dijo Arzú Escobar.

Al momento de ser notificados por la CC, los diputados estaban escuchando el testimonio del abogado de los hermanos Valdés Paiz, acusados de ser los autores intelectuales de la muerte del abogado Rodrigo Rosenberg.

Comisión acató la resolución de la Corte de Constitucionalidad por lo que ordena que al personal del Congreso que se retire. Sin embargo, el diputado Juan Ramón Lau continuará escuchando a las víctimas de la Cicig e invita a diputados que se sumen a escuchar a las personas. pic.twitter.com/L7jfbud6ZV

— Manuel Hernández (@mhernandez_pl) October 8, 2019

La primeras personas en declarar ante la comisión anticicig fueron los familiares de Jesús Oliva Leal, exdecano de la Facultad de Medicina de la Universidad de San Carlos, quien se suicidó en la cárcel Mariscal Zavala y que estaba vinculado en el caso IGSS Pisa por supuestas compras anómalas.

Silvia Lorena Oliva, hermana del señalado, dijo que no tenían dinero para pagar abogados cuando fue capturado y enfrentaron varios problemas. “Se sentía abandonado cuando otros tenían abogados de grandes firmas, para nosotros eso fue la peor pesadilla de nuestra vida”, añadió.

El siguiente en tomar la palabra fue Enrique Zimeri Gándara, padre de Andrés Zimeri, quien fue golpeado supuestamente por personal de la Cicig, en un juego de futbol. Él llegó acompañado de su abogada.

Lea más

Primeras supuestas víctimas de Cicig llegan a comisión del Congreso

En un comunicado, la CC informó este 7 de octubre que otorgó el amparo al detectar una incongruencia entre lo dicen los artículos 1 y 2 del decreto de creación de la comisión legislativa con los argumentos que el Congreso expuso en informes que el tribunal ordenó previo a emitir la resolución.

La votación fue por mayoría 4-1, informó una fuente de la Corte. La magistrada Dina Ochoa, nombrada por la Presidencia, fue votó contra el otorgamiento del amparo.

El Ministerio Público, Acción Ciudadana y el abogado Alfonso Carrillo fueron amparados en una sola resolución. Los tres habían accionado contra la instancia legislativa, la cual actualmente escuchaba testimonios de personas que denunciaron ser víctimas de la comisión de la ONU.

Los diputados de la comisión expresaron que se pronunciarán en un comunicado sobre el fallo de la Corte. La integran Luis Pedro Álvarez, Manuel Conde, Luis Hernández Azmitia, Juan Ramón Lau y Aníbal Rojas.

Lea más: Trece diputados cuestionan la comisión anti Cicig

Fernando Linares Beltranena, legislador promotor de esa sala de trabajo, dijo: “Vamos a continuar escuchando a las víctimas de la Cicig. La CC no puede impedir que los agraviados digan que fueron afectados, a menos que la CC diga que no pueda haber reuniones de personas o manifestaciones”.

Eddie Cux, abogado de Acción Ciudadana, una de los interponentes de los amparos en contra de la creación de la comisión del Congreso, consideró que el amparo otorgado por la Corte está apegado a Derecho.

“Hay ciertas incongruencias en el acuerdo que crea la comisión. De hecho, todas las actuaciones de llamar a testigos, victimas, crear un formulario incluso con el número de expediente atenta realmente contra ese principio de división de poderes”, señaló.

Cuz agregó que seguirán el proceso y esperan que la CC mantenga la misma postura al resolver en definitiva el amparo. Además, instaron a los diputados a respetar la resolución de la CC.

“Tienen que estar conscientes de que queda sin efecto la comisión. Continuar con ese tipo de actuaciones ya atentaría contra una resolución de la CC y rayaría en desobediencia, por lo cual podrían existir responsabilidades penales”.

Esa comisión fue creada el 24 de septiembre y tenía hasta el 10 de enero de 2020 para cumplir con siete atribuciones.

• Determinar la existencia de acciones ilegales o arbitrarias que hayan atentado contra derechos fundamentales de los guatemaltecos.
• Recabar, evaluar y sistematizar información de persona, entidad pública o privada que haya sido víctima de acciones ilegales y arbitrarias.
• Requerir información de cualquier funcionario, así como declaraciones, documentos e informes y colaboración respecto a posibles acciones ilegales y arbitrarias.
• Denunciar ante las autoridades y exigir la destitución de funcionarios y empleados públicos que en el ejercicio de su cargo hayan cometido presuntamente acciones ilegales y arbitrarias en consenso o bajo instrucciones de la Cicig.
• Invitar a financistas de la Cicig para que compartan información respecto a los recursos proporcionados y si esa entidad rindió informes de gastos, proponiendo una autoría forense.
• Solicitar información a los gobiernos sobre el historial profesional y personal del personal de la Cicig.
• Presentar denuncias ante el Ministerio Público para que este solicite, de ser el caso, la extradición del personal de la Cicig si se considera que cometió algún ilícito.

La resolución

Contenido relacionado

Iván Velásquez se despide de la Cicig y lanza dardos a Jimmy Morales

“Tienen enemigos peligrosos”: Congresistas de EE. UU. abogan por agentes de Cicig, jueces y fiscales

“Gracias a Dios los echamos”: Jimmy Morales celebra salida de “extranjeros que retorcieron las leyes”

LE PUEDE INTERESAR

Jimmy Morales amplía estado de Sitio por otro mes y agrega dos municipios

El presidente Jimmy Morales amplió el estado de Sitio en 22 municipios de seis departamentos para mantener la lucha contra el narcotráfico.

Ralda informó a los jefes de bloque sobre las acciones que se han tomado en el estado de Sitio, para que el Organismo Legislativo apruebe por 30 días más el estado de excepción.

Informó que en todo septiembre se han erradicado un millón 492 mil 639 plantas de hoja de coca, lo que causó a la organización delictiva una pérdida proyectada para siete años de US$ 564 millones 480 mil (Q 4 mil 346 millones 496 mil).

También mencionó que es muy probable que se esté efectuando importación masiva de pasta de base de coca a Guatemala, debido a las dimensiones del laboratorio encontrado en Izabal.

Otra de las conclusiones del ministro es la probabilidad de que existan más laboratorios de producción de pasta de base y de producción de clorhidrato de cocaína en el país, los cuales, debido al terreno selvático donde se encuentran, no ha sido posible identificarlas.

Asimismo, se estima que hay plantaciones de hoja de coca en otros lugares del territorio guatemalteco, en virtud de que menciona que la planta se puede sembrar y cultivar en cualquier altura desde los cero a los dos mil 500 metros sobre el nivel del mar.

Ralda mencionó a los diputados que tanto él como otros altos rangos militares no conocían la hoja de coca, incluso dijo que posiblemente han caminado en plantaciones sin saber que eran de hojas de coca.

En el estado de Sito participan al menos siete mil 800 soldaos que han efectuado unas dos mil acciones para cooperar en las áreas más afectadas.

Ralda resaltó que entre los logros está el hallazgo de armamento, drogas y cuatro narcolaboratorios.

No deje de leer: Incautan teléfonos celulares y droga en el Centro Penal de Puerto Barrios

Durante su presentación Ralda mencionó que se erradicaron un millón 492 mil 639 plantas de hoja de coca y 223 mil 303 matas de marihuana.

Además, 12 pistas clandestinas fueron destruidas, decomisaron tres granadas, 136 armas, 12 vehículos recuperados y 75 motocicletas.

El estado de Sitio se declaró por medio del Decreto Gubernativo 1-2019, el pasado 4 de septiembre.

Este miércoles se publicó en el Diario Oficial un nuevo acuerdo, en el que se decreta la medida en los municipios de Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán, Sololá.

El ministro Ralda resaltó que la hoja de coca ha sido localizada junto a plantaciones de milpa y de cardamomo.

También presentó un video en el que un alcalde y algunos pobladores agradecen la labor del Ejército en la comunidades

El funcionario dijo que las acciones se llevan a cabo con el apoyo de la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público.

De nuevo al Congreso

El ministro de la Defensa deberá asistir de nuevo al Congreso, esta vez al hemiciclo, luego de una petición que hicieran los diputados Oliverio García Rodas y Mario Taracena.

Los parlamentarios cuestionaron que el ministro solo haya asistido a la instancia de jefes de bloque, por lo que pidieron su presencia en el pleno, que quedó pendiente de confirmación.

Los diputados manifestaron que tienen ciertas dudas sobre los resultados que han habido durante el estado de Sitio.

“La prensa nacional dijo que dos kilos de coca es lo que han incautado, ¡dos kilos! de coca eso lo consiguen en la zona 3 sin ningún problema, los resultados deben ser diferentes, necesitan 30 días más para incautar otros dos, hay cosas que los guatemaltecos no entendemos y quisiera que alguien me explicara, la coca se siembra en las alturas, en Bolivia, en Colombia, en las tierras frías, y aquí me resultan con coca en Puerto Barrios, ¿será creíble ser productores de coca? “, dijo Taracena.

Mientras que el diputado Manuel Conde Orellana, del bloque del Partido de Avanzada Nacional (PAN), y Anibal Rojas, del bloque Visión con valores (Viva), defendieron como si fueran diputados oficialistas los resultados que en la mañana había proporcionado Ralda, incluso se mostraron preocupados porque Guatemala se convierta en productor de cocaína.

Por no haber 105 diputados para aprobar la ampliación del estado de Sitio se conocerá en tres debates, para lo que se necesitan 80 votos. Los diputados están convocados para este jueves 3 de octubre, a las 11 horas, para conocer en segundo debate el estado de Sitio, tanto el de Izabal y cinco departamentos más y el otro que incluye a Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán, Sololá.

Contenido relacionado

Fedefut alquila apartamento para Amarini Villatoro bajo el estado de Sitio

Defensa compra alimentos para el estado de Sitio una semana antes de vencer el decreto

Violencia persiste en Izabal pese a estado de Sitio

Esa oficina tiene a su cargo cuatro atribuciones, de acuerdo con el artículo 167 de la Ley Electoral.

1. Supervisar y coordinar las funciones de las delegaciones y subdelegaciones del Registro de Ciudadanos.
2. Elaborar el proyecto, para su aprobación por el TSE de la papelería a la inscripción de comités cívicos y de candidatos a cargos de elección popular.
3. Autorizar los libros de actas de los órganos permanentes de las organizaciones políticas.
4. Llevar los registros de inscripciones, funcionamiento, fusiones, coaliciones y sanciones y cancelación de las organizaciones políticas, de inscripción de candidatos a cargos de elección popular, de los afiliados de los partidos políticos, de los integrantes de sus órganos permanentes, así como los demás que sean necesarios.

Contenido relacionado

Lo que no debe faltar en la próxima reforma a Ley Electoral

OEA recomendará hacer reformas constitucionales para mejorar sistema electoral

TSE oficializa resultados de las elecciones generales que ganó Giammattei

LE PUEDE INTERESAR:

Diputados inician con la discusión de las reformas a la ley de la Carrera Judicial

En la actualidad, los esfuerzos parlamentarios están enfocados hacia la Ley de la Carrera Judicial, pues buscan regresarle el poder sobre ese órgano a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la iniciativa ya avanzó en su primera lectura.

Además, el grupo de diputados ponente de esta reforma, que también plantearon la creación de la comisión que investigará a la Cicig, trabaja en reformas o derogaciones a otras leyes, entre estas la de Competencia Penal en Procesos de Mayor Riesgo, que hasta ahora fortalece la función de juzgados y tribunales de alto impacto, que son los encargados de procesos de corrupción gubernamental, narcotráfico y pandilleros de alta peligrosidad, por ejemplo.

Le puede interesar: CC declara sin lugar recursos de aclaración y ampliación en caso de las comisiones de Postulación

Ley se viene al suelo

El abogado Rodolfo Pérez Trabanino considera que lo que está provocando el Congreso de la República con las reformas a esta Ley es “traerse al suelo lo poco que hay de Carrera Judicial, al intentar eliminar cualquier posibilidad de acenso por méritos y, además, está convirtiendo la elección de magistrados en algo exclusivamente con criterios políticos”.

Pérez Trabanino afirma que el sistema de justicia nacional “nunca ha salido del infierno”, a pesar de que muchos opinan que la Cicig contribuyó a efectuar algunas reformas positivas. “La justicia siempre ha caminado entre el fuego y nunca se ha hecho algo positivo desde hace muchos años”.

Lea además: Sector justicia perdería legitimidad si elección de magistrados se prolonga

El doctor en Derecho, Conrado Reyes, afirma que las decisiones que está tomando el Congreso de la República en este tema son “decisiones poco analizadas y estudiadas, especialmente las que se refieren a la Ley de a Carrera Judicial, porque se están haciendo de manera apresurada, lo cual entorpece para que se fortalezca el sistema de justicia”.

El experto en Derecho asevera que es positivos revisar los textos de la Ley y encontrar sus falencias, pero que se debe efectuar con base a “estudios serios, y profundos” y no solo por impulsos del Congreso, porque en el futuro, a la hora de implementarse en los procesos de convocatoria, análisis y selección y nombramientos de funcionarios dentro de la Carrera Judicial, tendría fallas.

En la ruta está la CC

En la misma línea, el exmagistrado de la CSJ Luis Fernández Molina opina que cualquier reforma o derogación de leyes que pretendan efectuar los diputados en lugar de fortalecer el sistema de justicia, lo debilita.

“Muchas de esas reformas las están haciendo a la carta y con algún destino particular. El Congreso se siente empoderado porque ya no está la Cicig, pero no deben de perder de vista que la última aduana es la Corte de Constitucionalidad y muchas de esas reformas van a ser impugnadas y no tengo la duda de que se vayan a declarar inconstitucionales”.

Le puede interesar: Buscan suspender elección de magistrados de salas por falta de transparencia e idoneidad

En el 2016 emitieron leyes en maquila como la reforma a la Ley Electoral y Partidos Políticos y la de la Carrera Judicial y fueron muy mal articuladas y luego vinieron los problemas. “En el fondo quieren debilitar al Ministerio Público (MP), sobre todo a los seguimientos que hay en contra de personas que fueron denunciadas”, agrega Fernández Molina.

Madurando propuestas

También se habla en corrillos parlamentarios de posibles cambios que se discuten a la Ley contra la Delincuencia Organizada, la cual creó herramientas que han sido utilizadas en los últimos años, como la figura de colaborador eficaz y los métodos especiales de investigación, que incluyen las escuchas telefónicas como método legal de averiguación.

En el Congreso de la República los diputados no quieren pronunciarse al respecto y niegan que la reforma a la Ley de la Carrera Judicial busque un beneficio directo para quienes se postulan para integrar la próxima Corte Suprema de Justicia y Salas de Apelaciones.

En cuanto a estas leyes que se podrían reformar, el doctor Conrado Reyes dice, que en el caso de la de escuchas telefónicas y testigos protegidos, no sería viable un cambio, porque son métodos de investigación que se usan en todo el mundo y son indispensables para mejorar la investigación, y el MP debe tener medios técnicos de comprobación científica para vincular a las personas con hechos delictivos y presentarlas ante juez.

En cuanto a una posible modificación a la ley de Extinción de Dominio, que también se ha dicho que podría cambiarse en función de que los bienes solo sean extinguidos cuando haya condenas en firme, Reyes reconoce que la actual ley ha sido poco efectiva para lo mucho que se podría haber obtenido al quitarle bienes a redes criminales.

Además: Accionan por elección de magistrados que integrará postuladora

“Lo que debe hacerse es mejorarla, para que los procedimientos sean más rápidos y que el MP cumpla con hacer efectiva los principios de la Ley”, señala.

Se cumplían compromisos

El analista en seguridad del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien) Walter Menchú, señala que, con la aprobación de esas leyes, que de alguna forma tuvieron el acompañamiento de la Cicig, se cumplían compromisos internacionales que Guatemala había firmado a mediados de los años 1990.

“La Ley contra la Delincuencia Organizada cumplía con el protocolo de Palermo que se firmó en los 90, en ella se define qué se entiende por delincuencia organizada, se establecen los métodos especiales de investigación, al igual que las otras leyes”, refiere.

Sobre los Juzgados de Mayor Riesgo, el experto manifestó que estos se crearon para descongestionar o agilizar el tema de algunos casos y fueron pensados para atender casos donde los jueces tenían riesgos muy altos, principalmente en la provincia, donde organizaciones amenazaban a los jueces y para evitar que esas amenazas se hicieran reales se instalaron los juzgados especiales en la capital.

Además:Comisión de Postulación de cortes de Apelaciones acepta expedientes de 878 abogados

“Creo que hay algunas leyes en todo el paquete en las que Cicig haya participado en diseño o sacarlas adelante, creo que más allá que haya sido Cicig o no, la mayoría sí valen la pena mantenerlas porque si no sería un retroceso de 10 años, y ahorita lo que estamos hablando es de que se quiere hacer eficiente el sistema de justicia y en parte estas leyes que se hicieron fueron para introducir cambios que apoyaran la administración de la justicia”, dijo el experto.

Combate a la impunidad debe seguir

El director ejecutivo de la Cámara de Industria, Javier Zepeda expresa que no tiene conocimiento de que el Congreso esté aprobando o desaprobando decretos que vayan a favor de generar impunidad, pero, aclara, la posición de los industriales es de ir en contra de cualquier medida que quiera favorecer la impunidad.

“Todo lo que es combate a la impunidad debe de seguir, se debe fortalecer a las instituciones. De ninguna manera estaríamos de acuerdo con cualquier actividad que sea en beneficio e incrementar la impunidad, por lo que no estaríamos de acuerdo”, asevera Zepeda.

Notas relacionadas:

>Iván Velásquez y Thelma Aldana reaccionan por comisión para investigar a Cicig

>Jimmy Morales exige rendición de cuentas y revisión a actuaciones de la Cicig

>Discursos de Jimmy Morales en anteriores asambleas de la ONU también se centraron en señalar a la Cicig

Lea también

Estas son las 5 cosas que desvirtúan la postulación de magistrados

La postuladora de CSJ deberá reiniciar el proceso desde la elección de magistrados de salas de Apelaciones, la cual se debe hacer por planillas y por el método proporcional de minorías. El 27 de junio pasado el Instituto de Magistrados hizo esa elección, pero lo hizo con una sola planilla, por lo que la CC evidenció en su fallo eso como un primer vicio en el proceso.

Con la resolución de la máxima Corte, los aspirantes que quedaron fuera en la revisión de requisitos podrán postularse de nuevo, así como los que quedaron por debajo de los 73 puntos mínimos establecidos tendrán otra oportunidad de ser elegibles.

De acurdo a los resuelto, por unanimidad, por los magistrados de la CC, la postuladora de salas de Apelaciones deberán retomar el proceso en la fase de verificación del cumplimiento de requisitos de los jueces y magistrados. Las comisiones deberán requerir, en un plazo que no exceda las 48 horas, al Consejo de la Carrera Judicial, las evaluaciones de desempeño de quienes ya se postularon.

El atraso que se evidencia de dos meses mínimo da la posibilidad de que sea la próxima Legislatura la que elija a las nuevas autoridades del Poder Judicial, pues dentro de 25 días, es decir el 13 de octubre próximo, vence el plazo para el que fueron electos los actuales magistrados.

Cargando

Respetan fallo

El presidente de la Comisión de Postulación de CSJ, Félix Serrano, explicó que con el fallo, la comisión quedó desintegrada y que respetan la resolución de la CC. Agregó que serán los magistrados de Apelaciones los que elijan a sus 12 representantes ante esa comisión, lo que a su criterio podría sobrepasar las tres semanas, pero coincide en que la intención que conlleva la resolución del máximo tribunal constitucional es que cada grupo podrá a incluir de nuevo a sus candidatos.

“Lo hace a uno en pensar en intereses particulares, intereses ideológicos, porque en realidad ellos -magistrados de la CC- conocieron a las personas que no iban a estar en la CSJ y por lo tanto fue una decisión a posterior, lo cual indica que ellos tienen un sesgo y tienen candidatos específicos para miembros de la CSJ. En realidad lo que buscan es retrasar el proceso, ya no les importan los plazos de ley de la toma de posesión del 13 de octubre, sino que en realidad lo que tratan es que el procesos se retrase para que sea el próximo congreso, en enero, quien elija a los magistrados”, señaló.

Serrano, quien también es rector de la Universidad Mesoamericana, manifestó que es discutible lo que se refiere al tema de la evaluación de los jueces y magistrados, porque en realidad el Consejo -de la Carrera Judicial- “no está preparado, no tiene ni las personas, ni la experiencia, ni los equipos ni el reglamento para haber realizado ese proceso de evaluación y después de enviar los expedientes en los tiempos que requería la postuladora”.

“Debo decir que es una resolución tardía porque si en realidad había problemas en la conformación e instalación de la comisión eso lo pudieron haber resuelto dos meses antes o no haber dejado la juramentación”, explicó.

La presidenta de la fundación Myrna Mack, Helen Mack, una de las amparistas, refirió que la resolución deja en evidencia los vicios que se dan en este proceso de postulación.

“Me parece bien el fallo, la misma Corte Suprema de Justicia y el mismo director del Consejo eran confesos, sabían que no habían hecho reglamento ni habían evaluado y salieron con esta güizachada de que los jueces que querían aplicar hicieran carta de intención. Ellos no han cumplido la ley, han tenido dos años para hacerlo”, indicó.

La activista considera que con el amparo que le otorgaron a Loyo se debe elegir de nuevo a representantes de magistrados de Apelaciones y si hay comisionados que ya no quieren seguir en el proceso porque ya emitieron opinión es una cuestión que ellos deben decidir.

“No es problema mío que no hayan resuelto hace dos años el problema de la Carrera Judicial, es problema del Consejo y de estos oscuros que quieren nombrar sus magistrados”, manifestó.

Le puede interesar

Comisionados buscarán incluir a sus favoritos en nómina de magistrados para CSJ

Se repite

Roberto Molina Barreto, expresidente de la CC, señaló que el fallo es “incomprensible, desde el punto de vista constitucional”, por considerar que el 13 de octubre finaliza el plazo para el que fueron electos los magistrados y deben tomar posesión los que resulten electos.

Indicó que la decisión de retrotraer las actuaciones de la postuladora de CSJ al inicio del proceso “va a provocar graves consecuencias, significa que se va vencer el plazo constitucional de los magistrados de Corte Suprema como de los de salas de Apelaciones y eso es un rompimiento institucional”.

“Es un daño innecesario. La Constitución, que es la norma prima, no pide más requisitos que los magistrados de sala sean en igual número que los decanos de Derecho del país, una ley de menor jerarquía especifica un proceso de elección de los representantes, y fue democrático que existiera una planilla única, debieron -la CC- hacer una ponderación de normas”, explicó.

El amparo no es contra el Consejo de la Carrera Judicial sino de la postuladora, señaló Molina Barreto. “Sin magistrados de sala no puede trabajar la comisión de postulación de la comisión de Corte Suprema de Justicia, y esta no puede avanzar sin la evaluación de la Carrera Judicial, pero no hay instrumento legal para hacerlo -reglamento-, lo que están haciendo realmente es destruir el proceso de elección de magistrados, bajo el aspecto legal; bajo el aspecto político lo que pasa es que no pasaron los candidatos que querían que pasaran y engavetaron el amparo tres meses para sacarlo cuando se dieron cuenta de eso, porque no llegaron a la calificación”.

“Ojalá fueran pocos días como en 2014, pero van a ser meses, es impredecible el tiempo, más si la intención es que no elija el actual Congreso”, expresó.

Mack considera que se repite el caso del 2014 cuando los magistrados de la CC, Molina Barreto y Alejandro Maldonado Aguirre, argumentaron que había un rompimiento institucional. “No han querido corregir el proceso porque quieren nombrar a su gente. Molina Barreto no tiene moral para señalar esto, cuando llegó él a saber qué le ofrecieron que le dio caravuelta. Además, se aprobó la nueva ley de la carrera judicial y no lo han hecho, quieren seguir manipulando”, dijo.

De acuerdo con Molina Barreto se tendría que buscar un mecanismo para avalar los fallos firmados por los actuales magistrados de salas de Apelaciones y de CSJ luego de que venza su período constitucional, el 13 de octubre próximo.

“Cuando yo presidí la Corte de Constitucionalidad salí de viaje y sin mi presencia la Corte emitió un amparo provisional, en el 2014, para suspender que los magistrados electos asumieron sus cargos. Cuando volví dicté la sentencia y se revocó el amparo para que tomaran posesión. Pero hay una gran diferencia, en aquella ocasión solo fueron unos días y solo para la toma de posesión, mientras tanto se avaló las actuaciones de los magistrados que permanecieron en los cargos ese tiempo”, explicó.

“Se están conjugando varios intereses, no solo de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad tenían intereses en ciertos candidatos, también un grupo de diputados, también grupos de la sociedad civil, ósea, sin darse cuenta se pusieron de acuerdo, o todos los perseguidos penalmente o intereses políticos, cuando vieron que todos están mal con sus candidatos mejor suspendieron, quien ejecuta esta aberración fue la Corte, y de forma unánime, sin medir consecuencias, quiere decir que hay intereses de otros poderes del Estado, como un capricho, porque sus candidatos no obtuvieron la nota académica”, manifestó.

La directora del Movimiento ProJusticia, Carmen Aída Ibarra, durante un conversatorio sobre el proceso de las postuladoras este 17 de septiembre, dijo desconocer cuánto tiempo se podría llevar el nuevo proceso, pero que “es evidente que pasará del 13 de octubre”.

Ibarra señaló que el Consejo de la Carrera Judicial tendrá 48 horas para desempolvar el reglamento que ya no aprobaron y crear el instrumento para evaluar a los jueces.

La experta considera que se podrían dar más impugnaciones administrativas, pues “más de alguien no podría estar de acuerdo con el reglamento o con el instrumento de evaluación para los jueces y magistrados”.

La referida organización hace responsable del fallido proceso a los magistrados 2019-2024 a los directivos de los magistrados de las salas de Apelaciones y sus negociadores, porque violentaron la Ley de Comisiones de Postulación, con el fin de resguardar sus intereses, ya que “acordaron violar el principio de representación de minorías”.

“En lugar de ser premiados con la reelección deberían ser sancionados, porque, con sus negociaciones espurias, los cinco magistrados negociadores introdujeron vulnerabilidades y riesgos en el proceso de postulación a la CSJ”, manifestó Ibarra, quien añadió: “también son responsables los integrantes del Consejo, por incumplir la ley que los rige y devengar un salario, por más de dos años, sin merecerlo, pues incumplieron con su deber de fortalecer la carrera judicial. Ellos pusieron en riesgo ambos procesos de postulación, deberían de dejar el cargo por violar la ley”.

Contenido relacionado:

> Grupos interesados en Comisiones de Postulación prefieren inscribir a abogados de bajo perfil

> Magistrados de Apelaciones “acuerdan” planilla y eligen de inmediato representantes para la elección de la CSJ

> “Generar impunidad” es el interés que hay detrás de las comisiones de postulación de magistrados

Le puede interesar

A pesar de conflicto de interés comisionados se postulan para magistrados

Un total de 33 comisionados votaron a favor de ese punteo.

Durante la discusión, hubo magistrados, como Carlos Hernández, que propuso que el punteo fuera de 50, luego lo elevó a 60.

Por su parte, Silvia Valdés, comisionada y magistrada de la Corte Suprema de Justicia, propuso 61 puntos.

Otra propuesta, de Gladys Ponce, fue de 70 puntos.

Mientras tanto, otros integrantes, como Milton Argueta, decano de Derecho de la Universidad Francisco Marroquín, y María Eugenia Morales, magistrada de la Suprema, coincidieron en que la nota debe ser alta, de 80.

El proceso continuará el 15, 16 y 17 de septiembre para la revisión de expedientes.

En un ejercicio similar, la comisión de postulación para Corte Suprema de Justicia definió en 73 el punteo para los aspirantes.

Contenido relacionado

Ramazzini: “Cuando se tocan los temas de justicia, dejan el cristianismo a un lado”

Postuladoras fueron muy estrictas en la revisión de los requisitos de los aspirantes

De 222 abogados saldrán los próximos 13 magistrados de la CSJ

LE PUEDE INTERESAR

Las redadas en Misisipi y sus secuelas en Comitancillo, San Marcos

“Lo descrito denota que las circunstancias que propiciaron el otorgamiento de la protección interina han variado, toda vez que tanto el presidente y la ministra de Relaciones Exteriores han expresado que cumplirán los procedimientos establecidos en la Constitución, proceder para el cual deberán tomar en cuenta todos los aspectos resaltados en el presente fallo”, establece la resolución de la Corte, emitida el 9 de septiembre.

El fallo de la CC podría llegar al Congreso este año, considera el diputado Enrique Álvarez, de Convergencia, quien además considera que este podría detenerse por un fallo federal en EE. UU. “Es difícil predecir qué puede ser aprobado o no en el Congreso, porque la aprobación del convenio fue una sorpresa, dependerá de las bancadas mayoritarias tener una posición a favor o en contra”, expuso.

La justificación del papel del Congreso en la aprobación del acuerdo migratorio la explica también el diputado Juan Ramón Lau, tercer secretario de la Junta Directiva. “El presidente puede seguir con el trámite correspondiente. Creo que todos los acuerdos que implican circunstancias agravantes para el país deben pasar por el Congreso. Si bien es cierto el presidente tiene la legitimidad para representar al país internacionalmente y en los convenios tiene que tener el respaldo del pueblo de Guatemala y esto es por medio de sus representantes”, dijo.

El diputado afirmó que ningún fallo exterior es vinculante con el Derecho del país, al referirse a una decisión federal que tiene en suspenso las decisiones del presidente Donald Trump al respecto de las solicitudes de asilo en Estados Unidos.

Lea también: Fallo de juez bloquea veto de Donald Trump que impedía a ciertos migrantes pedir asilo en la frontera

Los diputados analizarán la propuesta y pedirán otros beneficios para los guatemaltecos, indicó Marvin Orellana, de Alianza Ciudadana. “Muchos diputados estaríamos interesados en pedir el TPS a Estados Unidos, pedir unos cien mil empleos para guatemaltecos y otras cosas que se puedan negociar en beneficio del país”, indicó el parlamentario.

“Cuando hay voluntad de hacer las cosas, aunque tenemos también el presupuesto que es prioritario, creo que podemos hacer buenos acuerdos para el país y aprobarlo -el convenio-“ agregó Orellana.

Los escenarios

Según Lau, el proceso para aprobar este acuerdo es similar al de la ratificación del estado de Sitio en 22 municipios de seis departamentos que fue aprobado por el Congreso el 7 de septiembre y no se necesita dictamen de comisión específica.

Oscar Argueta, diputado de la Unidad Nacional de la Esperanza, difiere con Lau y considera que, para que el acuerdo migratorio sea conocido en el Congreso, el Ejecutivo debe enviar una iniciativa de Ley firmada por los ministros, luego pasaría a la comisión de Relaciones Exteriores para recibir dictamen y luego este sería enviado al pleno.

Ya en el pleno se definiría si se aprobará de urgencia nacional, con 105 votos, o en tres lecturas, en días distintos, con 80 votos como en el estado de Excepción.

“Lo más probable es que sea la próxima legislatura la que entre a conocerla y si las condiciones para el país no son adecuadas no vamos a aprobarlo”, indicó Argueta.

Lea también: Los centroamericanos “no migran, huyen” hacia Estados Unidos

El fallo de la CC

La CC revocó el amparo provisional que había otorgado el 14 de julio a un grupo de excancilleres, el procurador de los Derechos Humanos y a Acción Ciudadana para evitar que el presidente Jimmy Morales firmara un acuerdo de tercer país seguro con EE. UU.

El excanciller Gabriel Orellana, uno de los amparista, manifestó vía telefónica a Prensa Libre que lo resuelto por la Corte obliga al presidente Jimmy Morales a que el acuerdo migratorio debe ir al Congreso para su aprobación.

“La Corte dice que el objetivo provisional ya surtió sus efectos desde el momento mismo que el presidente entendió que si bien es cierto él tiene la facultad de dirigir la política exterior del país tiene que sujetarse al cumplimiento de la Constitución y por lo tanto en su momento deberá pasarlo al Congreso, deja abierta la salvaguarda de que si no lo hacen, cualquiera de las partes o ellos de oficio podrán activar el amparo provisional”, dijo Orellana.

El abogado señala un aspecto que no está en la resolución, pero que se refiere a que el 7 de agosto la Corte solicitó varios informes al presidente, Ministerio de Gobernación y Relaciones Exteriores, estos últimos lo incumplieron por lo que se debe ejecutar su destitución.

Lea también: Giammattei expresa a Pompeo su oposición al acuerdo migratorio

“No deja de ser interesante que la Corte, por proteger al presidente y a los dos ministros, declaró la suspensión del amparo provisional para liberarlos de ese riesgo y quitarse de encima una papa caliente. Era obvio protegerlo para no meterse en otro problema, pero nosotros presentamos el 19 de agosto la ejecutoria para que fueran destituidos y el último fue el lunes -9 de septiembre-, sin saber que ya habían resuelto”, señaló el excanciller.

