Con la voz pausada y llorando, dos mujeres declararon ante el Tribunal de Mayor Riesgo C donde se conocen las pruebas contra la supuesta banda de sicarios denominada el Patrón.

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La primera mujer explicó que había observado el momento cuando el supuesto cabecilla Gerber Manolo López Chupina, de 40 años, apodado “Pocha”, había visitado la vivienda de Carlos Mauricio Aragón Garrido, una de las víctimas.

Ante las preguntas del fiscal si podría reconocerlo, ella respondió: “Sí. Tiene una cicatriz en la mejilla, del lado derecho, es gordo”. En la carceleta estaba López Chupina, quien supuestamente lideró la temida banda de sicarios.

Después, la testigo, indicó que el “Pocha” tenía un cuaderno con varias fotografías y le pareció extraño verlos varios días cerca de la casa de la víctima. La investigación determinó que lo vigilaron y siguieron hasta el 25 de agosto del 2015 en la 12 avenida B y 8a. calle, zona 12, cuando le dispararon.

La pesquisa determinó que José Luis González Jiménez, apodado “Pepis”, fue quien lo habría asesinado.

Llamada

La segunda testigo protegida que declaró también utilizó gafas oscuras y se cubrió el rosto. Sus datos personales solo los conoce el Tribunal.

Su testimonio fue una llamada que recibió el 7 de agosto del 2015 a las 8.30 de la mañana. El dueño de una empresa de seguridad, Faisal Antonio Aranki Rabanales, lo había llamado y le comentó que había visto a dos hombres en motocicleta sospechosos por la zona 10 cuando conducía su picop gris. El que viajaba como acompañante empuñaba una pistola, dijo.

Después, aseguró, se enteró de que Aranki había sido baleado y falleció en un hospital de la zona 14. Cuando avanzó la investigación y los detectives le mostraron los videos notó que los hombres en la motocicleta habían interceptado al empresario y uno de ellos le disparó.

En la continuación del debate a los 6 integrantes de la banda el Patrón, una testigo protegida declara y reconoce a Gerber Manolo López Chupina, de 40 años, apodado “Pocha”, el supuesto cabecilla.
"Tiene una cicatriz en la mejilla, del lado derecho, es gordo", dice. pic.twitter.com/wlLRyUSOdn

— Kenneth Monzón (@kmonzon_pl) September 9, 2019

La banda

El juicio comenzó el 13 de agosto pasado por asesinato y asociación ilícita.

Los acusados son:

• José Luis González Jiménez, alias Pepis y Pepino. Tiene 36 años y es mensajero. Cursó segundo básico.
• Édgar René de León Calderon, de 46 años. Es mecánico y señalado de cobrar por las muertes.
• Gerber Manolo López Chupina, de 40 años, apodado “Pocha”. Cursó hasta tercero básico y es vendedor de carros usados. El supuesto cabecilla.
• Érick Augusto Tasen Godoy, de 49 años. Su apodo es “Willy”. Estuvo en prisión en 2014 por portación ilegal de arma de fuego.
• Isaac Emanuel Álvarez Monzón, de 23 años, apodado “Seco”. Es repartidor de pan.
• Miguel Silvano Gómez Toma, de 38 años, exagente de la Policía Nacional Civil (PNC), entidad a la que trabajó durante ocho años.

Muertes

La banda está acusada de haber matado al abogado Francisco Palomo el 3 de junio del 2015, en la zona 9. El penalista defendió al expresidente José Efraín Ríos Montt en el proceso que el militar enfrentó por genocidio.

También está señalada de haber participado en el crimen contra José Antonio Meléndez Sandoval, de 53 años, quien dirigía la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura en Guatemala. Era abogado y notario y docente de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac). Fue ultimado el 13 de junio de 2014, en la zona 12.

El dueño de una empresa de seguridad Faisal Antonio Aranki Rabanales fue ultimado a balazos el 7 de agosto del 2015 en la 20 calle, 8-47, zona 10, cuando conducía un picop después de haber salido de su vivienda, en un residencial del kilómetro 23 de la carretera a El Salvador.

El último crimen atribuido a la banda fue el de Carlos Mauricio Aragón Garrido, sucedido el 25 de agosto del 2015, en la 12 avenida B y 8ª. calle, zona 12.

El acusado José Luis González Jiménez, apodado "Pepis", fue quien asesinó a Aragón Garrido, según la investigación y las pruebas del @MPguatemala. pic.twitter.com/epwuqEiTIl

— Kenneth Monzón (@kmonzon_pl) September 9, 2019

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Es el mayor de tres hermanos. Solo aprobó sexto primaria y desde que tenía 14 años empezó a trabajar y ayudar con los gastos en su casa.

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Hizo casi de todo y el trabajo más reciente que tuvo fue a finales de 2014 cuando lo contrataron en el rastro de la Granja Las Joyas, en la colonia Villas de Gerona, San Miguel Petapa.

La paga era poca y debía trabajar de madrugada para preparar chicharrones. Había varios empleados entre los que estaba Carlos Ulises Velásquez Martínez.

La mañana del 25 de abril del 2015, Velásquez Martínez llegó al rastro y comenzó a preparar embutidos. Cerca estaba su jefe, el ciudadano mexicano Ángel Felipe Encinos Silvas, de 40 años.

“Recuerdo que ese día que me gritó mucho porque por una equivocación se había roto una tripa con la que se preparan los chorizos y la carne se cayó”, declaró Velásquez Martínez en el Tribunal Tercero Unipersonal Penal, a cargo de Saúl Álvarez.

En su relato señaló que el mexicano lo abofeteó por haberse equivocado. Entonces tomó un machete que estaba cerca de la mesa y le acertó al cuello a su jefe.

La víctima falleció desangrada y Velásquez Martínez huyó de lugar.

Momento en que la fiscal de Villa Canales, Wendy Yat, muestra un machete, según el @MPguatemala, usado por el carnicero Carlos Ulises Velasquez Martínez para matar a su jefe, el mexicano Ángel Felipe Encinos Silvas, en un rastro de San Miguel Petapa.
El juicio es por homicidio. pic.twitter.com/CVRVTuxlbP

— Kenneth Monzón (@kmonzon_pl) September 9, 2019

Amenazas

En su defensa Velásquez Martínez explicó que su superior ya lo había amenazado. Recordó que en diciembre del 2014 le había dicho que lo iba a hacer pedazos. Además, siempre le gritaba y trababa mal.

La fiscal de Villa Canales Wendy Yat mencionó que carecen de denuncias de malos tratos y el hecho investigado fue la agresión al ciudadano mexicano, quien era originario de Sonora y tenía cinco años de residir en el país.

Durante el debate mostró el machete que empuñó el carnicero. Estaba guardado en una caja que el juez pidió que fuera abierta para revisarla.

También declaró el médico Elmer González, quien certificó la defunción, y el compañero del acusado Harrison Juárez, quien explicó que ese día hubo una discusión y después “Carlos tomó el machete” y mató al mexicano.

El juicio continuará la próxima semana. La defensa intenta convencer al juez de que el homicidio fue cometido en emoción violenta.

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Decenas de personas fueron testigos del ataque a balazos que sucedió en la entrada de un centro comercial en la zona 12.

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Testigos indicaron que un hombre disparó a dos hermanos, aunque los detalles aún se investigan.

Los primeros disparos fueron en la avenida Petapa y 52 calle, zona 12. Al parecer, las víctimas corrieron a refugiarse dentro del comercial.

El hombre los siguió y les disparó. Después, huyó a pie, según algunos clientes que se disponían a cenar a las 19:55 horas, cuando sucedió el ataque.

Decenas de personas que esperaban el autobús y otras que compraban en el lugar se refugiaron.

“Se destacaron ambulancias de la estación cercana, al final de la avenida Petapa y de El Trébol. Al principio se había mencionado que el ataque fue en la calzada Atanasio Tzul, aunque se hizo un rastreo y el hecho sucedió en la avenida Petapa”, dijo Gerardo Martínez, portavoz de los Bomberos Municipales.

#CBMInforma#AtaqueArmado#Ampliación

Avenida Petapa y 52 calle de la #zona12

Un hecho armado deja como saldo dos personas heridas por arma de fuego. @bomberosmuni Los trasladamos a la emergencia del #HR, uno de ellos fallece al arribar. Los implicados eran hermanos.#CBMgt pic.twitter.com/OROdhybaBb

— Bomberos Municipales (@bomberosmuni) September 8, 2019

Las víctimas

Rudy José Talé Barrera, de 25 años, fue herido de bala en el tórax. Su estado es delicado y fue ingresado al quirófano del Hospital Roosevelt debido a que la bala le perforó uno de los pulmones, según el diagnóstico preliminar.

Su hermano, Rodolfo Antonio, de 19 años, fue baleado en el cuerpo y en la cabeza. En estado delicado ingresó al centro asistencial, aunque falleció, informaron los médicos en el Hospital.

La Policía Nacional Civil (PNC) indicó que cuentan con la descripción del hombre que disparó y ya iniciaron las pesquisas con la revisión de las cámaras de vigilancia de la avenida Petapa así como las que cuenta el comercial.

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A las 16 horas de este sábado 9 de septiembre fue compartido un video, de un minuto con 49 segundos, en la cuenta de Twitter del Gobierno @GuatemalaGob. Se trata de una entrevista, editada, en la cama de un hospital, a uno de los infantes de Marina que sobrevivió a la supuesta emboscada que dejó a tres soldados muertos y otros tres heridos, además de dos pobladores de Semuy 2, El Estor, Izabal, también lesionados por perdigones.

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Édgar Domingo Caal, Infante de Primera, es el protagonista del primer video difundido. Está en una cama de un hospital donde se recupera de las heridas que sufrió. El relato se refiere al supuesto momento en que la patrulla de militares habría sido emboscada en la aldea Semuy 2.

“Llegando donde está la escuela en Semuy 2, donde estaban estudiando los niños, llegamos a las doce y media donde había gente, poblaciones ahí reunidos, eran más de cien poblaciones ahí reunidos, con machete en mano, tubos, piedras, señoras con machete, tenían en la mano, donde nos decían ustedes qué buscan aquí”, relata Caal.

Más adelante se escucha que el soldado responde a la pregunta “¿Qué tipo de armas?”, el infante de marina describe los tipos de armas que en apariencia portaban los pobladores y menciona escopetas y rifles.

Este caso está en fase de averiguación por parte del Ministerio Público (MP). Por los hechos ocurridos el 2 de septiembre, dos días después, el presidente Jimmy Morales, en consejo de ministros, decretó un estado de Sitio en 22 municipios de Izabal, Petén, El Progreso, Zacapa, Alta Verapaz y Baja Verapaz, medida que durará 30 días.

Infante de Marina del @Ejercito_GT relata como fueron emboscados en El Estor cuando hacían un patrullaje en busca de narcotraficantes. pic.twitter.com/TB3NxwfqwH

— Gobierno Guatemala (@GuatemalaGob) September 7, 2019

Segundo video

Una hora después de que el Gobierno difundió el referido material fue compartido otro video con el relato del Erwin Coy Méndez, marinero de primera, quien también se recupera de las heridas en un hospital.

“Fuimos rumbo a Semuy 2 a realizar un patrullaje de pistas clandestinas”, dice el militar, acostado en una cama, con ropa de hospital.

El marinero explica que un grupo de personas le disparó al sargento Isaías Baleu Caal. “Ese fue el primer disparo que hubo”, dice mientras el video editado muestra las camas del hospital, así como el suero que le colocaron en el lugar donde se recuperan de las heridas.

“A mí me quitaron el fusil tres personas”, afirma el marinero Coy y cuenta la forma en que pudo escapar.

El Infante de marina Coy Méndez le salvó la vida a una señora herida y luego corrió para salvar la propia en El Estor  https://t.co/lOuE8fVYBN pic.twitter.com/itOd3itnOm

— Gobierno Guatemala (@GuatemalaGob) September 7, 2019

La emboscada

El 2 de septiembre pasado fue supuestamente emboscada una patrulla de marineros que se dirigía en lancha a una zona de posible aterrizaje de una narcoavioneta, pero continuaron a pie porque no pudieron seguir por esa vía.

Cuando iban por la comunidad Pataxté, un grupo armado los habría emboscado y les habría disparado, según la versión del Ejército.

Los tres infantes de marina del Ejército murieron en un enfrentamiento que está bajo investigación y fueron identificados como Carlos Steven Mayen Cabrera (alférez de fragata), Isaías Beleu Caal (sargento segundo) y César Agusto Leonel Seb Tun (sargento segundo).

Necropsias

Las necropsias de los cuerpos de los soldados permitieron que el Instituto Nacional de Ciencias Forenses determinara que “fallecieron a consecuencia de heridas producidas por proyectil de arma de fuego de carga múltiple, posiblemente escopeta”.

Según la versión inicial del Ministerio de la Defensa, los militares que pertenecían a la Infantería de Marina del Ejército fueron desarmados por parte de desconocidos y supuestamente ejecutados con sus propias armas.

Mientras que el director del Hospital de Santa Catalina La Tinta, Alta Verapaz, a donde trasladaron a los pobladores heridos, indicó que las lesiones de estos fueron causadas por perdigones.

Estado de Sitio

Desde el miércoles 4 de septiembre están prohibidas las libertades de acción, locomoción, reunión y manifestación, y la portación de armas, mientras que el Ejecutivo podrá hacer detenciones legales y podrá interrogar a presos.

Municipios

Aquí rige el estado de Excepción decretado por el Gobierno y ratificado este 7 de septiembre por el Congreso de la República:

• Izabal: El Estor, Puerto Barrios, Morales, Los Amates y Lívingston.
• Alta Verapaz: Tactic, Senahú, Tamahú, La Tinta, Tucurú, Cahabón, Panzós, Chahal y Fray Bartolomé de las Casas.
• Zacapa: Río Hondo, Teculután, Gualán y Usumatlán.
• El Progreso: San Agustín Acasaguastlán y San Cristóbal Acasaguastlán.
• Baja Verapaz: Purulhá.
• Petén: San Luis.

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Un patrullaje habitual de la Policía Nacional Civil (PNC) sorprendió a una célula de la supuesta banda de saqueadores denominada Los Quichelenses.

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Los uniformados notaron a una mujer que cargaba un bebé durante la madrugada de este sábado 7 de septiembre. Estaba en la 10ª. calle y 6ª. avenida, zona 1.

Se trató de Juana Maribel Tol Tol, de 27 años, quien sostenía a un bebé. Cuando los agentes le preguntaron si necesitaba ayuda se notó su nerviosismo.

Dentro de un local comercial había cuatro hombres que saqueaban el lugar y al parecer Tol Tol vigilaba el lugar, según la información policial.

Los policías escucharon ruido dentro del negocio y cuando se acercaron a ver, notaron a los hombres con martillos, cinceles y hasta un taladro para romper la pared y las cerraduras.

“La manera de operar de esta estructura criminal era que la capturada Maribel Tol, utilizara una fachada de tener un niño en brazos vigilando que no fueran sorprendidos por las autoridades mientras los demás se dedicaban a romper las cerraduras de los comercios para luego saquearlos”, informó Jorge Aguilar, portavoz de la Policía.

Detenidos

Los cuatro hombres y la mujer fueron detenidos y señalados de robo. Se trata de Domingo Juan Carlos Pérez Chumil, de 39; Jeremías Mateo Tol, de 35; Marvin Rafael Mateo Calvo, de 22; y Noé Braham Orellana Suazo, de 21.

Un detalle que llamó la atención fue que en la base de datos policial está registrado que Domingo Pérez tiene 12 ingresos a prisión por robo y Mateo Tol, uno por el mismo delito.

Los cinco fueron llevados a la Torre de Tribunales en donde esperarán la indagatoria en el Juzgado de Turno durante la noche.

Como indicios están los celulares y las herramientas que utilizaron para irrumpir en el negocio.

La Policía Nacional Civil preliminarmente reporta que en la 6ta avenida y 10 calle zona 1 logran la captura de una banda criminal llamada "Los Quichelenses" estas personas se dedica a saquear lugares de comercio en la zona 1.
Ampliaremos. pic.twitter.com/str8WpiwhN

— PNC Guatemala (@PNCdeGuatemala) September 7, 2019

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Los cuatro policías favorecidos son Santos Juárez Juárez, Abelino Lajuj López, Carlos Augusto Solval Tunay y Jorge Oswaldo Flores Xol, quienes habían sido procesados en abril del año pasado por ejecución extrajudicial por la muerte de tres campesinos durante un desalojo en 2014.

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En su lugar, los primeros dos enfrentarán juicio por incumplimiento de deberes y los demás, por obstaculización a la acción penal.

A favor de Rigoberto Cal Rax y Marvin Lionel Cisneros López, integrantes de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) de la Policía Nacional Civil (PNC), se les dictó falta de mérito. Estaban procesados por incumplimiento de deberes.

En la sala de audiencias también compareció la inspectora Brenda Alcria Barrios Tuquer, a quien el año pasado le dictaron falta de mérito por ejecución extrajudicial.

La argumentación

Zelada explicó que durante la incursión en la aldea Semococh, Chisec, Alta Verapaz, el 15 de agosto del 2014, participaron dos grupos de policías.

Los policías que favoreció el juez Zelada iban en el segundo grupo y “no tuvieron alguna participación” en el enfrentamiento. “Ellos iban en el segundo grupo cuando ya había sucedido los hechos”, refirió y por eso les cambió el delito.

El enfrentamiento ocurrió cuando decenas de policías intentaban desalojar a campesinos que tenían bloqueada la ruta de Chisec a Raxruhá, Alta Verapaz, para evitar el traslado de dos líderes del Comité de Desarrollo Campesino (Codeca).

Ese día fallecieron tres campesinos y el reporte oficial detalló que fue como consecuencia de heridas de bala.

Víctimas

Dos de las víctimas mortales quedaron en el lugar y fueron identificados como Sebastián Rax y Luciano Cal. Además, Óscar Chin falleció en el hospital de Cobán, después de haber resultado herido de bala.

La defensa de los policías indicó que el hecho señalado es por un supuesto enfrentamiento entre integrantes de organizaciones campesinas y que la PNC no intervino.

Ninguno de los sindicados declaró ante el juez. Según las pesquisas, los agentes de la PNC que llegaron venían de Cobán, donde el Ministerio Público desalojó sin inconvenientes a unas 160 familias que ocupaban las fincas Santa Rita y Santa Rita Xalahá Canguini. En la primera comunidad vivían familias para evitar la construcción de una hidroeléctrica.

La PNC intentó capturar a los líderes locales Rafael Chub y María del Carmen del Cid, lo cual causó descontento de pobladores y el enfrentamiento.

Otros 19 policías esperan juicio

El juez de Mayor Riesgo B, Miguel Ángel Gálvez, envió a debate a 19 policías por esta investigación. Los uniformados esperan el comienzo de los alegatos que se hará el próximo mes en el Tribunal de Mayor Riesgo B, a cargo de Irma Jeaneth Valdés.

Este debate está previsto para febrero del próximo año.

El juez adjunto, Israel Zelada, favorece a cuatro policías que estaban procesados por ejecución extrajudicial y les cambia el delito a incumplimiento de deberes.
Se trata del desalojo en la aldea Samococh, en Chisec, Alta Verapaz, en 2014 que dejó 3 campesinos fallecidos. pic.twitter.com/ry1m0tuqLU

— Kenneth Monzón (@kmonzon_pl) September 6, 2019

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Después de tres días de argumentación, la fiscal Amy Girón explicó las penas contra los 25 acusados de un fraude en la Municipalidad de La Antigua Guatemala, durante la administración de Adolfo Vivar Marroquín y su sucesor Édgar Francisco Ruiz Pérez.

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El Tribunal de Mayor Riesgo B, que preside Jeanneth Valdés, escuchó la petición de 44 años y dos meses de cárcel al exedil Vivar por cinco delitos. Además, solicitó el pago Q13 millones 327 mil 605.33 como la mayor de cuatro multas. Las otras son dos de Q1 mil 500 y una, por Q2 mil.

La representante del Ministerio Público (MP) pidió que Vivar fuera inhabilitado para desempeñar cargos públicos durante 46 años. El exfuncionario estuvo sereno y escuchó atento la petición en la sala de audiencias del piso 15 en la Torre de Tribunales. Al final, evitó pronunciarse.

Vivar enfrenta debate por asociación ilícita, lavado de dinero u otros activos, peculado, fraude y concusión. La fiscal Girón explicó que las penas estaban aumentadas en la tercera parte por haber sido funcionario. El exedil fue detenido el 13 de septiembre del 2012, sindicado por el MP de liderar una estructura para desviar el dinero de la comuna. En la actualidad goza de arresto domiciliario.

En la investigación que realizó la Fiscalía de Sección, anteriormente Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), en coordinación con la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) -que finalizó su mandato el 3 de septiembre pasado, después de 12 años en el país- fue establecido el supuesto desvío de Q20 millones entre 2008 y 2012, en donde los exalcaldes vincularon a otras personas, entre ellas funcionarios de la comuna, para obtener los recursos de forma anómala.

En el seguimiento que le dieron los fiscales al dinero se verificó que fue a parar a cuentas personales de los sindicados.

La esposa de Vivar, Sandra Leticia Amado Molina de Vivar, también está en debate por asociación ilícita, fraude y hurto agravado, por este caso. La petición de la Fiscalía es que purgue 15 años y cuatro meses de prisión.

Sucesor

Para Ruiz Pérez, sucesor de Vivar Marroquín, el MP solicitó que sea condenado a 22 años y ocho meses de prisión y al pago de Q118 mil 667 como multa por asociación ilícita, peculado y cohecho pasivo.

Entre las pruebas acusatorias presentadas durante el juicio se encuentra el relato de un perito de la Cicig. Se trató de Óscar Calvillo, quien declaró por videoconferencia desde la Embajada de Guatemala en Tegucigalpa, Honduras.

El experto financiero recordó un informe que hizo para la Cicig el 2 de julio del 2013. Relacionó el dinero que fue desviado de la comuna a particulares. “En total fueron Q20 millones”, dijo.

También explicó que las empresas de cartón que recibieron los depósitos tenían relación con los funcionarios ediles y sus familiares.

Sigue la defensa

De los 25 acusados solo el abogado José Carrillo ha expresado sus conclusiones. Esto porque estuvo de viaje el mes pasado y el Tribunal accedió a escuchar solo sus argumentos. Pidió que si cliente, Carlos Alejandro de León Morales, quien fue director de auditoría de la municipalidad, sea declarado inocente. La Fiscalía solicitó ocho años de prisión en contra de De León Morales.

Los demás defensores seguirán en los próximos días. Se espera que expongan tres abogados por día. Entonces será hasta la próxima semana cuando finalicen sus argumentos y después el Tribunal le otorgue la palabra a los acusados para su última petición, previo a la deliberación y lectura de la sentencia.

Para el exalcalde de La Antigua Guatemala, Adolfo Vivar, el @MPguatemala pidió la condena de 44 años de cárcel y multa de Q13 millones.
Para su sucesor, Edgar Ruíz, solicitaron 17 años de cárcel. pic.twitter.com/UFKL4kVAeg

— Kenneth Monzón (@kmonzon_pl) September 5, 2019

Las penas solicitadas

• Adolfo Vivar Marroquín. Asociación Ilícita: 8 años de prisión, aumentada en una tercera parte por el agravante de ser funcionario público y por tener funciones de administración y dirección, para un total de 10 años con 8 meses, inhabilitación para desempeñar cargos públicos por el periodo de 20 años. Lavado de dinero u otros activos: 10 años de prisión, aumentada en una tercera parte por el agravante de ser funcionario público, para 13 años con 4 meses de prisión y multa de Q13 millones 327 mil, 605.33, pena accesoria de inhabilitación para desempeñar cargos públicos. Peculado: cinco años de prisión y multa de Q1 mil 500 aumentada en una tercera parte por ser un delito continuado, para seis años y ocho meses más multa de Q2 mil. Fraude: cuatro años de prisión aumentada en una tercera parte por ser un delito continuado, para cinco años y cinco meses de prisión. Concusión: seis años de prisión y multa de Q1 mil 500, aumentada en una tercera parte por ser un delito continuado, para ocho años con un mes de prisión y multa de Q2 mil.

• Guisela Eugenia Monroy Castillo. Asociación Ilícita: ocho años de prisión aumentada en una tercera parte por el agravante de ser funcionario público, para 10 años con ocho meses, inhabilitación para desempeñar cargos públicos por 20 años. Peculado: cinco años de prisión y multa de Q1 mil 500, aumentada en una tercera parte por ser un delito continuado para seis años y ocho meses de prisión y multa de Q2 mil.
• Édgar Enrique Monterroso Chan. Asociación ilícita: ocho años de prisión aumentada en una tercera parte por el agravante de ser funcionario público, para 10 años con ocho meses,  inhabilitación para desempeñar cargos públicos por 20 años. Cohecho Pasivo: cuatro años de prisión, multa de Q50 mil, aumentada en una tercera parte por ser un delito continuado para dar un total de cinco años y cuatro meses y multa de Q66 mil 667. Peculado: cinco años de prisión y multa de Q1 mil 500, aumentada en una tercera parte por ser un delito continuado, para seis años y ocho meses, y multa de Q2 mil.
• Carlos Roberto Mérida Reynoso. Asociación ilícita: ocho años de prisión aumentada en una tercera parte por el agravante de ser funcionario público, para 10 años con 8 meses, inhabilitación para desempeñar cargos públicos por 20 años. Cohecho pasivo: cuatro años de prisión, multa de Q50 mil aumentada en una tercera parte por ser un delito continuado para cinco años y cuatro meses, y multa de Q66 mil 667. Peculado: cinco años de prisión y multa de Q1 mil 500, aumentada en una tercera parte por ser un delito continuado para seis años y ocho meses de cárcel, más multa de Q2 mil.
• Édgar Francisco Ruiz Paredes. Asociación ilícita: ocho años de prisión, aumentada en una tercera parte por el agravante de ser funcionario público para 10 años con ocho meses,  inhabilitación para desempeñar cargos públicos por 20 años. Peculado: cinco años de prisión y multa de Q1 mil 500, aumentada en una tercera parte por ser un delito continuado para seis años y ocho meses, y multa de Q2 mil.
• Josué Joel García Resendiz. Asociación ilícita: ocho años de prisión aumentada en una tercera parte por el agravante de ser funcionario público para un total de 10 años con ocho meses,  inhabilitación para desempeñar cargos públicos por 20 años. Peculado: cinco años de prisión y multa de Q1 mil 500 aumentada en una tercera parte por ser un delito continuado, para seis años y ocho meses más multa de Q2 mil. Cohecho pasivo: cuatro años de prisión y multa de Q50 mil, aumentada en una tercera parte por ser un delito continuado, para sumar cinco años y cuatro meses y multa de Q66 mil 667. Concusión: tres años de prisión, multa de Q1 mil 500, aumentada en una tercera parte por ser un delito continuado, para cuatro años de prisión y multa de Q2 mil.
• Carlos Américo López Gutiérrez. Asociación ilícita: ocho años de prisión aumentada en una tercera parte por el agravante de ser funcionario público para 10 años y ocho meses,  inhabilitación para desempeñar cargos Públicos por 20 años. Peculado: cinco años de prisión y multa de Q1 mil 500, aumentada en una tercera parte por ser un delito continuado, para un total de seis años y ocho meses y multa de Q2 mil. Cohecho pasivo: cuatro años de prisión y multa de Q50 mil, aumentada en una tercera parte por ser un delito continuado, para cinco años y cuatro meses y multa de Q66 mil 667. Concusión: tres años de prisión y multa de Q1 mil 500, aumentada en una tercera parte por ser un delito continuado para un total de cuatro años de prisión y multa de Q2 mil.
• Carlos Joel Mendoza Pérez. Asociación ilícita: ocho años de prisión aumentada en una tercera parte por el agravante de ser funcionario público para 10 años y 8 meses, inhabilitación para desempeñar cargos públicos por 20 años. Fraude: cuatro años de prisión aumentada en una tercera parte por ser un delito continuado, para cinco años y cinco meses de prisión.
• Sergio Estuardo Cruz Cortéz. Asociación ilícita: ocho años de prisión aumentada en una tercera parte por el agravante de ser funcionario público para un total de 10 años y 8 meses,  inhabilitación para desempeñar cargos públicos por 20 años. Fraude: cuatro años de prisión aumentada en una tercera parte por ser un delito continuado para cinco años y cinco meses de prisión.
• César Augusto Sarazua Marroquín. Asociación ilícita: ocho años de prisión aumentada en una tercera parte por el agravante de ser funcionario público para 10 años y 8 meses e inhabilitación para desempeñar cargos públicos por 20 años. Concusión: tres años de prisión y multa de Q1 mil 500, aumentada en una tercera parte para cuatro años de prisión y multa de Q2 mil. Uso de Documentos Falsificados: cuatro años de prisión, aumentada en una tercera parte para un total de cinco años y cuatro meses de prisión.
• Fernando Julian Ernesto Bolaños Ochoa Asociación ilícita: ocho años de prisión, aumentada en una tercera parte para 10 años y ocho meses e inhabilitación para desempeñar cargos públicos por 20 años. Concusión: tres años de prisión y multa de Q5 mil, aumentada en una tercera parte para cuatro años de prisión y multa de Q6 mil 667.
• Sandra Leticia Amado Molina de Vivar. Asociación ilícita: ocho años de prisión. Fraude: cuatro años de prisión aumentada en una tercera parte para cinco años y cinco meses de prisión, rebajada en una tercera parte  por su participación como cómplice, para una pena de cuatro años de prisión. Hurto Agravado: cinco años de prisión, rebajada en una tercera parte por su participación como cómplice para una pena de tres años y cuatro meses de prisión.
• Leonel Rodrigo Amado Molina. Asociación ilícita: ocho años de prisión, aumentada en una tercera parte por el agravante de tener funciones de administración, dirección o supervisión dentro del grupo delictivo organizado para 10 años y 8 meses, inhabilitación para desempeñar cargos públicos por 20 años.  Lavado de dinero u otros activos: 10 años de prisión y multa de Q16 millones 911 mil 541.53.  Fraude: cuatro años de prisión, aumentada en una tercera parte para cinco años y cinco meses de prisión, rebajada en una tercera parte por su participación como cómplice, para una pena de cuatro años de prisión. Concusión: cuatro años de prisión, multa de Q5 mil, aumentada en una tercera parte para cinco años y cuatro meses de prisión y multa de Q6 mil 667, rebajada en una tercera parte por su participación como cómplice, para una pena de cuatro años de prisión y multa de Q5 mil.

• Ana Elisa Coloma Gaytan de Amado. Asociación ilícita: ocho años de prisión. Fraude: cuatro años de prisión, aumentada en una tercera parte para cinco años y cinco meses de prisión, rebajada en una tercera parte por su participación como cómplice, es decir cuatro años de prisión. Concusión: cuatro años de prisión y multa de Q5 mil, aumentada en una tercera parte para cinco años y cuatro meses de prisión y multa de Q6 mil 667, rebajada en una tercera parte por su participación como cómplice para una pena de cuatro años de prisión y multa de Q5 mil.
• Érick Eduardo Arévalo Morales. Asociación ilícita: ocho años de prisión. Fraude: cuatro años de prisión aumentada en una tercera parte para cinco años y cinco meses de prisión, rebajada en una tercera parte  por su participación como cómplice para una pena de cuatro años de prisión. Concusión: cuatro años de prisión y multa de Q5 mil, aumentada en una tercera parte para cinco años y cuatro meses de prisión y multa de Q6 mil 667, rebajada en una tercera parte por su participación como cómplice, para una pena de cuatro años de prisión y multa de Q5 mil.
• Mercedes Johanna Arriaga Aguilar. Asociación ilícita: ocho años de prisión. Fraude: cuatro años de prisión, aumentada en una tercera parte para cinco años y cinco meses de prisión, rebajada en una tercera parte por su participación como cómplice para una pena de cuatro años de prisión. Concusión: cuatro años de prisión y multa de Q5 mil, aumentada a cinco años y cuatro meses de prisión y multa de Q6 mil 667, rebajada en una tercera parte por su participación como cómplice, para una pena de cuatro años de prisión y multa de Q5 mil.
• Mynor Roberto Herrera Obregon. Fraude: cuatro años de prisión, rebajada en una tercera parte por participación como cómplice, queda una pena de dos años y seis meses. Concusión: cinco años de prisión y multa de Q5 mil, rebajada en una tercera parte por su participación como cómplice para una pena de tres años y dos meses de prisión y multa de Q3 mil 333.33. Lavado de dinero u otros activos: 10 años de prisión y multa de Q2 millones 16 mil 923.79.
• María Mercedes Reys Carias. Asociación ilícita: ocho años de prisión. Lavado de dinero u otros activos: 10 años de prisión, multa de Q11 millones 95 mil 838.36.
• Mauricio Chivichón López. Asociación ilícita: ocho años de prisión. Lavado de dinero u otros activos: 10 años de prisión, multa de Q684 mil, 91.56.
• Carlos Alejandro de León Morales. Cohecho pasivo: cinco años de prisión y multa de Q10 mil. Incumplimiento de deberes: tres años de prisión.
• Orlando Cruz Merlos. Cohecho pasivo: cinco años de prisión y multa de Q50 mil. Incumplimiento de deberes: tres años de prisión.
• Jesús Aurelio Pineda González. Cohecho pasivo: cinco años de prisión y multa de Q50 mil. Incumplimiento de deberes: tres años de prisión.
• Claudia Suzzette Vela Sagastume. Asociación ilícita: ocho años de prisión. Fraude: cuatro años de prisión, aumentada en una tercera para un total de cinco años y cinco meses de prisión, rebajada por su participación como cómplice para un total de cuatro años de prisión. Concusión: cuatro años de prisión y multa de Q5 mil, aumentada en una tercera parte para cinco años y cuatro meses de prisión y multa de Q6 mil 667, rebajada en una tercera parte por su participación como cómplice para una pena de cuatro años de prisión  y multa de Q5 mil.
• Juan Sebastian Palomo Murga. Asociación ilícita: ocho años de prisión. Fraude: cuatro años de prisión, aumentada en una tercera parte para dar un total de cinco años y cinco meses de prisión, rebajada en una tercera parte por su participación como cómplice, para una pena de cuatro años de prisión. Concusión: cuatro años de prisión, multa de Q5 mil, aumentada en una tercera parte para cinco años y cuatro meses de prisión y multa de Q6 mil 667, rebajada en una tercera parte por su participación como cómplice, con lo que queda una pena de cuatro años de prisión  y multa de Q5 mil.

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Pedro Cruz y Jeanneth Ponce accionaron en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para que sean revisadas las adjudicaciones de los 160 diputados y se evite que contratistas del Estado tomen posesión el próximo año.

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“El amparo es contra los magistrados del Tribunal Supremo Electoral ya que consideramos que el acto de la entrega de credenciales, especialmente a diputados del Congreso de la República, no pasó un proceso de revisión y hay diputados a quienes les fueron entregadas las credenciales que no cumplen con los requisitos constitucionales”, se refirió Cruz.

La petición legal evita especificar a qué legislador electo se le debe impedir que tome posesión. Incluso Cruz evitó adelantar algún nombre y especificó que “sea revisado por completo la nómina” de los 160 diputados que serán juramentados el 14 de enero próximo.

“Consideramos que hay diputados a quienes les fueron entregadas las credenciales que no cumplen con la idoneidad y el impedimento para que un contratista del Estado sea electo”, añadió Cruz en la Secretaría de Amparos y Antejuicios.

El proceso que seguirá el caso será la revisión en la Cámara de Amparos y Antejuicios, que preside la magistrada Vitalina Orellana, quien se postuló para un nuevo período en la CSJ.

El amparo será revisado y después remitido al pleno de la CSJ en donde serán los magistrados quienes decidan si es la acción constitucional es admitida o rechazada.

“Esperaríamos que nos otorguen el amparo provisional para que el Tribunal Supremo Electoral entre a analizar los listados y que se cancele la entrega de credenciales a quienes no cumplan con los requisitos de idoneidad”, añadió Cruz.

Prensa Libre publicó en mayo de este año la nómina de 150 diputados con señalamientos.

"El listado de diputados no pasó un proceso de revisión", dice Pedro Cruz, de la Asociación Primero Guatemala. pic.twitter.com/OwIcmM82gJ

— Kenneth Monzón (@kmonzon_pl) September 5, 2019

Nuevo Congreso

El 16 de junio pasado fue electo el nuevo Congreso para el periodo 2020-2024, en donde la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) logró la mayoría -52 de 160 congresistas-.

El TSE ya entregó las credenciales a los diputados que aún esperan la toma de posesión. De los 160 diputados, serán 110 los que llegan por primera vez al Organismo Legislativo.

Otro dato importante es que tan solo seis bancadas, UNE, Vamos, Unión del Cambio Nacional (UCN), Valor, Bienestar Nacional (Bien) y el actual partido oficial sumaran 107 diputados, es decir el 67 por ciento del total de parlamentarios que integrarán el pleno.

El partido Todos tendrá siete escaños, actualmente tiene 14, lo que podría complicar los cabildeos y acuerdos dentro del pleno para puestos en Junta Directiva.

Datos

Las elecciones del 16 de junio también dejaron fuera del Congreso a varios diputados, quienes buscaban su reelección. Algunos lo hicieron tratando de burlar la Ley al argumentar que no eran tránsfugas, ya que tenían prohibición. Sin embargo, el castigo de la población pesó más y el 14 de enero del 2020 dejarán sus cargos.

Entre ellos se encuentran: Juan Manuel Giordano, Adim Maldonado, Luis Hernández Azmitia, Ferdy Elías, Domingo Trejo, Alejandra Carrillo.

Los datos también demuestran que de los cien diputados que buscaron la reelección solamente la mitad lo logró.

Liquidado

El TSE informó que ya entregó todas las credenciales a los diputados electos y demás cargos como alcaldes y los demás integrantes de las corporaciones municipales.

Solo hace falta que las Juntas Electorales Departamentales terminen de liquidar el proceso electoral, para que este se dé por finalizado.

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La jueza de Mayor Riesgo D esperó una semana desde que se conoció que la fiscal Cinthia Monterroso la denunció por supuesto abuso de autoridad para hablar del caso. Lo hizo durante la continuación de la audiencia del caso Asalto al Ministerio de Salud, por el que se derivó el señalamiento que hizo la representante de la Fiscalía de Sección, anteriormente Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci).

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Aifán verificó que todos los sindicados y sus abogados estuvieran en la sala de audiencias del piso 14 de la Torre de Tribunales para hablar acerca del señalamiento en su contra, que está en la Fiscalía de Delitos Administrativos en revisión previo a plantear el antejuicio.

“No estoy notificada de forma oficial. Tuve acceso a la denuncia que está en redes sociales”, dijo Aifán con la copia de la denuncia en sus manos de la que leyó algunos fragmentos. “Me notifican hasta que se plantea el antejuicio”, indicó.

Los abogados estaban atentos a sus palabras. Incluso, la seguridad fue reforzada y solo se permitió el acceso a la sala a las partes procesales. Algunos familiares y amigos de los señalados esperaron afuera.

“Fue una discrepancia”, dijo Aifán y aclaró que se trató del aparente desacuerdo entre Monterroso y Amanda Trejo, quien era mandataria de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), entidad que terminó su mandato el 3 de septiembre pasado, después de 12 años.

Aifán dijo que la discrepancia entre Monterroso y Trejo era, en apariencia, por la forma en que se imputaban los delitos a los sindicados el pasado 5 de agosto.

“Jamás le dije a la fiscal cómo hacer su trabajo”, puntualizó Aifán. “Hay procedimientos legales, si no están de acuerdo en las cosas”, añadió la jueza, en relación con que todas sus resoluciones son impugnables.

“Yo no podía perder tiempo esperando que ellas se dijeran cosas en la audiencia, que no les interesaba a ustedes, por eso llamé, únicamente, a mi despacho a la parte acusadora”, indicó Aifán, para confirmar que estuvieron en su oficina durante más de dos horas, como señala parte de la denuncia de Monterroso.

Algo que recalcó Aifán fue que Monterroso no interpuso el antejuicio en su contra y en su lugar firmó la denuncia y la dirigió a la fiscal General, Consuelo Porras. “Me llama poderosamente la atención que no presentó el antejuicio”, dijo la jueza.

Esta es la manera en que Aifán, titular del Juzgado de Mayor Riesgo D, aclara la "situación" sucedida por la denuncia de la fiscal Cinthia Monterroso.
Hoy comparece el fiscal Carlos de León. pic.twitter.com/P0nzdpe1ed

— Kenneth Monzón (@kmonzon_pl) September 4, 2019

Nueva agencia y fiscal

El caso Asalto en el Ministerio de Salud fue trasladado de la agencia 9 a la agencia 4 y Monterroso ya no seguirá en el caso. En su lugar compareció el fiscal Carlos de León y estuvo acompañado de Claudia Carrera, quien conoce la investigación y estuvo a la par de Monterroso cuando sucedieron los supuestos hechos de abuso de autoridad de la jueza.

Los abogados evitaron pronunciarse y solo el exsecretario del Ministerio Público (MP), Carlos Ruiz, quien defiende a Delio García, recordó que hace falta el nombramiento de la fiscal Carrera para seguir en el caso, el traslado de agencia y que, según la Ley orgánica del MP, debe ser el fiscal general quien haga el nombramiento. “El nombramiento lo hizo el fiscal Juan Francisco Sandoval y no la fiscal General”, señaló Ruiz.

El señalado Francisco Javier Castillo Ochoa le pidió a la jueza Aifán que se apartara del caso. “Llevo un mes y 20 días en esto y por lo más sano del proceso lo ideal es que se aparte”, expuso.

“Acá en la denuncia se detalla que la parte acusadora se reunió en su despacho. ¿Qué pasaría si solo los defensores nos reunimos con usted? El Ministerio Público pega el grito al cielo”, dijo Castillo Ochoa.

Aifán declaró sin lugar ambas peticiones y la fiscal Carrera continuó con la imputación, justo contra Castillo Ochoa, quien está señalado de asociación ilícita por haber sido asesor en el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) y obtener “beneficios económicos” por la construcción del Hospital de Villa Nueva.

Denuncia es designada a fiscal

La denuncia contra Aifán fue asignada por Melvin Medina, jefe de la Fiscalía de Delitos Administrativos, a la fiscal Melany Veras. El expediente está identificado como 2019-73302 y aún sigue en análisis.

#AsaltoAlMinisteriodeSalud | La jueza Érika Aifán aclara durante la continuación de la audiencia que se trató de "una discrepancia" con la fiscal Cinthia Monterroso -denunció a la jueza por abuso de autoridad-, "jamás le dije a la fiscal cómo hacer su trabajo". pic.twitter.com/paEsTIzcSi

— Kenneth Monzón (@kmonzon_pl) September 4, 2019

El caso Asalto en el Ministerio de Salud

El caso se conoció el 16 de julio pasado cuando fueron detenidas 19 personas y una semana después se entregó el exdiputado Luis Fernando Pérez Martínez.

Los señalamientos implican al exministro de Salud Jorge Villavicencio en una presunta estructura de corrupción en esa cartera. Se estiman cobros de sobornos por Q53.9 millones, a través de empresas contratistas coludidas con los funcionarios.

También está señalados la hija de este exfuncionario, Saraí Villavicencio Delgado, y el exdiputado Pérez Martínez, como presuntos cabecillas de una estructura dedicada a cobros ilícitos por proyectos de remoción y reparación de hospitales, durante el estado de Calamidad por el terremoto de San Marcos y por otros eventos de construcción de hospitales, compra de bienes en el ministerio y adjudicación de plazas en la institución a personas recomendadas por diputados del Congreso de la República.

Según el MP, la investigación está fundamentada con miles de correos electrónicos, registros documentales, eventos de compras, análisis criminalísticos, un colaborador eficaz involucrado en la recolección del dinero y complementado con otros dos colaboradores eficaces con conocimiento del método de cobro de la estructura.

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Durante los últimos años de mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) se conocieron algunos avances en las pesquisas por blanqueo de capitales y financiamiento electoral ilícito.

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Los casos investigados por el Ministerio Público (MP) causaron acciones penales y señalamientos contra seis agrupaciones políticas, algunas de las cuales ya fueron canceladas.

El 5 de febrero pasado el fiscal José Curruchiche llegó a la Torre de Tribunales. Iba acompañado de un auxiliar y llevaba gran cantidad de documentos que sustentan la petición para avanzar en las investigaciones contra seis agrupaciones políticas.

Se trata, según el orden alfabético del nombre de cada partido, de Compromiso, Renovación y Orden (CREO), Partido de Avanzada Nacional (PAN), Todos, Unión del Cambio Nacional (UCN), Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca-Maíz y Visión con Valores (Viva).

Ese día el fiscal especificó: “El Ministerio Público ha solicitado hoy un control jurisdiccional que significa que un juez de instancia penal se constituya como contralor de la investigación que se va a realizar en contra de las organizaciones políticas”.

Los casos avanzan y en la Dirección de Gestión Penal designaron, por sorteo, las judicaturas en donde se harán los requerimientos sustentados en fiscalización electoral de fondos, el 407 “L” del Código Procesal Penal.

El modificado artículo contempla: “El representante legal o miembros de los órganos de la organización política, que impida al TSE realizar su función de control y fiscalización de fondos públicos y privados con respecto al financiamiento a las organizaciones políticas para actividades permanentes y de campañas electorales, será sancionado con prisión de uno a cinco años”.

También los extintos partidos Patriota y Libertad Democrática Renovada están señalados por estos ilícitos, y varios funcionarios del gobierno patriotista enfrentan procesos penales vinculados al partido.

La más reciente petición de cancelación es la del partido Unidad Nacional de la Esperanza. Varios funcionarios, empresarios y la exvicepresidenciales están vinculados a casos de financiamiento electoral dudoso.

