La Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) fue notificada acerca de la nueva orden de aprehensión contra Alejandro Jorge Sinibaldi Aparicio por el delito de lavado de dinero u otros activos.

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El fiscal Hugo González, de la Feci, así como el Juzgado Undécimo Penal, confirmaron la orden de captura que fue autorizada esta mañana.

Ahora el caso que enfrenta el exfuncionario es por una investigación por el servicio de seguridad en el Transurbano, explicó el fiscal González.

La Feci estableció que durante las pesquisas en el evento de contratación para brindar seguridad en las paradas del Transurbano fueron beneficiadas dos empresas, supuestamente de cartón, de Sinibaldi.

Beneficios

Las compañías son Seguridad ASA, S.A. -por las siglas de su primer nombre y apellidos- y Servicios Marítimos y Aéreos del Norte, S.A., recibieron Q978 mil 794.64, según la pesquisa. “Ese dinero debía ser utilizados para contratar agentes de seguridad para los autobuses en la ciudad de Guatemala”, se informó.

La investigación adelantada detalla que se encontró cheques de esos pagos. Además, hay declaraciones testimoniales y documentos con los que se vincula a Sinibaldi a esas sociedades. En ese período Sinibaldi era diputado del Congreso.

Consultado el fiscal González si plantearía algún antejuicio contra diputados, refirió que aún están por determinar esa decisión, sin aportar más detalles.

Prófugo

Sinibaldi es prófugo de la justicia. Está señalado por el caso Construcción y Corrupción en las fases uno y dos por las que acumula dos órdenes de aprehensión en el Juzgado de Mayor Riesgo D, que dirige Erika Aifán.

Este caso es por haber liderado, según las pesquisas del MP, una red de cobros ilegales exigidos a empresas contratistas del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (Micivi) que se refería a la deuda de arrastre. A cambio, Sinibaldi recibía desde 5 hasta 10 por ciento de comisión.

Más casos

Sinibaldi también es buscado por su participación en el caso Odebrecht, que ya tiene a tres personas condenadas -Juan Manuel Molina Coronado, abogado de Sinibaldi; a Jorge Eduardo Antillón Klüssmann, a 14 años de prisión, y a Juan Ignacio Florido, a seis años de cárcel-.

Esta investigación es por haber negociado con los empresarios de la constructora brasileña en 2013 el pago millonario de un soborno por la adjudicación de un tramo carretero en la costa sur. Incluso, le pidió a los empresarios que depositaran US$3 millones al excandidato a la presidencia Manuel Baldizón -con orden de captura por este caso-.

El último caso que está señalado Sinibaldi es Cooptación del Estado de Guatemala, una trama de los exfuncionarios del extinto Partido Patriota (PP), al que perteneció, que cobraron comisiones a empresas desde 2012 a cambio de contratos gubernamentales. Incluso, el aporte para la compra de regalos ostentosos para el expresidente Otto Pérez Molina y su vicepresidenta, Roxana Baldetti. Este caso fue conocido como La Cooperacha.

Alejandro Sinibaldi tiene vigente otras cuatro ordenes de aprehensión: Dos por el caso Construcción y Corrupción, fases uno y dos; Odebrech; Cooptación del Estado de Guatemala.

— Kenneth Monzón (@kmonzon_pl) September 9, 2019

Bienes embargados

El Juzgado de Extinción de Dominio, a cargo de Rosa López, mantiene embargadas lujosas propiedades de Sinibaldi.

Según la investigación de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, las propiedades eran utilizadas por Sinibaldi como oficinas, bodegas, casa de campaña del PP, y para recreo o convivencia familiar.

También lujosos automóviles que están embargados previo a la investigación y el debate para decidir si pasan a manos del Estado.

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MP reproduce escuchas telefónicas en la audiencia de Sandra Torres por financiamiento no registrado

La jueza Claudette Domínguez reveló el informe la noche de este 6 de septiembre durante la prolongada audiencia de primera declaración para Torres, excandidata presidencial de la UNE detenida por financiamiento electoral no registrado y asociación ilícita.

“En el momento de la evaluación se encuentra en sus facultades mentales y no existe trastorno mental que la pueda incapacitar”, leyó Domínguez de la parte conclusiva del informe.

En otro diagnóstico, el Inacif determinó que la política no tiene padecimientos físicos que ameriten su hospitalización.

Domínguez autorizó una evaluación, siempre a través del Inacif, para que examine a Torres por un dolor en la muñeca que le imposibilita usar grilletes.

Mientras tanto, Torres continuará en prisión provisional en Mariscal Zavala al menos hasta el jueves 12, cuando se reanude la audiencia de primera declaración.

La jueza Claudette Domínguez lee la evaluación psicológica del @INACIFGT a Sandra Torres: "No existe ningún trastorno mental que la pueda incapacitar" por lo que "no amerita su traslado a un hospital". pic.twitter.com/ffXUWPOmaR

— Kenneth Monzón (@kmonzon_pl) September 7, 2019

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El Juzgado de Mayor Riesgo A, que está a cargo de Claudette Domínguez inició la audiencia de primera declaración de Sandra Julieta Torres Casanova. Pasadas las 21 horas, después de 11 horas de indagatoria, la jueza suspendió la audiencia y programó la continuación para el jueves 12 de septiembre.

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Callada y distinta a cuando fue detenida compareció la excandidata presidencial por la agrupación política Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) en 2015 y este año.

En lugar de las gafas oscuras y una manta de colores, con la que se cubrió el rostro el lunes pasado cuando fue detenida en su casa 9 del residencial Maderos I, en el kilómetro 8 de la carretera a El Salvador, usó saco celeste, blusa blanca y anteojos. Llamó la atención una especie de chaleco negro con la que se cubrió las manos donde llevaba los grilletes.

Torres Casanova evitó pronunciarse ante los periodistas cuando compareció a las 8:30 en la Torre de Tribunales después que fue trasladada desde la cárcel militar Mariscal Zavala.

Reproducen escuchas telefónicas

El MP presentó más 100 escuchas telefónicas que le hicieron a Gustavo Alejos en las que habla con Sandra Torres y otras personas.

En cierta conversación, Alejos y Torres hablan de Roberto Dalton, excomisionado del agro de Álvaro Colom, de quien ambos coinciden en que se rehúsa a ser financista.

Alejos se expresó en términos como “Yo confío en el proyecto”, en conversación con Leal Castillo, y “va bien adelante, -Sandra-, no te preocupe”, cuando platicó con Torres.

Las escuchas también apuntan a coordinaciones de un helicóptero para viajes de Torres.

Alejos habló Torres sobre una ronda de conversaciones que tuvo él con Leal Castillo en busca de financistas. En esa charla Alejos dice se expresa optimista y que, en el caso de Tomza, señaló que Manuel Baldizón está ejerciendo una especie de extorsión.

En otra conversación, una persona conmina a Alejos a llevar a Leal Castillo y él se ofrece a presentarle a un funcionario de Terminales de Contenedores Quetzal.

Alejos también le menciona a Torres que lo hubiera incluido en las candidaturas para el Parlacén, así podía optar a inmunidad, pero la excandidata presidencial de la UNE le hace ver que se lo pidió muy tarde.

Horas de vuelo y aportes

Durante la extensa audiencia el fiscal reprodujo varias escuchas telefónicas de los teléfonos de Gustavo Alejos desde abril 2015.

Un detalle del aporte electoral a la UNE que no fue registrado ante las autoridades electorales fue el alquiler de helicópteros para trasladar a Torres Casanova a la provincia a sus mítines.

Alejos llamaba a la excandidata como “Sandrita” aunque las escuchas telefónicas eran en su contra, las comunicaciones eran a otras personas.

El 19 de abril del 2015 Alejos conversa con Torres y le explica que ya tiene el helicóptero listo. “Cuente con ello”, dice Alejos y Torres responde: “Yo salgo el jueves”. Entonces Alejos le dice que ya tiene 100 horas de vuelo y además, “vamos a alquilar una turbina desde Estados Unidos”.

Ese día, Alejos dice: “Creo que sí tenemos que aparecer como financistas, pero mejor aparezco yo”, algo que no sucedió, según las pesquisas de la Fiscalía.

Alejos también conversó con Mario Leal con quien, además, protagonizó reuniones con financistas. El empresario azucarero era conocido como “Patrón”.

“Sí sacamos un montón de dólares, vamos a ganar”, dijo Alejos en una conversación con Torres el 22 de abril del 2015 cuando le había comentado el “éxito” por las reuniones con financistas para aportar a la campaña de la UNE.

Una de las escuchas es la que compartió Prensa Libre en donde Alejos le refiere que un empresario le puede aportar Q40 millones, a lo que Torres le responde asombrada “Tanto dinero tiene”.

La audiencia

La indagatoria en el Juzgado de Mayor Riesgo A comenzó con dos horas de retraso, a las 11 de la mañana, debido a la ausencia de la jueza Domínguez. Cuatro fiscales comparecieron a la audiencia. Rudy Herrera, Carlos Videz, Gilma Guerra y Fernando Aldana, quien investigó el caso en la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci).

Domínguez comenzó con retirar de la sala a la abogada Saraí Flores, de la Procuraduría General de la Nación (PGN) debido a que “no existe agravio al Estado”.

Después la jueza comprobó que los abogados Julio César Salazar y Edgar Leonel Sotomayor renunciaron a defender a la excandidata presidencial. El penalista Erwin Velásquez fue acreditado como nuevo abogado y acompañará a Marco Vinicio Salvatierra y Hugo Patán Ruiz.

El incidente de cuestión prejudicial que planteó el lunes recién pasado Salazar con el argumento que el Ministerio Público (MP) debió esperar a que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) elaborara una denuncia por supuestas anomalías en la financiación de la UNE antes de iniciar las pesquisas. “No a lugar”, dijo la jueza y recordó que la Fiscalía tiene la obligación de la persecución penal.

Dice sus datos

Torres se sentó en el banquillo de los acusados y dijo sus datos personales. “Tengo 63 años, soy soltera, nací en Melchor de Mencos, Petén, y soy licenciada en Ciencias de la Comunicación”, se refirió.

Fue en ese momento en que Torres Casanova se le pudo ver las manos por estar frente a la jueza.

Descripción de hechos

Después le fue otorgada la palabra al fiscal Aldana para la imputación de los hechos. “Debe hacerlo en forma clara y precisa en la fecha”, le advirtió la jueza.

“Usted, Sandra Julieta Torres Casanova, integró y participó en una asociación de financiamiento electoral ilícito”, señaló el fiscal al comienzo de la descripción.

La política fue señalada de haber integrado una organización delictiva que operó en los departamentos de Guatemala, Alta Verapaz, Quiché y Huehuetenango desde abril hasta octubre 2015.

“Integró y participó en una asociación de financiamiento electoral ilícito y financiamiento electoral no registrado para recaudar aportaciones dinerarias para los gastos de la campaña de la Unidad Nacional de la Esperanza en 2015”, se refirió el fiscal Aldana.

“Usted, actuó con Mario Leal -con orden de aprehensión- quien era el encargado de recaudar las aportaciones dinerarias para la agrupación política”, agregó Aldana.

Debido a que "no se ha acreditado un daño al Estado", la jueza Claudette Domínguez retira de la sala de audiencias a la mandataria de la @PGNguatemala, Saraí Flores. pic.twitter.com/TCuRzt8npY

— Kenneth Monzón (@kmonzon_pl) September 6, 2019

Aportes

El señalamiento puntual contra Torres Casanova fue por aportes que no fueron registrados en la UNE del 12 e abril hasta el 16 de julio del 2015.

En total son Q5 millones, 664 mil a través de siete añortes desde Q100 mil hasta Q3 millones.

Atenta

Cuando el fiscal Aldana inició a describir más de 300 medios de convicción se pudo observar a Torres Casanova atenta.

Anotó algunos detalles en una hoja amarilla. Incluso, cuando el fiscal recordó que existen declaraciones testimoniales de Ronaldo Robles, quien fue secretario de Comunicación durante el gobierno de Álvaro Colom Caballeros, su exesposo, se le vio sorprendida.

La misma expresión de asombro tuvo cuando escuchó que existe declaración de Carlos Menocal, quien fue ministro de Gobernación.

Diputados

Nadia de León Torres, diputada del Parlamento Centroamericano (Parlacen), hija de Torres Cassanova, junto con la diputada Karina Paz, acudieron a la sala antes del mediodía.

Incluso Paz enfrenta antejuicio por este caso, debido a que el avance de la investigación detalla que “era la que reunía los aportes dinerarios”.

También compareció el legislador Estuardo Vargas. Ninguno opinó al respecto y solo se les vio cuando saludaron a la excandidata presidencial.

Buscan evitar cancelación

Por el mismo caso, los diputados del partido de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) anunciaron que presentarán un amparo para evitar la cancelación de la agrupación política.

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Ambos son los últimos en juicio por el fraude millonario al Estado por la aplicación de una fórmula “mágica” para sanear la contaminación del Lago de Amatitlán.

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Se trata de Clara Mariel Carvallo Carvallo, por fraude, y Manuel Francisco Sosa Batres, por enriquecimiento ilícito, quienes enfrentan debate en el Tribunal de Mayor Riesgo D.

El fiscal del Ministerio Público Hugo González solicitó imponer cinco años de prisión para cada acusado. Para Sosa Batres, además, una multa de Q50 mil.

“Este es el acto de corrupción que se ha actuado de manera más descarada. Es una burla para el Estado y su administración”, manifestó González, quien agregó: “La corrupción es un flagelo. Honorable Tribunal, el producto no contaba con especificaciones. Era agua oxigenada con cloro. No existe congruencia lógica de por qué se vendió ese producto”.

Por este mismo caso, la exvicepresidenta Roxana Baldetti ya fue condenada a 15 años y seis meses de prisión en el 2018. También otros nueve implicados fueron condenados, entre ellos el hermano de la exfuncioanria, Mario Baldetti, y tres fueron absueltos.

González recordó que entre las pruebas que se conocieron durante el debate está los montos pagados a la entidad M. Tarcic Engineering Limited, cuya representante fue Carvallo Carvallo, quien durante el debate se cubrió el rostro.

Fueron Q22 millones 851 mil 39 los que el Estado le pagó a la referida empresa por la aplicación de la fórmula “mágica” que limpiaría el agua contaminada en el lago de Amatitlán.

“Todo estaba arreglado, la empresa ya tenía preparada las cotizaciones y la documentación para ser la única oferente y ganar el evento que estaba pactado en Q137.8 millones”, concluyó el fiscal Gonazález.

En el caso de Sosa Batres, quien fue director ejecutivo de la Comisión Portuaria Nacional, las pruebas señalan que recibió Q79 mil 762.82 de Tarcic sin justificar.

El debate seguirá la próxima semana con las conclusiones de los abogados defensores de los acusados.

El caso

Ambos acusados fueron detenidos el 23 de febrero del 2016 y procesados por el juez Víctor Ríos el 10 de marzo de ese año, cuando dirigió el Juzgado de Mayor Riesgo C.

Carvallo Carvallo fue ligada a proceso por fraude y Sosa, por enriquecimiento ilícito, en 2016. Durante la discusión de la etapa intermedia el juez Ríos ordenó el archivo del expediente el 27 de febrero del 2017 debido a inconsistencias en los indicios.

Después, Ríos fue trasladado al Juzgado de Diligencias Urgentes y la jueza Silvia de León fue nombrada en el Juzgado de Mayor Riesgo C.

Fue hasta el 15 de mayo del 2018 cuando por las acciones de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), avaladas por la juez De León, se reanudó la persecución penal contra Carvallo Carvallo y Sosa. La investigación culminó con la apertura del juicio.

Como en el primer debate por este caso fue el Tribunal de Mayor Riesgo C, presidido por Pablo Xitumul, el que juzgó a Baldetti y otras 12 personas, la Sala de Apelaciones de Mayor Riesgo designó al Tribunal que dirige Yoc para este otro juicio.

Fiscal solicita imponer 5 años de prisión para cada los acusados, Clara Mariel Carvallo Carvallo y Manuel Francisco Sosa Batres.
El debate seguirá la próxima semana. pic.twitter.com/bEdWAqLeGG

— Kenneth Monzón (@kmonzon_pl) September 4, 2019

Detalles del caso

De acuerdo con la acusación de la Fiscalía, la exvicepresidenta Baldetti lideró una estructura criminal que operaba desde instituciones estatales claves para el tema ambiental y en empresas privadas, con el objetivo de conseguir de forma ilícita la licencia de un proyecto de limpieza y saneamiento del lago de Amatitlán con el cual se beneficiaría económicamente.

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De esta forma habrían logrado que el 28 de noviembre de 2014, de forma fraudulenta, se adjudicara un contrato de saneamiento y limpieza del Lago de Amatitlán a la empresa M. Tarcic Engineering Limited por Q137.8 millones, de los cuales Q22.8 millones ya habían sido pagados para la adquisición de 23 mil litros de la fórmula para sanear el lago.

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El 2 de septiembre, cuando ocurrió el arresto, la defensa alegó que Torres sufre arritmia cardiaca, hipertensión arterial y neuralgia, males por los cuales toma cinco medicamentos, para lo cual necesitaba hospitalización.

De esa forma intentó evitar la prisión provisional, pero Claudette Domínguez, jueza de Mayor Riesgo A, la envió a Mariscal Zavala, donde permanece.

El Inacif, que por orden judicial hizo un examen médico a la política, informó que el estado de salud de ella no amerita hospitalización.

Además, sí diagnosticó depresión, para lo cual Domínguez ordenó que en 48 horas se practique un examen a cargo de un psiquiatra.

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Después de ser detenida en su vivienda y trasladada a Torre de Tribunales, la excandidata a la presidencia por el partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Sandra Julieta Torres Casanova, escuchó los motivos de su detención.

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A las 12 horas con 25 minutos de este lunes, dio inicio la audiencia en el Juzgado de Mayor Riesgo A, a cargo de la jueza Claudette Domínguez.

Torres es acusada por el Ministerio Público (MP) de financiamiento electoral no registrado y asociación ilícita, delitos que habría cometido durante su campaña electoral en 2015 y cuando fungía como secretaria general de su partido, la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).

Audiencia

Torres Casanova siempre estuvo acompañada del defensor Vinicio Salvatierra. Estuvo durante tres horas en el sótano de la Torre de Tribunales, en el área de fichaje de la Policía Nacional Civil (PNC) en donde fue consignada y se hizo el fichaje respectivo de toma de huellas dactilares.

Los Bomberos Municipales acudieron a examinarla por supuestos quebrantos de salud. “Me desmayo, me sofoco”, se alcanzó a a escuchar.

Poco antes de las 12 horas los guardias le informaron que la jueza Domínguez le iba a decir el motivo de detención en la sala de audiencias del piso 14, donde está el Juzgado de Mayor Riesgo A.

La excandidata presidencial siempre utilizó una manta verde con dibujos de flores en el rostro, anteojos oscuros y sudadero negro en la cabeza. Fue hasta que estuvo ante la jueza Domínguez que mostró su rostro.

Por padecer de arritmia cardíaca e hipertensión, el abogado de Sandra Torres, excadidata presidencial por la agrupación política Unidad Nacional de la Esperanza, pide que sea remitida a un sanatorio y no a la cárcel militar Mariscal Zavala.
La jueza Claudette Domínguez lo niega. pic.twitter.com/F8C7pYixAl

— Kenneth Monzón (@kmonzon_pl) September 2, 2019

A cárcel militar

La jueza ordenó una evaluación médica para Torres por médicos del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) y la remitió a la cárcel militar Mariscal Zavala. Domínguez indicó que la audiencia de primera declaración se llevará a cabo el próximo viernes 6 de septiembre durante todo el día.

Domínguez indicó que era viable que se decretara la orden de captura en contra de Torres, debido a que el memorial presentado por su abogado Salvatierra que incluía una copia del pasaporte de Torres tenía una dirección errónea. “Además, existe el riesgo y el peligro de fuga, por eso se ordenó la orden de aprehensión”, le dijo la jueza.

Vinicio Salvatierra, abogado de Torres, se opuso de inmediato al traslado de la excandidata la cárcel Mariscal Zavala y pidió que fuera atendida en un centro de salud privado de la zona 13.

A decir de Salvatierra, Torres padece de “serios” problemas cardíacos, específicamente una arritmia, hipertensión arterial y neuralgia. Además, le especificó que toma cinco medicamentos. “Se le hará una evaluación médica dentro de cuatro horas, yo no soy médico y necesito tener certeza de sus padecimientos”, dijo Domínguez.

Visita de diputados

Los diputados Orlando Blanco, Mario Taracena y Jairo Flores y el exdiputado Selvin García a la sala de audiencias aunque ninguno quiso manifestar algún comentario.

Nadia De León también ingresó en la sala de audiencias. Es hija de Torres y diputada por el Parlamento Centroamericano (Parlacen), aunque tampoco opinó por la detención de su mamá.

Eduardo Velasquez, fiscal de la UNE ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE), especificó que era innecesaria la captura de Torres. “Desde el 6 de agosto se entregó el pasaporte precisamente para evitar la orden de captura. Aunque no la compartimos, la respetamos. Lo que corresponde es que preste su primera declaración”, dijo.

La UNE compartió un comunicado:

NO A LA JUDICIALIZACION DE LA POLÍTICA pic.twitter.com/NNuhRHLnMS

— UNE (@partidoune) September 2, 2019

Sin inmunidad

El abogado Julio Salazar interpuso una exhibición personal a favor de Torres con el argumento de que la jueza Domínguez había sido engañada en su buena fe por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) al solicitar la orden de aprehensión.

Salazar dijo que Torres aún cuenta con inmunidad porque el proceso penal no ha finalizado, pero la jueza explicó que ya fue publicado el decreto 532-2019 del TSE donde declara como ganador a Alejandro Giammattei en la segunda vuelta. Torres se fue a balotaje con Giammattei el 11 de agosto, sin embargo, perdió las elecciones con el 42 por ciento de votos válidos frente al 57.9 por ciento de lo votos obtenidos por Giammattei.

Además, el abogado explicó que el ente electoral no ha especificado denuncia alguna contra la UNE por financiamiento electoral no registrado y que es de ahí donde debe partir la investigación. La jueza le recordó que el caso es ampliación de los casos Aceros y Traficantes de influencias.

Después de una hora con 30 minutos de audiencia, la jueza Claudette Domínguez le indica a la excandidata presidencial Sandra Torres que enviará un médico del @INACIFGT para ser evaluada.
Es remitida a la cárcel militar Mariscal Zavala. pic.twitter.com/9KuD3RKfUr

— Kenneth Monzón (@kmonzon_pl) September 2, 2019

El señalamiento

El señalamiento contra la candidata fue por supuesto financiamiento no registrado y asociación ilícita.

Según el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), Torres Casanova habría gestionó para recibir aportes financieros durante la campaña electoral de 2015. El caso es ampliación de la investigación de Traficantes de influencias donde empresas pagaban por la agilización del crédito fiscal, y que prosiguió con el rastreo del dinero cobrado. En total, los aportes identificados como no reportados ante el TSE por esa agrupación en la pasada campaña sumaron Q19.53 millones. Después, con la ampliación de las pesquisas el financiamiento dudoso subió a Q27 millones.

Las empresas que concentran los aportes no registrados por el partido UNE, según la acusación del MP fueron: Promotora de Recursos Habitacionales (Prohabsa), Maariv y Grupo Inmobiliario Empresarial San Felipe. Las primeras tendrían varias conexiones empresariales con Mario Leal Castillo -prófugo- y la última con el diputado de la UNE, Julio Ixcamey.

Prohabsa habría canalizado fondos por Q5 millones 791 mil 824.35; Maariv, por Q9 millones 64 mil, y Grupo Inmobiliario Empresarial San Felipe, Q4 millones 653 mil 315.

Excandidato comparte mensaje

Carlos Raúl Morales, quien fue candidato a la vicepresidencia por la agrupación política UNE, y compañero de Torres, compartió un mensaje en redes sociales.

Expresé mi solidaridad a la familia de @SandraTorresGUA por los momentos difíciles que atraviesan. Deseo que prevalezcan el respeto al debido proceso y a sus derechos humanos.

— Carlos Raúl Morales Moscoso (@CarlosRaulGt) September 2, 2019

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La detención de la excandidata, Sandra Torres ocurrió cuando permanecía en su vivienda en carretera a El Salvador.

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“Es una persecución política”, dijo Torres en su llegada a la Torre de Tribunales y señaló al presidente electo Alejandro Giammattei.

La Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público con apoyo de la Policía Nacional Civil coordinó la detención de Sandra Julieta Torres Casanova, quien tenía orden girada el pasado viernes por la Juez del Juzgado de Mayor Riesgo A.

La captura fue realizada en la residencial Maderos 2, en el kilómetro 8 de carretera a El Salvador.

Se le sindica por los delitos de financiamiento electoral no registrado y asociación ilícita. Será puesta a disposición del juzgado para resolver su situación legal, informó el Ministerio Público.

La excandidata presidencial Sandra Torres se puso a disposición del Juzgado de Mayor Riesgo A su pasaporte el pasado 16 de agosto.

En la judicatura que conoce el caso de financiamiento electoral ilícito en 2015 para la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), que en principio era de Q19.5 millones, pero que ahora suma Q27.7 millones.

Julia Barrera, vocera del Ministerio Público, confirmó que hay una diligencia en desarrollo, pero mantienen la reserva del caso sin más detalles.

Por estos actos el Ministerio Público pedirá la cancelación del partido UNE ante el Tribunal Supremo Electoral.

Torres tenía orden de aprehensión girada el pasado viernes por el Juzgado de Mayor Riesgo A, por los delitos de financiamiento electoral no registrado y asociación ilícita.

— MP de Guatemala (@MPguatemala) September 2, 2019

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La Dirección General del Sistema Penitenciario anunció que trabajan en el proceso de reforma y mejora salarial, después de que los agentes penitenciarios mostraran su molestia porque aún no han acordado un incremento.

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El presidente Jimmy Morales aprobó hoy un aumento salarial para los agentes de la Policía Nacional Civil y demás servidores públicos de esta institución.

En un comunicado de prensa, el director general del Sistema Penitenciario, Camilo Morales, informó que “actualmente los procedimientos se encuentran en su fase final de aprobación, y se espera que a corto plazo se confirme tan importante logro”.

Agregó que trabajan “para dignificar a hombres y mujeres que cada día efectúan su mejor esfuerzo, en la misión encomendada por una mejor custodia, resguardo y rehabilitación social de las personas privadas de libertad.

El 22 de agosto, el director penitenciario se quejó de la falta de recursos para la construcción de un nuevo centro carcelario cuya construcción podría superar los Q600 millones.

En una citación con diputados explicó la necesidad de fondos.

En Tribunales

Al menos 50 audiencias se suspendieron y reprogramaron debido a la ausencia de reos. Los jueces recibieron la notificación que no habían trasladado sindicados desde las cárceles a la Torre de Tribunales por lo que reprogramaron la continuación de los casos.

Las carceletas del sótano de Tribunales fueron limpiadas por empleados del Organismo Judicial (OJ). “Ya tenían varios meses sin limpiarse”, dijo uno de los guardias que observó a los conserjes cuando lanzaron agua a presión con la manguera para apagar incendios.

Debido a que los guardias de la @DGSPG evitan el traslado de reos desde las cárceles a la Torre de Tribunales en protesta para exigir un aumento salarial, empleados del @OJGuatemala limpian las carceletas. pic.twitter.com/CRZFlGvlsq

— Kenneth Monzón (@kmonzon_pl) August 30, 2019

Vocero explica la situación

Mario Siekavizza, portavoz del OJ, informó que los guardias penitenciarios solo habían trasladado reos desde la cárcel Pavoncito. “Fueron en total 31 reos que sí comparecieron a la Torre de Tribunales. Los jueces están en disposición para realizar las audiencias o reprogramarlas”, informó.

El abogado Nelson Samayoa criticó que los guardias decidieran dejar de trasladar reos. “Esto afecta porque por ejemplo tenía una audiencia de una persona que justo hoy iba a recuperar su libertad y será reprogramada para dentro de un mes o tal vez más tiempo. Los afectados siempre son los acusados”, explicó el penalista.

Mario Siekavizza, portavoz del @OJGuatemala, informa que los jueces siguen a disposición de sindicados en la Torre de Tribunales.
Esto debido a que solo 31 reos comparecieron esta mañana por la decisión de los guardias de la @DGSPG en protesta para pedir aumento salarial. pic.twitter.com/iQGgOWIj9S

— Kenneth Monzón (@kmonzon_pl) August 30, 2019

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Según el MP, se trata de una inversión a plazo fijo que sirvió para obtener la fianza o seguro de cumplimiento del contrato del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (Igss) y la Droguería Pisa de Guatemala S. A., por un monto de Q11 millones 622 mil 703.50 y Q766 mil 255.65, que habrían sido generados como intereses.

La fiscal de Extinción, Lorena Maldonado recordó que la investigación determinó que se trató de una inversión a plazo fijo que estaba destinada para que el Seguro Social avalara un contrato para la atención de los enfermos renales.

“Se trata de una inversión a plazo fijo que sirvió para obtener la fianza o seguro de cumplimiento del contrato del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) y la Droguería Pisa de Guatemala S.A., en concepto de intereses que la primera cantidad generó invertida en una financiera mientras soportaba la garantía de cumplimiento del contrato”, mencionó la fiscal Maldonado.

Investigación

Según las pruebas que recopiló el MP, existieron “diversas irregularidades”, esto permitió que la jueza López avalara la acción de extinción de embargo, tal es el caso de la subcontratación por parte de Pisa de la entidad Medicina Corporativa S. A., completamente ajena al proceso de licitación para prestar el servicio en el IGSS, acción prohibida en el contrato administrativo.

El plazo del contrato entre el IGSS y Pisa era de 24 meses, pero Droguería Pisa decidió contratar bajo otros términos con Medicina Corporativa S.A., acordando que “podía darse por terminado en cualquier momento”.

Indicios

De acuerdo con la investigación de la Unidad de extinción de dominio, Pisa y Medicina Corporativa, suscribieron el contrato privado de prestación de servicios médicos y hospitalarios peritoneal ambulatoria, un día antes del vencimiento de la fecha para presentar oferta de licitación ante el IGSS, lo que denota la premura con la que actuaron y como consecuencia que no estaban preparados para lograr la obtención de la contratación.

Además, durante la ejecución del contrato, también se presentaron anomalías que no fueron debidamente advertidas por las autoridades del IGSS, cuales hubieran permitido reclamar la garantía de seguro de caución de cumplimiento.

Argumento de abogado

David Pineda, abogado de la entidad Pisa, mencionó en sus alegatos que existen ilegalidades en el caso, como la interceptación de llamadas telefónicas. “Eso es algo que no está fundamentado, se entiende que este es un proceso distinto, pero a ninguno de los señalados en el caso IGSS-Pisa-Chiquimula los condenaron en primera instancia y el Ministerio Público no apeló en la segunda instancia”.

Ante la jueza de Extinción de Dominio, Rosa López, se desarrolla el debate para discutir que si pasan a manos del Estado más de Q12 millones en el caso #IGSS-Pisa-Chiquimula
En este caso, en apelación especial, una sala decretó la inocencia de los acusados. pic.twitter.com/N0vL4bs91V

— Kenneth Monzón (@kmonzon_pl) August 27, 2019

Antecedente

En mayo del 2015, la cúpula del Igss fue capturada bajo señalamientos de corrupción por la adjudicación anómala de un contrato por Q116 millones a favor de Droguería Pisa para atender a pacientes con insuficiencia renal.

Las investigaciones revelaron que el contrato estaba plagado de irregularidades y que incluso hubo un pago por la aprobación.

Por este caso el Tribunal Undécimo Penal condenó el año pasado a la exjunta directiva del Seguro Social, que dirigió Juan de Dios de la Cruz Rodríguez a seis años de prisión aunque la Sala Tercera de Apelaciones los declaró inocentes.

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Otros de los señalados son el extitular del Seguro Social, Juan de Dios Rodríguez; Gustavo Alejos,  exsecretario privado de la Presidencia de 2008 a 2012; su esposa, Beatriz Bianchi, y Rafael Escobar.

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Durante la continuación de la audiencia de primera declaración fueron declarados prófugos Manuel de Jesús Palma Palma y Ricardo López Barrientos. Además, el expresidente Otto Pérez informó antes de la audiencia que recibió orden desalojo de una residencia en la zona 15.

El pasado 5 de agosto policías y fiscales los buscaron en sus domicilios y no los ubicaron para comparecer por el señalamiento de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci).

Ese día se conoció el caso Red de poder, corrupción y lavado de dinero, que salpica al expresidente Otto Pérez. También a Gustavo Alejos, su esposa Beatriz Bianchi, y el expresidente de la Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, Juan de Dios de la Cruz Rodríguez.

La audiencia inició con el señalamiento por asociación ilícita, lavado de dinero u otros activos, cohecho pasivo y cohecho activo.

Petición de rebeldía

El fiscal Carlos Videz solicitó que fueran tres los señalados para que se les decretara la rebeldía, que contempla a las autoridades solicitar alertas a la Interpol para ser ubicado.

La juez Aifán explicó que la defensa del acusado William Balz Gallardo compareció a través de un memorial, sin aportar más detalles, por lo que decretarlo en rebeldía no fue autorizado.

Entonces solo Manuel de Jesús Palma Palma y Ricardo López Barrientos fueron declarados en rebeldía.

Señalamiento a los declarados en rebeldía

El fiscal Videz explicó que el señalamiento contra Palma Palma es porque valiéndose de su calidad de abogado y notario, integrante de la firma Tax Central y como asesor jurídico de Balz Gallardo fue uno de los artífices del diseño y gestión del plan para evadir el pago de impuestos por la venta de dos apartamentos de la Casa Margarita.

“Utilizó a terceras personas, en su mayoría trabajadores para la designación de representantes legales. De ese modo, contribuyó a ocultar las transferencias, partícipes, propietarios, poseedores y destinatarios reales de los bienes”, según el señalamiento.

El caso contra López Barrientos es directivo y propietario de la firma Tax Central América. “En el artífice del esquema de entidades off shore que se utilizaron para la venta de acciones, bienes inmuebles y transacciones financieras que tenía como objetivo la compra de los apartamentos en Casa Margarita”.

Por último, el señalamiento contra Balz Gallardo es por ser el dueño de los apartamentos y haber utilizado y creado un esquema para ocultar la venta y evadir el pago de impuestos.

Orden de desalojo

El expresidente Pérez Molina informó antes de ingresar en la sala de audiencias que recibió una orden de desalojo de la vivienda de la zona 15 donde vivió desde 2011 y actualmente es ocupada por su esposa Rosa Leal de Pérez.

Recalcó que firmó un contrato de arrendamiento debido a que el propietario del lugar es Gustavo Alejos a través de una sociedad anónima.

Pérez Molina recordó que el alquiler que pagaba era de US$3 mil dólares mensuales.

Exvicepresidente enfermo

Uno de los citados a este caso es el exvicepresidente Gustavo Adolfo Espina Salguero (1991-1993). Se supo que su abogado informó al Juzgado que está en Estados Unidos enfermo.

Los otros señalados son Gustavo Adolfo Alejos Cámbara, su esposa, Beatris Jansa Bianchi de Alejos, el arquitecto Rafael Escobar Pereira y el expresidente del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) Juan de Dios de la Cruz Rodríguez López.

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A decir de las autoridades, este caso se deriva de casos que ya están en proceso judicial como Construcción y Corrupción, Cooptación del Estado y Negociantes de la Salud.

Fiscal Carlos Videz solicita a la jueza Erika Aifán que se decrete la rebeldía a los señalados William Balz Gallardo, Manuel de Jesús Palma Palma y Ricardo López Barrientos, a quienes no los ubicaron en los allanamientos el 5.8.2019. pic.twitter.com/OHi5JgFvT0

— Kenneth Monzón (@kmonzon_pl) August 26, 2019

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El pesquisidor Edwin Ruano tenía prevista la citación para recibir al diputado Estuardo Galdámez en la Sala Segunda de Apelaciones de Mayor Riesgo para escuchar sus pruebas de descargo por una petición de retiro de antejuicio.

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El Ministerio Público lo señala en el caso Subordinación del Organismo Legislativo al Ejecutivo, en el que varios parlamentarios estarían involucrados.

El diputado Galdámez envió una carta en la que argumenta que tiene “virus en la sangre” y que por esa razón no podría llegar.

Esta es la segunda ocasión en la que presenta una excusa para no asistir, la primera vez fue el 9 de agosto del 2019.

La investigación detalla cómo presuntamente la vicepresidenta Roxana Baldetti entregaba dinero a diputados en el Congreso para que aprobaran leyes, así como la elección de magistrados para la Corte Suprema de Justicia y Cortes de Apelaciones.

Así como Galdámez los antejuicios planteados fueron contra los diputados: Juan José Porras, Haroldo Quej, Boris España, Gustavo Arnoldo Medrano, Mirma Figueroa de Coro, Marco Antonio Orozco y Acisclo Valladares Urruela, actual ministro de Economía y señalado de participar en la supuesta entrega de dinero a los congresistas.

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Según el Tribunal Décimo Tercero Penal no se pudo acreditar la participación ni la intencionalidad de José Manuel Morales Marroquín, ni de Samuel Everardo Morales Cabrera, hijo y hermano del presidente Jimmy Morales, respectivamente, en las irregularidades de los eventos del Registro General de la Propiedad.

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De esta forma, el Tribunal absolvió a los familiares del presidente Morales, para quienes la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) del Ministerio Público solicitaba 8 y 11 años de prisión respectivamente.

El Tribunal explicó que “no se demuestra ninguna intencionalidad” del acusado José Manuel Morales Marroquín “ni beneficio económico” en relación al fraude en forma continuada. Asimismo, indicó que tampoco se acreditó la intencionalidad de Sammy Morales para defraudar al Estado.

El fallo fue dividido. Los vocales Juan Aceituno y Jaime González absolvieron a los familiares del gobernante y el voto razonado lo dictó Edna Maxia, quien preside el Tribunal. “Sí hubo negociaciones ilícitas”, refirió.

#BotínRegistroPropiedad | Para el Tribunal el acusado Sammy Morales "únicamente prestó sus facturas, no existiendo concertación para defraudar". pic.twitter.com/I5Rzb9a2nj

— Kenneth Monzón (@kmonzon_pl) August 19, 2019

Los fiscales del MP los señalaba de simular un evento de compra de alimentos que en realidad fue utilizado para adquirir canastas navideñas para empleados del Registro General de la Propiedad (RGP).

Según el MP, las canastas entregadas a los trabajadores tenían 11 productos y fueron cotizadas en Q159.50. Sin embargo, el RGP pagó Q269 mil 933 a través de tres facturas por 564 canastas, por lo que cada una costó Q478.60, más de tres veces el precio comercial.

Q5 mil para De León

Fue la audiencia 120 desde que comenzó el debate el 30 de agosto del 2017 en el mismo lugar en que finalizó: la megasala, cuya seguridad fue refozada por seis guardias del Organismo Judicial (OJ).

La exdiputada del cancelado Partido Patriota (PP) y exregistradora de la Propiedad, Anabella de León fue absuelta por peculado por sustracción en forma continuada y en su lugar fue culpable de peculado culposo y le dictaron una multa de Q5 mil.

“Es una falta y lo dije siempre, que eran actos administrativos y que no tenía que llegar a lo penal. En mi caso el fallo fue por unanimidad. Fueron tres años de sufrimiento, de mucho dolor, mi madre está muy enferma. Esos son los daños que se sufrieron durante todo este tiempo. Esto debió haber sido un acto administrativo y jamás penal, gracias”, se refirió De León al salir de la megasala.

Posturas

“Tenemos que evaluar bien en las apelaciones que seguramente el Ministerio Público va a apelar como siempre ha apelado. Veremos qué sucede. Los procesos legales tienen sus etapas y nosotros hemos sido respetuosos siempre”, se refirió Sammy Morales.

Después se refirió a que el fallo, dividido, se fundamentó en un informe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig). “Es interesante y todavía con mayor mérito que el mismo trabajo de los especialistas de la Cicig que hayan determinado asuntos que nos exculpan. Nosotros siempre dijimos, nos hemos puesto a disposición de tribunales, nos hemos puesto a disposición del Ministerio Público y la Cicig, nosotros mismos llegamos y dijimos, señores no es una factura, son tres, aquí están y luego cuando pasamos tres años de proceso, podemos evaluar que las únicas pruebas en contra son las piezas de evidencia que nosotros mismos propusimos”, añadió el hermano del gobernante.

Morales Marroquín solo dijo: “Esto ya se terminó”.

Los representantes de la Feci que acudieron a la audiencia evitaron brindar alguna declaración y solo indicaron que se iba a analizar el fallo en la Unidad de impugnaciones.

Argumentación

Para dictar fallo absolutorio el Tribunal, dividido, usó un informe del analista de la Cicig, Héctor Blanco. Los jueces indicaron que el experto recordó que Morales Marroquín envió un correo electrónico a Abdy Andrea Orellana Estrada, quien era su novia en 2013, con dos cotizaciones para uno de los eventos por el pago de 564 desayunos en diciembre del 2013.

“No se demuestra ninguna intencionalidad, no hay evidencia de beneficio económico. Solo envió un correo a una persona -Abdy Orellana- que no es sujeto procesal en esta causa”, se refirió el juez González cuando explicó el fallo.

En relación a Sammy, el Tribunal indicó que “únicamente prestó sus facturas, no existiendo concertación para defraudar”. Aunque la juez Maxia puso en duda su participación debido a que la entidad Plus Espectáculos y Promociones, S. A., participó en un evento de comida y su fin no es ese.

Cambia calificación

El Tribunal cambió la calificación jurídica de fraude en forma continuada por casos especiales de estafa en forma continuada para los contratistas que cobraron salarios en el Botín sin ir a trabajar. La pena fue de tres años de prisión con el aumento de un año para totalizar cuatro años de cárcel.

El único que estaba en prisión Otto Waldemar Flores Villeda fue condenado a cuatro años de cárcel, aunque por estar detenido desde el 1 de septiembre del 2016 el Tribunal suspendió la cárcel. En su lugar le otorgó arresto domiciliario, ir cada viernes al MP a marcar su huella dactilar y arraigo hasta que el fallo quede firme.