El exdiplomático manifestó que la CC dejó una puerta abierta hasta para plantear una inconstitucionalidad, ya que el Congreso podría decidir unilateralmente que no es competente para conocer  este convenio y prácticamente quedaría convalidado, porque se hizo simplificada y nadie más va a poderlo impugnar.

La resolución fue unánime. La Corte quedó integrada por Bonerge Mejía, Francisco de Mata Vela, Gloria Porras, Neftaly Aldana y por la ausencia de la magistrada Dina Ochoa -quien está en Estados Unidos- integró el pleno Henry Comte.

El amparo otorgado el 14 de julio no limitó las facultades del presidente para ejercer la función que le delega la literal o del artículo 183 de la Constitución Política de la República de Guatemala, más bien, precisó conforme al ordenamiento jurídico nacional e internacional la ruta que debía seguir el Poder Ejecutivo ante la posibilidad de asumir la decisión de constituir al territorio nacional como un “Tercer País Seguro”, lo que se materializó con la suscripción del Acuerdo relacionado.

También la ministra Jovel, al remitir copia certificada aseguró: “La sola firma de un arreglo internacional por el representante de la República de Guatemala, no conlleva como efecto inmediato su vinculación jurídica, toda vez que para ello es necesario que el mismo sea aprobado por el Congreso de la República, cuando sea el caso, que posteriormente sea ratificado por el Presidente de la República y se cumplan con las disposiciones establecidas en el arreglo internacional referentes a su entrada en vigencia”.

El Ejecutivo todavía analiza la resolución de la CC y continúa con las consideraciones sobre el rumbo que se seguirá para que cobre vigencia el acuerdo migratorio, indicó el secretario de Comunicación Social de la Presidencia, Alfredo Brito.

Se consultó al partido Vamos para conocer su postura al respecto del fallo de la Corte y las posibles acciones que podría tener el presidente electo, Alejandro Giammattei, pero no ha respondido las comunicaciones.

Contenido relacionado

Niño guatemalteco secuestrado por “Los Zetas” en México se reencuentra con familiares

Guatemala se queda incomunicada con Honduras debido a falla geológica

Giammattei desconocerá relación con Venezuela cuando asuma como presidente

Le puede interesar

Prensa internacional destaca segunda vuelta electoral en Guatemala

La exesposa del presidente Álvaro Colom (2008-2012) llegó acompañada de sus tres hijas Nadia, Sandra y Teresa De León Torres, así como de sus nietos.

En declaraciones, luego de emitir el voto, destacó que el proceso marcha con normalidad e instó a los votantes a participar y acudir a las urnas.

En idiomas mayas, saludó a los votantes del occidente y de Cobán, Alta Verapaz.

“Estamos confiados en Dios y que sea su voluntad”, respondió al preguntarle acerca de sus expectativas sobre los comicios, e indicó que trabajará por la unidad del país, para evitar la confrontación y la polarización.

“Vamos a trabajar unidos, entre la clase trabajadora, obreros y los patronos, tanto en el área urbana y rural, por el bien del país”, subrayó, a la vez de agregar que esperará los resultados oficiales en la sede del partido, en la zona 10.

“Es un día importante”

A eso de las 12.30 horas el presidenciable de Vamos asistió al Liceo Guatemala, en la zona 5, donde votó. Giammattei se hizo acompañar por sus tres hijos, Alejandro, Marcela y Estefano Gimmattei.

“Hoy se tiene que vivir la democracia. Hoy es un día importante para unirnos en el ideal de una Guatemala diferente”, dijo el presidenciable.

De resultar electo, resaltó, se convertiría en el primer presidente de Centroamérica con limitaciones físicas.

Afirmó que luego de hablar con los medios de comunicación se retiraría a descansar, pues su agenda de los últimos días “ha sido intensa”.

Giammattei manifestó que su partido ha recibido información de varias anomalías en centros de votaciones por lo que tuvieron que impugnar algunas mesas, debido a que no dejaron entrar a los fiscales del partido antes de abrir las cajas donde iban las papeletas, esto fue en San Carlos Alzatate, Jalapa. En otros lugares, aseguró, no permitieron que sus fiscales firmaran el acta que da validez al comienzo de los comicios.

Contenido relacionado

>¿Con marca de agua o sin marca de agua? Así son las papeletas de las elecciones

>Conred activará a partir de mañana el Protocolo de Respuesta por elecciones

>Elecciones 2019: Disturbios no impidieron las votaciones en La Blanca, San Marcos

Lea también:

Segunda vuelta elecciones 2019: Alejandro Giammattei gana la presidencia

En uno de los videos se escucha a la persona recriminar que la papeleta no tiene impresión en el reverso y por lo tanto no sería válido ese voto.

Pero la respuesta es que ambas son válidas y para evitar malos entendidos los fiscales tienen la instrucción de de ponerle sello de no usadas, explicó Gloria López, directora electoral.

Atención: información importante. #TSEinforma#EleccionesGT2019 pic.twitter.com/1ZzlYP9x6R

— TSE Guatemala (@TSEGuatemala) August 11, 2019

El reporte ocurrió en algunos municipios de Chiquimula, pero el llamado del TSE es para que no se dejen sorprender y que en cualquier circunstancia se consideraría una papeleta válida.

Los fiscales de los dos partidos políticos que disputan la segunda vuelta eligieron el modelo de la papeleta que se utilizó.

Las papeletas son de color blanco y muestran las fotografías de cada candidata a la presidencia y vicepresidencia, así como el logo de las organizaciones políticas.

#DecisiónLibre2019 Circula un video que recrimina una papeleta sin impresión en el reverso, pero sí es válida. Aquí se lo explicamos: https://t.co/VaQgvxnXZT pic.twitter.com/44zWtog6e1

— Eddy Coronado (@ecoronado_pl) August 11, 2019

Contenido relacionado:

> Por qué esta podría ser una transición de poderes inédita en el país

> El resarcimiento que dos empresarias tuvieron que pagar por el caso de financiamiento a favor de Jimmy Morales

Lea también:

Procesan a Gustavo Alejos y tres más por financiamiento a la UNE

Una fuente del Ministerio Público (MP) informó que alguien habría filtrado las peticiones de captura y el propio Gustavo Alejos envió un memorial a la fiscal General, María Consuelo Porras, para notificarle que se pondría a disposición de las autoridades porque “ya tenía conocimiento de la investigación”.

El caso contra el exsecretario de la presidencia señala que el pago habría sido canalizado para Alejos por medio de diferentes empresas Off-Shore.

Personas vinculadas en este proceso:

1. William Gallardo
2. Gustavo Alejos
3. Ricardo López Barrientos
4. Manuel Jesús Palma Palma
5. Gustavo Espina Salguero
6. Beatriz Jansa Bianchi (esposa de Gustavo Alejos)
7. Rafael Escobar Pereira

Gustavo Adolfo Alejos Cámbara fue el secretario privado del presidente Álvaro Colom Caballeros.

Exsecretario de la Presidencia, Gustavo Alejos, comparece en el Juzgado de Mayor Riesgo D, a cargo de Erika Aifán.
Tiene orden de aprehensión por el caso Construcción y Corrupción pic.twitter.com/I7vwGKus7M

— Kenneth Monzón (@kmonzon_pl) August 5, 2019

Sorprende

Alejos compareció en el Juzgado de Mayor Riesgo D junto con su abogado Armando Ajin poco después de las 11 horas.

“Estoy entregandome como siempre, pero ¿qué curioso va, siempre a mí me capturan?”

Al ser consultado por Prensa Libre de la forma en que se enteró de la investigación respondió: “Porque citaron a uno de mis empleados y me puse a disposición del Ministerio Público hace más o menos dos semanas. Se levantó un acta, no me la recibieron, le mandamos una acta a la jueza pero lamentablemente fue hasta el día jueves o viernes pero nos hemos estado poniendo a disposición. Ahorita venimos de marcar las medidas sutitutivas y aquí estamos presentándonos”.

Alejos mostró fotografías donde compareció a la Feci el 25 de julio pasado, luego el 30 de julio último en donde reitera ante la Fiscalía que conoce que existe una investigación en su contra y que sea citado.

El 1 de agosto pasado también remitió su memorial al Juzgado de Mayor Riesgo D para que la jueza Erika Aifán ordene que sea citado ante la Feci.

Niega fuga de información

El ministro de gobernación, Enrique Degenhart, afirmó que no existió fuga de información en el caso de las ordenes de captura que se ejecutaron este 5 de julio, pues indicó que estuvo en la reunión de gabinete con el presidente Jimmy Morales.

El funcionario afirmó que desconoce sobre la situación del exsecretario presidencial, Gustavo Alejos.

Contenido relacionado:

>Los vínculos de Baldizón con el caso Transurbano

>La red de testaferros detrás de la fortuna de Baldizón

>MP presenta acusación en fase dos del caso Transurbano

Lea también:

En gran parte de la provincia, las elecciones generales fueron una fiesta cívica

El representante de la Junta Electoral Central de República Dominicana, Joel Lantigua, dijo que la comisión hizo un diagnostico focalizado de los aspectos que inciden en el proceso electoral y que debido a que hubo un corto tiempo no se pudo abarcar la totalidad de lo que seria todo el proceso.

El experto señaló que se fijó en todo lo que tenía que ser con el flujo de digitación, escaneo, procesamiento y la divulgación la cual estaban todavía trabajando para los fines de un mayor rendimiento.

“Pudimos participar en un simulacro focalizado del proceso de digitación, escaneo y procesamiento de resultados y la cual resultó satisfactoria con esa prueba focalizada y que se recomienda hacer pruebas de carácter nacional, pero esa prueba focalizada fue exitosa y no se registraron errores de ninguna índole, excepto de algunos propios que deben seguir trabajando para optimizar esa aplicación”, dijo Lantigua.

El profesional manifestó que el informe recoge una serie de recomendaciones, que el Tribunal después de evaluarla los dará a conocer.

“El informe tiene como finalidad garantizar lo que es la integridad de las elecciones del próximo 11 de agosto, la transmisión de los resultados y la divulgación. Hay aspectos fundamentales de rigor a tomar decisiones al respecto, continuar las pruebas de alcance nacional con fines de optimizar el sistema”, señaló el experto.

Otra de las recomendaciones es la instalación del data center en el menor tiempo posible para hacer las pruebas a nivel nacional de inmediato para hacer simulaciones tal y como serán el día de las elecciones.

Los expertos también recomiendan que se capaciten a las juntas receptoras de votos, ya que estas incurrieron en varios errores al momento de llenar las actas finales de escrutinio, lo cual dificultó el trabajo de los digitadores.

Benjamín Rosales, director de informática del TSE también señaló los errores de las juntas al indicar “el riesgo más grande son las actas mal cuadradas, no legibles, porque los digitadores tienen la instrucción plena de no tocar un acta”.

Julio Solórzano, presidente del colegio electoral, indicó que se instruyó que fueran capacitados los integrantes de las mesas receptoras de votos donde se registraron inconsistencias. El TSE, además, oficializó la modificación de 16 Juntas Electorales Municipales (JEM).

En procesos anteriores queda instalado en tres días previo a la celebración de las votaciones, pero los expertos recomendaron que tenía que ser en cuanto antes.

Garantizan sistema informático

El garantiza el correcto funcionamiento del Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (SITREP) que será utilizado en la segunda elección del 11 de agosto, después de haberse subsanado un error de programación y tras el diagnóstico efectuado por expertos internacionales.

Señalaron que el sistema es un mecanismo implementado desde las elecciones del año 2015 para la transmisión de datos no oficiales. “Su propósito es brindar a la ciudadanía, de manera pronta y transparente, datos preliminares de la votación. No tiene efectos legales sobre los resultados oficiales, que dependen del escrutinio de las actas en papel”.

El TSE manifestó que el inconveniente en el funcionamiento del sistema informático en las pasadas elecciones consistió en que donde hubo más de 20 candidaturas, en la casilla número 21 se repetían los datos de la casilla 11, en la casilla 22 los datos de la casilla 12, y así sucesivamente.

“El procesamiento de información fue correcto en los datos de las casillas 1 a la 20. El error afectó solo el 3.22 por ciento de las actas que equivale a tres mil 382 de un total de 105 mil 59 y específicamente en la elección de diputados y Corporaciones Municipales. Los datos preliminares de la elección para binomio presidencial no tuvieron problemas”, afirmaron las autoridades.

Añaden. “Este fallo se produjo únicamente en la transmisión de resultados preliminares y no afectó en absoluto el resultado oficial y definitivo de las elecciones. El error de programación ha sido técnicamente subsanado por el equipo de la Dirección de Informática del TSE, lo que está siendo verificado por medio de pruebas de confiabilidad y consistencia”.

Contenido relacionado:

> Partido oficial es el mayor perdedor de las elecciones presidenciales

> TSE nombra a nuevo jefe de Informática

> Empresarios ya habían evidenciado fallas en el sistema informático del TSE

Lea también

Esto dijo Jimmy Morales sobre los aviones Pampa III y la crisis migratoria

El TSE tampoco adjudicó el cargo a la suplente de Sánchez Herrera, Sigrid Janelle Sánchez Herrera, su hermana. El suplente de Monte Bac en el Parlacen será Carlos Roberto García.

Othmar Sánchez y Monte Bac fueron postulados por el partido oficial Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación).

En noviembre del 2017 fue declarado con lugar un antejuicio en contra de Othmar Sánchez y el 12 de junio de 2019 la Corte de Constitucionalidad (CC) le negó un amparo contra ese antejuicio.

Los magistrados del TSE ofrecieron una conferencia de prensa para oficializar los resultados de las elecciones para el Parlacén y adjudicar los cargos de 20 diputados titulares y 20 diputados suplentes que integrarán el ente regional.

Monte Bac ha sido señalada de formar parte del denominado “Pacto de Corruptos” y votó en contra de retirarle la inmunidad al presidente Morales, por lo que en 2017 universitarios exigieron que fuera despedida como catedrática del Centro Universitario de Chimaltenango y que también presentara su renuncia como legisladora.

Por aparte, el presidente Jimmy Morales y el vicepresidente Jafeth Cabrera al momento de dejar el cargo el 14 de enero del 2020 asumirán como diputados a ese ente regional.

Esto se debe a que los expresidentes y exvicepresidentes asumen una diputación automáticamente, ya que su lugar no lo obtienen por medio del sufragio, sino solo por el hecho de dejar los altos cargos.

Actualmente son diputados Alejandro Maldonado Aguirre y Alfonso Fuentes Soria quienes por ser quienes entregaron los cargos y sustituyeron a Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti.

Las hijas de Sandra Torres

Nadia Lorena y Lourdes De León Torres asumirán como diputadas al Parlacén, la primera como titular y la segunda como suplente, ambas son hijas de la candidata presidencial de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) Sandra Torres. Nadia Lorena fue reelecta para otro periodo.

También fue electo Érick Rodas Ruano, familiar del excanciller en el gobierno de la UNE, Haroldo Rodas; Joaquín Flores España padre del diputado Jairo Flores y Eduardo Velásquez abogado personal de Sandra Torres, él fue uno de los que divorció a la presidenciable de Álvaro Colom.

Cuatro diputados al Congreso que dejarán el cargo el próximo 14 de enero, integrarán las filas del Parlacén, Ileana Calles de FCN-Nación, Carlos Fión de Creo, Amílcar Pop de Winaq y Ana Victoria Hernández de Todos.

Aunque dejan el Congreso, la inmunidad la mantendrán al asumir como diputados del ente regional.

Además, Ana Bernat del partido Valor asumirá una diputación en Parlacén, ella es nuera de Lucrecia Marroquín Godoy y secretaría general e esa organización política. Que postuló de manera fallida a Zury Ríos a la presidencia. Marroquín Godoy asumirá una curul en el Congreso.

Sobrino de Portillo

El TSE también adjudicó una diputación al partido Bienestar Nacional y este corresponde a Juan Pablo Riley Portillo sobrino del expresidente Alfonso Portillo.

Riley Portillo fue quien recibió al expresidente cuando este salió de la cárcel luego de cumplir su condena de 70 meses en Colorado EE.UU., por el delito de conspiración para el lavado de dinero.

El sobrino del expresidente fue asesor en el Congreso en el 2017 en la bancada Unión del Cambio Nacional (UCN)

Rechazan Parlacén

En el conteo de los votos de diputados al Parlacén se evidenció como la ciudadanía recriminó a ese organismo por medio del voto nulo y con mensajes peculiares como: “no sirve, se tenía que decir y se dijo”. Sin embargo, 13 partidos políticos lograron que diputados fueran electos, la organización política Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) fue la que arrasó en esa elección.

El excandidato presidencial del Partido Humanista, Edmond Mulet señaló con anterioridad que el Parlacén es un refugio para los familiares de la vieja política, y por eso tomaron la decisión de no postular candidatos al ente regional.

El director del Instituto Centroamericano de Estudios Políticos (Incep), Rubén Hidalgo manifestó que el desempeño del Parlacén ha sido deficiente lamentablemente, sin embargo, el papel político que debería de jugar para consolidar un proyecto centroamericano es fundamental.

“Es innegable que los cuadros políticos que han llegado al Parlacén en una gran mayoría no tienen noción del papel estratégico que debe jugar esa instancia regional en generar política de integración”, dijo Hidalgo.

El experto señaló que al mismo momento que el trabajo es deficiente usualmente llegan a convertirse en diputados personas que desconocen por mucho el papel del Parlacén. “Ha sido visto por muchos partidos como un premio o para ganar protección legal -inmunidad- o botín familiar”. refirió.

Titulares

UNE

• Erick Haroldo Rodas Ruano
• Nadia Lorena De León Torres
• Mario Roberto Valdeavellano Hernández
• Erwin Eduardo Velásquez Herrera
• Joaquín Flores España

Vamos

• Camilo Johanes Dedet Casprowitz
• Julio Armando Hernández Castro

UCN

• Manuel Antonio Meneses Ruiz
• Maria Alma Judith Flores Porras

FCN-Nación

• Iliana Guadalupe Calles Domínguez
• Eva Nicolle Monte Bac

Valor

• Ana Ingrid Bernat Cofiño

Bien

• Juan Pablo Riley Portillo

Todos

• Ana Victoria Hernández Pérez de Morales

Creo

• Carlos Rafael Fión Morales

Viva

• Eduardo Fernando Ponce Aguilar

Prosperidad Ciudadana

• Jacques Emanuel Seidner Weiss

Winaq

• Amílcar De Jesús Pop Ac

Semilla

• Juan Gerardo Guerrero Garnica

URNG

• Aura Lily Escobar Anléu

Suplentes

UNE

• Lidia Soledad Ruano Solórzano Rodas
• Lourdes Teresita De León Torres
• Mildred Idnelsa Rivera Reyna
• Jorge Ricardo Arévalo Solórzano
• Édgar Gonzalo Ovando Buiza

Vamos

• Neftalí Alarcón Sandoval
• Mónica Gabriela Broncy García

UCN

• Fredy Arnoldo Salazar Flores
• Danury Lizeth Samayoa Montejo

FCN-Nación

• Jorge Enrique Meléndez Moreira
• Carlos Roberto García Lemus

Valor

• María Fernanda Mejía Sandoval

Bien

• Erick Roberto Lima Bolaños

Todos

• Karin Liseth Portillo Letona

Creo

• Maria Gabriela Diaz Valladares

Viva

• Fred Mazariegos Flores

Prosperidad Ciudadana

• Fernando Ricardo Luna Waldheim

Winaq

• Eduardo Aparicio De Leon Barrios

Semilla

• José Carlos Hernandez Ruano

URNG

• Jorge Francisco Marroquin Vides

Contenido relacionado

> Partidos desisten de revisar las actas de votos de la primera vuelta a pesar de inconsistencias señaladas

> TSE autoriza Q300 mil para la UNE y Vamos para pauta en medios de comunicación

> Informática del TSE realizará simulacro de las elecciones

Lee también:

Las elecciones para corporaciones municipales se repetirán en cinco municipios debido a inconformidades en los resultados

Rosales informó que se tiene previsto realizar dos simulacros, los cuales no se hicieron en la primera vuelta, con el objetivo de verificar que el sistema se encuentre funcionando bien y que si presenta algún error éste sea corregido con anterioridad.

A decir del jefe de Informática los problemas de programación en el software de resultados electorales fueron ya subsanados.

Explicó que el sistema que alimenta la base de datos de las juntas receptoras de votos por parte de los digitadores no tuvo ningún problema, sin embargo, el software que refleja los resultados electorales tuvo que ser corregido.

A pesar de lo señalado por Rosales, los fiscales lo contradijeron al indicar que el sistema sigue reflejando el problema en la página de resultados.

El nuevo jefe de informática manifestó que nos cambios no se pueden reflejar en el sistema, debido a que está congelado y por lo tanto no se pueden ver los cambios que se hicieron incluida al menos 300 actas que tenían problemas de digitación.

El presidente del TSE, Julio Solórzano informó que hoy se empezó con la impresión de las papeletas para la segunda vuelta electoral. Instó a los dos partidos que van al balotaje a que fiscalicen este proceso. pic.twitter.com/zoXmjn9PYv

— Manuel Hernández (@mhernandez_pl) July 18, 2019

– Impresión de papeletas –

El presidente del TSE, Julio Solórzano confirmó que las papeletas para la segunda vuelta, están por imprimirse.

La directora electoral, Gloria López, indicó que ayer miércoles los fiscales de los partidos políticos hicieron una visita para fiscalizar la impresión de las papeleteas.

Según López, los fiscales pudieron revisar las medidas y las fotografías de los binomios para verificar que llevan el mismo tamaño.

El pleno de magistrados convocó a los dos binomios presidenciales a una reunión el próximo lunes, ya el partido Vamos había solicitado esa reunión para discutir temas relacionados con la primera vuelta como no dar las papeletas dobladas sino extendidas.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) informó que en cada módulo hay un digitador del referido Tribunal, un representante de la Dirección Electoral, delegados de los partidos políticos y fiscales de los departamentos.

La jornada de revisión fue interrumpida por un corte de energía que duró un minuto, luego la actividad continuó.

La revisión de actas que los fiscales de los partidos políticos y representantes del TSE efectuaban en el Parque de la Industria fue suspendida el 28 de junio pasado para implementar una nueva metodología que agilice el proceso de verificación.

Debido a la lentitud en el cotejo de actas electorales, fiscales de los partidos políticos y ante la necesidad de obtener los resultados de las elecciones del pasado 16 de junio de forma rápida se propuso agilizar el proceso de conteo y se acordó instalar los 26 módulos.

Los fiscales argumentaron que debido a la experiencia del primer día de revisión, cuando solo se verificaron 168 actas de las más de 100 mil, lo que pretenden es que se agilice el proceso con el objetivo de que los resultados estén lo más rápido posible.

#LRN Así mismo se refiere a que aún no se tiene un tiempo estimado para que se cuenten las actas. pic.twitter.com/yMkmHU9Boi

— La Red (@Lared1061) July 2, 2019

Lea también:

La controversia entre fiscales y magistrados que derivó en la suspensión de la revisión de actas

La verificación se tenía prevista desde el 24 de junio, pero los partidos hicieron varias peticiones que no habían sido resueltas.

La primera condición es que los magistrados no aceptaron que se abran las cajas electorales para contrastar lo que dice el acta con las boletas en los casos donde hay dudas. El argumento es que no está contemplado en la Ley Electoral y de Partidos Políticos.

La segunda condición es que los resultados no serán vinculantes con las cifras que oficialice el TSE. Sin embargo las agrupaciones políticas aceptaron que continuarán con la revisión de los documentos.

Aunque al principio habían dicho que estarían dispuestos a pasar las 24 horas, se estableció que verificarán las hojas de ocho de la mañana hasta las ocho de la noche.

Otra de las condiciones es que los magistrados no aceptaron estar presentes en toda la revisión de las actas y solo llegarían para dar el banderazo.

Además se tiene planificado realizar de manera paralela una auditoría forense al sistema informático.

#DecisiónLibre2019 El presidente del TSE, Julio Solórzano dijo a los fiscales de los partidos que no es factible que se verifique voto por voto porque la Ley no lo estipula pic.twitter.com/xkeXPgbocy

— Manuel Hernández (@mhernandez_pl) June 25, 2019

#DecisiónLibre2019 a pesar de no tener vinculación los fiscales de los partidos políticos aceptaron la revisión de acta por acta y que empezará este miércoles en un horario de 8 de la mañana a 8 de la noche. Foto Prensa Libre: Érick Ávila pic.twitter.com/QGvXvUM2hW

— Manuel Hernández (@mhernandez_pl) June 25, 2019

Los resultados de las elecciones del 16 de junio posicionan a los presidenciables Sandra Torres y Alejandro Giammattei para el balotaje.

Los magistrados del TSE informaron que los errores detectados no estuvieron presentes en la elección presidencial porque solo habían 19 binomios presidenciales.

En el caso de diputaciones o corporaciones municipales, la cifra superó los 20 candidatos en las boletas, que era la cifra para la que tenía capacidad el programa.

Contenido relacionado:

> No hubo fraude electoral: OEA reitera postura y rechaza señalamientos

> No se nos ha escapado ni una: MP investiga de oficio denuncias relacionadas con elecciones

> No hubo fraude, pero sí graves inconsistencias, dicen los excandidatos presidenciales

Lea también:

TSE revisará “acta por acta” ante denuncias por anomalías

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) tenía planificado comenzar hoy la revisión de las actas para eliminar cualquier duda en el conteo de votos de las elecciones generales celebradas el 16 de junio, pero antes los magistrados debieron aclarar el procedimiento que se desarrollará.

La revisión se hará en todas las actas para la elección de presidente y vicepresidente, corporaciones municipales y diputados; lo que significa que hasta que los resultados finales sean entregados se puede confirmar la elección de los aspirantes.

“Al día de hoy no hay ningún candidato electo”, afirmó Julio Solórzano, presidente del Tribunal Supremo Electoral.

“Son resultados preliminares y lo estamos haciendo para demostrarle a la ciudadanía que no tenemos nada que esconder”, agregó. Mientras que aún no se convoca tampoco para la segunda vuelta electoral que de manera preliminar posiciona a Sandra Torres y Alejandro Giammattei para el balotaje.

Los resultados serán oficiales hasta que se finalice el proceso de escrutinio de las actas que entregaron las Juntas Receptoras de Votos.

Esta es la primera vez en la era democrática que se realiza un recuento total de las actas en un proceso de elecciones generales.

El comienzo de la revisión de actas se tenía previsto comenzar para las 8 de la mañana de este lunes 24 de junio, pero los fiscales de los partidos políticos pedían la presencia de los magistrados del TSE y eso generó el retraso y la posterior suspensión de la reunión.

En medio de un fuerte dispositivo de seguridad y rodeado de agentes, comenzó la reunión que tenía previsto revisar “acta por acta” y también había presencia de fiscales del Ministerio Público.

Aunque por las peticiones de los fiscales de los partidos políticos, la reunión no dio inicio de manera oficial, mientras los observadores electorales permanecían acompañando el proceso.

Los magistrados resolvieron la que Comisión de Revisión fuera integrada por el auditor, el director general del Registro de Ciudadanos, el de informática, la directora electoral, el jefe del Departamento de Inscripción de Ciudadanos y Elaboración de Padrones, el coordinador de Patrones, el coordinador de Asuntos Jurídicos y el inspector general.

#DecisiónLibre2019 | Agentes de la PNC permanecen en los alrededores del Parque de la Industria previo al conteo de votos programado por el @TSEGuatemala. | Vía: @Guatevision_tv pic.twitter.com/FAKXFNtL2b

— Prensa Libre (@prensa_libre) June 24, 2019

#EleccionesSeguras2019
Agentes de la Policía Nacional Civil, brindan seguridad perimetral en los alrededores del Parque de La Industria en la zona 9 capitalina. pic.twitter.com/0k3ExzWe4X

— PNC Guatemala (@PNCdeGuatemala) June 24, 2019

Los fiscales de los partidos políticos piden once puntos para la revisión programada:

1. * Presencia de los magistrados del TSE.
2. * Visibilizar errores por manipulación técnica.
3. * Si hay discrepancia que se revisen las boletas físicas y de haber indicio delictivo que se remita al Ministerio Público.
4. * Solicitan auditoría externa con una firma reconocida.
5. * Que se libere el programa informático para verificación técnica proporcionando el código fuente.
6. * Que sólo participen fiscales nacionales y su equipo técnico.
7. * Que esté presente la secretaria general del TSE para tomar nota de lo que se realice
8. * La revisión que sea de 8 a 20 horas.
9. * Planificar para revisión por distrito.
10. * Que se revisen las actas de elección a presidente, vicepresidente, corporaciones municipales, diputados y al Parlacen.
11. * Entregar y explicar el flujograma de procedimiento.

Contenido relacionado:

> No hubo fraude electoral: OEA reitera postura y rechaza señalamientos

> No se nos ha escapado ni una: MP investiga de oficio denuncias relacionadas con elecciones

> No hubo fraude, pero sí graves inconsistencias, dicen los excandidatos presidenciales

LEA TAMBIÉN:

Tribunal Supremo Electoral dice que la participación en las urnas “no es óptima”

Autoridades del TSE informaron que investigan lo sucedido y que le corresponde al MP determinar lo ocurrido.

Julio Solórzano, presidente del TSE, afirmó que lo fundamental es establecer la veracidad del hecho.

“No se puede asegurar que la junta receptora de voto lo haya hecho, no se puede asegurar que esa papeleta fue marcada por alguno de los miembros o que estuvo marcada, hasta que no se establezca la veracidad ese voto será impugnado o bien no tendrá ninguna validez”, resaltó Solórzano.

UNE reacciona

En un comunicado, la UNE rechazó los señalamientos hechos por Tobar. Los candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia por la UNE son Sandra Torres y Raúl Morales.

Según la información que se divulgó en el video, el incidente habría ocurrido en el Instituto experimental de Educación Básica María Magdalena Ponce de Veliz, zona 3 de Mixco.

“El único momento en que la Junta Receptora de Votos y fiscales de partido pierden de vista la papeleta es cuando el ciudadano ingresa al atril para, en secreto, marcarla”, dice parte del comunicado emitido esta tarde.

Técnicos de la Dirección de Investigaciones Criminalísticas #DICRI del #MP procesan la papeleta supuestamente marcada previo al sufragio de una votante en #Mixco. pic.twitter.com/mHyVDJiWCh

— MP de Guatemala (@MPguatemala) June 16, 2019

https://twitter.com/drivera_gtv/status/1140357099383377921

https://twitter.com/partidoune/status/1140370150664880130

Otras denuncias

En el transcurso del proceso electoral surgieron otras denuncias por parte de ciudadanos.

Acarreo de votantes: Vecinos de varios puntos de la provincia han denunciado este domingo acarreo de votantes en autobuses, picops y otro tipo de vehículos.

En Granados, Baja Verapaz, se registraron incidentes, al punto que elementos de la Policía Nacional Civil (PNC) debieron activar bombas lacrimógenas. Todo surgió luego de que vecinos del lugar no permitieron el ingreso de personas que no viven en la comunidad.

En Escuintla también detuvieron varios autobuses que supuestamente servían para acarreo de votantes. Las acciones son por parte de vecinos del sector que piden elecciones transparentes.

Además, en Canillá, Quiché, se reporta que pobladores bloquean el paso hacia Cubulco, pues aseguran que autoridades ediles buscan beneficiarse con el traslado de personas.

Otro punto donde señalaron acarreo fue en San Juan Sacatepéquez, donde usuarios compartieron fotografías de los vehículos que transportaron a personas a favor de un candidato.

Ante esta situación el TSE indicó que el acarreo de votantes, conocido como transhumancia, ya no se da debido a que el cambio de residencia electoral de un municipio a otro solo es permitido hasta un año antes de la convocatoria a elecciones.

“Lo que si confirman es que se puede dar es el traslado de votantes”, dijo un funcionario del TSE.

Papeletas sin firma y número de mesa electoral: Una ciudadana denunció haber recibido boletas sin firma ni sello de la mesa electoral donde votó en Quetzaltenango.

“La papeletas de presidente y de los diputados no las están firmando, la gente viene solo vota y no se da cuenta de que no tienen ni la firma ni el sello del encargado de la mesa”, comentó la guatemalteca.

Según el TSE, las papeletas sin firmar no invalidan el voto. La Ley Electoral y de Partidos Políticos establece la forma en la que se puede invalidar un voto.

Inducir al voto: En Chichicastenango, Quiché, captaron una fotografía donde se evidencia una posible orientación al voto por parte de unas mujeres que acompañan a una ciudadana a emitir el sufragio.