Así quedaron los casos

• Juzgado Noveno Penal. Compromiso, Renovación y Orden (CREO).
• Juzgado Décimo Penal. Partido de Avanzada Nacional (PAN).
• Juzgado Décimo Penal. Todos.
• Juzgado Undécimo Penal. Unión del Cambio Nacional (UCN).
• Juzgado Cuarto Penal. Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca-Maíz.
• Juzgado Séptimo Penal. Visión con Valores (Viva).

PP

El Partido Patriota (PP) fue cancelado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) de forma oficial 31 de enero del 2017. Ningún integrante de la agrupación que llevó a la presidencia al general retirado Otto Pérez Molina apeló la decisión del Registro de Ciudadanos.

La cancelación inició en meses anteriores después que el ente electoral llevó a cabo una auditoria al PP. Se determinó que había incoherencias en el informe de financiamiento electoral por lo que comenzó con el proceso de cancelación.

El 23 de enero del 2017 vencieron los 30 días hábiles que tuvo la dirigencia del PP para presentar sus pruebas de descargo, nadie lo hizo, por lo que fue cancelado.

En ese año, los dos únicos diputados del PP en el Congreso argumentaron que desconocían los detalles del proceso administrativo y aunque la diputada Stella Alonzo aseguró que apelaría la resolución, esto no ocurrió.

En el TSE, los dirigentes del PP omitieron en hacer algún tipo de petición.

En cuanto a la investigación penal el señalamiento de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) se centra en el caso Cooptación del Estado de Guatemala, una extensa investigación de la supuesta maquinaria para cobrar sobornos y blanqueo de capitales que derivó en el supuesto enriquecimiento ilícito de Pérez Molina junto con la exvicepresidenta Roxana Baldetti, quien ya fue condenada a 15 años y seis meses de prisión por el caso Agua Mágica, un fraude millonario por la aplicación de una fórmula para sanear la contaminación en el lago de Amatitlán.

El caso Cooptación aún se discute en el Juzgado de Mayor Riesgo B, a cargo de Miguel Ángel Gálvez. Esta semana tomaron la palabra los primeros abogados para defenderse de la petición que hizo el Ministerio Público para que enfrenten debate 15 empresarios.

Otro señalado en este caso es Mauricio López Bonilla, quien fue ministro de Gobernación, a quien ya condenaron en dos juicios y acumuló 22 años y tres meses de prisión por los casos Patrullas fase dos y Blindados.

Juan de Dios de la Cruz Rodríguez López, expresidente del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), también está procesado en el caso Cooptación. El señalamiento es por haber aportado dinero para regalos ostentosos para Pérez Molina y Baldetti.

Líder

El exdiputado y excandidato a la presidencia Manuel Baldizón ya sabe qué es la cancelación de un partido. El TSE terminó con la Libertad Democrática Renovada (Líder) el 25 de julio del 2016.

La cancelación de Líder sucedió por las constantes violaciones a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, según el informe del Registro de Ciudadanos (RC). El señalamiento es por haber sobrepasado el techo de campaña electoral en el 2015, el cual fue fijado por el TSE en Q52.4 millones.

Líder fue fundado el 25 de noviembre de 2010 por Baldizón. La conformación del partido se dio por disidentes de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).

Al cancelarse la agrupación ya no recibió la deuda política de US$1 millón 861 mil 810 -más de Q14.1 millones-.

A pesar de las apelaciones del diputado Roberto Villate el partido Líder dejó de existir ese año.

Baldizón fue detenido el 20 de enero pasado en Miami, Estados Unidos. Tiene orden de aprehensión por el caso Odebrecht y Transurbano en los juzgados de Mayor Riesgo D y Undécimo, respectivamente.

Las autoridades estadounidenses lo señalaron de supuesto lavado de dinero u otros activos y en la actualidad está detenido hasta que solvente su situación.

Villate enfrenta audiencia de primera declaración en el Juzgado Sexto Penal por ser el secretario general de la extinta organización y no haber reportado Q21 millones al TSE.

CNN

El partido Corazón Nueva Nación (CNN) fue cancelado el 18 de julio del 2017. Su representante fue Mario Roberto Chú.

El RC explicó que la agrupación no pudo justificar el soporte por el aporte recibido de Q1 millón 859 mil 249, que representaron la propaganda electoral durante la elección de 2015, cuyo candidato a la presidencia fue el coronel retirado Otto René Bernal Ramos, quien está en prisión y procesado por el caso Transurbano.

FCN-Nación

Desde abril del 2017 el Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación) atraviesa el proceso de cancelación porque, a criterio del ente electoral, se negaron a permitir la auditoría electoral. Además, señalaron irregularidades en el financiamiento electoral, sin especificar más detalles.

El 6 de abril de 2017, Leopoldo Guerra, jefe del RC, especificó: “Existe la omisión de rendir algunos informes relacionados al financiamiento público y privado de la campaña electoral, así como no haber permitido hacer una auditoría del 2014 al 2015”.

Este proceso se estancó. Incluso, este año en el evento electoral participó como candidato a la presidencia el diputado Estuardo Galdámez, quien obtuvo 181 mil 93 votos y quedó en octavo lugar con 4.12% de los votos. Galdámez enfrenta un proceso de antejuicio por el caso Subordinación, pero no ha logrado comparecer ante su pesquisidor.

UNE

La semana pasada la Feci planteó la cancelación de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) ante el TSE debido a las investigaciones adelantadas por financiamiento electoral no registrado.

Entre los hallazgos destaca que en 2011 le detectaron el pago de US$68 mil por el uso de un helicóptero. Además, le atribuyen Q21 millones 500 mil en pagos a por campaña electoral a medios de comunicación, que tiene inconsistencias, según el ente electoral.

Por último, está el señalamiento a Sandra Torres, quien fue detenida el lunes 2 de septiembre y enviada a la cárcel Mariscal Zavala por no haber reportado Q27.7 millones al TSE durante la campaña de 2015 que la llevó a la segunda vuelta y perder ante el actual presidente de la República,  Jimmy Morales.

En el caso Financiamiento UNE, la jueza Claudette Domínguez ligó a proceso a siete personas el pasado 23 de agosto, por financiamiento electoral no registrado.

Se trata de Maynor Feizal Zimeri Corado, Antonio Juan Cristiani Burkard, Héctor Rafael Leal Valdes, Edin Alberto Álvarez Pérez, Nelson Alexis García Morales, Per Michael Erichsen Rydhager y Susana Patricia Castellanos González.

En este mismo caso hay cuatro más procesados, entre ellos Gustavo Alejos, el exoperador del partido y exsecretario privado del expresidente Álvaro Colom entre 2008 y 2012. Guarda prisión preventiva por financiamiento electoral no registrado y asociación ilícita, por supuestamente haber aportado Q500 mil en un cheque, en mayo de 2015.

GANA

El pasado 28 de septiembre del 2018 fue publicado en el Diario de Centro América el edicto del RC sobre la cancelación del partido político GANA por la infracción a las normas electorales que regulan el financiamiento a las organizaciones políticas.

La cancelación de la organización política sucedió luego que 15 personas renunciaron al comité ejecutivo de dicha organización política.

De acuerdo con la auditoría del TSE, la agrupación no reportó ninguna deuda. Pero algunas empresas de televisión y radiodifusoras registraron saldos pendientes por pagar del partido, por Q7 millones.

El pasado 11 de febrero el Tribunal de Mayor Riesgo A emitió condenas a los procesados en el caso Lavado y política, que se refiere a la financiación de la agrupación política GANA.

Édgar Morales Guerra, Chico Dólar, fue sentenciado a 38 años de cárcel y al pago de Q119.1 millones en el caso Lavado y Política, una trama que también alcanzó al exdiputado Jaime Antonio Martínez Lohaiza a quien se le dictó cinco años de prisión conmutables.

El relato del expresidente del Banco de Guatemala, Édgar Barquín, -que se declaró culpable en un juicio abreviado- también confirmó la tesis del Ministerio Público (MP) del lavado de más de US$33 millones. En total se documentaron 686 transferencias al exterior.

PAN

El 31 de octubre del 2018 el RC notificó que había iniciado el proceso de cancelación de la agrupación Partido de Avanzada Nacional (PAN).

El PAN tiene hallazgos por Q19 millones por préstamos sin documentación de respaldo del 2014 por Q2 millones 868 mil 596 y del 2015 por Q9 millones 238 mil. Según el informe de auditoría, ambos préstamos fueron otorgadas por dos empresas de las cuales el representante legal es integrante del Comité Ejecutivo de ese partido.

También de ingresos por autofinanciamiento de Q6 millones 962 mil 715.92 que no constan en las cuentas bancarias; gastos de campaña del 2015 no reportados, por Q78 mil 500, y diferencias entre lo gastado y lo reportado en gastos de campaña del 2015, por Q175 mil 139.

Viva

El partido Visión con Valores (Viva) también enfrenta la cancelación desde octubre del año pasado.

Una auditoría detalla un hallazgo que se refiere al gasto de campaña del 2015 no reportado por Q3 millones 173 mil 744.77. Además, hubo ingresos no dinerarios no contabilizados por Q200 mil y por último cuentas de gastos sin liquidar en el 2015, por Q214 mil 85.27.

Creo

El partido Compromiso, Renovación y Orden (Creo) también está señalado por diversos hallazgos en relación con sus finanzas.

La auditoría electoral encontró hallazgos en Creo por un total de Q6 millones 742 mil 682.59, por gastos efectuados en el 2014 por financiamiento público por Q2 millones 613 mil 931 y en el 2015 por Q3 millones 500 mil.

Además, por gastos por financiamiento de campaña electoral no reportado del 2015 por Q628 mil 751.59 y por gastos de financiamiento electoral anticipada no operada contablemente en el 2014 y por presentación extemporánea de informes financieros en el 2015.

UCN

El partido Unión del Cambio del Cambio Nacional (UCN) tiene hallazgos detectados durante una auditoría electoral sobre sus estados financieros por Q21 millones 817 mil 791.

Los hallazgos reportados por la auditoría electoral se refieren a gastos realizados con fondos de financiamiento público sin documentos de respaldo en 2014 y 2015, por Q2.5 millones, y financiamiento para gastos del día de las elecciones del 2015, por Q15 millones que no fueron reportados.

También hubo financiamiento para gastos de campaña del 2015 no reportados por Q817 mil 791.93, emisión de cheques a nombre de ejecutivos del partido sin documentación de respaldo por Q3.5 millones y declaraciones juradas incompletas sobre la procedencia de recursos recibidos.

Esta agrupación era dirigida por Mario Estrada, quien fue detenido en Miami, bajo cargos de haber solicitado dinero al cartel de Sinaloa para la campaña a cambio de que al llegar al poder daría apoyo para el traslado de drogas hacia Estados Unidos, informó el Departamento de Justicia de ese país. También habría planificado matar rivales políticos para conseguir la victoria electoral. La detención sucedió el 17 de abril pasado.

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La jueza de Paz Natividad Car Chitol llegó a la prisión ubicada en Mariscal Zavala, zona 16, la noche del lunes 2 de septiembre,  y practicó la exhibición personal solicitada a favor de Sandra Julieta Torres Casanova.

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Este 3 de septiembre la jueza envió un memorial al Juzgado de Mayor Riesgo A, a cargo de Claudette Domínguez, para que esta le envíe un informe circunstanciado de lo sucedido después de la aprehensión de la expresidenciable.

En el documento le solicitó que en un plazo de seis horas (alrededor de las 15 horas) explique cuándo fue avalada la orden de aprehensión así como los motivos de asociación ilícita y financiamiento electoral no registrado. El documento ingresó al Juzgado a las 9:20 horas.

Por aparte, la Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP) informó que el médico de la cárcel militar Mariscal Zavala evaluó a Torres a las 16 horas del lunes, aunque el resultado no fue proporcionado.

Domínguez aún espera que le remitan el informe de la evaluación que un médico del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) le practicó a Torres Casanova.

Cuando le entreguen el referido informe médico se especificará en las conclusiones si Torres Casanova amerita seguir en prisión o deberá ser trasladada a un hospital privado, como lo solicitó el abogado Vinicio Salvatierra, por padecer hipertensión, arritmia cardíaca y neuralgia.

Sus defensores argumentaron en la audiencia de motivo de detención que debe estar internada en un hospital de la zona 13.

La audiencia de primera declaración está prevista para el próximo viernes de 9 a 22 horas.

El señalamiento

La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) junto con la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) del Ministerio Público (MP) plantearon antejuicio contra Torres Casanova el 6 de febrero pasado.

La pesquisa surge por el avance de la investigación del caso Traficantes de Influencias, que se conoció en enero del 2018, que develó la existencia de una estructura vinculada con el pago de sobornos para la agilización de crédito fiscal en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).

Los investigadores detectaron movimientos financieros desde las cuentas de la empresa Ingeniería Integral S.A., hacia la entidad MAARIV S.A.

La entidad Ingeniería Integral era manejada por Marlon Estuardo Marroquín Silva, hijo de Giovanni Marroquín Navas, vinculado con el caso La Línea y Traficantes de Influencias.

Cuando los analistas rastrearon los movimientos de la entidad MAARIV S.A., detectaron que las cuentas eran utilizadas por Mario Leal Castillo -quien tiene orden de aprehensión por el caso- para el financiamiento ilícito de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).

Utilización de empresas

Según el MP, las diligencias de investigación revelaron que la UNE utilizó a las empresas MAARIV, S.A., Promotora de Recursos Habitacionales S.A. (PROHABSA) y al Grupo Empresarial San Felipe S.a. como centros de recaudación y administración de recursos externos al partido por medio de una estructura de entidades y una administración paralela de las finanzas oficiales de campaña, de esta forma el partido habrá logrado eludir el control sobre los fondos que le aportaron.

Las pesquisas establecieron que a través de dichas entidades se hacía llegar la aportación de dinero procedente del pago de comisiones ilícitas por la agilización de expedientes de devolución de crédito fiscal ante la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), dinero que en parte ingresó a la cuenta oficial de campaña.

De acuerdo con la pesquisa, los fondos provenían de la entidad Ingeniería Integral, S.A., que trasladó Q3 millones, 458 mil 407.84 a las cuentas de MAARIV S.A. y de Promotora de Recursos Habitacionales, S. A., los cuales se mezclaron con otros capitales y fueron utilizados en gastos de campaña de la UNE, según el MP.

La investigación determinó que para retirar el dinero de las cuentas se utilizaban mensajeros de las empresas vinculadas a Leal Castillo y personas afiliadas al partido, quienes habrían sido utilizadas por algunos candidatos.

Aporte aumentó

Según las pesquisas, en la canalización de los fondos hacia las dos empresas que los recaudaban y administraban se estableció la participación de una tercera entidad, Grupo Inmoviliario Empresarial San Felipe, S.A., representada legalmente por el diputado Julio César Ixcamey Velásquez, y de la entidad Compañía Agrícola Industrial Solesa, S. A., vinculada a la familia de Leal Castillo.

Los aportes identificados que no fueron reportados al Tribunal Supremo Electoral (TSE) por el partido UNE fueron cuantificados en Q19 millones 531 mil 753.10. Aunque, cuando fue ampliada la investigación Andrei González, quien fue fiscal de la Feci, explicó que el aporte aumentó a Q27.7 millones.

Una jueza de paz informa que practicó la exhibición personal a Sandra Torres, excadidata presidencial por la agrupación política Unidad Nacional de la Esperanza, en la cárcel militar Mariscal Zavala y requiere informe circunstanciado a la jueza Claudette Domínguez. pic.twitter.com/VGEhJItgQR

— Kenneth Monzón (@kmonzon_pl) September 3, 2019

Ligados

En el caso Financiamiento UNE, Domínguez ligó a proceso a siete personas el pasado 23 de agosto.

Los procesados son:

1. Maynor Feizal Zimeri Corado: por asociacion ilícita y financiamiento electoral no registrado.
2. Antonio Juan Cristiani Burkard: por financiamiento electoral no registrado.
3. Héctor Rafael Leal Valdes: por financiamiento electoral no registrado.
4. Edin Alberto Álvarez Pérez: por financiamiento electoral no registrado.
5. Nelson Alexis García Morales: por financiamiento electoral no registrado.
6. Per Michael Erichsen Rydhager: por financiamiento electoral no registrado.
7. Susana Patricia Castellanos González: por financiamiento electoral no registrado.

De acuerdo con el MP, a Susana Patricia Castellanos González le fue otorgada la medida desjudicializadora de suspensión condicional de la persecución penal por haber pagado impuestos defraudados ante la SAT, por Q2 millones 743 mil 396.41, que incluye intereses y mora.

Ella tenía una orden de captura por defraudación tributaria. La jueza ordenó el pago de Q25 mil a la oenegé Yo’O Guatemala, en Purulhá, Baja Verapaz, y recibir cursos de cultura tributaria.

En este mismo caso hay cuatro más procesados, entre ellos Gustavo Alejos, el exoperador del partido y exsecretario privado del expresidente Álvaro Colom entre 2008 y 2012. Guarda prisión preventiva por financiamiento electoral no registrado y asociación ilícita, por supuestamente haber aportado Q500 mil en un cheque, en mayo de 2015.

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Sergio Roberto López Villatoro, conocido como el Rey del tenis en el ámbito de los abogados, intentó detener la audiencia de ofrecimiento de las pruebas en el caso Comisiones Paralelas.

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Durante la continuación del caso Erika Aifán, jueza de Mayor Riesgo D, aceptó todas las pruebas presentadas y designó al Tribunal de Mayor Riesgo D para que desarrolle el juicio el próximo año.

Por cohecho activo esperan un debate el empresario y abogado López Villatoro junto con su hermana, Clara Guadalupe.

Eddy Giovanni Orellana Donis, magistrado separado de la Sala Segunda de Apelaciones, Civil y Mercantil, estará en el banquillo de los acusados para enfrentar cargos por cohecho pasivo e incumplimiento del deber de presentar declaración jurada patrimonial.

Rechaza nuevas recusaciones

López Villatoro, en la audiencia de este 2 de septiembre, interpuso una nueva recusación contra Aifán. La acción se centró en que la jueza participó en una actividad de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).

El magistrado separado del cargo Orellana Donis también accionó y especificó en su argumentación que se basaba en la denuncia presentada por la fiscal Cinthia Monterroso presentada contra Aifán, por supuesto abuso de autoridad.

La jueza rechazó las recusaciones debido a que estaban mal planteadas. La de Orellana Donis ni siquiera estaba firmada.

Por parte de la procesada Clara López se intentó detener la audiencia al recordar que existe un amparo, aunque ese no es impedimento de continuar con el ofrecimiento de las pruebas, especificó Aifán.

Lo ofrecido

El fiscal Rudy Herrera mencionó que el caso cuenta con el testimonio de dos peritos y cuatro testigos técnicos. Además, se sustenta en 133 medios documentales y 13 materiales. Todas las pruebas fueron admitidas para ser conocidas durante el debate.

Por parte de la defensa especificaron que son las mismas pruebas. Aunque, el Rey del tenis indicó que también espera que declaren la exfiscal Thelma Aldana y Dimas Bonilla, decano de la facultad Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), quienes fueron parte de la Comisión de Postulación en el 2014.

Comisiones de postulación

El MP y la Cicig señalan a López Villatoro de haberle obsequiado un apartamento en el edificio Torreón, zona 14, al magistrado Orellana Donis a cambio de influir en la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en el 2014.

El caso se conoció el 27 de febrero pasado y el avance de la investigación detalló que “mediante reuniones, festejos, pago de dinero, alojamiento en hoteles, restaurantes y visitas el abogado Sergio Roberto López Villatoro, alias “Rey del tenis”, habría conformado un andamiaje para influir en las decisiones de las Comisiones de Postulación del período 2014-2019, tanto para la elección de magistrados de Corte Suprema de Justicia (CSJ) como la Corte de Apelaciones. Para lograr su objetivo, presumiblemente, gastó una gran cantidad de dinero para tener el control de los procesos de elección”.

Orellana Donis fue comisionado en el proceso de postulación de candidatos a magistrados en la CSJ en el 2014 y en junio del 2017 perdió el derecho de antejuicio del cual gozaba como magistrado, por la investigación efectuada por el Ministerio Público (MP) y la Cicig.

Inmovilizado

El 9 de mayo pasado el Juzgado de Extinción de Dominio inmovilizó el referido apartamento, con dos parqueos, ubicados en el edificio Condominio El Torreón, en la 10a. calle 3-44, zona 14.

Se espera que el MP plantee la acción de extinción y la jueza Rosa López fije fecha para el debate de extinción de dominio del inmueble.

#ComisionesParalelas | Nueva recusación de los procesados Sergio López, el Rey del tenis, su hermana Clara, y el magistrado de apelaciones suspendido, Eddy Orellana.
La recusación es por la denuncia de la fiscal Cinthia Monterroso contra la jueza Erika Aifán. pic.twitter.com/j9I8ZsDJL0

— Kenneth Monzón (@kmonzon_pl) September 2, 2019

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En menos de 24 horas después de haber sido detenido, el exconcejal de Nueva Concepción, Escuintla, Carlos Humberto Amaya Martínez, compareció ante un tribunal y al estar frente a los jueces estuvo de acuerdo en ser extraditado “de inmediato” a Estados Unidos para enfrentar cargos de narcotráfico.

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Amaya Martínez, conocido como “Pingüino”, estuvo tranquilo junto con su abogado Ángel Gaytán. Incluso sonriente y hasta bromeó cuando ingresó a la sala de audiencias del Tribunal Quinto Penal. “Soy famoso, ¿verdad?”, indicó antes de saludar a una familiar. “No se preocupe”, le dijo, “todo va a salir bien”.

El fiscal de Extradiciones, Royer Cardona, explicó al Tribunal los cargos contra Amaya Martínez. “Dentro de una investigación de las autoridades antinarcóticas estadounidenses que inició en 2016 se describe su participación como miembro activo”, indicó.

El exfuncionario escuchó atento el señalamiento por la orden de captura que avaló el Tribunal Distrital para el Distrito Medio de Florida el 28 de junio del 2018. Los delitos por los que requieren a Amaya Martínez son conspiración para distribuir cinco o más kilogramos de cocaína a bordo de una embarcación y conspiración para distribuir cinco o más kilogramos sabiendo que la substancia sería ingresada a Estados Unidos.

Embarcaciones

Entre los indicios que remitieron las autoridades de Estados Unidos están los relatos de tres colaboradores que trabajaban con Amaya Martínez. En el documento están identificados como TC-1, TC-2 y TC-3.

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Una embarcación que zarpó de la costa sur de Ecuador fue interceptada por policías de la Agencia de Administración para el Control de Drogas​ (DEA, por sus siglas en inglés) el 23 de junio de 2016 en aguas internacionales.

Ese cargamento iba destinado a Amaya Martínez en la costa sur del país. Fueron 642 kilogramos de cocaína los incautados. “Era un barco de pesca” para evitar ser detectados por policías. Ese día, los tripulantes abandonaron los paquetes con la droga en el mar y se retiraron, según el expediente.

Otro cargamento incautado que iba dirigido a Amaya Martínez fue interceptado el 27 de agosto del 2016 en aguas internacionales. Había zarpado de la costa sur de Colombia con 770 kilogramos de cocaína. También era un barco pesquero, se informó.

Uno de los testigos, TC-2, explicó a los agentes antinarcóticos que había viajado a Colombia junto con Amaya Martínez el 9 de febrero del 2017 para “coordinar el envío de droga”. Otro viaje se hizo en agosto del 2016.

“Acepto”

Cuando los jueces César García, Belgica Deras, y Sonia Villatoro le pidieron que pasara al estrado, Amaya Martínez aceptó de inmediato el señalamiento para ir a defenderse a Estados Unidos.

Ante el Tribunal dijo que es comerciante, soltero y que nació en Tiquisate, Escuintla. Dijo tener 35 años.

El exfuncionario fue detenido el jueves 29 de agosto en la calzada Roosevelt. El Tribunal remitió a Amaya Martínez a la cárcel Pavoncito mientras espera el trámite para ser extraditado.

En el Tribunal Quinto Penal comparece Carlos Humberto Amaya Martínez, alias Pingüino, quien fue concejal de Nueva Concepción, Escuintla.
Fue detenido en la calzada Roosevelt y escuchará el señalamiento para ser extraditado a Estados Unidos para enfrentar cargos de narcotráfico. pic.twitter.com/xkwIpvIGNT

— Kenneth Monzón (@kmonzon_pl) August 30, 2019

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La acción judicial que firmó la fiscal fue recibida el 22 de agosto de 2019 en la Oficina de Atención Permanente del Ministerio Público (MP) y se supo que ya fue remitida a la Fiscalía de Delitos Administrativos, que dirige Melvin Medina y señala hechos por posible abuso de autoridad.

Los hechos denunciados por Monterroso aluden a hechos supuestamente ocurridos después de una audiencia del caso “Asalto al Ministerio de Salud”, el 5 de agosto anterior.

De acuerdo con la fiscal, luego de que Aifán suspendió la diligencia por cuestiones de agenda la citó a su despacho junto a otros representantes de instituciones del estado para hacerle varios cuestionamientos, entre ellos que debía imputar los delitos por los que se habían autorizado las órdenes de captura del caso pues de lo contrario “tendría que declarar varias faltas de mérito”.

Se consultó a Julia Barrera, vocera del MP, el 28 de agosto, para conocer los motivos de la denuncia, pero aún estaba verificando el caso.

Esta es la denuncia completa de la fiscal en contra de la jueza.

Denuncia contra Aifán 

Ni la fiscal Monterroso ni Juan Francisco Sandoval, quien dirige la Feci, proporcionaron detalles del caso. Para “no entorpecer” el avance de las pesquisas se ha evitado aclarar el motivo de la denuncia, se indicó.

• Monterroso al insistir en una postura compartió el 29 de agosto del 2019: “Que confío en la objetividad del Ministerio Público para la investigación de la denuncia que al final, la agraviada por hechos así no soy yo. Es la administración de justicia”.

Un detalle relevante es que la denuncia contra Aifán sucede durante la invitación a los abogados a participar como candidatos a magistrados de apelaciones y de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), cuyo plazo para postularse finalizará el próximo viernes 30 de agosto y para el cual Aifán hizo los trámites pues se sabe que se postulará.

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Casos donde está Monterroso y Aifán

Monterroso es quien tiene a su cargo la investigación del caso Fénix, que también fue investigado por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).

La audiencia de más de 30 personas, incluido Sergio Alfredo Herrera Acevedo, hijo de Gustavo Herrera -con orden de aprehensión-, inició el 12 de abril pasado cuando se conocieron los primeros detalles de esta investigación.

Monterroso utilizó cinco días para imputar a los señalados y la audiencia se ha extendido debido a las intervenciones de los defensores.

En 2008 Gustavo Herrera habría llegado a un acuerdo para pagar US$7.4 millones para que cesara la persecución en su contra por su supuesta responsabilidad en el desfalco de Q350 millones al IGSS, no imaginó que años más tarde la justicia lo buscaría otra vez por ese caso, pero no por peculado, como en aquella ocasión; sino junto a otras 31 personas, y se le sindica de lavado de dinero u otros activos.

La investigación conjunta entre la Feci y la Cicig concluyó en la solicitud de captura de 19 personas y la citación de 33 más, entre personas individuales y representantes de 20 firmas comerciales, que supuestamente conformaron una organización criminal que utilizó diferentes tipos de empresas para lavar dinero obtenido de manera ilícita.

Las empresas de esta red, según las primeras pesquisas, son sociedades anónimas y limitadas, así como compañías offshore (fuera de plaza) y estarían vinculadas con Gustavo Adolfo Herrera Castillo, conocido no solo por su mediación para influir en la elección de magistrados de las cortes, sino también porque fue uno de los sindicados del desfalco de Q350 millones contra el Seguro Social, entre 2002 y 2004, caso por el que fue acusado y perseguido, pero nunca capturado.

Otro caso que también conoce la fiscal Monterroso es Asalto al Ministerio de Salud, cuya audiencia comenzó el 14 de agosto pasado. Ese día compareció la fiscal Claudia Carrera y Monterroso estuvo ausente.

El caso se conoció el 16 de julio pasado cuando fueron detenidas 19 personas y una semana después se entregó el exdiputado Luis Fernando Pérez Martínez.

Los señalamientos implican al exministro de Salud Jorge Villavicencio en una presunta estructura de corrupción en esa cartera.

También está señalada la hija de este, Saraí Villavicencio Delgado, y al exdiputado Pérez Martínez, como presuntos cabecillas de una estructura dedicada a cobros ilícitos por proyectos de remoción y reparación de hospitales durante el estado de Calamidad por el terremoto de San Marcos, así como por otros eventos de construcción de hospitales, compra de bienes en el ministerio y adjudicación de plazas en la institución a personas recomendadas por diputados del Congreso de la República.

Según el MP, la investigación está fundamentada con miles de correos electrónicos, registros documentales, eventos de compras, análisis criminalísticos, un colaborador eficaz involucrado en la recolección del dinero y complementado con otros dos colaboradores eficaces con conocimiento del método de cobro de la estructura.

¿Quién es la jueza?

Erika Lorena Aifán Dávila, conocida como “la jueza de hierro” y “la jueza rebelde” está fuera del país y en la judicatura desconocen lo sucedido.

Nació en la Ciudad de Guatemala y se graduó de maestra de primaria y maestra de educación en la Fe en Casa Central.

Estudios

• Es abogada y notaria graduada en 1999 en la Usac
• Tiene una maestría orientada al derecho laboral y otra de administración financiera por la misma universidad.
• Es doctora en ciencias penales, graduada en la sede de la Usac de Quetzaltenango.

Cargos

• En 2002 fue nombrada jueza en Ixchiguán, San Marcos.
• En 2006 fue trasladada al Juzgado de Primera Instancia en Jutiapa
• En 2014 integró el Tribunal de Sentencia Penal de Santa Rosa
• En 2016 designada en el Juzgado de Mayor Riesgo D

En sus manos tuvo el expediente de antejuicio en contra del exdiputado Manuel de Jesús Castillo Medrano, “Manolino”, condenado a 203 años de cárcel por su participación en el asesinato de tres diputados del Parlamentro Centroamericano (Parlacen) en 2007.

Esta nota se reeditó el 29 de agosto de 2019, a las 9.30 horas, para incluir algunos detalles de la denuncia y adjuntar el documento completo a la misma.

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Las salas de audiencias lucían vacías este miércoles en la Torre de Tribunales. En la puerta de varios juzgados solo informaron que los jueces gozan de licencia. Se trata del permiso especial que otorgó el Consejo de la Carrera Judicial (CCJ) para que los jueces interesados en postularse para magistrado de Apelaciones o de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) completen la papelería y la entreguen en el plazo establecido.

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Varias audiencias se reprogramaron en los juzgados y tribunales como en el Tribunal de Mayor Riesgo D, que preside Sara Yoc, donde conocieron pruebas del debate del caso Agua Mágica hasta las 11 de la mañana.

Prensa Libre consultó a varios jueces de alto impacto si se van a postular y solo han referido que tienen el derecho a hacerlo y que están en el proceso de completar la papelería que les requieren como la solvencia en el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG). Los jueces de mayor riesgo Miguel Ángel Gálvez y Yoc ya se postularon.

Se conoció que la jueza Erika Aifán también presentará su expediente para postularse a una magistratura así como Patricia Bustamante, que integra el Tribunal de Mayor Riesgo B. En los juzgados de instancia solo se conoce que el juez Mynor Moto también prepara su postulación, aunque ningún juez ha confirmado.

Circular

El CCJ envió la circular 140-2019 el pasado 22 de agosto en la que autoriza a los jueces a ausentarse de sus labores, con goce de salario, para completar los trámites y postularse.

“El Consejo de la Carrera Judicial, con el propósito de contribuir al proceso de elección de magistrados de Corte Suprema de Justicia y Sala de la Corte de Apelaciones para facilitar la participación de juezas, jueces, magistradas y magistrados se autoriza la licencia con goce de salario”, dice el documento.

El permiso inició el sábado 24 de agosto cuando inició el proceso para que los interesados en sala de apelaciones se inscriban y finalizará el próximo 30 de agosto.

Procesos

En algunos casos se ha visto retraso en las audiencias y en otras, la reprogramación de las mismas como la apertura del caso Registro de Información Catastral (RIC) en donde el juez Cuarto, Pedro Lainez, pidió más tiempo para leer y revisar la acusación contra los 12 procesados, entre ellos la exdiputada Daniela Beltranena, quien adelantó a través del Ministerio Público (MP) que se declarará culpable en un juicio abreviado.

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Otro de los procesos que se retrasó fue el inicio del debate de siete sospechosos de haber sustraído Q21.8 millones del Fondo Plan de Prestaciones del Empleado Municipal de enero de 2011 a diciembre 2015. La audiencia inició a las 12 horas y estaba prevista para las 8 horas.

Molestia

Algunos abogados, que prefirieron omitir su identidad, estaban molestos por la ausencia de los jueces, aunque aclararon que es un derecho participar en la postulación para renovación de cortes. “De por sí los procesos son lentos y se retrasan y con esto se reprograman los casos”, mencionó una penalista que defiende a un acusado de lavado de dinero u otros activos.

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A Ronald Bernardino Ruiz Méndez, conocido como “tío Ruiz” y “Flaco”, le sorprendió comparecer ante un tribunal que deberá decidir si es extraditado a Estados Unidos para enfrentar cargos de narcotráfico.

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Sereno y callado siempre estuvo viendo a los jueces Saúl Álvarez, Julio Xitumul y César Amézquita en la sala de audiencias del piso 12 de la Torre de Tribunales.

Cuando comenzó la audiencia cambió de abogado en un intento para retrasar el proceso, aunque el Tribunal denegó la petición debido a que fue detenido el pasado 15 de agosto, en Amatitlán.

El abogado Josué Rivas fue cambiado por Marco Croker Meléndez, quien pidió un tiempo prudencial para enterarse del caso.

“Soy comerciante”

Cuando el Tribunal le otorgó la palabra al detenido solo dijo que está casado, tiene 38 años y mencionó que es comerciante. “Vendo camiones y carros, soy comerciante”, dijo.

Ruiz Méndez es originario de Puerto San José, Escuintla, de donde coincide el señalamiento que hizo en su contra Estados Unidos.

Empezó como lanchero

El fiscal de Extradiciones Royer Cardona mencionó los indicios que envió el gobierno estadounidense al país y que señalan al Flaco en su participación con el tráfico de cocaína procedente de Colombia.

“Durante una investigación que se inició en 2013 se pudo detectar a una organización que traficaba cocaína de forma marítima desde Colombia por toda Centroamérica”, refirió el fiscal Cardona.

Ruiz Méndez inició en la organización como lanchero al recibir los cargamentos de cocaína en Guatemala, según la documentación que tiene la Fiscalía. “Era transportador marítimo”, dijo el fiscal.

Después, en 2016, “ya era intermediario directo e inversionista con sus copartícipes desde Colombia”, explicó.

La droga era desembarcada en Puerto San José y después remitida a narcotraficantes mexicanos, señala el caso.

Testigos

La investigación contra el tío Ruiz cuenta con interceptaciones telefónicas y el relato de dos testigos que están identificados como CW1 y CW2, quienes fueron trabajadores de Ruiz.

Incautaron una tonelada

El 4 de marzo del 2018 la Policía de Islas Galápagos interceptó una embarcación que estaba destinada a Ruiz Méndez. Ese día incautaron mil kilogramos de cocaína.

La audiencia seguirá el próximo mes cuando se conocerán las pruebas.

Corte

La nota 128 de Estados Unidos fue recibida por el Ministerio de Relaciones Exteriores el 29 de mayo pasado. Es el caso 18-20463-CR que está en el Tribunal Distrito Sur, que ordenó la detención con fines de extradición de Ruiz Méndez el 31 de mayo pasado.

El delito que se le señala es conspiración para distribuir cinco o más kilogramos de cocaína.

Tribunal Tercero Penal desarrolla la audiencia de formal detención a Ronald Bernardino Ruiz Méndez, alias "Flaco" y "tío Ruiz".
El señalamiento es para enfrentar cargos de narcotráfico en Estados Unidos.
Intenta detener la audiencia al cambiar de abogado. pic.twitter.com/cdThZCOQ2i

— Kenneth Monzón (@kmonzon_pl) August 27, 2019

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Después de 139 días de ser buscado por las autoridades, Francisco Pop, quien dirigió la Municipalidad de Lanquín, Alta Verapaz, se entregó a la justicia este 27 de agosto en la Torre de Tribunales.

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El político compareció acompañado de una enfermera y su abogado Hiram Sosa, quien mencionó que sufre cáncer en el hígado y que había manifestado comparecer desde julio pasado.

Pop está señalado de ser el supuesto cabecilla de una estructura que desvió Q11.9 millones de la comuna a empresas de cartón por obras inexistentes, en 2012.

El exedil intentó competir en las elecciones generales como candidato a alcalde por la agrupación política Valor, aunque el Tribunal Supremo Electoral (TSE) le denegó la inscripción por la investigación en su contra de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci).

La esposa del exjefe edil, Modesta Caal de Pop, y su hija, Flory Judith Pop Caal -también intentó ser candidata a diputada por la agrupación Valor-, están procesadas por este caso y guardan prisión preventiva.

Durante la audiencia, ambas fueron vistas en la primera fila, alejadas de su familiar, quien llevó una gorra. La jueza de Mayor Riesgo Claudette Domínguez le pidió decoro y que debía dejar de usar la gorra.

La diligencia se realizó con la ayuda de un intérprete de q’eqchi’ por petición de los sindicados.

Contador se entrega

A la audiencia también compareció Mario Eduardo Sánchez Rivera, contador de la Contraloría General de Cuentas (CGC), quien tenía orden de aprehensión igual que el exedil, desde hace cuatro meses, dos semanas y tres días.

Ninguno brindó alguna declaración sobre el caso.

Revocan beneficio

La jueza revocó el arresto domiciliario que gozaba Jorge Enrique Macz Ramos debido a que envió a su abogada para representarlo en la audiencia y él se quedó en Cobán.

El señalamiento

Este caso ya tiene procesadas a 17 personas y está en etapa de investigación, a cargo del fiscal Rudy Herrera, quien adelantó que ya ha avanzado más de la mitad con los indicios.

El caso de supuestos actos de corrupción involucra a alcaldes, al concejo municipal de Lanquín, personas y empresas allegadas a las autoridades y a la Contraloría General de Cuentas (CGC).

La investigación empezó por tres denuncias que señalaban presuntas irregularidades en la administración del presupuesto municipal de Lanquín así como en la ejecución de préstamos.

Según la acusación, entre 2009 y 2013, la municipalidad adjudicó 109 compras directas y obras a empresas ficticias y a empresas reales a las que habrían falsificado facturas, y se habría pagado Q9 millones 644 mil 654.06.

La estructura criminal se dedicaba a usurpar datos personales de diversos individuos o bien creaba empresas con datos y socios inventados, todo lo anterior para generar cuentas de cobros por supuestas “compras directas” contratadas con la Municipalidad.

De acuerdo con la pesquisa, la estructura falsificaba facturas de empresas individuales existentes, a fin de justificar los cobros de obras y servicios jamás prestados.

Por último, se señala que habrían efectuado adjudicaciones y contratos con empresas cuyos dueños y/o representantes legales estaban dispuestos a darle al alcalde una “comisión” por dicho favor. Dicha comisión o coima era por el beneficio del edil, o bien se hacían traslados de dinero pues en ocasiones era Pop quien se hacía cargo directamente de los proyectos de obra contratados con la municipalidad.

Sólo entre 2009 y 2013 la Municipalidad adjudicó por cotización y licitación Q33 millones, 620,779.07 sólo a ocho empresas.

Todas las irregularidades anteriores, a las que se suma la adjudicación fraudulenta de préstamos al municipio, se habrían realizado por connivencia de algunos funcionarios de la Contraloría General de Cuentas, según el expediente.

El exedil de Lanquín, sufre supuestos quebrantos de salud y utiliza silla de ruedas. pic.twitter.com/aLRzkV08GC

— Kenneth Monzón (@kmonzon_pl) August 27, 2019

Señalados

Exfuncionarios municipales

• Francisco Pop Pop
• Jorge Enrique Macz Ramos
• Oscar Heriberto Chub Tot
• Víctor Ramos Bailón
• Federico Choc Morales
• Carlos Rigoberto Cu Choc
• José Can Cul
• Lilian Margarita Coy Álvarez
• José Alberto Pan Ico
• René Almilcar Coy
• Oscar Tiul Chen

Funcionarios de la Contraloría

• Ismael Valter Aldi Bermúdez
• Mario Eduardo Sánchez Rivera

Familiares y amistades del exalcalde

• Modesta Caal de Pop
• Flory Judith Pop Caal
• Alejandro Pop Pop
• Jaime Anibal Coy Álvarez
• Antonio Elías López Guerra

Empresarios

• Concepción Misael Sequen Sinay
• María Guadalupe García López
• Carlos Vinicio Sosa Aldana
• Lidia Aurora Cucul Juc
• José Leonel Guillermo Valiente
• Ernesto Otoniel Alfaro Hernández (intermediario entre funcionarios de la CGC y la municipalidad).

Empresas

• Transportes Lucero
• Multiservicios Caal
• Transportes y Construcciones Córdova
• Ferro Agro Martz
• Constructora y Transporte Girón
• Materiales Yaxcal
• Maderas Tropicales del Norte
• Serviconstrucciones la Pedrera
• Constructora y Transportes Barrientos
• Incco
• Constructora Sosa
• Constructora Architrac
• Abj&hn Construcciones
• Multiservicios Eléctricos
• Proyectos, Construcción y Diseño s.a. Procodi

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Los Bomberos Voluntarios enviaron varias ambulancias al kilómetro 22 de la ruta RN-18 que conduce de San Jose Pinula hacia Mataquescuintla, en Jalapa.

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Un autobús de los Transportes Josefina volcó y algunos pasajeros informaron a los paramédicos que, el chofer, al parecer, iba ebrio.

En el lugar hay varias curvas en el lugar y, según los viajeros, el conductor conducía a excesiva velocidad.

El vehículo volcó frente al sector denominado Hacienda Nueva. El ayudante, identificado como Israel Monterroso Sumalé, de 24 años, falleció al caer de bus, se informó vía telefónica.

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Heridos

Los socorristas auxiliaron a una docena de personas, entre ellas niños, y trasladaron a diez personas al Hospital General San Juan de Dios, por la gravedad de las heridas en el cuerpo y la cabeza.

Lee además: Otras que sufrieron golpes leves se retiraron del lugar. En total fueron 30 los pasajeros heridos.

Sin paso

La vía quedó obstaculizada por lo que integrantes de la brigada de Protección Vial (Provial) desviaron a los conductores.

La Policía Nacional Civil (PNC) intentó ubicar al conductor que después del percance escapó del lugar, según testigos.

#EMERGENCIASCVB122
Colectivo@BVoluntariosGT de varias Compañias fueron destacadas al Km 22 ruta de San José Pinula hacia Concepción Pinula, por causas que se ignoran un bus de rutas Josefinas volcó en la cinta asfáltica dejando 30 personas heridas y un hombre fallecido pic.twitter.com/PPNstMRARI

— Bomberos Voluntarios (@BVoluntariosGT) August 25, 2019

Brigadas de @Provial atienden vuelco lateral de bus extraurbano sobre km 22 de ruta RN-18 que conduce de San Jose Pínula hacia Mataquescuintla.
Una persona fallecida en el lugar.
Conduce con precaución. pic.twitter.com/rjLS7uIRw6

— PROVIAL (@Provial) August 26, 2019

Heridos

Los bomberos compartieron un listado de heridos:

• Fernanda Teresa Morataya, de 3 años
• Tereso Morataya, de 56
• Elvia Súmale, de 27
• Angel Manuel Súmale, de 9
• Julio Reynaldo Muñoz, de 24
• Anabela Gramajo, de 20
• Luis Mazariegos, de 30
• Geraldine Rodríguez, de 32
• Ángel Gerardo Orozco, de 4
• Maria Judith Cifuentes, de 16

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El escritor independiente y excolumnista de The Grand Rapids Press / MLive.com, Charles Honey, entrevistó a dos hermanos guatemaltecos que se graduaron de educación media en Estados Unidos.

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La historia “Hermano y hermana trabajan duro para ‘un futuro mejor, una vida mejor’, hermanos de Guatemala aspiran a grandes sueños en América” fue compartida en el portal Red de noticias escolares con fotografías de los hermanos.

“Anyelin y Yustin Vasquez Lopez son muy conscientes de la Guatemala de donde vinieron, la América a la que vinieron y lo que se necesitará para tener éxito aquí.

Tomará mucho trabajo, que es justo lo que hicieron para graduarse de la Escuela Secundaria Union en mayo. Están preparados para asumir mucho más desde aquí”, fue compartida en la historia de los hermanos guatemaltecos.

Sueños

Ambos son los primeros en su familia en aprobar la secundaria. Fue en la Escuela Secundaria Union, en Grand Rapids, Míchigan, Estados Unidos. Además, el reportaje explica que ambos tienen sueños.

Anyelin cursa enfermería y en un futuro su deseo es ser pediatra. En cambio, su hermano, Yustin, aprende para ser electricista.

La nota de la Red también cuenta con el testimonio de la supervisora del programa Union High Newcomers para estudiantes inmigrantes.

“Una mentalidad en la que no se rinden”, según el relato de la supervisora Halima Ismail en la nota que fue compartida esta semana.

Pobreza

La historia de los hermanos cuenta con la vida de su mamá, Janaly López, quien dejó el país hace ocho años indocumentada debido a la pobreza, el narcotráfico y las pandillas.

El reportaje completo lo puede leer acá:

Brother and sister work hard for ‘a better future, a better life’

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El artículo se refiere a la clase a un grupo de adultos en Laney College en Oakland, Estados Unidos. Aprenden el idioma mam del guatemalteco Henry Sales.

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Public Radio International (PRI) compartió la historia en su portal debido a la gran cantidad de guatemaltecos que viven en Oakland.