El fallo

• Gladys Anabella de León Ruiz. Condenada por peculado culposo. Multa de Q5 mil.
• Samantha Marisol Mejía Salguero. Condenada por peculado culposo. Multa de Q 5mil.
• Gabriela María Caridi Canet. Condenada por peculado culposo. Un año de prisión y multa de Q 5 mil.
• Randy Paul Gómez Pérez. Culpable de casos especiales de estafa en forma continuada. Pena de tres años de cárcel y aumentado un año, en total cuatro años de prisión a razón de Q20 diarios y multa de Q30 mil.
• William Enrique Valdez Segura. Culpable de casos especiales de estafa en forma continuada. Pena de tres años de cárcel y aumentado un año, en total cuatro años de prisión a razón de Q20 diarios y multa de Q30 mil.
• José Manuel Amaya Morales. Culpable de casos especiales de estafa en forma continuada. Pena de tres años de cárcel y aumentado un año, en total cuatro años de prisión a razón de Q20 diarios y multa de Q30 mil.
• Blanca Elizabeth Amaya Morales. Culpable de casos especiales de estafa en forma continuada. Pena de tres años de cárcel y aumentado un año, en total cuatro años de prisión a razón de Q20 diarios y multa de Q30 mil.
• Heidy Roxana Pirir Ramos. Culpable de casos especiales de estafa en forma continuada. Pena de tres años de cárcel y aumentado un año, en total cuatro años de prisión a razón de Q20 diarios y multa de Q30 mil.
• Jennifer Alejandra Flores Villeda. Culpable de casos especiales de estafa en forma continuada. Pena de tres años de cárcel y aumentado un año, en total cuatro años de prisión a razón de Q20 diarios y multa de Q30 mil.
• Oscar Alberto Aquino Flores. Culpable de casos especiales de estafa en forma continuada. Pena de tres años de cárcel y aumentado un año, en total cuatro años de prisión a razón de Q20 diarios y multa de Q30 mil.
• Otto Waldemar Flores Villeda. Culpable de casos especiales de estafa en forma continuada. Pena de tres años de cárcel y aumentado un año, en total cuatro años de prisión a razón de Q20 diarios y multa de Q30 mil.
• Patricia Nohemí Chacón Cabrera. Culpable de casos especiales de estafa en forma continuada. Pena de tres años de cárcel y aumentado un año, en total cuatro años de prisión a razón de Q20 diarios y multa de Q30 mil.
• Selvin Alexander Aquino Flores. Culpable de casos especiales de estafa en forma continuada. Pena de tres años de cárcel y aumentado un año, en total cuatro años de prisión a razón de Q20 diarios y multa de Q30 mil.
• Bianca Yaneth Chacón Barillas. Culpable de casos especiales de estafa en forma continuada. Pena de tres años de cárcel y aumentado un año, en total cuatro años de prisión a razón de Q20 diarios y multa de Q30 mil.
• Miriam Estela Hernández Cisneros. Absuelta de fraude en forma continuada.
• Donald Joseph Byrne Mulet. Absuelto de fraude forma continuada.
• Oscar Raul Alecio del Cid. Absuelto de fraude forma continuada.
• Edwin Ariel García Alvarado. Absuelto de fraude forma continuada.
• Alma Verónica Barrios Moreno. Absuelto de fraude forma continuada.
• Esperanza Josefina Castellanos Solís. Absuelto de fraude forma continuada.
• Samuel Everardo Morales Cabrera. Absuelto de fraude y lavado de dinero u otros activos.
• José Manuel Morales Marroquín. Absuelto de fraude forma continuada.
• Mario Estuardo Orellana López. Absuelto de fraude y lavado de dinero u otros activos.
• Abdi Sucely Estrada García. Absuelta de fraude.
• Ernesto Suray Vásquez. Absuelto de peculado por sustracción en forma continuada.

Incidente

Poco después de las 14 horas la salida de la megasala fue interrumpida por un altercado entre un taxista y un hombre que dijo ser de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia de la República (SAAS).

Los jueces fueron testigos del altercado vial.

#FrenemosLosAccidentes | La salida de vehículos de la Megasala del Organismo Judicial se interrumpe luego que dos automóviles colisionaran y sus propietarios iniciaran una discusión. | Vía: @kmonzon_pl #TráficoGT. pic.twitter.com/GJNrTolHhc

— Prensa Libre (@prensa_libre) August 19, 2019

Mensaje del presidente

El mandatario Jimmy Morales Cabrera compartió un mensaje por la absolución de su hijo mayor. “Celebramos su absolución”, se refirió.

#EnVivo | Mensaje del presidente @jimmymoralesgt a la nación. https://t.co/XrajcwGcVe

— Gobierno Guatemala (@GuatemalaGob) August 19, 2019

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En esta audiencia también se dictó sentencia contra 25 señalados del caso de corrupción en el Registro, en el que están implicados familiares del presidente de la República.

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De León es absuelta de peculado de forma continuada, según decisión de los juzgadores. Aunque fue hallada culpable de peculado culposo por lo que le fue impuesta una multa de Q5 mil.

“No es delito, es una falta, porque es conforme al código anterior y son Q5 mil de multa. Yo lo dije siempre que eran actos administrativos y que no tenían que llegar a lo penal”, manifestó Anabella de León.

El caso

Según el Ministerio Público, la canasta navideña que recibieron los empleados tenía 11 productos y fue cotizada en Q159.50. No obstante, el Registro de la Propiedad, que en ese entonces dirigía Anabella de León, pagó Q269 mil 933 a través de tres facturas por 564 canastas, lo que significa que cada una costó Q478.60, más de tres veces el precio comercial.

La investigación determinó que el Registro también pagó a Fulanos y Menganos Q90 mil por 564 desayunos que no fueron servidos, cantidad que coincide con el número de canastas.

En este caso, Samuel Morales, hermano del presidente Jimmy Morales, está señalado por la factura de Plus Espectáculos y Promociones, S. A., por Q89 mil 975, pagados por el Registro. Para ello, la empresa simuló un evento de alimentos para 40 personas, de tres tiempos de comida, por tres días, que habrían sido servidos durante la elaboración de un “proyecto de plan operativo anual”, pero en realidad cubría el costo de las canastas, según el expediente.

Otra factura de Plus Espectáculos por Q89 mil 958, detalla la compra de las canastas que fueron entregadas a la madre de la exnovia de José Manuel Morales Marroquín, hijo del mandatario.

#BotínRegistroPropiedad | Comienza audiencia en que se dictará la sentencia a 25 acusados del caso y en que están implicados los familiares del presidente @jimmymoralesgt. pic.twitter.com/k4vOzCd621

— Edwin Pitán (@Epitan_PL) August 19, 2019

La excandidata presidencial Sandra Torres se puso a disposición del Juzgado de Mayor Riesgo A, que conoce el caso de financiamiento electoral ilícito en 2015 para la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), que en principio era de Q19.5 millones, pero que ahora suma Q27.7 millones.

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El memorial que expresa la intención de Torres llegó al juzgado que preside Claudette Domínguez el 13 de agosto a las 9 horas.

Vinicio Salvatierra, abogado de Torres, se presentó a las 14 horas de este 16 de agosto al juzgado, mostró el pasaporte de la exaspirante de la UNE y manifestó que ella está en el país y no pretende viajar.

Agregó que el objetivo es que el juzgado la cite a declarar, y por tanto evitar una orden de captura.

Por el momento Torres goza de inmunidad que le concede el proceso electoral, la cual perderá cuando el Tribunal Supremo Electoral (TSE) declare ganador a Alejandro Giammattei, y por tanto no hay orden judicial en su contra.

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Torres es señalada por la Fiscalía y la Cicig de financiamiento electoral ilícito, financiamiento electoral no registrado y asociación ilícita, por el caso de aportes en 2015 a la UNE por un monto que inicialmente fue de Q19.53 millones, pero que ahora subió a Q27.7 millones.

Con esos motivos los investigadores pidieron a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) el retiro de la inmunidad de Torres en plena campaña, pero esta lo rechazó, y posteriormente la Corte de Constitucionalidad (CC) dejó sin efecto esa acción de la Suprema mediante un amparo provisional, pero le ordena conocer de nuevo la solicitud de la Fiscalía y la Cicig hasta que ella resuelva el amparo en definitiva, lo cual no ha ocurrido ni existe plazo.

Por estos actos el Ministerio Público (MP) pedirá la cancelación del partido UNE ante el TSE después de la segunda vuelta. Según Óscar Argueta, secretario general de la UNE, la Fiscalía no tiene funciones para asuntos administrativos.

En el Juzgado de Mayor Riesgo A, a cargo de Claudette Domínguez, informan que el 13.8.2019, recibieron un memorial donde Sandra Torres se pone a disposición.
Hoy comparece el abogado Vinicio Salvatierra a dejar su pasaporte. pic.twitter.com/rdLzGdwONL

— Kenneth Monzón (@kmonzon_pl) August 16, 2019

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El fiscal Andrei González anunció que pedirá al Tribunal Supremo Electoral (TSE) que el partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) sea cancelado después de la segunda vuelta electoral.

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El motivo de esta petición es por el financiamiento electoral no registrado en la campaña de la UNE en el año 2015 cuando Sandra Torres se postulaba a la presidencia junto a Mario Leal (ahora proófugo) como su compañero de fórmula.

Andrei explicó que en las investigaciones se determinó que el monto no registrado aumentó de Q19.1 millones, como estuvo en la acusación inicial, a Q27.7 millones.

“La ley electoral y de partidos políticos es clara al establecer que cuando una de las agrupaciones políticas no respete la normativa relacionada al financiamiento, el Tribunal Supremo Electoral procederá la cancelación de dicha agrupación”, explicó el fiscal.

A decir de Andrei, si el TSE no procede de oficio, el MP será quien pedirá la cancelación del partido que lleva a Sandra Torres como candidata presidencial.

El Ministerio Público (MP) presentó este día la acusación formal contra Gustavo Adolfo Alejos Cambara, Juan Pablo García Castro, Guillermo Alejandro Sierra Sierra y Víctor de Jesús Duarte Mendoza, detenidos en febrero pasado por el caso financiamiento electoral no registrado de la UNE.

El fiscal Andrei González anuncia que después del evento electoral planteará ante el @TSEGuatemala que la agrupación política Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) sea cancelada ante los indicios de financiamiento electoral no registrado en 2015.#DecisiónLibre2019 pic.twitter.com/7JSz2GXhCs

— Kenneth Monzón (@kmonzon_pl) August 9, 2019

Esto sucede a un día de la segunda vuelta electoral donde los candidatos Sandra Torres (UNE) y Alejandro Giammattei (VAMOS), irán a balotaje.

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La jueza Judith Secaida decidió que el exfuncionario enfrente el proceso judicial, pero después de evaluar los informes de las autorías redujo los delitos.

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Un reporte de la Contraloría General de Cuentas había señalado que el presidente Jimmy Morales devolvió el “bono de responsabilidad” de Q50 mil mensuales.

Sara Sandoval, fiscal contra el lavado de dinero u otros activos, explicó que no apelarán la decisión por que después de conocer el informe de Contraloría “no hay detrimento”.

Según el Ministerio de Defensa, el mandatario recibió un bono de responsabilidad por Q50 mil durante nueve meses, lo que hizo un total de Q450 mil. El dinero fue devuelto mediante un cheque.

En octubre del 2017, Mansilla dejó de ser ministro de la Defensa debido a que pasó a situación de retiro, por haber cumplido 33 años de servicio. Mansilla es parte de la promoción 103 de la Escuela Politécnica.

Mansilla fue ministro de tres presidentes. Fue nombrado por Otto Pérez Molina en agosto del 2015 y se mantuvo en el puesto durante la breve gestión de Alejandro Maldonado Aguirre. Luego Morales lo mantuvo en su cargo.

La Fiscalía contra el lavado, a cargo de Sara Sandoval, considera que no apelará la decisión de la jueza Judith Secaida que cerró la persecución por blanqueo de capitales y peculado a favor del exministro de la Defensa, Williams Mancilla.
Solo abrió juicio por abuso de autoridad. pic.twitter.com/2JTtkzx8Xy

— Kenneth Monzón (@kmonzon_pl) August 9, 2019

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A dos días de las elecciones en segunda vuelta, Fredy Orellana, titular del Juzgado Séptimo Penal, ordenó que se investigue a las altas autoridades del Tribunal Supremo Electoral (TSE) por las anomalías presentadas en el recuento de votos de la primera vuelta del 16 de junio pasado.

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Las inconsistencias presentadas en los resultados electorales fueron adjudicadas a errores en el sistema de informática, lo que provocó que el exdirector y exsubdirector del Departamento de Informática fueran destituidos.

Gustavo Adolfo Castillo González y Benny Obdulio Román Chanquín – exdirector y exsubdirector de Informática- fueron capturados el miércoles recién pasado por haber alterado, dañado o permitido afectar los sistemas informáticos del TSE. Pasaron la noche en la carceleta del sótano de la Torre de Tribunales.

Tras la audiencia de primera declaración de Castillo y Román que se llevó a cabo este jueves, el juez Orellana ordenó que también se investigue a los magistrados del TSE.

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Según explicó el fiscal de Delitos Electorales, José Curruchiche, el 19 de junio Castillo le proporcionó al Ministerio Público (MP) una conversación en la aplicacion WhatsApp que sostuvo con el presidente del TSE, Julio Solórzano, donde habrían serios indicios sobre la responsabilidad del magistrado en las inconsistencias presentadas el días de las elecciones.

La defensa de Castillo explicó durante la audiencia que existieron autoridades electorales que sabían del caso y también debían ser investigadas.

Para Curruchiche, esto podría ser motivación para solicitar se levante el derecho de antejuicio contra Solórzano y los otros magistrados.

“Con esa declaración y teniendo ese indicio, la Fiscalía actuará y tomará la decisión correspondiente en cuanto presentar una solicitud de antejuicio, pero eso será evaluado, no será de forma inmediata” dijo Curruchiche.

El fiscal José Curruchiche se refiere al chat de Gustavo Castillo con el presidente del @TSEGuatemala, Julio Solórzano. pic.twitter.com/SekKUiw3bc

— Kenneth Monzón (@kmonzon_pl) August 8, 2019

Dejan la prisión

A decir del MP, las investigaciones evidencian que no hay controles internos en el Departamento de Informática.

El exdirector de Informática, Gustavo Castillo, fue procesado solo por incumplimiento de deberes, y el exsubdirector, Benny Román, por incumplimiento de deberes y destrucción de registros informáticos.

El criterio del juez Orellana es que Castillo carecía del acceso al sistema informático para destruir los registros.

A ambos se les dictó arraigo, la prohibición de conversar con testigos y peritos relacionados con el caso, y abstenerse de visitar alguna sede del TSE. Castillo deberá pagar Q4 mil de fianza y el Román Q5 mil de fianza.

Ninguno de los procesados se pronunció en la audiencia y al salir.

#DecisiónLibre2019 | Juez Fredy Orellana procesa a Gustavo Adolfo Castillo González y Beny Obdulio Román Chanquín, extitulares del Departamento de Informática del @TSEGuatemala, por incumplimiento de deberes y destrucción de registros informáticos. pic.twitter.com/1UerE7Fk0U

— Kenneth Monzón (@kmonzon_pl) August 8, 2019

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El exfuncionario influyó en magistrados judiciales para favorecer con un amparo en 2014 a la entonces vicepresidenta Roxana Baldetti.

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“El delito de tráfico de influencias lo comparo con un homicidio porque se da en día, lugar y hora, y aquí así sucedió”, dijo el juez Carlos Barreda cuando condenó a tres años de prisión y le duplicó la pena para sumar seis años de cárcel por haber sido funcionario judicial.

A pesar que la pena es incomutable el juez ordenó que hasta que el fallo esté firme -sin algún recurso pendiente de resolverse- deberá ir a prisión.

Argumentación

El juez Barreda usó dos horas para la argumentación. Le dio valor probatorio a la declaración de los 11 exmagistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que declararon como testigos. Solo faltó Thelma Aldana -tiene orden de aprehensión por un caso de una plaza irregular en el Ministerio Público y se desconoce donde está-.

Para el juez Barreda la prueba clave no solo fueron los mensajes de texto y en la aplicación WhatsApp que compartió Mendizabal Mazariegos con Baldetti sino el amparo que fue otorgado para que la entonces vicepresidenta fuera beneficiada y se detuviera su cancelación como secretaria general de la agrupación política Partido Patriota en 2014.

La Fiscalía obtuvo un celular después del cateo en la casa donde vivió Baldetti el 20 de agosto del 2015. La vivienda allanada fue en el condominio Eucaliptos, carretera a El Salvador.

“El testigo técnico Mynor López extrajo la información del celular y ahí estaban los mensajes que usted le envió a Baldetti”, dijo el juez Barreda y leyó parte del mensaje en donde Mendizabal Mazariegos aseguró que ya había “hecho loby” con los magistrados para obtener el amparo.

“Acá está claro el sometimiento que le dio a Baldetti”, mencionó el juez para recordar que Mendizabal Mazariegos se puso a disposición de la entonces vicemandataria y a cambio quería que lo nombraran titular de la Procuraduría General de la Nación (PGN).

“Con esto se da el delito de tráfico de influencias. Acá se hizo un grave daño a la administración de justicia y por eso se le condena con prisión”, añadió el juez.

Evita pronunciarse

“No voy a hablar, que sea mi abogado”, fue lo único que dijo Mendizabal Mazariegos después del fallo que le quebrantó su inocencia. En la sala de audiencias había amigos y familiares y se les pudo ver cuando rezaban durante la lectura de la sentencia.

“Esto es solo el comienzo del proceso. Existen más instancias, se va a analizar esta sentencia y se planteará la apelación respectiva”, se refirió el abogado Carlos Moscoso.

Dijo ser inocente

“Me declaro inocente. Creo en Dios y en la justicia”, dijo el exmagistrado Mendizabal Mazariegos previo a escuchar la condena a las 14 horas cuando el juez le otorgó la última palabra.

Según la investigación,  el exmagistrado influyó en la CSJ para que otorgaran un amparo y de esta forma revertir la decisión del Tribunal Supremo Electoral (TSE) que suspendió a Baldetti como secretaria del entonces vigente agrupación política Partido Patriota (PP).

“En este debate se probó la acusación contra el exmagistrado Mendizabal Mazariegos. Los hechos surgen de actos de corrupción de un alto funcionario judicial que se activó como operador de Baldetti, se puso a su disposición como si fuera una asesoría, utilizó su influencia supuesta a los magistrados para lograr el amparo”, dijo el fiscal Carlos De León en la audiencia del 6 de agosto.

"El delito de tráfico de influencias lo comparo con un homicidio porque se da en día, lugar y hora, y aquí así sucedió", se refiere el juez.
Impone la pena de 6 años de prisión a Gustavo Adolfo Mendizabal Mazariegos, exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia. pic.twitter.com/BOpAEqPBHD

— Kenneth Monzón (@kmonzon_pl) August 7, 2019

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Así como lo habían anunciado hace tres semanas cuando dieron a conocer el caso Asalto al Ministerio de Salud, la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) presentó la solicitud de retiro de antejuicio contra diez diputados de la actual legislatura.

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Los diputados estarían relacionados al caso de corrupción presentado por el Ministerio Público (MP) el 16 de julio pasado, por hechos ocurridos entre 2012 y 2014, en el cual estiman cobros de sobornos por Q53.9 millones, a través de empresas contratistas coludidas con los funcionarios.

El caso se conoció el 16 de julio pasado cuando fueron detenidas 19 personas y una semana después se entregó el exdiputado Luis Fernando Pérez Martínez.

Los diputados señalados son:

• Boris España, por asociación ilícita, cobro ilegal de comisiones, lavado de dinero y tráfico de influencias.
• Estuardo Galdámez, por asociación ilícita, cobro ilegal de comisiones, lavado de dinero y tráfico de influencias y cohecho activo.
• Aracely Chavarría Cabrera, por tráfico de influencias.
• Luis Alberto Contreras, por tráfico de influencias.
• Marco Antonio Lemus, tráfico de influencias.
• Humberto Leonel Sosa, tráfico de influencias.
• Carlos Santiago Nájera, tráfico de influencias.
• José Inés Castillo Martínez, tráfico de influencias.
• Rodolfo Moisés Castañón, tráfico de influencias.
• Ronald Estuardo Arango, por peculado por sustracción.

Proceso

Gestión Penal designará por sorteo diez judicaturas para conocer cada antejuicio a los legisladores. El procedimiento será que cada juez al recibir el expediente deberá revisarlo y notificar a las partes. Después tiene tres días para inhibirse y remitir el caso a la Cámara de Amparos y Antejuicios por tratarse una máxima autoridad.

Lo que sigue será que en sesión de pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) se discutirá si se le da trámite al caso. Si es así, se debe nombrar un pesquisidor, quien tendrá hasta 60 días para indagar en el caso. Después de entregar un informe los magistrados decidirán si le retiran la inmunidad a cada legislador.

El antejuicio puede ser rechazado por la CSJ. Si esto ocurre existen vías impugnativas.

La cooptación en Salud

Según el expediente del MP, al menos 118 personas se encontraban involucradas en la estructura criminal. Fueron solicitadas 28 órdenes de captura, 84 citaciones y 10 solicitudes de retiro antejuicio contra diputados del Congreso.

La imputación señala que la estructura comenzó a operar cuando Villavicencio asume como ministro de Salud Pública en el 2012. Su hija Saraí Villavicencio Delgado, junto a Luis Fernando Pérez, entonces diputado, presuntamente habrían montado una estructura en la institución para facilitar la contratación de obras públicas y compra de bienes y servicios a través de la colocación de sus allegados en puestos claves en la institución.

Los diputados contra los que el MP solicita retiro de antejuicio han sido relacionados por su presunta intervención en procesos de remozamiento de hospitales, así como por solicitar plazas fantasma o presumiblemente pedir a Villavicencio plazas en la institución para sus recomendados, señalan las pesquisas.

En contratos de remozamiento o reparación de hospitales, a raíz del terremoto de San Marcos de ese año, según la imputación, se habrían cobrado Q17 millones, en la construcción de nuevos centros en Quiché, Baja Verapaz, Sacatépequez y Villa Nueva se habrían cobrado sobornos por Q36 millones. Mientras que preliminarmente se estima en Q900 mil el cobro de sobornos por contratos de bienes para el Ministerio de Salud.

En la imputación también se incluye a Jaime Pérez Castillo, sobrino del expresidente Otto Pérez Molina; y entre los contratos por los que se intentó cobrar una comisión, sin lograrlo, un proyecto de construcción de un hospital modular en Mixco, por entre Q75 millones y Q80 millones, cuando Otto Pérez Leal, fungía como alcalde de ese municipio. La adjudicación del proyecto, sin embargo, ya no se llevó a cabo, indican las autoridades.

Esposo de magistrada es beneficiado

El 25 de julio pasado se entregó exlegislador Mario Santiago Linares García, esposo de la magistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Silvia García. Ese día compareció en el Juzgado de Mayor Riesgo D, a cargo de Erika Aifán, quien lo benefició al dictar falta de mérito.

Había sido señalado de los delitos asociación ilícita, cohecho activo y tráfico de influencias aún así la jueza notó supuestas inconsistencias en el señalamiento y dictó falta de mérito a su favor.

Plazas fantasma

La investigación continúa en desarrollo para determinar los cobros realizados por 450 plazas en el ministerio que habrían representado favores políticos a diputados, cobros mensuales a la organización o posibles plazas fantasma.

En la indagación, realizada luego de tres años de análisis de información documental y testimonial, también se relaciona al exdirector del Instituto Guatemalteco de Seguro Social, Juan de Dios Rodríguez, cuando este era secretario privado del entonces presidente Otto Pérez Molina. Rodríguez,  presuntamente se habría beneficiado, a través de intermediarios, de algunos contratos de remozamiento de centros de salud y hospitales.

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Los diputados contra los que el MP solicita retiro de antejuicio han sido relacionados por su presunta intervención en procesos de remozamiento de hospitales, así como por solicitar plazas fantasma o presumiblemente pedir al ministro de Salud en ese entonces, Jorge Villavicencio, plazas en la institución para sus recomendados.

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Los fiscales desarrollaron allanamientos y lograron la detención de Gustavo Adolfo Castillo González, exdirector de informática del TSE y Beny Obdulio Román Chanquín, el exsubdirector de informática.

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Rafael Curruchiche, jefe de la Fiscalía de Delitos Electorales, explicó que pudieron haber cometido el delito de incumplimiento de deberes y destrucción de registros informáticos.

Las detenciones fueron hechas en residenciales de Villa Canales y Santa Catarina Pinula.

Se quedan en la carceleta

Fredy Orellana, titular del Juzgado Séptimo Penal, les hizo saber el motivo de detención y como los abogados solicitaron las actuaciones -indicios- el juez aplazó la audiencia de primera declaración para mañana.

Ambos exfuncionarios electorales fueron remitidos a la carceleta en el sótano de la Torre de Tribunales donde pasarán la noche a la espera de la audiencia.

Señalamiento

Castillo fue despedido después de múltiples señalamientos por el software que utilizó el TSE para la transmisión de los resultados de las elecciones, que fue creado por la Dirección de Informática y se utiliza desde el 2011.

El exdirector después de ser capturado habló con periodistas y defendió que “siempre colaboró con lo que pidieron” y “es un show lo que se está montando”. Agregó que no hubo falla en la “transmisión” de datos, sino que solo fue en la “presentación”.

“Siempre me he presentado a donde me han citado dando las declaraciones tal y como son. Incluso fui al Congreso de la República en representación del Tribunal Supremo Electoral y ahora, lamentablemente no hay algo justificado para mi captura a horas de la segunda vuelta. Creo que esto es lo que muchos partidos políticos era lo que deseaban. Que alguien del Tribunal consignado y pues lamentablemente soy yo”, dijo Castillo González, cuando fue llevado desde su casa en Villa Nueva hasta la Torre de Tribunales.

Al ser consultado por si los supuestos errores en los datos del TSE en la primera vuelta hubo fraude respondió: “Yo no participaría de eso. Fraude es una palabra muy dura en estos momentos electorales. Habían actas que no estaban cuadradas, esos son errores humanos”.

El exfuncionario recordó que el TSE también se equivocó y a manera de ejemplo recordó el acuerdo donde prohibieron el uso de celulares a los integrantes de las Juntas Receptoras de Votos y después, rectificaron y dejaron sin efecto porque era una clara violación a la libertad de emisión de pensamiento. “Ellos mismos se retractaron y actuaron inmediatamente al permitir el uso de celulares”, dijo.

Comparecieron en la Fiscalía

Tanto Castillo como Roman dijeron que ya habían comparecido ante la Fiscalía de Delitos Electorales, que dirige José Curruchiche de forma interina después de la renuncia de Óscar Shaad antes de la primera vuelta.

“Fue hace como semana y media que comparecimos a la Fiscalía. Lo que dije fue que yo delegué, que el sistema fue hecho para tener hasta 30 partidos políticos, que no se hizo la debida forma de la transmisión de datos. Lo que falló fue la presentación de los resultados que también fue parte de mi trabajo”, se refirió Castillo.

Cuando se le cuestionó si hubo algún favoritismo a alguna agrupación política el exfuncionario electoral fue claro y dijo que no hubo algún favoritismo.

Problemas

Las elecciones del pasado 16 de junio dejaron un ambiente de diversas críticas respecto a los resultados electorales, debido a varios problemas que presentó el sistema. Aunque los resultados oficiales descansan en las actas que emiten las juntas electorales departamentales.

El 11 de agosto será celebrada la segunda vuelta electoral para elegir al presidente que gobernará durante los próximos cuatro años.

Sandra Torres de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y Alejandro Giammattei del partido Vamos se disputarán el balotaje.

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La sentencia fue dictada este martes 6 de agosto en el Tribunal de Mayor Riesgo D, luego de que las pruebas respaldaron el crimen contra Mérida Escobar, ocurrido en el 5 de agosto de 1991.

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El exdetective Alberto Encarnación Barrios Rabanales fue condenado a 35 años de prisión. Mientras que los también exdetectives Martín Alejandro García Mejía, Julio David López Aguilar y José Miguel González Grijalva deberán pasar 41 años y ocho meses en prisión.

Fueron culpables de los delitos de asesinato y delitos contra los deberes de humanidad en agravio de Alberto de Jesús Guerra Galindo -desaparecido- y Gonzalo Cifuentes Estrada-asesinado- a quienes inculparon con la muerte de su compañero.

El fallo lo leyó la jueza presidenta del Tribunal de Mayor Riesgo D, Sara Yoc, en la sala de audiencias del primer nivel de la Torre de Tribunales, donde se incrementó la seguridad del Organismo Judicial (OJ).

“Para este Tribunal quedó demostrado que el investigador Mérida Escobar estableció que el especialista del Ejército Noel de Jesús Beteta Álvarez asesinó a la antropóloga Myrna Mack y por su conclusión fue asesinado”, dijo Yoc.

Los jueces Wendy Coloma y Estuardo Morataya refrendaron la sentencia condenatoria a los exdetectives.

“El investigador Mérida solicitó el auxilio de sus superiores ya que que temía por su vida, se sentía perseguido, sin embargo, no se prestó el apoyo. Es más, este crimen fue planificado con anterioridad. Hubo complicidad de los cuatro acusados”, dijo Yoc.

En cuanto a los agravios el Tribunal especificó que después de haber consumado el asesinato del detective ya había sido aprehendido en Chimaltenango Guerra Galindo quien está desaparecido desde entonces. Además, Cifuéntes Estrada fue golpeado y torturado hasta obligado a confesar que había asesinado al detective.

Posturas

“Es una injusticia. Son pruebas implantadas. Nosotros no hemos cometido ningún delito. Únicamente nos compromete. A nosotros de lo que nos acusan, nada que ver”, dijo González Grijalva al salir de la sentencia y ser llevado a una prisión.

A su lado iba Barrios Rabanales quien dijo: “Este es un caso político de la Fundación Myrna Mack. Ella -Helen Mack- sobrevive de eso para seguir manteniendo su fundación, nosotros no tenemos nada por la muerte que era un compañero. Es un caso político”.

Los otros dos condenados prefirieron abstenerse de emitir alguna opinión al respecto del fallo.

La activista Helen Mack estuvo en el debate -es querellante- y se refirió a que está tranquila por el final del juicio. “Ahorita lo que hemos probado mediante a prueba documental, científica y testimonial que el caso de mi hermana fue una operación especial de inteligencia”.

“Lo que perseguía era la impunidad y para poder dejar en la impunidad, pues mataron a Mérida Escobar quien fue el que identificó a Noel de Jesús Beteta Álvarez y desviar la investigación para procurar la impunidad”, agregó Helen Mack.

Este fue el segundo juicio debido a que los cuatro exdetectives ya habían sido condenados a 25 años de cárcel aunque por diversas acciones legales la Sala Segunda de Apelaciones de Mayor Riesgo ordenó repetir el fallo en 2017.

El crimen

La muerte de Mérida Escobar sucedió cuando este salió de la antigua sede de la PN, ahora Ministerio de Gobernación y caminaba por el parque Concordia.

La investigación contiene el testimonio que brindó la víctima ante una judicatura en donde predijo su muerte, debido a que había logrado identificar a Noel de Jesús Beteta Álvarez, quien fue especialista del Ejército, como el autor del crimen contra la antropóloga Myrna Mack.

Mack efectuaba un estudio por las víctimas que eran desplazadas en el interior del país por petición de pobladores de las Verapaces, según su hermana Helen Mack.

Ordena abrir pesquisas

El Tribunal ordenó que se abra una investigación contra Acisclo Valladares Molina,  exprocurador General de la Nación en ese entonces, ya que el detective había denunciado que estaba amenazado y “no se prestó el apoyo adecuado, por eso se ordena al Ministerio Público lo conducente contra Valladares Molina y exintegrantes del Ejército que participaron en los hechos”.

Antropóloga

Myrna Mack fue apuñalada en la 12 calle y 12 avenida, zona 1, el 11 de septiembre de 1990. Cuatro días antes fue presentado un informe que detalló detalles acerca de los desplazamientos humanos que estaban relacionados con las políticas de tierra arrasada, que fueron iniciados por los gobiernos militares desde 1980.

En este caso ya fue condenado Beteta Álvarez en 1993 a 25 años de prisión. El fallo cobró sentencia en otras instancias un año después.

El Tribunal ordena lo conducente contra el entonces titular de la @PGNguatemala, Acisclo Valladares Molina. pic.twitter.com/4gPqW2CChd

— Kenneth Monzón (@kmonzon_pl) August 6, 2019

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El señalamiento contra el exfuncionario es por haber avalado un amparo a favor de la exvicepresidenta Roxana Baldetti en el 2014.

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El fiscal del Ministerio Público (MP) argumento de que los hechos surgen de actos de corrupción de un alto funcionario de la CSJ que actuó como operador de la exvicepresidenta y se puso a disposición de ella.

“Fue el sometimiento del poder Judicial al poder Ejecutivo”, señaló el fiscal.

“Yo ya hice loby”, es parte del mensaje que compartió Mendizabal a Baldetti el 7 de septiembre del 2014. Esto es parte de las pruebas presentadas por tráfico de influencias.

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El MP resaltó otro de los mensajes que el señalado a la exfuncionaria a quien pide ser nombrado titular de la Procuraduría General de la Nación después de haber avalado el amparo a su favor.

Influencias

El supuesto tráfico de influencias por el que el exmagistrado enfrenta juicio se centra a los mensajes que le compartió a Baldetti.

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Mendizabal influyó en la CSJ para que otorgaran un amparo a Baldetti y de esta forma revertir la decisión del Tribunal Supremo Electoral (TSE) que suspendió a la exfuncionaria como secretaria del entonces vigente Partido Patriota (PP).

El señalado le ofreció a la exvicepresidenta convencer a los magistrados para que le otorgaran el amparo.

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Las pruebas no lo señalaron en el grupo de patrulleros que vigilaba el lugar; además, el Tribunal Supremo Electoral ya le adjudicó el cargo, aunque eso no se discutió durante el debate.

Para el Tribunal de Mayor Riesgo E, presidido por Elvis Hernández y acompañado de los vocales Juan José Jiménez y Abelina Cruz, las pruebas no fueron contundentes y el señalamiento fue a un grupo de personas y su fallo fue absolutorio.

“Las pruebas no lo señalaron de su participación en el grupo delictivo por tanto se le absuelve de los cargos”, explicó el juez Hernández al leer el fallo en la sala de audiencias del piso 6 en la Torre de Tribunales.

El juez Jiménez dijo: “El MP lo señala en el delito de asociación ilícita y se refirió a las golpizas pero no explica en el tiempo ni lugar de los hechos por lo tanto este tribunal no tenía suficientes pruebas para sustentar que se cometió este delito”.

En cuanto al delito de extorsión el Tribunal se refirió a que no se pudo comprobar su participación.

Durante la lectura de la sentencia la sonrisa volvió al rostro de Pellecer Agustín. “Se ha ventilado un proceso que tiene siete años. A mí entender es una persecución política y hoy queda esclarecido. Ahora seguimos en la lucha, tenemos mucho que hacer por San Juan Sacatepequez”, se refirió Pellecer Agustín después del fallo absolutorio.

Sus familiares lo abrazaron al salir de la sala de audiencias. “Con mucha humildad, dándole gracias a Dios, a mi familia, esposa, a mis hijos, a la gente, a los que votaron por mí”, agregó. Después hizo una invitación a visitar el municipio.

El político ganó la alcaldía por la agrupación política Todos y el debate en su contra fue porque habría exigido dinero a los vecinos, como supuesta extorsión, para el pago de los patrulleros de la localidad.

Logró su inscripción debido a que el caso es de 2009 a 2012 cuando operó el grupo de patrulleros. Pellecer Agustín fue procesado por el juez de alto impacto, Miguel Ángel Gálvez, y el debate se había aplazado por acciones judiciales y la mora de las audiencias.

El fiscal del caso Haroldo Mendoza explicó que se iba a analizar el fallo y se refirió a que la Unidad de impugnaciones del Ministerio Público (MP) será quien plantee la apelación. Además, recordó que ya hay 16 personas condenadas por integrar esta agrupación. “Sí se contaron con las suficientes pruebas”, dijo.

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Por denuncias

El caso surgió en 2011 por las denuncias de algunos vecinos de San Juan Sacatepéquez  de que los integrantes del grupo de vigilantes, conocidos como patrulleros, cometían abusos.

El grupo operó en la colonia Ciudad Quetzal y en las colonias Margaritas y Villa Verde y originalmente estaban para brindar seguridad a la comunidad debido al incremento en los asaltos y robo de viviendas.

Pruebas

Durante el debate declararon 17 testigos y cuatro peritos. Existen casos concretos de la investigación como la desaparición de un adolescente, los daños a la vivienda de Alfredo de Jesús Álvarez Paz -fue alcalde auxiliar- así como las lesiones a una familia.

El líder de la organización fue Hugo Rocael Pérez Cardoza, quien se comunicó en siete ocasiones con Pellecer Agustín según las interceptaciones telefónicas.

Uno de los testimonios fue el de María Fernanda Lemus de Paz quien recordó que el 14 de octubre del 2011 a las 19:30 horas el grupo de patulleros llegó a su casa a exigir que saliera su esposo Alfredo Álvarez. “Querían su cabeza”, declaró por videoconferencia. El enojo de los patrulleros fue porque se negó a pagar Q50 que le exigían por la vigilancia.

Ese día dispararon a la vivienda y quemaron su vehículo. La familia dejó el lugar donde habitó durante más de 30 años.

Un testigo, Pedro Cojun, reconoció a Pellecer Agustin como integrante del grupo de patrulleros. Además, un reporte del Instituto Nacional de Ciencias Forences (Inacif) detalló la atención a la señora Mirna Antonieta Gómez Salas, quien junto con su esposo Luis Eduardo Funes Flores y su vecino, Pedro Culán Pérez, fueron golpeados.

A Funes y Culán los sacaron de la vivienda, donde tenían una cena, y los desnudaron. Fueron golpeados con cables y pistolas y les hicieron caminar de rodillas sobre piedras. Los tres fueron auxiliados la madrugada del 19 de febrero del 2012 y llevados a un hospital.

Más lesiones

La investigación de la Fiscalía contra el crimen organizado detalló que Pellecer Agustín era integrante del grupo de patrulleros que exigía el dinero. Por vivienda al principio eran Q5 y después Q25 mensuales. A los dueños de comercio el cobro inicial era Q100 y después Q350.

El caso cuenta con el testimonio de ocho vecinos que fueron golpeados y hospitalizados como consecuencia de las heridas al negarse a pagar. Hay seis hombres y dos mujeres que fueron víctimas de las agresiones.

Incluso, ya hay 16 personas que fueron condenadas en 2016 a penas de 18 años de cárcel por estar involucradas en los cobros.

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Los fiscales desarrollaron cateos para detener a cuatro personas vinculadas al caso, pero no fue lograda ninguna detención y horas después se entregó Alejos a los tribunales.

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Una fuente del Ministerio Público (MP) informó que alguien habría filtrado las peticiones de captura y el propio Gustavo Alejos envió un memorial a la fiscal General, María Consuelo Porras, para notificarle que se pondría a disposición de las autoridades porque “ya tenía conocimiento de la investigación”.

El caso contra el exsecretario de la presidencia señala que el pago habría sido canalizado para Alejos por medio de diferentes empresas Off-Shore.

Personas vinculadas en este proceso:

1. William Gallardo
2. Gustavo Alejos
3. Ricardo López Barrientos
4. Manuel Jesús Palma Palma
5. Gustavo Espina Salguero
6. Beatriz Jansa Bianchi (esposa de Gustavo Alejos)
7. Rafael Escobar Pereira

Gustavo Adolfo Alejos Cámbara fue el secretario privado del presidente Álvaro Colom Caballeros.

Exsecretario de la Presidencia, Gustavo Alejos, comparece en el Juzgado de Mayor Riesgo D, a cargo de Erika Aifán.
Tiene orden de aprehensión por el caso Construcción y Corrupción pic.twitter.com/I7vwGKus7M

— Kenneth Monzón (@kmonzon_pl) August 5, 2019

Sorprende

Alejos compareció en el Juzgado de Mayor Riesgo D junto con su abogado Armando Ajin poco después de las 11 horas.

“Estoy entregandome como siempre, pero ¿qué curioso va, siempre a mí me capturan?”

Al ser consultado por Prensa Libre de la forma en que se enteró de la investigación respondió: “Porque citaron a uno de mis empleados y me puse a disposición del Ministerio Público hace más o menos dos semanas. Se levantó un acta, no me la recibieron, le mandamos una acta a la jueza pero lamentablemente fue hasta el día jueves o viernes pero nos hemos estado poniendo a disposición. Ahorita venimos de marcar las medidas sutitutivas y aquí estamos presentándonos”.

Alejos mostró fotografías donde compareció a la Feci el 25 de julio pasado, luego el 30 de julio último en donde reitera ante la Fiscalía que conoce que existe una investigación en su contra y que sea citado.

El 1 de agosto pasado también remitió su memorial al Juzgado de Mayor Riesgo D para que la jueza Erika Aifán ordene que sea citado ante la Feci.

Niega fuga de información

El ministro de gobernación, Enrique Degenhart, afirmó que no existió fuga de información en el caso de las ordenes de captura que se ejecutaron este 5 de julio, pues indicó que estuvo en la reunión de gabinete con el presidente Jimmy Morales.

El funcionario afirmó que desconoce sobre la situación del exsecretario presidencial, Gustavo Alejos.

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Los cateos en varias viviendas comenzaron desde las seis de la mañana y en el Aeropuerto La Aurora fue capturado un brasileño que intentaba salir del país.

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La Feci reportó la captura del brasileño Rodrigo Sampaio Mattos que tenía una orden de captura por el delito de cohecho activo y lavado de dinero u otros activos.

Las pesquisas de la Fiscalía en lo que denominaron fase 2 del caso Construcción y Corrupción dan continuidad a la investigación que presentaron el 14 de julio de 2017, cuando se estableció la existencia de una supuesta estructura corrupta en el Ministerio de Comunicaciones durante el gobierno del desaparecido Partido Patriota y coordinada por el entonces ministro Alejandro Sinibaldi, actualmente prófugo.

Parte de los sobornos dados por los constructores habría llegado a cuentas en entidades fuera de plaza a favor de Sinibaldi, incluso, según declaraciones de testigos, el exministro de Comunicaciones habría amasado en efectivo unos Q100 millones.

Audiencia

Poco después de las 15 horas inició la audiencia de primera declaración en el Juzgado de Mayor Riesgo D, a cargo de Erika Aifán. Sampaio explicó que es ingeniero civil y tiene 42 años. Es padre de dos hijos menores de edad, uno de ellos nació en Guatemala.

El fiscal Carlos Videz lo señaló solo por el delito de cohecho activo y recordó que el 16 de noviembre del 2012 hizo una transferencia por US$999 mil 990 como gerente de la Constructora Oas, S.A., por medio de la entidad offshore Kinsfield Consulting Corporation a la entidad Guerrero Law & Investement -de Sinibaldi-.

Sampaio Mattos había pactado con Sinibaldi que le adjudicara la reparación de la carretera CA-2 desde la cabecera de Escuintla hasta Ciudad Pedro de Alvarado, en Moyuta, Jutiapa por US$19 millones. El proyecto fue asignado a otra entidad.

En cuanto al delito de lavado de dinero u otros activos, el fiscal Videz explicó que se iba a solicitar la falta de mérito debido a la colaboración del brasileño quien tenía vigente la orden de aprehensión desde el 14 de agosto del 2018.

Procesado

La jueza procesó a Sampaio Mattos por cohecho activo y se espera que se plantee juicio abreviado a favor del brasileño.

Una fuente judicial confió a Prensa Libre que en el juicio abreviado se pedirá la sentencia de cinco años de prisión y multa de Q50 mil. Además, que done Q50 mil a cinco instituciones de beneficiencia en el país.

Se le otorgaron medidas sustitutivas de arraigo, arresto domiciliario, control biométrico en el Ministerio Público y prohibición de comunicarse con otros coimputados. La audiencia de la etapa intermedia fue programada el 10 de septiembre de 2019 en donde se preveé el juicio abreviado.

Sampaio Mattos declara por el señalamiento del @MPguatemala pic.twitter.com/Vr15e3TWSp

— Kenneth Monzón (@kmonzon_pl) August 5, 2019

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Se trata de Aneliese Mercedes Herrera Monterroso; Juan Arturo Jegerlehner Morales y Carlos Francisco Goyzueta Valladares, excolaboradores de Alejandro Sinibaldi, exministro de Comunicaciones prófugo de la justicia.