Al consultar sobre esta situación, el TSE dijo desconocer que pasó en ese municipio ya que habría que determinar sino era de la tercera edad ya que existe el voto asistido, que consiste en que puede recibir ayudar al emitir el sufragio.

Boletas en braille incompletas: Delegados de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) supervisaron centros de votación y evidenciaron que los juegos de boletas no están completos en el sistema braille y afirmaron que esta situación fue recurrente en todas las mesas.

Solo enviaron tres por cada mesa, informó el TSE, porque no hay una estadística que permita conocer cuántas personas tienen deficiencia visual por centro de votación.

Delegados del @PDHgt llevaron a cabo supervisión en el centro de votación ubicado en el Colegio La Asunción, zona10, en donde constataron que los juegos de boletas braile están incompletos, esto es recurrente en todas las mesas.#EleccionesGenerales2019 pic.twitter.com/Giiq0p3X3N

— PDH Guatemala (@PDHgt) June 16, 2019

Por las denuncias que los ciudadanos han compartido en las últimas horas, la PDH emitió un comunicado donde hace un llamado a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) para que tomen las medidas necesarias a fin de garantizar el derecho al voto y a unas elecciones “auténticas”.

#AlertaPDH | Ante denuncias sobre papeletas sin firma y sello JRV, uso de tinta que no es indeleble, falta de crayones para emitir el voto. @PDHgt @JordanRodas recomienda al @TSEGuatemala tomar medidas necesarias para garantizar el derecho al voto y elecciones auténticas #PIDCP pic.twitter.com/v22dguFhZY

— PDH Guatemala (@PDHgt) June 16, 2019

Julia Barrera, portavoz del MP, informó que entre el sábado 15 de junio y el dominbgo 16 de junio han recibido 910 denuncias relacionadas con el proceso electoral, las cuales han sido atendidas por distintas fiscalías a escala nacional.

Contenido relacionado:

> Siga minuto a minuto cómo se viven las elecciones generales en Guatemala 

> Políticos y candidatos participan en los comicios y emiten su voto

> Esta es la primera prueba de una campaña atípica en Guatemala

LE PUEDE INTERESAR

Estas son las multas por hacer campaña horas antes de las elecciones

En San Pedro Ayampuc, Guatemala, la población asegura que no permitirá que este 16 de junio se abran los centros de votación, pues temen que el actual alcalde, quien busca la reelección con el partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Fredy Peláez Ávalos, cometa fraude para perpetuarse en el poder. Los vecinos aseguran que el funcionario no es grato para la comunidad.

Desde la mañana del sábado hubo disturbios en ese sector, pues los pobladores aseguraban que Peláez Ávalos tenía personas ajenas al municipio escondidas en varias casas, con el propósito de que mañana voten a su favor. La situación se volvió tensa por momentos y provocó que llegaran policías antimotines.

Según las denuncias, el abuelo del funcionario fue alcalde durante 20 años, pero ni con él ni con el nieto ha llegado la prosperidad al municipio.

Peláez Ávalos dio declaraciones a la prensa la noche de este sábado frente al Tribunal Supremo Electoral, donde negó el señalamiento y aseguró que lo que en verdad pasó es que las personas amenazaron a sus fiscales de mesa.

El jefe edil aseguró que las personas que serán sus fiscales fueron amenazadas por pobladores. “A ellos les preocupa el favoritismo y el cariño que me ha manifestado la población y los responsabilizó de cualquier acción anómala que pase mañana”, afirmó.

Durante la noche fueron halladas unas hojas que simulaban ser papeletas, pero Gloria López, directora Electoral, y posteriormente Julio Solórzano, presidente del TSE, rechazaron que estas fueran papeletas puesto que ninguna caja electoral ha sido abierta en esta jornada y cada papeleta cuenta con medidas de seguridad.

Alteración de material electoral

En San Jorge, Zacapa, hubo denuncias de vecinos sobre la supuesta alteración de cajas con material electoral. La situación provocó que algunos pobladores impidieran la instalación del equipo electoral en el municipio.

Delegados de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) en el departamento de Zacapa también recogieron esta denuncia.

Lea también: ¿A qué hora irá a votar? Así estará el clima este domingo de elecciones

El vocero del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Luis Gerardo Ramírez, confirmó que un contingente de policías llegó al lugar para garantizar la celebración de elecciones.

Luego de la denuncia, simpatizantes de diferentes partidos políticos se acercaron al centro de votación en San Jorge en donde portaban carteles con mensajes de que este proceso electoral sea trasparente y que no se registre un fraude.

“Me da desconfianza en este proceso electoral, pero como ciudadano tengo que votar para elegir a las próximas autoridades”, opinó Marco Carranza, poblador.

Anabely Tobar, presidenta de la Junta Electoral Municipal, informó que un marchamo de seguridad de una de las cajas electorales estaba dañado, pero no significaba que hubiera anomalías en las papeletas y que todo el material para las votaciones se encuentra en óptimo estado.

#DecisiónLibre2019 | "Se tuvo la coordinación del Ministro de Gobernación y el director de la PNC. Además, desplegaron más elementos policiales al lugar", afirmó Solórzano.
Cobertura electoral EN VIVO: https://t.co/OT1U6biP3K pic.twitter.com/AIj1E4VKQi

— Prensa Libre (@prensa_libre) June 16, 2019

“Comprendemos la molestia de los pobladores, pero no ha ocurrido ninguna anomalía en este proceso electoral. Invitamos a la población para que asista este domingo a ejercer su voto de una forma democrática y en paz”, finalizó Tobar.

Según Reyes, las denuncias recibidas ya están bajo análisis de Inspección General del TSE para su respectiva investigación.

Lea también: Servicios de Salud, en alerta naranja 76 horas por las elecciones

“Fue un incidente que se dio con un fiscal de un partido que estimó que había alguna alteración en la custodia de las cajas electorales, pero la presidenta de la junta electoral departamental, junto con los demás fiscales, lo aclararon y lo solventaron”, refirió Solórzano.

Añadió: “En cuanto a estos incidentes se la ha pedido a las instituciones par que resguardan todas las instalaciones que son fundamentales para la transmisión de datos, pero sobre todo que no se altere el orden público para afectar el proceso y esto es un agravante que cometa un ciudadano o un grupo de ciudadanos”.

En las últimas horas de la noche de este sábado, víspera de las elecciones, Tobar decidió abandonar el municipio por una serie de amenazas de muerte, entre ellas, un video anónimo donde se le señala como responsable de un potencial fraude. La presidenta de la Junta Electoral Municipal fue escoltada del municipio por fuerzas de seguridad y colocó una denuncia en el Ministerio Público.

Suchitepéquez con más conflictos

En tres municipios de Suchitepéquez también hubo problemas en el día previo a la jornada electoral.

En San Lorenzo, vecinos bloquearon el ingreso al municipio e hicieron revisión de los vehículos y motocicletas que transitan por el territorio por temor a que personas de otros lugares sean trasladados a ese lugar para votar y beneficiar a algunos de los candidatos que compiten por la comuna.

#DecisionLibre2019 | Estos son los departamentos donde se registran más detenciones. https://t.co/sRVFq70AAQ #LeySeca

— Prensa Libre (@prensa_libre) June 16, 2019

La Policía Nacional Civil (PNC) reportó la captura de ocho personas porque, supuestamente, estaban obstruyendo el paso e intimidando a personas.

En San Gabriel persiste un ambiente tenso debido a que simpatizantes de distintos partidos políticos amenazan con enfrentarse y en San Francisco Zapotitlán, agentes de la PNC resguardan el edificio municipal previendo cualquier acto violento que se puede suscitar, dado el antecedente de que en las elecciones del 2015 los pobladores intentaron quemar la comuna.

Según el tercer Informe de Observación Electoral, Suchitepéquez es uno de los departamentos donde más se han presentado hechos violentos durante este proceso electoral.

En este municipio hay 14 mil personas empadronadas. El presidente de la Junta Municipal, Carlos López, hizo el llamado a la población de asistir a las urnas y a los partidos políticos de procurar que la jornada transcurra en paz.

Carlos Quixtán, de subestación de la PNC, señala que la presencia de los agentes es una medida de prevención ante cualquier conflicto. Refirió que desde el momento en que comenzó la campaña electoral, hace tres meses, se reunieron con los representantes de los partidos políticos para solicitarles que esta fuera una fiesta cívica.

Hilda Gualip López, vecina del lugar, llamó a los pobladores ejercer su voto de manera responsable y en paz.

Contenido relacionado

> Acciones que implementará la PNC para brindar seguridad en las elecciones.

>Gastos irreales, partidos reportan aportes debajo de su costo.

>Cómo resguarda el TSE la infraestructura informática para las elecciones.

TAMBIÉN LEA

Panorama electoral: Casi la mitad de la población no ha definido plenamente su voto

Gloria López, directora electoral del TSE, dijo que pese a que las cajas cayeron del vehículo solo dos se abrieron, por lo que la situación no pasó a más, pues, además; integrantes de la Junta Electoral Departamental llegaron al lugar para garantizar la transparencia en el proceso de carga.

Agregó que una delegada de la capital viajó al lugar para garantizar que las dos cajas que se abrieron están completas y que fueran selladas de nuevo.

Lea también: Zury Ríos queda fuera de las elecciones por prohibición constitucional.

“Nuestra delegada está en el lugar para verificar que las dos cajas estén intentadas, que no haga falta nada, volverlas a marchamar y colocar la etiqueta adhesiva y que las papeletas que corresponden a una caja y a otras vayan correctamente, así como su documentación electoral y no pasó nada que tengamos que lamentar”, dijo López.

Encargados de la empresa de transporte a cargo del traslado del material electoral dijeron: “Un picop se nos atravesó y al frenar el peso de las cajas forzó las barras de contención y seguridad que llevaba nuestro camión y abrió las puertas, dejando caer las cajas”.

Vea también: Corte de Constitucionalidad dice no a inscripción de Thelma Aldana.

Agregaron que luego del incidente se presentaron elementos de la Policía Nacional Civil.

Se informó que se solicitó la presencia de fiscales del Ministerio Público para que hicieran una revisión general de las cajas que eran transportadas en el vehículo.

Contenido relacionado

>Caso Mario Estrada: una muestra del eslabón político entre Guatemala y el narcotráfico.

>Trabajo: la constante promesa electoral incumplida.

>Elecciones 2019: Planes de gobierno de candidatos y partidos en Guatemala.

Le interesa

Panorama electoral: Casi la mitad de la población no ha definido plenamente su voto

Julio Solórzano, presidente del ente electoral, tomó con humor la acción de los fiscales y bromeó que ojalá los teléfonos estuvieran identificados para que no se extraviaran.

Conforme fueron tomando la palabra, cada uno de los fiscales expresó su rechazo al acuerdo 319-2019 porque, según ellos, vulnera derechos constitucionales y porque el uso de teléfonos agiliza la transferencia de información oficial de los resultados.

La magistrada María Eugenia Mijangos pidió la comprensión de los fiscales y argumentó que tomaron la decisión porque tienen información de que el uso de dispositivos podría generar violencia al momento de contabilizar los votos.

Mijangos dijo que analizarán el tema, luego de las posturas de rechazo de varias entidades.

Entre los fiscales estaban Jhonny Ávila, de UCN, Emerson García, Todos, y Patricia de Chea, del PPT, quienes han manifestado que el acuerdo debe ser derogado.

#DecisiónLibre2019 | Fiscal del partido Avanza, Pedro Catalán pide a los magistrados que actúen ante hechos notorios de que el gobierno esté distribuyendo cupones y resarcimiento para comprar votos pic.twitter.com/QfvRt9AgpQ

— Manuel Hernández (@mhernandez_pl) June 13, 2019

Los fiscales de todas las organizaciones políticas se reúnen con los magistrados del TSE todos los jueves para tratar diversos temas de la coyuntura electoral.

Mirador Electoral y la PDH también están en contra de la disposición del TSE, argumentado que viola los derechos de las personas que estarán en los centros de votación el domingo.

El acuerdo 319-2019 del TSE señala que los fiscales de los partidos políticos y los integrantes de las juntas receptoras de votos deben entregar sus teléfonos y cualquier dispositivo electrónico al presidente de la junta y al finalizar el escrutinio les serán devueltos.

Contenido relacionado 

> TSE prevé que conteo de votos será más lento

> Óscar Schaad está ausente de sus labores por “amenazas tangibles”, confirma fiscal general

> Pese a señalamientos de clientelismo MAGA no suspenderá entrega de cupones

Lea también

Juez Pablo Xitumul y un inspector policial que lo denunció se enfrentaron hoy en una audiencia ante la Junta de Disciplina Judicial

La CC agrega que el objetivo del amparo otorgado es “preservar el libre ejercicio de la ciudadanía, de los derechos de elegir y ser electo, así como la libertad y efectividad del sufragio y la pureza del proceso electoral”.

“Dichas autoridades deberán preservar el orden público con elementos de las fuerzas de seguridad, debidamente uniformados”, indicó la CC.

Los supuestos exmilitares solicitaban un resarcimiento de Q85 mil y una casa cada uno. Uno de sus dirigentes retó a Enrique Degenhart, ministro de gobernación, asegurando que tienen experiencia para armar bombas.

#LRN Además le envió el siguiente mensaje al ministro de gobernación Enrique Dehenhart. pic.twitter.com/eJ7lm4J72k

— La Red (@Lared1061) 20 de mayo de 2019

El Ejecutivo accedió a dialogar con los manifestantes y les ofreció analizar sus demandas a cambio de que no concreten sus amenazas el día de las votaciones.

En el acuerdo alcanzado hubo contradicciones y controversia por el listado de los supuestos exsoldados.

La Asociación de Soldados Veteranos Militares de Tropa no existe, según información del Registro de Personas Jurídicas del Ministerio de Gobernación.

Los supuestos exmilitares buscaron la forma de constituirse en una asociación para seguir con las negociaciones con el Gobierno, mientras que diputados de oposición señalaron que eran manipulados con fines electorales.

Contenido relacionado

> Óscar Schaad está ausente de sus labores por “amenazas tangibles”, confirma fiscal general 

> Adversan disposición del TSE de confiscar celulares durante el conteo de votos

> “Todo está listo” para las votaciones en el extranjero, dice presidente de Junta Electoral

Lea también

Abogada detenida en Salcajá con supuesto dinero del narcotráfico, aparece en planilla de empleados del Organismo Judicial

Súniga Rodríguez es el actual alcalde de Ayutla, San Marcos, y en abril pasado la DEA pidió su captura con fines de extradición, por lo que el Ministerio Público (MP) presentó una solicitud de retiro de inmunidad.

El MP especificó que el Pocho es requerido por la justicia estadounidense para que comparezca ante el Tribunal Distrital del Este de Texas por cargos de narcotráfico.

El alcalde buscaba su reelección por el comité cívico Crecer.

En mayo del 2018, Súñiga Rodríguez estuvo envuelto en una polémica, cuando por las redes sociales circuló un video en el que se veía cuando agentes antinarcóticos le hicieron el alto al alcalde cuando se conducía en un vehículo, lo que desató su enojo.

Banda de narcos

Lima Recinos, actual alcalde de Nueva Concepción, Escuintla, también enfrenta un proceso de antejuicio señalado de tener vínculos con la estructura de narcotráfico Los Marroco que opera en la costa sur.

La investigación que involucra al jefe edil comenzó con la incautación de 660 kilos de cocaína el 26 de septiembre de 2017 a 90 millas náuticas, frente a la playa Tecojate.

Por este caso están siendo procesadas varias personas, entre ellas trabajadores de la municipalidad.

La investigación preliminar detalla que el edil era conocido como Coyote o Viejón. El antejuicio contra el alcalde Lima Recinos obedece a la posible comisión de los delitos de conspiración para el comercio, tráfico y almacenamiento ilícito, lavado de dinero, abuso de autoridad y asociación ilícita, para lo cual necesita que se le retire la inmunidad para avanzar las investigaciones.

Recinos negó los señalamientos y los calificó como un “chantaje”.

El jefe edil buscaba su reelección con el partido Prosperidad Ciudadana.

Vacantes

Ambas postulaciones fueron declaradas vacantes por el TSE, aunque sus planillas sí participarán en las elecciones. En caso de salir ganadoras será el concejal primero quien asuma la alcaldía.

Contenido relacionado

> Avioneta es abandonada en una pista clandestina en Laguna del Tigre en Petén

> ¿Sabes dónde tienes que ir a votar? Consulta aquí cuál será tu centro de votación

> Lamar Odom confiesa haber gastado alrededor de US$100 millones en drogas

Lea más

Hace dos años se detectaron irregularidades en la comuna de Villa Nueva y entrampa la candidatura de Edwin Escobar

Mientras tanto, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) ya está en el proceso de impresión de papeletas para binomio presidencial a usar el 16 de junio.

El político insistía en que el tribunal no debió revocar la inscripción porque a la fecha todavía hay acciones legales pendientes por resolverse.

Aun este 7 de junio, Escobar presentó una ampliación de ese recurso de nulidad para que los magistrados lo consideraran, pero la respuesta fue no.

El fallo fue firmado por los magistrados Julio Solórzano, Rudy Pineda, Jorge Mario Valenzuela, María Eugenia Mijangos y Mario Aguilar Elizardi.

Por si no lo vio: Jimmy Morales llama a la reflexión para elegir autoridades

El 4 de junio pasado, el TSE revocó la candidatura de Escobar por invalidez de su finiquito, y ordenó a la Unidad de Medios de ese organismo suspender la pauta política del binomio.

Horas antes, el Juzgado Noveno Civil de la capital resolvió sin lugar el amparo de Escobar para obtener por esa vía el finiquito.

El caso llegó a ese juzgado porque la Corte de Constitucionalidad (CC) anuló el amparo de un juzgado civil de Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla, favorable a Escobar, con el que la Contraloría quedó obligada a entregar el documento, requisito para la inscripción.

No obstante, la Contraloría accionó ante el tribunal constitucional mediante un ocurso en queja, cuya resolución fue desfavorable al actual alcalde de Villa Nueva.

El origen de los problemas legales del político son hallazgos de la Contraloría sobre posibles irregularidades en la tercerización del servicio técnico catastral para el cobro del Impuesto Único sobre Inmueble (IUSI) de ese municipio.

Contenido relacionado

> Por qué en Puerto Barrios pueden ocurrir disturbios el día de las elecciones

> ¡Trivia! Cuánto sabe de los candidatos presidenciales
> Samuel Morales y e hijo de Jafeth Cabrera quedan fuera de las elecciones

Lea además

Tiempo y legislación hace inviable formar una alianza entre candidatos

El caso actualmente está en la Corte de Constitucionalidad (CC) que no ha resuelto una apelación de Briere a un amparo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a favor del partido Todos, que se opone a la candidatura.

Inicialmente Briere había sido inscrito en el Tribunal Supremo Electoral (TSE), pero Todos se opuso, a lo cual presentó un recurso de nulidad, que fue rechazado por los magistrados electorales. Posteriormente la agrupación política acudió a la Corte Suprema.

Otto Adolfo Zeissig es el candidato suplente, como únicos aspirantes a los cargos postulados por ese partido.

Contenido relacionado

> Congreso fraccionó compras para remodelar oficinas

> Corte IDH condena a Guatemala por ejecución de Manuel Martínez Coronado

> Partidos políticos apresuran organización de cierres de campaña

Lea también

Edwin Escobar: Apuesta por alcaldías para impulsar proyectos

El juzgado argumentó que “las circunstancias no lo hacen aconsejable” y por no incurrir ninguno de los supuestos legales del artículo 28 de la Ley de Amparo.

En detalle, el 27 de mayo, el juez Gerardo Maza resolvió contra Escobar, quien un día después accionó ante la Corte de Constitucionalidad (CC).

El 31 de mayo, el TSE requirió información al juzgado, que le dio una copia certificada del expediente.

El expediente sigue en manos del juzgado para una resolución definitiva.

El 1 de mayo último, la Corte de Constitucionalidad (CC) anuló el amparo provisional que recibió Escobar de un juzgado de Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla, que le permitió obtener su finiquito e inscribirse para las elecciones del 16 de junio.

Lea más: Edwin Escobar ofrece a Chicacao seguridad, salud y empleo

De esa cuenta el trámite del amparo continuó su camino, siempre de forma provisional, pero la Corte ordenó que este fuera resuelto por un juzgado capitalino y no uno escuintleco, por razones de territorio, tras lo cual al Juzgado Noveno de Instancia Civil le correspondió el expediente.

La CC resolvió con base en un ocurso de queja que presentó la Contraloría, la cual recibió la orden del juzgado escuintleco de otorgar el finiquito. En esa resolución también ordena que Audy Yanelli Arana González, jueza de Primera Instancia Penal de Santa Lucía Cotzumalguapa, sea invetigada por  la Supervisión de General de Tribunales del Organismo Judicial, que sea denunciada ante la Junta de Disciplina Judicial para que sea sancionada y exponga este caso al Ministerio Público (MP) para que haga lo propio contra la juzgadora.

Esa jueza otorgó 33 amparos a 30 candidatos durante este proceso electoral, quienes en primera instancia no lo obtuvieron en la Contraloría.

Hasta ahora Escobar está inscrito como candidato presidencial, a 12 días de las elecciones.

Escobar, actual alcalde de Villa Nueva, es el candidato presidencial del partido Prosperidad Ciudadana (PC) junto a Blanca Alfaro. Ambos fueron proclamados el 2 de marzo último.

En el ámbito judicial, y en su calidad de jefe edil, Escobar no tiene inmunidad porque la Sala Cuarta de Apelaciones resolvió con lugar el retiro del antejuicio solicitado por la Fiscalía de Delitos Administrativos del Ministerio Público por denuncias de 2017 de la Contraloría sobre posibles irregularidades en la tercerización del servicio técnico catastral para el cobro del Impuesto Único sobre Inmuebles (IUSI).

“Estoy inscrito”

En conferencia de prensa, Escobar dijo que su inscripción está vigente porque no hay resolución que instruya al TSE para que la revoque, y señaló que esos obstáculos a su candidatura son porque tiene posibilidades de ganarle en segunda vuelta a Sandra Torres, candidata de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).

Contenido relacionado

> Así preparan los partidos políticos apresuran organización de cierres de campaña

> “Vigilancia” de supuestos exmilitares es ilegal, señala el TSE

> TSE deja pasar el tiempo para conocer candidaturas polémicas

Lea también

Fedefut denuncia a auditores de la Contraloría que habrían beneficiado a Gerardo Paiz

Los funcionarios explicaron que el objetivo de la auditoría anual es determinar el grado de eficiencia del gobierno en la ejecución de los fondos, con respecto a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Estos fueron los hallazgos y las acciones legales que ha emprendido la Contraloría:

• 51 denuncias penales por Q230 millones 297 mil 492.
• 27 informes de cargos por Q7 millones 870 mil 754.07
• Hallazgos de control interno de cumplimiento por Q72 millones 714 mil 358.10
• En total los hallazgos suman Q310 millones 872 mil 604.79

Hallazgos en los exámenes especiales de auditoría:

• 178 denuncias penales
• 27 informes de cargos
• 1,129 sanciones
• Los hallazgos en esta modalidad suman Q2 mil 417 millones 242 mil 631.99

Contraloría General de Cuentas entrega al Congreso el informe de auditoría al presupuesto de ingresos y egresos del 2018. pic.twitter.com/88Jr6jSEUh

— Manuel Hernández (@mhernandez_pl) May 30, 2019

El sector donde más hallazgos hizo la Contraloría fue Comunicaciones, entre infraestructura pública y vivienda.

El monto de las denuncias penales afectan principalmente al sector de Comunicaciones, gobiernos locales, consejos de desarrollo y organismos e instituciones de apoyo.

La entidad contralora del gasto también hizo una auditoría de desempeño en el Ministerio Público (MP).

Finiquitos

Fernández informó que del 18 de septiembre de 2018 al 17 de marzo de 2019 la Contraloría entregó 49 mil 98 finiquitos, de los cuales 26 mil 73 fueron físicos y 23 mil 25 en línea.

Contenido relacionado

> Continúa incertidumbre por finiquito de Edwin Escobar; juzgado no recibe expediente para analizar amparo

> Caldo con mojarra y desayuno típico costaron Q22 mil a la Municipalidad de San Juan Ostuncalco

> Cómo puede afectar a la institución el retraso en la elección del contralor
 

Lee además:

La Fifa seguirá de cerca el trabajo de las nuevas autoridades de la Fedefut encabezadas por Gerardo Paiz

Este jueve el Comité de Regularización impuesto por la Fifa, integrado por Juan Carlos Ríos, Mario Fredy Soto, Javier Medrano, Juan Carlos Plata y Ovidio Ottoniel Orellana, denunciaron ante el Ministerio Público (MP) irregularidades cometidas por los auditores gubernamentales de la Contraloría General de Cuentas (CGC), quienes se habrían extralimitado en sus funciones al auditar un expediente por el cual no fueron nombrados para una contrarrevisión en la Fedefut durante el período 2011-2015.

La Contraloría realizó una auditoría del período del 1 de enero del 2011 al 31 de diciembre del 2015, en el que se encontraron hallazgos por un monto de Q9 millones 184, 473.65, que terminó en una denuncia penal ante el MP.

Juan Carlos Ríos explicó que lo más grave es que auditores que no tiene esa potestad para sustituir un hallazgo por otro. “Manipularon actas del Comité Ejecutivo de esa época, pusieron cosas que no son ciertas como viáticos y gastos de bolsillo de los seleccionados. Esto es lamentable”, indicó Ríos.

De acuerdo a Ríos utilizaron como fundamentos un caso de Q24 mil para “desvanecer el hallazgo de los Q9 millones”.

#Fedefut | Juan Carlos Ríos explica la denuncia en contra de auditores de la Contraloría General de Cuentas. Video: La Red. pic.twitter.com/CJIAMI9Fjl

— Deportes_PL (@tododeportes_pl) May 30, 2019

En dichas denuncias se encuentra sindicado Gerardo Paiz, ya que integraba el Comité Ejecutivo encabezado por Brayan Jiménez, quien juzgó un proceso en las cortes de Nueva York, Estados Unidos, por lavado de dinero y recibir sobornos para la adjudicación de los derechos de transmisión de los partidos de la Selección Nacional.

A raiz de la denuncia del Comité de Regularización al MP, la Contraloría comenzó una investigación interna a sus auditores, ya que no tenían el nombramiento para realizar dicha contrarrevisión, que hizo que la denuncia por los Q9 millones se catalogara como que no había delito y se desestimara, con lo cual Paiz Bonifasi pagó una multa administrativa mayor a los Q50 mil para obtener el finiquito que extiende la Contraloría para poder participar en el proceso eleccionario de la Fedefut.

Debido a las irregularidades hechas por los auditores, el finiquito extendido a Paiz Bonifasi no tendría validez, por lo que ahora serán los entes competentes quienes decidirán si el empresario electo podrá tomar posesión de la Federación el próximo sábado.

Contenido relacionado:

> Contraloría denuncia a Brayan Jiménez por derroches en su administración

> Sale a luz pago de la Fedefut a periodistas por asesorías

> Gerardo Paiz es electo como nuevo presidente de la Fedefut y ofrece “rescatar el tiempo perdido”

Le puede interesar

A quién aludió Neto Bran para defenderse de la multa por campaña anticipada

Arzú, candidato presidencial, fue sancionado por el Registro de Ciudadanos con US$80 mil -Q614 mil 400 al cambio de este 27 de mayo- por haber hecho campaña a través de publicidad en redes sociales que no estaban inscritas ante el TSE.

El reporte que hizo la Unidad de Medios al respecto precisa que hubo ocho publicaciones pagadas en cuenta de Facebook de Arzú y 11 en la de Twitter, que tenían como objetivo amplificar su mensaje con más electores.

El Partido de Avanzada Nacional (PAN) y Podemos, que postularon en alianza a Arzú, también deberán pagar US$80 mil cada uno.

Lea también: Nery Ramos, exdirector de la PNC, habría mentido para ser inscrito como candidato

Fruto de las reformas electorales de 2016, los candidatos y los partidos no pueden pagar por publicidad en redes como Facebook y Twitter porque estas compañías no se inscribieron en el TSE para ser parte del plan de medios de este proceso electoral.

Neto Bran, alcalde de Mixco que busca la reelección, también deberá pagar una multa por US$50 mil 1 -Q384 mil 007-, por dos infracciones, campaña anticipada y ofrecimientos indebidos, que también le impuso el Registro.

En su caso, fue castigado por haber publicado en Facebook que daba Q5 mil 500 a vecinos de la colonia Sacoj Chiquito, para comprar pipas de agua porque había suspensión del servicio, a causa de mantenimiento en un pozo.

El partido Todos, que abandera a Bran, también deberá pagar US$50 mil 1, por ser solidariamente responsable.

Contenido relacionado

> Qué dijo Sandra Torres sobre las acusaciones contra su excompañero de fórmula, Mario Leal Castillo

> ¿Hay trampa alrededor del voto nulo?

> 12 tránsfugas se meten a la contienda gracias al TSE

Lea también:

TSE condena violencia y amenazas de militares retirados de boicotear elecciones

Son 20 binomios de aspirantes a presidente y vicepresidente que participarán por el momento, y los guatemaltecos tendrán que decidir en las urnas. En el caso del binomio del partido Fuerza está en la papeleta de manera provisional, por un proceso judicial en contra del candidato presidencial Mauricio Radford.

El TSE citó a los representantes de las organizaciones políticas para que conozcan el modelo de la papeleta y propongan cualquier modificación, tal como lo establece el artículo 88 del reglamento de la Ley Electoral y de Partidos Políticos.

Las elecciones se celebrarán el próximo 16 de junio y la papeleta será encabezada por el partido Vamos.

Aquí le adjuntamos una representación que ejemplifica cómo quedaría el orden de la papeleta.

Los fiscales votaron por cada una de las posiciones que ocuparán.

#DecisiónLibre2019 | Así quedó conformada la papeleta para diputados por el Distrito Central (capital) pic.twitter.com/GJcWNwtPBA

— Manuel Hernández (@mhernandez_pl) May 23, 2019

#DecisiónLibre2019 | De está forma quedó la papeleta de diputados por los municipios de Guatemala pic.twitter.com/k12D1OzuIZ

— Manuel Hernández (@mhernandez_pl) May 23, 2019

#DecisiónLibre2019 | De esta forma queda la papeleta de diputados por Listado Nacional pic.twitter.com/FPBJgG9ImT

— Manuel Hernández (@mhernandez_pl) May 23, 2019

Contenido relacionado:

> Reconciliación lejos de Gerona, Jimmy Morales regresa a los actos del MP con Aldana y CICIG fuera

> “Toda buena obra tiene su castigo” le dijo el embajador de EE. UU. a Jimmy Morales

> Este será el futuro de la Feci luego del fin del mandato de la Cicig

Le puede interesar

TSE demanda responsabilidad a Jimmy Morales, partidos políticos y militares retirados

En ese contexto, se conoció que el magistrado Francisco de Mata Vela salió hoy de viaje.

En conferencia, Martín Guzmán, vocero y secretario de la Corte, dijo que desconocía el motivo y destino del viaje, pero aclaró que esto no hará que se detenga el caso porque se llamará a un suplente.

Se trata de un amparo de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) contra la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para que vuelva a conocer la solicitud del retiro de inmunidad de Sandra Torres, presidenciable de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), señalada de haber recibido, en 2015, financiamiento electoral no registrado.

Por tratarse de un caso en materia judicial y no electoral, la resolución de la CC no cambia en nada la inscripción de Torres, por lo cual, hasta ahora, ella sí participará en la papeleta del próximo 16 de junio. Torres ocupa la primer lugar en la encuesta realiza por ProDatos para Prensa Libre y Guatevisión.

Más allá de la incertidumbre que genera en el proceso electoral, puesto que ha quedado fuera de la contienda Zury Ríos y Thelma Aldana, las otras dos a la cabeza de las encuestas, este caso podría comprometer a Torres.

Estos procesos toman meses, pero la decisión en torno a la inmunidad de Torres puede llegar independientemente de lo que pase en la arena electoral, ya sea primera, segunda vuelta o más allá.

No deje de leer: “Toda buena obra tiene su castigo” le dijo el embajador de EE. UU. a Jimmy Morales

El 27 de febrero, la CSJ rechazó sin entrar a conocer la petición de la Fiscalía, por considerar que no había indicios suficientes para retirarle la inmunidad a la presidenciable.

Luego de esa resolución del 27 de febrero se filtró un audio en el que se escucha a Torres conversar con Gustavo Alejos, antiguo operador del partido, sobre un financiamiento de Q40 millones para la campaña electoral del 2015, recursos que no fueron reportados por la UNE al Tribunal Supremo Electoral (TSE).

La solicitud del retiro de la inmunidad a Torres fue solicitada por el Ministerio Público (MP) por la posible comisión de los delitos de financiamiento electoral ilícito, financiamiento electoral no registrado y asociación ilícita.