“La población mam de Oakland se estima en varios miles y crece a medida que el éxodo de migrantes guatemaltecos que huyen de la violencia y la pobreza aplastante continúa hacia el norte. Se unen a familiares y amigos de San Juan Atitán, Todos Santos, Santiago Chimaltenango y otras ciudades rurales de Guatemala y se reúnen en las calles del este de Oakland, dicen varios residentes de Mam”, se refiere el reportaje.

El artículo menciona que debido a la gran cantidad de migrantes que habitan en el lugar a varios estadounidenses les ha interesado aprender el idioma.

“Como resultado, el número de estudiantes que hablan el idioma en las escuelas de Oakland se ha disparado. Y, algunas agencias gubernamentales y organizaciones sin fines de lucro han contratado oradores Mam para interactuar mejor con la comunidad”.

Cerrar brechas

El objetivo del aprendizaje de mam es para “ayudar a cerrar las brechas de comunicación” entre los migrantes recién llegados que no saben inglés.

Incluso, los estudiantes de mam son maestros de primaria que tienen entre sus alumnos niños migrantes de Guatemala.

“Mientras que los recién llegados luchan con los altos costos de la vivienda y navegan a través del trabajo y los servicios de la ciudad, Sales dijo de alguna manera, las personas mam están encontrando que Oakland acepta más su cultura indígena que su país de origen”.

El artículo completo:

El crecimiento de la comunidad guatemalteca de Oakland despierta interés en Mam

Un joven de 17 años, que la Policía Nacional Civil identificó con los apellidos García García, fue detenido esta tarde por ser el supuesto responsable de haber asesinado a una adolescente que atendía una tienda en la colonia El Incienso, zona 7.

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El subcomisario David Custodio Boteo informó que a las 16:30 horas el menor de edad fue ubicado usando la misma ropa cuando empuñó una pistola y le disparó por la espalda a la joven.

“La detención fue en seguimiento al caso. Llevaba una bolsa con un arma hechiza, bolsas con marihuana y municiones”, informó el jefe de la División Nacional Contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (Dipanda).

Crimen

Una cámara de vigilancia instalada en la pared de la tienda La Bendición, en la 30 avenida, 22-17, colonia el Incienso, zona 7, captó el momento cuando el supuesto integrante de la clica Vatos Locos, de la Mara Salvatrucha (MS) llegó y pidió una golosina.

Cuando la joven se volteó, el supuesto marero le apuntó y disparó a la cabeza y huyó con un cómplice.

Así lo identificaron

La captura fue en la 30 avenida, 21 calle “C”, carril auxiliar de la colonia El Incienso, zona 7.

Detectives especializados en seguimiento revisaron el video y lograron ubicar a García García. “Fueron estrategias de labores de inteligencia y análisis de información, empleando un equipo de seguimiento y equipo táctico”, agregó Boteo.

El supuesto sicario nació el 6 de marzo de 2002 y vive en esa colonia, se informó.

En una bolsa portaba municiones, bolsas con marihuana y un arma hechiza.

Por tratarse de un menor de edad será conducido a un juzgado de adolescentes y de ser comprobada su participación en el asesinato la pena máxima es de seis años de cárcel.

Lo incautado

• 2 tubos de metal galvanizados pintados de negro en forma de T, que al unirlos forman un arma de fabricación artesanal y/o hechiza.
• 28 municiones a simple vista de uso exclusivo de las fuerzas de seguridad del Estado
• 85 municiones de calibre ignorado.
• 24 bolsas con marihuana.
• 7 inhaladores para droga
• También una navaja, un cuchillo y un celular.

Oficial Jorge Aguilar Chinchilla vocero de la Policía Nacional Civil, da detalles de la captura del presunto responsable de matar a una niña en una tienda de abarrotes ayer en la colonia El Incienso de la zona 7 capitalina. pic.twitter.com/rG3UYnIMsW

— PNC Guatemala (@PNCdeGuatemala) August 25, 2019

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La interpretación inició con 30 minutos de retraso ante decenas de personas, entre ellas el bodeguero Gustavo Pérez, su esposa, Amparo, y tres hijos Madelyn, Cristopher y Jeferson, quienes viajaron desde la colonia Martinico, en la zona 6, y se acomodaron al frente.

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“Buena organización. Estuve en la Sexta y hay música y otras actividades para los niños”, dijo Pérez para explicar las diversas actividades del festival que arrancó el jueves recién pasado y finalizará el próximo 31 de agosto.

La Llorona, el Sombrerón, la Tatuana fueron las presentaciones más aplaudidas. Los actores integran la Academia Comunitaria de Teatro Museo del Ferrocarril se disfrazaron para representar las historias que inmortalizó el nobel de literatura en 1930 en su libro Leyendas de Guatemala.

“¡Ay mis hijos!”, dijo la actriz María Pulido con vestido blanco para representar a La Llorona, la mujer que perdió a sus hijos y se convirtió en alma en pena, los busca en vano para toda la eternidad. Sus gritos aterrorizan con su llanto a todo el que la escucha, según el relato. “Si la escuchan lejos es que está cerca y la oyen cerca está muy lejos”.

También fueron interpretadas las historias de La niña de Guatemala y las Ánimas del purgatorio.

La señora Aura González junto con su sobrino Josué felicitaron a los actores. También estuvo la maestra Diana Saenz acompañada de su perro chihuahua Shaggy. “Rescato la música del Festival”, mencionó.

"¡Busco a mis hijos!", La Llorona, personaje de la obra Leyendas de Guatemala, inicia su presentación en la Concha Acústica por el 22 Festival de Centro Histórico.#22FCHT pic.twitter.com/iJb9K1ubye

— Kenneth Monzón (@kmonzon_pl) August 24, 2019

Actividades

El festival cumple 22 años con actividades música, teatro, danza, artes visuales, literatura, cine, conferencias, talleres y visitas guiadas. Este año son 50 las localidades en eventos simultáneos y los artistas se postularon para participar. Son más de 100 actividades gratuitas.

Este festival se celebró por primera vez en agosto de 1998, y surgió como iniciativa de la Casa de la Cultura del Centro Histórico.

Este evento es organizado por la Municipalidad de Guatemala, el Ministerio de Cultura y Deportes, la Universidad de San Carlos de Guatemala y el Instituto Guatemalteco de Turismo, con el objetivo de promover los valores patrimoniales, arquitectónicos, históricos, sociales y culturales del centro de la ciudad.

Agenda del domingo 25

Festival de la Juventud

Plaza Mayor de la Constitución. De 10 a 18 horas, escenario de deportes extremos. De 10 a 20 horas, escenario de hip hop.

Demostración de juegos de mesa modernos

Paseo de la Sexta, entre 8a. y 9a. calles, de 10 a 16 horas.

Teatro: “El Principito” de Antointe de Saint-Exupéry

Cerro del Carmen, Plazoleta Rotaria, de 10 a 11 horas.

Circo Teatro “Desconectarse para conectarse”

Centro Cultural Teatro Mágico Marcel, de 11 a 12.30 horas.

Así el ambiente en la Concha Acústica previo a la presentación de Leyendas de Guatemala dentro de las actividades de 22 Festival del Centro Histórico #22FCH.
El bodeguero Gustavo Pérez, su esposa, Amparo, y tres hijos viajaron desde la zona 6.
"Buena organización", dice. pic.twitter.com/huaNcPWSdJ

— Kenneth Monzón (@kmonzon_pl) August 24, 2019

En la 12 avenida y 6a. calle, tanto como en la Concha Acústica de la zona 1 capitalina, se celebran actividades del Festival del Centro Histórico. ¡Todavía estás a tiempo para asistir!#22FCH pic.twitter.com/PbhyQiYVMj

— Guatevisión (@Guatevision_tv) August 24, 2019

El 24 de agosto del 2017 estaba vigente el delito de financiamiento electoral ilícito por el que la Corte Suprema de Justicia le retiró la inmunidad a Villate después de haber interpuesto 14 acciones de recusación que dilataron el proceso durante un año.

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El año pasado el Congreso reformó el Código Penal y añadió el Artículo 407 L, de la fiscalización electoral de fondos por el que el fiscal de Delitos Electorales, José Curruchiche, describió hechos y señaló la conducta de Villate por haber omitido el reporte ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Q21.7 millones en 2015, cuando fue secretario general de la organización política Libertad Democrática Renovada (Líder), ahora desaparecida.

Villate fue citado la semana pasada para la audiencia de primera declaración y esta vez evitó alguna acción dilatoria. “Siempre me he presentado”, dijo antes de entrar a la sala de audiencias del Juzgado Octavo Penal, a cargo de Carlos Toledo.

Durante la audiencia, el fiscal Curruchiche intentó que la diligencia fuera pospuesta debido a la ausencia del mandatario de la Cicig, Luis Orozco -colombiano que dejó el país el año pasado-. El juez explicó que el ente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) había renunciado a su calidad.

Entonces, el juez, le preguntó datos a Villate. “Soy de profesión abogado y notario y diputado del Congreso. Tengo 58 años y por seguridad prefiero que los datos de dónde vivo y mis familiares sean omitidos”, dijo, lo que Toledo aceptó.

Señalamiento

El fiscal describió los hechos a Villate. El MP cuenta con los informes de las auditorías practicadas a la extinta agrupación Líder por la existencia de supuestas agrupaciones anónimas y sin haber sido registradas ante el TSE.

Líder habría recibido Q21 millones 77 mil 227.72 en aportes sin haber sido declarados. Además, la organización por la que compitió Manuel Baldizón a la presidencia de la República tuvo financiamiento privado y aportaciones de más de US$10 mil y gastos de publicidad sin reporte alguno, refiere el caso.

Se defiende

Villate utilizó su turno para explicar la forma en que conformó el bloque Líder. “Tuve la jefatura de bloque en el Congreso por el partido Líder durante ocho años, luego de ello, en 2015, venía la campaña electoral, por designación y por motivación del Comité Ejecutivo Nacional se toma la decisión de ponerme como secretario del partido Líder”, dijo Villate.

Después se refirió a que se quedó solo en la agrupación que ese año logró 45 diputados. “Termina la campaña, termina la elección, se pierde la campaña con un poquito más de cinco mil y pico de votos. Hoy entiendo por qué, pero ese no es el caso nuestro. Luego de eso, dentro de esa sede nacional que unos meses antes estaba llena de medios, de amigos, de gente desconocida, de diputados, se queda absolutamente sola, empezaron a renunciar los secretarios. Diputados, fuimos electos 45 y renuncian y me quedo al frente. Si se me hubiera ocurrido renunciar la sede se hubiera quedado prácticamente sin nadie”, dijo.

Seguirá el próximo mes

El juez Toledo suspendió la audiencia después de haber escuchado el relato de Villate.

La audiencia seguirá el próximo mes con la imputación del fiscal, la defensa del diputado y la resolución.

El diputado Roberto Villate explica al juez la conformación del cancelado partido político Libertad Democrática Renovada. pic.twitter.com/cgT8oisUrl

— Kenneth Monzón (@kmonzon_pl) August 23, 2019

Diputado Roberto Villate comparece al Juzgado Sexto Penal a la audiencia de primera declaración por el señalamiento del @MPguatemala relacionado con financiamiento de Q21 millones en la campaña electoral de 2015 por el extinto partido Libertad Democrática Renovada. pic.twitter.com/3FgjbPi2sh

— Kenneth Monzón (@kmonzon_pl) August 23, 2019

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El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) confirmó que Fuentes Cabrera falleció por trauma de tórax. El detenido permaneció 15 horas en la carceleta del sótano de la Torre de Tribunales, desde el miércoles 21 de agosto, por un incidente vial por el que iba a ser señalado de lesiones culposas.

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Después de que se conoció la muerte de Fuentes Cabrera por una aparente falta de atención hospitalaria, la Fiscalía abrió un expediente que está en la agencia tres de Delitos contra la Vida y fue señalado como “flagrancia”.

Además, seis representantes de la Oficina Nacional de Prevención contra la Tortura visitaron el sótano de Tribunales y comprobaron las condiciones de hacinamiento, suciedad y los malos olores entre los que las personas que están detenidas por algún señalamiento de delito o un hecho de tránsito esperan, tal como le pasó a Fuentes Cabrera.

“Esto ya se había avisado. No es la primera vez que se le hace alguna recomendación a la Corte Suprema de Justicia para mejorar las condiciones de este lugar”, expresó Mario Veras, quien dirige la referida oficina y quien conversó con varias personas que estaban en la carceleta.

Uno de los testimonios fue el de un reo que estuvo en una carceleta contigua a la de Fuentes Cabrera, donde este falleció. “Escuché que decían que estaba vomitando sangre y se quejaba, pero no lo atendieron”, dijo el reo que prefirió omitir su identidad.

Otros testigos, entre agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y guardias judiciales, explicaron a las autoridades que la víctima se quejaba de dolor abdominal. “Existe un reporte que al parecer fue evaluado por un médico del Sistema Penitenciario, pero aún vamos a verificar lo sucedido”, añadió Veras.

El relator Otto Paz informó que abrirán un expediente por la muerte de Fuentes Cabrera y lamentó que desde hace años que no se brinda atención a las carceletas de Tribunales. “Los reos se quejan por falta de agua potable, estar en la oscuridad, con cucarachas y sin comida”, mencionó.

En el Organismo Judicial (OJ), el vocero Mario Siekavizza, señaló que la víctima estaba a la espera de comparecer en el Juzgado de Turno y, por la cantidad de sindicados su audiencia estaba fijada para después de las 22 horas del jueves 22 de agosto.

La Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) también inició una revisión del caso. Gerardo Villanueva, de la Defensoría de Personas Privadas de Libertad, visitó el lugar horas después de la muerte del detenido e incluso antes que acudiera la unidad de recopilación de evidencias del Ministerio Público (MP) y comprobó que Fuentes Cabrera se había quejado de dolor abdominal.

Lleno

Durante la visita en las carceletas, los relatores comprobaron también el hacinamiento del lugar. “Es lamentable, no somos animales, estamos en esto, pero deben tratarnos como gente”, se refirió un hombre que está procesado por portación ilegal de arma de fuego y esperaba su audiencia después de haber sido trasladado desde la cárcel Preventivo, en la zona 18, a las seis de la mañana.

Delito

Fuentes Cabrera iba a ser señalado por un fiscal del Ministerio Público de lesiones leves, delito que contempla prisión de tres meses hasta dos años de cárcel. Además, la pena establece una multa de Q300 hasta Q3 mil.

Representantes de la Oficina Nacional de Prevención contra la Tortura visitan la carceleta en la Torre de Tribunales un día después de la muerte de Ronald Estuardo Fuentes Cabrera, de 50 años, quien fue aprehendido por la @PNCdeGuatemala por lesiones culposas. pic.twitter.com/zNTgMYSRCJ

— Kenneth Monzón (@kmonzon_pl) August 23, 2019

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Gustavo Arnoldo Medrano Osorio compareció a la segunda citación que le hizo el magistrado Mynor Oxom, vocal de la Sala Primera de Apelaciones de Mayor Riesgo.

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El diputado se había ausentado el pasado 8 de julio por supuestos quebrantos de salud y aún estaba pendiente sus argumentos de descargo por el antejuicio que fue tramitado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) debido a su implicación en el caso Subordinación del Organismo Legislativo al poder Ejecutivo.

Su abogada Alma Beltetón, acompañada del abogado Javier Posadas Beltetón, intentó suspender el trámite del antejuicio con el argumento de una actividad procesal defectuosa.

La penalista se centró a que en el escrito de antejuicio está incluido el nombre Adolfo en lugar de Arnoldo, que es como se llama su cliente.

El magistrado Oxom, quien permitió el acceso a la audiencia, explicó que esa equivocación ya había sido subsanada por la CSJ y declaró sin lugar el recurso que intentaba suspender el antejuicio.

Su defensa

Entonces, el magistrado le otorgó la palabra al legislador, quien compitió como candidato a alcalde por Chinautla, aunque fue derrotado por su tía, Elizabeth del Cid Medrano.

“Me llamo Arnoldo no Adolfo”, repitió incansablemente el legislador al leer cada párrafo del señalamiento que hizo la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).

Después, se refirió a que “nunca hubo negociaciones” y explicó que solo hubo reuniones con la entonces vicepresidenta Roxana Baldetti.

Señalamiento

La investigación detalla cómo presuntamente en 2014 la entonces vicepresidenta Baldetti entregaba dinero a diputados en el Congreso para que aprobaran leyes, así como la elección de magistrados para la Corte Suprema de Justicia y Cortes de Apelaciones.

En el caso del diputado Medrano para el MP pudo haber tenido participación en los hechos y por eso fue planteado el retiro de inmunidad el 6 de mayo pasado.

El documento de la Feci y la Cicig se refiere a que producto de estos pactos, y de esa supeditación del poder Legislativo a las órdenes del poder Ejecutivo, se tomaron diversas decisiones en el Congreso y se sancionaron leyes, entre ellas el 8 de abril de 2014 se aprobó el Decreto 12-2014 Ley de Control de Telecomunicaciones Móviles en Centros de Privación de Libertad y Fortalecimiento de la Infraestructura para Transmisión de Datos.

Dicha ley fue producto de negociaciones entre los empresarios y la entonces vicepresidenta, Baldetti, siendo su versión final impuesta para su aprobación sin cambios por parte de los diputados.

La investigación determinó que los legisladores recibían Q50 mil en un maletín cada dos meses.

Lo que sigue

La Ley en materia de antejuicio regula la manera a seguir como lo recordó el magistrado Oxom, quien recibió el expediente el pasado 26 de junio.

El pesquisidor Oxom deberá redactar un informe con la recomendación si es viable el retiro de inmunidad al diputado. El documento lo remitirá a la CSJ en donde los magistrados determinarán si es prudente el retiro de la inmunidad.

Si es así, el expediente lo trasladan a Gestión Penal para que designe, por sorteo, un juzgado penal en donde la Feci puede requerir cualquier información para avanzar en la pesquisa, incluso, la orden de aprehensión.

El diputado está señalado de asociación ilícita, violación a la Constitución y cohecho pasivo.

Señalados

• Acisclo Valladares Urruela (Ministro de Economía): asociación ilícita, cohecho activo.
• Estuardo Ernesto Galdámez Juárez (diputado y candidato presidencial): Asociación Ilícita, violación a la Constitución, cohecho pasivo, lavado de dinero u otros activos.
• Juan José Porras Castillo (diputado): Asociación ilícita, violación a la Constitución, cohecho pasivo, lavado de dinero u otros activos.
• Mirna Magnolia Figueroa Resen de Coro (diputada): asociación ilícita, violación a la Constitución, cohecho pasivo, lavado de dinero u otros activos.
• Marco Antonio Orozco Arriola (diputado): Asociación ilícita, violación a la Constitución, cohecho pasivo, lavado de dinero u otros activos.
• Boris Roberto España Cáceres (diputado): Asociación ilícita, violación a la Constitución, cohecho pasivo, lavado de dinero u otros activos.
• Haroldo Eric Quej Chen (diputado): Asociación ilícita, violación a la Constitución, cohecho pasivo.
• Gustavo Adolfo Medrano Osorio (diputado): Asociación ilícita, violación a la Constitución, cohecho pasivo.

El diputado Gustavo Medrano comparece en la Sala Primera de Apelaciones de Mayor Riesgo para defendese ante el pesquisidor Mynor Oxom por el antejuicio en su contra en el caso Subordinación del Organismo Legislativo al Ejecutivo. pic.twitter.com/zTyqRvx4gz

— Kenneth Monzón (@kmonzon_pl) August 22, 2019

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Ángel Contreras, titular del Juzgado de Turno, procesó a Coyoy Ixtacuy por extorsión, delito que contempla pena de hasta 10 años de cárcel.

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La joven, que cumplió 18 años el pasado 6 de mayo, estuvo serena, aunque sorprendida de lo que había sucedido durante la audiencia.

Antes de comparecer, en la planta baja de la Torre de Tribunales, conversó con Prensa Libre. “Soy la segunda de cuatro hermanos y me dedico a los oficios domésticos”, dijo.

Su vista siempre fue al frente, sentada en la sala de audiencias y evitó hablar del señalamiento de la Policía Nacional Civil (PNC) de haber fingido su secuestro y pedir Q1 millón como rescate a sus padres, Artemio Coyoy Orozco y Cristina Ixtacuy.

El 12 de agosto pasado dejó su vivienda en la aldea Bella Vista Las Majadas, en la cabecera de Quetzaltenango por una oferta de trabajo en la capital.

“Me vine para oficios domésticos. Empecé a trabajar en una casa en la colonia La Reformita, zona 12”, dijo Leslie, quien aprobó sexto primaria en la escuela de su localidad hace seis años y después se dedicó a ayudar a sus padres en la agricultura y la siembra de flores.

El avance de la investigación del fiscal Rigoberto Lux León detalla que Leslie, con la ayuda de otra persona que aún no está identificada, se fotografió y grabó un video con un celular en donde fingió su secuestro.

Las fotografías y los videos están bajo resguardo del representante del Ministerio Público (MP), quien documentó cómo Leslie les pidió a sus padres Q1 millón por el supuesto rescate.

Como las exigencias no habrían sido tomadas en cuenta, bajó el monto del rescate a Q5 mil, sin saber que la unidad antisecuestros ya había interceptado el celular y la habían ubicado en la zona 12.

Las primeras pesquisas se refieren a que los padres de Leslie se dedican a cultivar rosas y claveles para vender en su comunidad y no cuentan con el perfil económico para el pago del rescate que había exigido al inicio.

Procesada

El juez Contreras procesó a Coyoy Ixtacuy por extorsión y la envió a prisión. Estará durante tres meses en la cárcel Santa Teresa, zona 18, hasta que avance la investigación y el Juzgado Tercero Penal, que dirige Mynor Moto, fue designado para el control de las pesquisas.

La audiencia ya se había reprogramado debido a que dejó en su vivienda el Documento Personal de Identificación (DPI)  y esperaba que alguno de sus tres hermanos o sus padres se lo llevara.

En reserva se realiza la audiencia de primera declaración a Leslie Corina Coyoy Istacuy, quien fingió su secuestro y exigía Q1 millón a sus padres. pic.twitter.com/cYKAPzQAcI

— Kenneth Monzón (@kmonzon_pl) August 22, 2019

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El Tribunal de Mayor Riesgo B, que preside Jeanneth Valdés, accedió a la petición de un abogado que estará fuera del país para escuchar solo las conclusiones de su cliente en el caso Municipalidad de La Antigua Guatemala.

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Algo inusual sucedió en la sala de audiencias del piso 15 en la Torre de Tribunales, donde se han discutido las pruebas contra los 25 acusados, entre ellos el exalcalde de la localidad, Adolfo Vivar, y su sucesor, Édgar Ruiz, por el supuesto desvío de Q20 millones.

El abogado José Carrillo informó que estará en Estados Unidos durante un mes y su viaje lo iniciará la próxima semana. Entonces, solicitó que se conocieran las conclusiones relacionadas a su cliente Carlos Alejandro de León Morales, quien fue director de auditoría de las municipalidades.

El Tribunal accedió a la petición y le pidió a la fiscal Amy Girón que concluyera solo en la acusación a De León Morales, que enfrenta el juicio por incumplimiento de deberes y cohecho pasivo.

La representante de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) explicó que la participación en los hechos contra el contador De León se centra en una auditoría y el faltante de Q397 mil 308.

Por incumplimiento de deberes la fiscal solicitó tres años de cárcel y por cohecho pasivo cinco años de prisión y multa de Q10 mil.

El abogado Carrillo refutó el señalamiento del Ministerio Público (MP). “Mi cliente jamás actuó en violación a la ley, sus actuaciones están reguladas y practicó una auditoría en la Municipalidad de La Antigua Guatemala”, dijo.

Seguirá el septiembre

El Tribunal finalizó de escuchar los alegatos y reprogramó la continuación del debate para el 4 de septiembre próximo, un día después que finalice su mandato la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) que investigó el caso y se retiró como querellante del debate el mes pasado.

Durante el juicio por supuestos actos de corrupción en la comuna de La Antigua Guatemala, el Tribunal ya escuchó el relato de un perito de la Cicig. Se trató de Óscar Calvillo, quien declaró por videoconferencia desde la Embajada de Guatemala en Tegucigalpa, Honduras.

El experto financiero recordó un informe que hizo para la Cicig el 2 de julio del 2013. Relacionó el dinero que fue desviado de la comuna a particulares. “En total fueron Q20 millones”, dijo.

También explicó que las empresas de cartón que recibieron los depósitos tenían relación con los funcionarios ediles y sus familiares.

Señalados

Entre los acusados está Adolfo Vivar Marroquín, exedil de la localidad, y su sucesor Édgar Francisco Ruiz Pérez.

En las investigaciones que realizó la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) en coordinación con la Cicig se estableció que desviaron Q20 millones de quetzales en el período de 2008 y 2012, en donde los exalcaldes vincularon a otras 24 personas entre ellas funcionarios de la comuna para obtener los recursos de forma anómala.

El seguimiento que le dieron los Fiscales al dinero se verificó que fue a parar a cuentas personas de los sindicados, que fueron enviados a juicio por los delitos de asociación ilícita, lavado de dinero u otros activos, peculado fraude y concusión.

En el Tribunal de Mayor Riesgo B inician las conclusiones del debate a los 25 acusados en el caso Municipalidad de La Antigua Guatemala.
Debido al viaje al extranjero de un abogado, las juezas permiten la discusión solo para el acusado Carlos Alejandro de León Morales. pic.twitter.com/PKASkei93b

— Kenneth Monzón (@kmonzon_pl) August 21, 2019

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La audiencia intermedia del caso Porsche, por la marca del automóvil, inició en el Juzgado Undécimo Penal.

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El agente policial Wilmer Michael Galicia García se declaró culpable de incumplimiento de deberes por haber autorizado la salida del vehículo y fue condenado a tres años de cárcel en juicio abreviado. La pena le fue suspendida con la advertencia de demostrar buena conducta.

“Aún estoy activo”, fue lo único que dijo Galicia García al ser cuestionado si sigue como agente policial en la Comisaría 13.

Discusión

Los alegatos de la audiencia de etapa intermedia continuaron para el supuesto cabecilla Jorge Eduardo Aparicio Chinchilla, por el delito de comercialización de vehículos y similares robados en el extranjero o en el territorio nacional.

También para los policías María de los Ángeles López Guzmán; Herson Atanacio Martínez López, Erik Alexander Chipix Amaya, Audulio Cortez Cisneros y Bixdalia Roxana Hernández de Paz, por incumplimiento de deberes y obstaculización a la acción penal.

El caso

El vehículo, valorado en US$70 mil, fue robado el 9 de febrero de 2018 en Miami, Florida, cuyas autoridades y la Interpol activaron la búsqueda internacional.

Guatemala forma parte de esta historia seis días más tarde, cuando descubre que el carro ya estaba en el territorio. Fue decomisado en un operativo en la zona 10 capitalina y luego trasladado a un predio.

Las autoridades señalan a Aparicio Chinchilla de ser el jefe de una banda de robacarros a escala internacional que luego eran trasladados a Guatemala, tal como pasó con el Porsche, para ser comercializados.

Estaba en predio

El vehículo pasó en el predio policial hasta el 30 de marzo del año pasado cuando, en principio, las autoridades reportaron que la banda lo había robado de la propia PNC.

“A través de diligencias técnicas de campo, consistentes en entrevistas, seguimientos y vigilancias, análisis de videos, análisis de información confidencial y análisis de documentos obtenidos, se establece la participación directa de Aparicio Chinchilla”, comunicó Ministerio Público (MP) el 10 de enero último.

El fiscal Helmut Izaguirre, de la Unidad contra Robo de Vehículos de la Fiscalía contra el Crimen Organizado involucra a la PNC en haber facilitado el retiro del Porsche de su predio.

Agentes fiscales y policiales allanaron la Comisaría 13 el 10 de enero pasado para inspección y registro de indicios para nutrir la investigación. Ese día fueron detenidos los uniformados que estaban asignados a la Subestación Villa de Guadalupe, en la zona 10.

En el Juzgado Undécimo Penal se desarrolla la audiencia intermedia a los implicados en la salida de un automóvil lujoso que estaba en una Comisaría y había sido robado en Miami en 2018.
Hay agentes de la @PNCdeGuatemala procesados. pic.twitter.com/hxCZXJ0Suk

— Kenneth Monzón (@kmonzon_pl) August 21, 2019

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Los jueces escucharon el relato de un inspector y un agente de la Policía Nacional Civil (PNC), así como el peritaje de los expertos en balística del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), en relación con el arma de fuego incautada a los acusados.

Los tres asesinatos en que habría sido utilizada la pistola son el de los abogados Francisco Palomo y José Antonio Meléndez Sandoval; y el empresario Faisal Antonio Aranki Rabanales.

La forma en que las autoridades comprobaron ese aspecto fue por las pruebas realizadas en el Inacif y después, con el cotejo de las necropsias. Los resultados son cruciales porque demuestran el uso de la pistola en los asesinatos.

Palomo fue ultimado cuando conducía su automóvil en la zona 9, el 3 de junio del 2015. El dueño de una empresa de seguridad, Aranki Rabanales, fue asesinado a balazos el 7 de agosto del 2015, en la 20 calle, 8-47, zona 10, cuando conducía un picop, después de salir de su vivienda en el kilómetro 23 de la carretera a El Salvador.

El último crimen atribuido a la banda fue el de Carlos Mauricio Aragón Garrido, hecho registrado el 25 de agosto del 2015 en la 12 avenida B y 8a. calle, zona 12.

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Testimonios

Durante la continuación del juicio a lo seis acusados se conocieron los primeros detalles del asesinato de Meléndez Sandoval, quien dirigía la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura en Guatemala. Era abogado y notario y docente de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac).

El inspector de la PNC, Marvin Bámaca, declaró que fue destacado el 13 de junio de 2014 a la 50 calle y 15 avenida, zona 12, donde fue asesinado Meléndez Sandoval.

“Inicié las primeras investigaciones del caso y lo primero fue la revisión de las cámaras para ubicar los vehículos usados en el hecho”, dijo el inspector.

También declaró el agente policial, Vinicio García, quien recordó que había entrevistado a algunos testigos en el lugar del hecho.

Los acusados

• José Luis González Jiménez, alias Pepis y Pepino. Tiene 36 años y es mensajero. Cursó segundo básico.
• Édgar René de León Calderon, de 46 años. Es mecánico y señalado de cobrar por los asesinatos.
• Gerber Manolo López Chupina, de 40 años, apodado “Pocha”. Cursó hasta tercero básico y es vendedor de carros usados. Es el supuesto cabecilla.
• Érick Augusto Tasen Godoy, de 49 años. Su apodo es “Willy”. Estuvo en prisión en 2014 por portación ilegal de arma de fuego.
• Isaac Emanuel Álvarez Monzón, de 23 años, apodado “Seco”. Es repartidor de pan.
• Miguel Silvano Gómez Toma, de 38 años, exagente de la Policía Nacional Civil (PNC) entidad a la que trabajó durante ocho años.

En la continuación del debate a 6 acusados de la banda el Patrón, el Tribunal de Mayor Riesgo C, escucha el relato del inspector de la @PNCdeGuatemala, Marvin Bámaca.
El debate es por 4 crímenes, entre ellos el abogado Francisco Palomo. pic.twitter.com/70JaLC7jj5

— Kenneth Monzón (@kmonzon_pl) August 21, 2019

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Erika Aifán, jueza de Mayor Riesgo D, inició la audiencia de primera declaración a cuatro sindicados, entre ellos el expresidente Otto Pérez Molina, quien antes de la audiencia dijo: “Son las últimas patadas de ahogado de la Cicig -Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala-”.

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A la cita también comparecieron el empresario farmacéutico Gustavo Adolfo Alejos Cámbara, su esposa, Beatris Jansa Bianchi de Alejos, el arquitecto Rafael Escobar Pereira y el expresidente del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), Juan de Dios de la Cruz Rodríguez López.

El único ausente fue Gustavo Adolfo Espina Salguero, quien fue vicepresidente del 14 de enero de 1991 al 1 de junio de 1993. Durante la audiencia Aifán explicó que a las 9 horas había entregado un memorial para estar ausente, sin aportar más detalles.

Sigue en prisión

Alejos, exsecretario privado del expresidente Álvaro Colom Caballeros, frustró su intensión de que le otorgaran arresto domiciliario a pesar de haber argumentado que al saber que existía un nuevo caso en su contra se había puesto a disposición de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci).

Aifán negó la petición de arresto domiciliario con el argumento que existieron inconsistencias en un acta que firmó el notario Brayan Corado cuando compareció junto con su papá, el diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen) Roberto Alejos Vásquez, a la sede central del Ministerio Público (MP), el 25 de julio pasado.

Incluso, la jueza ordenó que se abra un expediente contra el notario Corado debido a que el acta explica una hora de inicio -13:15 horas- y de finalización -55 minutos después- y el documento se refiere a que fue entregado ante la fiscal General María Consuelo Porras, a las 14 horas.

También que el abogado Ranferí Díaz -quien defiende a Alejos- se refirió a que había comparecido ante la Feci el 30 de julio pasado y después, el 1 de agosto último, se reiteró la petición para ser citado. Aifán explicó que las fotografías que le mostraron carecían de la identificación del día y la hora en que fueron captadas.

Otro aspecto que valoró Aifán para dejar en prisión a Alejos fue la argumentación del fiscal Carlos Videz, quien refirió que el pasado 6 de agosto el fiscal Andrei González compareció a la vivienda de Alejos en el residencial Premier Campestre, en el kilómetro 22.5 de la ruta a El Salvador, en la casa 27.

“Uno de los hijos del señor Alejos -Gustavo Andrés Alejos Jansa- explicó que su papá estaba en una finca, en el occidente, cuando tiene prohibición de salir del departamento de Guatemala”, mencionó Videz.

Dicen sus datos

Al estrado compareció cada señalado para decirle a la juez su nombre, edad, profesión y los hijos que procrearon.

Pérez Molina recordó que desde hace “casi cuatro años” está en la cárcel militar Mariscal Zavala y que tiene 68 años.

Alejos al estar en el banquillo se refirió a que su profesión es agricultor y omitió que es empresario farmacéutico. Se refirió a que está procesado en los casos Cooptación del Estado de Guatemala, Negociantes de la Salud y Transurbano.

Jansa Bianchi de Alejos explicó que es comerciante y Pereira dijo que es arquitecto.

Por su parte, Rodríguez de la Cruz mencionó que es abogado y administrador de empresas.

Seguirá a fin de mes

Aifán suspendió la audiencia y notificó que la misma continuará el 26 de agosto próximo. Ese día el fiscal Videz deberá explicar los hechos del caso.

El caso

Según el MP y la Cicig, exfuncionarios, constructores y abogados habrían integrado una red para beneficiarse con recursos producto de comisiones ilícitas para quedarse con contratos millonarios u obtener el pago de deudas.

Esa red tenía por objetivo “apoderarse del Estado y sus distintas instituciones con el fin de obtener y controlar el poder, extraer recursos a través de los particulares que mantenían contratos o vínculos con el Estado y enriquecerse ilícitamente, asegurando su impunidad y la de los demás partícipes”, citaron las dos entidades.

En esta red, supuestamente, habrían participado  Gustavo Alejos Cámbara, exsecretario privado de la Presidencia de 2008 a 2012; el expresidente Otto Pérez Molina (2012-2015), Juan de Dios Rodríguez, exsecretario Privado de la Presidencia de Pérez y expresidente del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), Acisclo Valladares Urruela, ministro de Economía, así como el empresario José Maynor Palacios Guerra.

“Para el cobro/pago de comisiones, se utilizaba el sistema bancario guatemalteco y el sistema bancario internacional, particularmente el panameño, como consecuencia de la compra de sociedades off shore en ese país, lo que permitía el manejo de dinero producto de las coimas acordadas. Mediante la elaboración de contratos de préstamos, simulaban ante las entidades bancarias la realización de una actividad económica inexistente, dando apariencia de legalidad al dinero que ingresaba al sistema financiero”, señala la pesquisa.

Así se determinó que Alejos recibió US$7 millones 297 mil 650 de Palacios Guerra y sus empresas, entre el 9 de febrero de 2011 y el 24 de abril de 2012, entre el último año de gobierno de la UNE y el primero del Partido Patriota.

El 15 de febrero de 2011, agrega la pesquisa, Palacios Guerra le transfirió US$1 millónes 421 mil 650 a Dolansea Worlwide Corp. para pagar las acciones de la sociedad Deckner Assets Inc., pero sus activos (apartamentos en Casa Margarita) los recibió y acabaron en poder de Alejos. Dos años más tarde las acciones de las sociedades propietarias de esos apartamentos aparecieron en manos de Acisclo Valladares Urruela, actual ministro de Economía y para quien habrá una solicitud de retiro de inmunidad.

Beatriz Jansa Bianchi, esposa de Gustavo Alejos, explica que es comerciante al pasar al estrado. pic.twitter.com/BDMd9WBWiv

— Kenneth Monzón (@kmonzon_pl) August 16, 2019

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El juez Mario Sandoval finalizó su cargo como suplente del Tribunal Séptimo Penal al negar el pedido de arresto domiciliario a los procesados Anahí Keller, Santos Torres y Carlos Rodas, exfuncionarios de la Secretaría de Bienestar Social, quienes esperan debate por su presunta implicación en el incendio del Hogar Seguro Virgen de la Asunción que dejó a 41 adolescentes fallecidas y 15 heridas el 8 de marzo del 2017.

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“Debido a que existen peligros de obstaculización a la averiguación de la verdad, este órgano jurisdiccional no otorga el arresto domiciliario”, indicó Sandoval en la única sala de audiencias del sótano dos de la Torre de Tribunales, a donde el acceso fue limitado y los periodistas pudieron ingresar “por turnos” a documentar el caso.

Los tres acusados seguirán en prisión hasta que comience el juicio el próximo 22 de octubre.

El juez suplente Solórzano, quien ha sido visto en procesos de paz en la Torre de Tribunales, fue designado por el Consejo de la Carrera Judicial (CCJ) como suplente del 1 al 16 de agosto. Esto debido a que la juez Magda Pérez se jubiló hace dos meses y el Tribunal está incompleto.

Audiencia

La audiencia de revisión inició el 8 de agosto pasado. Ese día los querellantes y los representantes de la Fiscalía contra Femicidio del Ministerio Público (MP) se opusieron a la audiencia con el argumento de que se debe respetar al juez natural, para referirse a que Solórzano solo fue designado al Tribunal Séptimo Penal del 1 al 16 de agosto.

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Los tres procesados argumentaron que había variado el caso y podían obtener el arresto domiciliario.

Hoy, durante la continuación de la audiencia, el fiscal Édgar Gómez explicó que a Keller ya le negaron el arresto domiciliario el 18 de marzo pasado y su argumentación fue por problemas de salud. Entonces, lo que procede es una evaluación médica, dijo.

En el caso de Rodas esta fue la quinta ocasión en la que le niegan el arresto domiciliario. En esta última oportunidad, su argumentación fue porque el comisionado Iván Velásquez y la exfiscal Thelma Aldana mantenían enemistad con el presidente Jimmy Morales y como Rodas fue funcionario de gobierno, por eso solicitaron orden de aprehensión en su contra.

El juez Solórzano explicó que la situación del caso no ha variado y por eso los tres acusados deberán esperar hasta el comienzo del juicio.

Delitos

Los tres procesados esperan debate por:

• Abuso de autoridad
• Incumplimiento de deberes
• Homicidio culposo
• Lesiones culposas
• Maltrato contra personas menores de edad

#HogarSeguro | Juez suplente Mario Solórzano niega el arresto domiciliario a Anahí Keller, Carlos Rodas y Santos Torres, quienes esperan el comienzo del debate en octubre próximo. pic.twitter.com/JgTvTD5p9S

— Kenneth Monzón (@kmonzon_pl) August 16, 2019

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El fiscal Carlos Videz solicitó aceptar la nueva acusación contra Aparicio Mejía por el delito de cohecho activo en el caso Construcción y Corrupción, una investigación por una red de lavado de dinero, cuyo supuesto cabecilla podría ser Alejandro Sinibaldi, quien fue ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.

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El pasado 23 de julio Aifán rechazó la petición de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) para que el procesado solventara su situación en un juicio abreviado.

Aifán notó que el año de los hechos en el escrito es distinto en comparación con la conducta del empresario constructor y declaró sin lugar la petición. En el documento estaba 2013 y los hechos fueron en 2012. Entonces emplazó al Ministerio Público (MP) para que entregara una nueva acusación.

Hoy comenzó la discusión de la audiencia intermedia en el Juzgado de Mayor Riesgo D en la que Videz solicitó aceptar la acusación y que se abra un debate.

Los hechos

Aparicio Mejía aceptó que le regaló dos picops a Sinibaldi como dádiva para que le otorgara la aprobación y le cancelaran la deuda de arrastre de las constructoras Jireh y Servicios Calificados de la Construcción (Serdelco).

Las pesquisas del MP y la Cicig documentaron que el empresario también transfirió Q8 millones 411 mil 83.16 a través de sus constructoras para la empresa Constructora Benelli, que facturó por servicios que no prestaron.

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Incluso, en el avance de la investigación se determinó que la entidad Benelli no tuvo operaciones, es decir, es una empresa de cartón o de fachada que “se utilizó para el blanqueo de capitales”.

Seguirá a fin de mes

Aifán escuchó la argumentación de Videz, a quien le pidió que entregara unos documentos al procesado que están relacionados con los indicios del caso.

“La investigación determinó que el señor Jaime Ramón Aparicio Mejía se contactaba con Aneliesse Herrera -fue secretaria de Sinibaldi y colaboradora eficaz- para explicar las transferencias de dinero y las dádivas”, mencionó Videz.

El turno para hablar para el representante de la Procuraduría General de la Nación (PGN) y el de la defensa será el 26 de agosto. Ese día la juez Aifán podrá resolver si avala la acusación y envía a debate al empresario o no.

#ConstrucciónYCorrupción | En el Juzgado de Mayor Riesgo D se desarrolla la audiencia intermedia al procesado Jaime Ramón Aparicio Mejía.
El procedimiento abreviado que se discutió el mes pasado fue rechazado por la juez Erika Aifán debido a un error en el año de los hechos. pic.twitter.com/e9rgF3G7nh

— Kenneth Monzón (@kmonzon_pl) August 16, 2019

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La resolución de la Sala se centró en que no existe inconsistencia en la resolución del juez Miguel Gálvez en relación a que evitó pronunciarse por la supuesta muerte de Cristina Siekavizza, desaparecida desde 2011.

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Con este fallo está firme el comienzo del juicio contra Barreda, la madre de este, De León, y otras dos personas, por la desaparición de Siekavizza. Los alegatos y las pruebas se conocerán en el Tribunal de Mayor Riesgo C, que preside Pablo Xitumul, el 15 de abril del 2020.

No es la primera vez que Barreda acciona en contra de la resolución que lo envió a debate. El pasado 26 de julio el Tribunal rechazó un amparo que interpuso su abogado Alfredo Vásquez, cuya acción se centró en que existe un supuesto error en la consignación del año en el expediente. Se detalla en la acusación que fue 2009 cuando Siekavizza desapreció, cuando fue en 2011.

El caso

Barreda, principal sospechoso de la desaparición de su esposa, Cristina Siekavizza, estará en el banquillo de los acusados por femicidio, obstrucción de justicia y maltrato contra menores de edad.

La expresidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Ofelia de León, madre de Barreda, enfrentará a la justicia por el delito de amenazas.

También esperan el inicio del debate el investigador Óscar Rolando José Celada Cuevas y Javier Armando Mendizábal Ruiz, a quienes el Ministerio Público acusará de ocultar información sobre la desaparición de Siekavizza.

El debtae

El juez de mayor riesgo Miguel Ángel Gálvez aceptó la acusación del MP en contra de Barreda el pasado 1 de mayo.

Gálvez valoró y enumeró -sin ninguna pausa-, durante seis horas, en la Torre de Tribunales, los indicios “suficientes” de la Fiscalía para enviar a debate, de nuevo, a Barreda por la desaparición de su esposa.

Barreda ya había sido enviado a debate por el juez Gálvez el 3 de diciembre de 2015, aunque por acciones del procesado el caso se repitió este año.

La desaparición

Siekavizza está desaparecida desde el 6 de julio del 2011. Un mes después, su esposo salió del país con sus dos hijos. La Policía mexicana detuvo al sospechoso el 8 de noviembre del 2013 en Mérida, Yucatán.

La expresidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Ofelia de León, fue capturada y sindicada de obstrucción a la justicia al ayudar a su hijo a borrar evidencias; no obstante, el 26 de septiembre de 2012, esa Corte resolvió cambiar el delito por el de amenazas, en este caso contra Petrona Say, quien fue empleada doméstica de Barreda y ahora es colaboradora eficaz del MP en este caso.

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La semana pasada el juez Miguel Gálvez permitió que la fiscal Leslie Rosales realizara correcciones al escrito de acusación contra 16 procesados de financiamiento electoral ilícito en el caso Cooptación del Estado de Guatemala.

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Las modificaciones fueron menores y de puntuación, que no cambiaron la calificación. Este martes, durante la continuación de la audiencia de apertura a debate, la representante del Ministerio Público (MP) inició con la explicación de la prueba.

Uno de los señalados fue Gustavo Alejos, quien fue secretario privado del expresidente Álvaro Colom Caballeros.

El señalamiento de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) se centró a que aportó Q1 millón en noviembre de 2011 a empresas “de fachada o de cartón” para financiar la campaña electoral del expresidente Otto Pérez Molina.

“Las empresas Adquisiciones Inversiones y Servicios, Tecnideportes y Multi Empresariales facturaron por los aportes por servicios que no fueron brindados y ocultaron al Tribunal Supremo Electoral que era financista del Partido Patriota”, se refirió la fiscal Rosales.

Audiencia

La apertura a debate comenzó el 7 de agosto pasado. Como la investigación tiene a 75 implicados, el juez separó el caso y avanzó solo con los procesados por financiamiento electoral ilícito.