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La jueza Erika Aifán les advirtió a Aneliesse Mercedes Herrera Monterroso -exsecretaria del exministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi-, Juan Arturo Jegerlehner Morales y Carlos Francisco Goyzueta Valladares, que si comenten algún delito se suspenden los beneficios.

“Si alguno de ustedes comente un delito en el tiempo de prueba se suspenden los beneficios y se sigue el proceso en su contra. Se les insta a que demuestren buena conducta”, se refirió la jueza Aifán al leer los criterios de oportunidad y las sentencias por juicios abreviados.

Los tres colaboradores Aneliesse Mercedes Herrera Monterroso -exsecretaria del exministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi-, Juan Arturo Jegerlehner Morales y Carlos Francisco Goyzueta Valladares, escucharon la resolución en la sala de audiencias del Juzgado de Mayor Riesgo D.

A favor de Herrera Monterroso fue dictado el criterio de oportunidad por asociación ilícita. Deberá donar Q25 mil a la Asociación Nuestros Ahijados y otros Q25 mil serán para la Fundación Guatemalteca para niños con sordo ceguera Alex.

En el caso de Carlos Francisco Goyzueta Valladares por el delito de tenencia ilegal de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, así como tenencia ilegal de municiones, la jueza otorgó el criterio de oportunidad. Debe donar Q40 mil a cada una de cuatro entidades de beneficencia: Asociación Hogar Príncipe de Paz La Alianza; Asociación Pequeños Apóstoles de la Redención Hogar Madre Anna Vitiello; Asilo de Ancianos San José y Hogar de Niños de Fátima.

En el juicio abreviado por lavado de dinero u otros activos, Goyzueta recibió la pena de tres años de prisión y multa de Q200 mil. También deberá donar mil 500 escritorios al Ministerio de Educación y el plazo máximo será de un año.

En ambos casos la pena de prisión fue suspendida y la advertencia de su buen comportamiento. Ninguno de los colaboradores quiso comentar algo al finalizar la audiencia. Incluso, Herrera permaneció con una sudadera que le cubría el rostro.

Concuño

El criterio de oportunidad por asociación ilícita a favor de Juan Arturo Jegerlehner Morales -concuño del exministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi- fue la donación de Q50 mil a la Asociación La Alianza y otros Q50 mil a la Asociación para todos unidos por la salud. Por lavado de dinero u otros activos ya había sido condenado a tres años de prisión.

La jueza Aifán recordó que Herrera era representante y quien dirigía las entidades de cartón, de fachada o pantalla de Sinibaldi.

“Se demostró su colaboración y el aporte que hicieron a la investigación por eso se encuadran los beneficios”, dijo la jueza.

El señalamiento

Herrera fue la secretaria de Sinibaldi. A su cargo estaban las entidades de fachada, de cartón o de pantalla que creó el exfuncionario para recibir comisiones ilícitas de empresarios de la construcción.

El primer contacto de Herrera con Sinibaldi se dió cuando empezó a trabajar en la empresa Imágenes Urbanas, una firma de publicidad del exfuncionario, según Herrera, quien el 7 de agosto del 2018 ofreció ante la Aifán su declaración en anticipo de prueba como colaboradora eficaz.

Desde un principio la asistente tuvo contacto con la red que empezaba a montar el político. A finales del 2005 la nombran presidenta de una entidad fuera de plaza —offshore— en Panamá, Summerhill Holdings Inc.

En el 2007 crea Inversiones ASA en donde coloca a Herrera como representante legal.  “La razón por la que sería representante legal era porque él iba a ser diputado y no quería que lo vincularán a esta sociedad así como las que ya estaban creadas, y las que se iban a crear”, señaló durante su colaboración la asistente. Luego en el 2008 crean, entre otras empresas,  Inversiones Napoleón, Espectaculares Urbanos,  Gigantes Urbanos, Servicios Troya, Impresos Urbanos, que manejó Herrera.

El MP indicó que en varias cajas fuertes la suma del dinero era más de Q100 millones y más de US$2 millones, todo en efectivo, que guardó Sinibaldi.

La pena que aceptó Goyzueta es por haber sido representante legal de la entidad Office Comfort, S.A., -de cartón- que recibió de las entidades Ingenieros M&T, S.A., y Nantes, S.A., del empresario constructor Álvaro Mayorga -condenado en este caso en juicio abreviado-. Office recibió Q956 mil en varios depósitos en noviembre y diciembre de 2012 producto de comisiones ilícitas. Incluso emitió facturas por servicios que jamás se prestaron.

El caso de Jegerlehner -condenado en juicio abreviado a tres años de prisión y multa de Q100 mil el 25 de octubre del 2018- es por el caso Odebrecht. La investigación determinó que la estructura criminal -liderada por Sinibaldi- gestionaba cobros ilegales a cambio de realizar los desembolsos a las entidades contratistas. Estos cobros consistían en porcentajes que iban desde el 5 al 15%. Una de las entidades que tenía contratos con el Ministerio de Comunicaciones era la constructora Norberto Odebrecht S.A.

Lo que sigue

La jueza fijó audienicas para dentro de cinco años para revisar que los colaboradores cumplan con las penas y los beneficios.

La reparación digna al Estado será discutida la próxima semana.

Aifán avala el criterio de oportunidad. Deberán donar a entidades de beneficencia.
A Herrera y Goyzueta sentencia de 3 años de prisión. La misma pena que recibió Jegerlehner con anterioridad. pic.twitter.com/xNHJnwbFpJ

— Kenneth Monzón (@kmonzon_pl) August 2, 2019

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El jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), Juan Francisco Sandoval, confirmó que este 31 de julio fueron notificados por vía diplomática de la petición.

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Aunque el exdiputado tardaría en regresar a Guatemala, pues la defensa presentó un amparo y podría tardar varios meses el proceso, explicó.

Luis Mejía, fiscal del caso, detalló vía telefónica que por el caso hay más de 40 personas procesadas porque en su calidad de presidente del Congreso aprobó plazas a personas que no asistieron a trabajar, conocidas como plazas fantasmas.

Este caso se ventila en el Juzgado de Mayor Riesgo A, a cargo de Claudette Domínguez, quien tiene pendiente fijar la fecha para la audiencia intermedia a los procesados, aunque existe una recusación que planteó la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y la Feci.

El 6 de junio había sido notificada la Embajada de Guatemala en México sobre la petición.

Rabbé fue detenido en Monterrey,Nuevo León, México, por la Interpol el 23 de julio del 2018 y deberá enfrentar cargos por abuso de autoridad, nombramientos ilegales y peculado por sustracción, delitos vinculados por el caso Plazas Fantasma.

Amparo detiene entrega

El fiscal Sandoval explicó que el secretario de Relaciones Exteriores de México dictó el acuerdo donde avala la extradición el 8 de mayo último. Rabbé fue notificado el 15 de mayo de ese año y después interpuso un amparo.

El acto reclamado de Rabbé es estar en contra de la extradición. Esa acción se deberá resolver antes de la entrega y podrá durar varios meses, se informó.

Estuvo prófugo

El exfuncionario salió de Guatemala rumbo a la Ciudad de México el 16 de agosto de 2016, dos días antes de que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) le retirara la inmunidad.

Una semana después fue visto en un centro comercial en un sector exclusivo de la capital nicaragüense, donde compró bombillas y al ver que lo estaban fotografiando salió de prisa del negocio.

Desde entonces ya no se supo nada de él hasta que en 2017 fue localizado por autoridades mexicanas en Nuevo León, luego que la Interpol lo incluyera en su lista de los más buscados.

El señalamiento puntual

El MP y la Cicig señalan a Rabbé que en su calidad de presidente del Congreso, autorizó para Junta Directiva un total de 164 plazas, muchas de ellas con toma de posesión retroactiva –lo cual está prohibido- y sin el perfil idóneo. Además, se detectó que algunas de estas personas no asistían a sus labores.

Autorizó de manera consecutiva dos solicitudes de contratación por un total de 21 asistentes para la primera Vicepresidencia, a cargo del exdiputado Arístides Crespo Villegas, con salarios de Q15 mil y Q20 mil, siendo que en la mayoría de los casos se trataba de su primera contratación en el Congreso.

Como presidente del Congreso (2015-2016) autorizó 42 plazas para su beneficio y de otros diputados con salarios de Q7 mil y Q20 mil.

El fiscal anticorrupción, Juan Francisco Sandoval, explica que el Secretario de Relaciones Exteriores de México dictó acuerdo donde avala la extradición de Rabbé el 8.5.2019.
El amparo que interpuso el exdiputado en contra de la extradición detiene la entrega.

— Kenneth Monzón (@kmonzon_pl) July 31, 2019

Casado con mexicana

Desde que fue detenido, Rabbé compareció en el Juzgado de Distrito Especializado del Centro de Justicia en la Ciudad de México en donde se le informó el motivo de detención y envió a prisión preventiva en el Reclusorio Sur al expresidente del Congreso. De acuerdo a la información oficial, Rabbé rechazó el apoyo consular.

Rabbé Tejada está casado con la mexicana Rosaura Guadalupe González, hermana del empresario de televisión abierta Ángel González. De acuerdo con Berrondo, el exdiputado podría reclamar la ciudadanía mexicana “por naturalización”.

Investigación se reveló en 2016

La Cicig y el MP desbarataron la supuesta estructura que lideró Rabbé en el Congreso que otorgó plazas fantasma a personas que trabajaban en otras dependencias o jamás llegaron a laborar al Organismo Legislativo.

El 26 de mayo del 2016 fueron aprehendidos el exdirector General del Congreso, José Luis Mijangos Contreras; y los exdiputados Edgar Romeo Cristiani Calderón; y Alfredo Augusto Rabbé Tejeda, hermano de Luis Rabbé.

La investigación estableció que los integrantes de la Junta Directiva del Congreso de la República en el período 2014 y 2015 realizaron un gran número de contrataciones que al menor escrutinio presentan una serie de irregularidades evidentes e ilegales.

Esta forma de contratación irregular de personal para los miembros de la Junta Directiva se convirtió en una práctica habitual y aceptada a pesar de su evidente ilegalidad, no sólo por el completo irrespeto a las formas del proceso de contratación, sino por la no asistencia a trabajar de las personas contratadas en la sede del Congreso, lugar asignado para la prestación del servicio.

Modalidad 1: nombramientos irregulares

EI Presidente de la Junta Directiva es la autoridad nominadora del Organismo Legislativo encargada de autorizar la contratación de todo el personal del Congreso, en concurso con el Director General del Legislativo.

La investigación evidenció que los miembros de la Junta Directiva se unieron para distribuirse un alto número de plazas para contratar personal con presupuesto del Congreso, en contravención de las normas de reclutamiento y contratación del organismo y las normas generales en la materia vigentes en el Estado.

Modalidad 2: plazas fantasma

EI Presidente del Congreso a solicitud de cada uno de los miembros de la Junta Directiva contrata personal de apoyo, y lo asigna a cada diputado solicitante para que labore en tiempo completo en el Organismo Legislativo.

La investigación pudo determinar que varias de las personas asignadas a cada diputado no se presentaron a laborar a la sede del Congreso, ya que realmente prestaban sus servicios a otras dependencias del Estado o para empresas privadas de diversa índole, o incluso para empresas de propiedad de los propios diputados.

Profetizó su destino judicial

Rabbé fue cuestionado cuando se conoció el caso y profetizó que iba a ser detenido.

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La acción de amparo fue presentada el pasado 22 de julio ante la CSJ por el abogado Noé Barillas, pero se quejó que aún no había sido notificado de la decisión de la Corte.

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Zury Ríos señaló que “hay una duda con respaldo serio” del voto ciudadano y los magistrados deben resolver esa acción.

Ríos fue candidata a la presidencia en las elecciones del 2015 y quedó en quinto lugar, pero en el proceso electoral del 2019 la Corte de Constitucionalidad ordenó la cancelación de su inscripción.

Roberto Molina Barreto que acompañó a Ríos en el proceso electoral 2019 explicó que el abogado les pidió apoyo para evidenciar que “ha sido un proceso fraudulento y lo que procede es un amparo que ordene la repetición de las elecciones”.

Miembros del partido Valor acompañaron la comitiva hasta la oficina del presidente de la CSJ, Néster Vásquez, quien suspendió el habitual pleno y atendió a Ríos y Molina en su oficina.

Mientras en las afueras del Organismo Judicial un grupo de la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala permanecía protestando.

“En relación a la visita de Ríos y Molina Barreto, les informamos que fueron atendidos por el magistrado presidente y hacemos de su conocimiento que en efecto ellos tuvieron conocimiento que sería conocido el amparo, por una consulta realizada a la sección de Amparos, siendo así que ellos no tenían la agenda programada por el pleno de magistrados y ,magistradas para este día”, explicó Mario Siekavizza, portavoz del Organismo Judicial (OJ).

Después Ríos y Molina Barreto fueron a la Plaza de los Derechos Humanos y conversaron con algunos veteranos militares y se retiraron.

Tramita amparo

La CSJ resolvió dar trámite a la acción de amparo presentada por el abogado Barillas y dio un plazo de 48 horas al Tribunal Supremo Electoral para que rinda un informe circunstanciado.

#DecisiónLibre2019 | La Corte Suprema de Justicia sí conoció el amparo de Noel Barillas -acudió hoy con Zury Ríos y Roberto Molina- y lo admitió. El acto reclamado es posibles ilegalidades al evento electoral.
Mario Siekavizza, portavoz del @OJGuatemala informa al respecto. pic.twitter.com/vknx701hPn

— Kenneth Monzón (@kmonzon_pl) August 1, 2019

El Tribunal Supremo Electoral se prepara para la segunda vuelta electoral que será celebrada el próximo 11 de agosto. Los presidenciables Sandra Torres y Alejandro Giammattei se disputarán el balotaje.

La visita se refiere a un amparo interpuesto el 22.7.2019 por Noé Barillas para anular todo el proceso electoral. Su visita es que no se ha conocido su acción legal. #DecisiónLibre2019 pic.twitter.com/j1wSAJGObY

— Kenneth Monzón (@kmonzon_pl) July 31, 2019

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“Considerando la no renovación del acuerdo de la Cicig”, citó la Comisión respecto a la transición.

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Explica que el proceso de transición incluye comenzar a retirarse como querellante adhesivos de procesos judiciales en los que se encuentra dando apoyo al Ministerio Público.

Aclara que no obstante, el apoyo técnico en los litigios continuará hasta el fin de su mandato en el país.

El 31 de agosto del 2018, el presidente Jimmy Morales anunció en conferencia de prensa que no renovará el mandato de la Cicig, es decir, el 3 de septiembre de este se deberá retirar del país.

La decisión de no renovar el mandato de la Comisión ya fue notificado a la Organización de las Naciones Unidas, a través de una carta oficial firmada por Morales, y su canciller, Sandra Jovel.

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Morales justificó en esa ocasión que la decisión de no renovar el mandato de la Cicig es porque ha existido una “persecución ilegal” que “viola los principios y prácticas constitucionales y el mandato de la Comisión.

El presidente también dijo en esa oportunidad,  que la Cicig tenía que comenzar un proceso de transición de capacidades con las entidades que colabora, de manera que para septiembre próximo suspenda por completo su trabajo en el país.

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En sus once años de trabajo en combate a la impunidad, la @CICIGgt en apoyo al @MPguatemala ha identificado más de 60 estructuras criminales y ha presentado más de 100 casos ante la justicia. pic.twitter.com/myoc8f1MLT

— CICIG Guatemala (@CICIGgt) January 28, 2019

Se retira en un debate

El Tribunal de Mayor Riesgo B, que preside Jeaneth Valdéz, avaló la petición de Leily Santizo, mandataria de la Cicig, para renunciar como querellante al caso durante el debate que inició el 3 de marzo pasado.

La salida de la Cicig en este caso se suma también a cuando el ente de la ONU renunció el pasado 5 de junio a seguir en el proceso penal del caso Industria Militar, que se ventila en el Juzgado Séptimo Penal.

También se conoció que la Cicig ya renunció en los casos de supuestos actos de corrupción en la Municipalidad de Quetzaltenango, que tiene señalado al exedil Jorge Rolando Barrientos Pellecer, conocido como Mito.

Los procesos que se siguen en los casos Chicamán y los Huista ya se conocieron peticiones similares.

Matías Ponce, portavoz de la Cicig, informó que se trata del proceso de renovación. “Considerando la no renovación del acuerdo de la Cicig y que su mandato vence el próximo 3 de septiembre, la Comisión está trabajando en un proceso de transición”.

“Esto incluye comenzar a retirarse como querellante adhesivo de procesos judiciales en los que se encuentra apoyando al Ministerio Público. No obstante, el apoyo técnico en el litigio continuará hasta el fin del mandato”, añadió Ponce.

Mandatarios en tribunales

La Cicig ha enviado a Torre de Tribunales a los mandatarios Amanda Trejo, Claudia González, Leily Santizo, Jennifer Bravo, Astrid Escobedo, Leopoldo Zeissig y David Gaitán para actuar en diversos casos por supuestos actos de corrupción como La Línea, Construcción y Corrupción fase uno y dos, Odebrecht, Cooptación del Estado de Guatemala, Transurbano y TCQ entre otros.

Solo en el caso Botín en el Registro de la Propiedad el Tribunal Décimo Tercero Penal apartó a la Cicig debido a que se ausentaron de una audiencia. En este caso están en el banquillo de los acusados Samuel Morales y su sobrino José Manuel Morales Marroquín, hermano e hijo del presidente Jimmy Morales Cabrera.

Finaliza en septiembre

El mandato de la Cicig termina el 3 de septiembre próximo después de 11 años de cooperar con la investigación de cuerpos ilegales y aparatos clandestinos en el país.

En el debate a los implicados en un supuesto fraude en la Municipalidad de La Antigua Guatemala se conoce que la representante de la @CICIGgt renunció debido al proceso de transición.
Además, por videoconferencia desde #Tegucigalpa declara un experto financiero de esa entidad. pic.twitter.com/kd4gpFohMd

— Kenneth Monzón (@kmonzon_pl) July 31, 2019

Declara perito en debate

Durante la continuación del debate en el caso de supuestos actos de corrupción en la comuna de La Antigua Guatemala, el Tribunal escuchó el relato de un perito de la Cicig.

Se trató de Óscar Calvillo, quien declaró por videoconferencia desde la Embajada de Guatemala en Tegucigalpa, Honduras.

El experto financiero recordó un informe que hizo para la Cicig el 2 de julio del 2013. Relacionó el dinero que fue desviado de la comuna a particulares. “En total fueron Q20 millones”, dijo.

También explicó que las empresas de cartón que recibieron los depósitos tenían relación con los funcionarios ediles y sus familiares.

Entre los acusados está Adolfo Vivar Marroquín, exedil de la localidad, y su sucesor Édgar Francisco Ruiz Pérez.

En las investigaciones que realizó la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) en coordinación con la Cicig se estableció que desviaron Q20 millones de quetzales en el período de 2008 y 2012, en donde los exalcaldes vincularon a otras 24 personas entre ellas funcionarios de la comuna para obtener los recursos de forma anómala.

El seguimiento que le dieron los Fiscales al dinero se verificó que fue a parar a cuentas personas de los sindicados, que fueron enviados a juicio por los delitos de asociación ilícita, lavado de dinero u otros activos, peculado fraude y concusión.

Rivera había acudido a esa cámara de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) mediante el recurso de casación, el cual fue declarado sin lugar, informó la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).

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Juan Francisco Sandoval, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), informó que Rivera planteó casación por tres motivos y fue acogido parcialmente por uno, relacionado con el cálculo de la pena, de lo cual surge la reducción de los años de cárcel.

El abogado Vernon González, quien también fue sentenciado en 2016 y recurrió también a la cámara por el recurso de casación, mantiene la condena cinco años por el delito de tráfico de influencias.

El exmilitante del Partido Patriota cumple condena por dos delitos, tráfico de influencias y cohecho activo en concurso ideal.

La pena inicial impuesta a Gudy Rivera por el Tribunal Quinto de Sentencia Penal fue de 13 años y 4 meses, con esta resolución, la #CSJ la rebajó a 8 años y 11 meses. @CICIGgt #FECI @MPguatemala

— CICIG Guatemala (@CICIGgt) July 30, 2019

Escobar era magistrada de Apelaciones cuando, en 2014, Baldetti, entonces vicepresidenta, planteó un amparo contra el Tribunal Supremo Electoral que la había suspendido como secretaria genera del Partido Patriota (PP).

En busca de un fallo favorable para Baldetti, Rivera se reunió con Escobar para ofrecer que, a cambio de resolver a favor de la ex vicegobernante, le garantizaría que sería reelegida en el cargo. González actuó como intermediario porque era amigo de Escobar.

Escobar presentó la denuncia, lo que derivó finalmente en la condena.

El fallo

Los magistrados Josué Baquiax, Nery Medina, Rafael Rojas y José Pineda, quienes integran la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), beneficiaron al expresidente del Congreso, Gudy Rivera, al acoger el recurso de casación.

Rivera, quien fue detenido el 9 de marzo del 2016, podrá iniciar el proceso de redención por haber cumplido la mitad de la pena el próximo año. Esta acción la puede plantear en el Juzgado de Ejecución.

La argumentación de la Cámara se basa en la unificación de la pena. Inicialmente Rivera fue condenado a 13 años de cárcel y 4 meses de prisión el 28 de octubre del 2016 por tráfico de influencias y cohecho activo. El fallo lo dictó el Tribunal Unipesonal Quinto Penal.

El último recurso que existe para modificar la pena es el amparo ante la Corte de Constitucionalidad (CC).

“Supe de la notificación por la tarde. La vamos a analizar con mi cliente debido a que aún se puede plantear un amparo si se detecta que no se tomó en cuenta nuestro alegato”, se refirió el abogado Saúl Centeno, quien defiende a González.

César Calderon, el abogado de Rivera, se refirió a que fueron notificados y aún se analizará el fallo.

Confirman sentencia a abogado

La Cámara confirmó la pena de cinco años de cárcel para el abogado Vernón González, exasesor jurídico en el Registro General de la Propiedad.

El caso está relacionado con la influencia de los condenados a Claudia Escobar en el 2014, cuando integraba la Sala Quinta de Apelaciones del ramo Civil. La referida sala conocía un amparo solicitado por la entonces vicepresidenta Roxana Baldetti, quien fue suspendida por el Tribunal Supremo Electoral como secretaria general del cancelado Partido Patriota.

La sentencia fue confirmada por la Sala Primera de Apelaciones Penal el 19 de febrero del 2018 en la sentencia por la apelación especial.

La audiencia

Tanto la defensa de Rivera como de Vernón expusieron sus alegatos el pasado 4 de julio en la Sala de Vistas de la CSJ.

El penalista César Calderon se refirió a que el amparo que se discutió en el debate es otro y recalcó el expediente 11198-2014-0178. “Ese año se conocieron 11 mil amparos y ese no es el que se refiere al caso de mi cliente”, dijo.

También se refirió a que el amparo lo conoció una sala y no solo la exmagistrada Escobar y que la perito Carmen Lorena Ortiz Estrada carecía de colegiación y no debía ser tomada en cuenta como prueba su análisis relacionado con una grabación donde conversó Rivera con Escobar.

“El hombre -Rivera- ya lleva años en prisión y falta claridad en la resolución de la sala”, dijo Calderon.

El abogado Saúl Zenteno, defiende a González, fue concreto en recordar la falta de colegiación de la perito Ortiz Estrada y “fue confundido el tráfico de influencias con algo insignificante”.

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Subillaga Dubón fue nombrada por la exvicepresidenta Roxana Baldetti como secretaria  contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas; su esposo, Bracamonte Márquez, fue diputado del Partido Patriota (PP) de 2012 al 2015 y habían desaparecido el lunes 3 de diciembre de 2018.

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Cuatro días después, sus cuerpos fueron encontrados sin vida dentro del vehículo de Subillaga que había sido reportado como abandonado en 7 avenida y 15 calle de la zona 10 de la ciudad capital. Ella tenía un disparo en el cráneo y él en el pecho.

Siete meses después del hallazgo, el Ministerio Público (MP) plantea el cierre de las investigaciones ya que según las pesquisas, Bracamonte habría asesinado a su esposa y luego se suicidó.

Aún no se sabe las razones por la que Bracamonte decidió matar a su esposa y luego quitarse la vida, pero según se pudo establecer, la pareja ya no vivía junta.

El @MPguatemala planteará cese de persecución por la investigación relacionada con las muertes de Joaquín Humberto Bracamonte Márquez, exdiputado del Partido Patriota (PP), y su esposa, Zulma Vyanka Subillaga Dubón, sucedida el 7.12.2018.
Se trató de un femicidio y un suicidio. pic.twitter.com/viCzQDcaWN

— Kenneth Monzón (@kmonzon_pl) July 30, 2019

En 2015 el Ministerio Público solicitó el retiro de antejuicio contra el diputado por reparto de bolsas de alimentos a asistentes de un mitín.

Un exdirigente del PP recordó que Bracamonte era afín a una facción del partido que dirigía Gudy Rivera, expresidente del Congreso condenado a 13 años de prisión por tráfico de influencias y cohecho activo.

Por otro lado, en 2017 Subillaga fue testigo del MP en el juicio contra Ana Sofía Castañeda Deras, alias la Sirenita, quien fue condenada a ocho años de cárcel por asociación ilícita.

“En su declaración -Subillaga- aportó los detalles de la venta de una vivienda que le hizo a Castañeda. Después de la condena no existió alguna situación por amenazas”, dijo una fuente de la Fiscalía.

Luis Fernando Pérez Martínez, exdiputado de la extinta agrupación política Frente Republicano Guatemalteco (FRG) se entregó este lunes a los tribunales de justicia por su vinculación en el caso Asalto al Ministerio de Salud presentado por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) del Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).

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Pérez, que también fue candidato a la presidencia por el extinto Partido Republicano Institucional (PRI) en 2015, tenía una orden de detención por asociación ilícita, fraude, tráfico de influencias, cohecho activo y lavado de dinero u otros activos. Este lunes se puso a disposición de Erika Aifán, titular del Juzgado de Mayor Riesgo D.

A su llegada a la Torre de Tribunales, Pérez indicó que nunca fue citado o notificado por las autoridades. “Hoy, junto a mi familia y los abogados, tomamos la decisión de presentarme de forma voluntaria para que se me notificara si existía o no una orden de captura en mi contra”, dijo.

Indagatoria

Poco después de las 10 horas inició la audiencia de primera declaración a las 19 personas que fueron aprehendidas el 16 de junio pasado cuando se reveló el avance del caso. Al grupo fue añadido el exlegislador.

En la Torre de Tribunales solo se realizó esta audiencia y la continuación de la indagatoria a Gustavo Adolfo Bolaños Acevedo señalado por la Fiscalía en el asesinato de la adolescente María Isabel Véliz Franco hace 19 años. Esto debido a la celebración del Día del juez y la jueza. Por la fecha, el Consejo de la Carrera Judicial (CCJ) avaló que los jueces gocen de descanso.

Según las investigaciones, Pérez Martínez es señalado como presunto cabecilla de una estructura dedicada a cobros ilícitos por proyectos de remoción y reparación de hospitales, durante el estado de Calamidad por el terremoto de San Marcos -7 de noviembre del 2012-. Así como por otros eventos de construcción de hospitales, compra de bienes en el ministerio y adjudicación de plazas en la institución a personas recomendadas por diputados del Congreso.

#CasoAsaltoMinisterioSalud | En la sede del Juzgado de Mayor Riesgo D se presentó el exdiputado y excandidato presidencial, Luis Fernando Pérez Martínez, de quien existe orden de detención por asociación ilícita, fraude, tráfico de influencias, cohecho activo y lavado de dinero.

— CICIG Guatemala (@CICIGgt) July 29, 2019

Descripción de hechos

Cinthia Monterroso, de la Feci, inició con la descripción de los hechos. Esta vez preparó una presentación que fue proyectada en la sala de audiencias que lucía abarrotada por los 20 señalados, sus abogados y algunos familiares, que incluso esperaban afuera, en el pasillo.

“La investigación surge de otros hechos que se indagan pero que, de la información recopilada, se tuvo conocimiento de otros actos posiblemente anómalos a lo interno del Ministerio de Salud”, puntualizó la fiscal. Recordó que en este caso también está involucrado el exministro de Salud del gobierno del Partido Patriota, Jorge Villavicencio -procesado en el caso de corrupción en la cartera por el pacto colectivo-, y a su hija, Cándida Saraí Villavicencio Delgado.

La fiscal recordó que la supuesta organización criminal operó desde mayo de 2012 hasta septiembre de 2014. “Se reunían en la oficina del señor exdiputado Luis Fernando Pérez Martínez -ubicada en la 15 avenida A, 19-53, zona 13- y en la oficina de Cándida Saraí Villavicencio Delgado -16 calle, 4-77, zona 14- donde se planificó cada negociación ilícita realizada en el Ministerio de Salud”, agregó.

El objetivo, según la pesquisa, era nombrar gente de confianza en puestos claves dentro del Ministerio de Salud. Lo primero que pactaron fue obtener el organigrama de la cartera que lo proporcionó Jorge Estuardo Estevez Cabrera -primo del presidente Jimmy Morales Cabrera que ya brindó su testimonio en anticipo de prueba-.

La imputación señala que la estructura comenzó a operar cuando Villavicencio asume como ministro de Salud Pública en el 2012. Su hija Saraí Villavicencio Delgado, junto a Luis Fernando Pérez, entonces diputado, presuntamente habrían montado una estructura en la institución para facilitar la contratación de obras públicas y compra de bienes y servicios a través de la colocación de sus allegados en puestos claves en la institución.

Otros señalados

Entre los que comparecieron está el exdiputado Roberto Kestler Velásquez -procesado en el caso Negociantes de la salud- y Jaime Emilio Pérez Castillo -sobrino del expresidente Otto Pérez Molina-.

El exdiputado Roberto Kestler Velásquez explica que es administrador de empresas y que está procesado en el caso #NegociantesDeLaSalud pic.twitter.com/sV7Govszvo

— Kenneth Monzón (@kmonzon_pl) July 29, 2019

Les toman datos

La jueza Aifán llamó a cada uno al estrado para que dijera su nombre completo, edad, estado civil, profesión y fecha de nacimiento. Además, verificó que todos contaran con defensor. Solo esa parte duró dos horas. El sindicado Javier Castillo Ochoa dijo que se iba a defender solo debido a que es abogado y notario. Aún así le asignaron un abogado del Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP).

1. Edna Carolina Prera Guinther. Tiene 70 años, es contadora pública y auditora y está procesada en el caso de corrupción por el pacto de trabajo en el Ministerio de Salud.
2. Javier Castillo Ochoa. De 50 años, es abogado y notario.
3. Juan Manuel Pelaez Corzo.  Tiene 46 años, es comerciante.
4. Emilio García de León. De 61 años, es economista y docente universitario.
5. Jaime Emilio Pérez Castillo. El sobrino del expresidente Otto Pérez dijo que es comerciante de 45 años.
6. Luis Ricardo Marin Morataya. Tiene 66 años y es administrador de empresas.
7. William Edgardo Marin Marataya. Tiene 58 años. Dijo ser economista y docente universitario.
8. Roberto Guarrrrran Jiménez. De 52 años mencionó que es administrador de empresas. Está procesado en el caso de corrupción por el pacto de trabajo en el Ministerio de Salud.
9. Jorge Luis Pérez Ramírez. Tiene 56 años, es psicólogo con especialidad en recursos humanos.
10. Rolando Pérez Martínez. De 51 años, es licenciado en periodismo.
11. Byron Daniel Rojas Mena. Es administrador de empresas de 43 años.
12. Leonel Batres Gálvez. Tiene 51 años. Es abogado y notario y docente universitario. Está procesado en el caso de corrupción por el pacto de trabajo en el Ministerio de Salud.
13. Roberto Samuel Dávila Meza. De 63 años es bachiller en ciencias y letras.
14. José Alberto Rodríguez Barrera. De 39 años es abogado y notario.
15. Delio Edvin García Argueta. De 58 años dijo ser ingeniero agrónomo. Recordó que estuvo cuatro días en prisión por medidas de seguridad en su contra.
16. Nelson Giovani Osorio Estrada. De 47 años es arquitecto y trabaja como auditor gubernamental en la Contraloría General de Cuentas (CGC).
17. Roberto Kestler Velásquez. El exdiputado de 65 años explicó que es administrador de empresas y que está procesado en el caso Negociantes de la salud.
18. Diego Francisco Villacorta Balcarcel. De 72 años es economista y docente universitario.
19. Bianca Paola Hernández Muñoz. De 35 años dijo ser administradora de empresas.
20. Luis Fernando Pérez Martínez. El exdiputado y excandidato a la presidencia en 2015 tiene 50 años. Dijo ser administrador de empresas, político y empresario.

Exdiputado ya fue beneficiado

La semana pasada Aifán decretó falta de mérito a favor del exlegislador Mario Santiago Linares García, quien había sido señalado de los delitos asociación ilícita, cohecho activo y tráfico de influencias en el caso Asalto al Ministerio de Salud.

El sindicado, quien es esposo de Silvia García Molina, magistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), se entregó este 25 de julio en el Juzgado de Mayor Riesgo D, que había emitido la orden de captura en su contra.

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Los operadores de las empresas de cartón que utilizó Alejandro Sinibaldi para recibir el pago de sobornos por parte de la constructora Odebrecht deberán pedir perdón al pueblo de Guatemala y a las autoridades del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda en un acto público.

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Por unanimidad, el Tribunal de Mayor Riesgo A dictó condenas a tres acusados en el caso Odebrecht.

A decir de la presidenta del Tribunal de Mayor Riesgo A, Yassmin Barrios, “es necesario respetar los bienes del Estado y evitar que hechos de esta naturaleza se sigan repitiendo”.

Asimismo, ordenó que los sentenciados paguen más de US$4 millones al Estado como reparación digna. Pago que será dividido de la siguiente forma:

• Juan Ignacio Florido, US$3 millones
• Juan Manuel Molina Coronado, US$1 millón (abogado de AlejandroSinibaldi)
• Jorge Eduardo Antillon Klussmann, Q500 mil.

El pasado 22 de julio, el Tribunal sentenció a Florido a 6 años de prisión por lavado de dinero, y a Molina y Antillón a 14 años de prisión por lavado de dinero y asociación ilícita.

Según el Tribunal, se demostró que los acusados pertenecían a una estructura criminal liderada por el entonces ministro de Comunicaciones Alejandro Sinibaldi, quien gestionaba cobros ilegales a cambio de hacer los desembolsos a las entidades contratistas.

Estos cobros, según se documentó en la investigación, consistían en porcentajes que oscilaban entre el 5 y 15%. Una de las entidades que tenía contratos con el Ministerio de Comunicaciones era la constructora Norberto Odebrecht, S.A.

Debido a la protesta fueron suspendidas 50 audiencias que estaban programadas para este 24 de julio en la Torres de Tribunales.

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Los manifestantes son originarios de San Miguel Tucurú, Alta Verapaz, y exigen que se repitan las elecciones porque, a su criterio, hubo fraude electoral.

Un contingente de la Policía Nacional Civil (PNC) llegó al lugar, inicialmente de manera preventiva, pero terminó utilizando gas lacrimógeno y gas pimienta para dispersar la manifestación y cortar los candados y cadenas que mantenían bloqueadas la entradas de los edificios de justicia.

Entre los manifestantes había mujeres con niños y bebés, adultos e incluso ancianos. Algunas personas resultaron afectadas por el gas pimienta que rociaron los agentes.

Los pobladores eran liderados por Alba López, excandidata a alcaldesa por el partido FCN-Nación, quien aduce que en Tucurú un fraude electoral le dio la victoria al actual jefe edil, Leonel Victoriano Guzmán Argueta, candidato de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).

AHORA | Agente de la @PNCdeGuatemala quitan las cadenas que bloqueban el ingreso a Torre de Tribunales. | Vía: @Guatevision_tv pic.twitter.com/CAgpNo5jbz

— Prensa Libre (@prensa_libre) 24 de julio de 2019

Algunos manifestantes buscaron confrontación y amenazaron con linchar a periodistas. Una empleada del Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP) y un reportero de un matutino quedaron atrapados en medio de los pobladores en el acceso al personal.

Los comunitarios piden a las autoridades de justicia una acción para evitar que tome posesión el alcalde electo y que se repitan las elecciones en su municipio.

Mario Siekavizza, vocero de la Corte Suprema de Justicia, dijo desconocer las exigencias de los manifestantes porque “no utilizaron los canales idóneos y pertinentes para acercarse a la institución”. Agregó que su deseo era hablar con los magistrados de la CSJ que estaban en sesión de pleno. “Los magistrados accedieron pero por el espacio solo a dos pobladores, como se negaron porque querían hablar en grupo, los magistrados rechazaron su petición”.

“Si venían a hacer algún trámite o alguna gestión lo más idóneo era que acompañaran sus peticiones por escrito, como debe de ser, ante la instancia que consideraran pertinente”, dijo Siekavizza.

#AHORA | El ambiente es tenso en el ingreso a la Corte Suprema de Justicia. Manifestantes se enfrentan con agentes de la @PNCdeGuatemala. | Vía. @kmonzon_pl pic.twitter.com/6UwbzHGvWI

— Prensa Libre (@prensa_libre) 24 de julio de 2019

Análisis

Luis Linares López, analista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes) se refirió a tres aspectos en que un grupo de pobladores burlo la seguridad en el Organismo Judicial (OJ).

“Lo primero que viene a la mente es que este organismo gasta mucho dinero en tener recursos por la seguridad. En el poder judicial hay agentes de seguridad encargados de la entrada, de controlar el ingreso de personas, en fin, el ingreso de personas en el sótano y demás y se ve que están de valde porque si no puede impedir el acceso a un grupo de manifestantes que toman impunemente las instalaciones, entonces, da igual que tengan las puertas abiertas todo el tiempo”, dijo Linares.

El analista se refirió también a que la toma del edificio o incluso en los bloqueos de carreteras lo que buscan los manifestantes es presionar. “Buscan presionar a las autoridades competentes y causando molestias y problemas a los ciudadanos. En el caso de Tribunales a los sindicados, abogados, jueces y fiscales. También la suspensión de las audiencias y la reprogramación que puede ser dentro de semanas y meses por la carga laboral”.

Por último, Linares se refirió a la líder de la protesta –Alba López, excandidata a la alcaldía en Tucurú– “Si era una candidata perdedora que estaba ahí presente pues el Organismo Judicial debiera iniciar acciones legales contra ella por obstruir el funcionamiento de la justicia y perjudicar el funcionamiento de un servicio público esencial. Se deben dejar precedentes”.

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Este 24 de julio terminó la fase de conclusiones en el Tribunal Décimo Tercero Penal y los jueces entran en la etapa para deliberar. La judicatura citó a las partes procesales el lunes 19 de agosto del 2019 para dar a conocer su fallo.

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Varios procesados decidieron hablar ante el tribunal, entre ellos Samuel Morales, hermano del presidente Jimmy Morales, quien entre lágrimas pidió su “absolución total” porque, aseguró, que no ha cometido ningún delito.

“Siempre voy a seguir viéndolos a los ojos, cosa que ustedes (investigadores del Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala) cobardemente no pueden hacer cuando piden cárcel para un hombre inocente… Eso es cobardía”, afirmó el hermano del gobernante mientras alzó su brazo derecho y señaló a la barra acusadora con el índice.

Morales manifestó a los jueces “que sabrán encontrar la verdad, desentrañarla y desenmarañarla… entre tanta prueba que nada ha probado”.

Morales señaló al Ministerio Público de filtrar a la prensa las investigaciones del caso para que él y los demás señalados “perdieran sus derechos y la presunción de inocencia”.

“Señores jueces, tristemente se ha hecho mucho daño a mi familia. El objetivo era destruir mi nombre y el de mi familia. Entonces me puse como objetivo defender mi nombre. Acá fuimos todos condenados a pena de muerte civil sin morir. Debido a esto me dediqué a la informalidad un tiempo porque los bancos nos cerraron cuentas. Al principio de este proceso dije que la verdad nos hará libres y estoy seguro que ustedes sabrán encontrar la verdad dentro de tanta prueba”, añadió Sammy Morales.

#botín "Estoy seguro que ustedes encontrarán la verdad dentro de tanta prueba que nada a probado expresó Samuel Morales ante el tribunal. pic.twitter.com/xxGtFAw1lp

— Sucely Contreras (@SuContreras_gtv) July 24, 2019

Ya es papá

José Manuel Morales Marroquín, hijo del mandatario Morales, también habló ante el tribunal y reveló que a sus 25 años ya es padre de una niña de 10 meses.

“Hoy con 25 años, después de dos años y medio, atravesando este proceso, el cual considero injusto, he aprendido muchas cosas, he entendido otras cosas y considero que he crecido como persona”, dijo Morales.

“Mi futuro está en sus manos… desde lo más profundo de mi corazón lo único que les pido es que se haga justicia, una justicia verdadera que me absuelva. Le pido a Dios los bendiga a ustedes, a la parte acusadora, a Guatemala y a mi y a mi familia”, dijo José Manuel.

“He pasado dos años y medio con restricciones las cuales respeto, pero he perdido muchas experiencias y aprendizaje. Hubo cosas que dejé de hacer por un proceso injusto”, añadió el hijo mayor del mandatario Morales.

"Mi futuro está es sus manos" le dijo al tribunal José Manuel Morales Marroquín, (hijo del Presidente Morales) a sus 25 años Dios le dio la bendición de ser padre de una bebé, y les pidió justicia. pic.twitter.com/ONI2ONbCkb

— Sucely Contreras (@SuContreras_gtv) July 24, 2019

La acusada Abdi Sucely Estrada García es la primera que habla al Tribunal. pic.twitter.com/8EfmEWAj1K

— Kenneth Monzón (@kmonzon_pl) 24 de julio de 2019

Petición de exregistradora

La exdiputada del cancelado Partido Patriota, Anabella de León, centró su última petición a que jamás cometió una ilegalidad. “Mi detención fue ilegal el 1 de septiembre de 2016. He sido afectada, también mi familia y en especial mi madre. No cometí ningún hecho ilícito. Me rijo por valores y principios”, se refirió.

“Este caso es administrativo, no cometí peculado y menos peculado por sustracción, no consentí, no es cierto, en ningún momento consentí algo anómalo. Gozo de credibilidad porque fui diputada durante 16 años”, agregó la exlegisladora.

El acusado Mario Estuardo Orellana López recuerda que estuvo en prisión 37 días en el 2017. “Hemos sobrevivido después de eso, la tragedia de las canastas -un evento por el que enfrenta debate-“, expresó. “Soy un hombre de pocas palabras, sin vicios. En una empresa que trabajé vendí millones. Soy inocente”, dijo.

Abdy Sucely Estrada, esposa de Orellana, fue la primera en explicar su petición. “Nunca creí que por hacer un trabajo me iba a afectar a mí y a mi familia, en especial a mi hija -Abdy Andrea Orelana Estrada, quien fue la novia de José Manuel Morales Marroquín-, acusándonos de robo. No robé ni un centavo. Por esto tuvimos que vender la casa y carros”, mencionó.