Aunque la CSJ dijo no al retiro de inmunidad de la aspirante presidencial, así como a la de cuatro diputados y dos alcaldes de ese mismo partido, contradictoriamente el caso por financiamiento sí ha tenido avances.

Alejos y otras tres personas ya están procesadas por financiamiento electoral no registrado y asociación ilícita.

Contenido relacionado

Después de la salida de Zury Ríos, ¿quiénes ya no están y quiénes siguen en la carrera por la Presidencia?

Candidata Sandra Torres que denunció un medio propone proteger a periodistas

Ante el repudio generalizado, Sandra Torres desiste de acciones contra elPeriódico

Le puede interesar

Un revés para Felipe Alejos

A pesar de que la Ley de Comisiones de Postulación establece que se debe de convocar para integrar a estas postuladoras con cuatro meses de antelación, el Congreso decidió convocar ocho meses antes, por medio del acuerdo legislativo 6-2019.

Ante eso, Eleonora Muralles, presidenta de la asociación Familiares y Amigos contra la Delincuencia y el Secuestro (FADS),  presentó un amparo  en la Corte de Constitucionalidad (CC), en contra del Congreso, para que se suspendiera dicho acuerdo.

Según el amparo de FADS, el 8 de marzo del 2019, fue publicado en el Diario de Centro América el acuerdo Legislativo 6-2019, por medio del cual el Congreso de la República acordó convocar a la comisión de postulación para integrar nómina de postulados para elección de los magistrados de la CSJ y la de los magistrados de la Corte de Apelaciones.

Según la organización, este acuerdo causa agravio, en el punto quinto, pues cobró vigencia inmediatamente, y ellos consideran que ha bastado con su publicación en el diario oficial para que nazca a la vida jurídica.

Además, el acuerdo no consideró lo regulado en el artículo 3 de la Ley de Comisiones de Postulación, que refiere que debe convocarse dentro del plazo que la ley específica determine y a falta de este, con cuatro meses de anticipación a que termine el plazo para que constitucional o legalmente fueron electos.

Por tal motivo, FADS considera que la convocatoria para comisiones de postulación está fuera de marco legal.

En marzo último, Elvyn Díaz, del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales, indicó que lo prematuro de la convocatoria se debe a que los diputados, sobre todo los que no se reelegirán, buscan asegurar impunidad antes de la primera vuelta, que se celebrará el 16 de junio.

“La correlación de fuerzas puede ir cambiando en un escenario donde no hay reelección de la mayoría por cualquier circunstancia, y entonces buscan tener garantizada la impunidad con unas nuevas cortes y que puedan representar sus intereses en el poder judicial. Es obvio el interés de las bancadas”, dijo Díaz.

Otro aspecto que causa suspicacias es la convocatoria del Colegio de Abogados a integrar postuladoras.

Según Díaz, quedan dudas respecto a por qué la junta directiva anterior del Colegio llamó a elecciones de representantes a comisiones de postulación, ya que la convocatoria salió el mismo día que hubo cambio de sus directivos.

Intentan influir en la elección

El proceso para la renovación del poder judicial lleva a que grupos intenten influir. El proceso del 2014 estuvo señalado por la injerencia de varios actores, como el abogado Roberto López Villatoro conocido como “El Rey del Tenis”; Juan de Dios Rodríguez, expresidente del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), y Gustavo Herrera, empresario asilado en Nicaragua.

López Villatoro está ligado a proceso penal por el caso Comisiones Paralelas, proceso que busca demostrar sus nexos para elegir a varios de los actuales magistrados a la Corte Suprema de Justicia. Rodríguez fue condenado a seis años y tres meses en el caso IGSS-Pisa, y enfrenta los casos de corrupción IGSS-Ambulancias y Cooptación del Estado. Herrera está asilado en Nicaragua al señalar que era investigado en Guatemala por esos nexos.

Tanto los magistrados de la CSJ como de Apelaciones asumieron los cargos cuando había vencido el plazo que establece la Constitución, por varias acciones que se presentaron en la Corte de Constitucionalidad que buscaban que se repitiera el proceso por la injerencia que hubo en el Congreso por Alejandro Sinibaldi -prófugo de la justicia- y Manuel Baldizón -arresto domiciliario en EE. UU.- al momento de integrar ambas cortes.

Convocan a los abogados

El Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala publicó el pasado 20 de marzo la convocatoria para que participen los colegiados activos para representar al gremio en las comisiones de postulación de Corte Suprema de Justicia y Cortes de Apelaciones.

Según la publicación, la junta directiva decidió hacer convocatoria en la sesión del 8 de marzo, que establece dos elecciones. Doce profesionales para integrar la postuladora de Corte Suprema de Justicia y otros 12 profesionales para integrar las Cortes de Apelaciones. Las elecciones se realizarán el 31 de mayo de 8 a 18 horas en el Parque de la industria y 21 sedes departamentales.

Para ser uno de los 12 candidatos es necesario que los profesionales llenen ciertos requisitos como ser guatemalteco, ser colegiado activo, cinco años de ejercicio profesional, no estar inhabilitado para ejercer cargos públicos, carencia de antecedentes penales y policiacos y no haber sido sancionado por el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados.

Integración

37 profesionales conformarán las comisiones de postulación. Los decanos de las facultades de Derecho participan en las dos comisiones, mientras que los magistrados participan de manera cruzada, Apelaciones en CSJ y CSJ en Apelaciones.

Integración de postuladora CSJ

• 1 rector de las universidades del país, quien la preside.
• 12 decanos de las facultades de Derecho.
• 12 magistrados de Salas de Apelaciones, que deben ser elegidos mediante convocatoria del Instituto de Magistrados de la Corte de Apelaciones.
• 12 representantes del Colegio de Abogados, elegidos mediante elecciones de ese gremio.

Integración de postuladora Salas de Apelaciones

• 1 rector de las universidades del país, quien la preside.
• 12 decanos de las facultades de Derecho.
• 12 magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
• 12 representantes del Colegio de Abogados, elegidos mediante elecciones de ese gremio.

En contexto

CC dice “no” a inscripción de Thelma Aldana

Agregó que no se trata propiamente de un endoso de sus votos porque no cuenta con esa facultad.

La declaración causó diversas reacciones en el ambiente político, agitado por decisiones de la Corte de Constitucionalidad (CC) que ha rechazado las inscripciones de Zury Ríos, del partido Valor; Aldana, del Movimiento Semilla, y de Mauricio Radford, de Fuerza.

Para el analista Phillip Chicola, Aldana no logrará endosarle su voto a Cabrera porque este tiene características de clase media y urbana, que rechaza los bloqueos de carreteras, y el voto de la candidata del MLP es rural.

Además, observó: “Me pareció extraño el endoso porque pareciera que hay opciones menos conflictivas que representan el voto de Aldana porque Codeca genera anticuerpos, principalmente en el área urbana, y parece contradictorio, a la luz de sus discursos, donde se presenta como una persona de derecha”.

José Echeverría, director del Movimiento Cívico Nacional, expresó que la consolidación de un estado de Derecho y el fortalecimiento de la democracia pasa por el respeto a la ley, pero Codeca ha sido una organización que no ha contribuido en ese sentido al ser parte de una red de robo de fluidos y venta ilegal del servicio de energía que ha causado conflictividad en comunidades.

Señaló que en una democracia todas las corrientes de pensamiento pueden participar, pero es preocupante que haya participaciones que promueven la violación de la ley.

Lea más: “Partido Valor no va a interrumpir la campaña”, dice Roberto Molina-Barreto

Antonio Malouf, empresario y expresidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), dijo que a título personal difiere de la opinión de Aldana y recordó que durante su gestión al frente de la Fiscalía no hubo acciones para combatir el robo de energía, práctica que se le atribuye al Codeca.

José Carlos Sanabria, politólogo de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes), manifestó que generar ese efecto de endosar el voto no es factible ya que no se tiene una estructura partidaria con afiliados disciplinados y simpatizantes disciplinados que permitan tener una estrategia en este sentido.

“Esto se ha demostrado con muchos ejemplos en la historia del país y si bien es un mensaje político que se da en un contexto donde sus posibilidades para ser candidata prácticamente se terminaron -en el caso de Aldana-, siento que al final va a tener un efecto bastante limitado no como ella está esperando”, dijo Sanabria.

También consideró que habría que ver el comportamiento de otras opciones políticas, principalmente aquellas que van a querer tomar la bandera de la lucha contra la corrupción.

“Vamos a ver si otras opciones que están compitiendo van a lograr convencer y atraer a ese electorado que hubiese apoyado a Thelma Aldana”, refirió.

Por si no lo vio: Jimmy Morales augura “tragedia electoral” en las elecciones de 2019

Añadió: “Hasta el momento no hay un caso en donde uno pueda demostrar con datos que este efecto se pueda dar en Guatemala, Álvaro Arzú lo intentó hacer con su esposa Patricia, y así hay otra serie de otros casos. El problema es que tenemos un electorado volátil y no hay un electorado disciplinado por lo que no se cumpliría lo que ella este esperando”.

Acusa al Pacto de Corruptos

Aldana culpó al Pacto de Corruptos de tener capturadas las instituciones que cerraron filas en su contra ser candidata a la Presidencia.

“Vamos a acatar, pero la resolución es producto de la gestión del pacto de corruptos. Siempre pensé que la CC se ponga de rodillas ante el sistema corrupto, Guatemala tiene que reflexionar. El pacto de corruptos tiene de rodillas a la CC, solo espero que no tenga de rodillas al pueblo de Guatemala”, dijo en la entrevista con la cadena de televisión.

También acusó a Carlos Mencos, exjefe de la Contraloría y candidato a diputado por la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), de haber “vendido” la independencia de la Contraloría, la cual ahora es “el inicio de la cadena de la captura del Estado” porque es la que extiende los finiquitos a los candidatos.

La falta de validez del finiquito, producto de la denuncia en su contra por la contratación del abogado Gustavo Bonilla como capacitador del Ministerio Público (MP), es el argumento con el que la Corte de Constitucionalidad (CC)  dijo no a la inscripción de la exfiscal general.

“Hemos hablado de la cooptación del Estado y debe verse como un Estado capturado. La justicia está de rodillas, la CC está rodillas ante el crimen organizado y al narcotráfico, pero yo estoy segura que la historia los va a juzgar”, señaló.

Contenido relacionado

> Mauricio Radford es el tercer candidato que recibe el no de la CC

> Qué pasará con el voto que era de Zury Ríos y Thelma Aldana y ahora queda “huérfano”

> Zury Ríos emprende acciones ante la CIDH para conseguir la inscripción

Lea más

Thelma Aldana deja El Salvador, hará el “Miami Challenge”

El pleno se integró con los cinco magistrados titulares Bonerge Mejía, Dina Ochoa, Neftaly Aldana, Francisco de Mata Vela, Gloria Porras, y dos suplentes, Mynor Par Usén y Phillip Comte.

La votación fue 6-1 y solo el magistrado Neftalí Aldana se inclinó por el sí a la candidata presidencial de Semilla.

De Mata Vela fue el magistrado designado por sorteo para presentar la ponencia.

Le puede interesar: Ante el repudio generalizado, Sandra Torres desiste de la denuncia contra elPeriódico

Martín Guzmán, secretario de la CC, dijo en conferencia de prensa, dijo que el no obedece a que Aldana no cuenta con finiquito como requisito para su inscripción.

Aldana reacciona

Horas despúes de que se conoció el fallo de la CC, Thelma Aldana se pronunció a tráves de su cuenta de Twitter y dijo que “ha quedado en evidencia que la lucha contra la corrupción y las estructuras criminales en nuestro país tiene un costo muy alto para quien, como yo, se decide a hacerlo”.

“Hoy ha decidido la Corte de Constitucionalidad que no participe en este proceso electoral y nuestro país fue empujado a un precipicio”, añadió Aldana.

Últimas opciones

Este fallo adverso pone a Thelma Aldana en aprietos, sobre todo por el tiempo.

Ahora debe esperar que la Corte Suprema resuelva el amparo definitivo, pero la experiencia en estos casos señala que un amparo provisional -que fue un no para Thelma Aldana- será igual que cuando se dicte en definitiva.

Si este fuera adverso, Thelma Aldana puede de nuevo apelar ante la CC.

Si, en cambio, la CSJ la favoreciera, ordenaría al Tribunal Supremo Electoral (TSE) la inscripción.

El fallo transcurre cuando Aldana viajó de San Salvador a Miami para una entrevista con CNN en Español.

Antecedentes

El Registro de Ciudadanos avaló la inscripción de Thelma Aldana el 19 de marzo, pero luego de una serie de impugnaciones los magistrados del TSE la revocaron el 1 de abril.

Los recursos de nulidad contra la inscripción fueron presentados por Emerson García y Byron Rodríguez, de la agrupación política Todos, y uno por Andrés Ayau, del Partido Liberal de Guatemala.

Los magistrados electorales revocaron la inscripción porque, según información del MP, la Contraloría, la CC y al Juzgado Décimo de Primera Instancia Penal, el finiquito otorgado a Aldana ya no tenía validez.

Ante eso, el Movimiento Semilla pidió un amparo a la Corte Suprema el 4 de abril, que no fue otorgado según el fallo firmado 10 días después, lo que dio paso a acudir a la CC, que emitió esta resolución.

Contenido relacionado

> TSE anula la inscripción de Zury Ríos (y ya solo le quedan las instancias internacionales)

> A qué “tragedia judicial” se refiere Jimmy Morales sobre las elecciones

> A qué candidatos favorece la salida de Zury Ríos

Lea más

Zury Ríos: “Yo sí sé construir, sé dialogar y sé escuchar”

La ponencia del caso fue presentada por el magistrado Neftaly Aldana, quien había sugerido que  Zury Ríos sí participara en los comicios. Luego de la discusión, los otros magistrados sumaron más votos en contra de esa propuesta.

Martín Guzmán, secretario de la CC, dijo en conferencia de prensa que la resolución ordena al órgano electoral revocar la inscripción de Zury Ríos dentro de un plazo de 24 horas, de lo cual deberá informar sobre su cumplimiento.

Aún no hay notificación a las partes de la decisión de los magistrados, pero, según Guzmán, esta debería estar el 14 de mayo para que se cumpla la revocatoria, y posteriormente se notificarán los votos razonados.

Luego de esta decisión, al partido Valor solo queda el recurso de aclaración o ampliación, pero en ambos casos no cambian el fondo de la resolución.

El fallo de la CC llega 21 días después de la vista pública, en la que candidata enumeró las razones por las cuales se le debía permitir su candidatura.

La resolución responde a la apelación del Tribunal contra el amparo definitivo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que le dio el sí a Zury Ríos, luego que tanto el Registro de Ciudadanos y el pleno de magistrados del órgano electoral dijeron no.

No deje de leer: Esta era la oferta de campaña de Zury Ríos

Reacción

Zury Ríos se pronunció en Twitter después de que se supiera la decisión de la Corte.

“Ante los rumores que han surgido durante la última hora sobre nuestra candidatura, quiero decirles que sólo son rumores. Estamos en ley, estamos firmes y vamos”, dijo.

Se oponía

El tribunal electoral no estaba de acuerdo con la inscripción de Zury Ríos porque había violación al artículo 186 constitucional, toda vez que es hija de Efraín Ríos Montt, quien tomó el poder mediante un golpe de Estado en 1982.

Lea más: Obra en lugar de impuesto ofreció Zury Ríos en mitin en Quetzaltenango

“El artículo 186 de la Constitución regula las prohibiciones para optar al cargo de presidente y vicepresidente de la República… a) el caudillo ni los jefes de un golpe de Estado, revolución armada o movimiento similar, que haya alterado el orden constitucional, ni quienes como consecuencia de tales hechos asuman la jefatura de gobierno… c) los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad del presidente o vicepresidente, cuando este último se encuentre ejerciendo la presidencia y los de las personas que se refiere al inciso primero de este artículo”, defendió el tribunal electoral ante la Corte.

El TSE ha señalado que la norma constitucional, al establecer la prohibición a optar el cargo de Presidencia y Vicepresidencia a los jefes de Estado, como a sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, persigue no solo sancionar un acto grave, como el rompimiento del orden constitucional, sino también persuadir a los golpistas de cometer tales actos, pues de cometerlos no solo afectarán su participación, sino también la de sus parientes a optar a los cargos relacionados.

Un derecho humano

Zury Ríos esgrimió a ese argumento que ella no tiene impedimento legal porque la prohibición está redactada en presente y no en pasado.

Le puede interesar: Primero sí, luego no: Así cambió criterio el MP sobre Zury Ríos

“En primer lugar, el artículo 186 constitucional tiene una prohibición que no se me aplica, porque el general Ríos Montt no es el jefe de Estado, no está en funciones de gobierno, y por lo tanto ya no se me aplica. Definitivamente que todas las convenciones de derechos humanos no permiten discriminación por aspectos de linaje, raza, religión o de género por lo tanto tengo el derecho de participar”, dijo la candidata al momento de la vista pública del 22 de abril. También defendió el antecedente de que ella ya fue candidata en 2015. “Perdí la elección, pero ya participé como candidata a la Presidencia”, recordó.

Contenido relacionado

> Crece rechazo a intento de Sandra Torres de censurar a elPeriódico

> TSE habilitará 2 mil 932 centros de votación para las elecciones

> Sandra Jovel no quiso cooperar con el TSE sobre el voto en Estados Unidos

Le puede interesar

Edwin Escobar: Apuesta por alcaldías para impulsar proyectos

De esa cuenta, Escobar queda ahora sin ese requisito para estar inscrito en el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

El trámite del amparo solicitado por Escobar debe seguir su trámite en el Juzgado Noveno de Primera Instancia Civil, el cual fue asignado por sorteo por el Centro de Servicios Auxiliares para la Administración de Justicia del Ramo Civil, luego de que la jueza escuintleca remitió el expediente a la capital, por razón de territorio.

Al Juzgado Noveno la CC le ordena “reconducir las actuaciones por la vía adecuada” y le dio 48 horas después de ser notificado para que pidiera los antecedentes del caso a fin de resolver.

Escobar reclamó en el amparo que la Contraloría hizo una “negativa verbal” cuando él fue a solicitar el documento, como legalmente como constancia transitoria de inexistencia de reclamación de cargos.

La Corte también ordena a la Supervisión de General de Tribunales del Organismo Judicial investigar a la jueza, la denuncie ante la Junta de Disciplina Judicial para que sea sancionada y exponga este caso al Ministerio Público (MP) para que haga lo propio contra la juzgadora.

Lea más: Cómo el tiempo es un reto importante en esta recta final hacia las elecciones

“No pasa desapercibido a esta Corte que en reiterados casos -Arana González- ha actuado en contravención directa a las disposiciones de carácter procesal sobre temas de jurisdicción y competencia regulan la Ley de Amparo y el auto acordado 1-2013 de la CC”, amonestaron los magistrados.

El fallo fue firmado por los magistrados titulares Bonerge Mejía, Gloria Porras, José Francisco de Mata Vela, Neftaly Aldana y Dina Ochoa.

Así, Escobar se suma a Zury Ríos, Mauricio Radford y Thelma Aldana, cuyas candidaturas aún tienen pendientes de resolución en este mismo tribunal para contender en los comicios del 16 de junio.

“Aún tengo finiquito”

Escobar manifestó que es falso que la Corte haya revocado su finiquito, por lo tanto su inscripción sigue vigente.

“Es falso decir que se ha revocado el finiquito. La resolución de este ocurso de la Contraloría con el amparo de Escuintla es reconducir la vía de amparo con lo cual se mantiene los derechos constitucionales protegidos en esa medida interina, por lo cual se mantiene vigente el finiquito, así como mi inscripción”, señaló.

Añadió: “Desafortunadamente filtran esta información hoy para generar opinión y criterio equivocado porque en ningún momento -la CC- resuelve derogar el finiquito, simplemente reconduce la vía del amparo a la vía adecuada”.

El candidato considera que existe mala fe porque la resolución fue notificada el 2 de mayo y resulta que medios digitales empezaron a replicar la información falsa.

“La mala fe se da porque no hemos sido notificados, y creemos que la resolución salió del TSE, porque la magistrada María Eugenia Mijangos es la que andaba promoviendo que se revocara mi inscripción, porque ellos fueron notificados el 2 de mayo”, señaló Escobar.

Por el momento la magistrada Mijangos ya fue consultada, pero dará declaraciones más tarde.

Según Escobar, se está utilizando su caso para desviar la atención mediática que estaba acaparada por las actuaciones de Sandra Torres, candidata presidencial de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), contra elPeriódico.

La resolución

Contenido relacionado

> Crece el repudio al intento de Sandra Torres para acallar a elPeriódico

> Candidato de FCN se lleva a las madres al puerto (pero eso es ilegal)

> TSE rechaza la candidatura de Solórzano Foppa para ser alcalde capitalino

Lea más

Estos siete departamentos definirán a los ganadores de las elecciones

La resolución fue firmada el 2 de mayo.

El Registro había inscrito a Escribá Morales, pero se retractó el 3 de abril, por considerar que el legislador es tránsfuga y porque enfrenta una solicitud de retiro de inmunidad del Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).

Los argumentos contra el legislador fueron que los contratistas del Estado tienen impedimento para ejercer un cargo público y, por el hecho de estar antejuiciado, Escribá Morales no cumple con lo estipulado en el artículo 113 de la Constitución, sobre el derecho a optar a empleos o cargos públicos mediante méritos de capacidad, idoneidad y honradez.

No obstante, el legislador accionó mediante un recurso de nulidad, el cual los magistrados electorales resolvieron a su favor, con lo cual quedará inscrito para las elecciones del 16 de junio.

Escribá ganó la curul por el extinto partido Líder por Jutiapa en 2015, ahora integra el bloque Acción Ciudadana y busca ser reelegido por el Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación) en Quetzaltenango.

Lo del TSE y Escribá no causa extrañeza puesto que, según el dato más reciente, el pleno ha ordenado la inscripción de 28 de 32 tránsfugas, a quienes el Registro le dijo no, y aún hay casos pendientes de resolución.

No deje de leer: Estos son los siete magistrados de la CC que resolverán la inscripción de Thelma Aldana

Antejuiciado

El MP y la Cicig señalan a Escribá Morales de fraude y concusión, derivado del caso Construcción y Corrupción Fase 2, producto del cual el 26 de septiembre del 2018 pidieron el retiro de la inmunidad.

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) le dio trámite a la pesquisa el 10 de abril y nombró como juez pesquisidor a Harold Ortiz, que ya comenzó las pesquisas.

La solicitud fue ratificada este 6 de mayo ante Ortiz, presidente de la Sala Segunda de Apelaciones del ramo Penal.

El señalamiento refiere que Escribá Morales mantuvo vínculos con las empresas Montañas Nacionales, S.A. y Señalamiento Vial de Centroamérica, S.A., que obtuvieron contrataciones con el Ministerio de Comunicaciones por Q194.3 millones cuando el congresista era director de la Unidad de Conservación Vial (Covial) durante los gobiernos de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y el Partido Patriota (PP).

El fiscal Carlos Videz explicó que a puerta cerrada describió los indicios del caso Construcción y Corrupción fase dos con que cuenta la Fiscalía y salpican al diputado.

El legislador deberá comparecer al juzgado el 13 de mayo para presentar sus pruebas de descargo. En el Congreso el diputado ha evitado hablar al respecto de la acusación.

Contenido relacionado

> Partidos siguen pautando en redes sociales, aunque esté prohibido

> A quién aludió Neto Bran para defenderse de la multa por campaña anticipada

> TSE ya investiga a Jimmy Morales por la inauguración del libramiento de Chimaltenango

LE PODRÍA INTERESAR

TSE ha inscrito hasta ahora 34 mil candidatos de 50 mil que se esperaban

Esa dirección, además, tiene entre sus funciones “resguardar los documentos pertinentes a la función de empadronamiento a efecto de tener el archivo físico de la copia de las constancias de inscripción y que estas puedan digitalizarse para hacer eficiente su uso”.

Para resguardar esta información y documentos, el 2017 el TSE aprobó, mediante el acuerdo 49-2017, el protocolo de seguridad para el acceso de las áreas de la Dirección de Informática.

Esa unidad se encuentra en la zona 12 capitalina y en el documento se detalla cuáles áreas no restringidas, operativas y restringidas.

Lea más: TSE abre expediente contra Jimmy Morales por inauguración de libramiento de Chimaltenango

Además, contempla los procedimientos de ingreso de personas y de equipos, con los cuales se busca garantizar la seguridad de los datos de los ciudadanos que participarán en este proceso electoral.

Entre los controles que se implementan está registrar a todas las personas externas y hacer una revisión del equipo que llevan, con el objetivo de evitar que se vulnere la información.

Telecomunicaciones

Gustavo Castillo, jefe del Departamento de Informática del TSE, informó que conversan con la empresa que prestará el servicio de telecomunicaciones para hacer pruebas, debido a que serán unos tres mil 200 puntos de donde se trasladarán datos el día de los comicios.

Añadió que la semana antes de las votaciones harán dos o tres simulacros para hacer una prueba de estrés sobre las líneas que otorgue la empresa para evitar que no sean hackeadas y que se caiga al momento de enviar la información.

Contenido relacionado

> Estos también comieron gallina con crema y loroco en la mesa con Mario Estrada

> Qué dijo Neto Bran sobre Roberto Arzú para defenderse de la multa por campaña anticipada

> Mario Estrada tenía nueve policías asignados a su seguridad y Gobernación ni lo sabía

LEA TAMBIÉN

Ni “La Pirulina”, ni “El niño del tambor” serán candidatos a diputado, confirma MLP

Cabrera busca la presidencia y su compañero de fórmula es Neftalí López.

Luis Ramírez, vocero del órgano electoral, dijo que el procedimiento siguiente será la entrega de credenciales para el binomio del MLP.

El 31 de marzo, el TSE admitió para su trámite este recurso junto con otros dos, presentados por los partidos Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación) y Todos en contra de la candidatura presidencial de Edwin Escobar por el partido Prosperidad Ciudadana, estas últimas por supuestas irregularidades con las que Escobar habría obtenido su finiquito de la Contraloría.

Con la acción resuelta por los magistrados del TSE, el Registro de Ciudadanos le debe entregar las credenciales como candidatos a la presidencia y vicepresidencia del MLP, fecha que definirá este martes el partido.

Edvin Cabrera, comunicador del MLP, señaló que fueron notificados de la resolución el lunes por la tarde y que ya lo esperaban.

“Nosotros como partido sabíamos que ese recurso estaba fuera de tiempo y apegados a derecho esperábamos la inscripción de nuestra candidata”, precisó.

Lea también: US$10 mil en efectivo y US$15 millones para campaña, revelan nuevos detalles de reuniones entre Mario Estrada y falsos narcotraficantes

Debido a las impugnaciones presentadas a los binomios del MLP y de Prosperidad Ciudadana no se les han entregado las credenciales que los acredite como candidatos a la Presidencia.

Acciones parecidas

Una acción parecida fue la que presentaron en contra de la inscripción de Thelma Aldana, la candidata presidencial del partido Movimiento Semilla, y que al resolverlo los magistrados revocaron la inscripción.

En ese momento los que presentaron las acciones adujeron que el finiquito de Aldana ya no tenía vigencia y para tener certeza de lo denunciado los magistrados también pidieron información a la Corte de Constitucionalidad, Ministerio Público, Juzgado Primero de Primera Instancia Civil, Juzgado Décimo de Primera Instancia Penal y la Contraloría General de Cuentas.

Contenido relacionado

> Mauricio Radford ofrece educación y desarrollo regional

> Danilo Roca dice que “tenemos el derecho de estructurar nuestro futuro”

> “Los políticos son mañosos y mentirosos”, dice presidenciable Luis Velásquez

LEA ADEMÁS

Autoridades habilitan campamento de Sinaprese

La mayoría de ellos, 17 mil 809, solicitaron información en los 14 campamentos y siete puestos de control instalados en puntos estratégicos con destino a los diferentes centros turísticos y las playas, detalló esa entidad.

La institución de socorro registra hasta este sábado cinco personas ahogadas y 148 heridas por diferentes causas, 48 hospitalizadas y 74 extraviadas, la mayoría niños, que fueron localizados y entregados a sus familiares.

En el Sinaprese, que estará activo hasta el lunes próximo, participan más de 91 mil personas, entre agentes de la Policía Nacional Civil, el Ejército, médicos, enfermeros, salvavidas y voluntarios.

También lea: Tradición y fe de Semana Santa en Guatemala se transmiten entre generaciones

La Conred tiene previsto dar el informe final sobre los sucesos registrados durante la Semana Mayor el próximo lunes.

Mientras que el vocero de la Policía Nacional Civil (PNC), Pablo Castillo, explicó que las fuerzas de seguridad arrestaron a 411 personas por el delito de responsabilidad de conductores, es decir, por manejar vehículos bajos efectos de licor.

Al menos 35 personas han muerto durante el descanso de la Semana Santa en el país, según las estadísticas preliminares reveladas este sábado por las autoridades, de las cuales 29 fueron por accidentes de tránsito y que han dejado 190 heridos. Además, de seis personas ahogadas en los diferentes balnearios.

Lee además: Piden a turistas seguir estas recomendaciones durante su estancia en Antigua Guatemala por Semana Santa

Castillo dijo que los más de 42 mil agentes que tiene la institución desplegados continúan con las patrullas, tanto en playas como en carreteras, para garantizar la seguridad de todos los veraneantes.

El director general de la PNC, Carlos Tohom, supervisó este sábado los puestos de control y registros instalados en la carretera que de Guatemala conduce a El Salvador como parte de las medidas de prevención por la Semana Mayor.

Contenido relacionado

>Parque Nacional Yaxhá, una belleza para disfrutar en Petén

>Turba saboteó subestación del Inde en Coatepeque y dejó sin energía eléctrica a siete municipios durante tres horas

>Muerte de peces y crustáceos causa controversia por posible envenenamiento

Lea más

Estos son los nombres que están en pugna por lograr el exilio dorado del Parlacén

El equipo de la UCN no ha respondido a las llamadas de Prensa Libre y Guatevisión para obtener una postura al respecto.

Junto a Estrada fue detenido Juan Pablo González Mayorga. Ambos enfrentan cargos de conspiración para importar cocaína a los Estados Unidos y conspiración para usar y transportar ametralladoras. Si los dos son declarados culpables podrían enfrentar una sentencia mínima obligatoria de 10 años de prisión y una pena máxima de cadena perpetua.

Según una nota del Departamento de Justicia, el fiscal de Manhattan, Geoffrey S. Berman, dijo: “Como se dijo, Estrada y González conspiraron para solicitar dinero del Cartel de Sinaloa para financiar un plan corrupto para elegir al presidente de Guatemala. A cambio, los dos supuestamente prometieron ayudar al cartel a utilizar los puertos y aeropuertos guatemaltecos para exportar toneladas de cocaína a los Estados Unidos. Además, como se alega, Estrada y González intentaron organizar los asesinatos de rivales políticos. Gracias a la DEA, Estrada no tiene posibilidades de ser elegido en Guatemala, pero él y González enfrentan la justicia en los Estados Unidos “.

La nota oficial cita al agente especial de la DEA, Adolphus P. Wright, quien dijo: “La División de Campo de la DEA en Miami está muy contenta con los arrestos de Mario Estrada Orellana y Juan González Mayorga. La acción de hoy es el resultado directo de la fuerte asociación con nuestros homólogos guatemaltecos. Junto con nuestros socios internacionales encargados de hacer cumplir la ley, continuaremos nuestros esfuerzos para evitar que el tráfico de drogas ilegales corrompa los sistemas políticos justos de nuestros vecinos de América Central y América del Sur, ya que también nos esforzamos por evitar que esa actividad dañe a los Estados Unidos.

Compartí con varias familias de Camotán, Chiquimula donde existe mucha pobreza; problemas de desnutrición y agua potable; serán de los primeros que me comprometo a apoyar y trabajar. #ComidaSeguridadTrabajo pic.twitter.com/Bdjw6rkZPp

— Mario Estrada (@MarioEstradaO) April 17, 2019

Estrada había recibido credencial como candidato presidencial el 15 de febrero último y contaba con inmunidad en Guatemala.

La investigación contra Estrada data desde diciembre de 2018.

“La DEA ha estado investigando a varias personas (la Conspiración de Estrada) que intentaron solicitar fondos a los carteles internacionales de la droga para apoyar la campaña presidencial de Estrada (la Campaña de Estrada). Durante algunas de estas negociaciones, miembros de la Conspiración de Estrada, entre ellos Estrada y González interactuaron con supuestos miembros y asociados del cartel de Sinaloa, una poderosa organización internacional de narcotráfico con sede en México, que de hecho eran fuentes confidenciales, actuando bajo la dirección de la DEA”, agrega la comunicación oficial.