Señalados

• Alberto Rafael de León Escobar
• Alvaro Mayorga Girón
• Julio Alejandro Quinto Tobar
• Ana Graciela López Gálvez
• Marco Antonio Recinos Sandoval
• Denis Leonel Linares Juárez
• Boris Alberto Linares Juárez
• Max Roberto Burgos Faillace
• Juan Luis Ortiz Álvarez
• Jack Irving Coen Coen
• Denis Benjamín González Zepeda
• Edna Maribel Berganza Colindres
• Gustavo Adolfo Alejos Cámbara
• Boris Orlando Navas Aguilar
• Adolfo Fernando Peña Pérez
• Eduardo Cristian Kestler Morán

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El caso

La Feci y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) presentaron el caso el 2 de junio del 2016.

Las pesquisas se derivan de la información incautada con el caso La Línea, un año antes, en el cual ya esperan debate el expresidente Otto Pérez y la ex vicepresidenta Roxana Baldetti.

Según la investigación adelantada, derivado del trabajo de investigadores financieros se develó un complejo esquema que detallaba toda una maquinaria de lavado de activos meticulosamente diseñada para captar fondos durante la campaña electoral del Partido Patriota del 2011, que llevó a la presidencia a Pérez Molina.

Esta actividad, típica de redes político-económicas ilícitas, se habría diseñado durante la campaña del Partido Patriota, justo después de perder las elecciones del 2007, y seguía funcionando durante el ejercicio de gobierno (2012-2015).

Esto llevó a la conclusión que no se trataba de un Gobierno cuyos miembros cometían actos aislados de corrupción, sino una estructura criminal mafiosa que había cooptado el poder por la vía de las urnas en Guatemala.

En el caso del financiamiento electoral no registrado, a la estructura criminal del PP se Ie facilitó hacerse con el poder gracias al financiamiento de empresarios de todo tipo, según el MP y la Cicig.

Los empresarios entregaban el dinero a las entidades que los operadores del PP les indicaban, a sabiendas que no recibirían por ello algún bien o servicio, pues en la mayoría de los casos se trataba de empresas de cartón.

Respecto a los pagos vía constructoras, a los empresarios se les facturaba por servicios intangibles y difíciles de rastrear, por ejemplo “uso de maquinaria por mil horas”, modalidad que se repitió constantemente.

Uno de los señalados por el @MPguatemala es el empresario farmacéutico Gustavo Alejos, exsecretario privado de la Presidencia, quien aportó Q1 millón en 2011 a entidades de cartón o pantalla para financiar a la cancelada agrupación política Partido Patriota. pic.twitter.com/zY5iZrGQWw

— Kenneth Monzón (@kmonzon_pl) August 13, 2019

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El Tribunal de Mayor Riesgo D ultima los detalles para iniciar el juicio a dos acusados en el caso Agua Mágica el fraude millonario al Estado para sanear la contaminación en el lago de Amatitlán, que provocó la condenada de la  exvicepresidenta Roxana Baldetti, a su hermano Mario y otras ocho personas el año pasado.

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Los jueces Sara Yoc -presidenta-, Wendy Coloma y Estuardo Morataya -vocales-, notificaron a las partes la semana pasada para iniciar los alegatos el próximo lunes a las 8:30 horas en el piso 14 de la Torre de Tribunales.

Los acusados son Clara Mariel Carvallo Carvallo y Manuel Francisco Sosa Batres quienes fueron detenidos el 23 de febrero del 2016 y procesados por el juez Víctor Ríos el 10 de marzo de ese año cuando dirigió el Juzgado de Mayor Riesgo C.

Carvallo fue ligada por fraude y Sosa por enriquecimiento ilícito en 2016. Durante la discusión de la etapa intermedia el juez Ríos ordenó el archivo del expediente el 27 de febrero del 2017 debido a inconsistencias en los indicios.

Después, Ríos fue trasladado al Juzgado de Diligencias Urgentes y la jueza Silvia de León fue nombrada en el Juzgado de Mayor Riesgo C.

Fue hasta el 15 de mayo del 2018 cuando por las acciones de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) avaladas por la juez De León que se reanudó la persecución penal a Carvallo y Sosa. La investigación culminó con la apertura a debate.

Como el primer debate el Tribunal de Mayor Riesgo C, que preside Pablo Xitumul, juzgó a Baldetti y otras 12 personas, la Sala de Apelaciones de Mayor Riesgo designó al Tribunal que dirige Yoc para el debate.

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El señalamiento

El Ministerio Público (MP) así como la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), querellante adhesivo, señala de fraude a Carvallo, quien fue la representante legal de M. Tarcic Engineering Limited, la empresa que recibió los aportes del Estado para sanear la contaminación en el lago de Amatitlán.

La acusación contra Sosa Batres, quien fue director ejecutivo de la Comisión Portuaria Nacional, es porque en sus atribuciones habría avalado el traslado de los fondos.

Pruebas

El Tribunal le dio valor probatorio a las pruebas que se conocieron durante el debate el año pasado. Fueron 297 medios de convicción distribuidas en científicas, testimoniales y documentales. Los jueces demostraron la responsabilidad de los acusados y los roles que cada uno de ellos tuvo para cometer los delitos de asociación ilícita, fraude, cohecho activo, cohecho pasivo, incumplimiento de deberes y tráfico de influencias.

Según la investigación del MP, el proyecto de la limpieza al lago de Amatitlán estaba valorado en Q137.8 millones, de los cuales Q22.8 millones ya habían sido pagados para la adquisición de 23 mil litros de la fórmula para sanear el lago. Se logró establecer científicamente que dicha fórmula no era útil para el saneamiento del lago.

Sentencias del año pasado

• Roxana Baldetti: 15 años y seis meses por asociación ilícita, fraude y tráfico de influencias.
• Allan Franco de León: 11 años por asociación ilícita y fraude.
• Uri Roitman: 11 años por asociación ilícita y fraude. Fue absuelto por cohecho activo. Debe ser investigado por lavado de dinero.
• Sandra Nineth García: 12 años con ocho meses por asociación ilícita y fraude.
• Lizbeth Alonzo: 12 años con ocho meses por asociación ilícita y fraude.
• Juan Diego Díaz Sandoval: 12 años ocho meses por asociación ilícita, fraude. Fue absuelto por cohecho activo. Se ordenó que sea investigado por lavado de dinero.
• Esvin Ramos: Tres años por incumplimiento de deberes y absuelto por fraude.
• Mario Alejandro Baldetti Elías: 13 años por asociación ilícita, fraude y tráfico de influencias.
• Pablo González: 12 años con ocho meses por asociación, fraude. Absuelto por cohecho pasivo. Se ordenó que sea investigado por lavado de dinero.
• Jorge Mario Cajas: 11 años por asociación ilícita y fraude.

Absueltos

• Sergio Alejandro Marroquín: Absuelto por cohecho activo. Se ordenó al MP que lo investigue por lavado de dinero.
• Marilyn Anabella Sosa: Absuelta por cohecho pasivo. Se ordenó que sea investigada por lavado de dinero.
• Rubén Torres: Absuelto por cohecho pasivo. Se ordenó que sea investigado por lavado de dinero.

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En los juzgados de turno del país comparecieron 703 personas desde la noche del sábado hasta el domingo por la noche por haber infringido la prohibición de vender o ingerir bebidas alcohólicas durante la segunda vuelta electoral.

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Una fuente del Organismo Judicial (OJ) informó que todas las personas solventaron su situación a las pocas horas de haber sido aprehendidas. Los últimos en comparecer ante un juez lo hicieron el domingo por la noche, cuando era declarado presidente electo por la agrupación política Vamos, Alejandro Giammattei Falla.

La Policía Nacional Civil (PNC) detuvo a 703 personas que infringieron el artículo 223 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, está prohibido el expendio o distribución de licores, bebidas alcohólicas y fermentadas o su consumo en lugares públicos.

La prohibición empezó el sábado recién pasado a las 12 horas y finalizó hoy las 6 horas. Durante las primeras horas de la prohibición ya habían sido detenidos 82 adultos y remitido a dos menores que consumían licor pese a la vigencia de la ley seca.

Normativa

A los detenidos por infringir la ley seca les recordaron al comparecer ante los jueces que el artículo 495 del Código Penal establece que la pena es de 15 a 30 días de prisión, aunque el criterio fue sancionarlos con multas de Q150 hasta Q1 mil, se informó, aunque en cada caso fue distinto el monto.

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“Artículo 495. Quienes, de cualquier modo, infringieren los reglamentos o disposiciones de la autoridad relacionados a seguridad común, orden público o salud pública, serán sancionados con arresto de quince a treinta días”.

Los jueces advirtieron a los detenidos que deben mostrar buen comportamiento en los próximos 30 días.

En la primera vuelta

Durante la primera vuelta electoral, efectuada el 16 de junio pasado, fueron 600 personas las capturadas por no respetar la norma e ingerir alcohol en la vía pública.

En esa ocasión fueron Guatemala, Escuintla y San Marcos los departamentos donde más capturas se registraron.

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El Tribunal de Mayor Riesgo D, presidido por la jueza Sara Yoc, acompañada de los jueces vocales Estuardo Morataya y Wendy Coloma, avaló la reparación digna a los familiares de tres víctimas después de la condena a cuatro exdetectives de la extinta Policía Nacional (PN).

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Los jueces fijaron el monto de Q20 mil como reparación digna para los parientes de cada víctima, tal como lo solicitó la Fiscalía especial del caso, a cargo de Jorge García.

Durante el debate los jueces comprobaron con diversas pruebas, testimoniales y documentales, el asesinato a balazos de José Miguel Mérida Escobar, quien integró la extinta PN y adelantó las pesquisas por la muerte de la antropóloga Myrna Mack en 1990.

También la desaparición de Alfredo de Jesús Guerra Galindo y la muerte de Gonzalo Cifuentes Estrada, a quienes inculparon con la muerte de Mérida Escobar.

Reparación

Los exdetectives Martín Alejandro García Mejía, Julio David López Aguilar y José Miguel González Grijalva, ahora condenados por los hechos, deberán pagar Q60 mil por los tres casos.

Alberto Encarnación Barrios Rabanales debe pagar Q40 mil -Q20 mil a la familia de Mérida Escobar y Q20 mil a la de Guerra Galindo-.

Comparecen las madres

En la audiencia compareció María Rosario Galindo Xiloj, madre de Alfredo; Celestina Estrada Sánchez, mamá de Gonzalo; y Ever Obdulio Mérida, hermano de José Miguel.

Ninguno se pronunció por los hechos y solo agradecieron haber  condenado a los responsables de los hechos.

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Para el Tribunal la reparación está en ley y manifestaron que esta no traerá a sus familiares a la vida, pero es parte de un proceso penal.

Los defensores estuvieron en desacuerdo y explicaron que al tener la sentencia íntegra, el próximo 14 de agosto, prepararán la apelación respectiva.

La condena

El pasado 6 de agosto el Tribunal condenó a los cuatro exdetectives de la extinta PN por la muerte del detective Mérida Escobar, quien adelantó pesquisas por la muerte de la activista Myrna Mack en 1990.

El exdetective Alberto Encarnación Barrios Rabanales fue condenado a 35 años de prisión. Mientras que los también exdetectives Martín Alejandro García Mejía, Julio David López Aguilar y José Miguel González Grijalva deberán pasar 41 años y ocho meses en la cárcel.

Fueron hallados culpables de los delitos de asesinato y delitos contra los deberes de humanidad en agravio de Alfredo de Jesús Guerra Galindo -desaparecido- y Gonzalo Cifuentes Estrada-ultimado-, a quienes habían inculpado por la muerte de su compañero.

“Para este Tribunal quedó demostrado que el investigador Mérida Escobar estableció que el especialista del Ejército Noel de Jesús Beteta Álvarez asesinó a la antropóloga Myrna Mack y por su conclusión fue asesinado”, dijo Yoc.

“El investigador Mérida solicitó el auxilio de sus superiores ya que temía por su vida, se sentía perseguido, sin embargo, no se prestó el apoyo. Es más, este crimen fue planificado con anterioridad. Hubo complicidad de los cuatro acusados”, explicó ese día la juez Yoc.

Este fue el segundo juicio debido a que los cuatro exdetectives ya habían sido condenados a 25 años de cárcel, aunque por diversas acciones legales la Sala Segunda de Apelaciones de Mayor Riesgo ordenó repetir el fallo en 2017.

Interceptado

La muerte de Mérida Escobar sucedió el 5 de agosto de 1991 cuando salió de la antigua sede de la PN, ahora sede del Ministerio de Gobernación.

Fue interceptado cuando caminaba por el Parque Concordia, en la zona 1, ahora Enrique Gómez Carrillo.

El caso

La investigación contiene el testimonio que brindó la víctima ante un juzgado, en la que habría anunciado su muerte, debido a que había logrado identificar a Noel de Jesús Beteta Álvarez, quien fue especialista del Ejército, como el autor de la muerte de la antropóloga Myrna Mack.

Ella efectuaba un estudio por las víctimas que eran desplazadas en el interior del país por petición de pobladores de las Verapaces, según su hermana Helen Mack.

Ordena abrir pesquisas

El Tribunal ordenó que se abra una investigación contra Acisclo Valladares Molina, exprocurador General de la Nación en ese entonces y jefe del Ministerio Público, ya que el detective había denunciado que estaba amenazado y “no se prestó el apoyo adecuado, por eso se ordena al Ministerio Público lo conducente contra Valladares Molina y exintegrantes del Ejército que participaron en los hechos”.

Antropóloga

Myrna Mack fue apuñalada en la 12 calle y 12 avenida, zona 1, el 11 de septiembre de 1990. Cuatro días antes fue presentado un informe que reveló detalles acerca de los desplazamientos humanos que estaban relacionados con las políticas de tierra arrasada, iniciados por los gobiernos militares desde 1980.

En este caso ya fue condenado Beteta Álvarez en 1993 a 25 años de prisión. El fallo cobró sentencia en otras instancias un año después.

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Los fiscales Alfredo Tejeda y Pablo Barrios interpusieron una recusación contra la jueza Eva Recinos, con el argumento de que pudo haber incurrido en opiniones al haber dictado falta de mérito a favor del viceministro de Gobernación, Remberto Ruiz.

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La jueza Recinos rechazó la recusación y remitió el expediente a la Sala de Apelaciones de Mayor Riesgo, en donde los magistrados evaluarán los argumentos de los representantes de la Fiscalía.

Se suspende intermedia

La discusión de la audiencia de etapa intermedia a Ronald Joaquín González Vásquez, procesado por el delito de asesinato, se suspendió debido a la acción de los representantes de la Fiscalía de Derechos Humanos.

González Vásquez fue jefe de seguridad del Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP). Es el único procesado por el crimen de Manuel de Jesús Ramírez, quien fue fundador del Sindicato General de Trabajadores y Apoyo Técnico en el IDPP.

Resolución a favor de Ruiz

Esta semana Recinos dictó falta de mérito en la audiencia de primera declaración a Ruiz junto con Fermín Iván Ortíz Maquín y Marvin René Donis Orellana, piloto y asistente de atención al público en el IDPP, respectivamente.

A criterio de la jueza no existieron indicios suficientes para vincularlos con la investigación relacionada con el asesinato del sindicalista, ocurrido el 1 de junio de 2012.

Tres días para apelar

La Fiscalía de Derechos Humanos tiene hasta el próximo lunes para plantear la apelación respectiva por la resolución de Recinos. Al respecto, los fiscales Barrios y Tejeda explicaron que el caso sí contiene suficientes indicios de la participación no solo de Ruiz sino también de Ortíz Maquín y Donis Orellana en una reunión para planificar el asesinato del sindicalista.

Recinos incluso mencionó que las medidas de prohibición, de arraigo contra Ruiz y firmar cada semana el libro de control era porque la Fiscalía iba a apelar y el caso iba a pasar a una sala de apelaciones.

Audiencia extensa

Desde el 16 de julio se discutió el señalamiento contra Ruiz y los otros dos por la supuesta participación en el crimen. Desde que allanaron su casa, el 5 de julio último, el viceministro de Gobernación estuvo internado en un hospital privado en la zona 2 de Mixco, por supuestos quebrantos de salud.

El avance de la investigación cuenta con 186 folios y el testimonio de personas cercanas a la víctima, quien fue secretario de conflictos del Sindicato.

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Identificó a testigos protegidos

Durante la audiencia, Ruiz declaró que identificó a dos testigos protegidos. “La Testigo 5 -como está identificada en la carpeta judicial- es Patricia Rabbé, que fue defensora pública. Ella dice que me conoce y sí, estudiamos juntos. Lo que dice ella es una historia. No es testigo. Anda enterándose de la vida ajena”, declaró Ruiz Barrientos en la ampliación de su declaración.

Después aseguró que también logró identificar a la Testigo 3, y aseguró que es Vilma Aidé Ramírez. “Ella aseguró que utilizo una mini uzi en el carro, pero a ella no he tenido la mala suerte de subirla a mi carro. Además, soy de Agua Blanca -Jutiapa- y uso armas por mi trabajo”, explicó.

Señalan a Blanca Stalling

Uno de los testigos protegidos declaró que en la supuesta planificación del crimen estuvo involucrada Blanca Stalling, quien dirigió el IDPP y fue juramentada magistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), aunque fue separada del cargo por una investigación centrada en que presionó al juez Carlos Ruano para que beneficiara a su hijo Otto Roberto Molina Stalling.

“La mayoría de las personas decía que Stalling y Ruiz lo mandaron a matar”. Así resumió una testigo el asesinato a balazos de Ramírez.

La recusación obedece a que dictó falta de mérito a favor del viceministro de Gobernación, Remberto Ruiz así como a Fermín Iván Ortíz Maquín y Marvin René Donis Orellana. pic.twitter.com/yoXBV05Fby

— Kenneth Monzón (@kmonzon_pl) August 9, 2019

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“Estamos presentando formal acusación por los delitos de asociación ilícita, financiamiento electoral no registrado y perjurio”, informó Andrei González, de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) del Ministerio Público (MP).

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Los procesados son Gustavo Adolfo Alejos Cambara, Juan Pablo García Castro, Guillermo Alejandro Sierra Sierra y Víctor de Jesús Duarte Mendoza, quienes fueron detenidos el 6 de febrero pasado.

El avance de la investigación determinó que el monto estimado de los aportes que recibió la agrupación política Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) en 2015 aumentó de Q19.6 millones a Q27.7 millones.

“En este caso el Ministerio Público, al presentar la acusación, está confirmando que en efecto existió un monto relacionado a financiamiento electoral no registrado, financiamiento que procede de una actividad ilícita y que fue utilizado durante la campaña de 2015 por la agrupación política Unidad Nacional de la Esperanza”, se refirió González.

La investigación señala a Sandra Julieta Torres Cassanova, quien fue candidata presidencial por la referida agrupación política ese año y que competirá por la segunda vuelta el próximo domingo contra Alejandro Giammattei, del partido Vamos.

Andrei recalcó que al comprobar diversos documentos y transacciones bancarias se estableció que el aporte que recibió la agrupación UNE fue mayor a lo señalada en Q8.1 millones.

“Esto es a raíz de la investigación que surge derivado de hechos a financiamiento no declarado por parte de la agrupación política UNE”, agregó el fiscal González.

Medios de convicción

La Feci entregó cuatro cajas con cientos de documentos que sustentan la investigación. Al respecto González explicó que son 343 medios de convicción.

Se destacan 55 declaraciones testimoniales en donde “Alejos y Mario Leal -candidato a la vicepresidencia en 2015 por UNE y está ubicado en Estados Unidos debido a que tiene orden de aprehensión- llamaron a las personas para que aportaran dinero a la campaña”, indicó González.

También se incluyen 41 medios de convicción materiales -se destacan las escuchas telefónicas del caso- y 247 medios documentales.

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El caso

La investigación se derivó de otro caso, conocido como Traficantes de influencias, en el que se investigan gestiones al margen de la ley para que empresas recibieran el crédito fiscal.

Dos empresas, Ingeniería Integral y Grupo Empresarial San Felipe, canalizaron Q19.6 millones al partido, fondos que no fueron reportados al Tribunal Supremo Electoral en 2015, señala la investigación. La segunda empresa mencionada está vinculada con la familia Leal, se indicó. Sin embargo, de forma reciente se estableció que el monto aumentó en Q8.1 millones.

Según el fiscal Juan Francisco Sandoval, quien dirige la Feci, el techo de gasto establecido por el órgano electoral fue de Q60 millones y el partido UNE solo reportó Q48 millones como gasto de campaña en 2015, y se pudo determinar que Q19.6 millones no fueron reportados.

Solicitará la cancelación del partido

El fiscal González anunció que, después de la segunda vuelta electoral, pedirá al Tribunal Supremo Electoral (TSE) que cancele al partido UNE.

“La ley electoral y de partidos políticos es clara al establecer que cuando una de las agrupaciones políticas no respete la normativa relacionada al financiamiento, el Tribunal Supremo Electoral procederá la cancelación de dicha agrupación”, explicó el fiscal.

A decir de González, si el TSE no procede de oficio, el MP será quien pedirá la cancelación del partido que lleva a Sandra Torres como candidata presidencial.

Representantes del @MPguatemala plantean acusación contra Gustavo Adolfo Alejos Cambara, Juan Pablo García Castro, Guillermo Alejandro Sierra Sierra y Victor de Jesús Duarte Mendoza, detenidos en febrero pasado por el caso Financiamiento electoral no registrado en la @partidoune pic.twitter.com/3biboEBLun

— Kenneth Monzón (@kmonzon_pl) August 9, 2019

Con inmunidad

La investigación abarca a otras siete personas, contra quienes el tratamiento es diferente por gozar de derecho de antejuicio.

Torres, candidata presidencial; los diputados Karina Paz, Jairo Flores, Julio César Ixcamey y Jorge Vargas Morales, así como dos alcaldes Pedro Raymundo Cobo, de Nebaj, y Ángel Guarcas, de Chiché, Quiché.

A estas siete personas se les atribuye por igual el delito de financiamiento electoral no registrado, pero a algunas se le agregan otros. Torres, Flores e Ixcamey tienen además sospechas en su contra por el delito de asociación ilícita.

La Corte rechazó antejuicio

La Corte Suprema de Justicia, dividida, rechazó el antejuicio contra Torres y el caso fue impugnado ante la Corte de Constitucionalidad (CC) para que los magistrados conozcan de nuevo el caso, aunque aún mantienen en suspenso las notificaciones.

Diputado Blanco

En 2017, el MP y la Cicig plantearon un caso contra la UNE relacionado con financiamiento electoral ilícito -delito al que se le agregaron en 2018 las figuras de financiamiento electoral anónimo y no registrado- durante la campaña de 2015 y por el cual el diputado Orlando Blanco fue despojado de su inmunidad, aunque el juez Mynor Moto le decretó falta de mérito.

El partido usó horas de vuelo con Helicópteros de Guatemala, S.A., pero la investigación determinó que las empresas Maariv, S.A. -por Q583 mil 730.01- y Bienno, S.A. -por Q1 millón 332 mil 875.05- no pagaron por ese servicio como hizo ver ese partido político en concepto de donaciones.

De hecho, Bienno devolvió las facturas a Helicópteros de Guatemala y Maariv no tuvo actividad comercial entre mayo y octubre de 2015, cuando se hicieron los vuelos, y la UNE reportó las contribuciones, según el expediente.

En cambio, la SAT determinó que quienes pagaron el dinero a Helicópteros de Guatemala fueron Jack David y Estuardo Vargas Nuñez, pero no fueron reportados como aportes de financistas, sino que recayó en el rubro de aportes anónimos.

Los helicópteros fueron utilizados por Sandra Torres, presidenciable, y Carlos Barreda y Orlando Blanco, candidatos a diputados, entre otros.

El fiscal Andrei González anuncia que después del evento electoral planteará ante el @TSEGuatemala que la agrupación política Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) sea cancelada ante los indicios de financiamiento electoral no registrado en 2015.#DecisiónLibre2019 pic.twitter.com/7JSz2GXhCs

— Kenneth Monzón (@kmonzon_pl) August 9, 2019

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Por sorteo, el Centro de Gestión Penal del Organismo Judicial (OJ) designó los juzgados que al ser notificados, deberán informar a los señalados y después tendrán tres días hábiles para inhibirse.

Entonces, el expediente lo deberán remitir a la Cámara de Amparos y Antejuicios para que incluya en la agenda de un pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y se defina si se le da trámite al requerimiento del Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).

Así quedaron los casos:

• Boris España Cáceres

Juzgado Noveno Penal, a cargo de Silvia Morales.

• Estuardo Ernesto Galdámez Juárez

Juzgado Sexto Penal, que dirige Carlos Toledo.

• Aracely Chavarría Cabrera de Recinos

Juzgado Octavo Penal, a cargo de Josué Alvarado.

• Luis Alberto Contreras

Juzgado Quinto Penal, dirigido por la jueza Judith Secaida.

• Marco Antonio Lemus Salguero

Juzgado Cuarto Penal, a cargo del suplente Pedro Lainez

• Humberto Leonel Sosa Mendoza

Juzgado Noveno Penal, a cargo de Silvia Morales.

• Carlos Santiago Nájera Sagastume

Juzgado Octavo Penal, que dirige Carlos Toledo.

• José Inés Castillo Martínez

Juzgado Tercero Penal, a cargo de Mynor Moto.

• Rodolfo Moisés Castañón Fuentes

Juzgado Segundo Penal, a cargo de Virginia de León.

• Ronald Estuardo Arango Ordóñez

Juzgado Séptimo Penal, que dirige Fredy Orellana.

El caso

Los diputados estarían relacionados al caso de corrupción presentado por el Ministerio Público (MP) el 16 de julio pasado, por hechos ocurridos entre 2012 y 2014, en el cual se estiman cobros de sobornos por Q53.9 millones, por medio de empresas contratistas coludidas con los funcionarios.

El caso se conoció el 16 de julio pasado cuando fueron detenidas 19 personas y una semana después se entregó el exdiputado Luis Fernando Pérez Martínez.

Los señalamientos implican al exministro de Salud Jorge Villavicencio en una presunta estructura de corrupción en esa cartera.

También está señalada la hija de este, Saraí Villavicencio Delgado, y el exdiputado Pérez Martínez como presuntos cabecillas de una estructura dedicada a cobros ilícitos por proyectos de remoción y reparación de hospitales, durante el estado de Calamidad por el terremoto de San Marcos, según las pesquisas, así como por otros eventos de construcción de hospitales, compra de bienes en el ministerio y adjudicación de plazas en la institución a personas recomendadas por diputados del Congreso de la República.

Según el MP, la investigación está fundamentada con miles de correos electrónicos, registros documentales, eventos de compras, análisis criminalísticos, un colaborador eficaz involucrado en la recolección del dinero y complementado con otros dos colaboradores eficaces con conocimiento del método de cobro de la estructura.

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Desde las 9 hasta las 15 horas avanzó la discusión de la revisión de medidas de coerción a los procesados Anahí Keller, Santos Torres y Carlos Rodas, exfuncionarios de la Secretaría de Bienestar Social, quienes esperan debate por su implicación en el incendio en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción que dejó  41 adolescentes fallecidas y 15 heridas el 8 de marzo del 2017.

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Los querellantes y los representantes de la Fiscalía contra femicidio del Ministerio Público (MP) se opusieron a la audiencia con el argumento de que se debe respetar al juez natural, para referirse a que Solórzano solo fue designado al Tribunal Séptimo Penal del 1 al 16 de agosto.

La juez designada para el debate es Magda Pérez, aunque se jubiló hace dos meses y aún existe la vacante. El Consejo de la Carrera Judicial (CCJ) ya publicó la convocatoria, pero ningún juez se interesó en presidir el Tribunal; entonces, fue nombrado Solórzano como vocal.

Incluso, la falta de designación de juez titular podría detener el debate previsto para el 19 de octubre próximo.

El juez suplente Solórzano, quien ha sido visto en procesos de paz en la Torre de Tribunales, declaró sin lugar la actividad procesal defectuosa y escuchó las peticiones para salir de la cárcel, de manera condicional, de los tres procesados.

La defensa de Keller se refirió a que ella sufre quebrantos de salud y necesita atención médica. Los otros acusados, Torres y Rodas, a que han variado las condiciones y es viable que se les otorgue arresto domiciliario.

Algo que llamó la atención fue el acceso a la sala de audiencias, debido a que los guardias del Organismo Judicial (OJ) informaron que solo podía estar un periodista a la vez por decisión del juez Solórzano. “Por turnos”, mencionó un empleado judicial para ingresar en el lugar y documentar el caso.

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Seguirá la otra semana

Solórzano suspendió la audiencia a las 15 horas y la programó para el próximo 16 de agosto, cuando finaliza la designación del CCJ para ser vocal en el Tribunal Séptimo.

Ese día expondrán los querellantes y el fiscal Edgar Gómez, quienes adelantaron que se opondrán a que se otorguen las medidas, y que los tres procesados sigan en prisión.

Delitos

Los tres procesados esperan debate por:

• Abuso de autoridad
• Incumplimiento de deberes
• Homicidio Culposo
• Lesiones culposas
• Maltrato contra personas menores de edad

Ante un juez suplente se desarrolla una audiencia para discutir la revisión de medidas de coerción a los procesados Anahí Keller, Santos Rodas y Santos Torres, quienes esperan debate por el caso #HogarSeguro.
El ingreso a la sala de audiencias es permitido "por turnos". pic.twitter.com/l7MPyzo4Dz

— Kenneth Monzón (@kmonzon_pl) August 8, 2019

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La jueza Eva Recinos consideró que no existen indicios suficientes para el procesamiento de Ruiz y Fermín Iván Ortíz Maquín y Marvin René Donis Orellana, piloto y asistente de atención al público en el Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP), respectivamente.

Por si no lo vio

¿Por qué investigarán a Acisclo Valladares Molina por la muerte de policías y soldados?

El funcionario quedará arraigado y deberá firmar un libro de asistencia en la Fiscalía de Derechos Humanos o el control biométrico cada lunes. Tiene prohibido visitar la sede del IDPP y hablar acerca del caso durante seis meses.

El Ministerio Público (MP) queda conminado a continuar la investigación del crimen.

Durante la resolución, Eva Recinos, titular del Juzgado de Mayor Riesgo E, recordó los diversos indicios que presentaron los fiscales Alfredo Tejeda y Pablo Barrios relacionadas con el delito de asesinato.

“A criterio de esta judicatura los indicios no son sustanciosos y son insuficientes para tener la sospecha de la participación en los sindicados en haber planificado el asesinato del sindicalista Manuel de Jesús Ramírez”, se refirió Recinos.

En la sala de audiencias se observaron sonrisas de los amigos y familiares de los tres beneficiados.

Al ser cuestionado Ruiz por la resolución favorable respondió: “¿Qué me deja? Pues felicidad y la tranquilidad de irme a la casa”.

“Desconozco por qué hayan activado el caso otra vez. Ya estaba archivado. Desconozco por qué lo hicieron”, añadió Ruiz y mencionó: “Nunca me daría a la fuga ni de violentar ninguna medida, simplemente cumplir lo que la jueza dictó, las medidas de restricción”.

Los otros dos beneficiados evitaron pronunciarse con el argumento que la juez tenía prohibición. Incluso Donis Orellana podrá ir a trabajar mañana a la sede del IDPP.

Tienen tres días para apelar

La Fiscalía de Derechos Humanos tiene hasta el próximo lunes para plantear la apelación respectiva por la resolución de Recinos. Al respecto los fiscales Barrios y Tejeda explicaron que el caso sí contiene suficientes indicios de la participación no solo de Ruiz sino de Ortíz Maquín y Donis Orellana en una reunión para planificar el asesinato del sindicalista.

Recinos, incluso mencionó que las medidas de prohibición contra Ruiz de arraigo y firmar cada semana el libro de control era porque la Fiscalía iba a apelar y el caso iba a pasar a una sala de apelaciones.

Audiencia extensa

Desde el 16 de julio se discutió el señalamiento contra Ruiz y los otros dos por la supuesta participación en el crimen. Desde que allanaron su casa, el 5 de julio pasado, el viceministro de Gobernación estuvo internado en un hospital privado de la zona 2 de Mixco, debido a supuestos quebrantos de salud.

El avance de la investigación cuenta con 186 folios y el testimonio de personas cercanas a la víctima, Ramírez, quien fue secretario de conflictos del Secretario General de Trabajadores y Apoyo Técnico en el IDPP.

El asesinato sucedió el 1 de junio de 2012 cuando circulaba por la 4ª. avenida, 20-51, zona 3.

El supuesto autor material ya fue detenido. Se trata de Ronald Joaquín González Vásquez, quien fue el jefe de seguridad en el IDPP, según la investigación de la Fiscalía de Derechos Humanos.

Ramírez era secretario de conflictos del Sindicato General de Trabajadores y Apoyo Técnico del Instituto de la Defensa Pública Penal cuando fue asesinado en 2012.

Identificó a testigos protegidos

Durante la audiencia Ruiz declaró que identificó a dos testigos protegidos. “La Testigo 5 -como está identificada en la carpeta judicial- es Patricia Rabbé que fue defensora pública, ella dice que me conoce y sí, estudiamos juntos. Lo que dice ella es una historia. No es testigo. Anda enterándose de la vida ajena”, declaró Ruiz Barrientos en la ampliación de su declaración.

Después aseguró que también logró identificar a la Testigo 3 y se refirió a que es Vilma Aidé Ramírez. “Ella aseguró que utilizo una mini uzi en el carro, pero a ella no he tenido la mala suerte de subirla a mi carro. Además, soy de Agua Blanca -Jutiapa- y uso armas por mi trabajo”, se refirió.

Señalan a Blanca Stalling

Uno de los testigos protegidos declaró que en la supuesta planificación del crimen estuvo involucrada Blanca Stalling, quien dirigió el IDPP y fue juramentada magistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), aunque fue separada del cargo debido a una investigación centrada en que presionó al juez Carlos Ruano para que beneficiara a su hijo Otto Roberto Molina Stalling.

“La mayoría de las personas decía que Stalling y Ruiz lo mandaron a matar”. Así resumió una testigo el asesinato a balazos de Manuel de Jesús Ramírez, quien fue secretario de conflictos del Sindicato General de Trabajadores y Apoyo Técnico en el Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP).

Jueza Eva Recinos dicta falta de mérito a favor de Remberto Leonel Ruiz Barrientos, viceministro de Gobernación, Fermín Iván Ortiz Maquín y Marvin René Donis Orellana.
El señalamiento fue el crimen del sindicalista del @IDPP_gt Manuel Ramírez, en 2012. pic.twitter.com/9uiSbAfecn

— Kenneth Monzón (@kmonzon_pl) August 7, 2019

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El fallo del Tribunal de Mayor Riesgo D, integrado por Sara Yoc -presidenta-, Wendy Coloma y Estuardo Morataya -vocales-, sorprendió al ordenar al Ministerio Público (MP) que abra un expediente contra Acisclo Valladares Molina, quien fue procurador General de la Nación en 1991 -cuando este cargo se compartía por ley con el de jefe del órgano investigador-.

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La pesquisa deberá centrarse en verificar la participación del exfuncionario en incumplimiento de deberes. Esto porque el exdetective José Miguel Mérida Escobar, por cuya muerte fueron condenados la noche del martes, 6 de agosto, cuatro exdetectives policiales, adelantó pesquisas por el asesinato de la antropóloga Myrna Mack en 1990 y acudió a la Procuraduría General de la Nación para exponer el temor que tenía de que lo mataran.

Para los jueces quedó comprobado que el detective había denunciado que estaba amenazado y “no se prestó el apoyo adecuado, por eso se ordena al Ministerio Público lo conducente contra Acisclo Valladares Molina”.

La jueza Yoc se refirió a que las autoridades de ese entonces “debieron” prestar atención a la sospecha del detective de que su vida estaba en peligro y atenderlo.

La pesquisa será remitida a la Fiscalía de Derechos Humanos, que dirige Hilda Pineda, aunque esto será hasta que se lea de forma íntegra la sentencia contra los cuatro exintegrantes de la extinta Policía Nacional (PN), condenados por asesinato y delitos contra los deberes de humanidad en agravio de Alberto de Jesús Guerra Galindo -desaparecido- y Gonzalo Cifuentes Estrada -ultimado- a quienes inculparon de la muerte de su compañero, al implantar pruebas.

Prensa Libre ha intentado consultar a Valladares Molina para saber su postura en relación a lo que ordenó el alto tribunal, pero no ha respondido las llamadas.

Alrededor de las 16 horas, Valladares Molina se presentó a Gestión Penal de la Torre de Tribunales para pedir una copia de la sentencia, aunque aún está pendiente de la reparación digna y la lectura íntegra del fallo. Solo indicó que leerá el fallo y luego se pondrá a disposición de las autoridades.

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También a militares

El Tribunal también ordenó lo conducente contra exintegrantes del Ejército que estuvieron en el archivo de esa institución, pues con las abundantes pruebas del debate “se determinó que los soldados de esa unidad pudieron haber tenido alguna participación y hasta ahora no hay nadie del Ejército investigado y mucho menos condenado por este asesinato”, refirió Yoc.

Después que se conozca el resultado de la audiencia de reparación digna al Estado y la lectura íntegra de la sentencia la Fiscalía podrá tener el expediente, el audio de la sentencia y las actuaciones para remitirlo a la Oficina de Atención Permanente del Ministerio Público, en donde se iniciará la denuncia correspondiente.

A partir de ahí se definirá una Fiscalía para que inicie las pesquisas y comience a revisar los documentos del caso.

Satisfacción

La activista Helen Mack, hermana de Myrna Mack, mencionó que la sentencia que incluye abrir una pesquisa contra Valladares Molina será para esclarecer los hechos.

“En el caso del entonces director de la Policía, el coronel Mario Enrique Paiz Bolaños, tenía que haber sido investigado por los hechos. También en el caso de Acisclo Valladares Molina, que era el procurador General de la Nación y jefe del Ministerio Público porque antes estaban unidas -las instituciones-, también en los mismos documentos consta que el detective Mérida Escobar antes de ser asesinado fue a la Procuraduría General de la Nación a pedir auxilio porque se sintió amenazado y nadie le pudo garantizar su vida y de esa cuenta fue asesinado”, manifestó Mack.

La condena

El exdetective Alberto Encarnación Barrios Rabanales fue condenado a 35 años de prisión, mientras que los también exdetectives Martín Alejandro García Mejía, Julio David López Aguilar y José Miguel González Grijalva deberán pasar 41 años y ocho meses en prisión por la muerte del detective.

El Tribunal los halló culpables de la muerte del detective José Miguel Mérida Escobar, quien adelantó pesquisas por la muerte de la activista Myrna Mack en 1990.

También de los delitos de asesinato y delitos contra los deberes de humanidad en agravio de Alberto de Jesús Guerra Galindo -desaparecido- y Gonzalo Cifuentes Estrada -ultimado-, a quienes inculparon con la muerte de su compañero.

La muerte de Mérida Escobar sucedió cuando este salió de la antigua sede de la PN, ahora Ministerio de Gobernación, y caminaba por el parque Concordia, ahora Enrique Gómez Carrillo.

La investigación contiene el testimonio que brindó la víctima ante una judicatura en donde predijo su muerte, debido a que había logrado identificar a Noel de Jesús Beteta Álvarez, quien fue especialista del Ejército, como el autor de la muerte de la antropóloga Myrna Mack.

Mack efectuaba un estudio por las víctimas que eran desplazadas en el interior del país por petición de pobladores de las Verapaces.

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La discusión de la audiencia de etapa intermedia, en la que al final se decide si hay indicios suficientes para abrir un juicio, de 15 procesados por financiamiento electoral ilícito en el Juzgado de Mayor Riesgo B deberá esperar hasta que todos los sindicados estén notificados. El juez Gálvez explicó que para avanzar en el denominado caso Cooptación del Estado de Guatemala solo citó a 15 empresarios.

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Como la investigación tiene a 75 implicados, la fiscal Leslie Rosales recordó que para evitar una impugnación del proceso se debía informar a los demás procesados, así como a sus abogados, que el acto conclusivo iba a iniciar para un grupo.

Gálvez informó en la sala de audiencias del piso 14 de la Torre de Tribunales que había decidido empezar con 15 procesados para avanzar en el caso que se conoció en junio de 2016.

“Veo que tienen cara que van a interponer alguna acción”, refirió Gálvez y suspendió la audiencia.

Mañana será el segundo intento de arrancar la audiencia con los 15 procesados.

Señalados

1. Alberto Rafael de León Escobar
2. Alvaro Mayorga Girón
3. Julio Alejandro Quinto Tobar
4. Ana Graciela López Gálvez
5. Marco Antonio Recinos Sandoval
6. Denis Leonel Linares Juárez
7. Boris Alberto Linares Juárez
8. Max Roberto Burgos Faillace
9. Juan Luis Ortiz Álvarez
10. Jack Irving Cohen Cohen
11. Denis Benjamín González Zepeda
12. Edna Maribel Berganza Colindres
13. Gustavo Adolfo Alejos Cámbara
14. Boris Orlando Navas Aguilar
15. Adolfo Fernando Peña Pérez

El caso

La Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) presentaron el caso el 2 de junio del 2016.

Las pesquisas se derivan de la información incautada en el caso La Línea, un año antes, por el que ya esperan debate el expresidente Otto Pérez y la exvicepresidenta Roxana Baldetti.

La investigación adelantada, derivado del trabajo de investigadores financieros, develó un complejo esquema que detallaba una maquinaria de lavado de activos, meticulosamente diseñada para captar fondos durante la campaña electoral del Partido Patriota (PP) del 2011, que llevó a la presidencia a Pérez Molina y Baldetti.

Esta actividad, típica de redes político-económicas ilícitas, se habría diseñado durante la campaña del PP, justo después de perder las elecciones del 2007 y seguía funcionando durante el ejercicio de gobierno (2012-2015), señala el expediente.

Esto llevó a las autoridades a la conclusión de que no se trataba de un Gobierno cuyos miembros cometían actos aislados de corrupción, sino de una estructura criminal mafiosa que había cooptado el poder por la vía de las urnas en Guatemala.

En el caso del financiamiento electoral no registrado, a la estructura criminal del PP se Ie hizo fácil hacerse con el poder gracias al financiamiento de empresarios de todo tipo, según el Ministerio Público y la Cicig.

Los empresarios entregaban el dinero a las entidades que los operadores del referido partido les indicaban, a sabiendas de que no recibirían por ello algún bien o servicio, pues en la mayoría de los casos se trataba de empresas de cartón, indican las pesquisas.

Respecto a los pagos vía constructoras, a los empresarios se les facturaba por servicios intangibles y difíciles de rastrear como el “uso de maquinaria por mil horas”, modalidad que se repitió constantemente, de acuerdo con la investigación.

La audiencia se suspende debido a que el @MPguatemala pide que se notifiquen a todos los implicados y abogados en este caso. pic.twitter.com/ynJFpCcuvx

— Kenneth Monzón (@kmonzon_pl) August 7, 2019

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La espera de la lectura del fallo fue extensa debido a la gran cantidad de pruebas que se conocieron durante el debate. El Tribunal de Mayor Riesgo C, integrado por Pablo Xitumul -presidente- y los vocales Rosa González y Mynor Azurdia, emitió condenas a la estructura denominada los Tumbadores.

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El Tribunal convocó para las 14 horas la lectura de la sentencia, pero se atrasó hasta las 19 horas. Desde que fue cerrado el juicio el pasado 30 de julio, los jueces comenzaron a deliberar las pruebas, entre ellas el testimonio del colaborador eficaz Marco Vinicio Chavac Pérez, alias Choco, quien aportó diversos detalles a la Fiscalía el 21 de enero pasado relacionados con el supuesto tumbe de drogas, aunque esa investigación aún está en desarrollo.

Prensa Libre fue el único medio que cubrió la sentencia que se extendió hasta las 22 horas en la sala de audiencias del piso 13 en la Torre de Tribunales. Solo habían familiares de los acusados y numerosos guardias.

Esta es la primera sentencia del Tribunal después que los jueces Eva Recinos y Elvis Hernández -eran vocales y acompañaron a Xitumul durante cinco años- fueron trasladados al Juzgado de Mayor Riesgo E y al Tribunal de Mayor Riesgo E, respectivamente, a comienzos de este año.

“Para este Tribunal quedó demostrado la asociación ilícita así como los asesinatos después de las abundantes pruebas. Los criminales ejecutaban a sus víctimas con el total desprecio. Incluso usaban frases como ‘dale primo’, ‘ahí estamos viejo’, ‘ya le tumbé’ para mencionar cada planificación”, explicó el juez Xitumul.

El debate inició el 4 de junio último. Las pesquisas estuvieron a cargo de la Fiscalía de Delitos contra la Vida y la Integridad de las Personas de Escuintla. Los delitos son asesinato, conspiración para cometer asesinato, femicidio, parricidio en grado de tentativa, asociación ilícita, robo agravado, encubrimiento propio y tenencia ilegal de armas de fuego.

El supuesto cabecilla es Roberto Javier Guzmán Sotoj, alias el Burra, quien recibió la pena de 112 años y 8 meses de cárcel.

Las penas

• Roberto Javier Guzmán Sotoj, alias el Burra. 112 años y 8 meses de cárcel.
• Henry Giovanni García de la Cruz.  96 años de cárcel.
• René Oswaldo Linares Martínez, el Güero.   96 años de prisión.
• Marvin Estuardo Barrera Lémus, el Pichi. 25 años y 8 meses de cárcel.
• Annette Marisol López Recinos.  22 años de cárcel.
• José Rolando González Martínez, alias Mona. 36 años de prisión.
• Nelson Abel Vásquez Sutuc, Cejas. 36 años de cárcel.
• Nirva Silvana Santizo Castillo, Negra.  10 años de cárcel.
• José Antonio Ramos Suchite, Vaso de leche.  6 años de cárcel.

Cobraban

Según las pruebas diligenciadas en el juicio, la estructura se dedicaba a asesinatos por encargo. Las capturas fueron dentro de la operación Fortaleza, que incluyó 18 allanamientos en los departamentos de Guatemala, Petén y Escuintla el 18 de marzo del 2016.