#BotínRegistroPropiedad | Urgente. El Tribunal Décimo Tercero Penal finaliza las conclusiones y se retira a deliberar. Cita a las partes para la lectura del fallo el 19.8.2019 a las 10 horas. pic.twitter.com/CT8Nt506WZ

— Kenneth Monzón (@kmonzon_pl) July 24, 2019

Más pedidos

Durante la audiencia hubo una pausa de 30 minutos en donde se adelantó que los jueces se iban a tomar el tiempo prudencial para revisar la gran cantidad de pruebas durante la deliberación.

Alma Verónica Barrios Moreno pidió que la absuelvan porque “llenó” mal un formulario. “Es muy desgastante todo lo que nos han hecho pasar, mi delito fue llenar un formulario sin las especificaciones técnicas”, dijo.

Bianca Yeaneth Chacón Barillas fue la única que pidió ser condenada. “No les pido que me absuelvan porque sí cometí un delito. Lo que les pido es que tomen en cuenta que firmé una colaboración especial. No soy una mentirosa. Fui humillada, discriminada. Acá se burlan de mí hasta el cansancio por ser colaboradora”, dijo.

Edwin Ariel García Alvarado señaló al prófugo Gustavo Azurdia quien fue el culpable del caso. “Pido que me absuelvan. Lástima que el señor Gustavo Azurdia no está en el debate para que aclare esto. Espero que su búsqueda tenga resultado”, puntualizó.

Miriam Estela Hernández Cisneros recordó que deben tomar en cuenta que no es empleada del Registro General de la Propiedad y pidió su absolución.

Gabriela María Caridi Canet agradició a Dios por llegar al final del debate. “Esto ha tenido lamentables consecuencias en mi vida y en mi familia. Agradezco la honorabilidad y la transparencia. Me devuelven la confianza en la justicia guatemalteca”, se refirió.

Miriam Estela Hernández Cisneros recordó que trabajó 37 años en la iniciativa privada en exportaciones e importaciones. Incluso en una universidad privada y un colegio. “Si hubiera sabido el problema de trabajar en una dependencia pública, jamás hubiera aceptado”, dijo. “Jamás cometí algún delito. Nunca he sido política y esto es político”, finalizó.

Randy Paul Gómez Pérez agradeció al Tribunal el permiso de arresto domiciliario y solicitó que fuera ampliado a todo el país y los jueces le dijeron que no era el momento procesal oportuno.

Samantha Marisol Mejía Salguero recordó que estuvo 16 meses en prisión preventiva. “En ningún momento he dejado de creer en la justicia”, dijo.

William Enrique Valdez Segura mencionó que ya estaba acostumbrado a comparecer al debate. “Se les va a extrañar a todos. Recuerdo que cuando nos mandaron a debate nos dijeron que ustedes eran un tribunal objetivo”, dijo.

Heidy Roxana Pirir Ramos lloró en el estrado. “Es difícil… contener las lágrimas. En tres años perdí a mi padre. Considero que la verdad va a salir a luz”, mencionó.

Donald Joseph Byrne Mulet recordó la novela Don Quijote de la Mancha​, de Miguel de Cervantes. “La parte de los gigantes que eran los molinos de viento, pues esa situación es por la que paso ahora. La labor que desempeñé es una labor que considero se hizo y la volvería a hacer”, dijo.

Ernesto Suray Vásquez dijo: “Que Dios los ilumine de lo que tienen que resolver. ¿Es mejor un culpable que esté en la calle o un inocente que esté en la cárcel?”.

Jennifer Alejandra Flores Villeda agradeció la libertad condicional que goza para poder cuidar a su hija que nació cuando estaba detenida.

Oscar Raul Alecio del Cid se refirió a que hizo su trabajo y que evalúen bien la prueba.

Otto Waldemar Flores Villeda recordó que es el único detenido. “Llevo tres años en prisión. Uno no le desea esto a nadie”, dijo.

Patricia Nohemí Chacón Cabrera dijo ser inocente. “Gracias a mi familia por su apoyo. Soy de bajos recursos, ustedes jueces tienen todo en sus manos”.

El acusado Sammy Morales, hermano del gobernante Jimmy Morales, dice que su nombre ha sido público.
"El objetivo era destruir mi nombre y por eso me puse de objetivo defender mi nombre", dice. pic.twitter.com/GMWeBdDIIl

— Kenneth Monzón (@kmonzon_pl) July 24, 2019

Se abstienen

Selvin Alexander Aquino Flores, José Manuel Amaya Morales, Heidy Roxana Pirir Ramos y Oscar Alberto Aquino Flores se abstuvieron de su última petición.

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Médicos del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) indicaron durante una audiencia por un caso de corrupción en el que está involucrado el expresidente Otto Pérez Molina, de que el exmandatario debe seguir en tratamiento estricto por padecimiento en el corazón y seguimiento a dispositivo que tiene en el pecho el cual está en óptimas condiciones.

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El expresidente ya fue enviado a debate por el caso La Línea y el expediente lo tiene el Tribunal de Mayor Riesgo “B”, donde las jueces recientemente le negaron el arresto domiciliario.

La audiencia de este martes 23 de julio por el caso Cooptación del Estado de Guatemala se desarrolló en el Juzgado de Mayor Riesgo B, donde fue la revisión de medida de coerción por el caso del exmandatario, quien pidió arresto domiciliario por humanidad, pero le fue negado por el juez Miguel Ángel Gálvez y deberá ir a prisión.

Pérez Molina, quien desde mayo último estaba en un hospital privado, deberá regresar este miércoles 24 de julio a la cárcel de Mariscal Zavala, según lo ordenado por el juez Gálvez. El exfuncionario afirmó que apelará la decisión del juzgador.

En la audiencia anterior del 10 de junio pasado, expuso un abogado llevó a cardiólogo que expuso que Pérez Molina padece de arritmia cardiaca y recordó que usa un cardiodesfibrilador.

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En la audiencia de este martes, comparecieron ante el juez Gálvez tres médicos del Incacif que reprodujeron un video que explica la arritmia y agregaron que el exmandatario debe seguir bajo estrictico tratamiento y vigilancia del aparato que tiene en el pecho.

El 5 de septiembre del 2018, se informó que el expresidente es un paciente de alto riesgo y estará en observación debido al cambio del cardiodesfibrilador.

La cirugía se efectuó en un hospital privado y fue exitosa. El expresidente mostró estabilidad después de que los especialistas le remplazaron el referido aparato.

El 8 de agosto del mismo año, el expresidente fue trasladado a un hospital privado debido a una complicación cardiaca que padeció mientras guardaba prisión preventiva en la cárcel Mariscal Zavala.

| "No entendemos el argumento del juez, no tiene ningún sentido", declara Otto Pérez Molina tras conocer que Miguel Ángel Gálvez no le otorgó la medida sustitutiva. #CooptaciónGT
Vía: @kmonzon_pl pic.twitter.com/rpbECSrN5h

— Guatevisión (@Guatevision_tv) July 23, 2019

Tras diez días de debate en el juicio por el caso Odebrecht, el Tribunal de Mayor Riesgo A emitió las condenas a los acusados por uno de los casos de corrupción que ha hecho temblar a América Latina.

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Por unanimidad, el Tribunal integrado por Yassmín Barrios, Gelvi Sical y Patricia Bustamante dictó condenas a tres acusados en el caso Odebrecht.

“Los acusados participaron en el lavado de dinero en su calidad de autores. Es evidente la estructura criminal para delinquir que trasladó grandes cantidades de dinero para beneficiarse”, explicó la jueza Barrios.

Para Juan Manuel Molina Coronado, quien fue abogado de Alejandro Sinibaldi, exministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, la pena es de 14 años de prisión -seis años de cárcel por lavado de dinero y ocho por asociación ilícita-, además, multa de US$1.2 millones.

La misma pena fue para Jorge Eduardo Antillón Klüssmann, pero la multa es de US$246 mil. Como gozaba de arresto domiciliario el Tribunal le revocó la medida y lo remitió a la cárcel militar Mariscal Zavala.

A Juan Ignacio Florido le impusieron la sentencia de seis años de cárcel por lavado de dinero y la multa de US$9 millones 30 mil.

#CasoOdebrecht | Tribunal de Mayor Riesgo A inicia la lectura de la sentencia.
Los acusados Jorge Eduardo Antillón Klüssmann, Juan Ignacio Florido y Juan Molina Coronado (exabogado de Alejandro Sinibaldi). pic.twitter.com/OFKPYIvVNd

— Kenneth Monzón (@kmonzon_pl) July 22, 2019

“En su momento entregué la papelería de forma voluntaria diciendo que había aperturado una cuenta. Hay muchos temas que tenemos que discutir con nuestros abogados para el tema de la apelación porque siento que de alguna forma se me juzgó pero no de la forma más justa. A la constructora -Odebrecht-, probablemente la más grande del mundo, le pusieron una multa de US$17 millones por la reparación al Estado guatemalteco y a mí una multa de US$9 millones cuando estoy principalmente quebrado financieramente”, se refirió Florido.

En tanto el abogado Molina resumió la sentencia como algo “duro antes que cualquier otra cosa”. “Con dignidad vamos a seguir peleando. Se omitieron los documentos bancarios que demostraron que jamás se recibió ese dinero. El Tribunal en ningún momento se pronunció”.

“Este es un tema político, pues nosotros estamos pagando la cuestión de alguien más. A mí se me vincula por mi relación profesional con Alejandro Sinibaldi, osea, por trabajos. Pero desde el tema monetario es que me vinculan a mí. No cambio mi relación con Sinibaldi, es la que tuve con 300 personas más”, añadió Molina.

Antillón Klüssmann evitó pronunciarse y al saber que sería remitido a una cárcel usó su celular y esperó hasta que fue engrilletado en la sala de audiencias del piso 15 en la Torre de Tribunales.

Ordena investigaciones

El Tribunal ordenó investigar a María Eugenia Beatriz del Rosario Pivaral Aguilar en relación con las supuestas irregularidades que se conocieron durante el debate por una finca que le vendió a Sinibaldi.

También ordenó abrir una pesquisa contra Rubén Mejía, quien fue viceministro de Comunicaciones, y estaría involucrado en la negociación de las coimas y la parte financiera. “Se ordena una investigación por la parte financiera de la cartera al haber autorizado los pagos”, dijo la jueza Barrios.

El Tribunal ordenó que la sentencia sea publicada en un diario escrito.

Argumentación

“Al concluir nuestro análisis es necesario mencionar que uno de los problemas de la sociedad guatemalteca es la corrupción como flagelo que es necesario luchar y combatir”, mencionó la jueza Barrios.

“La corrupción es susceptible de cometerse en ámbitos públicos y privados. De ahí que donde hay intereses personales obedece el soborno y la extorsión o se practican actos fuera de la moral o lavado de dinero como este caso. En el momento que una función es alterada de su cauce normal, hay corrupción, por lo tanto, existe corrupción en aquellos actos que se realicen de manera indebida y fuera de la norma. Es preciso recordar que la corrupción de los gobiernos y administraciones públicas produce desvío de recursos”, dijo Barrios.

Valor a las pruebas

El Tribunal recordó que la constructora brasileña Odebrecht firmó el contrato con el país el 13 de diciembre del 2012 para dar mantenimiento y ampliar la CA-2 Occidente. El monto fue de US$384 millones, 361 mil 901.65.

Sinibaldi, el supuesto líder de la organización criminal, negoció con los directivos para recibir 7.5% como soborno del monto total que el Estado le pagaría a la empresa por la carretera.

La obra inició el 24 de octubre del 2013 y se extendió hasta 2016 cuando se conoció el caso. El avance fue de 54% y para recibir los sobornos, Sinibaldi ordenó a los acusados que firmaran por la apertura de cuentas de entidades fuera de plaza en Antigua y Barbuda.

Odebrecht transfirió US$17.9 millones a las cuentas, cuyos representantes son los condenados, según la investigación de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) del Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).

Testigos

Los jueces valoraron el relato de los directivos brasileños, quienes confirmaron la negociación por la obra. Uno de ellos fue de Marcos Machado, que ordenó la apertura de las cuentas y aprobó la transferencia de las coimas millonarias.

También del banquero Mario Pereira Bilinski, quien abrió las cuentas y conoció a Molina cuando visitó el país en seis oportunidades para la firma de documentos.

Colaborador fue clave

El testimonio de Juan Arturo Jegerlehner Morales, concuño de Sinibaldi y colaborador eficaz, fue clave en las pruebas. En su relato describió a los jueces que había abierto cuentas y negoció la compra de una finca para Sinibaldi con Pivaral Aguilar.

Otros testimonios que valoraron las pruebas fueron las del analista Deimer Meléndez, quien se refirió a la firma del contrato con la constructora así como las transferencias de dólares.

Baldizón se benefició

Para los jueces quedó demostrado que en febrero de 2013, Sinibaldi realizó una reunión en su casa y presentó a un directivo de Odebrecht con Manuel Baldizón. Sinibaldi le indicó al directivo de Odebrecht que debía depositar a Baldizón la cantidad de US$3millones, provenientes de los sobornos pactados.

En enero de 2014 Manuel Baldizón delegó al abogado Diego Chacón Yurrita -aún pendiente del comienzo del juicio- para que se encargara de abrir las cuentas y se coordinara con los brasileños para las transferencias.

A partir de junio de 2014 se realizaron transferencias ilícitas a empresas relacionadas con el excandidato presidencial Baldizón.

Baldizón le indicó al delegado de Odebrecht en Guatemala que estaba en campaña presidencial, que sería el próximo presidente y que las empresas que le estaban ayudando, entre ellas Odebrecht, debían apoyar también a la campaña.

Baldizón en coordinación con Sinibaldi y en concierto con los directivos de Odebrecht, recibió en total US$1 millón 360 mil de los US$3 millones pactados en concepto de comisiones ilícitas.

El caso

El juicio comenzó el 8 de julio pasado. Ya declaró el perito Deimer Meléndez Cardona, quien recordó a los jueces que Sinibaldi negoció coimas con la empresa brasileña y con el relato del banquero se confirma la forma y los montos.

La investigación del caso surgió por el avance del proceso denominado Construcción y corrupción, en donde se reveló una estructura criminal liderada por Sinibaldi, quien gestionaba cobros ilegales a cambio de realizar los desembolsos a las entidades contratistas.

Estos cobros, según se ha documentado en la investigación, consistían en porcentajes que oscilaban desde el 5 al 15%. Una de las entidades que tenía contratos con el Ministerio de Comunicaciones era la constructora Norberto Odebrecht S.A.

En una investigación difundida el 21 de diciembre de 2016 por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, se vinculó a la constructora brasileña con la entrega de sobornos a funcionarios públicos de 12 países, incluido Guatemala.

Las investigaciones de la justicia brasileña condujeron a la ubicación de cuentas bancarias en el extranjero, las cuales utilizaba el Grupo Odebrecht con el fin de realizar los pagos ilícitos relacionados con los contratos firmados.

La Contraloría General de Cuentas realizó un examen especial de auditoría a los aspectos financieros, de cumplimiento y gestión, al contrato adjudicado a la empresa Constructora Norberto Odebrecht, S.A, estableciendo la posible comisión de ilícitos, por lo que se presentó la denuncia en la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci), del Ministerio Público.

El caso construcción y corrupción reflejó los primeros indicios de entidades vinculadas con Sinibaldi Aparicio que actuaron en contubernio con la entidad Norberto Odebrecht.

Tal como demuestran las investigaciones en la región latinoamericana, esta firma realizó prácticas ilícitas por medio del pago de sobornos en los contratos en los que participó.

Lo que sigue

La reparación digna se discutirá el 25 de julio próximo. La defensa adelantó que analizará el fallo para la apelación especial.

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Después de siete audiencias y más de cuatro meses desde que comenzó la audiencia de etapa intermedia el 27 de febrero pasado, la jueza de alto impacto Claudette Domínguez admitió la acusación y envió a debate a 16 implicados en la muerte del capitán Byron Lima, sucedida hace tres años, el 18 de julio del 2016 en la cárcel Pavón.

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“Ustedes se concertaron. Existe la probabilidad de una estructura para ocasionar la muerte de las personas identificadas en esta causa”, resolvió Domínguez, titular del Juzgado de Mayor Riesgo A, respecto al delito de asociación ilícita.

Marvin Montiel Marín, alias el Taquero, narcotraficante condenado a 820 años de prisión por la muerte de 15 nicaragüenses y un holandés, estuvo sereno. Se le vio serio debido a que la juzgadora le negó su intervención momentos antes de la resolución. “No es el momento procesal. Usted y todos los demás fueron citados para la resolución, únicamente”, le dijo Domínguez.

Su esposa, Sara Elizabeth Cruz Mancilla, y María Marta Castañeda Torres, sobrina de Sandra Torres -candidata a la presidencia por la agrupación política Unidad Nacional de la Esperanza (UNE)-, enfrentarán juicio por encubrimiento propio y asociación ilícita, pese a que el Ministerio Público (MP) había solicitado por asesinato. “No existió suficientes indicios en relación al delito de asesinato y se le modifica la calificación jurídica”, indicó la juzgadora.

Castañeda Torres se llevaba la mano al rostro y hasta lloró cuando la jueza la envió a debate.

En la resolución Domínguez recordó una parte de la investigación que detalla la disputa de poder entre Montiel y Lima en la prisión. “Existía una disputa de poder en la prisión. Montiel se enojó por las constantes revisiones que mandaba a hacer Lima a los visitantes. Además, se le impidió vender drogas dentro de la cárcel, según la acusación que fue planteada por el fiscal del caso”, argumentó la juzgadora.

Retraso

Para que la jueza resolviera el caso existió un retraso debido a que hubo inconvenientes en el audio para la videoconferencia y faltó un juez de paz en la cárcel de Pavón durante la mañana. Entonces la juzgadora ordenó que trasladaran a los reos Byron Geovanny Ortiz Colindres y Ronald Ernesto Raxcacó Reyes a la Torre de Tribunales y escucharan su resolución por la tarde.

“Los indicios abundantes se relacionan con el delito de asesinato. Acá solo se ven las probabilidades y por eso es viable aceptar la acusación por ese delito”, resolvió la jueza Domínguez.

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El Tribunal de Mayor Riesgo A, que preside Yassmín Barrios, fue designado para conocer los alegatos y juzgar a El Taquero, su esposa y a otros 14 procesados.

Postura

Montiel dijo que estaba en desacuerdo con la resolución y recordó que siempre mantuvo una amistad “agradable” con Lima en la cárcel Pavón. “Era mi amigo, cómo es que dicen que lo mandé a matar”, se refirió.

Además, recordó que el “caso está viciado” en alusión a su denuncia que está en fase de revisión en el MP. Montiel reveló que la excolaboradora eficaz Alejandra Saraí Reyes -viuda de Lima- mantuvo una relación sentimental con Rogelio Ramírez Cartion, quien renunció como funcionario de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig). Incluso mostró fotografías de ambos juntos en diversos eventos.

El móvil

Domínguez validó los indicios y la investigación de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) relacionada a que existió una enemistad entre Lima y Montiel.

El Taquero concertó con otros internos, y junto con su esposa y su amiga Castañeda Torres pudo obtener pistolas y granadas para cometer el ataque contra Lima, la modelo argentina Joanna Birriel y otros 12 reos la mañana del 18 de julio de 2016.

El ataque sucedió en el sector denominado La Sexta, donde están varios comercios y hasta una iglesia. Es el sector más concurrido del penal.

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Le otorga la palabra

La juzgadora le otorgó la palabra a Montiel, quien insistía desde el comienzo de la resolución. Su petición era para que le autorizara dejar la prisión militar Matamoros, donde cumple su condena de 820 años de cárcel para ser trasladado a la Granja Modelo de Rehabilitación Canadá, en Escuintla.

El argumento es que ahí podrá dedicarse a diversas actividades de reinserción y tendrá más tiempo la visita de su familia. En el penal Matamoros solo puede recibir visitas los fines de semana durante dos horas y en Escuintla, la visita es entre semana y los fines de semana desde las 9 hasta las 16 horas.

Además, aseguró que la relación sentimental entre Reyes y Ramírez continúa debido a que tiene pruebas que ya esperan un bebé.

La juzgadora le explicó que si son sus indicios que los presente en la audiencia de ofrecimiento de las pruebas el próximo 6 de septiembre. “Sus abogados lo deben asesorar”, le dijo y le negó el traslado de prisión.

Los acusados:

1. Marvin Montiel Marín, alias El Taquero, por los delitos de asociación ilícita y asesinato.
2. Maher Moisés Montenegro Cardona, por los delitos de asociación Ilícita y asesinato.
3. Frederik Onivar Interiano Godoy, por los delitos de asociación ilícita y asesinato.
4. José Pablo Barrientos Quiñonez, por los delitos de asociación ilícita y asesinato.
5. Ronald Ernesto Raxcacó Reyes, por los delitos de asociación ilícita y asesinato.
6. Jesús Ariel Morales, por los delitos de asociación ilícita y asesinato.
7. Melvin Eduardo Enríquez Hernández, por los delitos de asociación ilícita y asesinato.
8. Walter Everardo Enríquez Hernández, por los delitos de asociación ilícita y asesinato.
9. Juan Antonio  Castillo Herrera, por los delitos de asociación ilícita y asesinato.
10. Byron Giovanny Ortiz Colindres, por los delitos de asociación ilícita y asesinato.
11. Héctor Geovani Revolorio Ramos, por el delito de encubrimiento propio.
12. Édgar Rolando Contreras Velásquez, por el delito de encubrimiento propio.
13. Sara Elizabeth Cruz Mansilla, por el delito de encubrimiento propio.
14. Lestin Exel Alonzo Lara, por el delito de encubrimiento propio.
15. María Marta Patricia Castañeda Torres, por el delito de encubrimiento propio.
16. Basilio Hernández Guzmán, por el delito de incumplimiento de deberes.

Uno ya fue condenado

Carlos De León Zea, exdirector de Presidios cuando ocurrió la matanza, se declaró culpable por incumplimiento de deberes en un juicio abreviado el pasado 20 de junio.

Fue condenado a tres años de prisión y beneficiado con la suspensión de la pena. El caso en su contra, conocido como La Sexta, se lleva por ignorar las advertencias previas al asesinato del capitán Byron Lima en la cárcel Pavón.

"Ustedes se concertaron. Existe la probabilidad de una estructura para ocasionar la muerte de las personas identificadas en esta causa", resuelve la jueza por el delito de asociación ilícita. pic.twitter.com/gaJtVa0psh

— Kenneth Monzón (@kmonzon_pl) July 17, 2019

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Durante la audiencia el representante del Ministerio Público (MP) explicó que Ruiz “ordenó” el asesinato del sindicalista Manuel Ramírez el 1 de junio del referido año.

“El autor fue Ronald Joaquín González -quien era el jefe de seguridad del Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP)”, se refiere en el señalamiento por el delito de asesinato, según el MP.

La descripción de los hechos recuerda que Ruiz no pudo asumir la dirección del IDPP en sustitución de Blanca Stalling, debido a denuncias en su contra por el sindicalista Manuel Ramírez.

Según la imputación del MP, Remberto Leonel Ruiz Barrientos, mientras ocupaba un cargo ejecutivo y de Recursos Humanos en el IDPP, en días anteriores al 1 de junio del 2012 recibió a los sindicalistas Marvin René Donis Orellana y Fermín Iván Ortíz Maquín (piloto) que pidieron información personal de Manuel de Jesús Ramírez, secretario de conflictos y de trabajo del sindicato de la institución. Esta información habría sudo útil para el asesinato de Ramírez ejecutado por órdenes de autoridades superiores

A decir del MP, el asesinato fue consumado por órdenes directas de Remberto Ruiz Barrientos. Según el ente investigador, el sindicalista Manuel de Jesús Ramírez había presentado una serie de denuncias contra Ruiz Barrientos por diferentes hechos ilícitos, esto provocó que Ruiz Barrientos no haya sido electo como director del IDPP en el 2010.

Manuel de Jesús Ramírez murió por cuatro heridas penetrantes y perforantes en el tórax provocadas por balas.

Manuel de Jesús Ramírez presentó una denuncia el 20 de junio de 2009 cuando manifiestó los hechos “desde hace años he estado recibiendo intimidaciones del IDPP, fui fundador y secretario del sindicato hasta octubre del 2008, he seguido de cerca la fiscalización de las elecciones para director del IDPP.

En su defensa el viceministro de Gobernación, Remberto Ruiz, dice que "jamás" planificó algún asesinato. pic.twitter.com/MUkXG6o59L

— Kenneth Monzón (@kmonzon_pl) July 16, 2019

Añade que el 20 de junio, cerca de las 19 horas vio cerca de su casa una camioneta blanca con vidrios polarizados, los ocupantes al verlo que ingresó a una casa donde había un velorio ellos se quedaron esperando afuera.

Ramírez aseguraba que quienes habían ordenado que lo vigilaran estaban Blanca Aida Stalling, Luis Ángel Marroquín y Remberto Ruiz Barrientos.

El viceministro de Gobernación, Remberto Ruiz, negó los señalamientos y afirmó que mantuvo una buena relación con los sindicalistas, que los buscaban para tratar temas de esa organización.

La Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público (MP), presentó una solicitud de antejuicio contra la jueza de alto impacto, Claudette Domínguez, por sus resoluciones violatorias en el caso de violencia sexual contra 36 mujeres mayas achi’ en Rabinal entre 1981 y 1985.

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Hilda Pineda, quien dirige la Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público (MP) acudió a la Torre de Tribunales acompañada de los querellantes en un caso contra seis expatrulleros civiles.

La solicitud fue presentada en Gestión Penal de la Torre de Tribunales. Los delitos que habría incurrido la juzgadora son prevaricato y denegación de justicia.

“La Fiscalía hizo un requerimiento para que se realicen diligencias de antejuicio en contra de la jueza Martha Claudette Domínguez Guerrero ya que considera que dentro de una resolución que dictó el 21 de junio pasado donde decretó el obreseimiento a favor de tres acusados y la clausura provisional de tres acusados ordenando la inmediata libertad. Puede existir prevaricato y denegación de justicia ya que consideramos que fundamentó su resolución en hechos falsos”, se refirió Pineda.

La fiscal añadió que la jueza “favoreció a los acusados” y perjudicó a las víctimas. “Damos una calificación provisional de prevaricato y denegación de justicia”, señaló.

El caso

Según la Fiscalía, el 21 de junio de este año, la jueza de Mayor Riesgo A vulneró a las mujeres achi’ luego de dejar en libertad a seis patrulleros de autodefensa civil  acusados de violencia sexual.

Domínguez desestimó los cargos contra tres de los acusados y ordenó su liberación, asimismo, desestimó de manera provisional los cargos contra otros tres acusados dándole hasta el 5 de agosto al MP para presentar más evidencia contra ellos.

Los expatrulleros beneficiados son:

Clausura provisional

• Bernardo Ruiz Aquino
• Bembenuto Ruiz Aquino
• Damián Cuxum Alvarado

Sobreseimiento

• Pedro Sánchez Cortez
• Simeón Enríquez Gómez
• Félix Tum Ramírez

Fiscalía de Derechos Humanos, que dirige Hilda Pineda, interpone en Gestión Penal solicitud de retiro de inmunidad a la jueza de alto impacto, Claudette Domínguez.
Loa hechos se centran a una resolución que benefició exintegrantes de las Patrullas de Autodefensa Civil. pic.twitter.com/Hn1YJ9YqWt

— Kenneth Monzón (@kmonzon_pl) July 11, 2019

Las querellantes, mujeres achi’, compartieron un comunicado en el que explicaron que la jueza “faltó a la verdad al afirmar que no fue aportado ningún medio de convicción que acreditara que las seis personas eran patrulleros cuando ocurrieron los hechos”.

La investigación cuenta con el testimonio de ocho mujeres que identificaron a los expatrulleros así como el relato de testigos y documentos del caso.

A esta solicitud se le unirán varias organizaciones de Derechos Humanos que están en desacuerdo con las resoluciones de la jueza Domínguez en otros casos como el Creompaz y el caso por genocidio, en el cual está acusado el general retirado Luis Enrique Mendoza García, suegro del diputado y excandidato a la presidencia, Estuardo Galdámez.

En el juzgado de Mayor Riesgo A se desarrollaba una audiencia para escuchar a siete implicados en el caso Financiamiento electoral no registrado de la UNE, pero hubo dos personas que señalados en el proceso que estaban prófugas de la justicia y se presentaron a comparecer a la judicatura.

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Susana Patricia Castellanos González y Maynor Feizal Zimeri Corado fueron los implicados que tenían orden de aprehensión y se presentaron a comparecer. Cuando pasaron al frente, en el banquillo de los acusados, Castellanos dijo ser auditora y que estaba desempleada. Zimeri que es empresario y su salario mensual es de Q100 mil, sin aportar más detalles.

La jueza de alto impacto, Claudette Domínguez, les advirtió que debían comparecer a las audiencias esta semana hasta solventar su situación jurídica. Los benefició para que se fueran a su casa porque se habían presentado de forma voluntaria.

En el juzgado comparecieron otros sindicados:

• Héctor Ricardo Quan Serrano por el delito de Defraudación Tributaria
• Nelson Alexis Garcia Morales por el delito de Financiamiento Electoral No Registrado
• Edin Alberto Álvarez Pérez por el delito de Financiamiento Electoral No Registrado
• Antonio Juan Cristiani Burkard por el delito de Financiamiento Electoral No Registrado
• Enrique Sánchez Hernández por el delito de Defraudación Tributaria
• Per Michael Erichsen Rydhager por el delito de Financiamiento Electoral No Registrado
• Héctor Rafael Leal Valdés por el delito de Financiamiento Electoral No Registrado

En desarrollo la audiencia de primera declaración en el Juzgado de Mayor Riesgo A en el caso Financiamiento electoral no registrado en la Unidad Nacional de la Esperanza en 2015. pic.twitter.com/ZBdaI1pdRY

— Kenneth Monzón (@kmonzon_pl) July 8, 2019

Acusados serán beneficiados

El fiscal Andrei González explicó al comienzo de la audiencia la medida desjudicializadora a favor de Quan Serrano y Sánchez Hernández debido a que el señalamiento es por defraudación tributaria.

Los dos señalados enviaron un correo electrónico a la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) en donde anunciaron que irán a la Superintendencia de Administración Tributaria  (SAT) a solventar su situación por retraso en el pago de impuestos de 2015.

La jueza explicó que será en otro día cuando se conozca la acción a beneficio de Quan Serrano y Sánchez, quienes se retiraron de la sala de audiencias.

El empresario Gustavo Alejos también asistió a la cita aunque se retiró debido a que no era de su interés el señalamiento a las personas que se entregaron y las que comparecieron a la cita de la juzgadora.

Incidente

El abogado Julio García-Merlos, quien defiende a Cristiani Burkard, interpuso un incidente de separación de procesos. El argumento es que el caso surgió por la investigación del caso denominado Aceros y después se extendió al de Traficantes de influencias y ahora se añadió la investigación de financiamiento electoral no registrado al partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) en 2015.

La juzgadora le dio intervención a todas las partes para escuchar los alegatos a favor -Fiscalía- y en contra -la defensa-. Después de tres horas el incidente fue rechazado. Entonces, fue el turno del fiscal González para iniciar con la descripción de los hechos.

La investigación

La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y el Ministerio Público siguen la pista de Q19.5 millones destinados al financiamiento de la campaña electoral del partido de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) en 2015.

• El primero de ellos es el caso Traficantes de Influencias, por el cual Mario Leal Castillo se encuentra prófugo.
• La investigación apunta a que supuestas comisiones recibidas por Leal Castillo, fruto de su vinculación con Geovanni Marroquin Navas, y resultado de la agilización de la devolución de crédito fiscal, habrían sido utilizados por Leal Castillo como aporte a la campaña de la UNE.
• Geovanni Marroquin Navas es un nexo que relaciona a este nuevo caso con el de La Línea, pues Marroquín Navas fue uno de los presupuestos operadores de esta estructura criminal en la Superintendencia de Administración Tributaria, SAT.
• La investigación apunta que, al menos, una empresa de un hijo de Marroquín Navas habría sido también utilizada para triangular fondos destinados a la campaña de la UNE. Esta empresa sería Ingeniería Integral, manejada por Marlon Estuardo Marroquín Silva. Desde esta empresa se detectaron movimientos financieros hacia la entidad Maariv S.A. El MP afirma que al
  rastrear los movimientos de la entidad Maariv S.A., se detectó que las cuentas eran utilizadas por Mario Leal Castillo (hijo de Leal Pivaral y vicepresidenciable en 2015) para el financiamiento ilícito del partido UNE,por lo que se abrió una nueva línea de investigación, la que desencadenó el caso que se presenta.
• Estos aportes encuadran en la nueva definición de financiamiento electoral ilícito, (reformado por el Congreso en octubre de 2018) que detalla que este delito se produce cuando los aportes a las campañas proceden de ilícitos.
• Las empresas bajo investigación ya presentaban registros de financiamiento al partido UNE en el TSE, pero con montos menores a los ahora investigados. Estas son las compañías: Prohabsa, Maariv S.A. (ligadas a Mario Leal Castillo) y Grupo Empresarial San Felipe.
• El MP afirma que dichas empresas fueron usadas como centros de recaudación y administración de recursos externos al partido UNE por medio de una estructura de entidades y una administración paralela de las finanzas oficiales de campaña, de esta forma el partido logró eludir el control sobre los fondos que le aportaron.
• El Grupo Empresarial San Felipe se encuentra ligada al diputado por Sacatepéquez, Julio César Ixcamey, cuya inmunidad pidió hoy el MP que le sea retirada.
• En la investigación se indaga el uso de Proabsa, Maariv y Grupo Empresarial San Felipe para ocultar origen real de los aportes a la campaña de la UNE en 2015. El MP estableció que a través de dichas entidades se hacía llegar la aportación de dinero procedente del pago de comisiones ilícitas por la agilización de expedientes de devolución de crédito fiscal ante la SAT, dinero que en parte ingresó a la cuenta oficial de campaña.
• El caso de la UNE también se relaciona con el denominado Negociantes de la Salud. De manera extraoficial se conoce de intervenciones telefónicas que involucran a Sandra Torres, Mario Leal Castillo y Gustavo Alejos. Este último detenido nuevamente este miércoles 6 de febrero.
• Los elementos de prueba para este caso incluirían alrededor de 60 declaraciones testimoniales, análisis financieros bancarios y reportes de financiamiento remetidos por la agrupación política al TSE.
• Entre los citados a declarar se encuentran empleados de empresas de la familia Leal Pivaral que habrían sido utilizados para cobrar cheques de donantes del partido. Este dinero en efectivo fue utilizado en la campaña 2015. También se ha citado a primera declaración a
• Dos de las acusados hoy por el MP y la Cicig también ocuparon funciones en el gobierno del Partido Patriota. Mario Leal Castillo fue secretario de asuntos específicos de la presidencia durante el gobierno de Otto Pérez Molina, mientras que su asistente, en algunas de sus empresas, Karina Paz, fue directora de la Multisectorial del PP. El MP también solicitó hoy que se le retire el derecho de antejuicio a Paz, quien ocupó una curul por el partido Une luego de que el diputado César Fajardo, dejara el cargo por la investigación en su contra por el caso Plazas Fantasma en el Congreso.
• En el caso del diputado Julio César Ixcamey se investiga si algunos de los aportes registrados fueron utilizados para su campaña en Suchitepéquez, triangulando fondos a través de familiares. Fuentes internas del partido señalan que Ixcamey habría obtenido una gran autonomía de acción en el partido, para la nominación de los candidatos a las alcaldías de su departamento en 2019, derivado de sus apoyo previos a la campaña del partido.

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La Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci) pide que el hijo del presidente Morales reciba condena por fraude en forma continuada.

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Mientras que, para el hermano del mandatario la Fiscalía solicitó se le condene por fraude y lavado de dinero. Para Samuel Morales el MP también pide una multa de Q179 mil.

Para Gladys Anabella de León Ruiz, el MP solicitó 7 años y 6 meses años de prisión aumentada en una tercera parte por ser delito continuado, es decir en total 10 años de prisión inconmutables, multa de Q50 mil e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por el término de 6 años por el delito de peculado por sustracción en forma continuada.

Este caso de corrupción se registró en el Registro de la Propiedad cuando la institución estaba al mando de De León.

Argumentación

Después de tres días de conclusiones en la Sala de audiencias de mayor capacidad, conocida como megasala, De León finalizó al solicitar las penas mínimas para los acusados, aunque como el delito es en forma continuada, recalcó que se imponga la condena aumentada en la tercera parte.

“Honorable tribunal, los acusados son responsables de los delitos como autores, sustrayendo y permitiendo que se sustrajeran fondos públicos. El actuar de los funcionarios en contubernio con particulares es lo que se les reprocha”, explicó el fiscal.

Un detalle de la pena que solicitó el fiscal para los acusados es que los años de prisión no sean conmutables, es decir, que no se pueda pagar un monto por cada año si son culpables.

Al final recalcó el prefacio de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig): “La corrupción socava las instituciones, la democracia y el estado de Derecho. Este fenómeno se da en todos los países, pero sus efectos son devastadores en el desarrollo”.

De León añadió: “La corrupción afecta infinitamente más a los pobres porque desvía los fondos destinados al desarrollo, socava la capacidad de los gobiernos de ofrecer servicios básicos, alimenta la desigualdad y la injusticia y desalienta la inversión”.

“Está en sus manos señores juzgadores impartir justicia”, concluyó el fiscal.

Solo Sammy Morales se pronunció respecto a la petición que hizo el fiscal durante la audiencia 108 desde que comenzó el debate el 30 de agosto del 2017. “¿Qué puedo decir? Me he convertido en el mejor producto de mercadeo del Ministerio Público y de la Feci. El fiscal tiene el derecho constitucional de petición”, dijo.

Detalles del caso

La acusación está centrada en 16 plazas fantasma que supuestamente avaló la exregistradora Anabella De León que llevaron al desvío de Q3 millones, 374 mil 197.73. Además, a eventos anómalos donde el Registro General de la Propiedad pagó por servicios que no se prestaron, entre ellos el pago de 564 desayunos y canastas navideñas para los empleados en 2013..

Según el MP, la canasta que recibieron los empleados de la referida institución tenía 11 productos y fue cotizada en Q159.50, según la investigación. No obstante, el Registro pagó Q269 mil 933 a través de tres facturas por 564 canastas, lo que significa que cada una costó Q478.60, más de tres veces el precio comercial.

Según la investigación, Samuel Morales está señalado por la factura de Plus Espectáculos y Promociones, S. A., por Q89 mil 975, pagados por el Registro. Para ello, la empresa simuló un evento de alimentos para 40 personas, de tres tiempos de comida, por tres días, que habrían sido servidos durante la elaboración de un “proyecto de plan operativo anual”, pero en realidad cubría el costo de las canastas, según el expediente.

La investigación determinó que el Registro también pagó a Fulanos y Menganos Q90 mil por 564 desayunos que no fueron servidos, cantidad que coincide con el número de canastas.

Otra factura de Plus Espectáculos por Q89 mil 958, detalla la compra de las canastas que fueron entregadas por Abdy Estrada García, madre de la exnovia de José Manuel Morales Marroquín.

El fiscal argumenta los hechos relacionados con el supuesto lavado de dinero u otros activos pic.twitter.com/acCGuy5HFm

— Kenneth Monzón (@kmonzon_pl) July 5, 2019

Otros implicados en el caso

El MP también solicitó condenas para los demás implicados

• Samantha Marisol Mejía Salguero, pidieron 10 años de pena.
• Gabriela María Caridi Canet, requirieron prisión de 6.8 años.
• Miriam Estela Hernández Cisneros, solicitaron pena de 6.8 años.
• Oscar Raul Alecio del Cid, requirieron condena de 6.8 años.
• Edwin Ariel García Alvarado, pidieron prisión de 6.8 años.
• Donald Joseph Byrne Mulet, solicitaron pena de 6.8 años.
• Alma Verónica Barrios Moreno, requirieron condena de 6.8 años.
• Esperanza Josefina Castellanos Solís, pidieron prisión de cinco años.
• Otto Waldemar Flores Villeda, solicitaron  cárcel de 10 años.
• Jennifer Alejandra Flores Villeda, requirieron ocho años de prisión.
• Blanca Elizabeth Amaya Morales, pidieron condena de ocho años.
• José Manuel Amaya Morales, solicitaron cárcel de ocho años.
• Selvin Alexander Aquino Flores, requirieron prisión de ocho años.
• Oscar Alberto Aquino Flores, pidieron ocho años de cárcel.
• Randy Paul Gómez Pérez, solicitaron pena de ocho años.
• William Enrique Valdez Segura, requirieron ocho años de condena.
• Ernesto Suray Vásquez, pidieron prisión de 6.8 años.
• Heidy Roxana Pirir Ramos, solicitaron ocho años de cárcel.
• Bianca Yaneth Chacón Barillas, requirieron 1 año y ocho meses de prisión.
• Patricia Nohemí Chacón Cabrera, pidieron cárcel de ocho años.
• Mario Estuardo Orellana López, solicitaron ocho años de prisión.
• Abdi Sucely Estrada García, requirieron ocho años de cárcel.

Lo que sigue

La próxima semana será el turno de la Procuraduría General de la Nacion (PGN), después será el turno de los defensores. Se espera que expongan durante toda la semana previo a que los jueces les otorguen la última palabra a los 25 acusados y se retiren a deliberar y luego la lectura de la sentencia.

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La Corte Suprema de Justicia (CSJ) dejó en suspenso una condena moral que había hecho el titular de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), Jordán Rodas, para garantizar los derechos de las personas afiliadas al Sindicato de Trabajadores Fuerza y Esperanza de la Zona Libre de Industria y Comercio Santo Tomás de Castilla.

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Según el caso, la entidad patronal promovió procesos judiciales para despedir al dirigente Tomás Lares y para que se disolviera la organización sindical, hecho que fue denunciado ante la PDH.

Rodas hizo una condena moral contra Marvin David Sazo Larios, Jefe de la Unidad Fiscal Especial de Delitos Contra Sindicalistas por violación de las garantías constitucionales y al debido proceso.

Sazo interpuso un amparo que fue aceptado por la CSJ, por lo que quedó en suspenso dicha acción de Rodas.

La Corte Suprema de Justicia otorgó un amparo al @MPguatemala centrado en dejar en suspenso una condena moral de @JordanRodas, titular de la @PDHgt, relacionado con las actuaciones de un fiscal de la Unidad de delitos contra sindicalistas. pic.twitter.com/LKs3sfo5FJ

— Kenneth Monzón (@kmonzon_pl) 4 de julio de 2019

La oficina de Comunicación de la PDH informó que al momento de ser notificados, apelarán esta resolución.

*Con información de Kenneth Monzón

Juan Francisco Sandoval, jefe de la fiscalía contra la corrupción, confirmó que requirieron la detención del empresario Mario Leal Castillo, excandidato a la vicepresidencia por la UNE en 2015, con fines de extradición, debido a que está en Estados Unidos.

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El trámite será en la Unidad de Asuntos Internacionales que dirige Ángel Pineda, quien lo remitirá al Ministerio de Relaciones Exteriores y luego a la Embajada de Estados Unidos para el trámite respectivo.

La suposición de los investigadores era que Leal Castillo ayudó a captar fondos para la campaña de la UNE que no fueron declarados a la autoridad electoral.