Las autoridades estadounidenses cuentan con video y audio de reuniones y demás comunicaciones donde Estrada y González “solicitaron millones de dólares en ingresos por drogas del cartel de Sinaloa para apoyar la campaña”, revela el Departamento de Justicia.

A cambio del apoyo financiero del Cartel de Sinaloa, agrega, Estrada y Gónzalez “acordaron que si Estrada fuera elegido presidente de Guatemala, brindaría apoyo patrocinado por el Estado de Guatemala a las actividades de tráfico de drogas del cartel de Sinaloa. Entre otras cosas, acordaron proporcionar acceso sin restricciones a los aeropuertos y a los lugares de envío marítimo para que el cartel pueda transportar toneladas de cocaína a través de Guatemala y, finalmente, a los Estados Unidos”.

Matar a rivales

El candidato de UCN, según la pesquisa, ofreció nombrar a miembros del cartel de Sinaloa para cargos de alto rango en Guatemala para facilitar las actividades de tráfico de drogas.

Otro señalamiento grave, basado en informantes, es que Estrada y González ordenaron contratar sicarios para asesinar a sus rivales políticos para garantizarse una victoria, pero no se menciona a qué contendientes habría puesto en la mira. “Identificaron objetivos específicos por nombre y acordaron proporcionar armas de fuego a los sicarios, incluidos los AK-47, para llevar a cabo los asesinatos”, dice la acusación.

Reuniones en Florida y Guatemala

El 14 de febrero de 2019, González se reunió con otro informante y un oficial encubierto en un almacén de la DEA en Florida. Esa reunión fue grabada en audio y video.

Durante la reunión, el informante y el agente encubierto también mostraron a González aproximadamente US$5 millones en supuestas ganancias de medicamentos para la campaña Estrada.

El 27 de febrero Estrada se reunió con los dos informantes en un yate encubierto de la DEA en las cercanías de Miami. Este encuentro también fue grabado en audio y video.

Por aparte el 4 de marzo pasado, Estrada se reunió con otra persona y el informante en la oficina de Estrada en las cercanías de la capital. Ahí l candidato dijo que necesitaba con urgencia fondos del cartel de Sinaloa para pagar sus gastos.

Estrada y los informantes discutieron cómo podrían entregar el dinero del cartel. Estrada sugirió que usaran un yate para transportar el dinero, Luego sacó un mapa y demostró cómo el yate podía viajar desde Miami, a través de Cuba, antes de llegar a Guatemala.

El informante cuestionó si la Policía detectaría el yate, y Estrada respondió que esos riesgos estaban mitigados por el hecho de que el yate era de lujo, enarbola la bandera estadounidense y es navegada por ciudadanos norteamericanos.

Estrada explicó además que podría ser más fácil comprar un yate que pagar las tarifas de transporte que habían estado discutiendo.

El 5 de marzo, Estrada se reunió nuevamente con los informantes en la oficina del candidato. Estrada declaró, en sustancia y en parte, que estaba organizando la participación de otro equipo para llevar el saldo del dinero del cartel de Sinaloa a Guatemala porque él se había quedado sin dinero y su campaña se había estancado.

También declaró que estaba trabajando por separado con un narcotraficante con sede en Guatemala, cuyo nombre no se ha hecho público, que también apoyaba la candidatura de Estrada a la Presidencia. Estrada también le dijo a uno de los informantes que escuchó que las personas de otro cartel de la droga también querían proporcionar fondos.

Berman elogió los esfuerzos sobresalientes de las oficinas de la DEA en de Miami y en Guatemala, así como la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Este caso está siendo manejado por la Unidad de Terrorismo y Narcóticos Internacionales de la Oficina. Los fiscales a cargo serán Mathew Laroche y Jason A. Richman.

“Los cargos contenidos en la demanda son meramente alegatos, y los acusados ​​se consideran inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad”, finaliza la nota oficial.

Velásquez reacciona

Iván Velásquez, comisionado Internacional contra la Impunidad en Guatemala, en cuya gestión hubo investigaciones sobre financiamiento electoral ilícito, al cual llamó el pecado original de la democracia guatemalteca, y por el cual junto al Ministerio Público presentó acusaciones contra la UNE, FCN-Nación, Líder y Encuentro por Guatemala, Todos y PAN, se refirió a caso en Twitter: “Alguien se atreverá a decir que la captura en Miami del candidato presidencial de UCN por solicitar financiamiento electoral ilícito, constituye una injerencia indebida en el proceso electoral guatemalteco?

A propósito de la mención “injerencia indebida”, Luis Almagro, jefe de la Organización de Estados Americanos, y el presidente Jimmy Morales han criticado el papel que la comisión ha tenido con el Tribunal Supremo, con quien firmó un convenio de cooperación en agosto de 2018.

Alguien se atreverá a decir que la captura en Miami del candidato presidencial de UCN por solicitar financiamiento electoral ilícito, constituye una injerencia indebida en el proceso electoral guatemalteco?

— Iván Velásquez Gómez (@Ivan_Velasquez_) April 17, 2019

Contenido relacionado

> Alfonso Portillo queda fuera de contienda para llegar al Congreso

> Roberto Arzú, el primer candidato sanciondo por el TSE

> Personas en prisión preventiva tienen derecho de votar, pero no podrán

LEA TAMBIÉN

Campaña política inédita

El cierre del empadronamiento también aplicó para los guatemaltecos que residen en Estados Unidos, quienes debían inscribirse a través de una aplicación en los teléfonos inteligentes. Ellos solo votarán por presidente y vicepresidente.

Hasta el cierre del plazo, según informó el TSE en conferencia la noche de este domingo 17 de marzo, 2 mil migrantes guatemaltecos se habían empadronado a través de la app. A ellos se suman cerca de 60 mil que ya estaban empadronados, antes de haber viajado a EE. UU.

Corren para empadronarse

“Los guatemaltecos dejan todo a última hora”, se suele decir, y es lo que exactamente sucedió en el último día para empadronarse, ya que en varias delegaciones y subdelegaciones del Tribunal Supremo Electoral (TSE) hubo masiva asistencia de ciudadanos que buscaban registrase.

El presidente del TSE, Mario Aguilar Elizardi, indicó que tiene reportes de que en varios departamentos hay gran afluencia de personas.

“Existe afluencia de personas a esta hora en todo el territorio nacional. Alta Verapaz, Chimaltenango El Progreso, Jalapa, Sololá, Suchitepéquez, Totonicapán es masiva la afluencia, a excepción de Santa Lucía La Reforma, Totonicapán, que reporta que es moderada, mientras que en la zona 2 hubo poca participación”, señaló el presidente del TSE.

Aguilar Elizardi añadió que no se habían registrado incidentes por esa actividad  hasta ese momento.

En 2015 el TSE reportó que el padrón electoral estaba conformado por 7 millones 556 mil 873 guatemaltecos, por lo que el crecimiento para 2019 fue de aproximadamente 5.24%

Candidatos corren

Lo mismo sucedió en el Registro de Ciudadanos, donde los candidatos corrieron para entregar su papelería. A las 21 horas se presentó la papelería de Thelma Cabrera y Neftalí López, candidatos a la presidencia y vicepresidencia del Movimiento de Liberación de los Pueblos (MLP).

El último candidato en presentar su formulario de solicitud de inscripción fue el presidenciable del partido Prosperidad Ciudadana, Edwin Escobar, quien será acompañado por Blanca Alfaro, y cuya papelería ingresó a las 22 horas. En total son 24 candidatos (postulados por 25 partidos) los que solicitaron su inscripción para optar por la presidencia de la República.

A las 20 horas se registraron 10 mil 853 candidatos inscritos. Sin embargo, se han entregado dos mil 338 formularios de los cuales 1905 son de corporaciones municipales el resto de los binomios y diputaciones tanto del Congreso como del Parlamento Centroamericano.

Candidatos inscritos

• Convergencia

Benito Morales

• Compromiso renovación y Orden

Julio Héctor Estrada

• Encuentro por Guatemala

Manfredo Marroquín

• Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación)

Estuardo Galdámez

• Partido Productividad y Trabajo

José Luis Chea Urruela

• Todos

Fredy Cabrera

• Unión del Cambio Nacional

Mario Estrada

• Unidad Nacional de la Esperanza

Sandra Torres

• Unidos

Luis Velásquez

• Partido Unionista

Pablo Duarte

• Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca

Pablo Ceto

• Vamos

Alejandro Giammattei

• Victoria

Amilcar Rivera

• Visión con Valores

Isaac Farchi

• Winaq

Manuel Villacorta

Pendientes de avalar o no su inscripción

• Avanza

Danilo Roca

• Libre

Aníbal García

• Movimiento para la Liberación de los Pueblos

Thelma Cabrera

• Partido de Avanzada Nacional y Podemos

Roberto Arzú

• Partido Humanista

Edmond Mulet

• Prosperidad Ciudadana

Edwin Escobar

• Semilla

Thelma Aldana

Pendientes de acciones legales

• Fuerza

Mauricio radford

• Valor

Zury Ríos

Contenido relacionado

>¿En realidad hay tardanzas con la entrega de finiquitos para aspirantes a las elecciones?

>Elecciones en Guatemala: dónde votar, cómo es el proceso electoral y otras preguntas frecuentes

>Ni “La Pirulina”, ni “El niño del tambor” serán candidatos a diputado, confirma MLP

Lea más

Jonathan Harry Chévez es captado cuando entrega dinero a un guardia de Presidios

Tuvo origen en otro caso, conocido como Traficantes de influencias, donde se investigan gestiones al margen de la ley para que empresas recibieran el crédito fiscal.

Dos empresas, Ingeniería Integral y Grupo Empresarial San Felipe, canalizaron Q19.5 millones al partido, los cuales no fueron reportados al Tribunal Supremo Electoral en 2015. La segunda empresa mencionada está vinculada con la familia Leal, contra la cual hay tres órdenes de captura que no pudieron concretarse esta mañana.

Según Sandoval, el partido UNE reportó Q48 millones como gasto de campaña en 2015, pero se pudo determinar que aquellos Q19.5 millones no fueron reportados. El techo de gasto establecido por el órgano electoral fue de Q60 millones.

A través de 13 allanamientos en el departamento de Guatemala, Cobán, Alta Verapaz, y Nebaj, Quiché, la Fiscalía y la Policía Nacional Civil (PNC) capturaron a cuatro personas.

Tres fueron capturados en la capital.

El primero fue Gustavo Alejos, secretario privado de la Presidencia durante el gobierno de Álvaro Colom, quien ha estado implicado en otros casos, como Transurbano, Cooptación del Estado y Negociantes de la salud. En en rueda de prensa dijo que desconoce de qué se le acusa, no obstante, reprochó que haya sido citado al juzgado y a él lo capturaron.

El MP le atribuye los delitos de asociación ilícita y financiamiento electoral no registrado.

Otro detenido es Víctor de Jesús Duarte Mendoza, exdirector de la Unidad de Desarrollo de Vivienda Popular (Udevipo), del Ministerio de Comunicaciones. Él ya enfrentaba un proceso por un proyecto agua y saneamiento que no se terminó. Así como Alejos, Duarte expresó que desconoce por qué lo detuvieron. La sindicación girará en torno a los delitos de asociación ilícita y financiamient electoral no registrado.

Recordamos: Colom señala que Rafael Espada buscó zafarse del proceso Transurbano

El tercer capturado fue Juan Pablo García Castro, por sospechas de asociación ilícita, financiamiento electoral no registrado y perjurio.

El Juzgado Décimo de Primera Instancia Penal le notificó el motivo de su detención a los tres, dictó la prisión provisional y los envió a Mariscal Zavala.

El exdiputado Guillermo Alejandro Sierra fue detenido en Cobán por cargos de financiamiento electoral ilícito y asociación ilícita.

Recomendamos leer: Candidatos llevan tres o cuatro intentos, ¿la Presidencia es una obsesión?

Pendientes de arresto

Hay ocho personas con orden de arresto.

Mario Leal Castillo, exvicepresidenciable de la UNE en 2015, es buscado por asociación ilícita, financiamiento electoral ilícito y financiamiento electoral no registrado, y Mario Leal Pivaral, por financiamiento electoral no registrado. Ambos están implicados en el caso Traficantes de influencias.

Los otros cuatro sospechosos son Rodrigo Leal, por financiamiento electoral no registrado; Luis Fernando Pérez Vargas, por asociación ilícita financiamiento electoral no registrado y lavado; Susana Castellanos González, financiamiento electoral no registrado y defraudación tributaria; Maynor Feizal Zimeri Corado, por asociación ilícita y financiamiento electoral no registrado.

Los últimos dos involucrados son los exdiputados prófugos Julio César López Villatoro, por asociación ilícita y financiamiento electoral no registrado, y Carlos López Girón, por asociación ilícita y financiamiento electoral no registrado. Además de este caso,ambos están implicados en la autorización de plazas fantasma en el Congreso. para obtener un beneficio económico.

Con inmunidad

La investigación abarca a otras siete personas, contra quienes el tratamiento es diferente por gozar de derecho de antejuicio.

Sandra Torres, candidata presidencial; los diputados Karina Paz, Jairo Flores, Julio César Ixcamey y Jorge Vargas Morales, así como dos alcaldes, Pedro Raymundo Cobo, de Nebaj, y Ángel Guarcas, de Chiché, Quiché.

A estas siete personas se les atribuye por igual el delito de financiamiento electoral no registrado, pero a algunas se le agregan otros. Torres, Flores e Ixcamey tienen además sospechas en contra por el delito de asociación ilícita.

Citados

Ante el Juzgado Décimo serán citadas siete personas: Antonio Juan Cristiani Burkard, Per Michael Erichsen Rydhager, Héctor Rafael Leal Valdés, Nelson Alexis García Morales y Edín Alberto Álvarez Pérez, por financiamiento electoral no registrado;  Héctor Ricardo Quan Serrano y Enrique Sánchez Hernández, por defraudación tributaria.

El primer caso

En 2017, el MP y la Cicig plantearon un caso contra la UNE relacionado con financiamiento electoral ilícito -delito al que se le agregaron en 2018 las figuras de financiamiento electoral anónimo y no registrado- durante la campaña de 2015 y por lo cual el diputado Orlando Blanco fue despojado de inmunidad, pero posteriormente el juez Mynor Moto le decretó falta de mérito.

El partido usó horas de vuelo con Helicópteros de Guatemala, S.A., pero la investigación determinó que las empresas Maariv, S.A. -Q583 mil 730.01- y Bienno, S.A. -1 millón 332 mil 875.05- no pagaron por ese servicio, como hizo ver ese partido político por concepto de donaciones.

De hecho Bienno devolvió las facturas a Helicópteros de Guatemala y Maariv no tuvo actividad comercial entre mayo y octubre de 2015, cuando se hicieron los vuelos y la UNE reportó las contribuciones.

En cambio, la SAT determinó que quienes pagaron el dinero a Helicópteros de Guatemala fueron Jack David y Estuardo Vargas Nuñez, pero no fueron reportados como aportes de financistas sino que recayó en el rubro de aportes anónimos.

Los helicópteros fueron utilizados por Sandra Torres, presidenciable, y Carlos Barreda y Orlando Blanco, candidatos a diputados, entre otros.

Todos los involucrados

Esta es la presentación que hizo pública el MP y la Cicig.

Contenido relacionado

>Piden antejuicio contra presidenciable de Fuerza, Mauricio Radford y cuatro alcaldes

>Designan juzgados para controlar investigación por financiamiento ilícito a partidos políticos

>Capturan a diputado Conrado García por caso de lavado

Lea más

Préstamo para proyecto Crecer Sano tiene una última oportunidad para ser aprobado

García perdió la inmunidad el 11 de enero de 2017 por un caso de transacciones sospechosas o sin fundamento mediante siete cheques.

De acuerdo con las fuentes, el legislador tenía orden de captura por el delito de lavado de dinero. Además, existía una denuncia en la Fiscalía de Delitos Electorales de los vecinos de Quetzaltenango contra el legislador por ser contratista del Estado.

El caso está en reserva judicial por lo que la Fiscalía evitó aportar información del caso.

Lea más: Qué contiene una iniciativa para regular las tarjetas de crédito, servicio que maneja Q15 mil millones

Al llegar a tribunales, García Hidalgo cuestionó que la captura fuera ahora, durante el proceso electoral, cuando desde hace dos años había sido despojado de su inmunidad.

Agregó que hay un trasfondo en su caso, porque es secretario de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, y dio su firma para el dictamen a las reformas a la Ley de Reconciliación Nacional, que adversan la ONU y víctimas del conflicto armado porque cesaría la persecución penal para implicados en violaciones a dererechos humanos.

También enfatizó que es un diputado de oposición. “Me querían ver enchachado”, dijo, respecto a la persecución penal en su contra.

Se queda en Tribunales

En el Juzgado Séptimo Penal, a cargo de Fredy Orellana, solo se le hizo saber el motivo de detención de manera escrita por la tarde. Después fue retirado aunque el legislador se quedó en una carceleta en el sótano de la Torre de Tribunales a la espera de la audiencia de primera declaración.

Trayectoria

José Conrado García Hidalgo ha participado en política desde 1996, cuando fue secretario del desaparecido Acción Reconciliadora Democrática (Arde) y en 1999 fue fiscal (representante de partido ante el Tribunal Supremo Electoral durante el proceso electoral) por ese partido. También fue candidato a diputado.

Ganó una curul por la Gran Alianza Nacional en la legislatura 2004-2008. En 2005, fue jefe de bancada del Movimiento Reformador, una de las tres organizaciones que integraban la Alianza.

Fue elegido en 2015 por el extinto partido Líder (Libertad Democrática Renovada) por el distrito de Quetzaltenango y desde que el partido fue cancelado en julio de 2016 por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) es independiente.

Entérese: La traición que hizo fracasar un intento por revivir el transfuguismo

Contra la CC

El pasado 13 de noviembre, García Hidalgo confirmó que en el Congreso se trabaja en una iniciativa de ley para convocar a una consulta popular con el fin de que la población decida si quiere disolver a la Corte de Constitucionalidad (CC).

“Creo que es correcto y no estoy de acuerdo —con la CC—. Pongo un ejemplo hace un año la CC legisló de que los jueces no podían darle pena de muerte a los asesinos. Imagínese”, afirmó el congresista.

Lea más: Maga dio 599 cupones de ayuda a personas fallecidas, según la Contraloría

En ese momento, señaló que si los magistrados de la CC quieren legislar deberían proponerse y ser electos como diputados al Congreso y señaló que la Corte “se ha venido degenerando en un cuarto poder que absorbe a todos”.

“Le quitó una Junta Directiva a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), al Congreso le bajó la Junta Directiva. Entonces no. El pueblo tiene que elegir si quiere que exista una Corte con esas atribuciones y que nadie le diga nada o que se haga una consulta popular y que pase como era antes una sala que vea lo constitucional dentro de la CSJ”, explicó el parlamentario.

Agregó que a su criterio una iniciativa de esta naturaleza sería conveniente discutirla porque para él las atribuciones que tiene la CC ya “se ha sido de las manos”.
Según él, por lo menos 50 diputados apoyan esa iniciativa.

Contenido relacionado

> La breve jefatura de Vilma Perdomo en la Unidad de Métodos Especiales

> Cómo fue, según el juez Pablo Xitumul, la agresión de un inspector de la PNC

Lea más: El año en que el Congreso privilegió sus intereses, costó Q2 millones diarios

Lea también

TSE habilita libros a los partidos para registrar a sus financistas

“Como Ministerio Público, estamos conscientes de la importancia que para el país tiene el próximo ejercicio ciudadano traducido en las elecciones generales y es por ello que en el marco de nuestras competencias constitucionales hemos desarrollado el Plan de Acción del Ministerio Público para las Elecciones Generales 2019, con lo que reafirmamos nuestro compromiso con la ciudadanía por velar con que se cumpla con la ley, para resguardar la pureza y legalidad del proceso electoral desde las facultades que le confiere la Constitución”, dijo Porras.

Recordamos: Cancillería pide al TSE que “tome las medidas convenientes” sobre la Cicig

El proyecto contempla garantizar y optimizar el acceso a la denuncia de delitos electorales a todos los habitantes, contará con personal capacitado en esa materia en las oficinas de Atención Permanente del Ministerio Público y se pone a disposición de la dirección de correo electrónico delitoseslectorales@mp.gob.gt y la aplicación Reportes MP (para descargas en Android, haga clic aquí). El día de las elecciones se habilitará un centro de atención de llamadas telefónicas para recibir denuncias.

Lea más: TSE denuncia al partido Todos por delitos electorales

“Para el efectivo ejercicio de la acción penal de los delitos electorales o cualquier ilícito que pueda suscitarse, los trabajadores de las fiscalías a nivel nacional, de la Dirección de Investigación Criminal y demás personal de apoyo técnico y administrativo, deberán establecer un sistema de turnos para el proceso electoral en primera y en su caso, segunda vuelta”, refirieron las autoridades.

La guía fiscal del Plan Operativo del MP, así como el material didáctico para fiscales, establece lineamientos concretos, claros y concisos, para que el fiscal actúe dentro de las facultades y atribuciones que la ley le otorga en el ámbito penal electoral.

“La coordinación interinstitucional con el Ministerio de Educación, permitirá la formación de niñas y niños, adolescentes y jóvenes en tan importante tema como lo son los delitos electorales, siendo un aporte para que obtengan los conocimientos necesarios para si desarrollo dentro de la sociedad.

Por si no lo vio: Partido Valor inicia la batalla jurídica para lograr la inscripción de Zury Ríos

Durante el proceso electoral, las fiscalías de distrito, municipales, agencias fiscales ubicadas en municipios y la Dirección de Investigaciones Criminalísticas, conformarán grupos de apoyo a la Fiscalía contra Delitos Electorales, para atender las denuncias, así como realizar las diligencias primarias y urgentes de los casos.

El referido Plan de Acción contiene:

• Instrucción General para la aplicación del Plan Operativo del MP.
• Plan Operativo del MP.
• Guía Fiscal del Plan Operativo del MP.
• Material Didáctico de Delitos Electorales.
• Formación y capacitación de los fiscales del MP
• Formación a nivel primaria y secundaria a través del Ministerio de Educación

Firman convenio con la USAC

#AHORA | Murphy Paiz, rector de la USAC, firma una carta de entendimiento con el Tribunal Supremo Electoral para apoyar en la #DecisiónLibre2019. pic.twitter.com/vHKSp06Wno

— Prensa Libre (@prensa_libre) February 4, 2019

Las autoridades del TSE y la Universidad de San Carlos de Guatemala firmaron una carta de entendimiento para que está última aporte al menos cinco mil estudiantes para hacer voluntariado, observatorio y ejercicio profesional supervisado.

El presidente del TSE, Mario Aguilar Elizardi dijo que como autoridad en materia electoral y en conformidad con la Ley se firma una carta de entendimiento que radica las bases para implementar el voluntariado electoral, el observatorio democrático y una catidad de estudiantes para puedan realizar su EPS.

Lea además: Partidos políticos buscan modificar tiempos y distribución de pauta electoral

Ambas instituciones adquieren en resumen los compromisos siguientes:

Por un lado, el TSE brindará asesoría técnica a los formadores de voluntariado electoral, observador democrático y estudiantes que realicen el EPS.

Facilitar el acceso a las fuentes de información

Por su parte la Usac contribuirá en la planificación y ejecución de programas para capacitar el recurso humano que participaran en el proceso electoral, además integrará el equipo de observaciones electorales.

El rector de la Usac, Murphy Paiz indicó que la Universidad lleva tres procesos en los cuales ha entregado su aporte y que ha acompañado y respaldado a su país.

“Los estudiantes han contribuido en crecer la democracia y dar formación cívica. el observatorio  y voluntariado trabajarán para entregar un plan estratégico y poder compartir con personas de talento un taller a finales de febrero para poder consolidar algunas líneas estratégicas”, refirió Paiz.

Contenido relacionado

> ¿Los partidos están disfrazando la propanganda como proselitismo?

> Qué políticos tendrían prohibición para postularse en las elecciones (como Portillo)

> Los partidos no podrán hacer campaña a través de redes sociales

LE PUEDE INTERESAR:

Las razones por las que Zury Ríos no puede se inscrita como candidata, según el Departamento de Organizaciones Políticas

“Esto lo vamos a impugnar porque nos parece una resolución aberrante, consideramos que el director del Registro de Ciudadanos siendo abogado no ha podido comprender que esa prohibición se refiere al plazo que gobierna alguien y que sus parientes no deben extender su poder para evitar las dinastías para poder permitir un ejercicio electoral en igualdad de condiciones”, expresó Molina Barreto.

Después del rechazo de su inscripción, este es el proceso legal que el partido Valores debe seguir según la Ley Electoral y de Partidos Políticos.

• Recurso de Nulidad (Artículo 246): “Del recurso de nulidad. Contra todo acto y resolución del proceso electoral procede el recurso de nulidad, el cual debe ser interpuesto dentro de los tres días hábiles siguientes a la última notificación ante la autoridad que la haya motivado y será resuelto por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), dentro del plazo de tres días luego de ser recibido”.
• Plazos establecidos (Artículo 247): “La resolución del recurso de nulidad debe ser dictada dentro del plazo establecido en el artículo anterior, bajo apercibimiento que en caso de incumplimiento se inicie proceso penal a quien resulte responsable. Las notificaciones de las resoluciones que se dicten deberán realizarse en un plazo de dos días, bajo apercibimiento de que en caso de incumplimiento se inicie proceso de destitución de quien resulte responsable”.
• Amparo (Artículo 248): “El amparo procede contra las resoluciones definitivas del Tribunal Supremo Electoral, siempre que se haya agotado el recurso de nulidad”.
• Competencias (Artículo 249): “El Tribunal Supremo Electoral es el órgano competente para conocer y resolver los recursos de nulidad. La Corte Suprema de Justicia es el órgano competente para conocer y resolver el amparo”.
• Legitimación (Artículo 250) Dentro del proceso electoral, sólo las partes debidamente acreditadas en cada caso o sus legítimos representantes, pueden interponer los recursos establecidos en este capítulo. Los fiscales nacionales y los secretarios y fiscales departamentales de los partidos políticos y comités cívicos electorales, podrán interponer los recursos de revisión y nulidad, dentro del ámbito de su competencia.”

Lea también: Iglesia Católica pide transparencia y no manipular votos en las próximas elecciones 

Zury Ríos sí fue inscrita y participó como candidata presidencial en las elecciones de 2015, sin embargo, su participación fue permitida por un amparo de la Corte Suprema de Justicia que obligó a su inscripción ante el TSE y aunque la acción llegó hasta la Corte de Constitucionalidad, esta solo resolvió un amparo provisional que en mayo de 2017 dejó sin materia, luego que Ríos Sosa ya había participado y no había ganado las elecciones, por lo tanto, no sentó ningún precedente.

El artículo 186 de la Constitución establece varios supuestos que inhabilitan a las personas a postularse a la presidencia. El inciso A prohíbe que quienes tomen acción en un golpe de Estado o revolución armada que altere el orden constitucional, puedan optar a la presidencia. A su vez, prohíbe a quienes hayan asumido la jefatura de gobierno como consecuencia de tales acciones asumir la presidencia. Acá está la figura de Efraín Ríos Montt, padre de Zury Ríos, quien asumió la jefatura de gobierno después del golpe de Estado a Romeo Lucas García, en 1982.

“Decisión incorrecta”

Luis Rosales, abogado de la agrupación Valor, dijo que, a su criterio, el Registro de Ciudadanos ha cometido “un error de interpretación legal que no entendemos por qué es tan reiterativo”.

“la interpretación correcta del artículo 183 la dicta la propia Corte de Constitucionalidad (…) que establece que esa prohibición sólo aplica para el tiempo en que el pariente esté en el ejercicio del poder, lo cual esto no le aplica a la licenciada Ríos como no le aplicó en el año 2015″, agregó.

Además:_El TSE mantendrá vigente el acuerdo de cooperación con la Cicig

Respecto del próximo paso que debe dar la agrupación, Rosales confirma que es el recurso de nulidad, “que está normado dentro de los pasos que se dan en el proceso electoral, para lo cual tenemos tres días para promoverlo. Este se interpone ante el Registro de Ciudadanos pero lo resuelve el Tribunal Supremo Electoral”.

“Por increíblemente incorrecta que nos parezca esa resolución y muy pobremente justificada, la verdad es que está dictada ya y lo que corresponde es la impugnación”, enfatizó el abogado.

Contenido relacionado

> Pesquisidora para magistrados de la CC suspende actuaciones

> MP investiga posible desobediencia de resoluciones dictadas por la CC

> TSE analiza la posibilidad de reorganizar la pauta electoral

Lea además: Vea cuáles son las fechas clave de este proceso electoral

A esta fiesta cívica están convocados más de siete millones de ciudadanos empadronados para que elijan más de cuatro mil funcionarios, entre binomio presidencial, diputados por Listado Nacional, por distrito electoral y al Parlamentro Centroamericano, así como corporaciones municipales.

Le puede interesar: 40 respuestas a preguntas sobre el proceso electoral

LE PUEDE INTERESAR:

Esta es la petición de la Iglesia Católica de cara a los comicios

Las reformas a la Ley Electoral del 2016 cambiaron el proceso. La primera vuelta ya no será en septiembre sino en 16 de junio y la segunda vuelta pasó de octubre al 11 de agosto.

En esta misma fecha se podrán repetir las elecciones en los lugares donde el voto nulo haya tenido incidencia.

Contenido relacionado

> Elecciones en América Latina: ¿qué está en juego en los seis comicios presidenciales que habrá en la región en 2019, incluida Guatemala?

> Jimmy Morales insiste en que elecciones deben ser libres y sin injerencia

> TSE revela nombres de personas inhabilitadas para las elecciones del próximo año

Contenido relacionado

> Elecciones en América Latina: ¿qué está en juego en los seis comicios presidenciales que habrá en la región en 2019, incluida Guatemala?

> Iglesia Católica pide transparencia y no manipular votos en las próximas elecciones 

> Seis fechas sobre las elecciones 2019 que debe saber

LEA ADEMÁS

Moody's advierte impacto negativo por expulsión de la Cicig

Datos obtenidos indican que el Legislativo paga Q44 mil 890.95 al mes por un auxiliar de oficina, un asistente de protocolo y una secretaria ejecutiva, más oficinas para su funcionamiento.

Se pudo confirmar que en el punto 20 del acta del 5 de diciembre del 2018, la Comisión Permanente del Congreso aprobó una transferencia de Q600 mil, monto que se iba a otorgar por medio de un convenio. La asociación dijo que el convenio no ha concretado.

Siete días después de esa transferencia, la asociación presentó la querella contra los magistrados de la Corte de Constitucionalidad.

Corte se ha extralimitado

En una conferencia de prensa, la asociación se pronunció este jueves por las motivaciones que tuvo para promover la acción contra los magistrados titulares Bonerge Mejía, Gloria Porras y Francisco de Mata Vela, y que, según su apreciación, esta magistratura ha interpretado erróneamente la Constitución.

Gabriel Larios Ochaita, exconstituyente, expresidente de la CC e integrante de dicha asociación, dijo que a su consideración esta magistratura de la CC ha interpretado erróneamente la Constitución y con eso podría estar incurriendo en prevaricato, al señalar que algunos artículos son claros y otras a interpretaciones.

Lea también: Cómo la crisis puede afectar la economía

“La CC permitió con sus resoluciones que a este punto se iniciaran estas acciones. Los magistrados podían estar entrando en prevaricato si hacen interpretaciones o con intereses ya exclusivos”, refirió.

El exmagistrado manifestó que la CC ha sido siempre y así será política y jurídica en sus fallos. Desde el punto de vista jurídico, el presidente de la República está en todo su derecho de actuar en lo que se refiere a la política exterior, tomar decisiones sin que entren en mayor controversia y la CC podría interpretar y mal interpretar.

“Un buen procedimiento de la CC era decir que el presidente sí tiene ese derecho constitucional. Además, la Ley del Organismo Judicial dice la forma de interpretar la Constitución: según el espíritu de la ley, así debe ser y también según la literalidad”, explicó Larios Ochaita.

El pasado 14 de diciembre, la Asociación presentó una querella en contra Mejía, Porras y De Mata Vela. La Corte Suprema de Justicia le dio trámite al considerar que la CC sí se ha extralimitado en sus funciones, ya que la Constitución le da la potestad al Ejecutivo de dirigir la política exterior.

Según la Asociación, los magistrados constitucionales habrían incurrido cuatro delitos: prevaricato, la violación a la Constitución, resoluciones violatorias a la constitución y el abuso de autoridad.

El argumento se centra, según la denuncia, en abuso de funciones al ordenar al Ejecutivo que busque una solución “amigable” con Suecia, ante el pedido de retiro del embajador Anders Kompass, por supuesta  injerencia en asuntos de política interior.