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Por cada “trabajo” la banda cobró de Q3 mil a Q5 mil, según la información que recopiló la Fiscalía.

El grupo criminal operó en los departamentos de Suchitepéquez, Escuintla, Sacatepéquez y Guatemala de 2015 a 2017.

Candidato

El origen del caso comenzó el 22 de julio de 2015, cuando en el interior de la finca San Miguel, en Nueva Concepción, Escuintla, fueron ultimados el guardaespaldas Carlos Saúl Hércules y Pedro Horacio Quiñonez Hernández, entonces candidato a alcalde de San Miguel Dueñas, Sacatepéquez.

El día del crimen un grupo ingresó en la casa y asesinó al candidato que había llegado al lugar a negociar ganado, según las pesquisas. Los asesinos huyeron en su automóvil que dejaron abandonado en el kilómetro 100 de la ruta al Pacífico.

La investigación determinó que el doble asesinato pudo ser por el tumbe de drogas, y de ahí surge la calificación que fue hecha a la estructura criminal: los Tumbadores.

En otros hechos, el 4 de febrero del 2016, la banda conspiró para ultimar a una mujer en Ciudad Vieja, Sacatepéquez, y el intento de asesinato a otra mujer en el cantón Voladores, zona 3 de Escuintla. Las identidades fueron omitidas debido a que por el método de escuchas telefónicas fueron alertadas.

Muertes

Otra de las muertes fue la de Luis Alberto Cuellar Bethacourt, el 21 de enero del 2016, en su car wash La Cabaña de la calzada Roosevelt, zona 11.

El motivo del crimen fue supuestos inconvenientes con el Burra, quien planificó el crimen y le ordenó a sus subalternos que le dispararan en el negocio. Ese día los sicarios usaron una motocicleta roja y la investigación se documentó con videos del lugar.

Disparó a mujer en gestación

El enjuiciado Linares Martínez fue culpable de ataque a balazos a su conviviente Roberta Yanina Bustamante Quintanilla, quien estaba en estado de gestación y fue baleada en la cabeza en la cabecera de Escuintla el 4 de febrero del 2016.

“El ataque fue cobarde y el motivo del crimen es porque el señor René Linares le recriminaba que el hijo que esperaba no era suyo”, refirió la jueza González.

La víctima fue auxiliada por socorristas y los médicos le practicaron cesárea para salvarle la vida al bebé, pero ella falleció.

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El Tribunal Octavo Unipersonal Penal, a cargo de Carlos Barrera, escuchó las conclusiones de las partes en donde el acusado, Mendizabal Mazariegos, evitó pronunciarse.

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Los exmagistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rogelio Sarceño y Luis Arturo Archila fueron los últimos testigos.

En su relato recordaron que votaron en contra del amparo 1789-2014 que promovió Ingrid Roxana Baldetti Elías, entonces vicemandataria, para dejar sin efecto la resolución del Tribunal Supremo Electoral (TSE) que la había cancelado como secretaria de la agrupación política Partido Patriota (PP) -ya cancelada-.

Después el juez Barrera abrió la última etapa del debate: las conclusiones. El primero fue Carlos de León, de la Fiscalía Especial contra Impunidad (Feci) quien investigó el caso junto con la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).

Ante el juez solicitó imponer la pena de cuatro años de cárcel por tráfico de influencias y explicó que por ser funcionario que se aumentara al doble, es decir ocho años de prisión.

“En este debate se probó la acusación contra el exmagistrado Mendizabal Mazariegos. Los hechos surgen de actos de corrupción de un alto funcionario judicial que se activó como operador de Baldetti, se puso a su disposición como si fuera una asesoría, utilizó su influencia supuesta a los magistrados para lograr el amparo”, se refirió el fiscal De León.

Después proyectó en la sala de audiencias los chat en donde Mendizabal Mazariegos le escribió a Baldetti, quien se identificaba como “Cristal”. Le explicó que ya tenía los votos y el amparo y a cambio le pidió ser nombrado como titular de la Procuraduría General de la Nación (PGN), cargo que ya no obtuvo debido a que fue nombrado Vladimir Aguilar.

“Ya hice el loby”, se leyó en uno de los mensajes que fue recopilado durante la investigación y refirió a que había logrado los votos para que Baldetti fuera beneficiada.

La mandataria de la Cicig, Flor Gálvez, recordó que es un caso de la subordinación del poder judicial al poder Ejecutivo y que sus decisiones afectaron la independencia de la CSJ.

Su defensa

La defensa del exmagistrado estuvo a cargo del abogado Carlos Moscoso. En su argumentación puntualizó que la extracción de los mensajes de texto y en la aplicación WhatsApp “son ilegales” y recordó que en ese entonces ambos gozaban de inmunidad.

“Acá, además, se recordó que los magistrados discutieron un amparo que era su obligación y después hubo razonamiento de los votos por eso se pide la absolución de todos los cargos”, mencionó el penalista Moscoso.

Lo que sigue

El juez Barrera les preguntó a las partes si tenían alguna prueba nueva así como las réplicas de las conclusiones y como ninguno las ofreció suspendió la audiencia.

Mañana se reanudará el debate con la última petición del acusado y después el juez Barrera se retirará a deliberar en secreto. Quedará a su criterio si dicta el fallo por la tarde aunque, según la ley, tienen hasta 10 días para hacerlo.

"… yo ya hice loby", parte del mensaje que compartió Mendizabal Mazariegos a Baldetti el 7.10.2014.
Es parte de las pruebas del @MPguatemala en el debate por tráfico de influencias. pic.twitter.com/baEiHwxypF

— Kenneth Monzón (@kmonzon_pl) August 6, 2019

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“Solo puedo decir que presenté mis pruebas”, dijo el diputado Quej después de haber comparecido con la pesquisidora a puerta cerrada.

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El legislador añadió que el caso se deberá dilucidar en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y evitó profundizar al respecto.

Cuando se le consultó por el señalamiento relacionado a que había votado a favor de la aprobación de leyes y decretos que solicitó el Ejecutivo volvió a decir que había presentado sus pruebas, sin dar más detalles.

La Fiscalía ratificó el antejuicio contra Quej el pasado 23 de julio.

El avance de las pesquisas habría determinado que el referido diputado era un “jefe de línea” que habría organizado a los congresistas para aprobar leyes por petición de Roxana Baldetti, quien era la vicepresidenta de la República en ese momento.

Los posibles delitos que señaló la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) son cohecho pasivo, lavado de dinero u otros activos, asociación ilícita y violación a la Constitución.

“Jefe de línea”

“Se considera que pudo haber ostentado la calidad de ‘jefe de línea’ dentro del Congreso. Estructura creada dentro del -cancelado- Partido Patriota en el cual se subordinó el Organismo Legislativo al Ejecutivo”, explicó el fiscal Luis Mejía en aquella oportunidad.

El fiscal mencionó que se estableció que el jefe de línea tenía a su cargo avisarle a los diputados que estaban bajo su mando las instrucciones recibidas por el Organismo Ejecutivo, “específicamente por Roxana Baldetti”, y además asistían a su oficina para recoger los sobres con dinero a los cuales les denominaban “champurradas”.

La investigación detalla cómo presuntamente en 2014 Baldetti entregaba dinero a diputados del Congreso para que aprobaran leyes, así como para la elección de magistrados para la Corte Suprema de Justicia y Cortes de Apelaciones.

Además, para el MP, el diputado Juan José Porras pudo haber tenido participación en los hechos y por eso fue planteado el retiro de inmunidad del congresista el 6 de mayo pasado.

La investigación determinó que los legisladores recibían Q50 mil en un maletín, cada dos meses.

El documento de la Feci y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) se refiere a que producto de estos pactos, y de esa supeditación del poder Legislativo a las órdenes del poder Ejecutivo, se tomaron diversas decisiones en el Congreso y se sancionaron leyes como la aprobada el 8 de abril de 2014, Decreto 12-2014, que contiene la Ley de Control de Telecomunicaciones Móviles en Centros de Privación de Libertad y Fortalecimiento de la Infraestructura para Transmisión de Datos.

Por este caso también se presentó una solicitud de antejuicio en contra del ministro de Economía, Acisclo Valladares Urruela, quien ayer, 5 de agosto, se defendió ante la pesquisidora integrada en el Congreso de la República, ante la que calificó de espuria y política la petición en su contra. 

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La Fiscalía de Derechos Humanos solicitó imponer las penas de prisión a los cuatro exdetectives durante la continuación del debate.

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Los acusados son Martín Alejandro García Mejía, quien fue jefe de detectives, y sus subalternos Alberto Encarnación Barrios Rabanales, Julio David López Aguilar y José Miguel González Grijalva.

Los cuatro acusados de haber participado en la muerte a balazos del detective de la extinta Policía Nacional (PN) son José Miguel Mérida Escobar, quien había iniciado las pesquisas por el asesinato de la activista Myrna Mack, el 11 de septiembre de 1990.

Por la muerte de Mérida Escobar, que sucedió el 5 de agosto de 1991, cuando salió de la antigua sede de la PN, ahora Ministerio de Gobernación, la Fiscalía pidió imponer las penas mínimas por asesinato.

Para García Mejía, López Aguilar y González Grijalva la pena solicitada fue de 25 años de prisión por asesinato y 40 años de cárcel por deberes contra la humanidad -20 años de cárcel por el agravio a Alfredo de Jesús Guerra y 20 años de prisión por José Galindo Cifuentes Estrada-. En total, 65 años de prisión para cada uno.

En el caso de Barrios Rabanales, la petición fue de 45 años de cárcel -25 años de prisión por asesinato y 20 por agravio de Guerra-. En total, 45 años de cárcel.

Durante el debate, la Fiscalía recordó que Mérida Escobar había salido de la sede de la PN y caminaba por el Parque Concordia cuando fue interceptado y baleado.

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Señalamiento

La investigación junto con las pruebas contiene el testimonio que brindó la víctima ante una judicatura en donde predijo su muerte, debido a que había logrado identificar a Noel de Jesús Beteta Álvarez, quien fue especialista del Ejército, como el autor del crimen contra la antropóloga Mack Chang.

Este es el segundo debate debido a que por supuestos vicios la Sala Segunda de Apelaciones de Mayor Riesgo ordenó el año pasado repetir el juicio.

Durante el debate, que inició el 10 de julio pasado, declaró Helen Mack Chang, querellante y hermana de la antropóloga. “Mi hermana (Myrna) realizaba un estudio por las víctimas que eran desplazadas en el interior del país por petición de pobladores de las Verapaces”, inició su relato Helen Mack.

La activista, que creó la Fundación Myrna Mack, recordó el crimen contra su hermana, muerta a puñaladas el 11 de septiembre de 1990.

En su relato mencionó que el investigador Mérida Escobar fue asignado al caso y avanzó en las pesquisas hasta lograr ubicar a Beteta Álvarez como el responsable.

La activista destacó un evento en donde Mérida le dijo que iba a ser asesinado. “Había logrado identificar como principal sospechoso del crimen de mi hermana a Beteta, que estaba de alta en el Estado Mayor Presidencial, concretamente en el Departamento de Seguridad Presidencial”, dijo.

Lo que sigue

Este martes se prevé la última palabra a los acusados. Después será la deliberación de los jueces y la lectura de la sentencia por al mediodía.

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Xitumul de Paz compareció a la citación que firmó el magistrado Eduardo Galván, quien fue designado como pesquisidor para conocer una denuncia en contra del juez que interpuso un inspector policial.

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“Vengo a la citación para presentar mis pruebas de descargo”, refirió el presidente del Tribunal de Mayor Riesgo C, en la Sala Segunda de Apelaciones Penal.

El notificador de la Sala conversó unos minutos con el juez Xitumul de Paz y le explicó que el expediente está en la Corte de Constitucionalidad (CC) debido a un amparo que interpuso el mismo juez.

“El amparo es por la notoria ilegalidad en que la Corte Suprema de Justicia le diera trámite a un antejuicio en mi contra”, mencionó Xitumul de Paz. Entonces, la citación se suspendió y se reanudará hasta que la máxima corte del país resuelva el amparo.

La CSJ le dio trámite al antejuicio el 7 de julio pasado. Al juez, quien condenó a la exvicepresidenta Roxana Baldetti a 15 años y seis meses de prisión por el caso Agua Mágica el año pasado, le llamó la atención que la decisión de la CSJ fue dividida. Las magistradas María Eugenia Morales, Delia Dávila y Silvia García votaron en contra de proseguir con el trámite.

Agresión al juez

El caso se centra a la supuesta agresión que fue víctima el juez el 2 de febrero pasado, en el kilómetro 20 de la ruta a San Juan Sacatepéquez, cerca de su vivienda.

Según el expediente, el inspector José Lindo Cuxaj -procesado por abuso de autoridad en el Juzgado de Mixco por la supuesta agresión al juez-, agredió a Xitumul de Paz cuando se opuso a la revisión de su vehículo durante un operativo.

El Juzgado de Turno Mixco procesó al policía por abuso de autoridad y le prohibió realizar patrullajes. Está asignado a tareas administrativas hasta que finalice el caso.

En la Junta

El 27 de junio pasado, la Junta de Disciplina Judicial declaró improcedente el señalamiento de Cuxaj contra Xitumul por haber violentado las normas de ética del Organismo Judicial (OJ).

Historial del juez

Xitumul de Paz tiene 17 años de ser juez. El 14 de septiembre de 2018 denunció un acto de intimidación. Dijo que un particular lo insultó y fue fotografiado por un agente de la PNC.

El 22 de mayo del 2018, Xitumul dictó sentencia contra cinco militares retirados por la desaparición de Marco  Tulio Molina Theissen, de 14 años, en 1981.

Además, el 10 de mayo del 2013, el tribunal que integró Xitimul de Paz condenó a Efraín Ríos Montt, jefe de Estado de 1982 y fallecido en 2018, por genocidio; aunque la CC anuló ese fallo pocos días después.

Xitimul de Paz también integró el tribunal que condenó a 820 años de cárcel al narcotraficante Marvin Montiel, conocido como el Taquero, por la muerte de 15 nicaragüenses y un holandés.

Debido al amparo que interpuso el juez Xitumul la citación se suspende. pic.twitter.com/NjqF4Ga6W3

— Kenneth Monzón (@kmonzon_pl) August 5, 2019

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Poco antes de las 11 horas la abogada Alis Pérez Castillo compareció a la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en representación de los magistrados constitucionales Mejía Orellana, De Mata Vela y Porras Escobar.

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“Es para entregar un memorial”, se refirió la abogada sin aportar más detalles. Como carecía del número de expediente se dirigió a Gestión Penal en donde le refirieron que la denuncia interpuesta por la Comisión Permanente del Congreso fue remitida al Juzgado Undécimo Penal, a cargo de Eduardo Cojulún.

Entonces la abogada Pérez Castillo, acompañada de un asistente y Fernanda Morales, del Departamento de comunicación social de la CC, fueron a la sede de la judicatura en el tercer nivel de la Torre de Tribunales y remitieron el memorial.

“La acción es para que se declare sin lugar el antejuicio promovido contra los magistrados por la Comisión Permanente del Congreso”, informó Morales después de haber entregado varios documentos.

La denuncia

El pasado 24 de julio La Comisión Permanente del Congreso presentó una querella penal contra los tres magistrados del máximo ente legal del país al considerar que el amparo provisional que detiene las reformas a la Ley de Reconciliación Nacional “reúne características delictivas”.

Los diputados, que asimismo conforman la junta directiva, consideraron que aquella resolución del 18 de julio deja en suspenso un trámite propio de ese organismo.

El 19 de julio pasado, el Congreso fue notificado por la CC sobre la resolución que otorga un amparo provisional para que el Organismo Legislativo suspenda el proceso de aprobación de la iniciativa de ley 5377, que busca reformar la Ley de Reconciliación Nacional.

A criterio de la Comisión Permanente, “este amparo erosiona los cimientos de la República de Guatemala al prohibirle al Congreso una de sus atribuciones constitucionales, legislar”.

El argumento de la Comisión es que la CC se extralimitó en sus funciones al otorgar un amparo sobre una ley que no ha sido aprobada, vedando el derecho de legislar a los diputados.

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***COMUNICADO DE PRENSA*** pic.twitter.com/HMjGsi7rh9

— CC Guatemala (@CC_Guatemala) August 2, 2019

Amnistía

La iniciativa de ley 5377 propuesta por el diputado por el Partido de Avanzada Nacional (PAN), Fernando Linares Beltranena, e impulsada por el oficialista Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación) busca dar amnistía total a las personas condenadas y señaladas por crímenes contra la humanidad cometidos durante el conflicto armado interno (1960-1996).

Jurisprudencia

La CC compartió un comunicado después que remitió el memorial en el Juzgado. “Rechazamos la persecución penal impulsada por los siete diputados que integran la Comisión Permanente del Congreso de la República de Guatemala, contra tres de los cinco magistrados titulares de la Corte de Constitucionalidad (CC), derivada de la resolución dictada el 18 de julio del presente año, sobre el caso de la iniciativa de reformas a la Ley de reconciliación nacional”.

En el comunicado la CC calificó la querella de los diputados como “ilegal e ilegítima” debido a que “atenta contra la independencia judicial”.

En el memorial los magistrados recuerdan la jurisprudencia desde 1995 en relación con los fallos que deben ser cumplidos de carácter obligatorio.

Los amparos contra leyes en proceso de formación a los cuales la CC ha conocido como haber negado amparos ante la amenaza de la Ley de implementación de medidas fiscales y la Ley del presupuesto general de ingresos y egresos del Estado para el ejercicio fiscal de 2016.

También haber negado un amparo en 2015 por la amenaza que entrara en vigor la Ley de tarjetas de crédito y las reformas al Código Penal que estaban en los decretos 14-2017 y 15-2017.

Sin persecución

La máxima corte del país también se refirió a los precedentes relacionados por la “no persecución de magistrados por sus decisiones”.

La sentencia del 29 de agosto de 1995 en donde fue denunciado el entonces magistrado de la CC Mynor Pinto Acevedo en relación a la firma del acuerdo 3-95 de la CC en donde fue acordada que la presidencia sería desempeñada en los periodos de cuatro meses por cada uno de los magistrados. El promotor de la denuncia fue Agustín Monzón Díaz y Silverio Rafael Ochaeta Corzo.

También la sentencia del 6 de abril de 2004 cuando fue señalado el exintegrante de la CC, Mario Guillermo Ruiz Wong. El señalamiento se centró a la denuncia en el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios (CANG) por su actuación en el amparo que José Efraín Ríos Montt promovió contra el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Otra sentencia se relaciona a la denuncia contra el exmagistrado de la CC, Cipriano Francisco Soto Tobar que fue promovida por el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac). El acto fue que lo declararon non grato por haber otorgado un amparo a Rios Montt para ser candidato a la presidencia. La sentencia fue el 3 de noviembre del 2004.

La exmagistrada de la CC Gladys Chacón Corado fue denunciada por Mauricio Rolando Izquierdo Ávila en relación con sus actos. La máxima corte rechazó su acción el 13 de mayo de 2010.

El expresidente y exintegrante de la CC, Alejandro Baltazar Maldonado Aguirre también fue señalado. La sentencia del 11 de septiembre del 2017 fue el rechazo a la denuncia del Centro de Acción Legal en Derechos Humanos (Caldh).

La magistrada de la CC Gloria Porras fue señalada por Mario Isaac Acevedo Ramírez por haber avalado una acción que dejó en suspenso la decisión del presidente Jimmy Morales que declaró non grato a Iván Velásquez, titular de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig). La sentencia fue dictada el 29 de enero del 2018.

Por último, los magistrados Dina Ochoa, Neftaly Aldana, Gloria Porras, José de Mata y Bonerge Mejía fueron señalados por Mario Isaac Acevedo Ramírez en relación con la resolución del 13 de marzo del 2017 por un recurso de revisión que interpuso Caldh.

La acción es para que se declare sin lugar el antejuicio promovido contra los magistrados por la Comisión Permanente del Congreso. pic.twitter.com/FFk7OJTniy

— Kenneth Monzón (@kmonzon_pl) August 2, 2019

Pronunciamiento

Las entidades Centro para la Justicia y el Derecho Intenacional (Cejil), la Fundación para el Debido Proceso, Impunity Watch, la Plataforma Internacional contra la Impunidad, Robert F. Kennedy Human Rights, Guatemala Human Rights Commission y Washington Office on Latin America, compartieron un comunicado en donde instan a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a “respetar la independencia” de la CC.

Postura del Congreso

Estuardo Galdámez, primer secretario de la Junta Directiva del Congreso, indicó que podría denunciar nuevamente a los tres magistrados porque a su criterio están abusando de su autoridad.

“O sea que los tres magistrados de la Corte de Constitucionalidad que están siendo denunciados por la comisión permanente acaso se creen ellos miembros de una corte celestial o se creen los perfectos de Guatemala para no cometer delitos o qué se creen que pueden abusar de la ley”, afirmó el congresista.

Galdámez considero que los magistrados son “abusivos” y que los volverá a denunciar y que “ojalá que la Corte Suprema de Justicia actúe conforme a Derecho”.

“Los magistrados de la Corte de Constitucionalidad incurrieron en los delitos por los cuales fueron denunciados por la Comisión Permanente y por lo tanto deben afrontar la justicia. No son ningunos perfectos para hacer las atrocidades que hacen”, afirmó el parlamentario.

Recalcó que tiene “la facultad de volverlos a denunciar por estar incurriendo en otros delitos” y que hará que afronten la justicia “por abusivos de su autoridad”.

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Los magistrados Jaime Amilcar González Dávila -presidente-, Beyla Adaly Xiomara Estrada Barrientos -esposa de Alfredo Brito, secretario de Comunicación Social de la Presidencia- y Zonia de La Paz Santizo Corleto -vocales- se excusaron de conocer el antejuicio contra el jefe edil capitalino Ricardo Quiñónez.

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Pese a que la justificación no fue informada una fuente judicial confió que su decisión se fundamenta en que ya conocieron el proceso contra Álvaro Arzú -fallecido- en el caso Caja de Pandora, en el que su resolución fue que mantuviera su inmunidad.

El expediente ingresó en la Sala Tercera de Apelaciones Penal el lunes recién pasado, 29 de julio. Luego de notificar a las partes los magistrados decidieron hoy excusarse.

El señalamiento del Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) contra el alcalde capitalino es que, junto con el ministro de Finanzas Públicas, Víctor Martínez -esta semana la Corte Suprema de Justicia (CSJ) rechazó la acción penal en su contra sin entrarla a conocer-, habrían formado parte de una estructura que utilizó recursos de la municipalidad para que el Partido Unionista (PU) se “perpetuara en el poder”.

Según la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) los delitos que se encuadran en la conducta de los funcionarios son financiamiento electoral ilícito, fraude y peculado.

Según el MP, desde 2011 y 2015 se habrían orquestado desde la alcaldía planes y estrategias para incrementar simpatías hacia el Partido Unionista, fundado por Arzú, para asegurarse un caudal de votos que le permitiera a esa agrupación perpetuarse en el poder.

El fiscal anticorrupción Juan Francisco Sandoval informó que aún no han sido notificado acerca de la excusa de los magistrados.

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Para el efecto, actividades proselitistas se habrían cubierto con recursos del Fideicomiso de Apoyo a la Planificación Urbana (Fapu), pero se justificaban con facturas alteradas falsas.

“Fines políticos”

La Municipalidad de Guatemala emitió un comunicado el 20 de junio pasado en el que señaló que “las acciones tomadas por las autoridades… tienen únicamente fines políticos”. Además, rechazó los señalamientos contra Quiñónez, aduciendo que “toda actividad presupuestaria de la municipalidad y sus entes es pública y debidamente auditada”.

La comuna afirmó que “aportó toda la información requerida en las investigaciones, colaborando en cada momento”.

“Al tener mayor conocimiento de la sindicación en contra de funcionarios y de la entidad, desvaneceremos oportunamente cada uno de los señalamientos”, sostuvo.

Remitido

El expediente será trasladado la próxima semana a la Cámara de Amparos y Antejuicios de la Corte Suprema de Justicia en donde los magistrados decidirán si aceptan la excusa y entonces designar otra Sala. En caso contrario, devolverán el documento con los indicios para que resuelvan si es viable darle trámite al antejuicio.

Si esto sucede, deberán designar un pesquisidor que tendrá hasta 60 días para indagar en el caso y remitir un informe a la Sala, que decidirá si le retiran la inmunidad al jefe edil.

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La revelación que hizo Remberto Leonel Ruiz Barrientos, viceministro de Gobernación, sucedió durante la continuación de la audiencia de primera declaración por el señalamiento de la Fiscalía de Derechos Humanos en haber ordenado la muerte del sindicalista Manuel de Jesús Ramírez, en 2012, cuando Ruiz Barrientos dirigió, de forma interina, el Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP) en sustitución de Blanca Stalling.

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“La Testigo 5 -como está identificada en la carpeta judicial- es Patricia Rabbé que fue defensora pública, ella dice que me conoce y sí, estudiamos juntos. Lo que dice ella es una historia. No es testigo. Anda enterándose de la vida ajena”, declaró Ruiz Barrientos en la ampliación de su declaración.

Eva Recinos, Jueza de Mayor Riesgo E, lo interrumpió y le dijo que si aseguraba quién es la testigo que solo se refiriera a ella como está en los documentos.

El funcionario de Gobernación estuvo en la sala de audiencias acompañado de tres agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) que están asignados para su protección, algo inusual en la Torre de Tribunales debido a que solo los guardias del Organismo Judicial (OJ) y de la Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP) pueden permanecer entre el público.

Desde que fue revelado el caso, el pasado 5 de julio, Ruiz Barrientos permanece internado en un hospital de la zona 2 de Mixco por supuestos quebrantos de salud. El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) ya le hizo una evaluación aunque el resultado se desconoce.

Presentó su renuncia

“La testigo que es Patricia Rabbé asegura que se desviaron Q30 millones y otros Q700 mil, pero cuando estuve en el Instituto de la Defensa Pública Penal el presupuesto era de Q126 millones y apenas alcanzaba. A ella no le consta nada. A los testigos no les consta, son narradores de historias”, agregó Ruiz Barrientos.

Después aseguró que también logró identificar a la Testigo 3 y se refirió a que es Vilma Aidé Ramírez. “Ella aseguró que utilizo una mini uzi en el carro, pero a ella no he tenido la mala suerte de subirla a mi carro. Además, soy de Agua Blanca -Jutiapa- y uso armas por mi trabajo”, se refirió.

Ruiz Barrientos también se refirió a que supo del avance de la investigación desde comienzos de abril de este año aunque evitó dar más detalles y aseguró que presentó su renuncia al cargo a su superior -el ministro de Gobernación, Enrique Degenhart-, pero no se la aceptó.

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Declararon por videoconferencia

El relato de las testigos 3 y 5 fue brindado a la jueza Recinos por videoconferencia a comienzos de este año. Ambas usaron gafas y pelucas para evitar ser identificadas, informó la Fiscalía.

Los tres señalados

El Ministerio Público señala del delito de asesinato a Ruiz Barrientos junto con Fermín Iván Ortiz Maquín, piloto del IDPP, y al sindicalista Marvin René Donis Orellana, quien es asistente de atención al público en la entidad.

Los fiscales Alfredo Tejeda y Pablo Barrios describieron los hechos que señalan a los tres por el delito de asesinato.

El avance de la investigación cuenta con 186 folios y el testimonio de personas cercanas a la víctima, Manuel de Jesús Ramírez, quien fue secretario de conflictos del Secretario General de Trabajadores y Apoyo Técnico en el IDPP.

El asesinato sucedió el 1 de junio de 2012 cuando circulaba por la 4ª. avenida, 20-51, zona 3.

El supuesto autor material ya fue detenido y procesado. Se trata de Ronald Joaquín González Vásquez, quien fue el jefe de seguridad en el IDPP, según la investigación de la Fiscalía de Derechos Humanos.

Testigo señaló a Stalling

La semana pasada fue reproducido el audio de un testigo que señaló a Blanca Stalling -dirigió el IDPP y en la actualidad es magistrada separada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por estar procesada en haber presionado al juez Carlos Ruano para favorecer a su hijo- y Ruiz Barrientos en la muerte del sindicalista.

“La mayoría de las personas decía que Stalling y Ruiz lo mandaron a matar”. Así resumió una testigo la muerte a balazos de Ramírez.

Incluso mencionó que el móvil del crimen pudo ser las amenazas de Ruiz Barrientos al sindicalista, debido a que revisaba el proceso para dirigir la entidad cuando Stalling dejó el cargo y Ruiz Barrientos tomó las riendas de la institución de forma provisional.

“Se rumoraba que Stalling y Ruiz habían dado instrucciones de que fuera asesinado Manuel Ramírez. Los roces eran tan fuertes”, declaró la testigo.

Viceministro rechaza el señalamiento del @MPguatemala pic.twitter.com/5QPQiHocU4

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Momento en que el funcionario de Gobernación menciona que ya sabe quién es otro de los testigos del caso. pic.twitter.com/kndt8B7gYh

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“Presentamos mi descargo, ratificando mi inocencia, reconozco su labor periodística, pero prefiero que las pruebas las analice el señor juez”, señaló Porras al salir de la Sala Cuarta de Apelaciones Penal.

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El señalamiento que hizo la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) refiere la posible implicación del legislador en una investigación que fue denominada Subordinación del Organismo Legislativo al Ejecutivo.

Porras es el primer diputado que comparece ante un pesquisidor de los siete que enfrentan antejuicio por el caso. “Es un antejuicio por cada diputado y cada quien tomará sus decisiones. En mi caso estoy haciendo lo que considero pertinente. El objetivo era venir inmediatamente. Desde un principio me apersoné, desde la Corte, y es como he enfocado que se debe afrontar esto”, dijo Porras.

El pasado 22 de julio el fiscal Luis Mejía estuvo durante tres horas reunido con el pesquisidor De León para ratificar el antejuicio contra Porras por los delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo, violación a la Constitución y lavado de dinero u otros activos.

La investigación detalla que en 2014, presuntamente, la entonces vicepresidenta Roxana Baldetti entregaba dinero a diputados del Congreso para que aprobaran leyes, así como para la elección de magistrados para la Corte Suprema de Justicia y Cortes de Apelaciones.

Para el MP, Porras pudo haber tenido participación en los hechos y por eso fue planteado el retiro de inmunidad el 6 de mayo pasado.

“Me motiva que tengo claro que no hay motivos por los cuales me están sindicando y tengo la prueba clarísima y contundente de mi inocencia en este caso. Considero que lo pertinente es hacerlo, retrasarlo no es lo adecuado”, se refirió Porras.

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Investigación

El documento de la Feci y la Cicig refiere que, producto de estos pactos, y de esa supeditación del poder Legislativo a las órdenes del poder Ejecutivo, se tomaron diversas decisiones en el Congreso y se sancionaron leyes, entre ellas las del 8 de abril de 2014, cuando se aprobó el Decreto 12-2014 Ley de Control de Telecomunicaciones Móviles en Centros de Privación de Libertad y Fortalecimiento de la Infraestructura para Transmisión de Datos.

Dicha ley fue producto de negociaciones entre empresarios y Baldetti, por lo que la versión final fue impuesta para su aprobación en el Congreso y no se realizaron cambios al texto.

La investigación determinó que los legisladores recibían Q50 mil en un maletín, cada dos meses.

Lo que sigue

El pesquisidor podrá citar a más personas para indagar en el caso y después deberá remitir un informe a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) con su recomendación de si avala la investigación contra Porras y se le retira la inmunidad o puede sugerir que el diputado mantenga la inmunidad.

La última palabra la tendrán los magistrados de la CSJ, quienes, durante una sesión habitual, decidirán si le retiran la inmunidad a Porras.

Señalados

• Acisclo Valladares Urruela (Ministro de Economía): asociación ilícita, cohecho activo.
• Estuardo Ernesto Galdámez Juárez (diputado y candidato presidencial): Asociación Ilícita, violación a la Constitución, cohecho pasivo, lavado de dinero u otros activos.
• Juan José Porras Castillo (diputado): Asociación ilícita, violación a la Constitución, cohecho pasivo, lavado de dinero u otros activos.
• Mirna Magnolia Figueroa Resen de Coro (diputada): asociación ilícita, violación a la Constitución, cohecho pasivo, lavado de dinero u otros activos.
• Marco Antonio Orozco Arriola (diputado): Asociación ilícita, violación a la Constitución, cohecho pasivo, lavado de dinero u otros activos.
• Boris Roberto España Cáceres (diputado): Asociación ilícita, violación a la Constitución, cohecho pasivo, lavado de dinero u otros activos.
• Haroldo Eric Quej Chen (diputado): Asociación ilícita, violación a la Constitución, cohecho pasivo.
• Gustavo Adolfo Medrano Osorio (diputado): Asociación ilícita, violación a la Constitución, cohecho pasivo.

El legislador brinda detalles después de haber ofrecido sus pruebas de descargo ante el pesquisidor. pic.twitter.com/g4uTwK7quD

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El Tribunal Sexto Penal, que preside Amparo Rivas, inició el debate contra Galicia García por su participación en la toma de rehenes y el asesinato de cuatro monitores en la correccional Centro Juvenil de Privación de Libertad Etapa 2, en San José Pinula, el 19 de marzo del 2017.

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El supuesto integrante del Barrio 18 fue separado del proceso que inició en el Tribunal Quinto Penal, presidido por César Adán García, en el que están acusados 38 reos, por los mismos hechos.

Galicia García siguió el comienzo del debate por videoconferencia desde el Preventivo para Hombres, de la zona 18. Recordó que ya cumplía una pena por extorsión en la correccional, en 2017.

Los delitos que enfrenta el acusado son asesinato, asesinato en grado de tentativa, plagio y/o secuestro y motín de reos.

Los hechos

El representante del Ministerio Público (MP) recordó la investigación que inició después de que las autoridades tomaron el control en el centro juvenil 30 horas después de que un grupo de internos había tomado el control.

Ese día fueron ultimados cuatro monitores y otros cuatro permanecieron como rehenes bajo la amenaza de muerte si no se cumplían con la exigencia del traslado de 200 internos de la Correccional Gaviotas, en la zona 13, a Etapa 2.

Para retomar el control del lugar, la Policía Nacional Civil (PNC) desplegó agentes que irrumpieron y lanzaron gas en una operación que fue calificada como “exitosa” pese a las muertes y los daños al lugar.

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Los supuestos pandilleros querían más visitas y que se mejorara la alimentación, además del traslado de otros reos a ese lugar.

Dos de las víctimas fueron identificadas como Danny Gudiel Alexander Xitumul Coloch y Leonidas Picón Ramírez, ambos de 25 años. Tenían heridas punzocortantes en la cabeza.

Los monitores rescatados fueron Arnoldo Muñoz Torres, Catalino Román Gómez y Jorge Cuc Chub.

Después de la incursión de la PNC y la liberación de los rehenes otros pandilleros arremetieron contra los agentes durante nueve ataques que dejaron a tres policías muertos.

Monitor clamó por su vida

El supuesto pandillero del Barrio 18, José Andrés Galicia García, enfrenta debate en el Tribunal Sexto por el motín que sucedió en la correccional Etapa II, en San José Pinula, en 2017 que dejó a 4 monitores muertos.
Otras 38 personas ya están en debate en otro Tribunal. pic.twitter.com/K1lhQRkb2N

— Kenneth Monzón (@kmonzon_pl) August 1, 2019

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La Sala Segunda de Apelaciones Penal no acogió la apelación especial de Héctor Mauricio López Bonilla, exministro de Gobernación, por lo que fue confirmada la sentencia de ocho años y seis meses de prisión en la primera fase del caso conocido como Blindados.

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Los magistrados Gustavo Adolfo Dubón Gálvez, Roaldo Isaías Chávez Pérez y Eduardo Galván Casasola rechazaron la acción del exministro y del que fue su viceministro, Manfredo Vinicio Pacheco Consuegra, hallado culpable de fraude y cuya pena fue de ocho años y seis meses de prisión.

La sentencia fue dictada el 20 de septiembre del 2018 por el Tribunal Noveno Unipersonal Penal, a cargo de Carlos Ruano, quien consideró que haber arrendado vehículos blindados por medio un procedimiento de excepción –sin cotizar– no era legalmente procedente debido a que no se cumplían con las condiciones reguladas por el Ley de Contrataciones del Estado, y no era coherente con el Manual de Clasificaciones Presupuestarias.

El caso

De acuerdo con la investigación del Ministerio Público (MP), los exfuncionarios estuvieron involucrados en la suscripción de forma anómala de cinco contratos de arrendamiento de 47 vehículos, por un monto total de Q32 millones 700 mil 491.09, entre 2014 y 2015.

La Fiscalía contra la Corrupción sostuvo que López Bonilla cometió un acto ilegal al aprobar por medio de resoluciones ministeriales los términos de referencia de contratación, ofertas y los cinco contratos administrativos de arrendamiento de los vehículos blindados para el uso de funcionarios.

Segunda condena

El pasado 17 de mayo  López Bonilla fue condenado a 13 años y 9 meses de prisión y a una multa de Q62 mil 500 por peculado por uso y fraude en el caso Patrullas fase II. La sentencia fue dictada por el Tribunal Octavo Penal.

López Bonilla habría autorizado las reparaciones inexistentes que derivaron en un desfalco de Q44.5 millones de 2012 a 2015.

Con esta sentencia, el exministro suma 22 años y tres meses de prisión.

Otros procesos contra el exministro

López Bonilla fue detenido el 11 de junio del 2016 y procesado en el caso Cooptación del Estado de Guatemala, que tiene también en prisión al expresidente Otto Pérez Molina y a la exvicepresidenta Roxana Baldetti -condenada a 15 años y seis meses de cárcel por el caso Agua Mágica-.

Está procesado por lavado de dinero u otros activos, asociación ilícita y cohecho pasivo, este último es por supuestamente haber entregado miles de quetzales en los años 2012, 2013 Y 2014 al excolaborador eficaz del MP Juan Carlos Monzón para la compra de regalos ostentosos en los cumpleaños de Baldetti y Pérez Molina. Esta investigación fue denominada la Cooperacha.

Además, la Fiscalía contra la Corrupción tiene abierta otra pesquisa contra López Bonilla por el supuesto fraude de Q13 millones relacionado con supuestas irregularidades en los contratos de arrendamiento con opción a compra de la plataforma Appliance, un equipo con tecnología para la planificación, gestión y análisis de recursos de gobierno y la automatización de procesos de gestión institucional. La cartera de Gobernación efectuó el pago sin que recibiera el equipo que establecía el contrato.

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Por último, el hombre de confianza de Pérez Molina deberá ser extraditado a Estados Unidos para enfrentar cargos de narcotráfico después de la sentencia del Tribunal Tercero Penal del 30 de agosto del 2017.

Los indicios que enviaron las autoridades estadounidenses se centran en que López Bonilla “facilitó el comercio de drogas en el territorio nacional y evitó las capturas de narcotraficantes”. El requerimiento es para comparecer en la corte del Distrito de Columbia por los delitos de asociación delictuosa y conspiración para el tráfico de drogas.

Los nexos son por la vinculación con los narcotraficantes mexicanos los Zetas.

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La Fiscalía informó que una evaluación reciente practicada por médicos del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) a Víctor Hugo Soto Diéguez, quien fue jefe de detectives de la extinta Policía Nacional (PN), detalla que no está en capacidad de enfrentar un proceso penal.

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Se trata de la evaluación neurológica cuyos resultados ya fueron proporcionados al Juzgado de Mayor Riesgo A, a cargo de Claudette Domínguez, quien incluyó una audiencia para discutir el caso el próximo 4 de octubre.

Hasta entonces, Soto seguirá en un hospital privado con vigilancia donde cumple la sentencia de 33 años de prisión por la muerte de siete reos en la cárcel Pavón.

La Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) del Ministerio Público (MP) intenta que Soto Diéguez escuche nuevos hechos por su participación en el caso Infiernito, relacionado con la ejecución de dos reos que escaparon de prisión en 2005 un ciudadano hondureño y la tortura de cuatro fugitivos.

La primera evaluación

El pasado 30 de noviembre Domínguez recibió el primer informe del Inacif en relación con la salud mental de Soto Diéguez.

“Se encuentra en el uso suficiente de sus facultades mentales para responder por sus actos”, se lee en el informe que remitió el Inacif a la judicatura.

El Inacif informó a la jueza Domínguez que Soto Diéguez “comprende que se le acusa y sabe defenderse”.

El informe refiere que Soto Diéguez “acude a la exageración de los síntomas tratando de convencer al entrevistador de que tiene un trastorno psiquiátrico”.

Durante el primer día de la indagatoria, el pasado 9 de noviembre, Soto Diéguez argumentó supuestos quebrantos de salud, por lo que fue evaluado de forma psicológica.

Difiere la segunda evaluación

Ambas evaluaciones tienen resultados distintos. El resultado del año pasado detalla que Soto está estable y el examen de este mes que no es capaz de una audiencia judicial.

Entonces, será hasta en octubre cuando las partes se pronuncien.

El fiscal Carlos de León informó que no se opone a los resultados del Inacif aunque por la discrepancia solicitará nuevos exámenes.

Procesados

El pasado 26 de noviembre las cinco personas detenidas por un caso de ejecución extrajudicial de reos y tortura fueron ligados a proceso por Domínguez.

Carlos Roberto Vielmann Montes, exministro de Gobernación, fue ligado a proceso solo por el delito de tortura, que tiene una pena de entre 25 y 30 años, y fue enviado a prisión preventiva en la cárcel militar Mariscal Zavala. Domínguez decretó la falta de mérito por el delito de ejecución extrajudicial.

Además, la jueza mencionó que existen suficientes indicios por la ejecución extrajudicial de los reos Hugo Humberto Ruiz Fuentes, el 14 de noviembre del 2005; Douglas Sadiel Arauz Palacios, el 20 de diciembre del 2005, y Adonis Asael Murillo, el 20 de diciembre del 2005.

En ese sentido, los expolicías y exjefes policiales arrestados, Stu Velásco Crispín, Axel Arnoldo Martínez Arreaza, Víctor Manuel Ruiz González y Francisco Guarcaz de Paz fueron ligados por ejecución extrajudicial y enviados a prisión preventiva.

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Los testigos b y c fueron escuchados en la sala de audiencias por videoconferencia desde la sede central del Ministerio Público (MP), en la zona 1.

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Ambos usaron gafas oscuras y se cubrieron el rosto para evitar ser reconocidos por los acusados Mirna Elizabeth Juárez Argueta, conocida como La Rancherita, -le amputaron los brazos a causa de la explosión- y Édgar Danilo Xiloj Rivera.

A preguntas del representante de la Fiscalía de los hechos del 21 de enero pasado, cuando explotó una bomba casera en un autobús de la ruta 32, los testigos explicaron las situaciones previas, cuando observaron a la acusada.

“Ella llegó al colegio”, declaró una de las testigos. “Hay cámaras de vigilancia y después notamos en las grabaciones que un estudiante le entregó una bolsa negra”, añadió.

La investigación detalla que en la bolsa La Rancherita había llegado a recoger una bomba casera que tenía un estudiante de apellidos Bin Juárez y es buscado por las autoridades. Después de los hechos dejó de ir al establecimiento educativo y en mayo un familiar llegó a recoger el expediente.

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La bomba

El policía experto en explosivos Amílcar Isaac Castañón Bravo también declaró ante los jueces Eduardo Maldonado, Vilma Paredes y Magda Martínez, que hizo la primera inspección después de la explosión en el bus de la ruta 32 en la 9ª. avenida y 8ª. calle, colonia Quinta Samayoa, zona 7.

“Ese día hablé con el piloto. Me dijo que la mujer -Juárez Argueta- subió al bus con un tubo pvc que tenía una mecha. Le prendió fuego con un cigarro y en ese instante se levantó y la empujó. Por eso la bomba le explotó a ella en las manos”, declaró el policía Castañón Bravo.

Además, al revisar el lugar notó que la bomba casera había sido fabricada con gran cantidad de pólvora. En el tubo le agregaron clavos y tachuelas.

Seguirá la próxima semana

Los jueces reanudarán el debate a los dos acusados la próxima semana. Se espera que declare, por videoconferencia, el conductor del autobús.

Testigos declaran por videoconferencia en la continuación del debate a Mirna Elizabeth Juárez Argueta, conocida como La Rancherita, y Édgar Danilo Xiloj Rivera, implicados en la explosión de una bomba en un bus en la zona 7 el 21.1.2019. pic.twitter.com/yVOmFoZxA1

— Kenneth Monzón (@kmonzon_pl) July 30, 2019

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Después de dos días de audiencia de primera declaración, la jueza Claudette Domínguez procesó a un comerciante y a un jubilado de la extinta Policía Nacional (PN) por su presunta participación en la muerte de María Isabel Véliz Franco, en diciembre de 2001.

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Se trata de Gustavo Adolfo Bolaños Acevedo, detenido la semana pasada, y Jorge Martín Ortiz, quien se jubiló como policía en 2011, después de 25 años de servicio.

La jueza Domíguez vio indicios del asesinato de Veliz Franco en contra de Bolaños Acevedo y de obstaculización a la justicia en el caso del expolicía, quien padece de diabetes y cáncer, se informó, y por eso goza de una medida que sustituye la prisión preventiva.

La Fiscalía tiene dos meses para indagar sobre la sindicación de asesinato y plantear la acusación, ordenó Domínguez. El señalamiento contra Bolaños es porque cortejaba a la adolescente en 2001 y al exuniformado, por haber omitido indicios valiosos cuando le asignaron el caso.

El caso

María Isabel Veliz Franco tenía 15 años cuando fue asesinada. Aprobó tercero básico y ya trabajaba en un almacén de la sexta avenida en el Centro Histórico para ayudar con los ingresos en su casa.

La mañana del 16 de diciembre del 2001, María Isabel salió de su casa y ya no volvió. Su mamá, Elvira, fue al almacén y solo le dijeron que un “muchacho de mal aspecto” la esperó al salir el día anterior.