Los aportes identificados que no fueron reportados al Tribunal Supremo Electoral por el partido UNE fueron cuantificados en Q19 millones 531 mil 753.10, según el MP.

El fiscal que lleva el caso, Andrei González, explicó que remitieron en la orden de extradición de Leal, la copia de certificación de nacimiento, la ficha dactilar y la orden de aprehensión junto con la acusación por cada delito.

Investigación

La investigación del MP y la Cicig que salpica a Leal Castillo se centró a que integró una estructura operativa que cobraba por la agilización de los expedientes de devolución de crédito fiscal en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).

El supuesto operador es Giovanni Marroquín Navas, quien mantuvo amistad con funcionarios del órgano recaudador, entre ellos Omar Franco y Carlos Muñoz.

Los funcionarios de la SAT priorizaban ciertos expedientes de devolución de crédito fiscal y a cambio recibían un porcentaje del pago. Marroquín era quien recibía y distribuían los pagos, según la pesquisa.

Leal Castillo junto con Alfredo Muñoz Ledo Carrillo -de la entidad Tres Puertos, S.A.- y el diputado de la bancada Todos, Felipe Alejos -fue interpuesto la petición para retirarle la inmunidad, aunque la Corte Suprema de Justicia rechazó la acción- captaban clientes de las empresas para la devolución del crédito fiscal.

En Financiamiento a la UNE

La ampliación del caso Traficantes de Influencias detectó movimientos financieros desde las cuentas de la empresa Ingeniería Integral S.A., hacia la entidad MAARIV S.A.

La entidad Ingeniería Integral era manejada por Marlon Estuardo Marroquín Silva, hijo de Giovanni Marroquín Navas, vinculado con el caso La Línea y Traficantes de Influencias. Al rastrear los movimientos de la entidad MAARIV S.A., se detectó que las cuentas eran utilizadas por Mario Leal Castillo para el financiamiento ilícito del partido UNE.

Las diligencias de investigación revelaron que la UNE utilizó a las empresas MAARIV, S.A., Promotora de Recursos Habitacionales S.A. (PROHABSA) y al Grupo Empresarial San Felipe S.A. como centros de recaudación y administración de recursos externos al partido por medio de una estructura de entidades y una administración paralela de las finanzas oficiales de campaña, de esta forma el partido logró eludir el control sobre los fondos que le aportaron.

Los aportes identificados que no fueron reportados al Tribunal Supremo Electoral por el partido UNE, fueron cuantificados en Q19 millones 531 mil, 753.10.

Ubicado

Desde el 24 de mayo pasado la Interpol informó que Leal Castillo, excompañero de fórmula de Sandra Torres en las elecciones de 2015, fue localizado en Estados Unidos. En un inicio la Interpol Guatemala había reportado que había sido capturado, pero después rectificó a través del MP y dijo que Leal Castillo únicamente fue ubicado.

“El Ministerio Público informa que INTERPOL Guatemala acaba de enviar aclaración a la Fiscalía Especial contra la Impunidad, indicando que Mario Roberto Leal Castillo se encuentra localizado por el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos de América”, aclaró el ente investigador dos horas después de conocerse la noticia.

Agregó: Interpol indica “en nuestro oficio anterior se manifestó que la persona en referencia se encontraba detenida, por lo que se corroboró la información recibida por dicho país y únicamente informan que se encuentra localizada en el referido país”.

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La estructura criminal estaba dirigida por el exalcalde de zacapa fallecido Julio Alberto Enríquez Sánchez, según las investigaciones de los agentes fiscales.

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Han sido capturadas diez personas por defraudar a la municipalidad de Zacapa en los años 2016 y 2017.

El opertativo inició a las 6 horas con 16 allanamientos que fueron autorizados por el Juzgado de Zacapa que avaló las aprehensiones el 27 de junio pasado, informó la Fiscalía contra la Corrupción, que dirige Stuardo Campo.

“Se ejecutó una operación criminal por medio de la cual se sustrajeron fondos municipales, se defraudó al patrimonio por Q3.5 millones, esto a través de diversas modalidades, una de ellas fue la emisión de cheques a nombre de los propios funcionarios de la Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal no existiendo ninguna justificación legal para ello, así mismo, se presentaron facturas de proveedores de servicios, sin embargo, no se prestaron los servicios, pero sí fueron pagados”, se refirió Campo.

El fiscal explicó que los implicados “hicieron transferencias presupuestarias de forma anómala utilizando el sistema de contabilidad integrada de gobiernos locales, no habiendo ser autorizadas estas operaciones por parte del concejo municipal, es decir, es un cúmulo de irregularidades”.

Los vinculados eran proveedores de la municipalidad de Zacapa que cobraron cheques de los fondos de la municipalidad por servicios que no fueron prestados. Para lograr el engaño facilitaban las facturas de sus negocios.

El monto defraudado asciende a Q3.5 millones por los servicios que nunca fueron prestados, informó el Campo.

Según el MP, las acciones se realizaron en seguimiento a la investigación en contra de integrantes de una estructura criminal de supuestos proveedores de bienes y servicios durante 2016, que pactaron con autoridades municipales de Zacapa, para proveerles servicios o alquiler de maquinaria; sin embargo, a pesar de los desembolsos a favor de los proveedores; las obras y servicios nunca fueron prestados, o las obras no se ejecutaron.

Los allanamientos fueron hechos en Huité, Teculután y la cabecera de Zacapa. Los delitos son fraude en forma continuada, lavado de dinero y otros activos, asociación ilícita, abuso de autoridad de forma continuada, y manipulación de información de forma continuada.

Campo explicó que los señalados en total son 14 personas.

Asesinato de edil

El 17 de marzo del 2018 Enríquez Sánchez, de 46 años, alcalde de Zacapa, fue asesinado a balazos en una calle de la aldea La Majada, en la cabecera, a unos 15 metros de su vivienda.

De acuerdo con los primeros reportes de la Policía Nacional Civil (PNC), el jefe edil salía de su vivienda a bordo de una camioneta agrícola P-875GFX, cuando fue interceptado por hombres armados, que  luego del ataque escaparon con rumbo desconocido.

Detenidos:

1. Fabián Daniel Marquisio Alfonso, de 38 años, en Teculután
2. José Eduardo Gravez, de 45 años, en Teculután
3. Luswin Elí Arias Lemus, de 25 años, en Teculután
4. Marco Antonio Franco González, de 37 años, en Teculután
5. Lucrecia María Cruz Morales, de 40 años, en Zacapa
6. Leonel Estuardo Ramos Paz, de 29 años en Teculután
7. Christian Omar Sanabria Pérez, de 40 años en Zacapa
8. Julio Fernando Cordón Paz, de 41 años, en Teculután,
9. Isabel Cristina Chacón García, de 36 años en Teculután.
10. César Alejandro Paz y Paz, de 34 en Teculután

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El Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) denominaron al caso Subordinación del Congreso al Ejecutivo.

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Los señalados en este caso son Estuardo Galdámez, presidenciable del partido FCN-Nación y diputado, los congresistas Juan José Porras, Haroldo Quej, Boris España, Gustavo Arnoldo Medrano, Mirma Figueroa de Coro y Marco Antonio Orozco Arriola, y Acisclo Valladares Urruela, actual ministro de Economía.

El caso involucra la supeditación del Congreso de la República durante 2014 para la aprobación del decreto 12-2014, la Ley de Control de las Telecomunicaciones Móviles en Centros de Privación de Libertad y Fortalecimiento de la Infraestructura para Transmisión de Datos, además de la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Magistrados de Salas de Apelaciones, elección del Contralor General de Cuentas y la conformación de Junta Directiva y comisiones de trabajo en el Congreso.

El 26 de junio la CSJ dio trámite a las solicitudes de retiro de inmunidad, pero no reveló los nombres de los pesquisidores sino un día después.

Ellos son los pesquisidores y qué expedientes conocerán

• Mynor Oxom — Gustavo Arnoldo Medrano
• Elisa Pellecer — Haroldo Quej
• Néctor Guilebardo — Juan José Porras
• Aura Mancilla — Boris España
• Santos Sajbochol — Estuardo Galdámez
• Anabella Cardona — Marco Antonio Orozco

Todos los pesquisidores son magistrados de salas. No se conoció el nombre del pesquisidor para el expediente de la diputada Mirma Figueroa de Coro, debido a que aún está en discusión en la Corte Suprema de Justicia.

Lo que sigue

Los jueces pesquisidores citarán a las partes procesales y en un plazo no mayor a 60 días hábiles deben emitir su informe en el que recomendarán retirarle o no la inmunidad a los funcionarios. Entonces el expediente regresará a la Corte Suprema de Justicia para que sean los magistrados quienes tomen la decisión para el retiro de la inmunidad.

En el caso del ministro Valladares Urruela la Corte remitirá el expediente al Congreso para que conforme una comisión pesquisidora de cinco legisladores por sorteo. Esta deberá citar a las partes y emitir su informe, que luego será conocido en el pleno de diputados para decidir si despojan de la inmunidad al funcionario.

La investigación

Según el Ministerio Público (MP), al menos 62 diputados del PP estarían implicados en el cobro de coimas a cambio de sus votos en el Legislativo. La investigación apunta a que la exvicepresidenta Roxana Baldetti habría sido una de las intermediarias para dichos pagos.

Los imputados habrían sido los diputados “jefes de línea” que coordinaron la aprobación de la ley por parte de su bloque, y un intermediario de los interesados en la misma.

Según la investigación, basada en testimonios, chats interceptados, correo electrónicos y fotografías, los congresistas condicionaron su voto a las decisiones del Ejecutivo y cobraron por la aprobación de la referida ley y las elecciones de funcionarios.

Avanzan otros antejuicios

Gestión Penal designó el Juzgado Noveno Penal para conocer el antejuicio contra el alcalde capitalino Ricardo Quiñonez. Es el primer trámite legal en este proceso por supuesto financiamiento electoral no registrado a las campañas de Álvaro Arzú (fallecido en 2018) durante las campañas de 2011 y 2015 por el Partido Unionista.

La jueza Novena, Silvia Morales, tiene tres días para remitir el expediente a la CSJ en donde se nombrará una sala de apelaciones donde los magistrados decidirán si tramitan el señalamiento que hizo la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).

El antejuicio contra el ministro de Finanzas Públicas, Víctor Martínez, fue designado por Gestión Penal al Juzgado Décimo Penal, que dirige Víctor Cruz. El juzgador también deberá inhibirse y remitir el expediente a la CSJ en donde durant eun pleno habitual decidirán si le dan trámite y lo remiten al Congreso.

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Karlos Bladimir de León Morales integró la Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU) y fue señalado como uno de los autores en el ataque con harina en contra de la vicepresidenta Roxana Baldetti, cuando la funcionaria salía de un informe de gobierno del Partido Patriota.

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Judith Secaida del Juzgado Quinto Penal ordenó la condena de cinco años de prisión conmutables por Q5 diarios, además deberá permanecer durante un año en la misma vivienda que actualmente es en la zona 21.

La fiscal de vida del Ministerio Público Aída Cardona planteó criterio de oportunidad por desorden público y juicio abreviado por atentado contra altos funcionarios.

De León Morales se entregó el 12 de marzo pasado después de haber estado prófugo desde el 14 de enero de 2014, cuando ocurrió el incidente al final de la lectura del segundo informe de gobierno de Otto Pérez Molina en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias.

El también rey feo universitario apodado el Boquerón fue señalado de haberse comunicado vía telefónica con Daira Cristal Cotón Florián y Geraldin del Cid, quienes ingresaron en la sala y le lanzaron la cal a Baldetti en el rostro.

Las dos mujeres fueron procesadas por desorden público y atentado contra altos funcionarios y condenadas a cinco años de prisión. También fue condenado Aníbal Rodríguez Aquino.

El criterio al que se compromete es a abstenerse a integrar agrupaciones estudiantiles o políticas y residir durante un año en la zona 21.
Es condenado a 5 años de prisión, conmutables a Q5 por día. Con la advertencia de buen comportamiento. pic.twitter.com/W7AhklJxRK

— Kenneth Monzón (@kmonzon_pl) June 26, 2019

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El Tribunal justificó que “no hubo suficientes pruebas” en contra del exjefe edil que era señalado por el caso vivienda digna.

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Medrano después de enterarse de la resolución resaltó que “fueron faltas administrativas”.

El caso era por el supuesto desvío de Q10 millones para la construcción de 200 viviendas en Chinautla.

El Ministerio Público (MP) había solicitado al Tribunal Décimo Tercero Penal imponer a Medrano seis años y tres meses de prisión por peculado por sustracción y tres años de cárcel, por abuso de autoridad, para totalizar nueve años y tres meses de prisión.

"Fueron faltas administrativas", dijo el exedil absuelto junto con otras seis personas. pic.twitter.com/yyXbBzHmYh

— Kenneth Monzón (@kmonzon_pl) June 25, 2019

Aunque Medrano aún no sale libre porque tiene otros procesos pendientes, logró salir librado de este caso.

El jefe edil está en prisión desde el 2 de febrero del 2016. El Tribunal Octavo Penal ya lo condenó a nueve años de prisión -tres conmutables- el 20 de julio del 2016 por haber avalado el cobro del Impuesto Único sobre Inmuebles (IUSI) a una empresa Grupo Dinámica Constructiva, S.A.

Sin embargo, el 14 de noviembre de 2018, la Sala Décima de Apelaciones recortó la pena por abuso de autoridad de dos años de prisión conmutable –Q100 diarios– y, por el delito de concusión, a cuatro años de prisión a razón de Q50 por día.

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Esta colaboración es una de las tres que posee el Ministerio Público (MP) para el caso, de las cuales solo la de Olga Méndez López continúa vigente debido a que también fue revocada la colaboración de Paulina Paiz Riera por un error en la hora de la declaración.

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El fundamento legal radicó en que la Ley contra el Crimen Organizado prohíbe que personas jurídicas sean colaboradores eficaces, ya que esa figura legal solo corresponde a las personas.

Aifán resolvió así una orden de la Sala Segunda de Apelaciones de Mayor Riesgo del 7 de mayo, que revocó la colaboración eficaz de Novaservicios, S.A..

La juzgadora también revocó la colaboración de Paiz Riera debido a un error en la hora en que compareció en la Fiscalía, aunque se puede enmendar cuando el Ministerio Público rectifique la hora.

El MP señala a siete empresarios por el financiamiento de Q7.1 millones para la campaña de FCN-Nación que llevó a la Presidencia a Jimmy Morales en 2015, entonces secretario general de la organización, y que no fue reportado al Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Durante la audiencia, Aifán llamó la atención tres veces al fiscal José Curruchiche, quien no se opuso a la revocatoria de la colaboración eficaz, y le advirtió que no estaba consciente de los efectos que eso podía tener en el caso. Curruchiche preside actualmente la Fiscalía de Delitos Electoral en ausencia de Óscar Schaad.

La audiencia

En la sala de audiencias del Juzgado de Mayor Riesgo D comparecieron José Andrés Botrán Briz y Luis Rodrigo Arenas Echeverría, quienes esperan un debate por financiamiento electoral no registrado.

También los procesados Felipe Bosch, Fraterno Vila, Salvador Paiz, José Miguel Torrebiarte y José Guillermo Castillo así como las colaboradoras eficaces, Paulina Paiz Riera y Olga Vitalia Méndez López, de la entidad Novaservicios, S.A.

La juzgadora Aifán explicó que la audiencia fue para cumplir con la resolución de la Sala Segunda de Apelaciones de Mayor Riesgo del 7 de mayo pasado que revocó la colaboración de la entidad Novaservicios después de una apelación de Botrán Briz.

Además, que la colaboración de Paiz Riera tenía la hora inexacta por lo que también fue revocado el acuerdo como lo dispuso la Sala, aunque en cualquier momento se podrá enmendar al rectificar la hora. Se refería a que el testimonio fue el 12 de marzo y la ampliación el 18 de octubre, ambos del año pasado. Fue acreditado en marzo que la colaboración comenzó a las 12:34 horas y finalizó a las 13:14 horas.

“Todos los seres humanos cometemos errores. La Sala dice que hay un error y acá se acata lo que dice un órgano superior”, mencionó la jueza Aifán después de cinco horas de alegatos debido a que los defensores intentaron detener la audiencia con el argumento que existe un amparo.

A criterio de la Sala la Ley contra la delincuencia organizada solo explica que podrán ser acreditados como colaboradores las personas que se concertaron para cualquier delito y no se refiere a las personas jurídicas, como lo es Méndez López al representar a Novaservicios.

Aifán le otorgó la palabra a cada implicado en el caso. El fiscal Curruchiche, quien dirige la Fiscalía de Delitos Electorales desde la semana pasada debido a un permiso por tres meses del jefe Óscar Shaad, informó que ya había enmendado la hora.

“Se hizo otra citación el 4 de junio del 2019 en donde compareció Paiz Riera y se enmendó la hora. La colaboración inició a las 8:35 horas y finalizó 45 minutos después”, expuso el fiscal Curruchiche.

Le llama la atención al fiscal

Debido a que el fiscal “no se opuso” a la revocatoria del convenio de la entidad Novaservicios, la jueza Aifán le llamó la atención en tres oportunidades.

“El fiscal no está consciente de los efectos de la revocatoria. No es muy congruente. Si no viene preparado para esta audiencia se le notificará a la fiscal General -María Consuelo Porras- y que sea sustituido”, dijo la juzgadora. Minutos más tarde Aifán explicó que enviará la nota a la jefa del Ministerio Público (MP) de lo acontecido en la audiencia.

Curruchiche explicó que será en la oportunidad procesal oportuna que se pronunciará por la decisión del tribunal superior, en esta ocasión por lo que manifestó la Sala.

No es la primera vez que el fiscal Curruchiche tiene un altercado con la jueza Aifán. El pasado 28 de marzo cuando fue rechazado el criterio de oportunidad para los procesados, la jueza declaró lo conducente contra el fiscal por haber omitido a los representantes de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y la Procuraduría General de la Nación (PGN).

Días después fue la propia juzgadora Aifán quien llevó la notificación para Curruchiche fuera investigado a la sede central del MP en la zona 1. Este caso pasó a la Fiscalía de Asuntos Internos donde ya iniciaron una pesquisa, se informó.

Postura

El abogado Eswin Castro, quien defiende a Botrán, fue el único abogado que explicó lo acontecido en la sala de audiencias. Mencionó que se cumplió con lo resuelto por la Sala. “Básicamente advertimos que la jueza le dio estricto cumplimiento con lo resuelto por la Sala por medio de la cual advirtió que habían circunstancias para revocar los acuerdos de colaboración eficaz y las resoluciones por medio de las cuales se aprobaron. En ese sentido, en el caso de Novaservicios la revocatoria fue en definitiva en cuanto a la otra persona, la señora Paulina Paiz dejó a criterio del Ministerio Público para rectificar”, dijo.

Los abogados argumentan

La argumentación de los abogados de los sindicados estuvo centrada a que la juzgadora cumpliera a cabalidad con la resolución de la Sala.

Castro, quien defiende a Botrán, recordó que se oponía a que el fiscal Curruchiche enmendara la hora de la colaboración eficaz de Paiz Riera.

Los demás abogados también se refirieron a que la corrección de la hora en que declaró Paiz Riera ya no se podía rectificar debido a que ya había sido aprobado el convenio por la jueza Aifán y estaba en fase de apelaciones.

El caso a colaboradoras fue clausurado

El pasado 27 de marzo durante una audiencia en el Juzgado de Mayor Riesgo D, Aifán, fue decretado el sobreseimiento penal a favor de dos colaboradoras eficaces del Ministerio Público (MP) en el caso de financiamiento electoral no registrado a la agrupación política Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación).

Paulina Paiz y Olga Méndez pagaron Q343 mil y la entidad Novaservicios, S.A., Q2 millones, 273 mil al Tribunal Supremo Electoral (TSE), después de un año de estar señaladas en el caso de la Fiscalía de Delitos Electorales.

En la audiencia se conoció que Paiz y Méndez brindaron tres capacitaciones de tres horas a la semana a los integrantes de las agrupaciones políticas y a empresarios. El objetivo fue recordar el financiamiento electoral.

Colaboración

Paiz y Méndez relataron ante la Fiscalía y después en la judicatura detalles del caso del Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) a que un grupo de siete empresarios que fue sindicado de haber presuntamente aportado fondos a FCN-Nación en la campaña de 2015 y que este partido no reportó al TSE.

La investigación determinó un mecanismo alterno ilegal para gestionar el pago de fiscales a través de la empresa Novaservicios, S. A. El aporte fue de Q7 millones 119 mil 300, el cual no fue reportado al Tribunal Supremo Electoral (TSE), como lo establece la Ley Electoral y de Partidos Políticos.

En ese contexto, y luego de que rechazó el retiro de inmunidad al presidente Morales, el Congreso creó el 18 de octubre de 2018 dos delitos en torno al financiamiento electoral. Así, nacieron los delitos de financiamiento electoral no reportado y financiamiento electoral anónimo; el delito de financiamiento electoral ilícito sigue vigente.

El señalamiento en este caso

El MP y la Cicig recordó que el caso cuenta con 10 mil 91 folios. El señalamiento es por haber ocultado financiamiento electoral a la agrupación política Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación) que llevó a la presidencia a Jimmy Morales en 2015.

El MP y la Cicig señalaron al partido que llevó a la Presidencia a Morales de no haber reportado al Tribunal Supremo Electoral (TSE) Q15 millones que gastó en las elecciones de 2015.

El 26 de febrero del 2018, Paulina Paiz Riera y Olga Méndez López, llegaron de manera voluntaria al MP para aportar información importante sobre el financiamiento de la campaña de Morales con el partido FCN Nación.

Tanto Paiz como López presentaron documentos, correos y facturas que respaldaban sus declaraciones, ambas con cargos de gerencia en Novaservicios Sociedad Anónima, empresa que recibió los aportes para la campaña de Morales.

la investigación llamada Financiamiento Ilícito FCN-Nación tiene relación con el pago para fiscales electorales de mencionado partido y pago de publicidad durante la primera y segunda vuelta electoral de la campaña de 2015.

Se disculpan

El pasado 19 de abril los empresarios “pidieron disculpas a Guatemala” ante el señalamiento del MP y la Cicig.

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La orden está fechada el pasado 17 de mayo y dirigida al jefe de la División de Policía Internacional (Interpol). Se solicita “dar trámite al contenido de la Notificación Roja” para poder capturar y extraditar a la exjefa del Ministerio Público.

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El Juzgado Décimo, además, declaró en rebeldía a Aldana, en un proceso donde se le sindica de peculado por sustracción en forma continuada, falsedad ideológica y caso especial de defraudación tributaria.

Algunos estudiosos del Derecho ya han manifestado sus dudas en relación a la solicitud del juez, ya que los delitos que enfrenta Aldana no estarían incluidos en el convenio de trabajo que se tiene con la Interpol, por lo que todavía hay que esperar a que esta entidad admita la solicitud y active la orden de captura internacional.

Desde la Fiscalía no se hizo ningún comentario porque el caso está bajo reserva judicial. Por el mismo motivo, tampoco la Dirección de Comunicación del Organismo Judicial quiso pronunciarse al respecto.

Aldana salió del país desde marzo y en las últimas horas, Noticieros Univisión publicó una entrevista con la exfiscal, donde ella asegura que no regresará al país porque las condiciones de seguridad no están garantizadas.

“Estoy amenazada de muerte. Tengo documentadas esas situaciones, tengo medidas de seguridad decretadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que hizo una investigación previa (…) no voy a llegar a entregarme y que me asesinen”, dice Aldana al periodista de Univisión.

La exjefa del MP publicó en su cuenta de twitter que todo se trata de una venganza por el trabajo que desempeñó.

“Siguen los ataques en mi contra. Las instituciones secuestradas del Estado al servicio de los corruptos y un juez oscuro quieren vengarse por haberlos enfrentado. No me derrotarán”, indicó.

El proceso

El caso judicial que se conoce en el juzgado que giró la orden de captura es la contratación supuestamente irregular de Gustavo Bonilla, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), en noviembre de 2014, como capacitador en el Ministerio Público (MP) sin que llegara a trabajar.

El MP señala a Aldana por la contratación de Bonilla bajo el renglón 029, desde el 6 de enero al 31 de diciembre del 2015, con un pago de Q16 mil 774.19 en enero y otros 11 salarios de Q20 mil entre febrero y diciembre, para un total de Q236 mil 774.19.

Según el contrato, el decano tenía la obligación de elaborar guías didácticas, planes docentes, guías de trabajo y agendas académicas de cada actividad de capacitación que efectuara.

Además, se comprometió a “ejecutar actividades docentes de capacitación, presenciales y virtuales, para el personal del Ministerio Público, de acuerdo con los lineamientos y requerimientos metodológicos y administrativos estipulados en la Unidad de Capacitación de la Institución”, entre otros.

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El juez Cuarto Penal, Pedro Lainez, señaló en su resolución que existen elementos para suponer la participación del exlegislador en la comisión de ilícitos.

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La Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) determinaron que Cristiani se favoreció mediante una plaza fantasma en aquella institución a nombre de su piloto Édgar Rosales López.

“Usted conspiró en la sustracción de fondos en el Registro de Información Catastral con la contratación de una persona que jamás llegó a trabajar a la entidad y era su chofer”, dijo el 27 de mayo María Ovando, una de las fiscales.

Se trata de cuatro contratos en 2013 por un total de Q42 mil sustraídos del Registro.

El exlegislador, quien fue integrante del Partido Patriota (PP) y cercano a la exvicepresidenta Roxana Baldetti, aceptó la culpa.

“Acepto los cargos que se me están imputando. Me hago responsable. Más adelante voy a explicar esto”, dijo Cristiani. También aceptó resarcir al Estado por el agravio.

El juez dictó falta de mérito a favor de Ana Lucía Recinos Chavarría, informó el Ministerio Público, que apelará la resolución.

Cristiani fue conocido por haber presentado a Baldetti a su amigo, Juan Carlos Monzón, que terminó siendo el secretario privado de la exvicepresidenta, durante el trabajo en las células patriotistas de la campaña de 2011.

El sindicado enfrenta otros casos.

Uno de ellos, por abuso de autoridad y peculado, obedece a que se benefició con cinco plazas fantasma cuando fue parte de la Junta Directiva del Congreso entre 2015 y 2016.

El otro es Subordinación del Congreso al Ejecutivo, donde Cristiani habría recibido Q50 mil cada dos meses entre 2012 y 2015 por dar su voto a leyes que iban ordenadas desde el Ejecutivo.

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Aunque el Tribunal Duodécimo de Sentencia Penal ya había desestimado la denuncia que el presidente Jimmy Morales planteó en contra de Roberto Rímola, quien lo habría insultado, el presidente presentó una apelación.

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El mandatario dijo que la demanda es por los delitos de injuria y difamación. “No es que se haya reactivado, ustedes pueden ver las fechas desde el año pasado”, señaló.

El 25 de abril del 2018 Morales participó en el V Congreso Laboral, que se desarrolló en un hotel de la zona 10 capitalina, y al salir de la actividad fue increpado por Rímola.

Mientras el presidente salía acompañado de agentes  de la Secretaría de Administración y Asuntos de Seguridad de la Presidencia (SAAS), Rímola le reclamó por los gastos desmedidos y lo habría insultado.

“Las autoridades de más alto rango, como los de más bajo rango deben tener la libertad de gozar de respeto”, dijo  Morales este jueves, luego de salir del tribunal, al que asistió para continuar con la demanda.

“Así como el policía que detiene a un vehículo y tiene que ejercer, debe ser respetado. No se le puede decir policía tal por cual”, concluyó.

Juez dice que no es su competencia

Poco después de las 14 horas el juzgador Gustavo Adolfo Castillo González resolvió la acción del gobernante. “Esta judicatura resuelve que este proceso debe ser inhibida conforme a la Ley de emisión del pensamiento ante el órgano jurisdiccional competente, es decir, ante un juzgado de primera instancia”, dijo el juzgador.

“Este Tribunal no es competente para conocer la querella originada en las presentes actuaciones. Se declara la incompetencia de este Tribunal para conocer la querella presentada por Morales Cabrera”, resolvió el juzgador.

El caso será remitido a Gestión Penal para que, por sorteo, se designe una judicatura penal en donde se conocerán las actuaciones de la querella que interpuso el mandatario.

Una vez asignado el juez al conocer el expediente nombrará un jurado quien conocerá el caso.

Al respecto el Artículo 35, Libertad de emisión de pensamiento, de la Constitución se refiere: “Un jurado conocerá privativamente de los delitos o faltas cometidas en el ejercicio de la libertad de emisión del pensamiento. Este jurado deber determinar si en verdad se cometió un delito o falta antes de sancionar al acusado. Un jurado conocerá privativamente de los delitos o faltas a que se refiere este artículo”.

La Ley de emisión del pensamiento se refiere al jurado. “Artículo 48: Juzgamiento y Sanción: Los delitos y las faltas en la emisión del pensamiento por los medios de difusión serán juzgados privativamente por un jurado que declare, en cada caso, conforme a su leal saber y entender, si el hecho es constitutivo de delito o falta, o no lo es. En caso de una declaración afirmativa, el juez de primera instancia que haya convocado al jurado fijará las sanciones conforme a la ley; si la declaración fuere negativa, el juicio será sobreseído sin más trámite”.

¿Quién podrá ser jurado?

La Ley de emisión del pensamiento se refiere a las personas que pueden ser jurado.

1) Ser guatemaltecos, del estado seglar y mayores de edad.
2) Hallarse en el goce de sus derechos ciudadanos; ser de notoria buena conducta; no ser funcionario ni empleado público, ni tener sueldo, subvención o emolumento de instituciones sostenidas con fondos del
erario, exceptuándose los catedráticos de la Universidad de San Carlos de Guatemala;
3) No haber sido condenado por delito penado con prisión correccional.

Aquí le dejamos el video de lo ocurrido:

Persona que insultó al señor Presidente Jimmy Morales, es identificado como: Roberto Emilio Rímola Mairén, quién comparte sus selfies con Iván Velásquez, y escribe artículos para el Open Society Foundations de George Soros, participa en el redoblante de La Batucada del Pueblo. pic.twitter.com/zY50DT910I

— Realidad Digital GT (@RealidadGT) April 25, 2018

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La juzgadora valoró que no existe peligro de fuga ni peligro de obstaculización a la averiguación de la verdad.

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El exfuncionario queda con arraigo, obligación de firmar un libro de asistencia del Ministerio Público cada 15 días y la prohibición de acercarse al Ministerio de Gobernación y a la Policía Nacional Civil, así como de comunicarse con los demás procesados. La jueza le fijó la fianza de Q1 millón para salir de la cárcel.

Mientras tanto, el proceso sigue por el delito de tortura.

La Cámara de Industria de Guatemala expresó su satisfacción por lo resuelto por Domínguez.

“Aunque tardía, es una muestra de que siempre ha existido la mejor voluntad de aclarar los hechos de un tema que ya fue juzgado, sin riesgo de fuga ni peligro de obstaculización de la justicia”, afirma un comunicado.

“Hacemos un llamado -agrega- a las autoridades del sistema de justicia a hacer un uso correcto de la prisión preventiva y a no abusar de la misma, como se ha realizado durante los últimos años, según lo ha indicado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”.

Seis meses en prisión

El exfuncionario estuvo en la prisión de la base militar Mariscal Zavala durante seis meses y siete días debido al avance de una investigación de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) por el asesinato de dos reos y un hondureño, y la tortura de cuatro reos en 2005.

La audiencia de revisión de medidas de coerción estaba estancada debido a que Vielmann había impugnado de Domínguez de dejarlo en prisión preventiva cuando fue detenido el 29 de octubre de 2018.

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La investigación establece ejecuciones extrajudiciales y torturas cometidas por una estructura criminal paralela que operaba desde el Ministerio de Gobernación durante el período del 2004 a 2007.

El nombre del caso recuerda 2005 cuando se fugaron 19 reos de la cárcel de máxima seguridad “El Infiernito”, en Escuintla. Las autoridades de Gobernación pusieron en marcha el Plan Gavilán para recapturar a los prófugos.

Según el MP y la Cicig, la estructura criminal utilizó la infraestructura y recursos del Estado para ubicar a los fugados.

“La jueza resolvió conforme a Derecho. La fianza es alta, pero vamos a hacer el esfuerzo de ponerla lo antes posible y cumplir con todas las restricciones que la señora jueza otorgó”, dijo Vielmann en la sala de audiencias.

En cuanto a la audiencia de etapa intermedia Vielmann mencionó que “no ha sido un proceso fácil”.

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Las muertes investigadas

Según el MP y la Cicig, grupos armados ilegales de Gobernación y la Policía Nacional Civil (PNC) ejecutaron a los reos que habían sido recapturados. La investigación revela el asesinato de los reos Hugo Humberto Ruiz Fuentes, el 14 de noviembre del 2005; Douglas Sadiel Arauz Palacios, el 20 de diciembre del 2005, y Adonis Asael Murillo, el 20 de diciembre del 2005.

En ese sentido, los expolicías y exjefes policiales arrestados, Stu Velásco Crispín, Axel Arnoldo Martínez Arreaza, Víctor Manuel Ruiz González y Francisco Guarcaz de Paz fueron ligados por ejecución extrajudicial.

Torturas

Algunos de los que no fueron ejecutados fueron víctimas de torturas, según la acusación. Estos fueron Marco Tulio López y López y Luis Humberto Arana Sarceño, ambos el  23 de octubre 2005; Julio Oswaldo García Palacios, el 19 de noviembre de 2006; e Isaías López Castillo 25 de octubre de 2005.

Por este caso continúa prófugo el exviceministro de Gobernación, Kamilo José Rivera Gálvez, nombrado en enero de 2018 como responsable del área de seguridad.  Rivera es señalado de cometer ejecuciones extrajudiciales cuando servía como miembro del Comando Antisecuestros de la PNC en el año 2005. Hasta ahora no ha sido detenido ni se ha presentado al juzgado.

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A través de un comunicado, el Mingob, que dirige Enrique Degenhart, afirmó que ordenó a la Unidad de Asuntos Internos una investigación sobre el caso, a raíz de que la información se diera a conocer en una citación en el Congreso del viceministro de Gobernación, Luis Arévalo, y otras autoridades, con la bancada de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).

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Según el Mingob, Mario Estrada, quien fue detenido el pasado 17 de abril en Miami, EE. UU., bajo cargos de conspiración para el tráfico de drogas y armas, se benefició de las medida de seguridad que brinda la Policía Nacional Civil (PNC) desde noviembre del 2009, y en mayo del 2018 esta se había suspendido.

Sin embargo, fue en ese mismo mes que la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), cuyo titular es Jordan Rodas, solicitó restablecer las medidas de seguridad al excandidato presidencial de la agrupación política Unión del Cambio Nacional (UCN).

El Mingob afirmó que la medida fue cancelada en definitiva en abril pasado. En el comunicado no explica los motivos por los cuales se le asignó a agentes policiales para el resguardo de Estrada desde el 2009, ni tampoco por qué se le retiraron y por qué la PDH habría pedido de nuevo la seguridad para el excandidato.

“Que en el mismo mes de Mayo del 2018 la PDH solicitó se otorgase nuevamente la medida de Seguridad Personalizada al Ing. Mario Amílcar Estrada Orellana.

Que en el mes de Abril de los corrientes se canceló en definitiva la medida de Seguridad Personalizada otorgada desde el año 2009, al lng. Mario Amílcar Estrada Orellana”, se lee en el comunicado del Mingob.

Tendencioso y malintencionado

Al respecto, el jefe de la PDH, Jordán Rodas, durante una conferencia de prensa expuso que el comunicado del Mingob es “tendencioso y malintencionado”, debido a que la acción de la Auxiliatura Departamental de la PDH solo trasladó la denuncia a Gobernación y al Ministerio Público (MP).

“Aclaro al pueblo de Guatemala por la gravedad del caso el tendencioso y malintencionado comunicado emitido por el Ministerio de Gobernación”, refirió Rodas.

“El Ministerio de Gobernación es quien otorga las medidas de protección no es la Procuraduría de los Derechos Humanos. Llama la atención que el 21 de junio del 2018 la Auxiliatura Departamental de Jalapa recibió un oficio del Ministerio de Gobernación en donde indicaba que habían realizado un análisis de riesgo 5 días antes recibida la denuncia”, agregó Jordán.

Días después el Mingob dictaminó que había bajo riesgo y recomendó seguridad perimetral, lo cual, según la PDH, “es muy distinto a la asignación de nueve agentes de seguridad a la seguridad perimetral”.

Rodas instó al Mingob a “no evadir responsabilidades, asumir la propia y aclarar esta situación a la población y las autoridades”.

En Jalapa se han tramitado 27 medidas de seguridad desde el año pasado a la fecha. “Recibir las denuncias es un trámite normal”, dijo Rodas.

Hermano de ministro es candidato

El titular de la PDH también recordó que el Registro de Ciudadanos (RC), del Tribunal Supremo Electoral (TSE), inscribió a Ernesto José Degenhart Asturias, hermano del ministro de Gobernación, Enrique Degenhart, como candidato a diputado por la UCN. Quedó inscrito el 21 de marzo del 2019 en la primera casilla por el Distrito Central.

“Estamos ante un evidente conflicto de intereses porque el ministro -Dehenhart- tiene a su hermano –Ernesto José- como candidato a diputado por el partido UCN. Pero más allá de lo incómodo no le quita la responsabilidad legal”, se refirió Rodas.

Revelación

En la reunión entre autoridades del Mingob y diputados de la UNE el pasado 30 de abril, se conoció que Estrada tenía asignado a nueve agentes policiales para su seguridad.

Héctor Valdemar Gómez, subdirector general de Investigación de la PNC, fue interrogado al finalizar la citación sobre por qué tenía asignado Mario Estrada seguridad policial y respondió: “En su momento se va a trasladar a la entidad que corresponda, recordemos que es un caso que lleva pocos días y hay que recabar información. Hay que dejar claro que todo está respaldado”, respondió.

Al final de la citación, periodistas preguntaron a Gómez cuáles fueron los criterios para asignar agentes de la PNC a Mario Estrada, y declaró: “Para eso hay análisis de riesgo y una unidad para eso, ahí está todo documentado y eso se va a trasladar al Ministerio Público”.

El subdirector de la PNC tampoco precisó desde cuándo es que Estrada tenía asignado personal policial para su seguridad personal, si fue por una denuncia o porque la institución tenía información de que la vida corría peligro. “Este tema lo desconocemos, la PNC brinda seguridad a muchas personas, pero en su momento se va a trasladar”, aseveró.

Gómez aseguró que para brindar seguridad a una persona se hace con un protocolo y no de forma antojadiza. Indicó que los agentes eran parte de las División de Fuerzas Especiales de la Policía.

Caso está en el MP

Rodas explicó que la denuncia de supuestas extorsiones que era víctima Estrada está en el Ministerio Público. “Hasta ahí me compete, desconozco qué sucedió o si se avanzó en la investigación”, mencionó.

Al respecto se ha intentado verificar esta información y en la Fiscalía solo han informado que el caso por la denuncia y el análisis de riesgo a favor de Estrada está en verificación.

En tanto, en una citación en el Congreso, los jefes policiales dieron a conocer que los nueve agentes asignados a la seguridad de Mario Estrada custodiaban una de sus propiedades en la capital el día de reunión.

El titular de la @PDHgt, Jordan Rodas, califica de "tendensioso" el comunicado del @mingobguate relacionado con la protección policial desde 2009 a Mario Estrada, detenido en Estados Unidos. pic.twitter.com/mtnnx6Vkfu

— Kenneth Monzón (@kmonzon_pl) May 2, 2019

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El caso está a cargo del Tribunal Octavo Penal, que busca esclarecer responsabilidades por el fraude por Q44.5 millones en reparaciones de autopatrullas de la Policía Nacional Civil (PNC) que no se hicieron.

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La primera sentencia contra López Bonilla por casos de corrupción

Sereno y paciente, el exministro, a quien el MP pidió cárcel de 13 años, recordó su formación militar. “Quiero decir que estoy formado en un ambiente de disciplina, respeto a la autoridad y acatamiento de la ley”, dijo.

Después ofreció disculpas por sus actos. “Mis primeras palabras son para decir que trataba de hacerlo todo el tiempo el bien a lo largo de mi vida y muestra de ello pido a todos los sujetos procesales una disculpa si en algún momento alguna de mis actitudes pudo ofender a alguien. Lo digo con humildad, pero lo digo con convicción”.

“Mi conducta como ministro de Gobernación a lo largo de tres años y medio fue encaminarla siempre basándome en que todo estuviera normal. Estoy absolutamente seguro de que nunca puse mi firma en algo que fuera ilegal que no tuviera el dictamen técnico financiero”, agregó López Bonilla.

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A los jueces les dijo: “Ustedes están investidos de autoridad y, como creyente, y yo sé que es autoridad viene de Dios, que tiene un papel muy difícil porque impartir justicia en su significado. Sea cual sea su veredicto, aunque no lo comparta, lo voy a aceptar”, finalizó López Bonilla.

Los jueces Oly González, presidenta; Carlos Barrera y Felix García, vocales, escucharon las últimas intervenciones de López Bonilla y otras 12 personas que enfrentan debate desde hace dos meses.

Después programaron la lectura de la sentencia para el 17 de mayo próximo.

La investigación

Durante el debate la fiscal Amy Girón explicó que la supuesta estructura criminal, que lideró López Bonilla, se agrupó para cometer ilícitos que terminaron en el fraude al Estado por Q44.5 millones en reparaciones a vehículos de la Policía Nacional Civil (PNC) que jamás se realizaron y hasta se pagaron en tres oportunidades.

El grupo operó del 1 de enero del 2012 y se extendió hasta 2015, según la fiscal Girón.

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Uno de los ejemplos del fraude fue el pago de Q60 mil, el 29 de julio de 2014, por la reparación de la autopatrulla matrícula P088DRB que fue reportada por la Dirección de Material Móvil de la PNC.

Las 20 personas son acusadas de haber integrado una estructura criminal que operó en la PNC para desviar fondos públicos aparentando inversión en la adquisición de bienes y servicios, particularmente autopatrullas, y la contratación de obras y servicios para subestaciones policiales.

López Bonilla es quien habría autorizado las reparaciones inexistentes que derivaron en un supuesto desfalco de Q44.5 millones de 2012 a 2015.

Para lograr su objetivo, la red creó siete empresas de cartón que fueron utilizadas para ganar eventos en compras directas supuestamente para reparar autopatrullas y remozar sedes policiales. Sin embargo, esos trabajos no se ejecutaron, según la investigación efectuada por el MP y la Cicig.

Las penas solicitadas por el MP

• Héctor Mauricio López Bonilla: ocho años y nueve meses por fraude, cinco años y dos meses por peculado por uso; inhabilitación para optar a cargos públicos y multa de Q62 mil 500.