Guillermo Pellecer dijo que, en su calidad de asociación de exconstituyentes, deben proteger y divulgar la Constitución. “Nosotros, al ver que un embajador -en alusión a Kompass- insultaba a todos los guatemaltecos y que el presidente -Jimmy Morales- salió a defendernos, y le dijo no grato conforme al artículo 183 de la Constitución”.

“Ante eso se presentó un amparo y la CC se prestó para actuar, y en ese sentido los magistrados constitucionales están errados. Nosotros los guatemaltecos primero queremos que se cumpla la Constitución, la que le dicta al presidente de la República como debe actuar en la política exterior y la CC, conforme a la Constitución, y lo único que deben de velar es que no sea violada”, dijo Pellecer.

Lea además: Así explica la CC el “no” a la decisión del presidente terminar convenio de la Cicig

Roberto Alejos, exconstituyente y expresidente del Congreso, criticó en Twitter a los dirigente de la asociación porque asegura que no representan a los que integraron la Asamblea Nacional Constituyente y no pueden hablan en nombre de todos.

Los criticó públicamente , ellos no representan a los constituyentes y no pueden hablan en nombre de la asociación . Yo hice público lo de la pensión y por los medios los ataco permanentemente. Estrategia ,ellos tres son de la derecha recalcitrante de aquella época. Ahora. Uf https://t.co/GZUzzhaPNe

— Roberto Alejos (@RobertoAlejosC) January 10, 2019

“Ellos intentaron recibir una pensión y además son tres que pertenecen a la derecha recalcitrante de aquella época”, escribió.

“Me opongo a que actúen en nombre de los exconstituyentes o utilizando el nombre de la asociación, en especial porque su elección dejó mucho que desear. En nombre propio que hagan lo que quieran y que les pague quien les pague. Cada quien sabe cuánto vale y a quien se vende”, dijo Alejos.

Contenido relacionado

> TSE expresa preocupación por la crisis y ratifica su independencia

> Congreso conocerá antejuicio de tres magistrados de la CC

> Iván Velásquez decidirá nueva organización de la Cicig, según la ONU

Lea también

Ya van cuatro binomios proclamados y vienen siete más

Lea además: Semilla y UNE rivalizan en el TSE por logotipo de un tercer partido

Con 14 votos a favor y seis abstenciones no fueron aceptadas las pruebas de descargo de Telma Girón, quien tiene un proceso activo en el Juzgado Décimo de Trabajo. La profesional demandó a la Contraloría por qué no le pagaron sus honorarios.

Tanto Pu como Girón serían catalogados como no elegibles en la votación para integrar la nómina de seis que será enviada al Congreso. Ambos profesionales necesitaban 16 votos para que fueran aceptadas las pruebas de descargo.

César Elías Ajcá, Alejandro González Portocarrero, Carlos Echeverría, Édgar Casasola y Amélida Pineda, quienes también fueron señalados por la sociedad civil, presentaron este miércoles sus pruebas de descargo y la comisión deberá conocerlas.

El presidente de la Comisión, Félix Serrano, señaló que, aunque no se les haya aceptado las pruebas, los profesionales siguen participando y que esto es una orientación del voto.

“Cada comisionado verá qué tipo de peso le da a ese tipo de cosas, una vez que se ha fijado la lista de los candidatos ya Ley de Comisiones de Postulación no permite ninguna exclusión por tachas ni ningún otro factor. Por tanto, esas personas son las que son. Luego el voto individual sobre esas situaciones” refirió Serrano.

Lea también: Cash Luna es investigado por la Fiscalía contra el Lavado de Dinero

Según la organización Guatemala Visible, “solo la duda” de no aceptarlos es factor determinante para que no cumplan con el artículo 113 constitucional que habla de que todo funcionario debe ser honesto, honrado y capaz. De ser elegidos estarían violando la Constitución.

Una vez termine de conocer las pruebas de los candidatos con señalamientos, la comisión podrá votar por la nómina de seis, posiblemente mañana jueves o el viernes.

Contenido relacionado

> Propuesta de empadronamiento automático no consigue respaldo en el Congreso
> Alcaldes preparan su reelección con entrega de víveres
> Prepárese; autoridades advierten de nuevo frente frío que golpeará al país

Lea además

Los 30 diputados que votaron por el transfuguismo

Estrada se negó a informar cuántos son los guatemaltecos que tiene este problema, sobre todo,  cuántos DPI están pendientes de imprimir.

“Ya que sin esa verificación de la identidad no pueden gestionar su DPI. Recordemos que en los años difíciles como el enfrentamiento armado fueron destruidos algunos libros registrales del interior de la República y es importante que esas personas se acerquen al Renap para identificarlos como corresponden”, refirió Estrada.

“Nosotros estamos en la disposición de imprimir el DPI. Nosotros trabajamos de lunes a domingo, y es por eso que aquellas personas puedan abocarse a la página del Renap para verificar el estatus del documento”, concluyó Estrada.

Presentan amparo

El procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, indicó que presentó un amparo ante la violación del derecho a la identidad de los guatemaltecos.

“El actuar cierto y determinado del Registro Nacional de las Personas, consistente en la omisión de imprimir y entregar en el plazo legalmente estipulado el documento personal de identificación a las personas que lo han solicitado, incumpliendo flagrantemente las obligaciones que legalmente le competen”, refiere el documento.

Rodas explicó que el agravio que motivó el amparo es el menoscabo y violación al derecho humano a la identidad y demás derechos conexos, ante el actuar cierto y determinado de la autoridad impugnada.

Guatemaltecos se quejan

El expresidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), José Santiago Molina, indicó que sus hijos gemelos cumplieron 18 años en junio y que van más de cinco meses y aún no está su DPI.

“Ellos quieren votar en 2019 y sin DPI no hay como inscribirse en el padrón electoral y que no pueden sacar su licencia de conducir debido a que no les aceptan el documento del trámite”, refirió el empresario.

“Envié un correo y aún sigue en las mismas y lo peor de todo es que el papel que le dan a uno en algunos bancos no lo aceptan, por lo que uno si sale uno afectado”, dijo la usuaria.

Ingrid Escobar Cordón aseguró que tiene tres meses de estar indocumentada en su país y aseguró que era mejor cuando extendían la Cédula de Vecindad.

Luisa Morales Estrada dijo que el trámite le salió en Q175; Q15 de la partida de nacimiento que no sabe para qué lo vuelven a pedir, Q85 de la reposición y, como necesitaba hacer un trámite en un banco, tuvo que sacar una certificación de DPI, que le costó Q75.

“Es una barbaridad todo lo que cobran para que el famoso DPI no lo den, con lo mucho que sirve. Deberían de agilizar el proceso para entregarlo en un día como la licencia de conducir”, refirió.

Problemas en la identificación 

Prensa libre publicó que la 402 mil 187 personas no tienen DPI, hasta el 26 de noviembre último.

De ese total, 294 mil 484 DPI han sobrepasado los 30 días hábiles establecidos por el  Renap para la entrega y 107 mil 703 están dentro del tiempo estipulado.

De los 402 mil 187 documentos, 385 mil 504 están pendientes de impresión, mientras que 16 mil 683 se encuentran en análisis y verificación.

Los datos a los que tuvo acceso Prensa Libre y que son entregados al directorio del Renap por el director ejecutivo, Octavio Alonzo, detallan que en enero del 2018 la cantidad de DPI no impresos llegó a los 53 mil ocho; en febrero fueron 58 mil cuatro y para marzo disminuyó la cifra a 26 mil 610, pero a partir de abril empezó a aumentar. En mayo se llegó a los 95 mil 32, para julio la cifra se había duplicado y para octubre el monto de documentos sin imprimir fue de 318 mil 234.

La crisis se asemeja a la ocurrida a principios del 2017, cuando se alcanzó un déficit de 600 mil documentos sin imprimir.

Contenido relacionado

> Cancillería resta importancia a posición de EE. UU. sobre la Cicig
> Usac advierte de que no tiene recursos para pagar los sueldos de diciembre
> Allanan apartamento de Álvaro Sinibaldi, implicado en corrupción

Lea además:

Revelaciones del embajador ante la ONU por la continuidad de la Cicig

Se espera que la Corte de Constitucionalidad (CC) resuelva este domingo de manera provisional cinco amparos interpuestos por la decisión de  Morales de no renovar el mandato de la Cicig y negar el ingreso al país del comisionado Iván Velásquez.

La decisión se tomará en medio de presiones sociales y gubernamentales.

La CC intentó fallar el jueves pasado; sin embargo, el pleno decidió esperar a la presidenta Dina Ochoa, quien se encontraba de viaje; además,  argumentaron temor ante un posible desacato del mandatario.

Consideraron como provocaciones las declaraciones del mandatario de que no obedecería una orden ilegal, al referirse a los fallos de la CC.

Otra razón fue la intimidación, a la cual dijeron fueron sometidos ante los patrullajes frente a la Corte el día en que el presidente anunció la no renovación del mandato de la Cicig — 31 de agosto último, la cual termina su período en septiembre del 2019.

Los amparos también buscan suspender la orden presidencial del 3 de septiembre pasado de prohibir el ingreso al país del jefe de la Cicig.

Resolución constitucional

Roberto Molina Barreto, expresidente de la CC, opina que mientras la Corte no resuelva los amparos, crea una expectativa que puede provocar un enfrentamiento.

“Yo espero que la Corte sea seria, que emita una resolución estrictamente constitucional. Si fuera en ese sentido, yo creo que los líderes políticos de este país lo único que tienen que hacer es respetarla; pero si la resolución va a ser de carácter político, pues obviamente eso podría desbordar en enfrentamiento”, señaló.

Contenido relacionado

Países han aportado US$167 millones en 11 años para funcionamiento de Cicig

Fiscal General vuelve a abogar por acuerdos entre la ONU y el Gobierno de Guatemala 

La explicación de los casos por los cuales el Ejecutivo no renovará el mandato de Cicig

Lea además

Vea la zona después del desastre que provocó la erupción del Volcán de Fuego

La suspensión de los trabajos de rescate se dio el pasado miércoles ante la inestabilidad del terreno, altas temperaturas por el material volcánico y la constante actividad del volcán. Desde el jueves los pobladores empezaron a entrar a la zona pero esta aumentó este sábado.

Varias personas aún guardaban la esperanza de encontrar personas con vida, otros quieren recuperar los restos. Aunque también hay quienes entraron al lugar para recuperar algunas pertenencias.

Lea también: Gestos solidarios en medio de la tragedia que ocasionó la erupción del Volcán de Fuego

Consiguen maquinaria

Marco Tulio Sánchez y su sobrino, encontraron su casa soterrada hasta el segundo nivel, ahí esperaron que llegara la maquinaria que consiguieron, pues en el primer nivel se encuentra soterrada su hermana y sus tíos.

“Nos dijeron que el gobierno ya no da nada para seguir buscando y va a ser por nuestra cuenta”, explicó.

César Sicay, de 76 años busca incansablemente a sus parientes. Él veía hacia todas partes calculando el lugar del terreno en donde vivían siete de sus familiares. Son dos familias una de cuatro personas, y otra de tres. 

“Todos quedaron enterrados y no se sabe dónde podrán estar porque los arrastró la lava”, comentó.

Localizan restos humanos

Por aparte la Policía Nacional Civil (PNC) informó en sus redes sociales que Agentes de la Fuerzas Especiales, en conjunto con cuerpos de socorro rastrean el área de la aldea el Rodeo en Escuintla, y localizaron restos humanos.

Sin embargo los rescatistas oficialmente se retiraron ayer por orden de las autoridades del Gobierno, al cumplirse las 72 horas de la erupción.

La mañana de este sábado llegaron a la zona cero familiares de las víctimas, voluntarios, además de personal de Covial que llegó a limpiar las cunetas y el área de la carretera RN 14.

A media mañana, encontraron el cuerpo de una mujer embarazada y los restos de otra persona. También empezaron a llegar grupos de socorristas provenientes de México.

Por otra parte, la Embajada de España en Guatemala anunció en sus redes sociales que ya que ya se encuentra en el país el equipo de bomberos españoles, quienes se brindarán apoyo en las labores de rescate.

La Conred también informó que la Patrulla de Rescate de Bomberos Voluntarios desarrolla labores de búsqueda en el área afectada.

el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda informó que coordinaron con el apoyo de Empaquetadora Toledo trabajar con maquinaria especializada en áreas entre Las Lajas y San Miguel Los Lotes.

Fuerte lahar el sábado

Alrededor de las dos de la tarde ese Conred informó sobre un lahar de unos 40 metros de ancho que descendió por las barrancas Ceniza, Taniluya y Santa Teresa.

El Insivumeh informó que el lahar que “está catalogado como el más fuerte del año”, a consecuencia de los depósitos de flujos piroclásticos de la reciente erupción.

Las autoridades agregaron que por el descenso del lahar, se toman medidas de precaución en las comunidades:

• Palo verde, Yepocapa, en Chimaltenango.
• Colonia Las Palmas, Siquinalá, en Escuintla.
• Vicente Los Cimientos, Siquinalá, Escuintla.
• San Andrés Osuna, Escuintla, Escuintla.

https://twitter.com/insivumehgt/status/1005547167073947648

Contenido relacionado

>Familia sobrevive a erupción al refugiada en su casa por horas

>“No vayan a estar tristes porque si muero será en mi trabajo”, dijo un bombero desaparecido 

>Volcán de Fuego en Guatemala: la desesperada búsqueda de un joven cuya familia desapareció con la erupción

Lea también:

Conozca al capturado por tener vínculos con el supuesto narcotraficante "El Fantasma"

Para este jueves estaba programada la audiencia de otras tres personas que están detenidas pero por la entrega de Letona Marroquín se suspendió la audiencia y se reprogramó para el 5 de enero del próximo año, por lo tanto, la primera declaración de la señalada se realizará el 4 de enero de 2018.

El caso

Letona Marroquín formaba parte de la estructura que se dedicaba a buscar personas de escasos recursos y bajo nivel académico con el fin de que crearan empresas de cartón.

Esas empresas de cartón eran ofrecidas a los clientes, entre ellos DCI, S. A. y Nefma, S. A. La estructura creó 150 empresas de ese tipo, según el superintendente de Administracion Tributaria (SAT), Juan Franscisco Solórzano.

• Lea también: Gerente de empresa vinculada a red de defraudación se entrega a la justicia

La investigación surgió por dos denuncias presentadas por la SAT en el 2015,  en las instalaciones del  Ministerio Público (MP), contra las firmas Desarrolladora Internacional DCI, S.A., y Grupo Nefma, S.A., por irregularidades con sus proveedores, según el MP.

Papel dentro de la estructura

Según la investigación del Ministerio Público, Mayra Lissette Letona Marroquín, tenía a su cargo las ventas y movimiento de capital de la empresa Desarrolladora Internacional DCI, S.A.

El hallazgo fiscal en auditoria de la empresa DCI, S.A. evidenció una defraudación fiscal por Q36 millones 332 mil 892. 

La forma de operar dentro de la estructura donde se relaciona a Letona Marroquín, estaba encabezada por Carlos Estuardo Estrada Cabrera, seguido por Adalberto Tomás Ortiz Mendoza, quien era el financiero y la señalada era la encargada de las ventas y movimiento de capital.

• Le podría interesar: Red defraudó Q1 mil millones al fisco durante 10 años

Mayra Letona Marroquín recibió cheques por Q53 millones, de lo facturado por las empresas de cartón. Una parte del dinero llegó a Atilano de la Cruz y a Adalberto Ortiz Mendoza, que desempeñó el papel de asesor financiero en la estructura. Ortiz trabajó para el Ministerio de Finanzas y se desempeña como asesor de una portuaria, señalaron los investigadores.

Operadora de Tiendas y DCI informaron en un comunicado que desde hace casi dos años han colaborado con la autoridad para que la verdad se conozca sobre este caso. “La documentación que en este periodo hemos aportado demuestra que como empresa hemos actuado siempre de buena fe, con estricto apego a la ley y con pleno cumplimiento de nuestras responsabilidades tributarias”, enfatizaron en mencionado documento.

Evasión millonaria

Las empresas de cartón de la estructura de Carlos Estrada Cabrera facturaron Q21 millardos en los últimos diez años, según la SAT. La facturación supone una defraudación estimada de Q1 millardo por Impuesto al Valor Agregado (IVA), lo cual se dilucidará conforme avancen las pesquisas, dijo en su oportunidad, el jefe de la Superintendencia de Administración Tributaria, Juan Solórzano Foppa.

Los detenidos:

• Atilano de la Cruz Barillas
• Carlos Estuardo Estrada Cabrera
• Erick Rodolfo Ayala Chávez
• Miriam Yescenia Barrios Barrios
• Jorge Alberto Cabezas Goubaud
• Mayra Lissette Letona Marroquín

Sin capturar a:

• Adalberto Tomás Ortiz Mendoza
• Oscar Rubén Barrios y Barrios
• Milvia Lorena Lima Zepeda

Justicia

Venezolano dirige banda que clona tarjetas de débito en el país

Un punto definitorio

Durante un encuentro realizado el viernes por el Día Internacional de los Derechos Humanos, el jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), Iván Velásquez Gómez, conversó con un grupo de jóvenes e integrantes de asociaciones estudiantiles sobre la importancia de involucrarse en la elección del próximo fiscal general del MP en el 2018.

“Mucho se ha dicho en los últimos tiempos del Pacto de Corruptos o de un grupo o unas fuerzas que pretenden frenar los avances que se han tenido los últimos años y creo que una de las expresiones finales de esa lucha, un punto casi definitorio, es  la elección del fiscal general del MP”, afirmó Velásquez.

En la  actividad,  organizada por la Cicig, junto a la  Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Guatemala (Oacnudh) y la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), Velásquez también resaltó el papel de los jóvenes en esta elección, ya que los decanos de las facultades de Derecho formarán parte de la comisión de postulación para la elección del jefe del MP.

“Sería bueno escuchar que la juventud se expresará en foros y discusiones con sus decanos de Derecho sobre cómo debe ser el fiscal general (…), el futuro del país no está solo en las manos de los 14 integrantes  de la comisión”, comentó Velásquez.

“Un grupo procura su impunidad”

Para el secretario de política criminal del Ministerio Público (MP), Rottman Pérez, uno de los retos del combate contra la corrupción en Guatemala es el riesgo de que grupos a favor de la impunidad busquen cooptar   al MP, el próximo año, cuando se elija al siguiente fiscal general. Pérez resalta que mientras la enorme brecha de desigualdad en el país y la violencia estructural no se reduzca será difícil reducir los índices de corrupción como sociedad.

¿Qué lugar ocupa la corrupción dentro de los delitos investigados por el Ministerio Público, y a qué otros hechos suele ir asociada?

Es de primer nivel, es una de las prioridades de investigación. Perseguirlos tiene dos implicaciones: primero, porque los responsables son presentados ante la justicia y deben ser sancionados, pero además porque el impedir que estas acciones continúen mejoramos la capacidad del Estado para atender necesidades básicas.

¿En qué áreas suelen encontrar estos casos?

En infraestructura, en procesos poco trasparentes de adjudicación, en compras anómalas del Estado. Todo esto va socavando la estructura del Estado, cuando se analiza en el caso de Guatemala, además entre las razones que provocan esta criminalidad esta la enorme brecha de desigualdad económica y la violencia estructural. Mientras estas condiciones no mejoren nuestros índices de prevención no serán los mejores.

¿Qué otras condiciones facilitan la corrupción, además del monopolio de las decisiones públicas, la discrecionalidad de los funcionarios y la falta de rendición de cuentas?

La opacidad en las instituciones, y por ende la poca transparencia de los actos públicos, la participación ciudadana que tolera y que muchas veces aspira llegar a cargos públicos para servirse de estos, lo cual contribuye a fomentar un escenario de corrupción. Si vemos una versión positiva, un buen ejercicio de transparencia e información, cuentas claras y participación ciudadana activa, que denuncia pública de cualquier acto anómalo, propicia menos condiciones para la corrupción.

¿Cómo es el perfil de los casos de gran corrupción en el país?

Cualquier acto de corrupción no debe tolerarse, sin hacer distinción entre grandes y pequeños, lo que hay es un vacío de moralidad, principios éticos y respeto hacia la ley. Hay una característica interesante en el caso de las estructuras para alcanzar su objetivo criminal, además de un beneficio personal, también buscan procurarse impunidad influyendo en el sistema de justicia, blindándose.

Un ejemplo es la sentencia contra el ex diputado Gudy Rivera (condenado por tráfico de influencias y cohecho activo) por intentar presionar a la magistrada Claudia Escobar para obtener una resolución favorable a cambio de su reelección.
Pese a la sentencia de Rivera, en general hay decepción entre la población por lo lento de los procesos.

¿A qué obedece esto?

En estos grandes casos hay un litigio malicioso con la finalidad de buscar impunidad al retratar los procesos. El ejemplo más claro está en el caso La línea, dónde hay 30 acciones legales de la defensa entre amparos, inconstitucionalidades e incidentes que han sido denegados.

Su único objetivo es ganar tiempo para esperar el cambio de fiscal general, sin duda buscan cooptar el MP y busca un candidato afín, como MP esperamos que se mantenga la independencia y autonomía de la institución.

¿De qué forma se complican las investigaciones cuando tocan a funcionarios electos −como el presidente o diputados−?

Es una situación compleja para la investigación. Cuando no se alcanza votos para aprobar o improbar un antejuicio, −como en el caso del antejuicio contra el presidente Jimmy Morales− se ve que no hay una actitud en los diputados de lucha contra la corrupción, es importante que se recuerde esto en las próximas elecciones.

¿Realmente existe un bloque de la impunidad actuando en conjunto?

Yo creo que si, hay un grupo que procura su impunidad. Muchas veces podemos ver como suman esfuerzos, justamente pareciera que responden a una estrategia conjunta para tratar de debilitar los avances en la lucha contra la corrupción de diferentes maneras.

Algunos planteando acciones espurias, y por otro lado emprendiendo campañas de desprestigio y que polarizan a la población, intentando confundir. Esto solo responde a una suma de esfuerzos de estas organizaciones, tenemos que recordar que estas estructuras tienen los recursos económicos a la mano, no tienen escrúpulos, muchos intereses en juego, no están dispuestos a enfrentar la justicia y van a dar toda la batalla para evitar ser juzgados.

Por su parte el MP tampoco es impermeable a la corrupción ¿cómo la enfrenta internamente?

La normativa interna juega un rol fundamental, para el caso de fiscalía de delitos contra la corrupción y de delitos administrativos y para la fiscalía contra la impunidad, existen metodologías claras y definidas que marcan la pauta del deber ser de la investigación.

Cuando alguien se aparta de esta normativa entran en escena dos áreas fortalecidas. Primero las juntas disciplinarias si la falta es administrativa, pero si se trata de un delito pasa a la fiscalía de asuntos internos encargada de investigar y llevar a la justicia a los malos elementos.

¿Qué política de combate a la corrupción debería continuar la próxima administración del MP?

Primero continuar los casos ya judicializados, pero también aquellos que están en fase de investigación, hay que continuar con esta lucha para cambiar esas condiciones de impunidad en el país.

Fortalecer las metodologías desarrolladas para los casos de corrupción, expandirse a otras, zonas, por ejemplo, en 2018 se abrirá la primera agencia regional contra la corrupción para el norte del país, en Alta Verapaz. Además, se creó una agencia fiscal dentro de la Contraloría para trabajar más coordinados, también se tiene que continuar con las dos agencias fiscales especializadas en municipalidades dentro de la fiscalía contra la corrupción y la agencia para vigilar el cumplimiento de la ley de Acceso a la Información.

“Se están haciendo esfuerzos”

Carlos Mencos, contralor general de cuentas asegura que en la media en que se hagan transparentes los procesos de compra, la población va a percibir los beneficios.

¿Por qué es tan importante la lucha contra la corrupción?

Yo le puede decir con absoluta certeza que lo importante de la lucha contra la corrupción es que en la medida que se vayan transparentando los procesos, la población a va recibir de manera directa los beneficios de esa trasparencia en el uso de los recursos públicos. Creo que la corrupción le ha restando muchas posibilidades a la sociedad de tener un mejor nivel de vida y mantenerse en esas condiciones de pobreza y extrema pobreza.

¿Derivado de los acontecimientos del 2015 cree que los guatemaltecos se unieron para rechazar la corrupción?

Por supuesto, lo que ocurrió en las calles en abril del 2015, es producto del desencanto acumulado y podríamos decir el desenlace de la inconformidad de la población en relación a la gestión pública y el aprovechamiento de las instituciones y los espacios políticos que se ocupa y no se ve que haya un esfuerzo para combatir los temas de corrupción.

¿Desde su punto de vista qué le hace falta a Guatemala en la lucha contra la corrupción?

Yo creo que Guatemala debe apostarle a un modelo donde las redes nacionales de integridad comiencen a funcionar de manera real. Las leyes en los procesos de adquisiciones públicas tienen que ser muy prácticas y pragmáticas para evitar que en el exceso de normas las instituciones puedan esconder sus procesos.

¿Cómo afecta este fenómeno al tejido social de un país?

Definitivamente afecta de manera directa, en la medida que se den esas grandes distancias económicas entre los que tiene el poder económico y el poder político y ven la evolución de personas que han mejorado su calidad de vida, mientras que la mayoría de la población se encuentra muy distante de poder tener una vida decorosa.

¿La contraloría está a la altura de la lucha contra la corrupción?

Se están haciendo esfuerzos, no podría decirle que estamos al 100 por ciento, sin embargo, platicaba con algunos contralores de Centroamérica y compartíamos algunas buenas practicas aprendidas y lo que se tiene que hacer es un esfuerzo para poner en práctica los mejores procesos y que eso vaya fortaleciendo los procedimientos robusteciendo todo el aparato gubernamental.

¿Qué le hace falta a la contraloría para poder evitar casos de corrupción?

Yo creo que falta un poco en Guatemala, no a la contraloría en particular, sino el establecimiento de reglas más claras y más expeditas para que los funcionarios públicos puedan desarrollar procesos de adquisiciones públicas con normas suficientemente claras y observada por la ciudadanía y evitar perversidades en cualquier situación o aprovechamiento de la legislación o procedimientos técnicos para hacer negocios bajo la mesa.

¿Qué compromiso debería adquirir el gobierno de Guatemala para erradicar la corrupción?

El primer gran esfuerzo que el gobierno debe hacer es interactuar con todas las entidades públicas, no se puede mantener aliado al gobierno o manifestando una actitud de rechazo al quehacer en una actividad particular. Creo que en la medida que todos nos juntemos y podamos hacer propuestas para que evolucione el sistema social y político, sistema económico y sobre todo las buenas prácticas para que los guatemaltecos reciban los beneficios que andan buscando a través del pago de los impuestos.

¿De qué formas puede ser transparente el gobierno en el ejercicio del poder?

Yo creo que hoy hay tantas herramientas que nos puedan permitir que la población pueda no solo percibir, sino tener la certeza de que el gobierno está desarrollando su gestión con absoluta transparencia y les decía yo, por ejemplo en el tema de adquisiciones que en ecuador funciona una cuestión llamada sercop y esta controla todo lo relacionado a las subastas electrónicas, por supuesto que ellos reconocen que aún les hacen falta cosas, pero han ido evolucionando y eso quisiera en Guatemala, que los modelos de gestión no sean controlados de manera absoluta por una institución sino que haya un diálogo franco abierto para que todos le apostemos al tema de transparencia.

En los últimos dos años se han dado a conocer que empresarios están involucrados en casos de corrupción. ¿A qué acciones anticorrupción deberían comprometerse?

El Gobierno debe establecer o desarrollar procesos de diálogo tanto a lo interno del gobierno como del sector privado. Y creo que por parte del sector privado tiene indicios de apoyar la gestión gubernamental y la transparencia, pero para ello se necesita que de parte del gobierno hayan reglas claras en cuanto a la certeza jurídica, seguridad ciudadana.

Condiciona Desarrollo

Desde que en 1988 el economista Robert Klitgaard acuñara la “fórmula de la corrupción” como “igual a monopolio de la decisión pública más discrecionalidad de la decisión pública, menos responsabilidad —de rendir cuentas— por la decisión pública”, mucho se ha discutido sobre los ámbitos de aplicación del concepto.

Un punto resaltado por los entrevistados es que la corrupción forma parte del círculo vicioso que condiciona una mejora en la vida de la población en general.

Para Carlos Mencos,  contralor general,  debe establecer procesos de diálogo con el sector privado, para encontrar aliados en la implementación de reglas claras que brinden certeza jurídica.

La responsabilidad del empresariado tampoco puede estar ausente, resalta Manfredo Marroquín, presidente de  Acción Ciudadana, organización no gubernamental especializada en transparencia.

El reto para este sector es comprometerse a hacer “negocios limpios” con el Estado y no tolerar la corrupción.En esta misma línea Rottman Pérez, secretario de Política Criminal del MP, destaca que las estructuras del crimen organizado dedicadas a la corrupción cuentan con los suficientes recursos para incidir en la justicia, lo que hace difícil la lucha.

El resultado de una justicia cooptada es a su vez una limitante para el desarrollo del país, apunta Pérez. El compromiso
como ciudadanía, en todo caso, es el de romper el círculo que drena recursos del Estado para garantizar impunidad a sus mismos depredadores.

Para más detalles de esta información en nuestra edción impresa:  Ingrese aquí

La controversia surge luego de que un estudiante de Quinto Bachillerato del Colegio Solalto activó dentro del salón de clases un arma de fuego el 13 de marzo último. El hecho no causó víctimas.

El ministro de Educación, Óscar Hugo López, indicó que el acuerdo 1-2011 es una norma relacionada con la disciplina y la convivencia escolar, y en su artículo 15 establece que queda prohibido el ingreso de armas o cualquier otro tipo de artefacto que ponga en riesgo la vida en un centro educativo.

Diana Brown, de la Asociación de Colegios Privados, afirmó que a pesar de la recomendación ministerial no pueden tomar una decisión a la ligera, en respeto a los derechos humanos del niño, como la privacidad, y al hacerlo se debe contar con la presencia de los padres de familia.

“Le hemos enviado una carta al señor ministro, donde se le sugiere una mesa de trabajo con las asociaciones de colegios, la Procuraduría de los Derechos Humanos y el Ministerio, para trabajar en conjunto un protocolo, y así, por respetar el derecho de privacidad de una mochila, no se deje de tomar en consideración el peligro de la comunidad educativa”, dijo Brown.

No es la solución

La exministra de Educación María del Carmen Aceña considera que revisar mochilas es una medida a corto plazo y que se debe buscar una solución para el futuro, y para ello trabajar con los jóvenes y los padres. Agregó que se debe establecer una estrategia clara, porque un arma de fuego se puede ingresar a un establecimiento de mil formas.

“Lo que se tiene que cambiar es la conducta y el comportamiento de los alumnos, y obviamente la observación de los maestros y padres de familia para detectar a los niños que están siendo acosados o a los mismos acosadores”, recomendó Aceña.

Una representante de los colegios católicos señaló que los directores están facultados para hacer las revisiones, pero esto se agudiza con la situación que se dio porque nadie está exento, y se pueden también ingresar envases, licor o drogas.

El Colegio Nuestra Señora de Guadalupe es uno de los que tomaron la decisión, desde el año pasado, de revisar las mochilas de los estudiantes, y lo hacen de manera esporádica o aleatoria, para no poner sobre aviso a los jóvenes.

“En el ámbito público esto no sucede porque se ha perdido la autoridad. Los alumnos en institutos han amedrentado a los maestros y directores. Ahí se debe pedir ayuda a la Policía”, enfatizó.

No inspeccionan

El coordinador de Comunicación de la Asociación de Padres para el Desarrollo Educativo (Apde), entidad que aglutina al Colegio Solalto, Roberto Chavarría, informó que las clases se reiniciaron con normalidad en ese plantel.

Chavarría señaló que no revisaron las mochilas de los estudiantes porque no tienen un documento o notificación sobre esa disposición por parte del Ministerio de Educación.

A consideración del ministro, el informe dejó muchas dudas, por lo que pidieron una ampliación.

“No aclara situaciones como, por ejemplo, cuáles pudieron haber sido las motivaciones —del menor—. Es un tema que nos preocupa”, comentó el ministro de Educación.

El diputado Amilcar Pop fue quien retiró la moción que había consensuado con los grupos a favor del artículo 3 del proyecto de reformas -203 de la Constitución- de esa forma surgió una nueva moción que pospuso la discusión.

Con 122 votos los diputados acordaron dar seguimiento al resto de artículos del proyecto. La moción indicaba que solo se pospone la votación hasta antes de discutir el artículo 22.

La iniciativa de ley que colocó en agenta las modificaciones a la carta magna ya contempla en su tercer artículo el reconocimiento de la justicia indígena, pero Pop había colocado una enmienda para reforzar lo que se estipula.

La moción para posponer la discusión fue planteada por el presidente del Congreso Óscar Chinchilla, y los diputados Juan Ramón Lau, Boris España y Marvin Orellana.