Entonces la señora acudió a la Policía Nacional Civil (PNC) y al Ministerio Público (MP) a denunciar la desaparición y los agentes le dijeron que era pandillera o prostituta, sin tomar la denuncia pese a la obligación que tenían.

El cadáver de María Isabel fue localizado el 18 de diciembre en un terreno baldío de la zona 8 de Mixco. El informe forense confirmó que fue violada y torturada.

En mayo de 2014 el Estado de Guatemala fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que resolvió que era responsable de las violaciones a los derechos de María Isabel Véliz Franco, así como de la falta de respuesta eficaz a la denuncia presentada el 17 de diciembre del 2001 por la madre de la víctima ante el Ministerio Público al reportar la desaparición de su hija y las posteriores falencias en la investigación de los hechos.

Claudina

Otro caso sucedió en 2005. Claudina Velásquez Paiz salió el 12 de agosto, a las 8.30 horas, de su casa rumbo a la universidad. Cursaba el cuarto semestre de Derecho y no regresó.

Los padres de Claudina avisaron a la PNC que un amigo de su hija había hablado por teléfono con ella y se habían quedado preocupado porque escuchó gritos de auxilio.

Agentes llegaron a la casa de la familia, en la zona 8 de Mixco, y preguntaron algunos detalles. Después, los padres llegaron a la subestación policial cercana y llevaron una fotografía. Los agentes les dijeron que no se preocuparan porque “andaba con su traído (novio) o seguramente se emborrachó”.

Claudina fue asesinada entre la medianoche del 12 de agosto y las cuatro de la madrugada del 13 de agosto.

Alerta

La Corte hizo responsable al Estado de violar el Derecho a la Vida y a la Integridad Personal de Claudina Velásquez Paiz.

El MP estableció la alerta Isabel-Claudina para la búsqueda inmediata de mujeres desaparecidas a raíz de los casos y de la resolución de la CIDH.

Después de dos días de audiencia de primera declaración, en reserva, la jueza Claudette Domínguez procesa a Gustavo Adolfo Bolaños Acevedo por su participación en la muerte de María Isabel Véliz Franco, que sucedió en diciembre de 2001. pic.twitter.com/BleXBvFqxs

— Kenneth Monzón (@kmonzon_pl) July 30, 2019

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Por los delitos de tránsito ilegal de personas, tráfico ilícito de personas y asociación ilícita fue procesado y dejado en prisión preventiva Franco Pacheco, quien habría integrado la supuesta estructura criminal que traficaba indocumentados por el país. El caso denominado Mesoamérica se conoció en el Juzgado de Mayor Riesgo D, a cargo de Erika Aifán.

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El presunto coyote, como se le conoce a los traficantes de migrantes, fue dejado en prisión preventiva hasta que avance la investigación durante los próximos tres meses. La resolución judicial coincide con la conmemoración del Día Mundial contra la Trata de Personas.

La fiscal Claudia Rodríguez explicó los indicios contra Franco Pacheco. De acuerdo con las pesquisas, él coordinaba el traslado de indocumentados en autobuses extraurbanos desde la frontera San Cristóbal, en Atescatempa, Jutiapa, hasta la capital.

Las operaciones del grupo iniciaron en 2011, aunque la participación de Franco Pacheco fue en 2015. Incluso, el ahora sindicado, condujo un automóvil con migrantes, a quienes dejaba en Centra Norte y en la calzada Aguilar Batres, en donde abordaban buses para seguir el camino hasta la frontera mexicana.

Por lo regular, los migrantes eran de Nepal, Bangladesh y de India. La investigación determinó que la estructura cobraba desde US$20 mil (Q156 mil) hasta US$25 mil (Q975 mil) a cada migrante hasta dejarlo en Estados Unidos.

Durante la investigación, las autoridades documentaron que la estructura trasladaba hasta 50 migrantes cada mes y habría obtenido alrededor de US$9 millones (Q70 millones).

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Eventos en el caso

El Ministerio Público detalló que el caso cuenta con la detención y repatriación de extranjeros, con la que sustentan la investigación. Uno de los casos sucedió el 25 de julio del 2017, cuando López coordinó el ingreso al país de dos ciudadanos de Bangladesh con Johany del Carmen Peña y José Arturo Reyes Hernández, integrantes de la red de trata.

La Policía Nacional Civil (PNC) detuvo a los extranjeros cuando viajaban en un autobús por el kilómetro 76 de la ruta al Pacífico, en Siquinalá, Escuintla.

El expediente también contiene la detención de 13 ciudadanos de la India y un hondureño, el 10 de agosto del 2017, en el kilómetro 26.5 de la ruta al Atlántico, cuando viajaban en un autobús en el que salieron de Chiquimula.

Otros migrantes víctimas de esta red son ocho ciudadanos de Nepal, quienes fueron detenidos en dos grupos en Siquinalá, Escuintla, el 25 de octubre del 2017 y el 18 de enero del año pasado.

Esperan debate

En las fases uno y dos del caso Mesoamérica ya están a la espera de un debate 24 personas. El juicio está programado para enero de 2020 en el Tribunal de Mayor Riesgo de Quetzaltenango. El supuesto cabecilla es el peruano Luis Leonardo Mejía Pasapera.

Solo una persona está a la espera de la audiencia de fase intermedia o acusación, en la que se definirá si se abre juicio en su contra o no. Se trata de Edwin Corado Castillo. Esa audiencia la presidirá la jueza Aifán en octubre próximo.

Hoy continúa la audiencia de primera declaración a Beyquel José Franco Pacheco, quien ya fue procesado en el caso Mesoamerica.
El @MPguatemala lo señala de trasladar indocumentados desde Jutiapa hasta la capital en 2015. La estructura cobraba hasta US$25 mil por llegar a #EEUU. pic.twitter.com/x3qt562bNi

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Carlos Toledo, juez Sexto Penal, tiene en sus manos la petición que planteó el militar que está procesado por lavado de dinero u otros activos.

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Sus abogados interpusieron un incidente cuando estaba programada la audiencia de fase intermedia -en la que el juez decide si se abrirá juicio o no-. Su petición es para que el juez le autorice viajar a Miami, Estados Unidos, durante 15 días, en agosto, para una evaluación médica.

En su escrito el militar detalla que sufre de un fuerte dolor en los tendones de la mano derecha y requiere atención médica en el extranjero.

Toledo tiene en su oficina la petición que hizo el coronel y se informó que le notificará por escrito su decisión en los próximos días.

El caso

De León, junto con otras siete personas, están procesadas por un caso de extorsiones que investigó el Ministerio Público (MP).

Entre el 2009 y 2017, el coronel habría amasado en el sistema bancario una fortuna superior a los Q14.7 millones, dinero que según los investigadores proviene de extorsiones que cobraba la Mara Salvatrucha (MS).

La Fiscalía contra extorsiones considera que durante ese tiempo el militar sostenía encuentros con cabecillas de clicas de la MS en el occidente del país, donde le entregaban dinero producto de las extorsiones para que lo introdujera al sistema bancario nacional como fondos provenientes de supuestos predios de vehículos y ventas de aceites automotrices.

Goza de arresto

El militar fue detenido en abril pasado en la zona 3 de Quetzaltenango. El juez Toledo lo benefició con arresto domiciliario.

El 31 de mayo último, la Fiscalía presentó una foto de De León junto con un particular y registros de montos millonarios en cuentas bancarias, con lo que sostiene que el militar formaba parte de una estructura de lavado de dinero, producto de extorsiones de pandilleros a comerciantes.

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La Fiscalía explicó que la declaración de un colaborar eficaz y la interceptación de conversaciones telefónicas fueron claves para establecer los nexos entre el militar y la pandilla.

Según la investigación, el militar utilizó por lo menos 12 cuentas bancarias para tratar de darle legalidad al dinero recaudado. El reporte bancario establece que el militar, en forma constante, ingresaba cantidades de Q5 mil hasta Q47 mil y las salidas del dinero eran similares a las cantidades que ingresaban.

Incidentes

El juez también deberá resolver las peticiones de los sindicados, quienes piden que el caso se siga conociendo en el Juzgado de Chimaltenango.

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La Cámara de Amparos y Antejuicios de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) designó a la Sala Tercera de Apelaciones Penal para conocer el antejuicio que planteó la Fiscalía contra alcalde capitalino Ricardo Quiñónez.

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Los magistrados Jaime Amilcar González Dávila -presidente-, junto con Beyla Adaly Xiomara Estrada Barrientos – esposa de Alfredo Brito, secretario de Comunicación Social de la Presidencia- y Zonia de La Paz Santizo Corleto -vocales-, fueron designados para conocer el antejuicio contra el alcalde.

La Sala favoreció a Álvaro Arzú -fallecido- cuando fue señalado por el Ministerio Público (MP) en el caso Caja de Pandora.

Esta vez tienen las pesquisas adelantadas por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) contra Quiñónez, quien ganó la contienda en la elección del 16 de junio pasado.

Los delitos que se encuadran en la conducta de los funcionarios son financiamiento electoral ilícito, fraude y peculado, informó el Ministerio Público (MP).

Según el MP desde 2011 y 2015 se habrían orquestado desde la alcaldía planes y estrategias para incrementar simpatías hacia el Partido Unionista, fundado por Arzú, para asegurarse un caudal de votos que le permitiera a esa agrupación perpetuarse en el poder.

Para el efecto, actividades proselitistas se habrían cubierto con recursos del Fideicomiso de Apoyo a la Planificación Urbana (Fapu), pero se justificaban con facturas alteradas falsas.

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“Fines políticos”

La Municipalidad de Guatemala emitió un comunicado el 20 de junio en el que señaló que “las acciones tomadas por las autoridades… tienen únicamente fines políticos”. Además, rechazó los señalamientos contra Quiñonez, al aducir que “toda actividad presupuestaria de la municipalidad y sus entes es pública y debidamente auditada”.

La comuna afirmó que “aportó toda la información requerida en las investigaciones, colaborando en cada momento”. “Al tener mayor conocimiento de la sindicación en contra de funcionarios y de la entidad, desvaneceremos oportunamente cada uno de los señalamientos”, sostuvo.

Lo que sigue

Después que sean notificadas todas las partes procesales, la Sala deberá incluir en su agenda una sesión donde determine si admite o no la acción judicial. Si es aceptado el caso deberán nombrar un pesquisidor que tendrá hasta 60 días para indagar en la investigación.

Con el informe del pesquisidor, será la Sala quien decida si es viable el retiro de la inmunidad a Quiñónez. En cualquier etapa es válido cualquier acción penal como recusaciones y amparos.

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Yesenia Chacón, representante de la Unidad de delitos contra periodistas de la Fiscalía de Derechos Humanos, acudió a la Torre de Tribunales a interponer un antejuicio en contra de los magistrados que ordenaron restricciones contra el matutino elPeriódico a favor de Sandra Torres, candidata presidencial por la agrupación política Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).

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La fiscal explicó que ve la posible participación de los magistrados Rafael Morales, Franc Martínez y Fredy López, integrantes de la Sala Segunda de Femicidio, en el delito de prevaricato.

El Código Penal explica en el Artículo 462 el delito de prevaricato. “El juez que, a sabiendas, dictare resoluciones contrarias a la ley o las fundare en hechos falsos, será sancionado con prisión de dos a seis años.

Si la resolución dictada consistiere en sentencia condenatoria en proceso penal, la sanción será de tres a diez años”.

El expediente fue recibido en Gestión Penal de la Torre de Tribunales, en donde por sorteo fue designado el Juzgado Sexto Penal, a cargo de Carlos Toledo para conocer la pesquisa.

Lo que corresponde es que el juez Toledo se inhiba al ser notificado en un plazo de tres días y remita el expediente a la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

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El caso

Torres denunció al matutino con el argumento de violencia contra la mujer. La querella la recibió la jueza Neldi Rodríguez, quien la rechazó. Además, archivó la petición de medidas dictadas a favor de Torres debido a que la acción se encuadra en la Ley de Emisión del Pensamiento.

Como Torres apeló, fue la Sala quien resolvió y ordenó a la juzgadora que decretara a su favor, con lo cual  elPeriódico tendría que dejar de publicar artículos sobre ella.

Las medidas de restricción fueron contra los editores y la gerente de ventas del matutino.

Torres desistió de las medidas que le otorgó la Sala y envió un memorial a la judicatura. A pesar de la acción de Torres el caso seguirá su curso y puede llegar hasta una sentencia por tratarse de un caso de femicidio.

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Augusto René Castillo López, un importador de diversas mercaderías desde Estados Unidos, lucía tranquilo y feliz en la sala de audiencias del Juzgado de Mayor Riesgo B. Después de haber solventado el pago de impuestos, fue favorecido con criterio de oportunidad y una condena mínima al aceptar que pagó sobornos a los integrantes de la estructura de defraudación en las aduanas denominada La Línea.

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El empresario, dueño de la entidad Castillo Express y presidente de la Asociación de Transportistas de Encomiendas de Guatemala (Ategua), dijo que aprendió la lección. “En 2014 se nos exigía a los importadores los sobornos. Tuve que pagar, pero aprendí, y recomiendo a todos no pagar sobornos”, dijo a Prensa Libre.

Estaba procesado por defraudación aduanera y cohecho activo. Ante el juez Miguel Ángel Gálvez reconoció que pagó Q49 mil por la importación de cuatro contenedores al “hacer uso” de la estructura que supuestamente lideró el expresidente Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta, Roxana Baldetti.

Castillo López es uno de los importadores que fueron beneficiados después que Gálvez anuló las dos audiencias de etapa intermedia en donde el fiscal Andrei González ya había solicitado abrir un debate. Los procesados ya “tuvieron un acercamiento” para una alternativa judicial, refirió el juez, y pidió disculpas por anular la audiencia y aceptar la nueva acusación que los benefició.

Petición

El fiscal Andrei solicitó criterio de oportunidad por defraudación aduanera debido a que ya solventaron el pago de impuestos y multas que oscilan desde Q10 mil hasta Q150 mil en 2014 y 2015. Por cohecho activo se les ofreció juicios abreviados con la pena de cinco años de prisión, suspendida en una tercera parte por ser cómplices, es decir, la pena de tres años de prisión.

Además, también se ordenó el régimen de prueba de dos años de buen comportamiento en las importaciones, donación de Q5 mil a la entidad Yo’o Guatemala de Purulhá, Baja Verapaz, para la lectura de niños y adolescentes y aprobar dos cursos de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).

Los otros beneficiados

El juez también avaló los beneficios para:

1. Hugo Jo Hu –pagó Q50 mil de soborno–
2. Liyun Chen –Q20 mil dio de soborno–
3. María Olimpia Oliva Vivar –pagó Q15 mil como soborno–
4. Augusto René Castillo López –pagó Q49 mil como soborno–
5. Fang Meiyu –pagó Q16 mil de soborno–
6. Jae Uk An –dio Q20 mil de soborno-

Primer grupo

Gálvez explicó que otros importadores ya se acercaron para salidas judiciales similares, aunque aún están pendiente del pago de los impuestos.

El caso tiene procesados a 30 importadores que pagaron coimas a la estructura.

Entre los procesados está el importador Érick Miau Miau, quien en una escucha telefónica cuestiona el motivo de una llamada para el pago de “colas”. Un vista de aduana le explica que se trata de “la línea”, en donde se le indica el pago de sobornos para ingresar sus productos al país, de ahí se deriva el nombre del caso.

El importador Augusto Castillo explica a @prensa_libre que ya pagó las pólizas de 2015 por los impuestos atrasados y recuerda que la estructura del #CasoLaLínea "nos exigía" los sobornos.
En su caso pagó Q10 mil de coimas.
"Aprendí y recomiendo a todos no pagar sobornos". pic.twitter.com/CoqcxLK0F4

— Kenneth Monzón (@kmonzon_pl) July 26, 2019

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La defensa de Roberto Barreda interpuso un amparo que intenta dejar sin efecto la decisión que lo envió a debate por la desaparición de su esposa Cristina Siekavizza.

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El abogado Alfredo Vásquez centró la acción en que existe un supuesto error en la consignación del año en el expediente. Se detalla en la acusación que fue 2009 cuando la desaparición de Siekavizza fue en 2011.

Barreda, principal sospechoso de la desaparición de su esposa, Cristina Siekavizza, estará en el banquillo de los acusados por femicidio, obstrucción de justicia y maltrato contra menores de edad.

El Tribunal de Mayor Riesgo C, que preside Pablo Xitumul de Paz ya notificó que el debate del caso Siekavizza fue incluido en la agenda para el 15 de abril del 2020. En este, la expresidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Ofelia de León, madre de Roberto, enfrentará a la justicia por amenazas.

También esperan el inicio del debate el investigador Óscar Rolando José Celada Cuevas y Javier Armando Mendizábal Ruiz, a quienes el Ministerio Público los acusará de ocultar información sobre la desaparición de Siekavizza.

Gálvez lo envió a debate

El juez de alto impacto, Miguel Ángel Gálvez, aceptó la acusación contra Barreda el pasado 1 de mayo.

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El juzgador valoró y enumeró -sin ninguna pausa-, durante seis horas en la Torre de Tribunales, los indicios “suficientes” de la Fiscalía para enviar a debate, de nuevo, a Roberto Barreda por la desaparición de su esposa Cristina.

Barreda ya había sido enviado a debate por el juez Gálvez el 3 de diciembre de 2015, aunque por acciones del procesado el caso se repitió este año.

La desaparición

Siekavizza está desaparecida desde el 6 de julio del 2011. Un mes después, su esposo salió del país con sus dos hijos, María Mercedes y Roberto José. La Policía mexicana detuvo al sospechoso el 8 de noviembre del 2013 en Mérida, Yucatán.

La expresidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Ofelia de León, fue capturada y sindicada de obstrucción a la justicia al ayudar a su hijo a borrar evidencias; no obstante, el 26 de septiembre de 2012 la Corte Suprema de Justicia resolvió cambiar el delito por el de amenazas, en este caso contra Petrona Say, quien fue empleada doméstica de Barreda y ahora es colaboradora eficaz.

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Claudette Domínguez, titular del Juzgado de Mayor Riesgo C, ordenó la reserva del caso relacionado con el esclarecimiento de la muerte de María Isabel Véliz Franco debido a que tenía 15 años cuando sucedieron los hechos.

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En la sala de audiencias compareció Gustavo Adolfo Bolaños Acevedo, de 57 años, sospechoso de la desaparición, violación y asesinato de la adolescente el 16 de diciembre del 2001.

La Policía Nacional Civil (PNC) lo detuvo la tarde del miércoles recién pasado en la zona 1 capitalina. Después de haber pasado en la carceleta de la Torre de Tribunales, compareció esta tarde en la judicatura de Domínguez.

La jueza le hizo saber el motivo de detención en reserva por el delito de asesinato. Después, los representantes de la Fiscalía entregaron los indicios a sus abogados, quienes pidieron un tiempo prudencial para revisarlos. Entonces, la jueza reprogramó la audiencia para la próxima semana.

El caso

María Isabel Veliz Franco tenía 15 años cuando fue asesinada. Aprobó tercero básico y ya trabajaba en un almacén de la sexta avenida en el Centro Histórico para ayudar con los ingresos en su casa.

La mañana del 16 de diciembre del 2001 Isabel salió de su casa y ya no volvió. Su mamá, Elvira, fue al almacén y solo le dijeron que un “muchacho de mal aspecto” la esperó al salir el día anterior.

Entonces la señora acudió a la Policía Nacional Civil (PNC) y al Ministerio Público (MP) a denunciar la desaparición y los agentes le cuestionaron si su hija era pandillera o prostituta, y no tomaron la denuncia pese a la obligación que tenían de hacerlo.

El cadáver de María Isabel fue localizado el 18 de diciembre en un terreno baldío en la zona 8 de Mixco. El informe forense confirmó que fue violada y torturada.

En mayo de 2014, el Estado de Guatemala fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al resolver que era responsable de las violaciones a los derechos de María Isabel Véliz Franco, así como la falta de respuesta eficaz a la denuncia presentada el 17 de diciembre del 2001 por la madre de la víctima ante el Ministerio Público al reportar la desaparición de su hija y las posteriores falencias en la investigación de los hechos.

Claudina

Otro caso sucedió en 2005. Claudina Velásquez Paiz salió el 12 de agosto a las 8.30 de su casa rumbo a la universidad. Cursaba el cuarto semestre de Derecho y no regresó.

Los padres de Claudina avisaron a la PNC que un amigo de su hija había hablado por teléfono con ella y se había quedado preocupado porque escuchó gritos de auxilio.

Agentes llegaron a la casa de la familia, en la zona 8 de Mixco, y preguntaron algunos detalles. Después, los padres llegaron a la subestación policial cercana y llevaron una fotografía. Los agentes les dijeron que no se preocuparan porque “andaba con su traído (novio) o seguramente se emborrachó”.

Claudina fue asesinada entre la medianoche y las 4 de la madrugada de ese 13 de agosto.

Alerta

La Corte hizo responsable al Estado de violar el Derecho a la Vida y a la Integridad Personal.

El MP estableció la alerta Isabel-Claudina para la búsqueda inmediata de desaparecidas a raíz de los casos y la resolución de la CIDH.

Después de cinco horas de audiencia de primera declaración, la jueza Erika Aifán decreta falta de mérito a favor del exdiputado Mario Santiago Linares García en el caso #AsaltoAlMinisteriodeSalud.
Hoy se entregó por tener vigente orden de aprehensión. pic.twitter.com/WmYH7lH2tP

— Kenneth Monzón (@kmonzon_pl) July 25, 2019

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El Tribunal de Mayor Riesgo C, presidido por Pablo Xitumul y acompañado de los vocales Rosa González y Mynor Azurdia, escuchó las conclusiones del debate a una supuesta estructura criminal denominada los Tumbadores.

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Las representantes de la Fiscalía de Delitos contra la Vida y la Integridad de las Personas de Escuintla solicitaron imponer penas desde 57 a 208 años de cárcel contra la supuesta banda.

El supuesto cabecilla es Roberto Javier Guzmán Sotoj, alias el Burra, por quien solicitaron imponer la pena máxima de 208 años de prisión.

El origen de la investigación fue el 22 de julio de 2015, cuando en el interior de la finca San Miguel, en Nueva Concepción, Escuintla, fueron ultimados el guardaespaldas Carlos Saúl Hércules y Pedro Horacio Quiñonez Hernández, entonces candidato a alcalde de San Miguel Dueñas, Sacatepéquez, por la agrupación política Todos.

El día del crimen un grupo ingresó en la casa y asesinó al candidato que había llegado al lugar a negociar ganado, según las pesquisas. Los asesinos huyeron en su automóvil que dejaron abandonado en el kilómetro 100 de la ruta al Pacífico, de acuerdo a la versión de la fiscalía.

Las penas solicitadas

• Roberto Javier Guzmán Sotoj, alias el Burra. 208 años de cárcel
• Henry Giovanni García de la Cruz. 58 años de cárcel.
• René Oswaldo Linares Martínez. 184 años de prisión.
• Marvin Estuardo Barrera Lémus, “el Pichi”. 61 años de cárcel.
• Annette Marisol López Recinos. 58 años de cárcel.
• Nirva Silvana Santizo Castillo. 57 años de cárcel.
• José Rolando González Martínez. 58 años de prisión.
• Nelson Abel Vásquez Sutuc. 58 años de cárcel.
• José Antonio Ramos Suchite. 58 años de cárcel.

Cobraban por muerte

Según las pruebas diligenciadas en el juicio, la estructura se dedicaba a asesinatos por encargo. Las capturas fueron dentro de la operación Fortaleza, que incluyó 18 allanamientos en los departamentos de Guatemala, Petén y Escuintla el 18 de marzo del 2016.

Por cada trabajo, la banda cobró entre Q3 mil a Q5 mil, según la información que recopiló la fiscalía.

En otro hecho, el 4 de febrero último, la banda conspiró para ultimar a una mujer en Ciudad Vieja, Sacatepéquez, y el intento de asesinato a otra mujer en el cantón Voladores, zona 3 de la Escuintla. Las identidades fueron omitidas.

Muertes

Otra de las muertes fue el asesinato de Luis Alberto Cuellar Bethacourt, el 21 de enero del 2016, en su negocio de lavado de vehículos en la calzada Roosevelt 10-53, zona 11.

El enjuiciado Linares Martínez está procesado por el asesinato de Roberta Yanina Bustamante Quintanilla, quien estaba en gestación y fue asesinada de un disparo en la cabeza en la cabecera de Escuintla, también en el 2016.

Detalles

El caso cuenta con el testimonio de un colaborador quien confirmó que la estructura también se dedicaba al tumbe de drogas, extremo aún bajo investigación.

Los acusados enfrentan delitos de asesinato, asociación ilícita, conspiración para cometer asesinato, femicidio en grado de tentativa, parricidio en grado de tentativa, tenencia ilegal de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército y encubrimiento.

Desde que inició el debate, el 4 de junio pasado, ya fueron escuchados los relatos de 21 peritos, 6 testigos técnicos (analistas) y 35 testigos.

En el Tribunal de Mayor Riesgo C finalizan las conclusiones en el juicio a los 9 acusados de integrar la estructura denominada Los Tumbadores.
El @MPguatemala solicita imponer penas de 57 a 208 años de cárcel.
Uno de los casos es el crimen de Pedro Quiñonez, en 2015. pic.twitter.com/ioMHHhFULF

— Kenneth Monzón (@kmonzon_pl) July 25, 2019

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Luego que el fiscal Luis Mejía compareciera con el magistrado Mynor Oxom, vocal de la Sala Primera de Apelaciones de Mayor Riesgo, para ratificar el antejuicio contra el legislador Gustavo Medrano, se conocieron detalles de dos querellas contra la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI).

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“Es importante destacar que, en este caso, la Fiscalía Especial contra la Impunidad, así como mi persona, ha recibido apartamientos derivado a todas las diligencias que se han realizado y a pesar de eso se ha logrado superar cada uno de estos apartamientos”, se refirió Mejía.

Las acciones las interpuso desde el año pasado Acisclo Valladares, ministro de Economía, quien está implicado en este caso, denominado Subordinación del Organismo Legislativo al Ejecutivo.

El fiscal se refirió a que la fiscal General, María Consuelo Porras, rechazó las dos acciones de Valladares para que la Feci y Mejía sea apartados del caso.

Señalamiento

La investigación detalla cómo, presuntamente, en 2014 la entonces vicepresidenta Roxana Baldetti entregaba dinero a diputados en el Congreso para que aprobaran leyes, así como la elección de magistrados para la Corte Suprema de Justicia y Cortes de Apelaciones.

En el caso del diputado Medrano, para el MP pudo haber tenido participación en los hechos y por eso fue planteado el retiro de inmunidad el 6 de mayo pasado.

El documento de la Feci y la Cicig se refiere a que producto de estos pactos, y de esa supeditación del poder Legislativo a las órdenes del poder Ejecutivo, se tomaron diversas decisiones en el Congreso y se sancionaron leyes, entre ellas el 8 de abril de 2014 se aprobó el Decreto 12-2014 Ley de Control de Telecomunicaciones Móviles en Centros de Privación de Libertad y Fortalecimiento de la Infraestructura para Transmisión de Datos.

Dicha ley fue producto de negociaciones entre los empresarios y la entonces vicepresidenta, Baldetti, siendo su versión final impuesta para su aprobación sin cambios por parte de los diputados, señala el ente investigador.

La investigación determinó que los legisladores recibían hasta Q50 mil en un maletín cada dos meses para estar a las órdenes del Ejecutivo.

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Diputado Galdámez, el siguiente

Este viernes se prevé que Mejía vuelva a la Torre de Tribunales para ratificar el antejuicio contra el diputado Estuardo Galdámez, quien fue candidato a la presidencia por el partido oficial Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación).

Ya avanzaron los antejuicios contra los diputados Boris España, Juan José Porras y Haroldo Quej.

Señalados

• Acisclo Valladares Urruela (Ministro de Economía): asociación ilícita, cohecho activo.
• Estuardo Ernesto Galdámez Juárez (diputado y candidato presidencial): Asociación Ilícita, violación a la Constitución, cohecho pasivo, lavado de dinero u otros activos.
• Juan José Porras Castillo (diputado): Asociación ilícita, violación a la Constitución, cohecho pasivo, lavado de dinero u otros activos.
• Mirna Magnolia Figueroa Resen de Coro (diputada): asociación ilícita, violación a la Constitución, cohecho pasivo, lavado de dinero u otros activos.
• Marco Antonio Orozco Arriola (diputado): Asociación ilícita, violación a la Constitución, cohecho pasivo, lavado de dinero u otros activos.
• Boris Roberto España Cáceres (diputado): Asociación ilícita, violación a la Constitución, cohecho pasivo, lavado de dinero u otros activos.
• Haroldo Eric Quej Chen (diputado): Asociación ilícita, violación a la Constitución, cohecho pasivo.
• Gustavo Adolfo Medrano Osorio (diputado): Asociación ilícita, violación a la Constitución, cohecho pasivo.

El fiscal Luis Mejía acude con el pesquisidor Mynor Oxom para ratificar el antejuicio contra el diputado Gustavo Medrano.
El caso es Subordinación del Organismo Legislativo al Ejecutivo.
Además, explica que la fiscal General, Consuelo Porras, rechazó 2 apartamientos en su contra. pic.twitter.com/5ES9VmXu9F

— Kenneth Monzón (@kmonzon_pl) July 25, 2019

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El sindicado, quien es esposo de Silvia García Molina, magistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), se entregó este 25 de julio en el Juzgado de Mayor Riesgo D, que había emitido la orden de captura en su contra.

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Después de una audiencia de primera declaración que duró cinco horas, Aifán no estableció algún indicio de participación de Linares en los hechos.

A las 9.30 horas, Mario Santiago Linares García acudió al Juzgado acompañado de su abogado Juan Guevara, en virtud de la orden de aprehensión vigente desde el 16 de julio pasado por su implicación en el caso Asalto al Ministerio de Salud.

Como la jueza Erika Aifán estaba en una audiencia en el caso Los Huistas, el exdiputado del desaparecido Partido Patriota (PP) esperó en la puerta del Juzgado, en el piso 14 de la Torre de Tribunales.

Poco antes de las 10 horas acudieron dos policías y ejecutaron la orden de aprehensión. “Creo en la justicia”, dijo Linares García antes de ser llevado al sótano, donde fue fichado por la Policía Nacional Civil (PNC).

Pese a que en el sótano la espera puede ser de hasta 20 horas debido a la cantidad de detenidos, el exlegislador pasó de inmediato con el protocolo para ser fotografiado y volvió a subir acompañado de los agentes una hora después a la espera de la audiencia de primera declaración.

A las 12 horas inició la indagatoria. Aifán le tomó los datos y el exdiputado dijo que su profesión es administrador de empresas.

Señalamiento

La fiscal Cinthia Monterroso describió los hechos y los indicios que cuenta la investigación que hizo la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).

“Usted, Mario Santiago Linares García, siendo diputado del Congreso de la República por el departamento de Baja Verapaz, usó sus influencias para favorecer a una empresa en la construcción del Hospital de Rabinal. Se comunicó con los líderes de a organización criminal para la petición de plazas en el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social”, dijo la fiscal Monterroso.

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El señalamiento incluyó la descripción de los delitos tráfico de influencias, cohecho activo y asociación ilícta.

La empresa que fue favorecida para la construcción del hospital fue Construvías, cuyo representante es Gerardo Gustavo Galdámez Orantes, según la fiscal Monterroso.

El exdiputado Linares García “acudía frecuentemente” a la oficina de Jorge Alejandro Villavicencio, entonces titular de la cartera de Salud para que la estructura se organizara a lo interno y se designaran a las personas de la junta de licitación.

Cándida Saraí Villavicencio Delgado, hija de Villavicencio, era quien tomaba las decisiones, de acuerdo con la pesquisa. Se pactó el pago del 20% al 22% como soborno por la adjudicación de la obra el 28 de julio de 2014.

Una de las visitas que hizo el exdiputado estuvo Rafael Mayen Guzmán, quien fue gobernador de Baja Verapaz, y también participó José Estuardo Estévez Cabrera, quien fue asesor del entonces ministro Villavicencio y primo del presidente Jimmy Morales.

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La fiscal recordó que Estévez Cabrera declaró en la Feci diversos detalles del caso.

Plaza

El exlegislador solicitó la contratación de la administradora Carmen Margarita Ochoa Márquez el 8 de mayo de 2013 para una plaza en el Ministerio de Salud.

Se abstuvo

Cuando estuvo en el banquillo de los acusados declaró que entendía poco acerca del proceso penal y que mejor le dejaba su defensa a su abogado Guevara.

El caso es extenso

El próximo 29 de julio se prevé la audiencia de primera declaración a las 19 personas que fueron detenidas.

Después, en agosto, Aifán incluyó en su agenda la audiencia para los primeros 19 citados. Luego, el próximo mes, otros 19 y así hasta completar la cifra de 102, el total de implicados en esta carpeta judicial.

Se espera que las audiencias finalicen en enero próximo.

Después de cinco horas de audiencia de primera declaración, la jueza Erika Aifán decreta falta de mérito a favor del exdiputado Mario Santiago Linares García en el caso #AsaltoAlMinisteriodeSalud.
Hoy se entregó por tener vigente orden de aprehensión. pic.twitter.com/WmYH7lH2tP

— Kenneth Monzón (@kmonzon_pl) July 25, 2019

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La razón por la cual el abogado Diego Chacón Yurrita no enfrentó el debate junto con los tres sentenciados, se debió a que el pasado 8 de julio sufrió quebrantos de salud, razón por la que no pudo ser trasladado  desde la cárcel militar Mariscal Zavala a la Torre de Tribunales.

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Ese día estaba previsto el arranque del debate del caso Odebrecht. El Tribunal de Mayor Riesgo A suspendió la audiencia debido a la inasistencia de la abogada Ana Nichols, quien defendió a Juan Manuel Molina Coronado -condenado a 14 años de prisión y pago de US$1.2 millones-.

Un día después sucedió lo mismo. Chacón Yurrita seguía enfermo y tampoco llegó a la sala de audiencias del Tribunal que preside Yassmín Barrios. Entonces fue separado del debate.

El Tribunal agendó el debate a Chacón Yurrita para enero de 2021. La razón: Existen otros casos previos que ya están agendados y el acusado deberá esperar un año y seis meses.

Lo que sucederá

Como los jueces Barrios, Patricia Bustamante y Gelvi Sical ya conocieron las pruebas y emitieron la sentencia contra Molina, Juan Ignacio Florido -seis años de cárcel y US$9 millones 30 mil de multa-y Jorge Eduardo Antillón Klüssmann -14 años de cárcel y US$245 mil de multa-, se inhibirán.

Los jueces remitirán el expediente a la Cámara Penal para que decida si el debate se realiza en el mismo tribunal, pero con jueces suplentes o traslada el expediente con las pruebas a otro tribunal.

Si lo remiten a otro tribunal el caso se podría retrasar más, debido a la agenda de cada tribunal. Por ejemplo, el Tribunal de Mayor Riesgo C, que preside Pablo Xitumul, ya tiene debates para junio de 2021.

Detenido desde 2016

Chacón Yurrita está en prisión desde el 20 de enero del 2016. Ese día los médicos del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) lo evaluaron debido a que padece de asma y problemas cardíacos.

La jueza Erika Aifán lo procesó y envió a debate por los delitos de asociación ilícita y lavado de dinero u otros activos.

El acusado carece de abogado defensor y utiliza uno del Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP).

El señalamiento a Chacón es porque en febrero de 2013, Sinibaldi realizó una reunión en su casa y presentó a un directivo de Odebrecht con el entonces candidato a la presidencia Manuel Baldizón. Sinibaldi le indicó al directivo de Odebrecht que debía depositar a Baldizón la cantidad de US$3 millones provenientes de los sobornos pactados.

En enero de 2014 Baldizón delegó al abogado Chacón Yurrita para que se encargara de abrir las cuentas y se coordinara con los brasileños para las transferencias.

Reparación digna

Este jueves el Tribunal citó a las partes para la discusión de la reparación digna. El representante de la Procuraduría General de la Nación (PGN) explicará a los jueces los montos debido al daño al Estado.

Después se hará la discusión y por último la sentencia de los jueces.

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En el Juzgado de Mayor Riesgo D, a cargo de Erika Aifán, inició la audiencia de aplicación de beneficios por colaboración eficaz y juicios abreviados. Los casos fueron aceptados para tres procesados y solo para Aparicio fue rechazado debido a un error en el año del hecho.

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La audiencia fue solicitada a comienzos de este año, pero por la agenda de Aifán se había atrasado.

El fiscal Carlos Videz explicó las penas mínimas y los beneficios para los procesados que aportaron detalles acerca de la forma en que Alejandro Sinibaldi, quien fue ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, cobraba sobornos a los empresarios constructores para agilizar el pago de las obras realizadas.

La petición a favor de Herrera Monterroso es la aplicación de criterio de oportunidad por asociación ilícita y el pago de Q25 mil a dos entidades de beneficiencia. Por lavado de dinero u otros activos la pena de tres años de prisión y Q200 mil de multa.

Jegerlehner Morales, el concuño de Sinibaldi, escuchó el beneficio que plantea el Ministerio Público (MP) por asociación ilícita: criterio de oportunidad por asociación ilícita y el pago de Q50 mil a dos entidades de beneficiencia. Además, la suspensión condicional de la persecución penal por el delito de obstaculización a la acción penal.

El fiscal Videz recordó que Jegerlehner ya aceptó la culpa por el delito de lavado de dinero u otros activos y fue condenado a tres años de prisión con la suspensión de la pena.

A favor de Goyzueta Valladares solicitó la suspensión condicional de la pena por tenencia ilegal de armas de fuego y criterio de oportunidad por tenencia ilegal y uso de armas bélicas o de uso del Ejército. Además, el pago de Q10 mil a cuatro instituciones de beneficiencia. Por lavado de dinero u otros activos fue planteado tres años de prisión en juicio abreviado y el pago de Q340 mil de multa.

Los acusados comparecieron a la sala de audiencias junto con sus abogados y aceptaron los hechos relacionados con blanqueo de capitales de Sinibaldi.

Jueza nota equivocación

Cuando el fiscal se pronunció por los beneficios para Aparicio Mejía en relación a ser condenado en juicio abreviado a cinco años de prisión por cohecho activo y el pago de Q500 mil de multa, Aifán notó un error en el año.

Los hechos que explicó Videz se relacionan con 2013, aunque Aifán recordó que la conducta que se le reprocha al procesado Aparicio Mejía es de 2012.

Emplaza al MP

Al notar la equivocación en el año por los hechos en que estuvo involucrado Aparicio Mejía, Aifán emplazó a la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) para en en tres días presente acusación que incluya los indicios para que se discuta si debe enfrentar un debate.

El abogado Juan Guevara se le notó molesto por la decisión de Aifán, aunque en un evento procesal no se puede retrotraer alguna etapa, entonces, el Ministerio Público (MP) debe presentar acusación contra Aparicio Mejía y el plazo vence el próximo viernes a las 14 horas.

La decisión de los otros tres procesados se discutirá el próximo mes, indicó Aifán.

El caso

Las pesquisas de la Fiscalía, en lo que denominaron fase 2 del caso Construcción y Corrupción, dan continuidad a la investigación que presentaron el 14 de julio de 2017, cuando se estableció la existencia de una supuesta estructura corrupta en el Ministerio de Comunicaciones durante el gobierno del desaparecido Partido Patriota y coordinada por el entonces ministro Alejandro Sinibaldi, actualmente prófugo.

Parte de los sobornos dados por los constructores habría llegado a cuentas en entidades fuera de plaza a favor de Sinibaldi, incluso, según declaraciones de testigos, el exministro de Comunicaciones habría amasado en efectivo unos Q100 millones.

La investigación

Videz indicó a que la investigación señala a Sinibaldi como cabecilla de la estructura. “La investigación de este caso se dividió en cuatro ejes: Negocios del Micivi, lavado de activos, financiamiento electoral ilícito y obstaculización a la justicia”, dijo.

Las empresas Constructora Benelli S.A., Agropecuaria y Constructora Agua Azul S.A. y Agropecuaria El Florido S.A. estaban ligadas a Alejandro Sinibaldi Aparicio y eran manejadas por una red de operadores para lavado de dinero u otros activos, según la investigación.

Según el MP, Sinibaldi compró bienes a través de grupos de empresas de cartón. La investigación abarcó tres grupos empresariales, cuyo factor común es que eran controlados por Sinibaldi a través de empleados del grupo ARCQO, trabajadores del Ministerio de Comunicaciones, familiares y amigos. Por ejemplo, una persona que desempeñaba sus labores como bodeguero era el dueño de un lujoso apartamento en el edificio Tiffany, de Sinibaldi.

#ConstrucciónYCorrupción | En el Juzgado de Mayor Riesgo D se desarrolla la audiencia de aplicación de beneficios por colaboración eficaz y juicios abreviados.
Comparecen Carlos Goyzueta, Juan Jegerlehner, Aneliesse Herrera y Jaime Aparicio. pic.twitter.com/nkE6NlbjjC

— Kenneth Monzón (@kmonzon_pl) July 23, 2019

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Los fiscales Alfredo Tejeda y Pablo Barrios finalizaron su argumentación y solicitaron a la jueza de alto impacto, Eva Recinos, que sea procesado por el delito de asesinato el viceministro de Gobernación, Remberto Leonel Ruiz Barrientos.

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La petición también es para los empleados del Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP) Fermín Iván Ortiz Maquín, piloto, y Marvin René Donis Orellana, asistente de atención al público.

Los representantes de la Fiscalía de Derechos Humanos recordaron los indicios que señalan a los tres como autores intelectuales del asesinato, perpetrado en 2012, del sindicalista Manuel de Jesús Ramírez, quien fue secretario de conflictos del Sindicato General de Trabajadores y Apoyo Técnico del IDPP..

Durante la audiencia en el Juzgado de Mayor Riesgo E se reprodujo el relato de una testigo, cuya identidad está en reserva, relacionado con el día del crimen.

Su relato lo brindó el pasado 19 de junio en la sede del Ministerio Público (MP) por videoconferencia. Incluso, ese día usó gafas oscuras, bufanda y una gorra para ocultar su identidad.

“Estoy aquí para que se esclarezca el asesinato de Manuel de Jesús Ramírez”, declaró. Esa grabación de más de una hora está archivada como anticipo de prueba.

“Al señor Manuel lo asesinaron a balazos. Fueron seis balazos por la espalda. Tenía 19 años de conocerlo, era una persona íntegra”, se refirió.

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Durante el testimonio, el viceministro Ruiz Barrientos se levantó y se acercó a una computadora para observar a la mujer que había declarado. En la sala de audiencias solo se escuchó su voz debido a un inconveniente técnico.

La testigo 6, como fue identificada, dijo: “Fue asesinado a raíz de haber fundado el sindicato en el Instituto. Además, tuvo amenazas, represalias y seguimientos. Supe que había demandado y denunciado ante el Ministerio Público, la Procuraduría de los Derechos Humanos y solicitó medidas de seguridad”.

Recordó un incidente con Ronald Joaquín González Vásquez, quien era jefe de seguridad del IDPP, y es quien habría disparado y ya está procesado por asesinato. “El señor Ronald lo amenazó. Fue en el parqueo del Instituto cuando Manuel regresaba de Tribunales en un bus”, dijo la testigo.

Menciona a Stalling y Ruiz

La mujer explicó que Blanca Stalling -quien dirigió el IDPP y actualmente es magistrada separada de la Corte Suprema de Justicia por haber presionado a un juez- y Ruiz le prohibieron a Ramírez ingresar en la entidad debido a que lo destituyeron.

“Blanca Stalling y Remberto Ruiz le prohibieron entrar en Instituto, pero después fue reinstalado y volvió a su cargo”, dijo la testigo 6.

Sigue el próximo mes

Recinos continuará la audiencia de primera declaración el próximo mes, con los alegatos de la defensa.

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Además, se discutirán los informes médicos de Ruiz, debido a que sigue internado en un hospital privado de la zona 2 de Mixco, por supuestos quebrantos de salud.

Testigo ya los señaló

El lunes recién pasado fue reproducido el testimonio de un testigo que señaló Stalling y Ruiz en crimen contra el sindicalista.

Durante la continuación de la audiencia de primera declaración los representantes de la Fiscalía reprodujeron la declaración de una sindicalista del Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP).

“La mayoría de las personas decían que Stalling y Ruiz lo mandaron a matar”. Así resumió una testigo el asesinato a balazos de Ramírez.

Incluso mencionó que el móvil del crimen fue las amenazas de Ruiz al sindicalista, debido a que revisaba el proceso para dirigir la entidad cuando Stalling dejó el cargo y Ruiz tomó las riendas de forma provisional.

“Se rumoraba que Staling y Ruiz habían dado instrucciones de que fuera asesinado Manuel Ramírez. Los roces eran tan fuertes”, declaró la testigo.

En la sala de audiencias del Juzgado de Mayor Riesgo E se reproduce el relato de un testigo relacionado con el crimen del sindicalista. pic.twitter.com/VIre3zyL82

— Kenneth Monzón (@kmonzon_pl) July 23, 2019

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“El Ministerio Público ratifica el antejuicio contra el diputado del Congreso de la República, Haroldo Quej derivado a hechos constitutivos de delitos”, señaló Luis Mejía, de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) del Ministerio Público (MP).

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La ratificación se dio en la Sala Cuarta de Apelaciones Penal, con la magistrada Elisa Victoria Pellecer, pesquisidora nombrada en este caso por la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

El avance de las pesquisas determina que el diputado Quej era un “jefe de línea” que habría organizado a los diputados para aprobar leyes por petición de Roxana Baldetti, quien fue vicepresidenta.

Los posibles delitos cometidos por el legislador podrían ser cohecho pasivo, lavado de dinero u otros activos, asociación ilícita y violación a la Constitución.

“Se considera que pudo haber ostentado la calidad de ‘jefe de línea’ dentro del Congreso. Estructura creada dentro del -cancelado- Partido Patriota en el cual se subordinó el Organismo Legislativo al Ejecutivo”, añadió Mejía.