• Byron Abelino Ambrosio Borrayo: ocho años y seis meses por asociación ilícita; ocho años y nueves meses por fraude; seis años por cohecho pasivo, más multa Q62 mil 500.
• Carlos Arnulfo Rodríguez Pérez: ocho años y seis meses por asociación ilícita; ocho años y nueves meses por fraude; seis años por cohecho pasivo, multa de Q125 mil.
• Francisco Manuel Baldizón Barquín: ocho años y nueve meses de prisión por asociación ilícita y fraude; seis años de cárcel por cohecho pasivo; inhabilitación a optar a cargos públicos y multa de Q100 mil.
• Josué Augusto Alonzo Cantoral: ocho años y nueve meses por asociación ilícita y fraude; seis años de prisión por cohecho pasivo, inhabilitación de ejercer cargos públicos, más multa de Q250 mil.
• Olga Beatriz González Fuentes. ocho años y nueve meses por asociación ilícita y fraude; seis años por cohecho pasivo, inhabilitación a optar a cargos públicos y multa de Q62 mil 500.
• Óscar Haroldo García Quemé: ocho años y nueve meses por asociación ilícita y fraude, seis años por cohecho pasivo, multa de Q62 mil 500 e inhabilitación a optar a cargos públicos.
• Ricardo Enrique Flores Nájera: ocho años y nueve meses por asociación ilícita y fraude, seis años por cohecho pasivo, inhabilitación a optar a cargos públicos
• y multa de Q250 mil.
• Sandra Isabel Monterroso Herrera. asociación ilícita y fraude, ocho años y nueve meses de prisión; cohecho pasivo, seis años; inhabilitación a optar a cargos públicos y multa de Q150 mil.
• Sonia Elizabeth Prado Sierra: asociación ilícita y fraude, ocho años y nueve meses de prisión; cohecho pasivo, seis años, inhabilitación a optar a cargos públicos y multa de Q75 mil.
• Óscar Lisandro Martínez Contreras: asociación ilícita y fraude, ocho años y nueve meses de prisión; inhabilitación a optar a cargos públicos; cohecho pasivo, seis años, y multa de Q125 mil.
• Dimas Antonio Secaida Morales: cohecho pasivo, seis años y multa de Q62 mil 500.
• Byron Estuardo Regalado España: asociación ilícita y fraude, 12 años.
• Zoila Marina España Alvarado de Regalado: asociación ilícita y fraude, 12 años.
• José Armando Hernández Valenzuela: asociación ilícita y fraude, 12 años.
• Josué Lasdilao Estrada Zamora: fraude, seis años; lavado de dinero, seis años, y  multa de Q2 millones 774 mil, 240.80.
• Rony Alfredo Monterroso Herrera: asociación ilícita, seis años, lavado de dinero, seis años, y multa de Q1 millón,231 mil 093.56.
• Sergio Estuardo Solórzano Guevara: asociación ilícita, seis años; lavado de dinero, seis años, y multa de Q101 mil.
• María Carmen Chet Patzán: asociación ilícita, seis años.
• Nery Felipe García Galiano, encubrimiento propio, dos años.

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Ese juzgado había otorgado el amparo a Aldana bajo el argumento de que la Contraloría no agotó los procedimientos antes de plantear la denuncia ante la Fiscalía el 5 de diciembre de 2018.

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“Justicia 1, Pacto de Corruptos 0, escribió Aldana en su cuenta de Twitter después del fallo de la CSJ. “Estamos listos”, agregó.

Melvin Medina, jefe de esa fiscalía, dijo que el amparo no puede ordenar la suspensión de la investigación, por lo cual solicitó hace un mes a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) el retiro de la inmunidad para investigar y evaluar en qué delitos encuadran las actuaciones de Gamboa Barrera.

Luego del amparo otorgado a Aldana, la Procuraduría General de la Nación (PGN) presentó un ocurso en queja ante la Corte de Constitucionalidad (CC), señalando que la denuncia de la Contraloría ante el MP es un procedimiento que se deriva de la auditoría, lo cual no podía ser impugnado por el Juzgado Primero Civil.

El tribunal constitucional resolvió a favor de la procuraduría y ordenó continuar con la investigación penal contra la exfuncionaria y ahora candidata presidencial proclamada por el Movimiento Semilla.

El caso se refiere a la contratación supuestamente irregular de Marroquín como consultor del MP para lo cual la institución pagó más de Q1 millón. La fiscalía adversa que el contrato no se publicó, sin embargo esa responsabilidad estaba en manos de la administración de María Consuelo Porras quien optó por no publicarlo, explica la defensa.

Marroquín ahora es parte del equipo de campaña de Aldana.

Este caso es distinto al cual Aldana tiene orden de captura, sobre la contratación, también supuestamente anómala, del abogado Gustavo Bonilla para capacitar a personal del MP en 2014 y 2015.

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El recurso busca que ese caso, sobre influencias alrededor de la integración de cortes de Apelaciones y de la CSJ en 2014, continúe en un juzgado de Mayor Riesgo.

De esta forma busca revertir lo decidido por la Sala a cargo de Anabella Cardona para que el caso pase a un juzgado penal ordinario.

La decisión de la Sala fue en respuesta a un recurso de excepción contra Aifán que plantearon los tres procesados del caso, Sergio Roberto López Villatoro, el Rey del Tenis; su hermana Clara Guadalupe y Eddy Giovanni Orellana Donis, magistrado de Sala de Apelaciones del ramo civil separado del cargo.

Cardona y los demás magistrados, Mynor Oxom y Marvin Reyes, resolvieron a favor de los implicados porque los juzgados de Mayor Riesgo carecen de competencia por los delitos de cohecho activo, pasivo e incumplimiento del deber de presentar declaración jurada patrimonial, por los cuales ellos están siendo indagados, sino que corresponden a los juzgados penales ordinarios.

La notificación de ese fallo se supo el 2 de abril.

Los procesados accionaron contra Aifán el 30 de octubre del 2018.

El caso ya se promovió a debate. La jueza resolvió el 4 de diciembre de ese año enviar a los tres a juicio y designó al Tribunal de Mayor Riesgo D para que sean juzgados.

El MP sostiene que cuando el MP solicitó ante la Cámara Penal que el caso pasara a una instancia de Mayor Riesgo fue porque el caso perseguía delitos de asociación ilícita y lavado de dinero u otros activos, que sí están en la carpeta que puede conocer una judicatura de ese tipo.

Sala hermética

La Sala que preside Cardona evita desde febrero del 2018 informar acerca de sus resoluciones.

La magistrada fue la pesquisidora que recomendó mantener la inmunidad a Roberto Villate, diputado de la extinta agrupación Libertad Democrática Renovada (Líder). Fue el año pasado, después de que el congresistas se excusara por diez ocasiones, por un señalamiento de financiamiento electoral ilícito.

Los señalados

El Rey del tenis, junto con su hermana, Clara Guadalupe, fueron procesados por cohecho activo, en tanto que Orellana Donis está procesado por cohecho pasivo e incumplimiento del deber de presentar declaración jurada patrimonial.

El MP y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) señalan al Rey del Tenis de haberle obsequiado a Orellana Donis un apartamento en el edificio Condominio Torreón, zona 14, a cambio de influir en la elección de magistrados de la CSJ de 2014.

El caso se conoció el 27 de febrero del 2018. La investigación detalló que mediante reuniones, festejos, pago de dinero, alojamiento en hoteles, restaurantes y visitas, López Villatoro habría conformado un andamiaje para influir en las decisiones de las comisiones de postulación del período 2014-2019, tanto para la elección de magistrados de la CSJ y la Corte de Apelaciones.

Para lograr su objetivo presumiblemente gastó una gran cantidad de dinero para tener el control de los procesos de elección.

Orellana Donis fue comisionado en el proceso de postulación de candidatos a magistrados en la CSJ en el 2014 y en junio del 2017 perdió el derecho de antejuicio del cual gozaba como magistrado, por la investigación efectuada por el MP y la Cicig.

Mientras transcurre el caso en su contra, Orellana Donis perdió el apartamento que supuestamente le dio López Villatoro. El 9 de mayo de 2018, el inmueble quedó inmovilizado.  Lo que sigue ahora es que el MP plantee la acción de extinción de dominio y la jueza de ese ramo, Rosa López, fije fecha para el debate.

La propiedad tiene dos parqueos.

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La Fiscalía contra la Corrupción del Ministerio Público (MP) y la Policía Nacional Civil coordinaron la captura del médico en la zona 11, y fue llevado a Torre de Tribunales. En el Juzgado Quinto Penal, la jueza Judith Secaida le indicó al exfuncionario los motivos de su detención, sin embargo, la audiencia de primera declaración no se llevó a cabo por la ausencia de los representantes del MP.

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Villavicencio fue enviado a la prisión ubicada en Mariscal Zavala. La próxima audiencia será el 6 de mayo.

A su llegada a los tribunales, el exministro dijo ante la prensa que en su gestión -estuvo al frente del Ministerio de Salud de mayo de 2012 a septiembre de 2014- no se hizo nada fuera de la ley.

“Lo que veo aquí es que se fue la Cicig y el Ministerio Público quería hacer un bonito show. En varias oportunidades fueron a allanar otras casas, y en varias oportunidades me he presentado ante las autoridades y el juez ha aplazado todas la audiencias”, agregó.

El médico tenía orden de arresto desde el 18 de enero, cuando se efectuaron 20 allanamientos en busca de varios implicados en un caso de fraude en el Ministerio de Salud entre 2012 y 2014. Las autoridades allanaron su casa en Tulam Tzu, en Mixco, sin ubicarlo.

Recordó que iba a comparecer

En el Juzgado Quinto Penal, el exfuncionario recordó que había solicitado una audiencia para comparecer desde el 20 de febrero pasado, dos días después que tenía orden de aprehensión.

Su abogado, Luis Godoy, incluso indicó que la audiencia había sido incluida en la agenda de la jueza Secaida el 5 de marzo pasado y que se reprogramó por la gran cantidad de audiencias para el 11 de junio próximo.

“Mi cliente tenía la intensión de comparecer. Ya se había reprogramado la audiencia”, especificó y adelantó que ya prepara sus alegatos.

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El caso

Las irregularidades se originan en la firma del pacto colectivo y condiciones de trabajo de la cartera y el Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud de Guatemala (SNTSG) durante el periodo que Villavicencio estuvo a cargo de la cartera salubrista (2 de mayo de 2012 al 23 de septiembre de 2014).

A raíz de la firma de ese pacto colectivo, criticado por la sociedad guatemalteca, el Ministerio de Salud pagó Q14 millones al abogado César Landelino Franco López. El dinero provenía de los hospitales Roosevelt y San Juan de Dios, y era para medicamentos, alimentos, productos reactivos y químicos, así como y material quirúrgico.

El 20 febrero del 2014, Franco López recibió el primer pago de Q7 millones como honorarios profesionales del Ministerio de Salud. Con la deducción de los impuestos, recibió Q6 millones 375 mil 600. El 8 de julio del 2014 recibió el segundo pago por otros Q7 millones y con la deducción de impuestos cobró Q6 millones 375 mil 600.

El abogado representaba al SNTSG e hizo transacciones por menos de US$10 mil para no levantar sospechas de la Intendencia de Verificación Especial (IVE) de la Superintendencia de Bancos (SB).

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Los beneficiarios fueron José Gabriel Sepulveda López, Rolando Eberto Cancinos Barrios y Javier Eduardo Méndez Franco, los tres procesados. Ellos cobraron Q5 millones 752 mil 937.60, según la investigación.

Según el MP, no existe base financiera cuantificable para el pago de honorarios en la negociación del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo de la cartera de Salud, “por lo que encaja en los delitos de abuso de autoridad y peculado por sustracción en forma continuada”.

Luego de ese pacto colectivo -la negociación se realizó del 5 al 21 de agosto 2013- se creó el Reglamento de Gastos y Viáticos del Ministerio de Salud, siempre en el periodo del Partido Patriota, el cual, según la Fiscalía, es ilegal, debido a que solo el presidente de la República tiene la potestad de crear este tipo de documentos para el pago de estos beneficios.

En el reglamento fueron contemplados los viáticos diarios de la siguiente manera: ministro, Q1 mil 200; los viceministros, Q1 mil; los directores generales y coordinadores generales, Q800, y los directores de las áreas de Salud, los gerentes de administración, financieros y de recursos humanos, Q600.

Para los jefes de departamentos y unidades médicas, el pago de viáticos diarios fue de Q400.

El reglamento también cubría a los miembros del sindicato.

Para el secretario del SNTSG, Q1 mil; el secretario ejecutivo, Q800; el secretario de actas y de finanzas, Q400, y los empleados, Q350.

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Por este caso el abogado Franco López se encuentra pendiente de captura y 10 personas, entre extrabajadores del Ministerio y sindicalistas, están ligados a proceso.

Denuncias dan pie a investigación

La investigación surgió el 7 de junio de 2014 cuando el diputado Roberto Villate, de la extinta bancada de la agrupación política Libertad Democrática Renovada (Líder), planteó una denuncia contra Villavicencio Álvarez por la suscripción “anómala” del pacto de trabajo.

Otras denuncias fueron interpuestas el 20 de abril de 2015 por la Contraloría General de Cuentas (CGC), por anomalías de funcionarios por el cobro de viáticos con base en el reglamento.

El 26 de junio de 2015, el entonces ministro de Salud del gobierno patriota, Luis Enrique Monterroso de León, señaló a los empleados sindicalizados en relación con los pagos por el pacto colectivo. Luego, el 24 de noviembre de 2015 la Procuraduría General de la Nación (PGN) se adhirió a las denuncias.

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Si bien el caso avanza ahora con el procesamiento de tres personas, hay otra parte de los señalados que fueron librados de la investigación.

Recordamos

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Para la Corte Suprema de Justicia (CSJ), no hay “elementos de racionabilidad suficientes” contra Torres, por los delitos de asociación ilícita y financiamiento electoral no reportado, y los diputados Karina Paz, Jairo Joaquín Flores, Julio César Ixcamey Velásquez y Jorge Estuardo Vargas Morales, así como Pedro Raymundo Cobo y Ángel Guarcas, alcaldes de Nebaj y Chiché, Quiché, por lo cual el 27 de febrero último rechazó la solicitud de levantamiento de inmunidad que planteó la Fiscalía y la Cicig.

Junto a Alejos serán procesados Juan Pablo García Castro, Víctor de Jesús Duarte Mendoza y Guillermo Alejandro Sierra Sierra, según resolvió Claudette Domínguez, jueza de Mayor Riesgo A.

Los cuatro fueron procesados por el delito de financiamiento electoral no registrado y asociación ilícita. A García Castro se lo ligó por perjurio.

“Los hoy sindicados probablemente se asociaron con el objeto de cometer ilícito penal ya que la comisión de los hechos no fue de manera fortuita ni aislada, sino con la convicción de cometer conductas contrarias a la ley, por lo que a criterio de esta judicatura se considera que hasta la presente fecha es importante designar si existen los indicios racionales suficientes para considerar su posible participación a hecho criminal”, subrayó la jueza Domínguez.

Durante la audiencia, que se extendió durante dos semanas, el fiscal del caso, Andrei González, explicó que el avance de la investigación se derivó del caso Traficantes de Influencias, centrado en la supuesta negociación para el pago del crédito fiscal ante la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).

Alejos Cámbara fue señalado por la Fiscalía de haber aportado Q500 mil por medio de un cheque en mayo de 2015.

Contra Duarte pesa el señalamiento de un cheque por Q100 mil que recibió de octubre de 2015 para la campaña de la UNE.

Sierra, quien fue candidato a diputado por la UNE en Alta Verapaz en 2015, recibió un cheque por Q50 mil para los gastos de campaña.

Por último, a García Castro se le señaló que haber hecho transacciones del Grupo Inmobiliario Empresarial San Felipe para el aporte de dinero destinado a los gastos de campaña. Además, habría remitido un cheque por Q500 mil a la campaña de ese partido el 7 de mayo del 2015 y en una declaración jurada especificó que el dinero era de procedencia lícita.

Domínguez les otorgó fianza y arresto domiciliario. Alejos Cámbara, fianza de Q500 mil; Duarte Mendoza, Q100 mil; Sierra Sierra, Q50 mil; y García Castro, Q500 mil.

Los cuatro tienen arraigo, obligación de marcar el control biométrico del MP cada mes, la prohibición de acercarse a las sedes del partido UNE y a las empresas MAARIV y PROHABSA. También tienen prohibido comunicarse entre sí y con prófugos de la causa penal, así como con testigos. Deben rendir un informe mensual de las actividades laborales o docentes que realicen cada mes y, la prohibición de brindar declaraciones o publicaciones escritas a la prensa relacionadas con la causa.

Los cuatro fueron detenidos el 6 de febrero pasado.

Controversias

Después de aquella resolución de la CSJ, devinieron otros acontecimientos que se desprenden de este caso y enfrentan a la UNE con el MP.

El 28 de marzo, la Fiscalía pidió un amparo a la Corte de Constitucionalidad (CC) para que ordene a la CSJ que conozca de nuevo el expediente contra Torres y los cinco diputados, lo cual está pendiente de resolución.

El partido, por su parte, cargó contra Juan Francisco Sandoval, jefe de de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), a quien denunció por supuestamente tener responsabilidad en la filtración a los medios del audio de 2015 donde Torres habla con Alejos sobre el dinero que financistas podrían aportar para su campaña.

Otra controversia que gravita sobre el caso es la fecha en la que se presentó el caso y la solicitud de levantamiento de inmunidad para Torres y los cinco diputados.

Eso fue el 5 de febrero, para cuando el proceso electoral ya estaba en marcha y Torres ya contaba con inmunidad, pero el caso estaba listo 117 días antes y en el despacho de Consuelo Porras, fiscal general, según la Cicig, lo que hizo creer en la opinión pública que se habían planificado las fechas para beneficiar a la aspirante y pudiera protegerse con inmunidad.

Al respecto, según Sandoval, en enero, Porras ordenó que el caso se presentara hasta el 5 del mes siguiente. Porras justificó que durante el tiempo que el expediente estuvo en su escritorio fue examinado para que llegara a la justicia “con objetividad, calidad técnico jurídica y elementos probatorios que refuercen la hipótesis fiscal”.

Por si quiera poco, Torres consiguió una orden judicial para que Sandoval y González no se le “acerquen, perturben ni intimiden” en persona ni en redes sociales, así como a sus familiares, según una resolución de Susan Salazar, juez de Femicidio, contra lo cual  los fiscales ya accionaron, al tiempo que recibieron apoyo de sus colegas y de la propia jefa del MP.

Investigación

La investigación del MP y la Cicig señala que la campaña presidencial de la UNE en el 2015 habría recibido fondos de los cobros ilegales para la agilización de la devolución del crédito fiscal realizados por Mario Leal Castillo, exvicepresidenciable de la UNE en ese año y ahora es prófugo por este caso y por el de Traficantes de Influencias.

Según la acusación, al menos Q3.4 millones, fruto de las coimas cobradas por Leal Castillo, habrían llegado a la campaña de la UNE. La investigación apunta a que las entidades Maariv, S. A., y Promotora de Recursos Habitacionales, S. A., fueron utilizadas para canalizar esos recursos. El dinero habría salido de Ingeniería Integral, S. A., una empresa de Marlon Estuardo Marroquín Silva, hijo del operador externo del caso La Línea, Giovanni Marroquín Navas.

Las tres empresas que concentran los aportes no registrados por el partido UNE, según la acusación del MP son: Promotora de Recursos Habitacionales (Prohabsa), Maariv, con conexiones empresariales con Leal Castillo, y Grupo Inmobiliario Empresarial San Felipe, vinculada con Ixcamey.

Prohabsa habría canalizado fondos por Q5 millones 791 mil 824.35; Maariv, por Q9 millones 64 mil, y Grupo Inmobiliario Empresarial San Felipe, Q4 millones 653 mil 315.

Además, se habría conducido Q122 mil 613.75 a través de terceras entidades, empleados para comprar espacios publicitarios en TVA Guatemala (TV Azteca) usados en el 2015.

En el caso de Prohabsa, la investigación de la Feci señala que sus cuentas fueron utilizadas para captar fondos para la campaña. Los ingresos en el 2015 de la entidad ascendieron a Q7 millones 670 mil 898.61, de los cuales Q5 millones 691 mil 824.35 provinieron de tres entidades: Compañía Agrícola Industrial Solesa, S. A.; Ingeniería Integral, S.A., y Comercializadora Kutno, S. A.

La acusación señala que el entramado de empresas fue diseñado para ocultar el origen real de los fondos. Así, por ejemplo, Grupo Inmobiliario San Felipe, S. A., trasladó Q1 millón 750 mil a Compañía Agrícola Industrial Solesa, S. A.  mediante un cheque con la anotación al anverso: “Campaña Une”. Esta empresa trasladó luego Q1 millón 733 mil 416.51 a Prohabsa.

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Después, personas individuales y jurídicas habrían retirado estos fondos de las cuentas de Prohabsa y destinado estos recursos a la campaña electoral. En este punto, el dinero en efectivo podía ser utilizado para la compra de pintura, la organización de mítines u otras actividades de promoción de los candidatos.

Luis Fernando Pérez Vargas, representante legal de Maariv, quien se encuentra pendiente de captura, operaba de forma similar, según la acusación. El análisis financiero de los investigadores registra que en abril del 2015 un cheque emitido por Ingeniería Integral a favor de Maariv ocupó parte de las comisiones ilegales para la agilización de la devolución del crédito fiscal de las entidades Reforestadora de Palmas de Petén, S. A., y Productos y Servicios Azucareros, S. A.

Más tarde, el 29 de mayo del 2015, la entidad Maariv, S. A., —con fondos ilícitos recibidos de la empresa Ingeniería Integral S.A.— emitió el cheque 16816576, por Q500 mil, a favor de GASTOS DE CAMPAÑA ELECTORAL UNE, lo cual permite identificar el verdadero objeto del traslado de fondos, señala la acusación.

Grupo Inmobiliario Empresarial San Felipe, por otra parte, también figura como un financista electoral lícito ante el TSE, pero a través de otras entidades canalizó fondos a la campaña de la UNE.

La empresa, cuyo representante legal es el diputado Ixcamey, justificó un aporte de Q1 millón 700 mil a Maariv registrando la operación en “cuentas por cobrar”. Sin embargo, al allanar la oficina del contador del Grupo San Felipe, no se encontraron documentos que comprobaran esta operación.

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El “no” a Aldana fue por mayoría, diez votos a dos. Los votos contrarios fueron de las magistradas Silvia García y Delia Dávila.

El amparo había sido solicitado por el Movimiento Semilla, que proclamó a Aldana, para que fuera inscrita ante el órgano electoral, que se opone a su participación porque la Constancia Transitoria de Inexistencia de Reclamación de Cargos -finiquito- de la Contraloría General de Cuentas (CGC) carece de validez.

El caso continuará en manos de la CSJ para que resuelva el amparo en definitiva, que en caso de ser adversa para Aldana, aún queda el recurso de apelación ante la Corte de Constitucionalidad (CC), como última instancia.

Mientras tanto, el binomio presidencial sigue sin ser inscrito y sin poder hacer campaña. Incluso Aldana está en El Salvador debido a que tiene una orden de captura por la supuesta contratación irregular del abogado Gustavo Bonilla en 2014 y 2015 en el Ministerio Público (MP).

Postura

Rootman Pérez, miembro del equipo de campaña de Aldana, dijo que la resolución ya se esperaba porque la CSJ no actúa conforme a Derecho, por lo que el partido ya se prepara para la apelación ante la CC, anticipándose a que el amparo en definitiva sea adverso.

“Es una decisión que dábamos altamente probable. La razón: estamos conscientes que es una CSJ, a la que pusimos a prueba, y demuestra de qué lado de la historia y de la justicia está. La Corte ha favorecido a personajes como Felipe Alejos y Sandra Torres -a quienes mantuvo el antejuicio ante señalamientos del Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala en los casos Traficantes de influencias y financiamiento electoral no reportado por Q19.3 millones en 2015-, es evidente que no podíamos esperar una resolución apegada a Derecho”, dijo.

“Estamos avanzando en los argumentos para la apelación ante la CC porque estamos convencidos de que la ley y la justicia nos dará la razón”, añadió.

Amparo 816-2019 pic.twitter.com/irPe5BgYbJ

— Organismo Judicial (@OJGuatemala) April 10, 2019

El caso

El pasado 1 de abril, los magistrados del TSE revocaron, por mayoría, la inscripción de Aldana con el argumento de que el finiquito que extendió la Contraloría ya no tiene validez.

Los magistrados aceptaron los tres recursos de nulidad que habían presentado Emerson García y Byron Rodríguez, de la agrupación política Todos, y uno por Andrés Ayau, del Partido Liberal de Guatemala, con lo que se revocó la inscripción de Aldana que hizo el Registro de Ciudadanos en primera instancia el 19 de marzo.

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La orden de captura

Aldana permanece en El Salvador y su equipo de trabajo ha dicho que no retornará a Guatemala hasta que existan la certeza jurídica suficiente, puesto que a la fecha, tiene orden de captura.

El juez Décimo, Víctor Cruz, avaló la petición del Ministerio Público (MP) y firmó una orden de captura contra Aldana el 18 de marzo último, por la posible comisión de los delitos de peculado por sustracción en forma continuada, falsedad ideológica y casos especiales de defraudación tributaria.

El caso está bajo reserva judicial, lo que significa que ni el juez, ni el MP ni la defensa puede dar detalles al respecto. Tampoco hay acceso al público ni a la prensa de las audiencias. El MP señala a Aldana por la contratación de Gustavo Bonilla bajo el renglón 029, desde el 6 de enero al 31 de diciembre del 2015, con un pago de Q16 mil 774.19 en enero y otros 11 salarios de Q20 mil entre febrero y diciembre, para un total de Q236 mil 774.19.

Esta semana Bonilla, a través de dos abogados, se excusó de comparecer a la audiencia de primera declaración y el juez programó la audiencia para mayo aunque se evitó decir el día y la hora.

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La acción fue recibida en la Sección de Amparos de la CSJ. El argumento, según José Echeverría, director  del Movimiento, se centra a que ningún candidato a diputado que se haya cambiado de partido político debe ser inscrito.

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Registro de Ciudadanos revoca inscripción de diputado Armando Escribá

“El amparo es contra los diputados que fueron elegidos por una agrupación política en 2015 y buscan la reelección por otro partido en 2019, es una prohibición que señala la ley. Nos guste o no nos guste, es la disposición que está vigente. Los diputados la aprobaron en su momento, está vigente y se debe aplicar”, informó Echeverría.

El amparo busca revocar inscripción de Juracán, quien fue elegido por el partido político Convergencia y ahora va por el Movimiento Winaq. También está la candidatura de Briere, que integró el partido Todos y ahora está postulado para el Parlamento Centroamericano (Parlacen) por Encuentro por Guatemala (EG).

Esta es la segunda acción de MCN contra diputados considerados tránsfugas. El pasado 27 de marzo Echeverría interpuso un amparo para que sea revocada la inscripción de cuatro diputados que fueron elegidos en 2015 por una agrupación distinta a la que en la actualidad pertenecen.

Los señalados son los diputados Juan Manuel Giordano, Edgar Montepeque, Patricia Sandoval y Rudy Pereira, del Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación).

Esta acción está en trámite en la CSJ.

Giordano, Sandoval y Pereira fueron inscritos por resolución de los magistrados del TSE, al considerar que renunciaron a su bancada antes de junio de 2016, cuando entraron en vigencia las reformas electorales, lo cual constituyó un revés al Registro de Ciudadanos, que había rechazado la inscripción.

En el caso de Juracán, el TSE lo aceptó porque, si bien fue elegido por Convergencia y ahora va con Winaq, solo se apartó de la bancada legislativa, mas no se desafilió del partido.

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El dirigente del MCN se refirió a que el transfuguismo es “una problemática instalada desde hace tiempo en el Congreso y solo podrá solucionarse cuando los ciudadanos tengamos la posibilidad de elegir directamente a los diputados mediante listados abiertos”.

Echeverría exhortó a “velar por la pureza del proceso electoral” y que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) cumpla con las leyes y asegure que el evento electoral se realice con reglas claras.

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El artículo 205 Ter de la Ley Electoral es la que castiga el transfuguismo. Literalmente dice: Del transfuguismo. Se entenderá por transfuguismo el acto por el cual un diputado, renuncia a un partido político, habiendo sido electo o cuando ya está ejerciendo el cargo, mediante sufragio universal, para un período, y estuviere designado en uno de los órganos establecidos, automáticamente cesa en el cargo del órgano del Congreso que integrare, el cual será asumido por un diputado del partido representado; el renunciante no podrá optar a ningún cargo dentro de los órganos del Congreso de la República.

Queda prohibido a las organizaciones políticas y a los bloques legislativos del Congreso de la República, recibir o incorporar a diputados que hayan sido electos por otra organización política.

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Los reflectores estaban puestos sobre esta audiencia, pero no se celebró por excusa del jurista, actual decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Carlos.

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Aunque el caso está en reserva judicial, con lo cual no se pueden conocer detalles ni las partes procesales pueden dar información a los medios, había expectativa sobre lo que se llegara a saber, por las implicaciones que podría tener con la candidata presidencial del Movimiento Semilla, quien busca a través de un amparo en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) su inscripción en el Tribunal Supremo Electoral (TSE), que la revocó porque el finiquito presentado ya no tiene validez, según la Contraloría.

Los fiscales del MP informaron saliendo del juzgado que la audiencia se había suspendido porque Bonilla se excusó. Se trata de tres agentes que se graduaron de facultades de Derecho de universidades privadas para evitar conflicto de intereses con Bonilla y su cargo en la universidad nacional.

“Se suspendió -la audiencia-. No le puedo dar más datos. El caso está en reserva”, dijo uno de los fiscales sin proporcionar su identidad.

Esteban Baldomero y Moisés González, abogados de Bonilla, confirmaron lo dicho por los fiscales, pero no dieron más información.

Fuentes del juzgado informaron que la audiencia se celebrará en mayo, sin precisar el día.

Uno de los fiscales informa que la audiencia se suspendió debido a excusa de Bonilla pic.twitter.com/Jf4KIndSyX

— Kenneth Monzón (@kmonzon_pl) April 9, 2019

Afuera de la judicatura se pudo observar a una docena de abogados que habían llegado a acompañar a Bonilla. Algunos mencionaron que había sido su catedrático.

De qué lo señalan

En la causa número 01070-2019-00109, la Fiscalía de Delitos Administrativos, a cargo de Melvin Medina, no ha revelado los delitos que le atribuye a Bonilla, pero lo señala de no haber cumplido con un contrato 029 del 6 de enero al 31 de diciembre del 2015, con un pago de Q16 mil 774.19 en enero y otros 11 salarios de Q20 mil entre febrero y diciembre, para un total de Q236 mil 774.19.

Según el contrato, el abogado tenía la obligación de elaborar guías didácticas, planes docentes, guías de trabajo y agendas académicas de cada actividad de capacitación que efectuara.

Contra Aldana, el MP la sindica de los delitos de peculado por sustracción en forma continuada, falsedad ideológica y casos especiales de defraudación aduanera.

La Fiscalía solicitó la reserva total del caso el 18 de marzo pasado, a lo que el juzgador autorizó durante diez días. Cuando llegó al final del plazo, el 27 de marzo pasado, los fiscales plantearon una prórroga y fue avalado.

El pasado 7 de abril venció la prórroga de la reserva del caso y el juzgador volvió a avalar otra extensión, que finalizará el próximo 17 de abril.

“Se pedirán las prórrogas necesarias”, informó uno de los fiscales del caso.

Orden de captura sigue vigente

El caso mantiene la orden de aprehensión contra Aldana, la cual está vigente desde el 18 de marzo pasado por los posibles delitos de sustracción en forma continuada, falsedad ideológica y casos especiales de defraudación aduanera.

El impedimento finaliza solo si Aldana se presenta ante el juez Cruz a solventar su situación debido a que la orden de captura es para utilizar a las fuerzas de seguridad en su ubicación y llevarla a la judicatura, según explica el abogado penalista Rodolfo Pérez Trabanino.

“La orden de aprehensión es para eso. Se han visto casos en donde la persona se entera de una orden y llega ante el juez y dice ‘acá estoy'”, dijo.

Aldana ha optado por permanecer en El Salvador debido a la orden de aprehensión.

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Caso Comisiones Paralelas | El Rey de Tenis influyó en la elección de cortes en el 2014

Cardona y los demás magistrados, Mynor Oxom y Marvin Reyes, resolvieron, por unanimidad, otorgar la acción fundamentada en que los juzgados de Mayor Riesgo carecen de competencia por los delitos de cohecho activo, pasivo e incumplimiento del deber de presentar declaración jurada patrimonial, sino que corresponden a los juzgados penales ordinarios.

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La notificación se conoció a las 13 horas de este 2 de abril.

Los procesados accionaron contra Aifán el 30 de octubre del 2018. La jueza resolvió el 4 de diciembre de ese año enviarlos a debate y fijó el Tribunal de Mayor Riesgo D, que preside Sara Yoc, para que sean juzgados.

La resolución de la Sala detalló que al ser notificadas todas las partes el expediente sea remitido a la Dirección de Gestión Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en donde, por sorteo, será designado una judicatura ordinaria.

Cuando se designe nuevo juez, el proceso seguirá donde ha avanzado, es decir, que se fijará una fecha para el ofrecimiento de las pruebas y que se designe nuevo tribunal para que los tres procesados sean juzgados debido a que la etapa preparatoria no puede retrotraerse.

Juan Francisco Sandoval, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) del Ministerio Público (MP), anunció que presentará un amparo contra la resolución de la Sala.

Además, el fiscal recordó que cuando el MP solicitó ante la Cámara Penal que el caso pasara a mayor riesgo se argumentó que estaba en investigación una etapa por asociación ilícita y lavado de dinero u otros activos, ambos delitos sí están en la carpeta que puede conocer una judicatura de alto impacto.

Esa etapa de la investigación aún está en reserva en la judicatura a cargo de Aifán por lo que se siguen las pesquisas de verificación y ampliación de indicios previo a determinar si es viable citar o solicitar órdenes de captura y hasta allanamientos. En el Juzgado de Mayor Riesgo D informaron que esta parte del caso aún sigue en reserva.

Postura

Sergio López, hijo de López Villatoro, manifestó vía telefónica que lo que impugnó fue la competencia de mayor riesgo en general.

“En realidad lo que se peleó fue la competencia de todos los juzgados de mayor riesgo. La ley de procesos penales en competencia de mayor riesgo establece un catálogo de delios que son los que se pueden conocer. La investigación del MP ya lleva cinco años y fruto de eso presentaron una acusación por cohecho y ese delito no está en el catálogo de mayor riesgo, así lo establece la ley. No lo puede conocer solo Aifán, tiene que remitirse a un juzgado ordinario”, dijo López.

En relación a lo que adelantó el fiscal Sandoval de interponer un amparo, López criticó la acción que hará el fiscal. “Qué delicado es que el fiscal Sandoval manifieste que va a interponer un amparo y ni siquiera ha sido notificado. La Feci no tiene como objetivo actuar en relación a los hechos y resoluciones sino contra personas que tiene procesadas en este caso. Es preocupante la declaración de Sandoval”.

Carece de legitimidad

Gustavo García Fong, del área jurídica de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes) explicó que la decisión de la Sala carece de legitimidad.

“De momento se puede apreciar poca legitimidad en la resolución dado que esa parte que aún se encuentra en reserva todavía conecta los hechos cometidos con la lista de delitos que corresponde conocer a los juzgados de mayor riesgo, por lo tanto, no pude admitirse que un caso de la relevancia que tiene como es el caso Comisiones Paralelas cambie de judicatura pretendiendo cumplir con un formalismo legal el cual no ha terminado de configurarse por los otros delitos que aún se encuentran en reserva, entonces es una resolución que carece de legitimidad y corresponderá presentar las impugnaciones que correspondan”.

El analista y abogado García Fong también se refirió al proceso y a la importancia del caso.

“La trascendencia que tiene para la vida jurídica y el Estado de derecho elegir funcionarios judiciales, precisamente se puso en entredicho al señalar la comisión de estos delitos, entonces, la democracia guatemalteca debe considerar que juzgar a personas involucradas en sobornos o de comportamientos contrarios a la ley y la selección de importantes funcionarios es algo que para el Estado debe ser una prioridad. Con resoluciones como esta no solo se ve afectado el proceso de selección de funcionarios judiciales sino la democracia”, mencionó García Fong.

Fallos de la magistrada

La Sala que preside Cardona evita desde febrero del 2018 informar acerca de sus resoluciones.

La magistrada fue la pesquisidora que recomendó mantener la inmunidad a Roberto Villate, diputado y exsecretario general de la cancelada agrupación política Libertad Democrática Renovada (Líder), el año pasado, después de diez excusas, por el delito de financiamiento electoral ilícito.

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Audiencia sigue mañana

Aifán informó que desde la semana pasada citó a los implicados, sus abogados y a las demás partes procesales para este miércoles a las 9 horas y realizar el ofrecimiento de las pruebas, lo cual se prevé que se suspenda debido a la resolución de la Sala.

Los señalados

El Rey del tenis, junto con su hermana, Clara Guadalupe, fueron procesados por cohecho activo, en tanto que Orellana Donis está procesado por cohecho pasivo e incumplimiento del deber de presentar declaración jurada patrimonial.

Comisiones de postulación

El MP y la Cicig señalaron al Rey del Tenis de haberle obsequiado a Orellana Donis un apartamento en el edificio Torreón, zona 14, a cambio de influir en la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de 2014.

El caso se conoció el 27 de febrero del 2018. La investigación detalló que mediante reuniones, festejos, pago de dinero, alojamiento en hoteles, restaurantes y visitas el abogado, López Villatoro habría conformado un andamiaje para influir en las decisiones de las comisiones de postulación del período 2014-2019, tanto para la elección de magistrados de la CSJ y la Corte de Apelaciones. Para lograr su objetivo presumiblemente gastó una gran cantidad de dinero para tener el control de los procesos de elección.

Orellana Donis fue comisionado en el proceso de postulación de candidatos a magistrados en la CSJ en el 2014 y en junio del 2017 perdió el derecho de antejuicio del cual gozaba como magistrado, por la investigación efectuada por el MP y la Cicig.

Apartamento está inmovilizado

El 9 de mayo pasado el Juzgado de Extinción de Dominio inmovilizó el apartamento, con dos parqueos, ubicados en el edificio Condominio El Torreón.

Se espera que el MP plantee la acción de extinción y la jueza Rosa López fije fecha para el debate de extinción de dominio.

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Claudette Domínguez, jueza de Mayor Riesgo A, otorgó la medida de coerción que, además de Chiroy, benefició a ocho militares más.

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Chiroy, que estuvo en prisión seis años, seis meses y 16 días, deberá marcar su huella dactilar cada 15 días en el Ministerio Público, puede continuar con su trabajo en el Ministerio de Defensa Nacional, pero no podrá ir a Totonicapán, donde ocurrieron los hechos, ni tampoco podrá ir a su lugar de origen en Chimaltenango.

Tampoco podrá salir del país ni podrá comunicarse con otros implicados en el caso.

Los otros beneficiados con este tipo de medida son los soldados Dimas García Pérez, Marcos Chun Sacul, Ábner Enrique Cruz Pérez, Felipe Chub Coc, Ana Rosa Cervantes Aguilar, Edín Adolfo Agustín Vásquez y Manuel Lima Vásquez.

Argumentación de la jueza

Claudette Domínguez, titular de Juzgado de Mayor Riesgo A, se refirió a tratados internacionales para favorecer a los militares. “A la persona se le considera culpable sin que haya enfrentado un juicio por el simple hecho del exceso de la prisión preventiva. Eso lo dicen los tratados internacionales”, se refirió. “Es una pena anticipada pero si no han sido vencidos en debate”, agregó.

La juzgadora les explicó al querellante José Santos Sapón -de los 48 cantones de Totonicapán- y que podía interponer su impugnación si no estaba de acuerdo con la resolución.

Recordó que como argumento de la defensa está un informe de la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura entregado el 22 de marzo pasado en donde detalla que se vulneran los derechos del coronel Chiroy por exceder el tiempo de la prisión preventiva.

“Me llama la atención este informe, pero no es vinculante. Además, dice que se realice la audiencia de etapa intermedia algo que ya sucedió por lo que esta Oficina no se informó en qué etapa está el proceso”, dijo.

El fiscal Mario Huinter así como Santos Sapón estuvieron en desacuerdo de la resolución de la juzgadora debido a que aún hace falta que se defina la calificación jurídica contra los militares.

La jueza Carol Flores envió a debate a Chiroy por incumplimiento de deberes y a los soldados por homicidio en estado de emoción violenta, aunque la primera calificación que hizo el juez Miguel Gálvez fue por ejecuciones extrajudiciales pero después hubo impugnaciones que llegaron a cambiar el delito. La resolución aún no está en firme lo que impide que se realice la audiencia de ofrecimiento de las pruebas previo a comenzar el debate en el Tribunal de Mayor Riesgo B.

Plantón

Por la mañana integrantes de Movimiento Justicia y Reconciliación protagonizaron un plantón frente a la Torre de Tribunales. Óscar y Rosa Barrientos recordaron que el proceso ya se había suspendido en 25 oportunidades con “acciones dilatorias”.

Los hechos

El 4 de octubre del 2012, pobladores de cuatro cantones de Totonicapán bloquearon el kilómetro 170 a la altura de la Cumbre de Alaska, en protesta por las políticas del gobierno de Otto Pérez Molina. 

Los manifestantes habían tomado la carretera a las 5 de la mañana debido a que adversaban la modificación de la carrera de Magisterio. También protestaban contra la empresa que distribuye energía eléctrica en Totonicapán y las propuestas de reformas a la Constitución que impulsaba el Gobierno.

Durante la protesta los pobladores fueron atacados con arma de fuego por un guardia privado que custodiaba un camión cargado de cemento, lo que desató la furia de los inconformes y se enfrentaron a la Policía y al Ejército.

Las fuerzas de seguridad respondieron con gases lacrimógenos y pimienta para dispersarlos. Al replegarse, un camión cargado con cemento y uno del Ejército quedaron a merced de los manifestantes, quienes arremetieron y les prendieron fuego.

Seis personas murieron y 34 resultaron heridas.

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El guardia tenía orden de captura desde el 12, el mismo día que sus compañeros Minor Roberto Cadenas del Cid y Andrés Gilberto Aguilar Hernández fueron capturados por este crimen.

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Según el MP, Gómez fue quien le disparó en 11 ocasiones al profesional del Derecho y quien llevó el cadáver en el carro de la víctima a un sector de la zona 12, a la par del campus universitario, donde lo dejó abandonado.

Cadenas del Cid y Aguilar Hernández ya están ligados a proceso por el delito de homicidio y en prisión preventiva en la cárcel de Pavoncito.

La casa de estudios atribuyó la inseguridad en sus instalaciones al abandono de las anteriores administraciones, con un sistema de seguridad obsoleto.

Para resolverlo, la Usac planea poner molinetes en las entradas, un sistema de cámaras, botones de pánico, lámparas y reflectores; la portación de armas de fuego está prohibida y trabajará en la prevención de la violencia.

“Se necesita la comprensión de la comunidad sancarlista y de quienes nos visitan. Hacemos un llamado a ser tolerantes y vivir una cultura de paz”, expresó la Usac en un comunicado el día 12, cuando se hizo pública la supuesta participación de los guardias en el crimen.

Por riña

La tesis del MP se centra en una riña y discusión que mantuvo la Álvarez Granados con los guardias durante la madrugada del domingo 10 de marzo pasado en el campus, cerca de la sede de la Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU).

La fiscal Madeline Sapper, de la agencia especial de casos de asesinatos cometidos contra abogados de la Fiscalía de Delitos contra la Vida, reconstruyó los hechos en la audiencia de declaración contra Cadenas del Cid y Aguilar Hernández, con base en las cámaras de seguridad.