La sesión plenaria concluyó momentos después por falta de quórum, con la discusión del artículo 4.

Esperan avance

Las autoridades ancestrales presentaron un documento al Congreso, en el que manifestaron: “Hemos acordado retirar nuestra propuesta de reforma al artículo constitucional 203”, al mismo tiempo que responsabilizaron a varios sectores, sin especificar alguno, sobre una “campaña sistemática de ataques” en contra de la Cicig y el Ministerio Público.

“Ante los recientes acontecimientos de la coyuntura nacional y del papel que han desempeñado los diputados del Congreso de la República, quienes reiteradamente han demostrado estar en contra de cualquier proceso de democratización del Estado. Lo anterior lo calificamos  como actos de tácticas dilatorias, de manipulación”, refiere otra parte del documento.

Apoyan decisión

La alianza  por la reforma que integra Justicia Ya, Fundación Mirna Mack, entre otras, reconocieron la valentía de dignidad de las autoridades indígenas para retirar su propuesta del artículo 203, esto para desentrampar la discusión de la reforma constitucional; además, se resalta que es grave el que las autoridades indígenas hayan llegado a este extremo ante la fuerte oposición del Cacif y de muchos diputados para reconocer la jurisdicción indígena.

Con el retiro de la enmienda, se conocerá a votación el artículo 203 presentado por al Comisión Técnica y queda el camino libre para conocerlo.

Larga discusión

La discusión del artículo que reconoce la existencia de una jurisdicción indígena, ha fracasado al menos en cuatro sesiones en el Congreso.

En su momento, el presidente de ese organismo dijo, al posponer una de las discusiones, “de esta manera veremos si en verdad hay voluntad de continuar con el resto de la propuesta”.

“Que digan si quieren o no aprobar la propuesta, o mejor utilizaremos los miércoles para avanzar en otros temas”.

Posturas

En una declaración pasada el presidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), José González Campo, llamó “conjeturas” a las opiniones sobre el sector privado que señalaban de autor de una campaña que buscaba frenar no solo el artículo 203, sino otros cambios propuestos. “Tenemos clarísimo que es necesaria una reforma”, aseguró.

La directora interina del Renap, Brenda Gramajo, aseguró en una reunión con diputados del bloque Todos que ya habían enviado el requerimiento para la impresión de los 82 DPI que hacen falta y así finalizar el contrato. No obstante, Easy Marketing asegura que la solicitud  no ha llegado.

La procuradora adjunta de los Derechos Humanos, Hilda Morales, manifestó que con la falta de identificación de los guatemaltecos se restringen derechos individuales, colectivos, económicos, sociales y culturales.

  “Es lamentable que haya tanto y tantas complicaciones de tipo legal para que el Renap opere como debe ser. Falta diligencia para resolver este problema, y eso afecta a la población y a los jóvenes que están cumpliendo 18 años. Incluso hasta para ser  inhumado se necesita el documento”, enfatizó Morales.

La procuradora adjunta agregó: “Si la falta del DPI afecta el día a día, ¿cómo no va a afectar una consulta popular —que podría necesitarse en el caso Belice o por las reformas al sector justicia—?  La consulta no sería fidedigna ni democrática porque no está tomando en cuenta a toda la población”.

Presidente informado

  El vocero de la Presidencia, Heinz Hiemann, indicó que la Constitución permite una intervención del Renap. Sin embargo, agregó, la institución “ha venido avanzando con el tema”, ha comprado una impresora, ha sacado los DPI y están resolviendo el tema de Easy Marketing.

“Mientras el presidente esté informado, documentado, y se vaya resolviendo una problemática que se heredó, no se puede considerar cualquier situación, ya que es una entidad autónoma y descentralizada, pero a través del ministro de Gobernación, que es el presidente del directorio de Renap, se le mantiene al tanto”, refirió Hiemann.

El exministro de Gobernación Francisco Jiménez manifestó que no ve conveniente una intervención, ya que no han llevado a cosas positivas.

 “Algunos dicen que la crisis tiene un problema de origen, pero hay que diferenciar varios puntos: el contrato del 2008 ya finalizó y la crisis es por la extensión de ese contrato”, señaló Jiménez.

Tramitar el pasaporte o la licencia de conducir se ha vuelto más difícil para los guatemaltecos, debido a la falta de DPI.
 El pasaporte solo lo pueden obtener quienes solicitan renovación, porque ya existe registro de su DPI, pero las personas que lo tramitan por primera vez deben presentar aquel documento y es entonces que se les dificulta.

La licencia de conducir, en cambio, se puede  obtener por primera vez al presentar certificado de nacimiento y copia de la solicitud de DPI, pero para  renovación se requiere  el certificado del DPI.

Accionan

Diputados de Encuentro por Guatemala (EG) accionaron contra las autoridades que avalaron la ampliación del contrato con Easy Marketing.

La denuncia fue presentada en el Ministerio Público (MP), con la intención de que se investigue a la empresa y el servicio que ha prestado, así como supuestas irregularidades en la licitación de 2008, pues a criterio de los congresistas las bases se crearon para beneficiar esa firma. “Se debe investigar a los funcionarios del Renap que autorizaron la ampliación, así como a quienes han prestado ese mal servicio”, comentó Nineth Montenegro, de EG.

En una citación con el bloque Todos, la directora del Renap, Brenda Gramajo, aseguró que ya están listos para imprimir las cartillas de DPI, las cuales tendrán un costo de Q14.50.

Según la diputada, en la actualidad hay 424 mil solicitudes, 360 mil de las cuales ya sobrepasaron los 30 días hábiles que permite la ley para imprimir y entregar los DPI, por lo que pidió a los congresistas una acción al respecto.

Juan Ramón Lau, jefe de Todos, dijo que hoy presentarán en la reunión del pleno una moción para que se autorice una modificación a la Ley del Renap y así se autorice el uso de documentos temporales a quienes tienen pendiente el DPI.

El Registro Nacional de las Personas (Renap) adquirió en diciembre último equipo para la impresión del DPI por  valor de Q3 millones 74 mil a la empresa Documentos y Soluciones de Identificación, S.A. (Dosolid).

La misma empresa vendió dos millones de tarjetas para el DPI, por Q29 millones.

 Además, la institución busca adquirir por medio de la modalidad de proveedor único otra impresora. El objetivo es solucionar la crisis con la entrega del DPI, el cual llega a 424 mil solicitudes, de las cuales, 360 mil sobrepasan los 30 días hábiles establecidos en las normas del Renap. 

Parlamentarios de diferentes bancadas han rechazado la intención de comprar una nueva impresora porque señalan que es un gasto innecesario.

La directora interina del Renap ha solicitado a los diputados que le autoricen la compra obviando los procedimientos establecidos en la Ley de Contrataciones del Estado.

El Directorio no se pronuncia acerca de la falta de emisión del DPI.

Líder reportaba unos 50 mil afiliados, mientras que el PP tenía 49 mil.Mario Aguilar Elizardi, magistrado del TSE, explicó que las personas que están inscritos al PP y Líder deberán hacer el trámite para desafiliarse, pues no es automático.

Agregó que a su criterio la deuda política que aún debe pagársele al PP ya no debería ser cancelada a quienes fueron los dirigentes del partido.

Los representantes de los partidos Visión con Valores y Partido de Avanzada Nacional, ante el TSE, Luis Rosales y Luis Quiñónez, respectivamente, coinciden en que la anulación de los afiliados no es automática y que hay que esperar unos cuatro meses para que estén libres y se les pueda inscribir a otras organizaciones políticas.

? Lea también| Partido Patriota queda cancelado.

Renuncian

En las últimas semanas, decenas de personas han llegado a las oficinas centrales del TSE a renunciar a los partidos políticos. Llegan de diferentes lugares del país, en buses extraurbanos, a pesar de que pueden renunciar a la organización política en las sedes del Registro de Ciudadanos.

Algunos comentaron que se afilian al comité proformación del partido político Vamos por una Guatemala Diferente (Vamos), de Alejandro Giammattei, que lleva 23 mil 372 seguidores más de lo que establece la Ley Electoral y de Partidos Políticos. Debido a que aún no es un partido no tiene obligaciones legales.

Prensa Libre se comunicó al celular de Giammattei para preguntarle al respecto, pero no respondió las llamadas ni los mensajes.

El juez Rodríguez atendió a la petición de la Fiscalía para dictar el auto de prisión preventiva, que cumplirá la jurista en la Brigada Militar Mariscal Zavala, y le otorgó al Ministerio Público  (MP) un plazo de tres meses para concluir la investigación.
A la salida de la audiencia, Stalling fue cuestionada por esta resolución judicial y dijo respetar “las decisiones de los jueces”, y aunque pueda haber diferencias de criterios, sostuvo que es necesario “litigar donde se tiene que litigar”, en los Juzgados.
Entre las pruebas presentadas por la Fiscalía está un audio grabado por el juez Ruano, quien la denunció, en el que se escucha a Stalling pedirle que favorezca con una resolución a su hijo, procesado en un caso de corrupción en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social conocido como “IGSS-Pisa”.
Según la investigación, la vocal VII de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), capturada ayer, utilizó su alto cargo para presionar al juez, quien salió del país presuntamente por amenazas en su contra.
Stalling, pasó la noche en la prisión militar Mariscal Zavala, fue detenida el miércoles con un arma de fuego y una peluca que utilizaba para evadir su detención.

Peluca de Blanca Stalling no aparece! pic.twitter.com/cS7cwTBE5e

— Manuel Hernández (@mhernandez_pl) February 9, 2017

En el trayecto harán alto únicamente quienes de la colonia Maya van a San Pedro Ayampuc y colonias.

Según la comuna, el proyecto forma parte de un plan que busca mejorar la vialidad en el sector, densamente poblado, el cual incluye señalización horizontal y vertical, creación de áreas con prohibición para estacionarse,  instalación de cámaras y presencia de la Policía Municipal de Tránsito.

Los trabajos durarán entre cinco y seis meses  y con ellos se verán beneficiados residentes de más de 80 colonias de la zona 18  y comunidades de los  municipios de San Pedro Ayampuc y Chinautla.

La comuna dijo que no tiene  el costo exacto de la obra.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala informó que la visita se concertó durante una conversación que ambos ministros sostuvieron en República Dominicana el mes pasado, en el marco de la V Cumbre Jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).

En la gira adelantará agendas de trabajo con dos socios tradicionales de Colombia en Centroamérica, en las que destacan asuntos como comercio, inversión, turismo, seguridad, cooperación técnica, intercambio de mejores prácticas en políticas sociales, cultura, educación y agricultura y, para el caso de Guatemala, su experiencia en materia de paz y posconflicto.

Los cancilleres de Colombia y Guatemala sostendrán, posteriormente, una reunión bilateral con funcionarios de instituciones de los dos países en la que abordarán temas de la agenda común en asuntos políticos, de seguridad, económicos, comerciales y de inversión, desarrollos en interconexión eléctrica y cooperación científica y técnica.

Canciller colombiana, María Ángela Holguín hará visita oficial a Guatemala y se reunirá con el presidente @jimmymoralesgt pic.twitter.com/Lxyl4CMQ5l

— Manuel Hernández (@mhernandez_pl) February 4, 2017

Posteriormente la Ministra de Relaciones Exteriores de Colombia,  María Ángela Holguín ofrecerá una conferencia sobre el proceso de paz de Colombia, en la que participará el cuerpo diplomático de Guatemala, estudiantes de relaciones exteriores de universidades de ese país y otros invitados especiales.

El 7 de febrero la jefe de la diplomacia colombiana adelantará una Visita Oficial a México, donde se reunirá con el Secretario de Relaciones Exteriores Luis Videgaray, con quien abordará temas de la Alianza del Pacífico, comercio, cadenas productivas y asuntos migratorios, entre otros.

El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, visitó Guatemala en abril de 2016 como parte de una gira centroamericana que incluyó también a Honduras y El Salvador.

“Nosotros tomamos esas acciones —vapulear o linchar— porque los policías se venden. Todos en este sector hemos sido asaltados. El colmo es que los agentes  ven a los delincuentes huir y subirse a las camionetas, y no hacen nada. En estos tiempos, a los delincuentes no les importa que vayamos con niños o estemos embarazadas. Si en mí estuviera, en el momento los malmato”, expresó Jenny García, vecina de la zona 12, mientras a escasos metros agonizaba un supuesto delincuente que había sido golpeado minutos antes por una turba.

En referencia al hecho, la Policía Nacional Civil (PNC) estableció que a las 10.40 horas de ayer, en la  9a. avenida y 17 calle, varios individuos dispararon contra el piloto de un mototaxi, quien antes les gritó: “¡Yo ya pagué la extorsión!” y los agresores le respondieron: “¡No importa!”.

El golpeado fue llevada al Hospital Roosevelt, pero por la gravedad de las heridas falleció. Los cuerpos de socorro dijeron que vestía camisa color marrón, pantalón de lona azul y zapatos blancos.Mientras era trasladado, unos 200 vecinos identificaron a otros sospechosos y los persiguieron.

Al darle alcance a uno de los supuestos victimarios, o vapulearon y se negaron a entregarlo a los bomberos para que fuera atendido. Cuando agentes de la PNC llegaron al lugar, el grupo lo entregó y fue llevado al Hospital Roosevelt. “La víctima mortal tenía golpes contusos y cortantes en diferentes partes del cuerpo. Tampoco fue identificado”, dijeron  socorristas.
  

También en la calle Martí

 Dos horas antes, en la 9a. avenida y calle  Martí, zona 2, un hombre se acercó a una panadería y le disparó al guardia de seguridad, identificado como Joel Alegría Morataya, de 58 años, quien fue trasladado al Hospital General San Juan de Dios.
“Unas 200 personas siguieron al sospechoso, le dieron alcance y lo agredieron, y fue trasladado al San Juan de Dios”, detalló el reporte, y más tarde se confirmó su deceso.

Una de las hipótesis de los investigadores es que el sospechoso pretendía intimidar a los propietarios del negocio para que le pagaran una extorsión de Q30 mil, pero como se negaron, ayer se bajó de una moto, caminó a la entrada principal  del local y disparó. Corrió hacia la calle Martí, donde fue alcanzado por la turba.

Entre la evidencia hay un arma de fuego tipo revólver, con cacha de plástico, deteriorado, y con registro 10992.

Pasajero repele asalto

Cerca de las 9 horas, en el bulevar Liberación se registraba otro hecho: tres hombres se subieron a un bus de la ruta 25 —que cubre de la colonia El Milagro al Centro Histórico— para asaltar a los pasajeros, sin contar con que un pasajero iba armado y los atacó. Una bala alcanzó a un sospechoso, quien cayó herido en las gradas de la unidad. Horas después llegó un familiar y lo identificó como Manuel Enrique Chos, de 50 años. Aseguró que este era  vendedor de papa. “Yo no exigiré que las autoridades hagan justicia, porque eso lleva tiempo y somos comerciantes  y no podríamos. Será Dios quien se encargue”, aseveró.

Ataca a ladrón

El miércoles último, dos individuos intentaron robar la motocicleta de Walter Girón, en la zona 18. Éste logró evitarlo, pero más tarde uno de los ladrones llegó a disparar contra la vivienda del afectado, pero se le agotaron las balas. En ese momento, Girón sacó un machete y mató al delincuente. A la par del cadáver quedaron la pistola y 11 casquillos.

Causas y efectos

El sociólogo Carlos Seijas considera que una de las causas que obligan a los pobladores a tomar la justicia en sus manos es la ausencia de protección por parte de las autoridades, sin tomar en cuenta que con esas medidas ellos también incurren en delitos.

 “El guatemalteco suele estar muy frustrado por el poco acceso al campo político, salud, educación y espacios donde escuchen y atiendan sus peticiones. Es un nivel de frustración tal que los ha llevado a estas consecuencias”, afirmó.

Agregó que otro factor es que la población ve que los casos en los órganos judiciales son muy largos y considera que los delincuentes no reciben el castigo que merecen.

Lizandro Acuña, experto en el área de Justicia y Seguridad Ciudadana del Instituto de Problemas Nacionales de la USAC,  indicó que hay ausencia de la PNC y eso lleva a los vecinos a organizarse en grupos de seguridad.

 “Esa ausencia de Estado es aprovechada por el crimen organizado, que a veces sustituye la función  de crear oportunidades de desarrollo, garantizar la seguridad y justicia para los ciudadanos. El otro factor también es  la falta de confianza de la población en las autoridades. Vemos policías involucrados en el crimen organizado y los procedimientos engorrosos en el sistema de justicia”, dijo.

En cada uno de los hechos violentos descritos, las redes sociales justifican en mayor o menor grado el actuar de los enardecidos vecinos, aunque también reconocen la ilegalidad.

Gobierno reacciona

Francisco Rivas, ministro de Gobernación, informó en mensaje de texto  que trabajan en monitoreos y en análisis de hechos violentos, con el fin de determinar si existen patrones comunes que los orienten a determinar el origen de estos, los cuales pueden ser atribuidos a  violencia común o delincuencia organizada. Refirió que en el transporte urbano desarrollan esquemas operativos por medio de la Subdirección Operativa.

El ministro de la Defensa, Williams Mancilla, señaló que se deben cumplir tres fases para retirar a las fuerzas castrenses de la seguridad ciudadana, pero al culminar cada una de estas se hará un análisis de resultados.

 Más violento

Cifras del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) revelaron que las muertes aumentaron en Guatemala y Alta Verapaz, aunque a escala nacional muestran una reducción de 259 muertes violentas en 2016 en relación con el 2015.
A pesar de que hubo una reducción de 259 muertes violentas en el 2016, en relación con el 2015  estas aumentaron  en Guatemala y Alta Verapaz. 

En los últimos cuatro años, enero ha sido marcado por un promedio de 474 muertes; la mayoría en el área central.
Estadísticas del Inacif revelan  que Guatemala tuvo un repunte en el 2016, al reportar dos mil 138 muertes, cuando en el 2015 se registraron 1,995, por lo que hubo un incremento de 143.

Escuintla tuvo una reducción de 122 homicidios al comparar el 2016 con 2015, pero sigue siendo uno de los dos departamentos que encabezan la lista de muertes violentas. Le siguen Petén, Izabal, Chiquimula y Jutiapa.

Los departamentos con menor incidencia de violencia son Quiché, donde se reportan 28 muertes; Sololá, con 30; Baja Verapaz, con 36; Totonicapán, 49; Huehuetenango,  66; y Sacatepéquez, 68.

Unión Gremial, de Ruiz, sumaba 2 mil 84 votos a las 22 horas, en tanto Opcihon, de Orellana, tenía mil 624. En tercera posición, fuera de la contienda, quedó Alternativa Independiente, de Alejandro Balsells, con mil 463.

Esa tendencia no cambiaría, según autoridades electorales, y se mantendría para Tribunal de Honor y Tribunal Electoral.
La próxima votación está programada para el próximo 10 de febrero.

A pesar de que estaban llamados a votar 23 mil profesionales, solo asistieron cerca de siete mil agremiados.

La elección se caracterizó por actividades alternativas  que buscaban ganar votos.

Quienes apoyaban a esas agrupaciones ofrecieron diferentes platillos  como carne asada, cerdo a las brasas y tortillas.

Asimismo hubo degustaciones y reparto de volantes, a cargo de edecanes.  

¿Por qué es importante?

La Junta Directiva, Tribunal Electoral y Tribunal de Honor son entes que tienen suficiente poder para que cobre relevancia nacional quiénes lo presidirán.

La incidencia del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang) no se limita al ejercicio profesional de sus colegiados, trasciende a la vida política del país por el poder que ejerce desde esa instancia en la elección de funcionarios del sistema de justicia nacional.

La Junta Directiva del Cang que salga elegida integrará el consejo que postulará al nuevo director del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).

El próximo año, quien presida la Directiva y el Tribunal de Honor del Cang deberán integrar la comisión de postulación de donde se elegirá al próximo Fiscal General y jefe del Ministerio Público (MP).

Los dos procesos de elección, tanto del Inacif y del MP, serán los más relevantes en los que la Directiva participará, sin embargo esta entidad también tiene representación en otros procesos, como la elección de magistrados a la Corte de Constitucionalidad, Corte Suprema de Justicia y Apelaciones.

Elecciones del Colegio de Abogados se realizan con normalidad. https://t.co/oEyLBsqEMo Video: Carlos Hernández pic.twitter.com/YpgKFD5hFZ

— Prensa Libre (@prensa_libre) February 3, 2017

Más que una planilla

Al menos dos de las seis planillas que se perfilan tiene entre sus integrantes a personas supuestamente vinculadas con figuras cuestionadas, como Roberto López Villatoro, conocido como el Rey del Tenis, señalado por el MP y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), de haber influido a su favor en la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia en el 2014.

La elección que hagan los abogados tiene importancia a corto, mediano y largo plazos, según Carmen Aída Ibarra, del Movimiento Pro Justicia.

Ibarra considera que este año  el Colegio puede ser plataforma para la elección de procurador de los Derechos Humanos.

De no aprobarse las reformas constitucionales, para el 2018 el presidente del Cang integrará la postuladora para fiscal general.

Además, según Ibarra, el presupuesto del Colegio podría utilizarse para apoyar determinadas candidaturas, de cara a las elecciones de magistrados en el 2019.

Desmiente que sean 18 mil los documentos que hacen falta, pues para finalizar el contrato 25-2016 se deben cubrir 30 mil 700 y que la finalización se dará cuando lleguen a 12 millones de impresiones.

Easy Marketing afirma en el comunicado que en noviembre del 2016 ofrecieron entregar de manera gratuita tarjetas electrónicas adicionales al compromiso contractual, pero no hubo respuesta del Renap.

La empresa agrega que la crisis de identificación de los guatemaltecos se debe a la falta de planificación del Renap, ya que desde el 2014 debió prepararse para el cambio de proveedor.

La falta de planificación llevó al Renap a ampliar el contrato a 500 mil tarjetas.

Renap lo niega

El jefe de Comunicación de Renap, Carlos Narez, indicó que son 58 mil los DPI que hacen falta para finalizar el contrato con la empresa, y durante la semana se imprimirán 40 mil. Agregó que ya se trabajaron 27 mil 500 y los 12 mil 500 restantes estarán al finalizar la semana. Descartó un atraso por parte de ellos.

Nuevo equipo

1. A pesar de haber adquirido un nuevo equipo, el Renap aún no imprime el DPI.
2. La directora ejecutiva interina del Renap, Brenda Gramajo, espera que el Congreso le autorice comprar otro equipo sin licitar.
3. Unos 364 mil DPI llevan más de 30  días hábiles de atraso, plazo que señala la normativa.
4. En enero, las solicitudes de DPI se incrementan de 80 mil a 120  mil, por los guatemaltecos que buscan una oportunidad laboral o cambiar de trabajo.

En lo que va de este año se registraron cinco atentados en contra de alcaldes, con saldo de dos jefes ediles y un concejal muertos.

Las últimas víctimas mortales son el alcalde de Rabinal, Baja Verapaz, Ángel Amado Pérez, y su concejal tercero, Eldin Gómez, quienes fueron ultimados este miércoles en ese municipio.

Durante el último año se reportaron 12 atentados en contra de alcaldes, mientras el Ministerio de Gobernación brinda seguridad a 17, afirmó Edwin Escobar, presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam).

Presión de narcos

A Escobar no le cabe duda de que los ataques en contra de los alcaldes están relacionados con presiones provenientes del narcotráfico.

“Está debilitado el Organismo Judicial, es notorio; está debilitado el Ejecutivo, está debilitado y fraccionado el Legislativo. Ahora vemos que están matando a alcaldes del interior, en municipios que son rutas de trasiego. El narcotráfico siempre ha querido operar en lugares en donde tenga libertad”, comentó.

“El primer contacto con la autoridad del estado local es el alcalde, y que estén dos años antes, que no es año electoral, eliminando candidatos, desde mi punto de vista no descartaría que es un reacomodo de poderes oscuros como el narcotráfico, para establecer un narcoestado en áreas debilitadas”, dijo Escobar.

Consultado sobre la relación del narcotráfico con los crímenes, el ministro de Gobernación, Francisco Rivas Lara, admitió que algunos, “no todos”, sí pueden estarlo.

La muerte de ediles podría estar ligada a incumplimiento de compromisos contraídos durante la campaña electoral, opina el analista Édgar Pereira, del Instituto Centroamericano de Estudios para la democracia Social (Demos).

“Yo le di plata a usted como candidato, pero me tiene que cumplir con darme esto, o cualquier otra cosa, y luego ya no lo pueden hacer porque hay sobre las alcaldías un ejercicio que quiere transparentar procesos, y organizaciones que buscan esa transparencia y fiscalizar la función pública”, expuso Pereira.

Pesquisas confirman

Algunas de las investigaciones emprendidas por el Ministerio Público (MP) sustentan la hipótesis.

Pedro Horacio Quiñónez, candidato a alcalde de San Miguel Dueñas, Sacatepéquez, fue asesinado el 22 de julio del 2015. Según las pesquisas de la Fiscalía de Delitos contra la Vida, su muerte está vinculada con integrantes de la banda Los Tumbadores, responsable de varios asesinatos y en la que participaban al menos 13 agentes de la Policía.

Carlos Daniel Aguirre, alcalde de La Libertad, Huehuetenango, fue acribillado junto a su hija, el 25 de octubre del 2016.

Fuentes de la Fiscalía contra la Narcoactividad señalaron que Aguirre fue investigado hasta que la inmunidad de la cual gozó como candidato por Libertad Democrática Renovada se los impidió.

Este hecho, en el que fueron detenidos dos hombres originarios de La Libertad, con posibles nexos con la Alcaldía, confió uno de los fiscales, les dio la pauta de que la línea de investigación inicial desarrollada en torno al entonces candidato era correcta.

La mañana en que fue asesinado, Aguirre recogió a su hija de 12 años en el colegio, para luego comprarle un anillo de graduación como regalo, por haber culminado la primaria. En el lugar del ataque fueron recogidos más de 100 casquillos, dijo uno de los fiscales que procesó la escena del crimen.

Ervin Orlando Sánchez Andrade, concejal de Las Cruces, Petén, fue asesinado el 29 de diciembre pasado, pocas horas después de que el MP solicitó el antejuicio contra el alcalde René Alberto Reynosa Alegría.

El secretario municipal Byron Sarceño Castillo y el jefe edil presentaron una propuesta para elaborar tres proyectos que ya se habían ejecutado, según la Fiscalía contra la Corrupción.

La investigación por la muerte de Sánchez Andrada se encuentra en reserva en la Fiscalía de Delitos contra la Vida; sin embargo, una fuente consultada no descartó que existan vínculos con narcotráfico.

“En el caso de Las Cruces, Petén, se acusaba al alcalde, pero resulta que ahora los concejales estaban de la mano con el narcotráfico y terminan matando al concejal primero, por no haber cumplido la promesa de haber sacado al alcalde por la vía judicial. Allí hay otra versión”, afirmó Escobar.

“Esa versión la dio el alcalde. Entiendo que él se apersonó —al MP—”, agregó.

Campañas y alcaldes

Las redes político-económicas ilícitas son lideradas por el poder regional y local, y se construyen en torno a algunos alcaldes y diputados distritales y articulan la política local con la nacional, según el informe El financiamiento de la Política en Guatemala, de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala.

Estas redes “son la pieza central para el financiamiento ilícito de la política y, a la larga, han posibilitado la continuidad del sistema. La vinculación a estas redes permite a los alcaldes tener acceso a recursos públicos adicionales a los establecidos constitucionalmente”, según el documento.

El procurador de los Derechos Humanos, Jorge de León, aseguró que esto se debe a la impunidad en el país y a la falta de presencia del Estado.

El Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) señalaron cómo esta dádiva vincula a López Villatoro como un operador para designar a abogados de su confianza en puestos claves en el sistema de justicia y así  garantizar impunidad al mejor postor, a la vez que pone en un trance difícil a la actual Corte Suprema de Justicia.

Durante el proceso de postulación de aspirantes para magistrados a CSJ en el 2014,  Orellana Donis  fue nombrado postulador por el Instituto de Magistrados, con lo cual desde ese momento ya era vinculado al grupo de López Villatoro.
El magistrado logró posicionar a ocho abogados, de los 250 aspirantes, para ser incluidos en el listado final de 26 que fue entregado al Congreso.

De esos ocho, fueron electos por el Legislativo como magistrados titulares: Silvia Patricia Valdés Quezada, actual presidenta de la CSJ; Vitalina Orellana y Orellana, vocal III; Douglas René Charchal Ramos, vocal V —renunció y guarda prisión por el caso TCQ—; Silvia Verónica García Molina, vocal VIII, y José Antonio Pineda Barales, vocal XI. Y como magistrados  suplentes: Guillermo  España Mérida, Mario Estuardo Gordillo Galindo y María Consuelo Porras Argueta.https://twitter.com/CICIGgt/status/819274335298977793

Así inició la investigación

Los propietarios del apartamento, Carlos Augusto, Vicente Rafael, David Edmundo y Daniel Estuardo, de apellidos Escobar Ulloa, pusieron en venta el inmueble en el 2013.

Los propietarios fueron representados por el abogado César David Sánchez   quien les presentó a Gustavo Ortiz Arroyo, representante legal de la empresa Alta Seguridad en Servicios, S. A.,  quien mostró  interés en adquirir la propiedad, valorada en unos Q3 millones.

Luego de esa reunión se hizo el contrato de compraventa el 26 de diciembre del 2013. Los dueños entregaron la llave para que se realizaran las remodelaciones correspondientes. Luego de cierto tiempo los propietarios exigieron el pago de venta.

Ortiz Arroyo les indicó que la persona que adquirió el apartamento era “el Rey del Tenis” y si seguían exigiendo el pago les podía pasar algo pues era una persona muy poderosa. Lo dijo con tono de amenaza.

Ante la falta de pago,  los hermano Escobar Ulloa inmovilizan el bien en el Registro de la Propiedad, y en ese momento se percatan que en el apartamento ya residía Orellana Donis y su esposa, Doris Lucrecia Alonso Hidalgo.

Los propietarios hacen el cobro a Orellana Donis y este les dice que dejen de estar molestando, que no les debe nada ya que la propiedad es un regalo del Rey del Tenis.

Luego, los hermanos Escobar Ulloa solicitan una reunión con López Villatoro, quien delegó a los abogados Carlos Roberto Minchez Herrera y Claudia Patricia Abril Hernández para negociar la deuda.

• Magistrada Blanca Stalling pidió a juez favorecer a su hijo

Daniel Estuardo manifestó a los investigadores del MP y la Cicig que se reunieron con los abogados, donde López Villatoro tiene sus oficinas,  en el edificio Aristos Reforma.

Daniel Estuardo manifestó que al mencionar que tenían la intención de denunciarlos judicialmente por no pagarles el valor total del apartamento, el abogado Minchez Herrera les indicó que dejaran de molestar al magistrado Orellana Donis y al señor López Villatoro, pues las cortes estaban alineadas, a las órdenes de ellos.

Los hermanos Escobar Ulloa  al percibir que no podían combatir con hombres tan poderosos y con influencia en el ámbito judicial, llegaron a un arreglo de venta por lo que se anuló  la primera escritura y se procedió a firmar una nueva, el 16 de diciembre de 2014.

En esta oportunidad aparecen como compradores el magistrado Orellana Donis y su esposa,  firmaron la escritura y los vendedores recogieron los cheques que les fueron entregados, por un monto menor a los Q272 mil pactados en el contrato.

El jefe de la Cicig, Iván Velásquez, indicó que la compraventa  fue registrada el 25 de febrero del 2015, por Orellana Donis y su esposa,   en el Registro de la Propiedad. El apartamento tiene 369.88 metros cuadrados y dos estacionamientos.

Vínculos con Rey del Tenis

Los propietarios también recibieron cuatro cheques, tres por US$19 mil y el último por US$65 mil, que suman US$122 mil. Los documentos financieros eran de la cuenta  número 6445010957 del Banco de Desarrollo Rural S.A. a nombre de la empresa Nico, S.A., firma que  en ese momento solo contaba con US$ 1,274.15 de saldo.

El magistrado Orellana Donis pudo incurrir en los delitos de cohecho pasivo, enriquecimiento ilícito, incumplimiento, entre otros. pic.twitter.com/Kou9K3YOD8

— CICIG Guatemala (@CICIGgt) January 11, 2017

Pero esta empresa recibió US$100 mil provenientes de la cuenta número 004-006083-0 del Banco Industrial, a nombre de la firma  Aguime, S.A.

Previó a hacer la transferencia, Aguime tenía un saldo de US$4,986.30, pero días antes recibió una trasferencia internacional de US$99 mil 995.

Según el comisionado, las empresas que pagaron el inmueble y los estacionamientos, Nico, S.A., y Aguime, S.A., no tienen relación con el magistrado Orellana Donis ni con su esposa, pero sí  con López Villatoro.