El fiscal mencionó que se estableció la función que tenía el diputado a su cargo y era avisarle a los diputados que estaban bajo su mando las instrucciones recibidas por el Organismo Ejecutivo, “específicamente por Roxana Baldetti”, y además asistían a su oficina para recoger los sobres con dinero a los cuales les denominaban “champurradas”.

La investigación detalla cómo presuntamente en 2014 la entonces vicepresidenta Roxana Baldetti entregaba dinero a diputados en el Congreso para que aprobaran leyes, así como para la elección de magistrados para la Corte Suprema de Justicia y Cortes de Apelaciones.

Otro antejuicio

Para el MP, el diputado Juan José Porras pudo haber tenido participación en los hechos y por eso se planteó que se le retire la inmunidad el 6 de mayo pasado.

La investigación determinó que ambos legisladores, Quej y Porras, recibían Q50 mil en un maletín cada dos meses.

El documento de la Feci y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala se refiere a que producto de estos pactos y de esa supeditación del poder Legislativo a las órdenes del poder Ejecutivo se tomaron diversas decisiones en el Congreso y se sancionaron leyes, entre ellas el Decreto 12-2014 -Ley de Control de Telecomunicaciones Móviles en Centros de Privación de Libertad y Fortalecimiento de la Infraestructura para Transmisión de Datos-, aprobado el 8 de abril de 2014.

El fiscal Mejía ya ratificó antejuicios contra los diputados Juan José Porras y Boris España, por este caso.

Esta semana deberá comparecer con pesquisidores para ratificar antejuicios contra los diputados Estuardo Galdámez y Gustavo Medrano, quienes también podrían estar involucrados en estos hechos.

El fiscal explica el avance de la investigación. pic.twitter.com/bqiyGfe0sy

— Kenneth Monzón (@kmonzon_pl) July 23, 2019

Los señalados:

• Acisclo Valladares Urruela (Ministro de Economía): por asociación ilícita, cohecho activo.
• Estuardo Ernesto Galdámez Juárez (diputado y candidato presidencial): asociación Ilícita, violación a la Constitución, cohecho pasivo, lavado de dinero u otros activos.
• Juan José Porras Castillo (diputado): asociación ilícita, violación a la Constitución, cohecho pasivo, lavado de dinero u otros activos.
• Mirna Magnolia Figueroa Resen de Coro (diputada): asociación ilícita, violación a la Constitución, cohecho pasivo, lavado de dinero u otros activos.
• Marco Antonio Orozco Arriola (diputado): asociación ilícita, violación a la Constitución, cohecho pasivo, lavado de dinero u otros activos.
• Boris Roberto España Cáceres (diputado): asociación ilícita, violación a la Constitución, cohecho pasivo, lavado de dinero u otros activos.
• Haroldo Eric Quej Chen (diputado): asociación ilícita, violación a la Constitución, cohecho pasivo.
• Gustavo Adolfo Medrano Osorio (diputado): asociación ilícita, violación a la Constitución, cohecho pasivo.

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“La mayoría de las personas decía que Stalling y Ruiz lo mandaron a matar”. Así resumió una testigo el asesinato a balazos de Manuel de Jesús Ramírez, quien fue secretario de conflictos del Sindicato General de Trabajadores y Apoyo Técnico en el Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP).

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La Fiscalía de Derechos Humanos señala a Remberto Leonel Ruiz Barrientos, viceministro de Gobernación, junto con Fermín Iván Ortiz Maquín, piloto del IDPP, y Marvin René Donis Orellana, quien es asistente de atención al público en la entidad, de haber orquestado el crimen que sucedió el 1 de junio de 2012.

El testimonio fue reproducido en el Juzgado de Mayor Riesgo E, a cargo de Eva Recinos. La identidad fue omitida y en el caso solo se conoce como Testigo 3 y se mencionó que es integrante del Sindicato de la entidad.

Una parte del relato de la testigo se centró q que tuvo conocimiento por la hija de la víctima de cómo sucedió el ataque. Aquella mañana Ramírez caminó hasta la 4ª. avenida, 20-51, zona 3, a esperar un autobús. Un hombre “sospechoso” pasó enfrente a él y a su hija y se reía.

Después, otro hombre se acercó y por la espalda le disparó tres veces al sindicalista. Los Bomberos Municipales lo llevaron al Hospital General San Juan de Dios donde falleció. Ronald Joaquín González Vásquez, quien era jefe de seguridad del Instituto, es quien habría disparado y ya está procesado.

“Recuerdo ese día cuando nos dirigimos al hospital. Iba el señor Donis Orellana quien recibió tres llamadas de Blanca Stalling -dirigía la entidad- pero no supe de qué hablaron. Además, habló con periodistas y me sorprendió que ya sabía cómo había sido el ataque. Eso lo supe después cuando hablé con familiares. Eso me pareció extraño”, se escuchó en la sala de audiencias.

La testigo mencionó que Ramírez había interpuesto denuncias contra Ruiz y Stalling por diversos delitos, entre ellos usurpación, amenazas, intimidación, represalias, acoso laboral, entre otros. La testigo 3 también declaró que el sindicalista Ramírez denunció que estaba amenazado a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).

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Motivo

Incluso mencionó que el móvil del crimen fue las amenazas de Ruiz al sindicalista debido a que revisaba el proceso para dirigir la entidad cuando Stalling dejó el cargo y Ruiz tomó las riendas de forma provisional.

“Se rumoraba que Staling y Ruiz habían dado instrucciones de fuera asesinado Manuel Ramírez. Los roces eran tan fuertes”, declaró la testigo.

Otra parte de su testimonio, en anticipo de prueba, se refirió a que una abogada dijo en una oportunidad que en IDPP existía una estructura criminal que era dirigida por Stalling. A la abogada que mencionó eso le dejaron una guirnalda con una moña negra en su casa.

“Manuel Ramírez fiscalizaba las acciones de Stalling y Ruiz y se rumoraba que por eso había sido mandado a asesinar. La mayoría de las personas decía que lo mandaron a matar”, dijo.

Velorio

Un incidente sucedió durante el velorio de Ramírez. Un arreglo de flores fue enviado por Stalling y la viuda dijo “Esa corona díganle que la use para el día de su funeral”. El entierro fue en Santa Elena, Petén.

Los fiscales Alfredo Tejeda y Pablo Barrios describieron los hechos que señalan a los tres por el delito de asesinato.

Contratos en el IDPP

La testigo se refirió a que en el IDPP supo que tenían plaza Roberto Stalling Sierra -hijo de la jueza Marta Sierra de Stalling– así como a Brenda Jeaneth y Marta María Stalling Sierra, familiares de Blanca Stalling.

Devengaban salarios de hasta Q16 mil mensuales.

Se intentó contactar a Blanca Stalling, magistrada separa de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) procesada por haber presionado al juez Carlos Ruano para favorecer a su hijo Otto Molina Stalling, quien fue absuelto en apelación especial en el caso IGSS-Pisa-Chiquimula, aunque sin alguna respuesta.

De igual forma con su hijo, el abogado Roberto Stalling Sierra, para saber su postura por el testimonio, aunque no hubo alguna respuesta.

Los señalados escuchan el relato en la sala de audiencias del Juzgado de Mayor Riesgo E. pic.twitter.com/sGp270ho9H

— Kenneth Monzón (@kmonzon_pl) July 22, 2019

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Por los delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo, violación a la Constitución y lavado de dinero u otros activos, el fiscal Luis Mejía ratificó este lunes la solicitud de antejuicio contra Juan José Porras, diputado del bloque Visión con Valores (Viva).

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“En esta oportunidad el Ministerio Público se ha presentado para ratificar el antejuicio que se ha presentado en contra el diputado Juan José Porras. Esto derivado a los hechos que se consideran delitos y que ha participado”, mencionó el representante de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) del Ministerio Público (MP).

El fiscal Mejía estuvo reunido con el pesquisidor Néctor de León en la Sala Cuarta de Apelaciones Penal desde las 10 de la mañana hasta las 13 horas. El magistrado de León, vocal de la Sala Cuarta de Apelaciones Penal, escuchó los indicios que recabó la Feci.

“Se le hizo una exposición más detallada de los hechos que señalan al diputado Porras y se refirió a cada elemento de convicción con los que ya se cuenta”, añadió el fiscal.

Este es el segundo antejuicio ratificado por el ente investigador ante un pesquisidor. El pasado 11 de julio la pesquisidora Aura Mancilla escuchó el avance de la investigación del caso Subordinación del Organismo Legislativo al Ejecutivo que también vincula al diputado Boris España.

La investigación detalla cómo presuntamente en 2014 la entonces vicepresidenta Roxana Baldetti entregaba dinero a diputados en el Congreso para que aprobaran leyes, así como la elección de magistrados para la Corte Suprema de Justicia y Cortes de Apelaciones.

En el caso del diputado Porras, según el MP, pudo haber tenido participación en los hechos y por eso fue planteado el retiro de inmunidad el 6 de mayo último.

Investigación

El documento de la Feci y la Cicig se refiere a que producto de estos pactos y coimas, y de esa supeditación del poder Legislativo a las órdenes del Ejecutivo, se tomaron diversas decisiones en el Congreso y se sancionaron leyes, entre ellas el Decreto 12-2014, Ley de Control de Telecomunicaciones Móviles en Centros de Privación de Libertad y Fortalecimiento de la Infraestructura para Transmisión de Datos, aprobado el 8 de abril de 2014.

Dicha ley fue producto de negociaciones entre los empresarios y la entonces vicepresidenta, siendo su versión final impuesta para su aprobación sin cambios por parte de los diputados.

La investigación determinó que los legisladores recibían Q50 mil en un maletín cada dos meses.

Otros tres esta semana

El fiscal Mejía indicó que esta semana también deberá ratificar la investigación contra los diputados Haroldo Quej, Gustavo Medrano y Estuado Galdámez, este último fue candidato a la Presidencia por el partido oficialista Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación).

Señalados y delitos

• Acisclo Valladares Urruela (Ministro de Economía): Asociación ilícita, cohecho activo.
• Estuardo Ernesto Galdámez Juárez (diputado y excandidato presidencial): Asociación Ilícita, violación a la Constitución, cohecho pasivo, lavado de dinero u otros activos.
• Juan José Porras Castillo (diputado): Asociación ilícita, violación a la Constitución, cohecho pasivo, lavado de dinero u otros activos.
• Mirna Magnolia Figueroa Resen de Coro (diputada): Asociación ilícita, violación a la Constitución, cohecho pasivo, lavado de dinero u otros activos.
• Marco Antonio Orozco Arriola (diputado): Asociación ilícita, violación a la Constitución, cohecho pasivo, lavado de dinero u otros activos.
• Boris Roberto España Cáceres (diputado): Asociación ilícita, violación a la Constitución, cohecho pasivo, lavado de dinero u otros activos.
• Haroldo Eric Quej Chen (diputado): Asociación ilícita, violación a la Constitución, cohecho pasivo.
• Gustavo Adolfo Medrano Osorio (diputado): Asociación ilícita, violación a la Constitución, cohecho pasivo.

El fiscal explica el señalamiento contra el legislador Porras. pic.twitter.com/oSkDAkMY0O

— Kenneth Monzón (@kmonzon_pl) July 22, 2019

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El diferendo territorial que mantienen los vecinos de Tajumulco e Ixchiguán parece haberse reactivado. El asesinato de un menor de edad provocó molestias entre los pobladores.

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La víctima fue identificada como Luciano Gumercindo López, quien al parecer pastoreaba ovejas. Fue baleado, supuestamente, por vecinos de Ixchiguán.

El incidente aún no ha sido aclarado por las autoridades debido a la dificultad para ingresar.

Además, se reporta la supuesta desaparición de cinco vecinos.

Los vecinos de la aldea Tuichán han informado que la situación está tranquila. Incluso, mencionaron que no hay enfrentamiento entre los pobladores de ambos municipios del altiplano.

Conflicto

La disputa territorial se originó en 1933 con la creación del municipio de Ixchiguán.

Desde entonces se registran usurpaciones de tierra y de nacimientos de agua. Los vecinos de Tuichán y Villa Real, Tajumulco, han protagonizado enfrentamientos.

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El conflicto entre ambas poblaciones está lejos de resolverse por completo, ya que persisten varios desacuerdos en cuanto a los terrenos y condiciones para construir pozos.

Existe una mesa técnica que da seguimiento al conflicto, integrada por 12 instituciones.

El 17 de octubre del 2014 hubo un enfrentamiento entre ambas poblaciones. En ese entonces, el Ministerio Público (MP) reconoció que la zona es lugar sin ley.

En 2017 el Ejecutivo aprobó el Estado de Sitio durante mayo.

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La liberación sucedió este sábado 20 de julio en el océano Pacífico. La tortuga parlama estaba enredada en una red de pesca artesanal.

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La red le impedía sumergirse porque tenía atada la pata delantera derecha.

Guadalupe y Cristopher, de apellido Franco, al notar lo que sucedía detuvieron el motor de su velero y se acercaron a la tortuga.

La subieron al bote y con un cuchillo le quitaron la red. Después la devolvieron al mar.

Ambos participaban en el Torneo Nacional de Dorado que organiza la Asociación Nacional de Pesca Deportiva.

Soldados

El pasado 17 de marzo soldados compartieron fotografías de la liberación de una tortuga parlama que también se había enredado con una red.

La tortuga parlama es una especie marina que llega a medir entre 55 y 75 centímetros.

Su caparazón es verde olivo con forma de corazón y aplanada dorsalmente.

Su comportamiento es que se congregan frente a las playas y anidan solas durante la noche.

El tiempo de incubación de los huevos depende de la especie, el número de huevos, la temperatura y la humedad dentro del nido, para la mayoría de las especies la incubación dura entre 45 y 70 días. Después de nacer, los neonatos tardan entre 3 y 7 días para emerger del nido.

#EjércitoGT a través del Comando Naval del Pacífico durante patrullaje marítimo se localizó una tortuga marina de especie Parlama enredada en restos de redes de pesca. Conscientes de la protección de referida especie en peligro de extinción, fue desenredada y liberada al mar. pic.twitter.com/FsShjG7QVK

— Ejército Guatemala (@Ejercito_GT) March 17, 2019

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El prestigioso periódico estadounidense que se enfoca en economía y negocios publicó este domingo el reportaje “La ciudad guatemalteca que alimenta el éxodo migratorio a América”.

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La historia se centra en Joyabaj, Quiché, que es considerado por el diario como “el epicentro de emigración” y cuya población es de 100 mil habitantes.

El periódico, en su edición digital,  considera que “Guatemala es ahora la mayor fuente de inmigrantes ilegales que llegan a los Estados Unidos”.

Los datos parten de la historia de una maestra  que cuenta que comenzó a notar la ausencia de niños de segundo primaria en la escuela en dónde ella imparte clases. Los niños, cuenta, se fueron con sus padres en búsqueda del sueño americano.

Entre los detalles que incluye el texto se refiere incluso, a casos de parejas de recién casados que planean viajar a Estados Unidos. “para trabajar durante algunos años” y con esto “pagar la educación de los niños y construir una casa”.

“Durante los primeros seis meses de 2019, los Estados Unidos devolvieron a Guatemala 627 deportados de Joyabaj, más que cualquier otro municipio excepto uno”, reporta The Wall Street Journal.

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Datos

El reportaje incluye diversos datos:

• Remesas US$ 9 mil millones el año pasado, lo que representa aproximadamente el 12% del Producto Interno Bruto del país.
• Los guatemaltecos que viven en Estados Unidos donaron US$ 1.5 millones para reconstruir la iglesia católica que casi fue destruida en el terremoto de 1976.
• La detención de guatemaltecos aumentó a unos 236 mil este año.
• La economía de Guatemala ha promediado un crecimiento de 3.4% en los últimos cinco años
• La tasa de homicidios se ha reducido a 22.5 homicidios por cada 100 mil personas.
• La tasa de homicidios en los Estados Unidos fue de 5.3 por 100 mil personas en 2017, según los últimos datos disponibles.

What explains the constant flow of Guatemalan migrants? One reason is President Trump's border-wall promise. Many concluded they had to leave before it was too late. https://t.co/zRQwahTxtv

— The Wall Street Journal (@WSJ) July 21, 2019

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La víctima era estudiante de primer año de la Universidad Carson-Newman, en Jefferson City, Tennessee. El accidente sucedió en un hotel en Monterrico, Taxisco, Santa Rosa.

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La información que fue compartida en sitios de noticias estadounidenses solo reporta que la muerte sucedió el viernes recién pasado.

Andrew Seth nadaba en un hotel y falleció debido a un cortocircuito en la piscina del hotel donde se alojaba, según medios estadounidenses, aunque la versión policial detalla que se ahogó. Su hermana Emma Washam, de 19, resultó herida al trágico accidente.

El sitio ABCNews reportó la muerte de Seth quien estaba en un “viaje corto” a Guatemala con su hermana, Emma, cuando ocurrió el accidente el viernes. La versión es que por un cortocircuito falleció el estudiante.

La versión policial

Prensa Libre consultó a la Policía Nacional Civil (PNC) cuyos agentes documentaron el caso en Santa Rosa. El accidente sucedió el viernes recién pasado a las 11:40 horas en un hotel de Monterrico, Santa Rosa.

La causa de la muerte es asfixia por sumersión. Su hermana, quien resultó herida, comentó a los detectives que Adrew Seth resbaló de las gradas de la piscina y se sujetó de un cable que se rompió y al caer al agua recibió una descarga eléctrica.

La versión fue confirmada también por la administradora del hotel, de nacionalidad nicaragüense.

Estudio

Según una publicación de Facebook de la organización sin fines de lucro cristiana A Hand Up For Women, los hermanos estaban en el país por motivos académicos.

Su padre, Shannon Washam, llegó al país el 14 de julio para unirse a ellos y ahora está atendiendo a su hija mientras recibe tratamiento médico, según la organización.

En la información que fue compartida se detalló que el Departamento de Estado de Estados Unidos está al tanto de los informes sobre la muerte. “Ofrecemos nuestras más sinceras condolencias a la familia por su pérdida”, según un comunicado. “Estamos siguiendo de cerca la investigación de las autoridades locales sobre la causa de la muerte. Estamos dispuestos a proporcionar toda la asistencia consular apropiada. Por respeto a la familia durante este difícil momento, no tenemos más comentarios”.

Su mamá, Jean-Ann Washam, es directora ejecutiva del Ministerio de reparaciones en el hogar Appalachian Outreach de la Universidad.

El colegio cristiano tiene unos dos mil 500 estudiantes y está ubicado a unas 30 millas al este de Knoxville.

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Después que integrantes de ONU-Habitat, el programa de la Naciones Unidas para los asentamientos humanos, y el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) realizaron un recorrido por la zona por la que transitará el Tren Maya en el estado de Campeche, fue comprobado que existen inconvenientes al proyecto de interés para Guatemala.

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Las instalaciones del anterior Ferrocarril del Sureste, como la estación, sus bodegas, talleres y oficinas, así como algunos vagones están en el abandono, según el reporte. Asimismo, las zonas aledañas a la estación del tren se encuentran subutilizadas y no tiene una función definida.

Proyecto

Esta ambiciosa obra deberá entrar en servicio en 2023, dijo el domingo 3 de marzo, el director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Rogelio Jiménez Pons.

En conferencia de prensa en Mérida, capital del suroriental estado de Yucatán, Jiménez Pons instó a acelerar esta obra que recorrerá 1 mil 500 kilómetros de cinco estados: Quintana Roo, Tabasco, Campeche, Chiapas y Yucatán.

Para Guatemala es de interés por la conexión que traería con México.

El Tren Maya es uno de los grandes proyectos del López Obrador -nacido en el suroriental estado de Tabasco-.

Contará con paradas en puntos tan importantes como Cancún -que recibe unos 15 millones de turistas al año- o las ruinas de Palenque, y promete ser un revulsivo para la región cuando termine la construcción, en unos cuatro años.

Millones

El Tren Maya tendrá una inversión de unos US$7 mil 772 millones.

El icónico Tren Maya buscará poner fin a más una década de intentos por parte de otros Gobiernos de detonar el crecimiento en el sur de México, un pozo de recursos naturales y fuente de divisas, pero también de desigualdad y pobreza.

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A las 17.51 horas se inició el despliegue policial junto con auxiliares de las dos fiscalías. El caso se relaciona con la venta de droga al menudeo y explotación sexual de adolescentes.

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Los allanamientos se efectúan en inmuebles ubicados en Ciudad de Guatemala y en Monterrico, Santa Rosa.

Julia Barrera, portavoz del Ministerio Público (MP), informó que se trata de 20 cateos, aunque el caso está en reserva.

“El operativo tiene como finalidad desarticular una estructura criminal vinculada con la trata de personas. Debido a que el caso se encuentra en reserva, no será posible dar mayores detalles, se ampliará la información que sea posible hasta finalizar las diligencias”, compartió el MP en un comunicado.

Discotecas

Una fuente cercana al caso informó que los allanamientos se hacen en la zona turística de Monterrico.

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“Son en negocios y discotecas del área. La investigación surgió por denuncias de venta de droga al menudeo”, refirió el investigador.

En los negocios ofrecen marihuana y cocaína a los visitantes. El caso se amplió debido a los supuestos abusos a adolescentes.

La investigación avanzada perfiló a los integrantes de la estructura por quienes ya fueron autorizadas ordenes de aprehensión.

Agentes

En los allanamientos participan 300 agentes, se informó. Incluso con agentes de la unidad K-9, que están entrenados para olfatear drogas.

El avance de las pesquisas ya suma un año y se sabe que la red de narcomenudeo está integrada por más de 10 personas.

El operativo tiene como finalidad, desarticular una estructura criminal vinculada a la trata de personas.

Ampliaremos. pic.twitter.com/Q05ZGW0v4C

— MP de Guatemala (@MPguatemala) July 20, 2019

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Un grupo de turistas salió esta madrugada de San Pedro La Laguna acompañados del guía Elver Chavajay. Su destino era el mirador “Rostro Maya”, ubicado entre Santa Clara y San Juan la Laguna, de donde se aprecia el lago Atitlán.

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Entre los 23 turistas iba la francesa Lamouroux, de 30 años. El grupo salió temprano para apreciar la salida del sol.

Cuando estaban por llegar al lugar la turista resbaló y cayó a un barranco de unos 150 metros, reportó la 120 compañía de Bomberos Voluntarios.

Debido a la caída la turista falleció. Según el paramédico Tomás Ramírez, su cuerpo presentaba múltiples fracturas, golpes en el cuerpo y en la cabeza.

Rescate dificultuoso

El socorrista Ramírez junto con otros tres compañeros e integrantes de la sede de Nahualá participaron en el rescate del cuerpo.

“El acceso fue difícil. Se usaron lazos y el apoyo de la compañía de Nahualá”, explicó el rescatista vía telefónica.

Jairo Saquiy, jefe de la 120 compañía, explicó que a cada grupo de turistas y a sus guías se les recuerda que deben alejarse de la orilla del barranco.

A las 13:30 horas finalizó el rescate del cerro Rostro Maya o Nariz de Indio, y el cuerpo fue trasladado a la morgue de la cabecera de Sololá para la necropsia e iniciar el trámite de repatriación.

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El segundo este año

El pasado 11 de marzo fue localizado el cuerpo sin vida de Catherine Shaw, de 23 años, la turista británica que falleció debió a una hemorragia derivada de un trauma craneoencefálico. Había desaparecido desde el 5 de marzo último.

Shaw falleció al caer en el mismo sitio donde falleció Lamouroux esta mañana.

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La lluvia que se han registrado esta tarde ocasionó el colapso de drenajes en la cabecera departamental de San Marcos, según lo señalado por la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred).

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La lluvia ya terminó, pero dejó las calles inundadas, reportaron las autoridades. Algunas fotografías, así como videos fueron compartidos.

En las imágenes se observó a varios vehículos en medio de las calles inundadas, dentro de estos hasta una patrulla del lugar.

Además de señalar que no se registran viviendas afectadas, aunque en las imágenes se observan varias casas e incluso la sede de un partido político afectado por la inundación.

Colapso

El delegado de la Conred, Gustavo Arana, informó que el colapso de los drenajes ocasionó la inundación.

La lluvia también ocasionó inundaciones en San Pedro Sacatepéquez, reportaron algunos afectados.

El personal de la comuna local fue informado para iniciar la limpieza.

Además, en San José Pachán, San Lorenzo, San Marcos, cayó granizo.

SAN MARCOS: Delegado departamental de CONRED verifica situación en San Pedro y San Marcos, por ahora la inundación súbita ocasionada por el colapso de drenajes no ha generado daños en viviendas y la lluvia ya finalizó.
Fuente: Gustavo Arana, delegado departamental de CONRED. pic.twitter.com/Re8pWqLvCW

— CONRED (@ConredGuatemala) July 20, 2019

pic.twitter.com/gDAorkEInb

— INSIVUMEH Guatemala (@insivumehgt) July 20, 2019

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Después de tres años, un mes, dos semanas y tres días de estar en la cárcel militar Mariscal Zavala, Rudy Leonel Gallardo Rosales dejó la prisión debido a la decisión del juez Gálvez que le otorgó arresto domiciliario.

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El argumento del Gálvez, quien dirige el Juzgado de Mayor Riesgo B, obedece a los padecimientos que enfrenta el extitular del Registro General de las Personas (Renap).

“Es prudente otorgar la medida sustitutiva”, resolvió Gálvez después de haber escuchado los informes de tres médicos del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) y un médico particular en la sala de audiencias.

Gallardo Rosales padece desde 2015 de fuertes dolores de espalda. Esto derivó a una atrofia muscular, según explicó el médico particular Miguel Rodríguez Argueta, quien ha examinado al exfuncionario en cuatro oportunidades.

“La estructura de la columna vertebral se ha degenerado y hay un deterioro físico”, explicó el médico Rodríguez Argueta.

Llamó la atención que durante la exposición del médico Gallardo alzó la mano derecha y le pidió permiso al juez para ponerse de pie. De inmediato se llevó las manos a la espalda por el fuerte dolor, según dijo.

La decisión de Gálvez de otorgar arresto domiciliar después que Gallardo pasó mil 142 días en prisión también se fundamentó con los reportes de tres traumatólogos del Inacif.

Los médicos Jorge Granados, José Juárez y Jorge Destarac Godoy explicaron durante la audiencia que el padecimiento de Gallardo se puede tratar con un programa de atención física y con la atención de algún terapeuta especializado.

El extitular del Renap fue detenido el 2 de junio del 2016.

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Estará en su casa

Gálvez le explicó a Gallardo que le otorgaba el arresto en su vivienda para su comodidad y que algún terapeuta debía visitarlo.

“Si se requiere la necesidad de salir de su casa debe solicitar el permiso respectivo”, especificó el juzgador.

Procesado por caso Cooptación

Gallardo Rosales está procesado por los delitos de asociación ilícita y cohecho pasivo en el caso Cooptación del Estado de Guatemala, que se conoce en el Juzgado de Mayor Riesgo B, a cargo de Miguel Ángel Gálvez.

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La acusación detalla que favoreció a la empresa Súper Control 24 con un contrato de seguridad en el Renap por Q53.4 millones.

Las pesquisas se derivan de la investigación por el caso de defraudación aduanera denominado La Línea. El MP junto con la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) establecieron un complejo esquema que detallaba toda una maquinaria de lavado de activos meticulosamente diseñada para captar fondos durante la campaña electoral del extinto Partido Patriota (PP) durante 2011, que llevó a la presidencia a Otto Pérez Molina -en prisión- y a su vicepresidencia, Roxana Baldetti Elías -condenada por el caso Agua Mágica-.

Embargo

El Juzgado de Extinción de Dominio ordenó medidas cautelares contra los bienes de Gallardo el 14 de noviembre del 2018. Se destaca una casa en San Isidro, zona 16, que tiene hasta fuente y está valorada en US$285 mil y una casa de playa en Monterrico junto con dos terrenos por Q1.5 millones. También una vivienda en Las Cumbres, zona 16.

Amigo testificó en su contra

El pasado 10 de abril Alejandro Paiz pasó a testificar y mencionó que estudió Ingeniería en Sistemas, al igual que su amigo Gallardo.

Al comienzo de su exposición explicó a la juzgadora que trabajó en una empresa de 1994 a 2013. Después fue el representante de la empresa Multicobros y Procedimientos Informáticos, S.A., “Tuve buena amistad” con Carlos de León Argueta, quien fue fiscal General, dijo el testigo.

La Fiscalía de Extinción de Dominio planteó el testimonio de Paiz centrado en los proyectos que manejó para Gallardo.

Ante la juzgadora recordó que Gallardo le pidió recibir “sobres” que contenían billetes de Miguel Ángel Martínez Solís, exsubsecretario de Asuntos Administrativos y de Seguridad (SAAS), quien ahora es colaborado eficaz y dueño de las empresas de seguridad Grupo Escorpión y Super Control 24.

“Las primeras dos entregas fueron en un hotel y el resto de las entregas en la sede de la empresa Escorpión”, declaró Paiz.

Tres médicos del @INACIFGT y uno particular aegumentan los quebrantos de salud del procesado que intenta dejar la cárcel militar Mariscal Zavala bajo arresto domiciliario. pic.twitter.com/1YdFffxSCn

— Kenneth Monzón (@kmonzon_pl) July 19, 2019

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Las conclusiones de la defensa de Antillón y de las réplicas (respuestas a señalamientos) fueron escuchadas en la sala de audiencias del piso 15 de la Torre de Tribunales.

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Después fue el turno para que los tres acusados le expresaran su última petición a los jueces.

El primero fue Florido, quien utilizó el tiempo de su intervención para quejarse de la forma en que fue tratado por Alejandro Sinibaldi, quien fue ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (Micivi) y tiene orden de aprehensión.

“Soy un peón de Alejandro Sinibaldi. Estoy quebrado moral y financieramente. No sabía que Sinibaldi se iba a convertir en un delincuente”, declaró Florido.

Después, cuando la jueza Yassmín Barrios le preguntó por su petición concreta este dijo: “jamás aperturé alguna cuenta bancaria”.

“Alejandro Sinibaldi está gozando de la plata. Me siento como un peón”, recalcó.

De la misma manera fue el relato de Antillón. “Básicamente aquí estoy como rebote. Fui víctima de Alejandro Sinibaldi. Lo conozco y me utilizó. Me engañó. Usó mi firma para crear proyectos. Le creí y me dejé llevar. Soy un peón de Sinibaldi, me usó y me echó a la basura”, expresó.

Profesional

El abogado y acusado Molina Coronado afirmó en su última petición que no cometió el delito de blanqueo de capitales.

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“Soy inocente, mi trabajo fue estrictamente profesional. Este caso no tiene sustento. Se basa, en mi parte, a declaraciones de un colaborador -Juan Arturo Jeguerlehner, concuño de Sinibaldi- que obtuvo gran beneficio por mencionarme en ese caso”, refirió.

Sigue el lunes

Los jueces finalizaron la audiencia y explicaron que la reanudarán el próximo lunes, 22 de julio, a las 8:30 horas.

Se espera que el debate quede terminado y los jueces se retiren a deliberar. El fallo podría leerse por la tarde de ese día, aunque será a criterio de los jueces.

Las penas que solicitó el MP

El fiscal Hugo González presentó sus argumentos al tribunal esta semana para solicitar las penas en contra de los acusados.

El fiscal solicitó imponer las penas de seis años de prisión por lavado de dinero u otros activos y ocho años de cárcel por asociación ilícita para Molina Coronado y Antillón Klussmann. Además, multas de US$1.2 millones y US$346 mil, respectivamente.

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En el caso de Florido, el representante del MP pidió que fuera condenado a seis años de prisión por lavado de dinero u otros activos y se le imponga una multa de US$9 millones.

La conducta que les reprocha el órgano investigador a los acusados es haber sido representantes de entidades offshore que recibieron las transferencias. El fiscal recordó que Odebrecht hizo transferencias por US$18.4 millones y US$1.2 millones.

Del dinero, Sinibaldi usó US$2.5 millones para la compra de viviendas lujosas, explicó el fiscal González. Los inmuebles ya están inmovilizados por orden del Juzgado de Extinción de Dominio.

El fiscal también recordó la colaboración eficaz de Juan Arturo Jegerlehner, concuño de Sinibaldi, quien detalló las instrucciones de Sinibaldi para la creación de las entidades y los depósitos.

El caso

El juicio comenzó el 8 de julio pasado. Ya declaró el perito Deimer Meléndez Cardona, quien recordó a los jueces que Sinibaldi negoció coimas con la empresa brasileña y con el relato del banquero se confirmaron la forma y los montos.

La investigación del caso surgió por el avance del proceso denominado Construcción y Corrupción, que reveló una estructura criminal liderada por Sinibaldi, quien gestionaba cobros ilegales a cambio de realizar los desembolsos a las entidades contratistas.

Estos cobros, según se ha documentado en la investigación, consistían en porcentajes que oscilaban desde el 5% al 15% del monto de la obra. Una de las entidades que tenía contratos con el Ministerio de Comunicaciones era la constructora Norberto Odebrecht S.A.

"Soy un peón de Alejandro Sinibaldi. Estoy quebrado moral y financieramente. No sabía que Sinibaldi se iba a convertir en un delincuente", dice Juan Ignacio Florido en su última petición previo a la deliberación y lectura del fallo. pic.twitter.com/GIOO7JPLLo

— Kenneth Monzón (@kmonzon_pl) July 19, 2019

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El comienzo del debate contra Juan Carlos Pellecer Agustín se interrumpió dos veces esta semana. El lunes recién pasado fue por la ausencia de su abogado y este jueves porque su abogado solicitó unos días para conocer el caso contra el político.

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El Tribunal de Mayor Riesgo E, presidido por Elvis Hernández y acompañado de los vocales Juan José Jiménez y Abelina Cruz, han sido pacientes.

El lunes pasado Pellecer Agustín estaba sin abogado y entonces fue designado uno del Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP).

Este 18 de julio estaban previsto los alegatos iniciales, aunque sorprendió la presencia del abogado Ángel Arturo Gaitán en la sala de audiencias. Los jueces lo escucharon debido a que solicitó un tiempo prudencial para conocer las pruebas.

El Tribunal suspendió el debate y lo retomará la próxima semana para conocer las primeras pruebas, que se centran a un perito, un testigo y el relato de ocho víctimas.

El caso

La Fiscalía contra el crimen organizado es quien documentó la investigación contra Pellecer Agustín.

El caso surgió en 2011 por denuncias de algunos vecinos de San Juan Sacatepéquez que los integrantes del grupo de vigilantes, conocidos como patrulleros, cometían abusos.

El grupo operó en la colonia Ciudad Quetzal y originalmente estaban para brindar seguridad a la comunidad debido al incremento en los asaltos y robo de viviendas.

El fiscal del caso Haroldo Mendoza explicó que cuentan con suficientes pruebas de que el grupo se desvió de su objetivo original. “Al comienzo solicitaron a los vecinos y dueños de comercios una colaboración. Después la exigencia se convirtió en extorsión”, refirió.

Los vecinos empezaron a pagar Q5 y Q10 mensuales para los gastos de alimentación de los vigilantes de la noche y después llegaron a Q25 y ya en 2012 el cobro mensual fue de Q300.

Lesiones

La investigación detalla que Pellecer Agustín era integrante del grupo de patrulleros que exigía el dinero.

El caso cuenta con el testimonio de ocho vecinos que fueron golpeados y hospitalizados como consecuencia de las heridas al negarse a pagar. Hay seis hombres y dos mujeres que fueron víctimas de las agresiones.

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Incluso, ya hay 16 personas que fueron condenadas en 2016 a penas de 18 años de cárcel por estar involucradas en los cobros.

El político fue procesado por el juez Miguel Ángel Gálvez aunque por diversas acciones logró el arresto domiciliario después de haber sido detenido el 15 de julio de 2012.

¿Quién es?

Juan Carlos Pellecer Agustín compitió con el partido Todos como candidato a alcalde por San Juan Sacatepéquez.

Con esta agrupación política ganó las elecciones a la alcaldía del 16 de junio pasado, aunque el Tribunal Supremo Electoral (TSE) aún no le adjudica el cargo.

El 18 de junio pasado una ráfaga de disparos interrumpió la velada de victoria de Pellecer Agustín.

Cuando pronunciaba su discurso un hombre disparó. Entonces sus guardaespaldas dispararon al aire lo que suspendió la celebración en San Juan Sacatepéquez.

El alcalde electo de este municipio es hijo de Guillermo Pellecer, presidente de la Asociación de Dignatarios que denunció a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC), Gloria Porras, Bonerge Mejía y José De Mata Vela, por una resolución que evitó la expulsión del embajador de Suecia, Anders Kompass.

Su hijo fue condenado

El pasado 1 de junio Juan Carlos Pellecer Carlos, hijo del político, fue condenado a a 12 años de prisión y multa de Q50 mil por el Tribunal de Totonicapán por los delitos de comercio, tráfico y almacenamiento ilícito.

La condena es porque Pellecer Carlos fue detenido el 1 de octubre de 2018 en el kilómetro 181 de la ruta Interamericana cuando conducía un picop en el cual llevaba oculto 25 kilogramos de cocaína.

En el Tribunal de Mayor Riesgo E se interrumpe por cambio de abogado el debate al acusado Juan Carlos Pellecer Agustin, por asociación ilícita y extorsión.
Fue candidato a alcalde en San Juan Sacatepéquez. Es hijo de Guillermo Pellecer, de la Asociación de Dignatarios. pic.twitter.com/7NMKduOmex

— Kenneth Monzón (@kmonzon_pl) July 18, 2019

Delitos

El Código Penal establece las penas. “Artículo 261. Extorsión. Quien, para procurar un lucro injusto, para defraudarlo o exigirle cantidad de dinero alguna con violencia o bajo amenaza directa o encubierta, o por tercera persona y mediante cualquier medio de comunicación, obligue a otro a entregar dinero o bienes; igualmente cuando con violencia lo obligare a firmar, suscribir, otorgar, destruir o entregar algún documento, a contraer una obligación o a condonarla o a renunciar a algún derecho, será sancionado con prisión de seis (6) a doce (12) años inconmutables”.

“Artículo 4. Asociación ilícita. Comete el delito de asociación ilícita, quien participe o integre asociaciones del siguiente tipo: 1. Las que tengan por objeto cometer algún delito o después de constituidas, promuevan su comisión; y, 2. Las agrupaciones ilegales de gente armada, delincuencia organizada o grupos terroristas. Este delito será sancionado con pena de seis a ocho años de prisión, sin perjuicio de las penas asignadas a los delitos cometidos”.

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Detenido y procesado por asesinato, González Vásquez compareció con su abogado Rodolfo Alfredo Lázaro Padilla –condenado en 2016 a cinco años de cárcel, por su implicación en el caso Los Topacio, por despojo de propiedades-.

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Cuando estuvo frente a la jueza Eva Recinos, el señalado amplió su declaración y aseguró que no tuvo enemistad con la víctima, Manuel de Jesús Ramírez, quien fue secretario de conflictos del Sindicato General de Trabajadores de Apoyo Técnico del Instituto de la Defensa Pública Penal.

González Vásquez negó los señalamientos de la Fiscalía de Derechos Humanos, que cuenta con indicios y testimonios de personas que lo vinculan en haber disparado cuatro veces al sindicalista en la zona 3 el 1 de junio de 2012. “Ese día salí de turno y me fui a mi casa”, afirmó el imputado, para solicitar la reforma del delito de asesinato por el de amenazas.

La jueza de Mayor Riesgo E escuchó el relato del señalado y le negó su petición debido a que el procesado se refirió a los testimonios que recabó la Fiscalía como los primeros indicios.

“Estos relatos no pueden ser utilizados como reforma de delito”, determinó la jueza.

Señalamiento a viceministro

La próxima semana seguirá la audiencia de primera declaración de Remberto Leonel Ruiz Barrientos, viceministro de Gobernación, junto con Fermín Iván Ortiz Maquín, piloto del IDPP, y Marvin René Donis Orellana, quien es asistente de atención al público en la referida entidad.

El Ministerio Público (MP) los señala como supuestos autores intelectuales de la muerte de Ramírez.

Los fiscales Alfredo Tejeda y Pablo Barrios ya describieron los hechos esta semana y se espera que en la próxima audiencia fundamenten sus señalamientos para que sean procesados al caso.

El crimen

Ramírez fue muerto a balazos el 1 de junio de 2012 en la 4a. avenida, 20-51, zona 3 capitalina.

La investigación avanzada detalla que Ruiz habría ordenado la muerte del sindicalista cuando fue director ejecutivo y de recursos humanos en el IDPP.

Según el MP, Ruiz se reunió con Ortiz y Donis, quienes le proporcionaron información de la rutina del sindicalista para “asesinarlo”.

Según la investigación, el supuesto motivo para cometer el crimen habría sido que el sindicalista había interpuesto denuncias contra Ruiz, quien intentaba dirigir el IDPP después de la salida de Blanca Stalling -en la actualidad magistrada separada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y procesada por haber presionado al juez Carlos Ruano para que favoreciera a su hijo, Otto Roberto Molina Stalling, en el caso IGSS-Pisa Chiquimula, en el que recientemente obtuvo la absolución en apelación especial-.

En su declaración niega haber asesinado al sindicalista. pic.twitter.com/P1qINpl8uR

— Kenneth Monzón (@kmonzon_pl) July 18, 2019

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“Los acusados realizaron actividades de adquisición, inversión, conversión, transferencia y ocultamiento de dinero de procedencia ilícita”, refirió Hugo González, de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) del Ministerio Público (MP) durante las conclusiones del caso.

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En este caso enfrentan juicio desde hace dos semanas Jorge Eduardo Antillón Klüssmann, Juan Ignacio Florido y Juan Molina Coronado (abogado de Sinibaldi).

El fiscal solicitó imponer las penas de seis años de prisión por lavado de dinero u otros activos y ocho años de cárcel por asociación ilícita para Molina Coronado y Antillon Klussmann. Además, las multas de US$1.2 millones y US$346 mil, respectivamente.

Para Florido el representante del MP pidió que fuera condenado a seis años de prisión por lavado de dinero u otros activos y la multa de US$9 millones.

“En este debate se demostró que existió una estructura criminal en la cual los acusados participaron con roles definidos. La estructura perseguía ganancias ilícitas, utilizaron bancos para intentar lavar el dinero de las coimas que les transfirió la constructora brasileña Odebrecht”, añadió González.

Durante la lectura de las conclusiones, los tres acusados permanecieron atrás de sus abogados.

También se recordó que representantes de la constructora Odebrecht habían negociado con Sinibaldi el pago de sobornos para la adjudicación de la construcción de la carretera al Pacífico, hasta la frontera mexicana.

Al menos US$1.3 millones fueron transferidos a cuentas del excandidato a la presidencia por la cancelada agrupación Libertad Democrática Renovada (Líder), Manuel Baldizón. Eso, dijeron, por instrucciones de Sinibaldi.

“La conducta que se les reprocha a los acusados es haber sido representantes de entidades offshore donde se recibieron las transferencias. El fiscal recordó que Odebrecht transfirió US$18.4 millones y US$1.2 millones.

Del dinero, Sinibaldi usó US$2.5 millones para la compra de viviendas lujosas, explicó el fiscal González. Los inmuebles ya están inmovilizados por orden del Juzgado de Extinción de Dominio.

El fiscal también recordó la colaboración eficaz de Juan Arturo Jegerlehner, concuño de Sinibaldi, quien detalló las instrucciones de Sinibaldi para la creación de las entidades y los depósitos.

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Cicig se adhiere

Luis David Gaytán, mandatario de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) se adhirió a la conclusión del MP.

En su intervención explicó que se comprometió al Estado al otorgar, de forma ilícita, la obra a la constructora brasileña y se cobró millones como coimas.

#CasoOdebrecht | El @MPguatemala finaliza su argumentación y solicita las siguientes penas para los acusados: pic.twitter.com/szfpZL2p1O

— Kenneth Monzón (@kmonzon_pl) July 18, 2019

La defensa expone

La defensa de los acusados Florido y Molina Coronado expusieron sus conclusiones ante el Tribunal.

Los abogados de Molina expusieron que jamás realizaron alguna transacción ilícita y siguieron instrucciones de Sinibaldi. Se refirió a que la creación de cuentas estuvieron bajo las normas avaladas.

El caso de Florido fue similar y hasta rechazaron las supuestas pruebas de blanqueo de capitales debido a la falta de pruebas y el movimiento del dinero. Además, rechazaron la colaboración de Juan Arturo Jegerlehner debido a que fue uno de los acusados en la causa.

Este viernes se espera que finalice sus conclusiones la defensa de Antillón. Después se le otorgará la palabra a cada acusado para su última petición previo a la deliberación y el fallo que podría ser leído por la tarde.

Negociaciones de Sinibaldi con Odebrecht

La investigación del MP y la Cicig deteminó que en diciembre del 2011 se realizó la primera reunión entre Alejandro Sinibaldi y un directivo de Odebrecht en Guatemala. En enero de 2012 Sinibaldi asumió como Ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (Micivi).

A finales de ese año se adjudicó y firmó con Odrebrecht el contrato para la rehabilitación de la ruta existente y ampliación a cuatro carriles de la Ruta CA-2 Occidente, tramo Cocales-El Zarco- Coatepeque-Tecún Umán. En junio de 2013 se inició la ejecución de la obra.

En el caso Construcción y Corrupción los investigadores establecieron que Sinibaldi Aparició pactó un porcentaje de sobornos con representantes de Odebrecht, los cuales debían ser entregados por cuotas cada vez que la empresa recibía los desembolsos provenientes del préstamo internacional. Para desembolsar los pagos a la constructora Odebrecht, el Ministerio de Comunicaciones debía presentar al Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) evidencia de supervisión externa y los documentos debían ser firmados por personal del Micivi registrado en el Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin).

Los pagos para Sinibaldi se harían por medio del Meinl Bank de Antigua y Barbuda, y Sinibaldi indicó a los directivos de Odebrecht que los pagos se harían por medio de Juan Arturo Jegerlehner, su concuño y ahora colaborador eficaz.