Se aprecia que Álvarez Granados manejó su carro a las 1.13 horas de ese domingo en el parqueo del edificio T8, de la Facultad de Agronomía y la AEU. Había estado en el campus acompañando preparativos de la Facultad de Ciencias Económicas para la Huelga de Dolores de este año.

Momentos después llegó un picop de la Usac matrícula O-120BDC donde viajaban los tres guardias sindicados.

Sapper sostuvo que, según las imágenes, se aprecia que hubo una discusión.

“Las cámaras captaron que el guardia Gómez Pérez desenfundó su pistola y le disparó a la víctima en el pecho. Después se acercó y le volvió a disparar en la cabeza”, dijo. Fueron 11 disparos los que acabaron con la vida del abogado.

Poco después, los guardias abordaron el picop en el que habían llegado y se retiraron. Minutos después regresaron y subieron el cuerpo sin vida del abogado en el sillón de atrás de su propio vehículo que había dejado parqueado en ese sector.

Los indicios de la Fiscalía señalan que Gómez Pérez condujo el carro de la víctima y sus compañeros lo siguieron en el picop de la Usac.

Salieron del campus por la puerta de la avenida Petapa, lo cual fue captado por las cámaras de una estación del Transurbano.

El vehículo con el cuerpo fue abandonado unas cuadras adelante, en la 34 calle, siempre sobre la Petapa.

Arena a la sangre

De vuelta al campus, los guardias echaron arena donde había quedado sangre de la víctima y se retiraron sin reportar alguna anomalía ante su jefe.

La fiscalía cuenta con el relato de dos testigos, amigos de la víctima, que esa madrugada hablaron con él por teléfono.

También está el relato de dos guardias que escucharon los disparos. Incluso, uno de ellos tuvo curiosidad, llegó hasta el lugar después y tomó fotografías de las manchas de sangre cubiertas con arena.

Juez lo procesa

El juzgador Josué Alvarado procesó a Gómez por homicidio y lo remitió a la cárcel Pavoncito. Además, le otorgó al Ministerio Público dos meses para que avance en la investigación.

La próxima audiencia será el 8 de julio a las 14 horas, en donde se discutirá si los tres guardias irán a debate.

Familiar lo escupió

Al finalizar la audiencia una persona que aparentemente es familiar de la víctima, se acercó y le recriminó a Gómez porque le había disparado a su pariente por la espalda. Los oficinistas del Juzgado Octavo Penal observaron que hasta lo escupió.

El Juzgado aceptó la petición de José Alfredo Álvarez Conde, padre de la víctima, para que la Usac sea civilmente demandada.

La Fiscalía tendrá tres meses para avanzar en la investigación y en la próxima audiencia el 8 de julio del 2019. Ahí se discutirá si los dos primeros guardias detenidos deben enfrentar un debate.

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Rudy Esquivel, vocero del SP, indicó que Sánchez Meneses, de 26 años, conocido como “Jan” no fue ubicado en el conteo que se hizo a eso de las 19 horas del domingo último, cuando autoridades de ese centro de detención dieron la alerta.

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Detalló que luego de que las autoridades de Mariscal Zavala no lo ubicaron dieron aviso al Ministerio Público (MP), cuyos agentes llegaron alcentro de detención para recabar evidencias a fin de “delimitar el grado de responsabilidad en algunas personas”.

El portavoz afirmó que desconoce en qué área estaba interno el recluso.

Sánchez Meneses fue detenido el pasado 19 de enero en la colonia Lourdes, zona 17 capitalina. Es sindicado del delito de conspiración para la distribución de cinco kilogramos o más de cocaína, hallados en un avión registrado en EE. UU., país que lo solicita para juzgarlo.

La alerta para su detención se emitió el 12 de julio de 2016 por un tribunal distrital del estado de Virginia.

Su captura sucedió tras un allanamiento en la 9a. avenida 1-23 colonia Lourdes, zona 17. Las autoridades especificaron sus características: Tez morena clara, boca mediana, tiene tatuajes, utiliza barba completa, estatura de 1.68 metros, labios medianos, cabello lacio y ojos oblicuos medianos.

Pilotaba aviones

El fiscal de Extradiciones del MP, Donato García, reveló que, de acuerdo con las investigaciones de la Administración para el Control de Drogas (DEA en inglés), se identificó a Sánchez Meneses como piloto de un avión que habría transportado cocaína de Venezuela a Guatemala, y que era parte de una organización que trasegaba droga desde Sudamérica para llevarla a Estados Unidos.

En marzo de 2014 fue el copiloto de un avión que voló de Guatemala hacia Apure, Venezuela, con el propósito de recoger mil kilos de cocaína. La operación falló porque las fuerzas policiales de aquel país interceptaron el cargamento.

Sin embargo, ya en el 2014 y 2015, Sánchez Meneses había hecho dos viajes con éxito transportando droga en la cola de las aeronaves.

El proceso de extradición estaba dentro del plazo de los 40 días a la espera de que el gobierno de Estados Unidos remitiera los documentos para completar el trámite.

No era la cárcel indicada

Rudy Esquivel, portavoz del Sistema Penitenciario, dijo que la cárcel de Mariscal Zavala fue creada para reos en situación de vulnerabilidad y no para perfiles de alta peligrosidad, pero que ahí llegan los reos por orden judicial a solicitud del MP, con la cual Presidios solo recibe los requerimientos.

Camilo Morales Castro, director del Sistema Penitenciario, precisó que a partir de la notificación de la fuga hubo revisiones en la cárcel y hubo alertas a Interpol y aduanas, para que detengan al supuesto narcotraficante.

Además, habrá reubicación de guardias, alcaides y subdirectores de Mariscal Zavala, en tanto avanzan contrataciones de profesionales para los cargos de directores y subdirectores de prisiones.

Justificó que por ahora el principal reto de la institución es profesionalizar, capacitar y tecnificar al recurso humano, pero faltan recursos financieros.

Sobre las líneas de investigación en torno a la fuga, el director no dio detalles para no comprometer el trabajo del MP.

Procesado

El Tribunal Quinto Penal, que preside Adán García, lo procesó en enero pasado después de revisar los indicios del Ministerio Público (MP). Después de la audiencia lo remitió a la cárcel de aquella base militar.

Durante la audiencia el fiscal recordó que Jeankarlo Alexander Sánchez Meneses es sindicado de conspiración para la distribución de cinco kilogramos o más de cocaína en un avión registrado del país americano, dicho acto es una violación al Epígrafe 21, del código de Estados Unidos emitida el 12 de julio de 2016 en el Tribunal de Distrito del Estado de Virginia.

En la cárcel de Mariscal Zavala permanecen 240 personas detenidas, aunque la capacidad establecida es de 135.

Entre los internos que permanecen ahí figuran varios de los procesados por el caso de defraudación aduanera conocido como La Línea, cuyas investigaciones provocaron la salida antes de tiempo de los mandatarios Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti.

También se encuentra el exministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, quien fue condenado a seis años de cárcel por el caso conocido como Blindados, en el cual autorizó la renta de manera fraudulenta de varios vehículos de ese tipo para funcionarios públicos.

La prisión

El acuerdo ministerial 557-2015 es el que rige actualmente las funciones de la cárcel de Mariscal Zavala que antes era exclusiva para militares. En el 2015 recibió a los primeros reclusos civiles.

De acuerdo con el artículo 3 de dicho acuerdo, en esa prisión serán recluidas las personas civiles o militares cuya seguridad y vida presente eminente riesgo. Conta de dos grandes módulos el A que está designado para internos hombres, un máximo de 114, que guarden prisión preventiva, y el B, para 21 personas, hombres o mujeres que estén pendientes de brinda su primera declaración.

Aunque en el 2016 Prensa Libre publicó una nota que mostró ciertas facilidades para ingresar a ese centro de detención, Esquivel aseguró que hoy en día, no tiene menos restricciones que el resto de las cárceles del país.

Otra fuga de Mariscal Zavala

En mayo del 2017, se registró otra fuga en ese centro de detención, cuando Marixa Lemus, alias la Patrona, utilizó un uniforme del Sistema Penitenciario para escapar.

Una agente que la escoltaría a una audiencia se percató que en la cama de Lemus Pérez solo estaba la sábana acomodada de tal forma que pareciera que la reclusa estaba durmiendo. Lea más detalles del caso. 

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Ante el Juzgado Octavo Penal se celebró la audiencia de primera declaración contra los guardias Minor Roberto Cadenas del Cid y Andrés Gilberto Aguilar Hernández, por su implicación en el asesinato del abogado y exdirigente estudiantil José Fernando Álvarez Granados, de 37años.

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Por este caso está prófugo Porfirio Gómez Pérez, quien habría ejecutado al profesional.

La tesis del MP se centra en una riña y discusión que mantuvo la víctima con los guardias durante la madrugada del domingo 10 de marzo pasado en el campus, cerca de la sede de la Asociación de Estudiantes Universitarios Oliverio Castañeda de León (AEU).

Lea más: Roberto Mota, exjefe de seguridad del OJ, será procesado por violencia contra la mujer

La fiscal Madeline Sapper, de la agencia especial de casos de asesinatos cometidos contra abogados de la Fiscalía de Delitos contra la Vida, proyectó imágenes de las cámaras de vigilancia de la sede estudiantil y algunas que están en la avenida Petapa y 34 calle, zonas 12.

Ahí se aprecia que Álvarez Granados manejó su carro a las 1.13 horas de ese domingo en el parqueo del edificio T8, de la Facultad de Agronomía y la AEU. Había estado en el campus acompañando preparativos de la Facultad de Ciencias Económicas para la Huelga de Dolores de este año.

Momentos después llegó un picop de la Usac matrícula O-120BDC donde viajaban los tres guardias sindicados.

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La fiscal Sapper explicó que en las imágenes se aprecia que hubo una discusión.

“Las cámaras captaron que el guardia Gómez Pérez desenfundó su pistola y le disparó a la víctima en el pecho. Después se acercó y le volvió a disparar en la cabeza”, dijo. Fueron 11 disparos los que acabaron con la vida del abogado.

Poco después, los guardias abordaron el picop en el que habían llegado y se retiraron. Minutos después regresaron y subieron el cuerpo sin vida del abogado en el sillón de atrás de su propio vehículo.

Los indicios de la Fiscalía señalan que Gómez Pérez condujo el carro de la víctima y sus compañeros lo siguieron en el picop de la Usac.

Salieron del campus por la puerta de la avenida Petapa, lo cual fue captado por las cámaras del Transurbano.

El vehículo con el cuerpo fue abandonado unas cuadras adelante, en la 34 calle, siempre sobre la Petapa.

Regresan a borrar evidencias

De vuelta al campus, los guardias echaron arena donde había quedado sangre de la víctima y se retiraron sin reportar alguna anomalía ante su jefe.

La fiscalía cuenta con el relato de dos testigos, amigos de la víctima que esa madrugada hablaron con él por teléfono.

También está el relato de dos guardias que escucharon los disparos. Incluso, uno de ellos tuvo curiosidad, llegó hasta el lugar después y tomó fotografías de las manchas de sangre cubiertas con arena.

La audiencia continuaba, donde el juzgado deberá resolver si liga a proceso a los dos detenidos y si aplica medidas de coerción.

Procesados

Los dos guardias quedaron ligados a proceso por el delito de homicidio y en prisión preventiva en la cárcel Pavoncito.

En la audiencia compareció José Alfredo Álvarez Conde, padre de la víctima, quien fue representado por el abogado Berner García, quien solicitó que la Usac sea civilmente demandada a lo que el juez accedió.

La Fiscalía tendrá tres meses para avanzar en la investigación y en la próxima audiencia el 8 de julio del 2019 a las 13 horas deberá comparecer un representante de la Usac como tercero civilmente demandado. Ahí se discutirá si los guardias procesados deben enfrentar un debate.

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De esta forma se resuelve la petición de jueces de alto impacto que habían solicitado a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) la remoción de Mota porque temían por su integridad ante los cambios que él estaba implementando y por lo cual habían pedido su destitución.

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A las 14:59 horas fue entregada su carta de renuncia, luego de tres meses de gestión, y aceptada a las 15.10 horas en el Departamento de Recursos Humanos.

Nester Vásquez, presidente de la Corte Suprema de Justicia, confirmó la renuncia poco después en conferencia de prensa.

“El doctor Roberto Antonio Mota Bonilla ha decidido presentar su carta de renuncia irrevocable, por motivos de índole personal, la cual ha sido aceptada y canalizada por la unidad respectiva para los efectos legales correspondientes”, según el comunicado del OJ.

Vásquez informó que estuvo dirigiendo esta mañana una reunión extraordinariol de pleno de la CSJ y se enteró por las redes sociales que existía una orden de captura contra Mota Bonilla por violencia contra contra la mujer.

Incluso, la magistrada de la CSJ, Delia Dávila, le remitió una carta a Vásquez para que fuera detenido Mota Bonilla a las 9 horas, aunque no hubo alguna respuesta.

“En mi caso no tengo que hacer una consideración y una situación que afecte al Organismo Judicial. Este asunto del proceso penal, orden de aprehensión es un asunto muy personal de Mota Bonilla. No puedo venir y hacer otras consideraciones”, dijo Vásquez.

Desde el lunes último, Mota no se ha presentado a trabajar en el OJ.

El magistrado también se refirió que tomará una decisión de la persona que estará a cargo de la seguridad en los próximos días. Recalcó que bajo la dirección de Mota Bonilla no se realizó alguna contratación de personal.

La orden de captura

Yolanda Sandoval, fiscal de la Mujer, confirmó que está vigente una orden de detención contra Mota desde el 5 de marzo último.

El señalamiento de la Fiscalía contra Mota es por violencia psicológica y económica contra su esposa por supuestas agresiones el 31 de agosto de 2017. Ese día, según la fiscal, la esposa de Mota fue agredida y denunció los hechos. Después, la Fiscalía resolvió que no hay delito por perseguir, aunque el caso no fue archivado y la semana pasada fue reactivada la orden de captura a petición de la esposa se informó.

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Jueces y sociedad civil pidieron destituirlo

El lunes recién pasado, la Federación Centroamericana de Jueces y Juezas por la Democracia y la Alianza por las Reformas, que reúne a 40 organizaciones sociales, solicitaron a Vásquez la destitución de Mota Bonilla. A eso se le sumó la petición de remoción que plantearon los jueces Miguel Gálvez, Erika Aifán y la Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad.

Afin al presidente Morales

Mota Bonilla asumió la jefatura de seguridad del OJ en diciembre del 2018, sin embargo, su desempeño no goza del beneplácito unánime de los jueces. Algunos de ellos, como los jueces de Mayor Riesgo, tienen temor por los nuevos procesos que se están implementando y podrían significar una reducción de las garantías a su integridad física.

Una de las objeciones más fuertes es su experiencia en la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia(SAAS) y en la Secretaría de Inteligencia Estratégica (SIE), estrechamente ligada al gobierno de Jimmy Morales.

Roberto Mota Bonilla fue jefe de seguridad del @OJGuatemala desde diciembre del 2018. Algunos jueces de alto impacto se quejaron por la falta de comunicación y solicitaron su destitución.
Además, tiene orden de captura. pic.twitter.com/vtHZUeyJAh

— Kenneth Monzón (@kmonzon_pl) March 12, 2019

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Ayer miércoles, durante el desarrollo de una audiencia judicial en el Juzgado de Mayor Riesgo A, Marvin Montiel Marín, alias el Taquero, un reo condenado a 820 años por la muerte de 15 nicaragüenses y un holandés, y procesado por la matanza de Pavón en 2016 donde fue ultimado Byron Lima, reveló que Reyes mantuvo una relación sentimental con Ramírez Cartion.

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Montiel Marín mostró una fotografía de Reyes y Ramírez Cartion donde ambos se abrazan y besan. Sara Cruz, esposa de Montiel y también procesada por la matanza de Pavón del 16 de julio de 2016, aseguró que Reyes le comentó en la cárcel de Santa Teresa sobre su relación con el funcionario de la Cicig.

El reo utilizó esas fotos, sobre las cuales dijo que se las habían filtrado, para cuestionar la participación de Reyes en testimonios del caso de la muerte de Lima y de los casos Caja de Pandora, que involucraba a Lima con el alcalde Álvaro Arzú, fallecido en 2018, y del caso de financiamiento electoral para la campaña de Jimmy Morales en 2015.

Al mediodía de este jueves Matías Ponce, vocero de la Cicig, indicó que ayer, al tener conocimiento de la situación, la comisión realizó todas las pesquisas internas correspondientes, incluyendo una entrevista con Ramírez Cartion.

“Como resultado, la persona presentó su dimisión por faltas a las normas que regulan nuestro trabajo. La Comisión ha dado inicio a una investigación interna y a un proceso disciplinario”, señaló el portavoz.

Ponce agregó que “todos los funcionarios de la Cicig se rigen por un código de ética que les plantea rígidas normas de comportamiento, apego al mandato y los principios que guían el trabajo de la Organización de las Naciones Unidas”.

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El vocero precisó que Ramírez Cartion  no intervino en el caso Caja de Pandora. “Desde noviembre de 2016 prestaba funciones en la sede de Cicig en Xela, hasta su cierre. Antes de ser trasladado a Xela, en septiembre de 2016, fue retirado del caso La Sexta”, precisó el vocero. La Sexta es el nombre que recibe el caso de la muerte de Lima, 12 reos más y la modelo argentina Joanna Birriel. Toma ese nombre porque el ataque armado fue en un sector de Pavón llamado así, donde hay tiendas y una iglesia.

Ponce señaló que Reyes declaró como colaboradora eficaz el 4 de octubre de 2017 y abandonó el país ese mismo día. Agregó que durante ese tiempo el exfuncionario de la Cicig “no estuvo en el proceso de verificación de la información de la colaboradora eficaz”.

“La Cicig toma todas las medidas pertinentes para asegurar la integridad de sus investigaciones. Se seguirá investigando los hechos sucedidos”, apuntó el portavoz.

Regulaciones

A sus declaraciones Ponce adjunto el pliego de normas de conducta de la Cicig, que exige “un comportamiento ejemplar en sus funcionarios”, quienes “deberán cumplir con todas las normas establecidas en el código de conducta el cual se le entrega y se comprometen a leer y respetar”.

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También se establece que que las condiciones, derechos y obligaciones que se le otorgan al funcionario se equiparan a las que otros organismos internacionales de similar naturaleza contemplan para sus funcionarios y funcionarias.

De la misma manera “el funcionario se obliga a cumplir con los valores de integridad, profesionalismo y respeto por la diversidad”.

Asimismo se compromete que en un período de al menos 10 años contados a partir de la fecha en la que finalice el presente nombramiento, no asesorará, aconsejará defenderá o representará directa o indirectamente a personas que se encuentren involucradas en los casos tramitados, investigados y litigados por la Comisión, ya sea en calidad de experto, perito, testigo, asesor, mandatario o abogado.

“El incumplimiento de la presente cláusula dará derecho a la Cicig a plantear ante los Tribunales de Justicia de los respectivos Colegios Profesionales todas las acciones que considere pertinentes”, señala el texto.

¿Qué dijo Montiel?

Montiel mostró el miércoles último fotos de Reyes con Ramírez Cartion.

“Rogelio Ramírez Cartion sostuvo y mantiene una relación íntima, sentimental con la señora Alejandra Sarahí Reyes Ochoa, quien era la flamante esposa de mi amigo Byron Lima”, declaró el Taquero a los medios.

“No tengo solo una foto. Al señor investigador de la Cicig y a la flamante colaboradora. Aquí hubo una farsa, hicieron una manipulación. A raíz de una relación sentimental tienen a tanta y tanta gente privada de su libertad”, dijo Montiel.

Según el reo, la relación entre Reyes y Ramírez Cartion inició en 2014.

“La relación de Alejandra y Rogelio está desde 2014 cuando entró en la cárcel Santa Teresa. Mi esposa Sara Cruz estaba en esa cárcel y ella le comentó a mi señora que no hallaba qué hacer porque se había enamorado de Rogelio, el investigador de la Cicig. Alejandra le decía que se había enamorado”, sostuvo.

“Alejandra es testigo falso en todos los casos. ¿Por qué sostuvo una relación con este investigador de la Cicig?”, cuestionó Montiel.

Fiscal tomará denuncia y jueza lo ordena

El fiscal Carlos De León mencionó que remitiría el audio completo de Montiel a la Oficina de Atención Permanente del MP para iniciar una investigación en base a su denuncia. Después la jueza Claudette Domínguez le ordenó al fiscal que se abra una investigación.

Los folletos que llevó Montiel con las fotografías de la excolaboradora y exinvestigador serán embalados ante la jueza para avanzar en las pesquisas.

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“Este Tribunal no comparte la argumentación técnica de la defensa del señor Muadi. El peligro de fuga se da no solo por el poder económico sino por el poder político. Recordemos que fue presidente del Congreso”, explicó la jueza González para negar la libertad, de forma condicional, al expresidente del Congreso.

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Muadi había solicitado la revisión de la medida de coerción por primera vez desde que fue detenido el 29 de octubre del 2015. Su abogado, Juan Guevara, argumentó que se había desvanecido el peligro de fuga.

A criterio de los juzgadores la obstaculización a la averiguación de la verdad sigue latente debido a que los testigos de la Fiscalía ya declararon en anticipo de prueba, pero existen otros testigos de los sindicados que deberán comparecer en el debate.

“En relación a la obstaculización, es cierto que los testigos del Ministerio Público ya declararon pero también se escucharán los de la defensa y podría haber obstaculización. Existe sospecha que Muadi podría interferir en los testigos”, dijo la jueza González.

Muadi está procesado por el juez Eduardo Cojulún por peculado por sustracción, asociación ilícita y lavado de dinero u otros activos.

El comienzo del debate contra 31 sindicados está previsto para el 25 de marzo próximo. Muadi es el único que sigue en prisión. Los demás gozan de arresto domiciliario.

Al salir de la sala de audiencias Muadi lamentó la decisión del Tribunal. “No me queda de otra”, dijo.

"No me queda otra", dice Pedro Muadi al salir de la sala de audiencias. pic.twitter.com/RFvywo4VcX

— Kenneth Monzón (@kmonzon_pl) February 26, 2019

El caso

Según las investigaciones que hizo la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), Muadi facilitó la contratación de personas que estarían a su disposición, pero aunque estas cobraban su sueldo mensual, no acudían a trabajar al Congreso.

Los hechos se dieron cuando Muadi fungió como presidente del Congreso de la República (2013-2014) y contrató un cuerpo de seguridad de la empresa Grupo SIS, integrado por 30 agentes que recibían un sueldo de Q5 mil por parte de esa compañía.

El MP sostiene como sus pruebas que “para desviar fondos de la institución el primer paso consistió en ofrecer a los miembros de su equipo de seguridad un pago extra de Q2 mil a su salario, los cuales serían pagados con fondos del Congreso”.

Los trabajadores aceptaron y firmaron un contrato con el Congreso por un sueldo de Q8 mil mensuales, pero nunca llegaron a laborar al Congreso y en su lugar desempeñaron funciones en empresas vinculadas a Muadi.

El caso se amplió con el señalamiento a particulares que cobraban salarios de Q5 mil, Q10 mil y hasta Q20 mil mensuales en el Organismo Legislativo y no fueron a trabajar.

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Los señalados son los facultativos Joshua Alberto Romero Figueroa, Luis Daniel Barrios Morales y Erick Enrique Rodríguez Morales.

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Investigan si atraso en atención hospitalaria tuvo relación con muerte de bebé

El Ministerio Público (MP) los señaló porque, debido la mala colocación de un catéter, el niño sufrió una infección que ya no pudo ser tratada en ese centro y ameritó su traslado al Hospital San Juan de Dios, de la capital, donde médicos tuvieron que amputar la pierna para evitar que la infección afectara más el cuerpo del pequeño.

En ese sentido, la representante del MP atribuyó a los tres pediatras los delitos de incumplimiento de deberes y lesiones gravísimas, aunque el juez consideró que no hubo intención de dañar al bebé y por eso cambió el delito de lesiones gravísimas por lesiones culposas.

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“No se tenía la pericia, además, ese catéter fue colocado al bebé incorrectamente”, resolvió el juez Eduardo Cojulún al hacer referencia a los indicios presentados por la Fiscalía de Delitos Administrativos.

Los pediatras tienen prohibido salir del país, acercarse al Hospital Regional de Zacapa, conversar con los padres del bebé, la obligación de ir a marcar su huella dactilar cada 15 días en la sede fiscal de Zacapa y les fijó la caución económica de Q25 mil.

Además fijó cuatro meses al MP para realizar la investigación y la próxima audiencia de etapa intermedia será en julio de 2019.

En la audiencia había un representante de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH). También familiares de los médicos que aguardaron las más de seis horas que duró la audiencia en el tercer nivel de la Torre de Tribunales.

Los hechos

El caso al 19 de agosto del 2018 en el Hospital Regional de Zacapa.

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El bebé, el segundo hijo de Estuardo Valenzuela y Tatiana Saavedra, ingresó al hospital por un cuadro de neumonía. El reporte con el que cuenta el ente acusador es que llegó a las 9:12 horas y fue atendido hasta las 15:10.

“El Hospital de Zacapa concluyó que hay responsabilidad por no haber atendido los protocolos y el actuar tardío”, explicó la fiscal.

Los médicos debieron practicar la toma de rayos X, explicó la fiscal, que es el procedimiento adecuado. Como indicios existe el reporte de tres médicos del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) y los documentos de atención, así como las fotografías del bebé en donde se pudo observar la pierna hinchada.

Por su parte, la defensa de los médicos se refirió a que hubo intentos fallidos para insertar el catéter en la pierna del bebé derivado a la deshidratación.

Declara la mamá del bebé

Tatiana Marisela Saavedra declaró ante el juez Cojulún. Al recordar lo que le pasó a su hijo se quebró.

“Llevé a mi hijo por neumonía. Las enfermeras no lo canalizaron. Estuvo desde las 9 de la mañana hasta la tarde sin ser atendido”, declaró.

“A mi hijo lo tuvieron convulsionando. Mi hijo no dejaba de convulsionar. Estaba sin medicamentos, tenía que deshidratarse”, dijo.

Ante el juez Eduardo Cojulún se desarrolla la audiencia de primera declaración a los médicos Joshua Alberto Romero Figueroa, Luis Daniel Barrios Morales y Erick Enrique Rodríguez Morales.
El @MPguatemala los señala de negligencia derivado de la atención a un bebé en Zacapa. pic.twitter.com/rNYZg88g9J

— Kenneth Monzón (@kmonzon_pl) February 20, 2019

Muestras de apoyo

Romero Figueroa, de 33 años, fue capturado el miércoles 13 de febrero en el hospital de Chiquimula, donde estaba trabajando.

Colegas de ese centro asistencial y amigos de Romero caminaron el domingo último en Chiquimula en una muestra de solidaridad con él.

Los médicos expresaron que hacen lo posible por dar salud y rescatar vidas de pacientes con los pocos recursos que da el Estado y Romero ha tenido una trayectoria de cinco años en el hospital sin quejas hacia su trabajo.

En la caminata había familias cuyos pequeños son o fueron pacientes de Romero.

“Llevé a mi hija al Hospital Modular porque tenía fiebre y dolor de cabeza. Recuerdo que el pediatra Romero me atendió y gracias a él mi niña sanó. Son pocos los médicos que aman su profesión”, dijo Negly Barrientos Casasola, madre de familia.

Previendo que Romero pueda eventualmente quedar ligado a proceso, sus colegas pidieron que pueda gozar de una medida sustitutiva para que pueda seguir trabajando.

En redes sociales ha habido expresiones de solidaridad y apoyo a favor del implicado.

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Leily Santizo, abogada de la Cicig, se reincorporó a las audiencias judiciales de este caso hoy en el juzgado, después de que se ausentó desde el 8 de enero.

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“Fueron 15 excusas las que se enviaron y por seguridad a todos nos sacaron del país”, mencionó en rueda de prensa, antes de la audiencia.

La abogada añadió que había presentado esas excusas debido al protocolo de seguridad que instruyó la comisión, poco después de que el Gobierno de Guatemala dio por finalizado el mandato de la comisión.

Santizo confirmó que la instrucción ahora es que todos los mandatarios de la Cicig deben volver a las audiencias. “Tenemos la instrucción de retomar los casos”, agregó.

Su presencia en la audiencia fue motivo para que el abogado defensor Carlos Paredes interpusiera un incidente de falta de acción de la Cicig.

En su argumentación se refirió a que el presidente Jimmy Morales cesó el acuerdo que dio vida a la Cicig el 7 de enero pasado.

Otros abogados defensores se sumaron a la petición de Paredes.

La discusión continuó con la fiscal Mónica Medrano, quien recordó que existe un amparo provisional del 9 de enero último de la Corte de Constitucionalidad (CC) que mantiene vigente a la Cicig.

En representación de la comisión, Santizo enfatizó a que existe una acción legal que tiene en vigencia al ente de la ONU y que se deje sin efecto la petición del abogado del exfiscal Ronny López.

Responde Gálvez

Luego de escuchar a la Cicig, fiscalía y defensa, el juzgador leyó artículos constitucionales en relación con que el presidente de la República no tiene la facultad de terminar convenios internacionales, sino denunciarlos.

También se refirió que la CC otorgó un amparo para dejar en suspenso la decisión del mandatario Morales de dar por terminado el mandato de la Cicig.

“Se tiene que respetar, ese es el mandato constitucional. Ya se imagina qué es no cumplir con una orden constitucional”, dijo Gálvez.

Más adelante, dijo: “Hay una Cicig antes y después del acuerdo 2-2019 -en el que el Gobierno de Guatemala da por finalizado el convenio de Cicig-, la misma Corte Suprema de Justicia les ha limitado el trabajo. No estoy defendiendo a la Comisión, estoy sujeto a la Constitución. El principio de legalidad debe prevalecer”.

#ManipulaciónDeJusticia | El juez Miguel Gálvez se refiere a las acciones de la Corte Suprema de Justicia en relación a la @CICIGgt. pic.twitter.com/OznHECUWrz

— Kenneth Monzón (@kmonzon_pl) February 13, 2019

El juzgador se refirió después a que los mandatarios de la Cicig tenían impedimento de ingresar sus vehículos por el sótano de la Torre de Tribunales. La abogada Santizo confirmó lo que mencionó el juez Gálvez y añadió que solo les permiten ingresar a una persona de seguridad para que los acompañe sin arma de fuego.

Consultado Mario Siekavizza al respecto de la declaración del juez Gálvez dijo que no se podía opinar sobre aspectos personales del juez. “Ellos gozan de independencia judicial y se debe respetar. Si tiene alguna inconformidad están los canales para que pueda valer lo que a él no le gusta”.

Observadores

Un detalle que llamó la atención fue la visita de representantes de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) y observadores de la ONU en la sala de audiencias.

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Santizo representa a la Cicig en el presente caso de Manipulación de justicia, que va por la etapa intermedia, y también los casos Génesis, por despojo de tierras, que está en debate en el Tribunal de Mayor Riesgo B, y el proceso de Municipalidad de Chinautla: Negocio de Familia, por supuesto fraude, en el Juzgado de Mayor Riesgo C.

Petición de exfiscal que sorprende

El sindicado Ronny Elías López Jerez sorprendió al solicitarle al juez Gálvez que fijara un monto de Q2 millones a Leily Santizo, de Cicig, como medida cautelar para responder, en su momento, ante posibles daños derivado del proceso penal. El juzgador lo rechazó debido a que en planteamiento se refirió a que el ente tiene como domicilio el extranjero.

Quedó fuera

En medio de la controversia de que, para el Gobierno, el mandato de la Cicig ya es historia, mientras la ONU lo ratifica, el criterio de jueces en torno a la participación de la Cicig en los casos no ha sido el mismo.

Gálvez ratificó hoy a la comisión en el caso Manipulación de justicia, pero el asunto ha variado en otras judicaturas.

El pasado 17 de enero, el Tribunal Décimo Tercero Penal decretó el abandono de la Cicig en el juicio del caso Botín en el Registro de la Propiedad, que tiene en el banquillo a Samuel Everardo Morales Cabrera y su sobrino José Manuel Morales Marroquín, hermano e hijo del presidente Jimmy Morales, respectivamente.

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El juicio del caso Lavado y Política arrancó el mes pasado sin la Cicig y llegó a sentencia en el Tribunal de Mayor Riesgo A, donde fue condenado a 38 años de prisión el empresario Francisco Édgar Morales Guerra, alias Chico Dólar.

El 9 de enero pasado, la representante de la Procuraduría General de la Nación (PGN) interpuso una protesta para que el representante de la Cicig fuera separado de un caso de corrupción donde está involucrado Adolfo Vivar, quien fue alcalde de La Antigua Guatemala y recuperó su libertad de forma condicional. Esta acción fue decretada sin lugar.

Manipulación de justicia

Ante el juez Miguel Gálvez se desarrolla la audiencia intermedia del caso Manipulación de Justicia, que tiene procesado al exfiscal Ronny Elías López Jeréz, y a los particulares Dora Elizabeth Bonilla, Mynor Macario Rojas y Lesbia Verónica Montúfar.

El 9 de diciembre de 2012 fue asesinado José Armando Melgar Moreno. Su hijo, el general Érick Melgar Padilla, hizo responsable a su tío, Óscar René Melgar, y pidió a la Cicig una investigación, la cual fue rechazada por la entidad con el argumento de que no había indicios de la participación de aparatos clandestinos en el crimen.

“Se constató que Érick Melgar Padilla pidió iniciar una investigación paralela sobre el asesinato de su padre, a fin de condicionar el curso de la misma ante el Ministerio Público”, y “existen elementos probatorios suficientes para presumir la manipulación de la investigación penal con el objeto de crear una estructura criminal ficticia vinculada al asesinato de Melgar Moreno”, son dos conclusiones de la Fiscalía y la Cicig.

En este caso ya esperan un debate Ronny Elías López Jerez, exfiscal del Ministerio Público, Lesbia Verónica Montufar Trejo, Dora Elizabeth Bonilla Berger y Mynor Macario Rojas.

Aporte de los investigadores

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La conversación se desarrolla con un objetivo: que Alejos consiga su libertad condicional. El empresario está procesado en los casos Negociantes de la Salud, Cooptación del Estado de Guatemala, Construcción y Corrupción y recientemente en el caso de financiamiento electoral en la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), donde enfrenta un antejuicio la candidata presidencial Sandra Julieta Torres Cassanova.

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Gustavo Herrera, implicado en estafa al IGSS, recibe asilo en Nicaragua

Según se puede escuchar, López y Alejos repasan las acciones jurídicas a seguir para que él (Alejos) consiga su libertad. Asimismo, el magistrado indaga a través del empresario si tiene posibilidades de ser reelecto en el cargo en el próximo proceso de elección de cortes de este año, a lo cual Alejos le dice que sí, confiado en los hilos que pueda mover Gustavo Herrera, implicado en una estafa de Q350 millones al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (Igss), asilado en Nicaragua y de quien se ha sospechado que es un operador del sistema de justicia.

Juan Francisco Sandoval, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) del Ministerio Público (MP), fue consultado al respecto de la grabación.

“Pues estamos analizando el contexto de la conversación que recién hoy lo conocimos”, dijo el fiscal.

Más tarde Julia Barrera, portavoz del MP informó que se abrió un expediente de investigación acerca del caso que fue remitido a la Feci.

La conversación se presume que podría haber sido en la cárcel militar Mariscal Zavala, según reportó el programa de radio Con Criterio.

Prensa Libre ha intentado contactar a la abogada Astrid Paola Gómez, abogada defensora de Alejos; sin embargo, no se ha obtenido respuesta.

También se consultó a Carlos Guerra, presidente del Consejo de la Carrera Judicial (CCJ) su postura en relación a alguna falta o la forma en que lo toma la entidad y explicó que “se dará la postura del Consejo” por la tarde.

Magistrado suplente

En el Organismo Judicial (OJ) sólo confirmaron que López Espaillat integra la Sala de Apelaciones de San Marcos aunque sin aportar más detalles.

El magistrado fue electo por el Congreso el 31 de octubre del 2017 para integrar las salas de apelaciones. Inmediatamente fue designado a la Sala Cuarta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo como suplente. El año pasado fue designado como suplente a la Sala Mixta de Corte de Apelaciones de San Marcos.

López Espaillat integró la Fiscalía de Delitos Económicos en 2016. Fue asignado a casos de defraudación tributaria. También integró la Fiscalía Municipal de Moyuta, en Jutiapa, en 2015 donde investigó diversos temas de delincuencia y hechos de violencia.

El magistrado integró la Sala de Femicidio en 2016 junto con Noé Ventura Loyo y Henry Alejandro Elías Wilson.

El 19 de septiembre del 2016 se conoció una resolución de la Sala de Corte de Apelaciones de Delitos de Femicidio y Delitos Contra la Mujer a favor del exsecretario privado del expresidente Álvaro Colom Caballeros. Ese día la Sala se detuvo la audiencia de apertura a juicio por el caso Negociantes de la Salud. La acción judicial fue enfocada la decisión de la jueza Silvia de León acerca del auto de procesamiento a Alejos Cámbara.

Después esa misma Sala autorizó a Alejos Cámbara para ser enviado a la cárcel Mariscal Zavala al avalar un recurso de exhibición personal.

Gustavo Herrera y la estafa en el IGSS

El 22 de agosto del 2018 se conoció que Gustavo Herrera, un empresario que fue sindicado en una estafa de Q350 millones al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) en 2002, fue beneficiado por Nicaragua con asilo político.

La resolución del Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua que da vida al asilo político a favor de Gustavo Herrera fue firmado el 14 de agosto de 2018 por el canciller Denis Moncada Colindres.

Herrera fue sindicado de haber sido el propietario de dos financieras offshore -fuera de plaza- Helensburg Inc. y Escabel Management Group Ltd empleadas para la estafa de Q350 millones al IGSS entre diciembre de 2002 y abril de 2003, dentro de un proyecto para la construcción de vivienda para jubilados de la institución, para lo cual se constituyó el Fideicomiso de Protección y Desarrollo Social

Las financieras vendieron terrenos sobrevalorados al IGSS por Q232.7 millones, cuando Herrera las había comprado por Q220 mil, según la investigación. Hasta julio de 2013, de los Q350 millones aportados por el IGSS en el fideicomiso, solo se habían recuperado Q228.5 millones.

El MP pidió el 5 de agosto de 2008 el retiro de la orden de captura contra Herrera luego de llegar a un acuerdo para la devolución de US$7 millones.

El 3 de junio de 2006, la Policía Nacional Civil (PNC) intentó capturarlo en un edificio de la zona 14, donde vivía. Sin embargo, él logró escapar. Durante un cateo se encontró un pasadizo secreto, por el cual se fugó. Esa vez le decomisaron una póliza de seguro por US$1 millón de un banco de Nueva Orléans, Estados Unidos, a favor sus hijos; una computadora y una libreta de ahorros con US$15 mil.

Es originario de Cobán, Alta Verapaz. Es empresario relacionado con inmobiliarias y negocios de agroquímicos. Contrajo matrimonio con María Elena Acevedo, de quien se divorció en 2002. El 27 de abril de 2004, Otto Pérez, entonces comisionado presidencial en la gestión de Óscar Berger, declaró.

¿Quién es Alejos?

El empresario Gustavo Alejos Cámbara, de 51 años, fue secretario privado del presidente Álvaro Colom Caballeros de 2008 a 2012. Asumió ese cargo luego de que Fernando Fuentes Mohr no pudo hacerlo por ser familiar de Juan Alberto Fuentes, quien fue ministro de Finanzas Públicas, prohibición establecida en la Constitución.

Además, trabajó hasta 2014 en la empresa farmacéutica Agencias J.I., propiedad de Jack Irving Cohen.

Sus empresas farmacéuticas son Droguería Colón, Evolución Farmacéutica y Sabiapharma. Colón en 12 años, firmó contratos con el Estado y en especial el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) por Q273 millones 179 mil 696.

Alejos es mencionado en el informe de la Cicig denominado “El financiamiento de la política en Guatemala”, que se presentó el pasado 16 de julio de 2015. En ese análisis se dice de él lo siguiente: “En cada gobierno puede identificarse recaudadores que posteriormente han tenido una fuerte influencia en el Ejecutivo. Uno de los casos emblemáticos más recientes en el que el recaudador se enriquece y construye redes de tráfico de influencias es el de Gustavo Alejos”.

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El empresario y exfuncionario fue detenido el 28 de diciembre de 2015 y procesado por los delitos de asociación ilícita, cohecho activo y tráfico de influencias. Recuperó su libertad, de forma condicional, el 30 de noviembre del 2018 por una resolución del juez Víctor Cruz, quien cubría las vacaciones de Eduardo Cojulum, y  la fianza fue de Q100 mil.

Alejos Cámbara volvió a la cárcel el 6 de febrero pasado cuando se reveló el avance de una investigación de la Feci y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) sobre financiamiento electoral en la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) en 2015.

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“Se han estado reuniendo los tres presidentes y ese es uno de los puntos de la agenda de que están platicando. Hay muchos otros -temas en la agenda-, pero estoy casi seguro que este es uno, aunque no he participado en esas reuniones”, dijo Linares al programa Con Criterio.

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Linares se refería a un decreto que derogue el 35-2007, que aprueba el acuerdo de ONU y el Gobierno de Guatemala para dar vida a la comisión.

Después, en rueda de prensa, el legislador expresó: “No es expulsar a la Cicig, eso ya lo hizo el Ejecutivo. Yo conjeturo que las reuniones de los tres presidentes de los organismos del Estado son para ese tema -la promoción del decreto- y otros temas”.

“El punto de la Cicig es muy claro. Es atribución del Ejecutivo, ya la expulsó, pero como en el 2007 hubo un decreto del Congreso -el 35-2007- respaldando la decisión del Ejecutivo. Es menester que el mismo Congreso termine con este decreto que respaldó la decisión del Ejecutivo”, añadió.

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En ese mismo sentido, Linares recordó que él cuenta con un proyecto de iniciativa para derogar el 35-2007, pero está buscando apoyo para promover esa iniciativa y quiere contar con el apoyo del Ejecutivo, Judicial y Legislativo.

Sobre su iniciativa, el legislador dijo que los considerandos señalan “cuestionamientos en la forma en que está la Cicig, que da tanto poder al comisionado”.

Según Linares, cuando se creó la Cicig, se le dio tantos poderes y se creó un organismo “impune, entonces no sirve”, porque ya ha corrompido la institución a tres comisionados anteriores, y citó a Carlos Castresana, Francisco Dall´Anese e Iván Velásquez.

“Entonces las instituciones tienen que tener pesos y contrapesos, formas de controlar al que va a estar al mando de esa institución”, declaró.

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“Y como se hizo mal el mandato en el 2007 y se le dio demasiados poderes, la misma institución ha corrompido a las personas que la han dirigido y se presta para abusos”, añadió.

Otro tema que cree Linares que se pudo haberse tratado en aquellos encuentros son “las decisiones de la Corte de Constitucionalidad de intromisión que están fuera de sus atribuciones constitucionales”, en específico habló de tres magistrados “que han venido tomando decisiones tiránicas como si fueran los dueños del país”.

Linares indicó que ese proyecto de iniciativa se lo entregó hace alrededor de tres semanas al presidente del Congreso, Álvaro Arzú Escobar, a quien le habría parecido una buena idea, pero Arzú Escobar negó ese extremo.