“La empresa Nico, S.A.  tiene como gerente general y representante legal a Marlon Aníbal Rosales, mientras Claudia Abril Hernández tiene firmas registradas en las cuentas donde salió el dinero para pagar el inmueble”, explicó Velásquez.

El jefe de la Cicig refiere que ambos profesionales son socios fundadores de Lovi & Asociados, de quien  su último socio es López Villatoro, y que ambas firmas registran el 10o. nivel del Edificio Aristos Reforma 7-62 zona 9, oficina 1003, al igual que Alta Seguridad en Servicios.

Buscan eliminar denuncia 

Velásquez manifestó que López Villatoro se  puso en evidencia cuando fue enterado acerca de la investigación en curso, que llevaba adelantada la Cicig y la Fiscalía Especial contra la Impunidad  (Feci), al llegar a la sede de la comisión internacional con el fin de aportar documentos a título de “pruebas de descargo”.

En ese momento indicó que si bien el pago lo realizó la empresa Nico, S. A., el magistrado Orellana Donis y su esposa gestionaron con ocasión de esa compra un crédito bancario con garantía hipotecaria otorgado a su favor por el Banco G&T Continental, por Q2 millones.

El crédito fue concedido el 20 de abril del 2015, cuatro meses después de la firma del acuerdo de compraventa de los inmuebles y 13 meses después de residir en dicho apartamento.

La investigación estableció que con  los Q2 millones obtenidos no se pagó la supuesta deuda a López Villatoro debido a que no se reporta ninguna transferencia

“Todo lo anterior permite concluir que el apartamento 2A del edificio El Torreón, ubicado en la décima calle 3-44 fue entregado al magistrado Orellana Donis y su esposa, demostrándose que los fondos utilizados para la compraventa provinieron de entidades relacionadas al abogado López Villatoro.

Piden antejuicio

El MP solicitó a la CSJ dar trámite al antejuicio en contra de Orellana Donis por los delitos de cohecho pasivo, aceptación ilícita de regalo, enriquecimiento ilícito e incumplimiento de prestar declaración jurada patrimonial.

La Contraloría General de Cuentas reportó que el magistrado Orellana Donis no actualizó su declaración jurada patrimonial del 2015, pese a que supuestamente había adquirido los inmuebles en el 2014, añadió el comisionado.

Mientras se realizaba la conferencia de prensa, fiscales allanaban las oficinas de López Villatoro con el fin de secuestrar evidencia, entre ellos documentos y archivos electrónicos.   A las 10 de la noche el procedimiento continuaba. Además, el juzgado de diligencias urgentes ordenó el arraigo de López Villatoro.

La Cicig y MP tuvieron obstáculos para poder investigar de manera previa al magistrado.

Corte Suprema en jaque

Elvin Díaz, director del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (ICCPG), señaló que la situación de los magistrados es alarmante y resaltó que debe dilucidarse el proceso de antejuicio de manera pronta, para que el Congreso lo conozca.

Resaltó que el modelo de selección de jueces y magistrados ya caducó, y que es importante que se retome la reforma constitucional para transformar el modelo y apostar a la carrera judicial.

Gustavo García, experto en seguridad y justicia de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes), refirió que las denuncias de estos casos tienden al fortalecimiento de sistema  justicia, en el sentido de cualquier persona que considera que estos funcionarios judiciales están actuando al margen de la ley y que cuenten con las pruebas correspondientes deben denunciarlo.

“Luego de las denuncias debe iniciarse con los procesos de investigación correspondiente y establecer si son culpables de los hechos que se les señala. Pero eso no se puede lograr si no es con una denuncia que se formule con los fundamentos debidos. Esto es positivo, pues por  aparte si se denuncia es porque hay alguna confianza en el sistema de justicia que permita llevar a un proceso penal a quienes se consideren responsables de haber cometido un delito”, indicó.

Agregó que, sin duda alguna, la solicitud de antejuicios afecta no solo al Poder Judicial sino a toda la institucionalidad del Estado, ya que no es exclusivamente el Organismo Judicial el que pueda tener en su interior funcionarios cuestionados, sino cualquier entidad del Estado.

“Sin duda que si  afecta la imagen, pero  hechos como estos, si los resultados de las denuncias son establecidos y comprobados y los responsables son  sancionados, esto puede servir para reivindicar la imagen del poder judicial”, aseveró.

En Mixco el crimen fue en la avenida Federal y 4a. calle de la zona 1, en un estrecho callejón que conecta dos avenidas.

En ese lugar fueron dos personas, un hombre y una mujer de unos 20 años de edad cada uno, los cuerpos quedaron juntos y recibieron varios balazos.

Pareja es ultimada en la avenida Federal y 4a. Calle, zona 1 de Mixco. pic.twitter.com/GLN3FKZwab

— José Manuel Patzán (@jmpatzan_pl) 10 de enero de 2017

El otro incidente fue reportado en la 35 avenida A y 27 calle de la zona 5, colonia Santa Ana. La víctima es Héctor Daniel Flores Cifuentes de 38 años.

Las versiones preliminares indican que él –Flores Cifuentes– estaba revisando un vehículo cuando un hombre en una motocicleta se acercó y le disparó.

“Se escucharon las detonaciones en un instante y estaba tirado”, reveló un testigo. Los socorristas informaron que la víctima tiene dos impactos de bala en la cabeza.

Hombre de 38 años muere tras ataque armado en la 35 Avenida A, 27 calle, Santa Ana, zona 5. #CBM pic.twitter.com/fiQobPTvK2

— Bomberos Municipales (@bomberosmuni) January 10, 2017

La semana pasada, a una cuadra del incidente de este martes, un trabajador de un lavado de carros fue ultimado cuando limpiaba el interior de un automóvil.

La PNC indicó en ese momento que el hecho fue directo, pues había más trabajadores en el negocio. La investigación sigue en curso.

A Flores Cifuentes le aparecen antecedentes penales por robo de vehículos, portación ilegal de arma blanca y lesiones.

En 2013 fue detenido en la colonia La Palmita en la misma zona, por realizar disparon al aire con un arma sin permiso.

El fólder con los documentos fue enviado a la Embajada de Guatemala en los EE.UU. y ésta a su vez lo notificó y entregó al Departamento de Estado, por lo que están debidamente informados de la petición de las autoridades guatemaltecas, subrayo Morales.

La solicitud para detener al ex funcionario del Partido Patriota fue firmada esta semana por el Juez de Mayor Riesgo B, Miguel Ángel Gálvez, que conoce el caso de corrupción La Cooperacha que implica a Archila Dehesa.

El Ministerio Público (MP) y la Comisión contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) lo señalan de estar vinculado con la compra de un helicóptero como regalo para el expresidente Otto Pérez Molina, preso por corrupción.

El exministro estuvo detenido durante 10 días en Estados Unidos  por permanecer sin autorización en ese país. Recupero su libertad luego de pagar una  fianza d US$ 25 mil.   

• Lea también: Erick Archila vive en un apartamento ubicado en Miami.

El nombre de Archila resurgió en días recientes porque se supo que fue detenido en Estados Unidos en diciembre último porque el plazo para su estadía de turista venció. Compareció ante juez y le otorgó libertad bajo fianza de US$25 mil y mantiene un proceso migratorio abierto. Deberá retornar a la corte el día 23.

Informamos que desde ayer hemos trasladado al @StateDept la solicitud de detención provisional con miras de extradición del Sr Erick Archila pic.twitter.com/5GIcQXL3Es

— MINEX Guatemala (@MinexGt) January 6, 2017

El Seguro Social publicó este lunes en el Diario Oficial que a partir del 1 de enero adoptaron como único número de identificación para afiliados y sus beneficiarios y pensionados el CUI, el cual servirá para realizar solicitudes y trámites de prestaciones y administrativos.
https://twitter.com/IGSSGT/status/810263295936630784

En  oficinas de la Superintendencia de Administración Tributaria de la zona 9 se indicó que continúan los procesos como siempre lo han hecho, es decir identificar a la personas por el CUI y el NIT para los trámites con el ente recaudador.

Carlos Narez, vocero del Registro Nacional de las Personas (Renap), confirmó que son varias las entidades que han adoptado el CUI, pero que en el transcurso de este mes se podrán comprobar quienes lo han implementado.

Aclaró que el Renap desde hace un año y medio comenzó a solicitar y recomendar a las distintas instituciones sobre la adopción de CUI, los cual permitirá una interoperabilidad en todas las entidades para informar y compartir información, como ahora sucede con el Instituto Nacional de Ciencias Forenses y la Policía Nacional Civil.

Recibirán impresora

Para mañana martes se tiene previsto que el Renap reciba la impresora adquirida a la empresa Documentos y Soluciones de Identificación S.A. (Dosolid).

La configuración del equipo podría tardar  48 horas  y se prevé que a partir del próximo lunes comience la impresión, a una velocidad de hasta 150 mil DPI al mes.

El Renap recibe en un mes hasta 80 mil  solicitudes de primer DPI o reposición.

Los jóvenes que han crecido en un país sin guerra declarada tampoco profundizan en la historia reciente, y aunque no la ignoran, no ven resultados positivos de los 36 años de conflicto ni de los 20 años de la firma de la Paz.

Educación, empleo, mejores condiciones de vida y  acceso a la salud son asuntos que ahora preocupan más a la juventud, que  declara su desconocimiento sobre el contenido de los acuerdos signados aquel 29 de diciembre de 1996 mientras repicaban las campanas de la Catedral.

Cambios tímidos

Para el sociólogo Edmundo Urrutia, la generación  de la posguerra disfruta de condiciones más favorables, porque ya no hay represión ni persecución, ni violencia política, y hay garantías a ciertos derechos, como el de expresión, organización y la atmósfera social y política del país es completamente distinta.

“A pesar de que no hemos tenido una tasa de crecimiento ni hemos tenido niveles favorables de desarrollo, las condiciones son mejores, indudablemente, para los jóvenes. La guerra inhibía la inversión y tenía un Estado ineficaz. Aunque sigue siendo débil —el Estado—, la cuestión fiscal ha mejorado. Creo que la nueva generación es más favorecida en cuanto a las condiciones que la anterior, que sufrió el conflicto armado”, indicó.

Según Urrutia, al observar aspectos como la seguridad ciudadana, la situación actual de los jóvenes no ha mejorado porque existe mucho temor, especialmente en zonas denominadas “rojas”.

Para Urquizú, antes de la firma de la paz, en el país había producción nacional: zapateros, fabricantes de ropa, productos empacados y carnicerías, lo que generaba oportunidades de empleo, pero cuando el Estado comenzó a firmar tratados de libre comercio, luego de 1996,  se introdujeron en el país artículos ya fabricados y se redujo la producción local y la oferta de trabajo.

Falta competitividad

La violencia, explica el historiador, tiene su origen en la falta de oportunidades, pues al no haber empleo digno las personas buscan integrarse a un sistema que le ofrece identidad y fácil ascenso social.

“Los acuerdos de paz han servido para la defensa de los pueblos y la identidad, pero también hizo  que el país sea menos competitivos ante el capitalismo”, señaló Urquizú.

Para la activista Lucia Ixchiú, los desafíos de la posguerra son demasiados, pues la división que dejó la guerra es una herencia que  todavía arrastran los jóvenes.

“Entre los retos que tenemos se cuenta construir el tejido social que está roto por la guerra, incluso desde la Colonia. En educación, los retos aún son mayores. No hay acceso a la educación en este país; en las comunidades  indígenas el acceso es limitado. Creo que el reto es ir rompiendo esas barreras de la discriminación. A parte, ¿de qué paz estamos hablando?”, manifestó.

Pese a todo, la activista considera que  hay avances, pues si no se hubiera firmado la paz no habría libertad de expresión y continuaría la persecución por ideales.
Sin embargo, resalta que tras  36 años de conflicto los Acuerdos de Paz aún no han sido plenamente implementados.

Preocupa la violencia

Isabel Mayén tiene 20 años y hoy dará a luz a su primer hijo, a quien llamará Matías Sebastián. Reside en la zona 18. Considera que la violencia es un asunto pendiente de lo que dejó la firma de la paz hace 20 años.

“Tengo miedo de no poder regresar sana y salva a mi casa o que uno de mis familiares muera por una bala perdida. Luego de la firma de la paz no hubo  mayor cambio. Los gobiernos no se han enfocado en puntos claves de lo que genera la violencia”, explicó.

La joven madre indicó que el Gobierno debe enfocarse en salud, trabajo y educación, para prevenir la violencia e impulsar el desarrollo.

“Si nuestros niños tuvieran una mejor educación, no tendrían necesidad de hacer cosas malas. Con sus estudios y esfuerzo podrían tener un  buen trabajo que les permita seguir adelante”, refirió.

Ahora es posible opinar

Melvin Ruano, de 20 años, es parte de la generación de  posguerra. Su mayor preocupación es que no ha podido encontrar un trabajo estable.

“El conflicto armado fue una de las guerras por los derechos de la libre expresión. La paz es algo que se dio en Guatemala para que no seamos juzgados por expresar nuestro diferentes puntos de vista”, explicó Ruano.
El entrevistado señaló que al país le faltan acciones en seguridad, educación y salud.

“Todos esperamos una Guatemala mejor. Pensamos solo en nosotros, y no en los demás. Es muy difícil encontrar un trabajo estable, ya que piden experiencia y uno se acaba de graduar”, manifestó.

Ruano cree que hay más tranquilidad respecto del período de guerra, pero la violencia  continúa en todo el país.

Inseguridad se mantiene

Zoe Mogollón nació en 1996, y lo que más le afecta en  tiempos de paz es la falta de empleo. Considera que el conflicto armado que vivió el país dejó muchas muertes,  secuestros y personas torturadas.

“Las personas fueron tratadas como animales. La paz fue un acuerdo entre ambos grupos  para finalizar la guerra. Ahora hablar de paz es complicado, en cualquier sector o parte de la ciudad o del país nos afecta la violencia; esta se ve todos los días”, señaló. 

Cree que en el país la oportunidad de empleo es nula y que ella es un ejemplo, ya que a sus 20 años no lo tiene.
“La educación en el país no es buena, si no se tiene el dinero para pagarla. No hay buena atención en los hospitales, pero uno no puede culparlos porque el mismo Gobierno no da los insumos”, refirió.

Espera tener empleo

Míldred Mejía reside en la zona 5. Es una joven de la posguerra. Ella tiene claro que el conflicto armado dejó gran cantidad de muertos y de desaparecidos por haber expresados sus pensamientos políticos.

“El conflicto armado era una guerra entre hermanos, en todo el país. La paz se firmó en 1996, cuando Álvaro Arzú era presidente, poniendo fin a los 36 años de la guerra interna”, indicó.

La joven agregó que la educación pública es de  baja calidad. Le ha sido difícil conseguir un trabajo, pero mantiene la esperanza de que en enero próximo pueda hallar esa oportunidad.

“Para conseguir una plaza llegan más de cien personas. A veces piden dos años de experiencia o tantos años de universidad, y eso no se tiene, y sin trabajo no se pueden pagar los estudios superiores”, expresó.

Muchos fueron  exiliados  

Émily Vega, una joven de 20, de la generación de la posguerra, indicó que el conflicto armado fue una guerra que se dio en todo el país, donde muchos guatemaltecos murieron y otros fueron exiliados por su pensamiento político.

“La firma de la paz fue un acuerdo político para ponerle fin a la guerra y la violencia que se estaba viviendo en el país. A pesar de estar en otros tiempos, los guatemaltecos vivimos una época de violencia: se dan asaltos y extorsiones”, dijo Vega.

La entrevistada, que estudia Fisioterapia, cree que en salud el país está atrasado, no hay atención adecuada de los pacientes y escasea el equipo médico.

“En educación no se les da la capacitación adecuada a  los maestros. Además de que  no se  apoya lo suficiente a las escuelas  públicas, sobre todo a las que se ubican en la provincia”, manifestó.

Exclusión persiste

El Observatorio Indígena afirmó que hay pocos avances luego de la firma de la paz hace 20 años, debido a que la  pobreza, violencia, exclusión y racismo afectan a la sociedad, en particular a los pueblos indígenas.

Mario Itzep, de la referida entidad, afirmó que es necesario revisar las causas que originaron el  conflicto y de los acuerdos firmados para que en el futuro se pueda alcanzar una verdadera paz, basada en la justicia y acceso a condiciones de vida digna.

El Observatorio pidió que se unan esfuerzos entre sociedad civil y Gobierno, para que el Estado cumpla con los compromisos asumidos con los acuerdos de paz.

Una guerra fraticida

En noviembre de 1960, un grupo de oficiales jóvenes se alza contra el Gobierno por la corrupción que impera. 

En 1980 se recrudeció  el conflicto. Fue la década cuando se registró la mayor cantidad de masacres en comunidades indígenas.

En mayo de 1985, los presidentes de Centroamérica se reúnen en Guatemala para discutir por primera vez cómo se puede  alcanzar la paz en la región.

El 29 de diciembre de 1996, el presidente Álvaro Arzú y los comandantes de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca firman la paz.

• Acuerdos de paz  firmados
• Acuerdo global sobre derechos humanos.
• Resarcimiento de las poblaciones desarraigadas.
• Atender la identidad y derechos de los pueblos indígenas.
• Atender  aspectos socioeconómicos y situación agraria.
• Fortalecimiento del poder civil y función del ejército en una sociedad democrática.
• Incorporación de la URNG a la legalidad.
• Establecimiento de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico
• Acuerdo de Paz Firme y Duradera.

Agenda

• 6 horas: ceremonial maya en Kaminal Juyú.
• Por la mañana: actividades en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias.
• 17 horas: acto protocolario en conmemoración a la firma de la paz, en el Palacio Nacional de la Cultura.
• 19 horas: concierto de reconciliación, con el coro-orquesta Alaíde Foppa y la banda  del Ejército, en el frontispicio del Palacio Nacional de la Cultura. 

En el ámbito social, ¿cuál es el balance del último año?

Es disparejo. Creo que en materia de educación está claro que lo que caracteriza es la inercia, no hay grandes mejoras y más bien los indicadores disponibles apuntan a que la matriculación en primaria continúa deteriorándose. En salud hemos visto a una ministra muy activa, con buena voluntad, con planes muy definidos y que enfrenta una posición muy intransigente de algunos diputados que han tratado de boicotear su actividad y que tampoco es favorecida por el gobierno en su conjunto. En empleo, yo diría que la situación sigue igual, bastante deplorable, con una economía caracterizada por un alto porcentaje de empleo informal y de subempleo.

¿Habrá otros aspectos que afecten en lo  laboral?

Hay dos luces de emergencia que se reflejan en lo internacional: la primera es que se prevé que  a inicios del 2017 se conforme una comisión de encuesta  por parte de la Organización Internacional del Trabajo. Eso  implica una investigación  a fondo sobre la  posible violación a la  acción sindical y una posible condena al país.   
El segundo tema está relacionado con el Cafta —Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana—, en el que un panel de expertos dará a comienzo de año sus resultados y que puede llevar a una multa o, en todo caso, a un llamado de atención serio  si no se avanza en en el tema de la inspección.

¿Las políticas sociales del Gobierno están satisfaciendo las necesidades de la población?

No. Comenzamos por señalar que no hay una estrategia de reducción de la pobreza en Guatemala. Esa es una tremenda deficiencia, debería ser una prioridad atender a los sectores pobres y más pobres y con una estrategia clara. Hay alguna atención a través de programas focalizados, las transferencias semicondicionadas, pero  no hay una estrategia dirigida a esos sectores vulnerables.

¿Hubo acción o solo reacomodo para impulsar lo social?

Estamos en una larga transición. Hay que tomar en cuenta que este gobierno heredó de Otto Pérez Molina un Estado desestructurado, destruido, con un Ministerio de Desarrollo Social caracterizado por plazas fantasma y también  programas clientelares. Hay que reconocer la dificultad que implica partir de nuevo y recuperar lo que es el desarrollo social. En todo caso se continúa manteniendo un estancamiento.

 ¿La gestión de Jimmy Morales queda en deuda?

Yo diría que el Estado guatemalteco está en deuda con las poblaciones vulnerables. El presidente Jimmy Morales tomó un Estado totalmente destruido, sin capacidad de iniciativa, con pocos recursos. Lamentablemente no se hizo una reforma que devolviera la capacidad para  atender esos problemas.

¿Cuál debería ser la meta para el próximo año?

Habría que impulsar una verdadera reforma del Estado, que implica, por un lado, mejorar la capacidad técnica para responder a todos estos problemas. Eso parte, incluso, de una nueva Ley de Servicio Civil, y por otro lado asegurar suficientes recursos para que ese servicio civil renovado pueda actuar. Darle más capacidad a los ministerios claves como Educación, Trabajo y Salud, para poder actuar.

¿Qué debe hacer el Gobierno para mejorar?

Por una parte, tener una estrategia de reducción a la pobreza explícita, clara, de mediano plazo; y la otra es empezar una reforma del Estado que le dé la capacidad para  realmente implementar esa estrategia.

¿Qué se debe hacer con los  programas sociales?

Es indispensable  una estrategia  que le dé una orientación estratégica a todas las políticas sociales. A partir de eso, que se definan programas sociales específicos y no solo así puntales.

¿Cómo cierra Guatemala el año respecto de la pobreza?

No hay datos para este año, los últimos que tenemos son los del 2014, pero todo apunta a que no ha habido una mejora significativa porque las condiciones en el ámbito del empleo, de los salarios y los precios apunta a que la distribución del ingreso ha empeorado, y que las condiciones de vida de las poblaciones más vulnerables no han tenido una mejoría.

¿Cuál es el papel del ciudadano ante el Gobierno?

Aquí hay distintas actividades, desde la acción solidaria de familias y organizaciones sociales, la fiscalización de la sociedad civil y la organización política.

Carlos Sandoval vocero de la comuna capitalina indicó que las diferentes cuadrillas de limpieza que recorren los dos mil kilómetros de cinta asfáltica de la capital recogieron este 24 y 25 de diciembre cuatro mil metros cúbicos de basura por día, cuando lo normal es de mil metros cúbicos.

“Es importante mencionar que continúan los esfuerzos de la dirección de obras y de Empagua para retirar la basura que quedaron en los diferentes tragantes y drenajes para que no afecte al momento que llueva”, dijo Sandoval.

Sandoval informó que mil trabajadores de las cuadrillas limpia y verde y trabajadores de Empagua fueron los realizaron las limpiezas de las calles de la ciudad.

Semana Santa

Durante la Semana Santa la comuna capitalina reporta una cantidad de basura igual a las fiestas de navidad y Año Nuevo. Esto debido a los procesionales que recorren calles y avenidas de la ciudad capital.

Alrededor de unos 90 cortejos procesionales salen a las calles tanto en el Centro Histórico como en las distintas zonas de la ciudad.

La comuna informa que la limpieza de las calles y avenidas se hace con el apoyo de personas dedicadas exclusivamente a la limpieza de alfombras más el resto de cuadrillas que dan cobertura a las áreas de mayor afluencia.

A las 14 horas del 25 de diciembre en el complejo social municipal decidieron adjudicar la obra, cinco horas antes, a las 9 de la mañana se presentaron ofertas donde otras dos empresas ofertaron, pero Construcciones M & M fue la ganadora al presentar un precio menor.

Las otras dos empresas fueron: Corporación Nacional para el Desarrollo, S.A., por Q2 millones 750 mil y Constructora Americana KRCC por Q2 millones 950 mil 100.

Desde 2004 al 2016, Construcciones M & M le han sido adjudicados 262 concursos por Q354 millones 918 mil 744.32, en su mayoría obras para comunas de San Marcos.

Compran vales de combustibles

El 24 de diciembre último se adjudicó la compra de vales de combustibles por parte de la Municipalidad de Comalapa, Chimaltenango, por Q100 mil 750 a César Nicolás Peren Apen, Rolando Coloc Choc copropiedad o Gasolinera Comalapa.

Esta estación de servicio ha sido beneficiadas con 70 contratos por Q4.1 millones siempre con dicha corporación municipal según el portal de Guatecompras.gt

Los recursos para la dotación de libros de texto a las escuelas de primaria y cuadernos de trabajo para preprimaria provienen de un préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

En el proceso participaron nueve empresas entre ellas una firma de Costa Rica. La adjudicación se hizo por lotes, lo ofertado por cada empresa es mayor a lo adjudicado.

Con la adjudicación, el Ministerio de Educación espera la distribución de los libros en el primer trimestre del próximo año.

Proceso atrasado

El 14 de octubre del 2015, el Mineduc empezó con la distribución de los libros de texto para primaria y preprimaria.

En esa ocasión se empezó con el envió de 22 mil cajas grises con material educativo de matemática en primer grado de primaria y 2 millones 636 mil libros de texto para preprimaria.

Los libros de texto tuvieron un costo de Q20 millones 503 mil 736.

La “venta directa” se dio porque el proceso de subasta quedó anulado luego de la supuesta vinculación de la empresa Canyon Group, S. A., con firmas señaladas en el Caso Cooptación del Estado.

José Estuardo Aguja jefe de información de la Senabed indicó que ahora será la Consejo Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio (Conabed) quien en su próxima sesión decida a quienes o a quien se le dará en donación los aguacates.

Senabed declaró desierta la venta directa de los más de 2 mil quintales de aguacate tipo Hass. pic.twitter.com/vFyRJrufTg

— Glenda Sánchez (@GlendaVivianaS) December 23, 2016

 La Ley establece que cuando no se puede vender el producto el siguiente paso es la donación. La entidad a la que se le donen los aguacates no podrá comercializarlos.

La Senabed sigue con los gastos de las plantaciones, ha contratado un agrónomo, el pago de 8 ocho trabajadores y el fertilizante, los gastos llegan a los Q190 mil

Casos de corrupción 

Las firmas Canyon Group, S. A.; Coral Gables Business Group, S. A.; y Halifax, S. A., fueron creadas entre el 2012 y 2014, cuando era    secretario  privado  de la Presidencia Juan de Dios Rodríguez —actualmente en prisión, por corrupción en el Seguro Social— y el de la Vicepresidencia era Juan Carlos Monzón —en la cárcel por corrupción al usar empresas de cartón—.

Según documentos del Registro Mercantil, Coral Gables Business Group, S. A., fue creada el 19 de octubre del 2012. Su representante legal  es Rebeca Cordón,  ligada a proceso penal por el arrendamiento de  un edificio al Seguro Social, el cual nunca fue utilizado.

Dicho inmueble fue traspasado  por la empresa Tarraspana Coral Group como aporte de un aumento de capital y fue valorado en Q1 millón 990 mil.

Canyon Group, S. A., fue constituida el 14 de junio del 2013 por Oswaldo Enrique Balaña Portillo y Marya Helena López Chojolán, quienes también crearon Coral Gables.

La empresa Halifax, S. A., fue creada el 10 de septiembre del 2014 por Claudia Paulina Vargas Fuentes y Gretel Stephanie Gómez de León. La firma está ligada al caso la Cooperacha luego del decomiso e inmovilización de dos helicópteros.

El subgerente financiero del IGSS, Javier Rivera, manifestó que todos los registros convivirán en el sistema de manera que los afiliados puedan ser ubicados por distintas vías.

“Los números en los expedientes poco a poco serán sustituidos por el código único de identificación (CUI), ya que este será el único registro para las personas. A partir del 4 de enero, cuando se regrese a atender a los afiliados, es indispensable presentar el DPI; no obstante, la persona no lo tiene pero posee otro documento, puede ser atendido”, explicó Rivera.

El subgerente explicó que las salas de urgencias seguirán atendiendo sin importar si la persona es afiliada o no al Seguro Social.

El sistema con el que trabajará el IGSS estará en línea con la base de datos del Registro Nacional de las Personas, por lo que la inscripción de nuevos afiliados no tomará más de cinco minutos.

Además de las acciones penales, según la Ley, el TSE deberá analizar una sanción administrativa en contra de la agrupación política, entre estas puede estar una multa, una suspensión o la cancelación definitiva.

La decisión sobre qué medida administrativa se imponga a FCN-Nación se discutirá en enero, según magistrados del TSE.

Según publicó el TSE es su página electrónica, FCN-Nación no presentó informes completos sobre los gastos efectuados durante la campaña electoral, entre ellos la contratación de un helicóptero que se vincula a Alejandro Sinibaldi.

El TSE tampoco facilitó información sobre el hotel que alojó a Morales luego de su elección como y antes de asumir como Presidente.

Según el presidente del TSE, Jorge Mario Valenzuela, el partido político justificó los informes incompletos por la incomparecencia de la contadora, sin embargo una investigación logró ubicar a la profesional que, a través de un oficio, aseguró que había abandonado el cargo un año antes.

La denuncia se presentó ante el MP en contra del partido, sin embargo la responsabilidad recae en el diputado Édgar Ovalle, actual secretario general de la agrupación.

El MP durante su investigación también deberá cuestionar la gestión de Jimmy Morales durante el tiempo que estuvo como secretario general de FCN-Nación, cargo que desempeñó hasta que resultó electo como Presidente.

“Aunque la empresa pague el 95 por ciento de la deuda adquirida, se suspende el proceso hasta que el Ministerio Público remita el informe que determinará si existe alguna vinculación con las empresas señaladas”, manifestó José Aguja, jefe de Acceso a la Información Pública de la Senabed.  

Aguja agregó:  “Desde el 8 de septiembre último  comenzó el proceso para realizar la subasta,  y  desde ese momento las entidades que integran el Consejo Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio estuvieron de acuerdo y tuvieron la responsabilidad de indagar a las empresas interesadas en adquirir los aguacates”.

Empresas vinculadas

Las firmas Canyon Group, S. A.; Coral Gables Business Group, S. A.; y Halifax, S. A., fueron creadas entre el 2012 y 2014, cuando era    secretario  privado  de la Presidencia Juan de Dios Rodríguez —actualmente en prisión, por corrupción en el Seguro Social— y el de la Vicepresidencia era Juan Carlos Monzón —en la cárcel por corrupción al usar empresas de cartón—.

Según documentos del Registro Mercantil, Coral Gables Business Group, S. A., fue creada el 19 de octubre del 2012. Su representante legal  es Rebeca Cordón,  ligada a proceso penal por el arrendamiento de  un edificio al Seguro Social, el cual nunca fue utilizado.

Dicho inmueble fue traspasado  por la empresa Tarraspana Coral Group como aporte de un aumento de capital y fue valorado en Q1 millón 990 mil.

Canyon Group, S. A., fue constituida el 14 de junio del 2013 por Oswaldo Enrique Balaña Portillo y Marya Helena López Chojolán, quienes también crearon Coral Gables.

La empresa Halifax, S. A., fue creada el 10 de septiembre del 2014 por Claudia Paulina Vargas Fuentes y Gretel Stephanie Gómez de León. La firma está ligada al caso la Cooperacha luego del decomiso e inmovilización de dos helicópteros.

La impugnación es contra el artículo 246 transitorio del Código de Migración.

Pineda abundó que si el Código entra en vigencia el sábado próximo, la Dirección General de Migración no podrá emitir pasaportes debido a que en la citada legislación se le quita las facultades al crearse en un plazo de seis meses el Instituto de Migración.

En el caso del Ministerio de Trabajo, le quitan la potestad de emitir los permisos laborales a extranjeros, al mes son alrededor de mil documentos gestionados.

Por estos vacíos que dejó el Legislativo, según Pineda, se hace necesario que la CC emita una resolución antes que el Código de Migración entre en vigencia y evite con ello inconvenientes para miles de guatemaltecos y extranjeros.

Qué es el Código Guatemalteco de Migración

En septiembre el Congreso de la República creo mediante el Decreto 44-2016, el Código de Migración, con lo cual Guatemala se actualiza en la materia para brindar protección a los derechos de las personas que estén de forma temporal o permanente en el país.
 
La normativa, que debe cobrar vigencia  este sábado, sustituye la actual Ley de Migración que data de 1998 y reconoce el enfoque en derechos humanos, protección del migrante y las personas; también resalta el tema de seguridad, pues contempla lo relacionado al control migratorio mediante sistemas biométricos.
 
Con la nueva ley también se crea el Instituto Guatemalteco de Migración, que sustituirá la Dirección General de Migración, y se crea la Autoridad Migratoria Nacional.
 

El decreto aprobado 246 artículos y está divido en tres partes, resaltan aspectos como:

• La creación del Sistema Migratorio Guatemalteco.
• El Instituto Guatemalteco de Migración como entidad descentralizada.
• La creación de la Unidad de Verificación de Campo en la Subdirección de Extranjería.
• Se crea la Carrera Migratoria, con el fin de que el Estado la reconozca como una carrera profesional.
• Se crea el Consejo de Atención y Protección.
• Se crea la Comisión Nacional para los Refugiados.
• Se autoriza la emisión de pasaportes con una vigencia de 5 o 10 años.
• Se instruye el incremento.