La investigación identificó que entidades fuera de plaza (offshore) se utilizaron para realizar contratos por supuestos servicios que nunca fueron prestados, intentando así ocultar el origen ilícito de la recepción del dinero.

Se abrieron cuentas en el extranjero con el fin de transferir los montos ilícitos, enmascarados en los contratos simulados. Se determinó que los beneficiarios de las cuentas eran personas vinculadas a Sinibaldi Aparicio, Manuel Antonio Baldizón Méndez y Carlos Arturo Batres Gil. Del análisis de los documentos financieros surge que Batres Gil recibió US$4.9 millones, producto del pago de sobornos.

Baldizón se benefició

En febrero de 2013, Sinibaldi realizó una reunión en su casa y presentó a un directivo de Odebrecht con Manuel Baldizón. Sinibaldi le indicó al directivo de Odebrecht que debía depositar a Baldizón la cantidad de US$3 millones, provenientes de los sobornos pactados.

En enero de 2014 Manuel Baldizón delegó al abogado Diego Chacón Yurrita para que se encargara de abrir las cuentas y se coordinara con los brasileños para las transferencias.

A partir de junio de 2014 se realizaron transferencias ilícitas a empresas relacionadas con el excandidato presidencial Baldizón.

Baldizón le indicó al delegado de Odebrecht en Guatemala que estaba en campaña presidencial, que sería el próximo presidente y que las empresas que le estaban ayudando, entre ellas Odebrecht, debían apoyar también a la campaña.

Baldizón en coordinación con Sinibaldi y en concierto con los directivos de Odebrecht, recibió en total US$1 millón 360 mil de los US$3 millones pactados en concepto de comisiones ilícitas.

El caso

El juicio comenzó el 8 de julio pasado. Entre las pruebas está la declaración del perito Deimer Meléndez Cardona, quien recordó a los jueces que Sinibaldi negoció coimas con la empresa brasileña y con el relato del banquero se confirma la forma y los montos.

La investigación del caso surgió por el avance del proceso denominado Construcción y corrupción, en donde se reveló una estructura criminal liderada por Sinibaldi, quien gestionaba cobros ilegales a cambio de realizar los desembolsos a las entidades contratistas.

Estos cobros, según se ha documentado en la investigación, consistían en porcentajes que oscilaban desde el 5 al 15%. Una de las entidades que tenía contratos con el Ministerio de Comunicaciones era la constructora Norberto Odebrecht S.A.

En una investigación difundida el 21 de diciembre de 2016 por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, se vinculó a la constructora brasileña con la entrega de sobornos a funcionarios públicos de 12 países, incluido Guatemala.

Las investigaciones de la justicia brasileña condujeron a la ubicación de cuentas bancarias en el extranjero, las cuales utilizaba el Grupo Odebrecht con el fin de realizar los pagos ilícitos relacionados con los contratos firmados.

La Contraloría General de Cuentas realizó un examen especial de auditoría a los aspectos financieros, de cumplimiento y gestión, al contrato adjudicado a la empresa Constructora Norberto Odebrecht, S.A, estableciendo la posible comisión de ilícitos, por lo que se presentó la denuncia en la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci), del Ministerio Público.

El caso construcción y corrupción reflejó los primeros indicios de entidades vinculadas con Sinibaldi Aparicio que actuaron en contubernio con la entidad Norberto Odebrecht.

Tal como demuestran las investigaciones en la región latinoamericana, esta firma realizó prácticas ilícitas por medio del pago de sobornos en los contratos en los que participó.

#CasoOdebrecht | Después de dos semanas de debate el Tribunal de Mayor Riesgo A inicia la parte final con las conclusiones. Expone el @MPguatemala.
Los acusados son Jorge Eduardo Antillón Klüssmann, Juan Ignacio Florido y Juan Molina Coronado (exabogado de Alejandro Sinibaldi). pic.twitter.com/KAXnihtIep

— Kenneth Monzón (@kmonzon_pl) July 18, 2019

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Los jueves Saúl Álvarez, Julio Xitumul y César Amézquita ordenaron la extradición a Estados Unidos de Marvin Estuardo Alfaro Bravo, apodado Stuard, quien fue detective policial.

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El Tribunal Tercero Penal fundamentó su decisión al recordar los indicios que remitió el gobierno estadounidense contra el agente policial.

“Declaramos procedente la extradición”, resolvieron los juzgadores por unanimidad y recordaron que la entrega será en diferido debido a que está procesado en el Juzgado Segundo Penal, que dirige Virginia de León, por comercio, tráfico y almacenamiento ilícito.

Sus tres abogados, Luis Godínez Bravo, Edwin Martínez y Carlos García, indicaron que aún existen vías impugnativas.

Cocaína

El fiscal de Extradiciones, Donato García, recordó las pruebas que remitió la Corte del Distrito Sur de Texas contra Alfaro Bravo.

En el expediente de investigación a Stuard se le conocía como “Casías”, así se hacía llamar según las escuchas telefónicas que documentaron las autoridades estadounidenses.

Alfaro Bravo integró una organización criminal de tráfico de drogas con nexos en Suramérica, Centroamérica y Norteamérica.

Los cargos conspiración para producir, almacenar cinco o más kilogramos de cocaína a sabiendas que su destino sería Estados Unidos.

La investigación abarca de 2008 a 2018 y Stuard integró el grupo de 2016 hasta 2018, puntualizó el fiscal García.

Testigos e incautación

La droga era embarcada en las costas del sur de Colombia y trasladada en lanchas rápidas, buques y embarcaciones hacia Panamá, Costa Rica, Honduras y en Guatemala, específicamente en la costa sur, en Ocos, San Marcos, justo de donde es originario el exdetective.

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También realizaban transporte de droga vía terrestre por Honduras. Después, los cargamentos de cocaína eran remitidos a México para llegar a Estados Unidos.

La investigación cuenta con dos testigos y la interceptación telefónica de una persona involucrada en el caso.

El 2 de julio del 2016 fue incautado un cargamento de 1 mil 272 kilogramos de cocaína en Panamá. El destino de la droga era la organización de Alfaro Bravo.

Millones

Stuard fue detenido en una lujosa vivienda en Mixco valorada en Q5 millones. En la propiedad incautaron vehículos lojosos.

La investigación de la Fiscalía contra la narcoactividad reveló que en total Alfaro Bravo había amasado Q55 millones.

Apoyó a Chamalé

Alfrafo Bravo, conocido como Stuard, integró la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) de la Policía Nacional Civil (PNC).

Una investigación de la Fiscalía detalla que Stuard habría apoyado al extraditado narcotraficante Juan Alberto Ortiz López, alias Chamalé. Incluso, su cercanía era para “moverlo” y trasegar la cocaína. Después, con la extradición y lo “aprendido” fundó su grupo.

El segundo al mando de la organización, según el MP, es el abogado y notario Edwin Alfredo Cifuentes Díaz, a quien conocían como “Primo”.

Lujos

Los automóviles decomisados al supuesto grupo criminal fueron valorados en Q11 millones. El MP aseguró que el total de lo incautado a la estructura llegó a Q55 millones.

Esta semana el @MPguatemala remitió a la #Senabed lujosos vehículos que tenía. pic.twitter.com/rhcyXhu8vO

— Kenneth Monzón (@kmonzon_pl) July 17, 2019

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Por ser improcedente y por el riesgo en influir en la averiguación de la verdad el juez de Mayor Riesgo negó la petición a los procesados en el caso Cooptación del Estado de Guatemala, en el evento denominado La Cooperacha.

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Manuel López Ambrosio, quien fue ministro de la Defensa Nacional, y Juan de Dios de la Cruz Rodríguez López, quien fungió como presidente de la Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), deberán seguir en prisión preventiva en la cárcel militar Mariscal Zavala.

“Es prudente negar la petición. No han variado las condiciones y existe el riesgo a la averiguación de la verdad que es lo más relevante en cualquier proceso penal”, manifestó Gálvez, en la sala de audiencias del Juzgado de Mayor Riesgo B.

El juez rechazó la petición que hizo Rodríguez López, quien fue señalado el martes recién pasado en el caso Asalto al Ministerio de Salud, en el que están señaladas más de cien personas y serán planteados 10 antejuicios contra diputados por actos de corrupción y desvío de fondos millonarios.

El abogado de Rodríguez López había argumentado que la prisión preventiva era excesiva y recordó que su cliente ya tenía más de tres años en prisión. Incluso recordó la reciente apelación especial que otorgó la Sala Tercera de Apelaciones Penal que anuló la sentencia de seis años de cárcel a Rodríguez López en el caso IGSS-Pisa Chiquimula.

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Aún así el juez no vio fundamentos para otorgarle el arresto domiciliario. Mientras Gálvez resolvía, Rodríguez López leía la Biblia.

Gálvez también decretó sin lugar el pedido de López Ambrosio centrado en que el 28 de agosto de 2015 -un año antes de que se conociera el caso Cooptación del Estado de Guatemala– había llegado a la sede central del Ministerio Público (MP) a declarar y ponerse a disposición para colaborar con la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci).

“Mi cliente brindó declaración previa a su captura”, dijo el abogado Héctor Montenegro, quien lo defiende. El juez le dijo que ya se acercaba la etapa intermedia y ahí se podían volver a discutir nuevos pedidos de revisiones.

Ninguno de los militares retirados brindó declaración al respecto de lo resuelto por el juez.

El señalamiento

El MP y la Cicig señalan a los militares de haber aportado miles de quetzales para lujosos y ostentosos regalos para los cumpleaños del entonces presidente de la República Otto Pérez Molina y la entonces vicepresidenta Roxana Baldetti.

Entre los regalos habían yates, inmuebles, vehículos y hasta un helicóptero, un avión y una lujosa vivienda en Roatán, Honduras.

#CooptaciónGT | El juez Miguel Gálvez niega el arresto domiciliario que solicitaron los procesados Manuel López Ambrosio -exministro de la Defensa- y Juan de Dios de la Cruz Rodríguez López. pic.twitter.com/aTPTqvYI45

— Kenneth Monzón (@kmonzon_pl) July 17, 2019

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La Sala Primera de Apelaciones de Mayor Riesgo, presidida por la magistrada Anabella Cardona, declaró sin lugar la recusación del abogado y procesado Moisés Galindo en contra de la jueza de Mayor Riesgo Erika Aifán.

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“Se decreta sin lugar la recusación planteada por ser improcedente. No se duda de la imparcialidad de la juzgadora”, resolvió la Sala durante la audiencia de este 17 de julio.

Con la resolución confirman a la jueza de Mayor Riesgo D para que siga en el proceso denominado Caja de Pandora, en el que está procesado Galindo por supuestos actos de blanqueo de capitales.

Galindo había interpuesto esta recusación debido a que desde noviembre del 2018, durante una audiencia de revisión de medidas de coerción, Aifán se negó a otorgarle la palabra.

El fiscal Luis Mejía recordó el incidente durante la audiencia y explicó que Aifán le mencionó que le iba a otorgar la palabra al final de la intervención del representante de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci).

Esta es la segunda acción en la que Galindo recibe un revés judicial. La semana pasada fue conocida la primera recusación en la Sala Segunda de Apelaciones Penal, que también la rechazó por motivos similares.

Otras recusaciones

Galindo aún tiene otras cuatro recusaciones contra Aifán que serán conocidas en la Sala que preside Cardona, según la agenda de audiencias.

Los hechos señalados indican que Aifán participó en una actividad académica en donde se mencionó el combate a la corrupción el año pasado; también porque Aifán en lugar de notificar vía escrita una resolución lo hizo de forma oral, con un supuesto atraso de dos meses.

Otras recusaciones son por una querella presentada ante el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) presuntamente porque la jueza habría violentado el principio de secreto profesional con su cliente, el capitán Byron Lima -fallecido en la cárcel Pavón en 2016-; y porque Aifán, al saber que enfrenta recusación, no se ha apartado del caso para que sea otro juez quien lo conozca.

“Aún hay otras acciones. Lo que se duda es de su imparcialidad -de Aifán-. No estoy afectando el proceso, sino que exijo un juez imparcial”, expresó Galindo.

El caso

El 3 de septiembre del 2014 el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) desarticularon una red de corrupción dirigida por el fallecido reo Byron Lima Oliva, en la cual participaban altos funcionarios de la Dirección General del Sistema Penitenciario (SP) y personas particulares, quienes obtenían beneficios económicos, producto del traslado de reos, entre otros ilícitos. Derivado de esa investigación varias personas enfrentan proceso penal.

El MP y la Cicig continuaron con la investigación y, a partir de nuevos elementos que han surgido durante el proceso judicial, se han abierto otras líneas de investigación para establecer la participación de otras personas en la red que dirigía Lima Oliva.

La relación entre Lima Oliva y los dirigentes del extinto Partido Patriota (PP), que se debió en gran parte a que compartían formación militar, se consolidó en 2012.

Además, el nombramiento de Mauricio López Bonilla como ministro de Gobernación durante la administración del PP abrió las puertas a Lima Oliva para ejercer poder dentro del SP y pasó a tomar decisiones que le correspondían a un funcionario público en el ejercicio del cargo como nombrar personal dentro de la institución.

En el año 2012, Lima Oliva gestionó el traslado de 127 reclusos a Pavoncito. En su declaración, Alejandra Reyes Ochoa (colaboradora eficaz en este caso, pareja de Lima Oliva), indicó que en el 2012 este le comentó que el coronel retirado Luis Alberto González Pérez, designado director del SP, le dio un mensaje al exministro López Bonilla que consistía en “un regalo” de trasladar a 150 reos a Pavoncito.

Se estableció en las pesquisas que González Pérez avaló los nombramientos de personal sugeridos por Lima Oliva en la Dirección del SP y se convirtió en un operador de la estructura que dirigía Lima Oliva.

Los traslados dependían del perfil económico del recluso y debían ser ejecutados por González Pérez. El mismo año se incrementaron los traslados hacia Pavoncito de una forma exponencial respecto al año anterior, según la investigación.

Durante diligencias de averiguación las autoridades incautaron indicios en el allanamiento realizado a la cooperativa Torre Fuerte, dirigida por Lima Oliva y que operaba en el Centro Preventivo Pavoncito. En la documentación se tenía registro de contrataciones y pagos que requerían personas y entidades externas.

Al realizar un análisis documental, las interceptaciones telefónicas y las declaraciones de Alejandra Reyes, la investigación reveló que uno de los principales contratistas de la cooperativa que dirigía Byron Lima era la comuna capitalina, dirigida por el fallecido alcalde Alvaro Arzú Irigoyen, quien mantuvo su inmunidad a pesar de que la Fiscalía solicitó que se le retirara ese beneficio para investigarlo por este caso.

#CajaDePandora | El abogado y acusado Moisés Galindo espera la resolución en la Sala Primera de Audiencias de Mayor Riesgo donde se discutió una de las 5 recusaciones contra la jueza Erika Aifán.
La Sala Segunda de Apelaciones Penal ya rechazó una apelación similar. pic.twitter.com/pT2aum9dQR

— Kenneth Monzón (@kmonzon_pl) July 17, 2019

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El brasileño, propuesto como testigo por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), explicó que fue designado para abrir las cuentas en Antigua y Barbuda.

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El testigo compareció en la Embajada de Guatemala acreditada en Brasilia, Brasil. El embajador, Julio Armando Martini Herrera, fue la autoridad guatemalteca para acreditar la legalidad de su testimonio durante el debate.

Fue necesaria la ayuda de tres intérpretes para facilitar la traducción del español al portugués. “Hable puntual, pausado y sea directo con sus respuestas. Que nadie más que el intérprete le hable al testigo”, se refirió la jueza Barrios.

Bilinsky explicó al Tribunal de Mayor Riesgo A, presidido por Yassmín Barrios y acompañado de los vocales Patricia Bustamante y Gelvi Sical, que fue la persona que abría las cuentas en el Meinl Bank en Antigua y Barbuda para la recepción del dinero de la constructora brasileña.

Las cuentas fueron creadas por petición del brasileño Marcos Machado, representante de la empresa, indicó. El banquero explicó que toda la información la recibió a través de correos electrónicos.

“En total las cuentas recibieron US$12 millones provenientes de Odebrecht”, declaró el testigo.

Los acusados en este debate son Juan Ignacio Florido, por lavado de dinero; Jorge Eduardo Antillón Klüssmann y Juan Molina Coronado (abogado del prófugo Sinibaldi Aparicio), por asociación ilícita y lavado de dinero u otros activos.

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Los señala

El fiscal Hugo González lideró el interrogatorio para Bilinsky. Las preguntas técnicas se refirieron al tiempo en que trabajó en abrir las cuentas y a la forma habitual en que se crea la cuenta y la importancia del caso, los beneficiarios, entre otros detalles.

“Se le enviaba al cliente los formularios por correo electrónico. Esto para saber si estaba de acuerdo con la apertura de las cuentas. Las firmaba y enviaba el documento”, aseguró el testigo.

En una de las cuentas relacionadas con empresas de cartón y offshore que utilizó Sinibaldi Aparicio -con orden de aprehensión- fue designado como beneficiario Juan Arturo Jegerlehner Morales, concuño del exministro y colaborador eficaz de este caso.

El banquero explicó que en otra cuenta el beneficiario era Antillón Klüssmann. “Sí, él la utilizaba y tenía US$10 mil”, tradujo el intérprete. En la sala de audiencias el acusado que mencionó el testigo estaba cerca de los jueces y se le observó anotando en hojas en blanco.

Otra cuenta estaba vinculada al acusado Molina Coronado en la que fueron depositados US$1.2 millones, dijo el testigo. También recordó a Florido y al acusado Diego Chacón Yurrita, quien fue separado del juicio la semana pasada debido a que estuvo enfermo y la Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP) evitó trasladarlo desde la cárcel militar Mariscal Zavala a la Torre de Tribunales.

Reunión

El banquero dijo que viajó en una oportunidad a Guatemala y se reunió con Machado y Molina Coronado. “Recuerdo que fue la única vez que viajé y estuve en un lugar que no fuera sede de la constructora Odebrecht”, dijo. El fiscal recordó que la reunión fue en una oficina de Sinibaldi, en la zona 10 capitalina.

“En la reunión estuvo Juan Molina Coronado. En una visita a Guatemala estuve en una oficina. Fue la única vez que visité una oficina que no fuera de Odebrecht”, declaró el testigo.

• Interrogatorio

-¿Supo el origen del dinero?, cuestionó el fiscal Hugo González

-Eran recursos provenientes de Odebrecht, respondió el banquero Marco Antonio Bilinsky.

-¿Cuál era el mecanismo para las transacciones de dinero?, inquirió González

-Después de abrir la cuenta y estar autorizada, el interesado hacía el requerimiento o solicitud de transferencia del dinero, era, también, para otras cuentas.

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Solo por correo

Un aspecto de la declaración de Bilinsky fue que respondió “no” a las preguntas si conocía a cada uno de los acusados así como a Sinibaldi Aparicio y a Manuel Baldizón, quien fue candidato a la presidencia por el cancelado partido Libertad Democrática Renovada (Líder).

Esto obedece a que todas las comunicaciones las hizo vía electrónica, afirmó. En relación a Baldizón, la investigación obedece a que Sinibaldi Aparicio le pidió a la constructora que depositara US$900 mil a la campaña del también exdiputado.

Documentos

La jueza Barrios les pidió a los fiscales que le mostraran al testigo los documentos del caso que sustentan la acusación del blanqueo de capitales.

Entonces la fiscal Leslie Rosales le mostró a Bilinsky los documentos originales que remitió Meinl Bank y los proyectó para que el testigo los identificara y comprobara que fueron los que utilizó para abrir las cuentas.

Detalles

El juicio comenzó el 8 de julio pasado. Ya declaró el perito Deimer Meléndez Cardona, quien recordó a los jueces que Sinibaldi negoció coimas con la empresa brasileña, que, con el relato del banquero, se podría confirmar la forma y los montos.

La investigación del caso surgió por el avance del proceso denominado Construcción y Corrupción, que reveló una estructura criminal liderada por Sinibaldi Aparicio, quien gestionaba cobros ilegales a cambio de realizar los desembolsos a las entidades contratistas.

Estos cobros, según se ha documentado en la investigación, consistían en porcentajes que oscilaban entre 5% a 15% del valor de las obras. Una de las entidades que tenía contratos con el Ministerio de Comunicaciones era la constructora Norberto Odebrecht S.A.

En una investigación difundida el 21 de diciembre de 2016 por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos se vinculó a la constructora brasileña con la entrega de sobornos a funcionarios públicos de 12 países, incluida Guatemala.

Las investigaciones de la justicia brasileña condujeron a la ubicación de cuentas bancarias en el extranjero, las cuales utilizaba el Grupo Odebrecht con el fin de realizar los pagos ilícitos relacionados con los contratos firmados.

La Contraloría General de Cuentas realizó un examen especial de auditoría a los aspectos financieros, de cumplimiento y gestión, al contrato adjudicado a la empresa Constructora Norberto Odebrecht, S.A, y estableció la posible comisión de ilícitos, por lo que se presentó la denuncia en la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), del Ministerio Público.

El caso Construcción y Corrupción reflejó los primeros indicios de entidades vinculadas con Sinibaldi Aparicio que actuaron en contubernio con la entidad Norberto Odebrecht.

Tal como demuestran las investigaciones en la región latinoamericana, esta firma realizó prácticas ilícitas por medio del pago de sobornos en los contratos en los que participó.

#CasoOdebrecht | Por videoconferencia declara Marco Antonio Bilinsky, banquero brasileño, quien aperturaba cuentas en el Meinl Bank en las islas Antigua y Barbuda para la recepción del dinero ilícito. Es testigo de la investigación.
Tribunal sigue debate a tres acusados. pic.twitter.com/TVSKpaJzXd

— Kenneth Monzón (@kmonzon_pl) July 15, 2019

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Una detective, cuya identidad fue omitida, declaró en la continuación del juicio que se abrió contra dos personas por la explosión de una bomba en un autobús urbano.

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La agente policial recordó que fue asignada para vigilar a Mirna Elizabeth Juárez Argueta, alias La Rancherita, a quien se le amputaron las manos por la explosión ocurrida la tarde del 21 de enero pasado.

En su testimonio, recordó ante el Tribunal que Juárez Argueta, herida después de la explosión y auxiliada en el Hospital Roosevelt, le pedía utilizar un celular.

“Me dijo que le prestara mi celular. Quería avisar, insistentemente, que ya no se detonara la otra bomba porque esta había salido mal”, declaró la detective, aunque evitó prestarle su teléfono.

Esa supuesta segunda bomba que se supone había sido preparada por integrantes de la mara del Barrio 18 nunca se supo en dónde iba a ser detonada. De hecho, jamás sucedió y la Fiscalía solo cuenta con ese testimonio.

La bomba

La perito Brenda Jeaneth Tello López, experta en explosivos, también declaró en el debate. Ella analizó diversas muestras de metales y plásticos recolectados en el lugar de la explosión y a los pacientes en el hospital.

“Fue una bomba casera”, dijo la perito, quien recordó que fue elaborada con gran cantidad de pólvora acomodada en un tuvo de plástico de unos 10 centímetros de altura. “El explosivo es de baja potencia”, agregó.

Le acomodaron una mecha y La Rancherita fue quien la encendió con un cigarro, según otro testimonio que escuchó el Tribunal.

Tello López también le mostró a los jueces los clavos y tachuelas que tenía la bomba. Incluso, recuperó un anillo. Cuando se le preguntó por el nombre del paciente a quien le habían recuperado el anillo, respondió que se trataba de Juárez Argueta.

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Otro policía que investigó el caso refirió que un adolescente entregó la bomba detonada en el autobús, que dejó a siete personas heridas, a La Rancherita en la zona 1.

El Tribunal Décimo Penal, integrado por Eduardo Maldonado, Vilma Paredes y Magda Martínez, escuchará el testimonio de otros peritos la próxima semana.

La perito muestra uno de los clavos que tenía la bomba. pic.twitter.com/FLoT6IBfoT

— Kenneth Monzón (@kmonzon_pl) July 16, 2019

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Eva Recinos, titular del Juzgado de Mayor Riesgo E, inició la audiencia de primera declaración a tres sindicados de haber planificado el asesinato de un sindicalista del Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP).

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Remberto Leonel Ruiz Barrientos, viceministro de Gobernación, compareció acompañado de tres agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), sus escoltas debido a que aún sigue en el cargo. Llamó la atención que solo usa uno de los grilletes en la mano izquierda.

Desde que allanaron su casa, el 5 de julio pasado, ha estado internado en un hospital privado de la zona 2 de Mixco, debido a supuestos quebrantos de salud.

También fueron señalados Fermín Iván Ortiz Maquín, piloto del IDPP, y Marvin René Donis Orellana, quien es asistente de atención al público en la entidad.

Describen los hechos

Los fiscales Alfredo Tejeda y Pablo Barrios describieron los hechos que señalan a los tres por el delito de asesinato.

El avance de la investigación cuenta con 186 folios y el testimonio de personas cercanas a la víctima, Manuel de Jesús Ramírez, quien fue secretario de conflictos del Secretario General de Trabajadores y Apoyo Técnico en el IDPP.

El asesinato sucedió el 1 de junio de 2012 cuando circulaba por la 4ª. avenida, 20-51, zona 3.

El supuesto autor material ya fue detenido. Se trata de Ronald Joaquín González Vásquez, quien fue el jefe de seguridad en el IDPP, según la investigación de la Fiscalía de Derechos Humanos.

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Planificó el crimen

“Usted Remberto Leonel Ruiz Barrientos preparó la ejecución del sindicalista, por órdenes suyas se concretó el asesinato”, refirió el fiscal Barrios.

El señalamiento se centra a que Ruiz Barrientos, cuando ostentaba el cargo de director ejecutivo y de recursos humanos en el IDPP, tenía denuncias de la víctima quien auditaba la nomina de los candidatos a dirigir el Instituto después de la salida de Blanca Stalling -actualmente magistrada separada de la Corte Suprema de Justicia y procesada por haber presionado al juez Carlos Ruano para que favoreciera a su hijo Otto Fernando Molina Stalling-.

El fiscal Barrios explicó que desde 2009 el sindicalista Ramírez denunció a Ruiz de amenazas de muerte. En su descripción recordó que tenía sospechas que las amenazas también surgían de la entonces directora del IDPP, Stalling.

Describe su historial

El viceministro decidió declarar cuando le otorgaron la palabra. Durante más de una hora describió sus 30 años de carrera de abogado. Incluso recordó que fue juez y secretario del Ministerio Público.

“Nunca tuve ningún problema con integrantes del sindicato, incluso ninguna denuncia. Varias veces no coincidíamos, pero no llegamos a discusiones acaloradas”, se refirió.

En relación a los hechos, el funcionario encargado de los ámbitos administrativos en la cartera de Gobernación solo dijo: “Jamás, jamás en mi vida he tenido una reunión de esa índole para planificar un asesinato”.

El fiscal Barrios lo interrogó y cuando se le cuestionó por los hechos solo dijo que no recordaba.

Durante la audiencia el representante del @MPguatemala explica que Ruiz "ordenó" el asesinato del sindicalista Manuel Ramírez el 1.6.2012.
"El autor fue Ronald Joaquín González -era el jefe de seguridad del @IDPP_gt-", se refiere el señalamiento por el delito de asesinato. pic.twitter.com/MeXTDRktZu

— Kenneth Monzón (@kmonzon_pl) July 16, 2019

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Cuando faltan 25 días para la segunda vuelta electoral que definirá quién será el presidente del país durante los próximos cuatro años, el Cedecon, presidido por el abogado constitucionalista Stuardo Ralón, interpuso un amparo en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) con el cual pide que se ordene al Tribunal Supremo Electora (TSE) utilizar un nuevo software para dar a conocer los resultados preliminares de la votación.

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El abogado estuvo acompañado de los integrantes de la junta directiva de la entidad, José Domingo Paredes y Gregorio Aguilar.

La acción se deriva de las fallas del Departamento de Informática, que dirigía Gustavo Castillo -destituido- y que ocasionaron una investigación en la Fiscalía de delitos electorales y la revisión de 105 mil actas para el cotejo de los votos, algo que aún finaliza y que se desarrolla en el Centro cómputo del TSE.

“El sistema electrónico utilizado en la primera vuelta electoral demostró no ser confiable y evidenció errores de programación, por lo cual dejó dudas en el conteo de resultados”, se refirió Ralón.

El Cedecon intenta que los magistrados de la CSJ le otorguen el amparo, de forma provisional, durante el pleno habitual de esta semana y así que el  TSE esté obligado a dejar de utilizar el sistema que falló en la primera vuelta.

“El amparo es en contra de los magistrados del TSE. Estamos solicitando que se les aperciba para que no utilicen el mismo programa de software que tuvo errores de programación y de algoritmo que alteraron los resultados de la primera vuelta y le fueron presentados a los guatemaltecos”, puntualizó Ralón.

Si el amparo es otorgado, agregó el abogado, la CSJ podrá apercibir a los magistrados electorales que deben tomar la medida para garantizar “la pureza” en la segunda vuelta.

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Investigación

Ralón también solicitó que se profundicen las investigaciones que están en curso, una de ellas en el Ministerio Público.

“¿A qué se deben estas alteraciones?”, cuestionó Ralón para referirse a que la pesquisa que ya avanza con el fiscal José Curruchiche. “Si estas alteraciones fueron de mala fe por algunos digitalizadores o si es un error humano. Queremos que se respete la voluntad del voto”, agregó.

Las fallas en el TSE

Aún se espera que se oficialice si utilizarán el mismo software el próximo 11 de agosto.

• Gran cantidad de actas digitalizadas no cuadraron con el sistema.
• Repetición de datos evidenciaron en la revisión.
• Patrón 21 que repitió los datos de la casilla 11 con la 21, la 12 con la 22 y así hasta la 26.
• La sumatoria final de los datos fue el problema recurrente.}

Integrantes del Centro para la Defensa de la Constitución, @CEDECON_GT, interpone amparo en la Corte Suprema de Justicia, para que el @TSEGuatemala deje de usar el software que "causó problemas" en la primera vuelta #DecisiónLibre2019 y que avancen las pesquisas ya iniciadas. pic.twitter.com/T6KHfi2yaW

— Kenneth Monzón (@kmonzon_pl) July 15, 2019

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“Este juicio ya se va a terminar, pero estoy casi seguro de que les vamos a hacer falta”, bromeó el abogado Óscar Poroj. También pidió disculpas por algunos alegatos, los cuales calificó de fuertes, en el debate que ya tiene 111 audiencias desde que inició el 30 de agosto del 2017.

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El Tribunal Décimo Tercero, integrado por Edna Maxia, Jaime González y Juan Aceituno, rieron cuando escucharon las palabras del penalista en la Sala de audiencias de mayor capacidad, conocida como megasala.

Su conclusión la dividió en tres partes: Administrativo, técnico relacionado con el derecho y la situación por uno de los eventos que enfrenta debate su cliente.

Mientras argumentaba el abogado, Morales se le pudo observar en una orilla del lugar destinado a los acusados.

El señalamiento que tiene a Sammy Morales en el banquillo por fraude y lavado de dinero u otros activos es por dos eventos, supuestamente que no se realizaron, aunque el Registro General de la Propiedad sí pagó.

El Plan Operativo Anual (POA) centrado al pago de Q89 mil 975 por 40 desayunos, refacciones y almuerzos para los integrantes de la Comisión los días 27, 28 y 29 de noviembre del 2013. También el pago de 564 canastas navideñas para el personal.

Morales utilizó la empresa que dirige, Plus Espectáculos y Promociones, para remitir la factura.

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Ataca auditorías

Poroj explicó que el caso surgió por la denuncia que practicaron los auditores de la Contraloría General de Cuentas (CGC) Adolfo Álvarez, Ana Girón y Damaris Méndez, el 30 de noviembre del 2015. También en enero de 2016 con una ampliación.

El penalista explicó que los auditores remitieron sus informes. En uno se lee “copia simple” relacionado con unos documentos que revisaron que fueron enviados por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci). “¿Por qué el fiscal del caso le envió copias simples? Eso es una falencia”, dijo.

“Señores jueces, acá no se presentó una denuncia por eso sino por un hallazgo tipo administrativo”, puntualizó Poroj para intentar desvirtuar el delito de fraude.

Después del receso del almuerzo recalcó en que si no existió fraude, tampoco el blanqueo de capitales.

El fiscal Carlos de León ya solicitó que Morales sea condenado a 11 años de prisión.

En este caso también enfrenta debate su sobrino, José Manuel Morales Marroquín, hijo del presidente Jimmy Morales. También está en el banquillo la exregistradora Anabella de León, supuestamente por haber avalado el contrato irregular de 16 personas que cobraron Q3 millones en salarios sin ir a trabajar al Registro y sus sedes.

#BotínRegistroPropiedad | Tribunal Décimo Tercero Penal escucha las conclusiones del acusado Sammy Morales en la Sala de audiencias de mayor capacidad, megasala.
El @MPguatemala ya solicitó imponer la pena de 11 años de prisión por fraude y lavado de dinero u otros activos. pic.twitter.com/IQCqMakkgP

— Kenneth Monzón (@kmonzon_pl) July 15, 2019

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El juicio a Gustavo Adolfo Mendizabal Mazariegos, quien fue vocal IV en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), continuó con el testimonio de un perito que explicó la extracción de información al celular de la exvicemandataria, Roxana Baldetti.

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Orlando Contreras declaró al Tribunal Octavo Unipersonal Penal, a cargo de Carlos Barrera, que por petición del Ministerio Público (MP) hizo la extracción forense de varios dispositivos, entre ellos un teléfono inteligente blanco que estuvo en manos de Baldetti -condenada el año pasado a 15 años y seis meses de prisión por el caso Agua Mágica-.

“Todas las extracciones forenses se hicieron por petición de la Fiscalía Especial contra la Impunidad. Todo quedó documentado y se entregó un disco duro con la información requerida”, explicó el perito.

La defensa del exmagistrado, a cargo de Carlos Moscoso, se opuso a que fuera escuchado el testimonio del perito debido a que habían supuestas ilegalidades en la obtención de la información.

El juez Barrera le dijo que había quedado grabada su formal protesta y se debía continuar con el diligenciamiento de la prueba.

El contenido

El perito abrió un sobre amarillo en donde se leyó la palabra “evidencia” y sacó el teléfono. “Se muestra la debida cadena de custodia legal en la obtención de la prueba y la extracción”, mencionó el fiscal Carlos de León.

Entre las pruebas de la Feci y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) está la extracción al celular de Baldetti en donde quedaron guardados los mensajes que le compartió a Mendizabal desde el 7 de octubre del 2014, un día antes del último pleno de la CSJ donde fue avalado un amparo.

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El supuesto tráfico de influencias por el que el exmagistrado enfrenta juicio se centra a los mensajes que le compartió a Baldetti.

Mendizabal influyó en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para que otorgaran un amparo a Baldetti y de esta forma revertir la decisión del Tribunal Supremo Electoral (TSE) que suspendió a Baldetti como secretaria del entonces vigente Partido Patriota (PP).

Le ofreció convencer a los magistrados para que le otorgaran el amparo y “a cambio” de que Baldetti hablara con el entonces presidente Otto Pérez Molina para que fuera nombrado como titular de la Procuraduría General de la Nación (PGN).

En el Tribunal Octavo Unipersonal Penal, a cargo de Carlos Barrera, el @MPguatemala interroga a un perito y muestra un celular que utilizó la exvicepresidenta Roxana Baldetti para comunicarse con el acusado, exmagistrado de la #CSJ, Gustavo Adolfo Mendizabal Mazariegos. pic.twitter.com/Evqf0txndR

— Kenneth Monzón (@kmonzon_pl) July 15, 2019

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El hijo del gobernante enfrenta juicio por fraude en forma continuada. La Fiscalía solicitó la semana anterior que fuera condenado a ocho años de prisión inconmutables.

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El abogado Iván Morales explicó en su argumentación relacionada con las conclusiones previo a la deliberación y lectura de la sentencia del caso Botín en el Registro de la Propiedad, que también tiene en el banquillo a Samuel Morales Cabrera, hermano del presidente Morales.

El defensor le recordó al Tribunal Décimo Tercero, presidido por Edna Maxia, que cuando sucedieron los hechos que están en la acusación del Ministerio Público (MP) su cliente “tenía 19 años”.

Además, especificó que al momento de enterarse de la situación regresó de Estados Unidos donde estudiaba.

“Señores jueces, se le pretende decir aquí que haber participado en dos eventos fue un artificio”, dijo Morales y mostró la acusación -que fue admitida por la jueza Silvia de León- en una pantalla.

Como punto central, el abogado de Morales Marroquín se refirió al delito de fraude y recordó que su cliente no es contratista del Estado.

La exnovia

También reprodujo un audio del perito Arturo Adolfo Álvarez Arrecis cuando explicó que no existió un contrato con los eventos de 564 desayunos para el personal del Registro General de la Propiedad -que dirigía Anabella de León, también acusada en este proceso- y las canastas navideñas que se entregaron en 2013 con diferentes productos.

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Como conclusión, el abogado dijo que “el Ministerio Público no es claro ni preciso” en el lugar y la fecha en que está involucrado en la supuesta estructura criminal. “Acá dice que, de noviembre a diciembre de 2013 en la ciudad de Guatemala del departamento de Guatemala, pero no dice qué zona”, se refirió.

El señalamiento contra el hijo mayor del mandatario es porque envió cotizaciones falsas para los eventos por los cuales el Registro pagó Q90 mil.

Los remitió en su correo electrónico a Abdy Andrea Orellana Estrada, quien era su novia. Sus exsuegros Abdi Sucely Estrada García y Mario Estuardo Orellana López enfrentan debate por esta causa y la Fiscalía ya solicitó que sean condenados a ocho y 14 años de prisión, respectivamente.

“No se acreditó quién es Abdy Andrea Orellana Estrada”, se refirió el abogado Morales.

Prensa Libre documentó el 22 de enero de 2017, cuando comparecieron Abdy Andrea Orellana Estrada y su madre Abdy Sucely Estrada García de Orellana en la Torre de Tribunales:

Sammy sigue la próxima semana

La Fiscalía estuvo en descuerdo por la ausencia de la acusada Anabella de León, quien asistió a una cita médica en el Seguro Social, según su abogado Carlos Rodas.

La próxima semana seguirá la defensa de Samuel Morales.

El caso se centra en las supuestas plazas irregulares que avaló De León para 16 personas que derivaron en el supuesto detrimento de Q3 millones. Además, en los eventos que salpican a los Morales.

Defensa de Morales Marroquín explica el delito de fraude. pic.twitter.com/hUd0RAmKKI

— Kenneth Monzón (@kmonzon_pl) July 12, 2019

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La Unidad de asuntos internacionales del Ministerio Público (MP), a cargo de Ángel Pineda, remitió la petición el martes recién pasado en el Juzgado de Mayor Riesgo A, que dirige Claudette Domínguez.

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En el documento, la Fiscalía  solicita a la juzgadora que autorice la “medida urgente de detención provisional con fines de extradición” contra Leal.

Debido a que la jueza realizó la continuación de la audiencia del caso Financiamiento electoral a la Unidad Nacional de la Esperanza, esta semana el expediente aún está en su despacho.

La jueza tiene, por ley, hasta 60 días para resolver cualquier petición. En ese sentido, aún se espera que se fije día y hora para la audiencia, la cual podría ser la próxima semana.

Quedará a criterio de la Fiscalía si la audiencia es pública o se declara en reserva, aunque en el documento solo se puntualizan los datos de identificación del empresario.

En este momento es cuando algún abogado de Leal puede acreditarse ante la judicatura para argumentar o incluso solicitar las actuaciones del caso.

Lo procedente será que jueza resuelva si avala la orden de aprehensión. De ser avalada se debe remitir el expediente a la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para que vía diplomática sea entregado al Ministerio de Relaciones Exteriores y después a la Embajada de Estados Unidos acreditada en el país.

Si por lo contrario, la jueza no avala la orden de aprehensión, existen vías impugnativas.

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Lo que lleva el expediente

Desde el mes pasado el fiscal Andrei González explicó que al tener información del lugar en donde fue ubicado  Leal en Estados Unidos se iniciaron las gestiones para la extradición.

El documento en poder de la jueza solo contiene los datos de identidad de Leal y la copia de las dos órdenes de aprehensión por los casos Traficantes de influencias y Financiamiento a la UNE que siguen vigentes.

Se incluye también una fotografía de Leal.

El caso Traficantes de influencias

La investigación del MP y la Cicig que salpica a Leal Castillo se centró a que integró una estructura operativa que cobraba por la agilización de los expedientes de devolución de crédito fiscal en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).

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El supuesto operador es Giovanni Marroquín Navas, quien mantuvo amistad con funcionarios del órgano recaudador, entre ellos Omar Franco y Carlos Muñoz.

Los funcionarios de la SAT priorizaban ciertos expedientes de devolución de crédito fiscal y a cambio recibían un porcentaje del pago. Marroquín era quien recibía y distribuían los pagos, según la pesquisa.

Leal Castillo junto con Alfredo Muñoz Ledo Carrillo -de la entidad Tres Puertos, S.A.- y el diputado de la bancada Todos, Felipe Alejos -fue interpuesto la petición para retirarle la inmunidad, aunque la Corte Suprema de Justicia rechazó la acción- captaban clientes de las empresas para la devolución del crédito fiscal.

En Financiamiento a la UNE

La ampliación del caso Traficantes de Influencias detectó supuestos movimientos financieros desde las cuentas de la empresa Ingeniería Integral S.A., hacia la entidad MAARIV S.A.

La entidad Ingeniería Integral era manejada por Marlon Estuardo Marroquín Silva, hijo de Giovanni Marroquín Navas, vinculado con el caso La Línea y Traficantes de Influencias. Al rastrear los movimientos de la entidad MAARIV S.A., se detectó que las cuentas supuestamente eran utilizadas por Mario Leal Castillo para el financiamiento ilícito del partido UNE.

Las diligencias de investigación revelaron que la UNE supuestamente utilizó a las empresas MAARIV, S.A., Promotora de Recursos Habitacionales S.A. (PROHABSA) y al Grupo Empresarial San Felipe S.A. como centros de recaudación y administración de recursos externos al partido por medio de una estructura de entidades y una administración paralela de las finanzas oficiales de campaña, de esta forma el partido habría logrado eludir el control sobre los fondos que le aportaron.

Los aportes identificados que no fueron reportados al Tribunal Supremo Electoral por el partido UNE, fueron cuantificados en Q19 millones 531 mil, 753.10.

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El Tribunal Octavo Unipersonal Penal, a cargo de Carlos Barrera, empezó el debate por tráfico de influencias que se sigue contra  Gustavo Adolfo Mendizábal Mazariegos, quien fue vocal IV en la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

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Los alegatos iniciales del fiscal Carlos de León recordaron la investigación de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) en relación a la “incidencia” que tuvo el exfuncionario judicial para que fuera avalado un amparo provisional a favor de la entonces vicepresidenta Roxana Baldetti en el 2014.

El juez Barrera fue estricto en la sala de audiencias. Les pidió a los visitantes a identificarse. Durante el primer día de audiencias Mendizábal Mazariegos fue visto cuando escribía en una tableta. Su abogado Carlos Moscoso recordó que jamás se incidió en ningún magistrado y que la acción de amparo que firmó su cliente fue junto con otros magistrados.

Solo cuando el juez le preguntó si deseaba declarar respondió: “Me abstengo”. Después recordó que tiene 68 años, que vive en Vista Hermosa I, zona 15, que tiene dos hijos y su profesión es abogado y notario.

La mandataria de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), Flor Gálvez, indicó que el exmagistrado influyó en la CSJ para que otorgaran un amparo y de esta forma revertir la decisión del Tribunal Supremo Electoral (TSE) que suspendió a Baldetti como secretaria del entonces vigente agrupación política Partido Patriota (PP).

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Pidió un puesto

La investigación cuyas pruebas se presentan ante el juez sostiene que Mendizábal Mazariegos usó su celular para comunicarse vía la aplicación WhatsApp con Baldetti.

Le ofreció convencer a los magistrados para que le otorgaran el amparo y “a cambio” que Baldetti hablara con el entonces presidente Otto Pérez Molina para que fuera nombrado como titular de la Procuraduría General de la Nación (PGN), explicó Gálvez.

Testigos

Los primeros testigos declararon ante el Tribunal. La primera fue María Cecilia de León Terrón, quien fue secretaria de la CSJ.

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En su relato recordó que explicó el punto del acta para discutir el amparo en contra de los acuerdos 294 y 214 del TSE que suspendió durante seis meses al PP y canceló la inscripción de Baldetti como secretaria de la agrupación.

También declararon los exmagistrados Juan Carlos Ocaña Mijangos, quien recordó que al conocer la acción de amparo decidió inhibirse.

El expresidente de la CSJ, Gabriel Antonio Medrano Valenzuela, recordó al Tribunal que su voto fue en contra. “Consideré que era pertinente que el TSE suspendiera a la agrupación. Estaba en sus capacidades”, dijo.

Decano se retira

Dimas Gustavo Bonilla, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala, quien integró la CSJ, compareció como testigo.

Aunque al ser cuestionado afuera de la sala de audiencias por el caso donde está citado para audiencia de primera declaración relacionado con una plaza irregular en el Ministerio Público (MP) durante la gestión de Thelma Aldana -con orden de aprehensión- decidió retirarse.

Chat

Entre las pruebas está la extracción a los celulares de Mendizábal en donde quedaron guardados los mensajes que le compartió a Baldetti desde el 7 de octubre del 2014, un día antes del último pleno de la CSJ donde fue avalado el amparo.

El debate seguirá la próxima semana con los peritajes de la Feci y la Cicig.

En los alegatos iniciales el representante del @MPguatemala explica los hechos encuadrados al tráfico de influencias. pic.twitter.com/m9AJkqAWsX

— Kenneth Monzón (@kmonzon_pl) July 12, 2019