El legislador dijo que Arzú Escobar estaría “buscando consenso” y confía en que la iniciativa “le gustó porque va a la cola de la decisión que ya tomó el Ejecutivo”.

A puertas cerradas

Los tres presidentes de los organismos de Estado, Jimmy Morales, del Ejecutivo; Nester Vásquez Pimentel, de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), y Álvaro Arzú Escobar, del Congreso, han tenido dos reuniones privadas en días recientes, el 29 de enero y el 7 de febrero.

En ninguna ha habido convocatoria a los medios y de hecho se ha sabido de las reuniones porque el vehículo que transporta a Morales ha estado parqueado en el Palacio de Justicia y frente al Palacio Legislativo.

Sobre el primer encuentro, los organismos indicaron que fue un almuerzo por invitación de Pimentel y Arzú Escobar, donde los tres presidentes hablaron sobre “muchos temas”.

En la segunda, que fue en el Congreso, ese organismo informó que la reunión fue en reciprocidad a la primera, casual, y sin temas de agenda.

La última reunión tardó dos horas y, ante la presencia de Morales en ese organismo, la seguridad cerró la novena avenida y restringió el acceso a pasillos dentro del edificio.

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“Cabe destacar que los presidentes de los —tres— poderes del Estado, en el marco de la independencia de poderes, mantienen una relación cordial, respetuosa y una comunicación fluida por el bien de la estabilidad de la República”, precisó la Dirección de Comunicación del Congreso.

Hablan los organismos

En Twitter, Arzú Escobar dijo que el tema de Cicig no se ha abordado en las reuniones, que han sido de cortesía, y calificó de “irresponsabilidad total” lo dicho por Linares, ya que no ha estado presente en esos encuentros.

La Presidencia del Congreso de la República aclara: pic.twitter.com/I6aR2NSWvw

— Alvaro Arzú E (@AlvaroArzuE) February 11, 2019

Aparte, Vásquez dijo en rueda de prensa que las reuniones han sido “positivas” y que debe haber coordinación entre los tres poderes del Estado para hacer cada uno su trabajo.

Agregó que debe haber “armonía” entre los tres organismos, en la búsqueda de bienestar de los guatemaltecos.

Lucy Barrios, subsecretaria de Comunicación de la Presidencia, fue consultada sobre si las reuniones son para derogar el acuerdo de Cicig, y su fue respuesta una declaración anterior del presidente Morales: “Los tres presidentes de los tres organismos de Estado estamos trabajando de la mano en temas de Estado y tenemos una muy buena relación”.

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Mario Siekavizza, portavoz de la CSJ, también fue consultado y su respuesta fue: “Las reuniones han sido meramente informales y que los comentarios fuera de los tres presidentes del Estado son meras especulaciones”.

Decreto 35-2007

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La entrega del expediente estuvo a cargo de Stuardo Campo, jefe de esa fiscalía.

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El Ministerio Público (MP) indicó el caso surgió de la denuncia de Miriam Yolanda Segura Rosales, directora del hospital de Nebaj, Quiché, contra Soto, el 16 de enero de 2018.

Señala que Soto le habló por teléfono a Segura y, “valiéndose de su cargo, presuntamente ejerció influencia con el propósito de obtener un beneficio indebido al contratar al médico Jorge Raymundo Matóm”.

Raymundo Matóm es hermano de Pedro Raymundo, alcalde de Nebaj.

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Según la Fiscalía, el médico tenía impedimento para laborar ahí su hermana, Marta Raymundo Matóm, ya trabajaba en la conserjería del hospital. El argumento se basa en el artículo 80, literal g) de la Ley de Contrataciones del Estado.

Segura fue despedida por Soto cuando ella se negó a hacer la contratación, consciente del impedimento legal. Según el MP, la destitución “arbitraria” fue el 29 de enero de 2018.

El fiscal Stuardo Campo informó que los posibles delitos son tráfico de influencias y abuso de autoridad.

“La Fiscalía contra la Corrupción promueve hoy diligencia de antejuicio. Esto se desprende de una denuncia que fue presentada directamente ante la Fiscalía en los primeros meses de 2018 por parte de la exdirectora del Hospital Regional de Quiché (Miriam Segura) quien fue presionada por el señor ministro de Salud”, explicó Campo.

Investigación

El MP establece en la investigación que hay un dictamen de la Dirección de Recursos Humanos del ministerio, que precisa que no puede haber trabajadores en los renglones 028 ni sub grupo 18 cuando hay parentesco con trabajadores de los renglones 011, 021, 022 y 031.

Después del despido de Segura, llegó al cargo Víctor Puac, exasesor de Eduardo Cruz, diputado por Quiché, que ingresó en sustitución de Carlos López, diputado prófugo de la justicia por dos casos, Plazas Fantasma y Financiamiento a la UNE.

Se espera que el ministro hable a los medios luego de la firma, en el Colegio de Profesionales, de un convenio con el comité ad hoc, que representa a los profesionales de la salud, para formalizar los acuerdos alcanzados entre el ministerio y los profesionales. Entre esos puntos destaca que el pago se hará en abril, luego de la clasificación de especialidades.

Prensa Libre ya había informado que Segura identificó en enero de 2017 a diez personas con vínculos familiares que trabajaban en ese hospital. También había hecho público que recibió presiones para firmar la contratación, a lo cual se negó.

Después de que fue despedida, Segura se mostró extrañada porque había sacado 86 puntos en una evaluación de desempeño del ministerio.

Pedro Raymundo fue consultado por Prensa Libre en esa oportunidad en torno a los acontecimientos y negó que tuviera algo que ver con las decisiones administrativas del hospital, relacionado con la contratación de su hermano, y que tampoco influyó en el despido de la directora.

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Grabaciones

Campo mencionó que como avance de la investigación cuenta con grabaciones que proporcionó Segura en donde habló con el ministro Soto.

“Contamos con diversos medios de investigación, evidentemente la declaración testimonial de la persona denunciante, en el mismo sentido contamos con algunos audios, algunas llamadas telefónicas que fueron proporcionadas directamente por la doctora”, agregó Campo.

Ministro responde

“No puede ser que investigadores de la Feci estén en este tema con nosotros, es un tema que está trillado, que estén fregando a la gente del gobierno”, mencionó Soto.

Red de nepotismo

Desde que asumió en 2014, Segura encontró que, de 190 trabajadores del nosocomio, 45 son familiares.

“No puedo hacer”, comentó en torno a esas 45 personas, sino que sus esfuerzos solo podían enfocarse en prohibir la contratación de nuevos familiares, como manda la Ley de Contrataciones.

Al mismo tiempo, solicitó una investigación a la Unidad de Transparencia del Ministerio de Salud para que se determinara cómo llegaron a laborar al hospital y si se trata de favores políticos.

Un ejemplo es Francisco Brito Ceto, jefe de Recursos Humanos del hospital, cuyo padre y hermano trabajan ahí también. Al ser consultado, expresó que sus familiares llegaron antes que él y su plaza está asignada al hospital de Uspantán.

No obstante, reconoció que sí hay plazas que son producto de favores políticos del extinto Partido Patriota. Afirmó que los trabajadores no cumplían el procedimiento de oposición y se presentaban con nombramiento oficial, avalado por la Vicepresidencia de la República.

Plazas como la de Odontología fueron trasladadas al Hospital Nacional de Retalhuleu, a pesar de que está asignada al de Nebaj, por orden ministerial. Segura informó en ese momento que fueron reubicadas 10 plazas a otros hospitales.

“Esto es una responsabilidad de diputados, de varios partidos”, aseguró el alcalde.

El municipio

A 255 kilómetros de la capital, Nebaj se ubica en el norte de Quiché, junto a Ixcán, Chajul, Cotzal, Uspantán, Chicamán y Cunén. Su extensión es de 608 kilómetros cuadrados.

Tiene clima frío, lluvioso, y su comunidad lingüística predominante es la ixil.

Posee un índice de desarrollo humano bajo, de 0.508, por debajo del nacional, de 0.640. Viven nueve personas casa, en promedio, y cada mujer tiene seis hijos.

La población económicamente activa era de 33 mil 88, pero solo la tercera parte, 11 mil 121, tenía empleo. Las principales fuentes de empleo son agricultura, comercio, industria manufacturera y construcción.

Frijol, maíz, café, aguacate, banano, ciruela, durazno, manzana papa y güisquil son los productos agrícolas principales del municipio.

Fuente: Segeplán, Usaid, Salud, Sesán, Ine.

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En rueda de prensa, Juan Francisco Sandoval, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), del Ministerio Público (MP) dio detalles del caso, que se trabajó en conjunto con la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).

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Tuvo origen en otro caso, conocido como Traficantes de influencias, donde se investigan gestiones al margen de la ley para que empresas recibieran el crédito fiscal.

Dos empresas, Ingeniería Integral y Grupo Empresarial San Felipe, canalizaron Q19.5 millones al partido, los cuales no fueron reportados al Tribunal Supremo Electoral en 2015. La segunda empresa mencionada está vinculada con la familia Leal, contra la cual hay tres órdenes de captura que no pudieron concretarse esta mañana.

Según Sandoval, el partido UNE reportó Q48 millones como gasto de campaña en 2015, pero se pudo determinar que aquellos Q19.5 millones no fueron reportados. El techo de gasto establecido por el órgano electoral fue de Q60 millones.

A través de 13 allanamientos en el departamento de Guatemala, Cobán, Alta Verapaz, y Nebaj, Quiché, la Fiscalía y la Policía Nacional Civil (PNC) capturaron a cuatro personas.

Tres fueron capturados en la capital.

El primero fue Gustavo Alejos, secretario privado de la Presidencia durante el gobierno de Álvaro Colom, quien ha estado implicado en otros casos, como Transurbano, Cooptación del Estado y Negociantes de la salud. En en rueda de prensa dijo que desconoce de qué se le acusa, no obstante, reprochó que haya sido citado al juzgado y a él lo capturaron.

El MP le atribuye los delitos de asociación ilícita y financiamiento electoral no registrado.

Otro detenido es Víctor de Jesús Duarte Mendoza, exdirector de la Unidad de Desarrollo de Vivienda Popular (Udevipo), del Ministerio de Comunicaciones. Él ya enfrentaba un proceso por un proyecto agua y saneamiento que no se terminó. Así como Alejos, Duarte expresó que desconoce por qué lo detuvieron. La sindicación girará en torno a los delitos de asociación ilícita y financiamient electoral no registrado.

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El tercer capturado fue Juan Pablo García Castro, por sospechas de asociación ilícita, financiamiento electoral no registrado y perjurio.

El Juzgado Décimo de Primera Instancia Penal le notificó el motivo de su detención a los tres, dictó la prisión provisional y los envió a Mariscal Zavala.

El exdiputado Guillermo Alejandro Sierra fue detenido en Cobán por cargos de financiamiento electoral ilícito y asociación ilícita.

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Pendientes de arresto

Hay ocho personas con orden de arresto.

Mario Leal Castillo, exvicepresidenciable de la UNE en 2015, es buscado por asociación ilícita, financiamiento electoral ilícito y financiamiento electoral no registrado, y Mario Leal Pivaral, por financiamiento electoral no registrado. Ambos están implicados en el caso Traficantes de influencias.

Los otros cuatro sospechosos son Rodrigo Leal, por financiamiento electoral no registrado; Luis Fernando Pérez Vargas, por asociación ilícita financiamiento electoral no registrado y lavado; Susana Castellanos González, financiamiento electoral no registrado y defraudación tributaria; Maynor Feizal Zimeri Corado, por asociación ilícita y financiamiento electoral no registrado.

Los últimos dos involucrados son los exdiputados prófugos Julio César López Villatoro, por asociación ilícita y financiamiento electoral no registrado, y Carlos López Girón, por asociación ilícita y financiamiento electoral no registrado. Además de este caso,ambos están implicados en la autorización de plazas fantasma en el Congreso. para obtener un beneficio económico.

Con inmunidad

La investigación abarca a otras siete personas, contra quienes el tratamiento es diferente por gozar de derecho de antejuicio.

Sandra Torres, candidata presidencial; los diputados Karina Paz, Jairo Flores, Julio César Ixcamey y Jorge Vargas Morales, así como dos alcaldes, Pedro Raymundo Cobo, de Nebaj, y Ángel Guarcas, de Chiché, Quiché.

A estas siete personas se les atribuye por igual el delito de financiamiento electoral no registrado, pero a algunas se le agregan otros. Torres, Flores e Ixcamey tienen además sospechas en contra por el delito de asociación ilícita.

Citados

Ante el Juzgado Décimo serán citadas siete personas: Antonio Juan Cristiani Burkard, Per Michael Erichsen Rydhager, Héctor Rafael Leal Valdés, Nelson Alexis García Morales y Edín Alberto Álvarez Pérez, por financiamiento electoral no registrado;  Héctor Ricardo Quan Serrano y Enrique Sánchez Hernández, por defraudación tributaria.

El primer caso

En 2017, el MP y la Cicig plantearon un caso contra la UNE relacionado con financiamiento electoral ilícito -delito al que se le agregaron en 2018 las figuras de financiamiento electoral anónimo y no registrado- durante la campaña de 2015 y por lo cual el diputado Orlando Blanco fue despojado de inmunidad, pero posteriormente el juez Mynor Moto le decretó falta de mérito.

El partido usó horas de vuelo con Helicópteros de Guatemala, S.A., pero la investigación determinó que las empresas Maariv, S.A. -Q583 mil 730.01- y Bienno, S.A. -1 millón 332 mil 875.05- no pagaron por ese servicio, como hizo ver ese partido político por concepto de donaciones.

De hecho Bienno devolvió las facturas a Helicópteros de Guatemala y Maariv no tuvo actividad comercial entre mayo y octubre de 2015, cuando se hicieron los vuelos y la UNE reportó las contribuciones.

En cambio, la SAT determinó que quienes pagaron el dinero a Helicópteros de Guatemala fueron Jack David y Estuardo Vargas Nuñez, pero no fueron reportados como aportes de financistas sino que recayó en el rubro de aportes anónimos.

Los helicópteros fueron utilizados por Sandra Torres, presidenciable, y Carlos Barreda y Orlando Blanco, candidatos a diputados, entre otros.

Todos los involucrados

Esta es la presentación que hizo pública el MP y la Cicig.

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El expediente fue presentado esta mañana por Juan Francisco Sandoval, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), en la Unidad de Gestión Penal del Organismo Judicial.

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Torres goza de inmunidad debido a que ya está inscrita como candidata presidencial de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) para las elecciones de junio.

Respecto a por qué el caso se presenta hoy, un día después de que Torres recibió su credencial como candidata presidencial con la que confirma su inmunidad, la cual goza desde el momento que fue inscrita ante el Registro de Ciudadanos, Sandoval dijo en rueda de prensa: “Soy un simple fiscal. Las directrices de persecución penal, artículo 11 de la Ley del MP -funciones del Fiscal General-, como el artículo 251 constitucional -que define las funciones del Ministerio Público-, indica que no corresponde a mi persona, entonces no soy la persona indicada para responder”.

Mientras tanto, agentes del MP cateaban la oficina de Torres, zona 10 capitalina.

También pidió el levantamiento de la inmunidad  de los diputados Karina Paz, Jairo Flores, Jorge Vargas Morales y Julio César Ixcamey, y los alcaldes Pedro Rayumundo Cobo, de Nebaj, y Ángel Guarcas, de Chiché, Quiché.

El jefe fiscal informó que la comisión de delito que busca investigar el MP en torno a esas personas están asociación ilícita, perjurio, financiamiento electoral ilícito, financiamiento electoral no reportado y defraudación tributaria.

El caso

En rueda de prensa, Sandoval habló sobre el caso que acapara la atención pública hoy.

Tuvo origen en otro caso, conocido como Traficantes de Influencias, donde se investigan gestiones al margen de la ley para que empresas que recibieron crédito fiscal de manera irregular.

Dos empresas, Ingeniería Integral y Grupo Empresarial San Felipe canalizaron Q19.5 millones al partido, los cuales no fueron reportados al Tribunal Supremo Electoral en 2015. La segunda empresa mencionada está vinculada con la familia Leal, contra la cual hay tres órdenes de captura que no pudieron concretarse la mañana de este miércoles.

Según Sandoval, el partido UNE reportó Q48 millones como gasto de campaña en 2015, pero se pudo determinar que de ellos Q19.5 millones no fueron reportados. El techo de gasto establecido por el órgano electoral fue de Q60 millones.

Extraoficialmente se conoce que la investigación estaría fundamentada en testimonios, información bancaria, reportes de financiamiento del Tribunal Supremo Electoral e información documental recopilada en otros casos.

La jornada

Durante este miércoles 6 de febrero se desarrollaron operativos en el departamento de Guatemala, Cobán, Alta Verapaz y Nebaj, Quiché; relacionados con el caso de financiamiento a la UNE.

Hasta ahora son cuatro las personas detenidas: Gustavo Alejos, exsecretario privado del entonces presidente Álvaro Colom; Víctor de Jesús Duarte Mendoza, exdirector de la Unidad de Desarrollo de Vivienda Popular (Udevipo), del Ministerio de Comunicaciones; el exdiputado Gustavo Alejandro Sierra y Juan Pablo García Castro.

Están pendientes de captura Luis Fernando Pérez Vargas, Rodrigo Leal, Susana Castellanos González, Mynor Zimeri Coronado; Mario Leal Castillo, Mario Leal Pivaral, ambos vinculados al caso Traficantes de influencias; Julio César López y Carlos López Girón, implicados en el casos Plazas Fantasma en el Congreso.

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El hecho de que Morales busque apresurar limpiar sus antecedentes cobra fuerza luego que el sábado último fue nominado como candidato a diputado en la segunda casilla para el distrito metropolitano por el partido oficial Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación).

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Según el artículo 53 del inciso 7 del reglamento a la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEEP), uno de los requisitos previos para poder inscribirse como candidato a un puesto de elección popular se necesita “la constancia de carencia de antecedentes policíacos, extendida por la Dirección General de la Policía Nacional Civil”.

El director de la PNC confirmó que Morales realizó el trámite para limpiar sus antecedentes policiales, pero no confirmó si estos ya fueron emitidos. El vespertino La Hora reveló que los antecedentes de Morales ya habrían sido borrados, dos días antes de que fuera proclamado candidato.

En rueda de prensa, Tohom dijo: “Es un trámite que lleva, que es personal, creo que habrá un comunicado por parte del Ministerio de Gobernación  sobre el trámite que él —Morales— hizo”.

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Agregó que el hermano del presidente tiene el derecho de hacer el trámite como cualquier persona, pero no precisó cuándo ingresó dicha solicitud.

Fue consultado sobre el tiempo que toma hacer el trámite y si Samuel Morales obtuvo u obtendrá los documentos en menos tiempo del promedio para los ciudadanos. Como respuesta, Tohom señaló cuáles son los requisitos para hacer el trámite y que tendría que verificar, pero insistió en que no sabía si estos documentos ya fueron entregados o no.

También se le consultó sobre si para entregar los documentos se tomará en cuenta que Samuel Morales aún se encuentra en un proceso judicial, pero el director respondió que no es juez ni parte para externar opinión.

La página en internet el Ministerio de Gobernación consigna entre los requisitos para cancelación de antecedentes policiales la presentación de “certificación original del juzgado que conoció el caso en el cual se indique como se resolvió en definitiva y que no tiene recurso y notificaciones pendientes“.

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Morales, quien se encontraba en el Tribunal Décimo Tercero Penal que lleva su caso, fue abordado por periodistas y confirmó que sí hizo el trámite. Se le cuestionó si había recibido ayuda para obtener los documentos y contestó: “No conozco nada de ninguna denuncia. Como todo ciudadano he hecho los trámites que la ley me solicita y sí he pedido”.

Morales agregó que ha hecho trámites como cualquier ciudadano y aseguró que si alguien tienen conocimiento de alguna denuncia que debería hacerla público.

“Somos respetuosos de la ley, respetuosos de los tribunales y las disposiciones administrativas, incluso que las leyes indiquen, pues no conozco la denuncia. Por favor, revísenla y denle seguimiento”, agregó el hermano del presidente.

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Enrique Degenhart, ministro de Gobernación, fue consultado sobre el supuesto de que Samuel Morales ya había limpiado sus antecedentes policiales, y señaló: “No tengo entendido que haya borrado nada. No tengo conocimiento de esa situación, sin embargo, le puedo asegurar que hay un procedimiento interno en la PNC que es un procedimiento administrativo válido, estricto. Nadie puede girar órdenes de borrar nada”.

El ministro argumentó que desconocía detalles del caso, por lo cual le era “muy difícil elucubrar en el sentido de quién o qué” pasó. Señaló que “los sistemas de la PNC son robustos, fortalecidos” y no ve “cuáles son las capacidades de dar una orden de borrar”.

Degenhart aseguró que se comunicaría con el director general de la PNC para entender de qué se trataba el caso y de ser necesario investigarlo.

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“Es muy anticipado poder decir que borraron algo, creo pero creo que Inspectoría —General— tiene sus procedimientos internos y ellos sabrán cuáles serán las repercusiones si es que el caso se dio”, acotó el ministro.

Interpretaciones

Prensa Libre contactó a abogados para tener varios puntos de vista sobre los antecedentes policiales. Uno de los profesionales señaló que estos son un registro que se genera cuando una persona tiene alguna interacción con la PNC.

Su base legal es el artículo 10 inciso m de la Ley de la PNC que señala que son funciones de la Policía “organizar y mantener en todo el territorio nacional el archivo de identificación personal y antecedentes policiales”.

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Explicó que los antecedentes no solo sirven para saber que una persona tiene una orden de captura, sino para identificar otras situaciones como si estuvo involucrado en un accidente de tránsito o una riña.

Otra fuente reiteró que para borrar estos registros se necesita el certificación original del juzgado que conoció el caso.

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Contexto

Samuel Everardo Morales Cabrera, más conocido como Sammy Morales, es el hermano del Presidente de la República.

El 1 de septiembre de 2016, el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) presentaron el caso Botín Registro de la Propiedad y se mencionó al hermano e hijo del presidente Jimmy Morales.

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El 18 de enero de 2017 José Manuel Morales, hijo del presidente, se presentó al Juzgado Sexto Penal, y Samuel Morales fue detenido.

Junto a su sobrino están relacionados con tres eventos públicos, dos de los cuales nunca se llevaron a cabo, en los que ayudaron al padre de la exnovia del hijo del mandatario, Mario Estuardo Orellana López, a lograr las adjudicaciones, haciendo un “favor ilícito” para que él, según la investigación, se beneficiase económicamente.

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Sánchez Corzo, de 58 años, habría sido el responsable de hacer el desvío de Q82.8 millones del Congreso hacia la casa de inversiones Mercado de Futuros (MDF), en el 2008. Está señalado de los delitos de abuso de autoridad, concusión, lavado de dinero, peculado y usurpación de funciones.

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Esta mañana compareció a la cita de Virginia de León, titular del Juzgado Segundo Penal, en donde se iba a repetir la audiencia de apertura a juicio ordenada por la Sala Tercera Penal.

Sin embargo, la Policía Nacional Civil (PNC) lo detuvo a las 10.40 horas debido a que la resolución de la Sala había dejado sin efecto el beneficio que obtuvo el 14 de febrero del 2018: su libertad condicional.

Hace casi un año también fueron liberados José Benvenuto Conde, exdirector del Congreso y Gianni Giuseppe Fuentes, ejecutivo del extinto Banco Uno, donde se depósito el dinero, según la investigación del Ministerio Público (MP).

Detenido en Estados Unidos

Sánchez Corzo fue detenido en Los Ángeles, California, Estados Unidos el 24 de julio de 2012 y extraditado al país, por una orden emitida por el juzgado de turno el 6 de junio del 2008. Estaba de manera irregular en Estados Unidos cuando fue detenido.

La acusación puntual es que se habría beneficiado con la transferencia de los Q82.8 millones de los ahorros del Congreso, al cobrar una comisión de US$89 mil 743, según la investigación.

Aplazada

La repetición de la audiencia intermedia fue aplazada para el 29 de enero próximo debido a la incomparecencia de dos defensores, se informó en la judicatura sin proporcionar las identidades.

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“La Sala dictó que hubo una actividad procesal defectuosa el año pasado y ordenó a la judicatura que se repitiera la audiencia intermedia que duró más de un mes”, explicó el fiscal David Contreras, quien llevó cientos de documentos que sustentan la investigación.

Deben comparecer Conde y Fuentes, de lo contrario el fiscal Contreras solicitará que sean declarados en rebeldía. También se prevé que el ente acusador recuse a la jueza De León durante la audiencia.

Hoy estaba prevista la repetición de la audiencia intermedia a los implicados en el #CasoMDF por decisión de una sala.
Se aplaza para 29.1.2019 debido a la inasistencia de abogados y a la revocación de la libertad condicional que gozaba Byron Rodolfo Sánchez Corzo. pic.twitter.com/vT5l6xL9Tl

— Kenneth Monzón (@kmonzon_pl) January 28, 2019

Sindicados

En este caso están procesados Sánchez Corzo, su hija Luisanna Sánchez, José Benvenuto Conde. También Gianny Giusepo Fuentes, Jorge Luis Pinillos Ugarte, Ana María Solares, Ana Carolina Pinillos Solares, Arturo Martínez González, Velvet Anneliesse Vásquez Galiano y Jonny Haron García Ordoñez.

Los otros implicados son Luisa Fernanda Miralda Martínez, Daniel Martín Yax Tiu, José Guillermo Reyes López, Luis Alberto Rosales Martínez, Ana Sucely Ramírez Barrios, Ada Elizabeth Herrera, Gianny Giusepp Fuentes y Tania Paola Estrada Muñoz de Sagastume.

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El crimen ocurrió a eso de las 8 horas en la colonia Los Bordos, en el área urbana de la cabecera departamental, informó la Policía Nacional Civil (PNC).

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El reporte policial indica que Urrutia, de 44 años, fue reconocido por una hija, quien lo encontró sin vida en su dormitorio. Ella dijo a agentes que su padre, comerciante, no tenía problemas con otras personas ni había informado si estaba siendo amenazado.

El cuerpo tenía heridas de bala en el rostro. La PNC encontró tres casquillos de arma de fuego en la escena del crimen. También encontraron un arma 9 milímetros, posiblemente propiedad de la víctima.

Testigos dijeron a la PNC que vieron a un grupo de hombres armados huyendo con rumbo ignorado.

Egreso

Según el Sistema Penitenciario, Urrutia Guzmán salió de prisión el 14 de enero último, a las 22. 30 horas. Estaba recluido en la cárcel dentro de la base militar Mariscal Zavala.

El 9 de octubre de 2018, Urrutia y ocho personas más fueron capturadas por un caso de explotación sexual contra una joven de 17 años.

La Fiscalía contra la Trata de Personas señalaba a Urrutia de haber abusado de la menor mientras estuvo internado en un hospital privado en Zacapa en febrero de 2017.

Si bien Urrutia estaba preso por delitos de narcotráfico, en aquella fecha estaba internado en un hospital privado por padecer vértigo y dolores de cabeza.

La menor habría sido llevada con engaños al hospital donde permanecía Urrutia y le ofrecieron Q3 mil.

La menor fue obligada, al menos durante seis días, a tener relaciones íntimas con Urrutia y con al menos otros cuatro hombres; además, fue obligada a drogarse, según la Fiscalía.

Por este caso, Urrutia fue ligado a proceso el 26 de octubre último por los delitos de violación, trata de personas y actividades sexuales remuneradas con personas menores de edad, por la jueza Claudette Domínguez.

En el Juzgado de Mayor Riesgo A informan que el 14.1.2019 fue favorecido el supuesto narcotraficante Sergio Urrutia Guzmán, alias "el Patrón", con libertad condicional.
Hoy fue asesinado en una casa en Zacapa.
La siguiente audiencia estaba para el 7.2.2019. pic.twitter.com/HciuXydhZn

— Kenneth Monzón (@kmonzon_pl) January 21, 2019

En el Juzgado informaron que la petición para revisión de medida la había planteado la última semana de noviembre de 2019 aunque la jueza Domínguez salió de vacaciones y fue hasta el 14 de enero pasado cuando le otorgó libertad condicional. Debía firmar el libro de la Fiscalía de Zacapa cada 15 días.

El delito era remuneraciones contra menores de edad.

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Ese es el resultado de 20 allanamientos en el departamento de Guatemala, coordinados por la Fiscalía contra la Corrupción, del Ministerio Público (MP), y la Policía Nacional Civil (PNC).

El MP informó que el caso está relacionado actos de corrupción en el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social entre 2012 y 2014, específicamente fraude en el proceso de suscripción del pacto colectivo y condiciones de trabajo de la cartera y el Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud de Guatemala (SNTSG).

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Conferencia del MP

Exministro con orden de captura

Jorge Alejandro Villavicencio Álvarez, exministro de Salud durante la gestión del Partido Patriota (PP), tiene orden de captura. Las autoridades lo buscaron en su casa en Tulam Tzu, en Mixco, sin ubicarlo. “Se pedirá ante el órgano jurisdiccional que sea declarado en rebeldía porque podría estar huyendo”, mencionó Stuardo Campo, jefe de la Fiscalía contra la Corrupción.

La investigación preliminar es por el desvío de Q14 millones que cobró el abogado César Landelino Franco López de los hospitales Roosevelt y San Juan de Dios que tenían para medicamentos, alimentos, productos reactivos y químicos y material quirúrgico.

“Funcionarios y empleados de Salud suscribieron el Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, abusando de su cargo y de su función, realizaron actos ilegales y arbitrarios al insertar un reglamento de gastos y viáticos”, explicó el fiscal Stuardo Campo.

El fiscal Castillo menciona los pagos al abogado César Landelino Franco. pic.twitter.com/kYDuXDIqwk

— Kenneth Monzón (@kmonzon_pl) January 18, 2019

El MP los señala de abuso de autoridad, casos especiales de estafa, peculado por sustracción en forma continuada y lavado de dinero u otros activos.

Durante los operativos fueron detenidas 11 personas que comparecieron en el Juzgado Quinto Penal, a cargo de Judith Secaida. Solo les hizo saber el motivo de la detención y los remitió a las cárceles Preventivo y Santa Teresa, en la zona 18. La audiencia de primera declaración será la próxima semana.

Denuncias

El caso inició el 7 de junio de 2014 cuando el diputado Roberto Villate, de la extinta bancada de la agrupación política Libertad Democrática Renovada (Líder) planteó una denuncia contra Villavicencio Álvarez por la suscripción “anómala” del pacto de trabajo.

El 20 de abril de 2015 la Comisión de auditoria de la Contraloría General de Cuentas (CGC) denunció las presuntas anomalías de funcionarios por el cobro de viáticos que están en un reglamento que se insertó en el pacto colectivo.

Otras denuncias fueron el 26 de junio del 2015 el exministro de Salud Luis Enrique Monterroso de León, quien denunció a los empleados sindicalizados en relación a los pagos por el pacto colectivo; y el 24 de noviembre de 2015 la Procuraduría General de la Nación (PGN) se adhirió a las denuncias.

“Es importante referir la naturaleza de un pacto colectivo. Es regular las condiciones de trabajo existentes aunque hubo ilegalidades en este pacto”, se refirió el fiscal Campo.

Irregularidades

La inserción “ilegal y arbitraria” de un reglamento de viáticos ya que solo corresponde hacerlo al presidente, se refirió el fiscal Campo.

El abogado César Landelino Franco López se habría beneficiado con el cobro de Q14 millones del MSPAS. Un año después se hizo una revisión y se pidió una ampliación presupuestaria ante el Ministerio de Finanzas Públicas para cumplir con el pacto colectivo.

Incidencias

Del 5 al 21 de agosto 2013 se realizó la negociación del pacto colectivo. “Es evidente que la negociación de un pacto puede durar meses o hasta años. Acá solo bastaron 10 días”, dijo el fiscal Campo.

En el pacto no se incluyó los honorarios del abogado Franco López y fueron acordados en un solo acto del 21 de agosto de 2013.

Fue incluido el Reglamento de viáticos que derogó el acuerdo gubernativo 397-98. “Se atribuyeron una función que solo compete al presidente”, recalcó Campo.

El reglamento estipuló el incremento de las cuotas de viáticos para los “altos funcionarios” así como a los dirigentes del sindicato, según los hallazgos de la Fiscalía.

La supuesta asesoría del abogado Franco López comprometió al MSPAS a erogar “una cantidad indeterminada de millones de quetzales”.

Honorarios

El primer pago del MSPAS anticipo de honorarios al abogado Franco López fue por Q7 millones en 2014, sin un contrato por servicios. El 19 de mayo de 2014 el SNTSG solicitó a Villavicencio el pago de los honorarios al abogado por otros Q7 millones. El dinero fue debitado de los renglores de funcionamiento de los hospitales Roosevelt y San Juan de Dios.

“Eso fue en detrimento de la salud del pueblo de Guatemala. El ministro de ese entonces autorizó las modificaciones presupuestarias por la supuesta prestación de servicios”, explicó el fiscal Campo.

Facturas

La Fiscalía cuenta como indicios con las facturas que emitió el abogado Franco López con los conceptos “anticipo” y “segundo pago” por servicios, que jamás prestó en 2014.

Después del Pacto Colectivo, el 19 de diciembre de 2014, Monterroso de León y los integrantes del Sindicato suscriben un adendum para solicitar al Ministerio de Finanzas Públicas una ampliación presupuestaria de Q500 millones dirigidos a “dar cumplimiento a la negociación del pacto colectivo”.

El Ministerio de Trabajo y Previsión Social autorizó la homologacion del adendum al pacto colectivo, aunque carecía de dictamen de disponibilidad presupuestaria.

En este caso tiene orden de captura Elsa Ávalos, quien fue viceministra de Trabajo.
"No se pudo detener porque está en el extranjero", dijo el fiscal Stuardo Campo. pic.twitter.com/baKJ5QcZTU

— Kenneth Monzón (@kmonzon_pl) January 18, 2019

Ruta del dinero

El 20 febrero del 2014 el abogado Franco López recibió el primer pago de Q7 millones como honorarios profesionales del MSPAS. Con la deducción de los impuestos, recibió Q6 millones 375 mil 600. El 8 de julio del 2014 recibió el segundo pago por otros Q7 millones y con la deducción de impuestos cobró Q6 millones 375 mil 600.

El abogado emitió cheques por montos menores a US$10 mil para evitar las sospechas de transacciones monetarias. Los beneficiarios fueron José Gabriel Sepulveda López, Rolando Eberto Cancinos Barrios y Javier Eduardo Méndez Franco. Los beneficiarios cobraron Q5 millones 752 mil 937.60 según el avance de la investigación.

¿Quién es el abogado Franco López?

César Landelino Franco López es abogado y notario egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac). Tiene estudios de postgrado en el extranjero, y es considerado conocedor del tema laboral. Fue candidato a decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Usac y intentó dirigir el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang).

La asesoría legal que ofreció el abogado Franco López  para la elaboración del pacto tuvo un costo de Q24 millones, el cual, pese a haber sido firmado en el 2013, todavía se pagaba el año pasado.

Entre los puntos más polémicos del documento se encuentra el pago de viáticos para funcionarios de la cartera y dirigentes sindicales, los cuales son de Q1 mil diarios para el secretario general, Q800 cada día para la secretaria del Comité Ejecutivo y Q400 para otros miembros del comité.

Además, establece el pago Q1 mil 200 diarios en concepto de viáticos para el ministro, Q1 mil para los viceministros, Q800 para directores y gerentes y Q600 para los directores.

En el Juzgado Quinto Penal se realiza una audiencia en donde se les hace saber el motivo de detención a las personas señaladas por el @MPguatemala en un caso de corrupción en el @MinSaludGuate.
Se espera que la jueza Judith Secaida fije fecha para la indagatoria. pic.twitter.com/hkkQU5ocGw

— Kenneth Monzón (@kmonzon_pl) January 18, 2019

Señalados

• Jorge Alejandro Villavicencio Álvarez, exministro de Salud durante la gestión del Partido Patriota (PP), tiene orden de captura. Las autoridades allanaron su casa en Tulam Tzu, en Mixco, sin ubicarlo.
• Elsa Marina Ávalos Lepe, exviceministra de Trabajo y Previsión Social. Está en Berna, Suiza, informó la Fiscalía.
• César Landelino Franco López, es abogado y notario.
• Leonel Bátres Gálvez, excoordinador de asesoría jurídica.
• José Gabriel Salpuveda López, es trabajador del abogado Franco López.

Los detenidos:

• Jorge Luis Pérez Ramírez, exdirector general de recursos humanos del MSPAS.
• Edgar Encarnación Lara Caballeros, exjefe del Departamento de desarrollo de servicios de salud.
• Edna Carolina Prera Guinther, exgerente general administrativo financiero.
• Byron Francisco Ponce Molina, jefe de administración de Recursos Humanos.
• Susy Verónica Ríos Morales, asesora jurídica suplente.
• Carlos Guillermo Quijada Sandoval, exsupervisor de hospitales.
• Roberto Guarán Jiménez, director financiero del MSPAS.
• Dora Regina Ruano Saldaña, exsecretaria de organización del SNTSG.
• Luis Antulio Alpirez Guzmán, exsecretario de trabajo y conflicto del SNTSG.
• Javier Eduardo Méndez Franco, es trabajador del abogado Franco López.
• Rolando Eberto Cancinos Barrios, es trabajador del abogado Franco López.

Sindicalista

• Luis Alberto Lara Ballina, quien fue Secretario del SNTSG también fue investigado en este caso, aunque falleció el 20 de enero de 2016.

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Las magistradas tienen tres días hábiles para redactar su voto contrario. El plazo vence el 14 de enero próximo, cuando será juramentada la nueva junta directiva en el Congreso.

Néster Vásquez, presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), evitó pronunciarse acerca del antejuicio que tramitaron contra tres magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC). La razón es porque aún hace falta incluir los votos disidentes de las magistradas Morales y Dávila.

Los señalados son los magistrados de la CC Bonerge Amílcar Mejía Orellana, Gloria Patricia Porras y José Francisco de Mata Vela.

El caso

Durante el pleno habitual de la CSJ los magistrados avalaron una denuncia de la Asociación Dignatarios de la Nación (ADN) en contra de tres magistrados de la CC por sus criterios relacionada a la política exterior que “solo le compete al Ejecutivo”.

Según la Asociación, los magistrados constitucionales habrían incurrido en prevaricato, la violación a la Constitución, resoluciones violatorias a la Constitución y el abuso de autoridad.

El argumento se centra, según la denuncia, en abuso de funciones en los amparos al extralimitarse particularmente en permitir al diplomático Andrés Kompass la permanencia del país como embajador de Suecia.

Durante el pleno habitual de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) los magistrados avalaron una denuncia de la Asociación Dignatarios de la Nación (ADN) en contra de tres magistrados titulares la Corte de Constitucionalidad (CC) por sus criterios relacionada a la política exterior que “solo le compete al Ejecutivo”.

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Los señalados son los magistrados Bonerge Amílcar Mejía Orellana, Gloria Patricia Porras y José Francisco de Mata Vela.

“La razón es que la Corte de Constitucionalidad se excedió en cuanto a sus funciones, toda vez que a consideración los hechos y factores, el artículo 183 (de la Constitución Política) permite al Ejecutivo conocer acerca de la política exterior”, mencionó Mario Siekavizza, el portavoz de la CSJ, durante su primera conferencia de prensa.

Vocero del @OJGuatemala se refiere a los antejuicios conocidos en el Pleno de este día. pic.twitter.com/O0TmaF8des

— Organismo Judicial (@OJGuatemala) January 10, 2019

El antejuicio fue planteado por Guillermo Pellecer Rodas, quien representa a la Asociación Dignatarios de la Nación (ADN) el 14 de diciembre pasado. El caso fue incluido en el sistema del Organismo Judicial (OJ) como antejuicio 291-2018.

Señalamiento

Según la Asociación los magistrados constitucionales habrían incurrido en prevaricato, la violación a la Constitución, resoluciones violatorias a la constitución y el abuso de autoridad.

El argumento se centra, según la denuncia, en abuso de funciones en los amparos al extralimitarse particularmente en permitir al diplomático Andrés Kompass la permanencia del país como embajador de Suecia.

Arnoldo López Straub, de la Asociación, informó que los mismos magistrados explicaron en su resolución que es obligación del Presidente de la Republica conocer los aspectos de la política exterior o internacional.

Al Congreso

La Ley en Materia de Antejuicio ordena que cuando se tramita un antejuicio en contra de magistrados constitucionales, le corresponde al Congreso seguir el proceso.

El tramite se da en medio del receso parlamentario, cuyo escenario también tiene sus propios lineamientos específicos.

• De acuerdo al artículo 18 la Ley en Materia de Antejuicio, cuando está en receso el Congreso los trámites los llevará a cabo la Comisión Permanente, quienes integrarán con tres de sus miembros, siempre electos por sorteo. Este grupo elaboraría el informe pesquisidor y presentaría sus conclusiones. Actualmente la Comisión Permanente está integrada por Álvaro Arzú Escobar, Felipe Alejos, Javier Hernández Ovalle, Alicia Beltrán, Estuardo Galdámez, Jaime Lucero y Juan Ramón Lau.
• Al estar listo el informe se presenta al pleno y se somete a votación, un evento que necesita 105 votos para ser aprobado o improbado. De no conseguirse los 105 votos necesarios el antejuicio se archiva y puede ser retomado a discusión si así lo solicita algún diputado.
• En el caso que los magistrados perdieran su inmunidad y enfrentaran un proceso penal no significaría que pierden su calidad de magistrados.
• En el escenario probable que sean ligados a proceso, tampoco significa que pierden su lugar en la CC, y en el caso que se les dictará prisión preventiva serían separados del cargo pero no se podría elegir a un sustituto, solo se convocaría a un suplente para integrar la Corte en las plenarias.

CSJ se está excediendo

Para el politólogo Manuel Villacorta, la CSJ se está excediendo porque no se está respetando el orden institucional y constitucional, ya que a la supremacía constitucional en cuanto a materia legal le corresponde a la Corte de Constitucionalidad.

“Toda la resolución que la Corte de Constitucionalidad emita debe ser respetada. El hecho de que un ente como la CSJ considere viable que el Congreso decida sobre la inmunidad de los miembros de la CC, es un punto que atenta contra el orden de las instituciones y viene a ser un quiebre contundente en materia legal en el país”, dijo Villacorta.

A criterio del politólogo, con esta acción se está debilitando en definitiva el estado de Derecho en el país y se está entrando en una fase de crisis jurídica de impredecibles resultados que podría manifestarse a muy corto plazo.

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La representante de la PGN interpuso una protesta para que el representante de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) fuera separado de un caso de corrupción donde está involucrado Adolfo Vivar, quien fue alcalde de La Antigua Guatemala y recuperó su libertad de forma condicional.

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En la Torre de Tribunales se discutieron cuatro casos por supuestos actos de corrupción en donde el protagonista fue la inasistencia de los representantes de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig). En uno de los procesos la representante de la Procuraduría General de la Nación (PGN) accionó para separar al ente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

La abogada Brenda Leonor Ruiz, de la Procuraduría General de la Nación (PGN), pidió la palabra cuando se discutía la libertad condicional del exalcalde de La Antigua Guatemala, Adolfo Vivar, quien espera un debate junto con otras 25 personas por un fraude millonario en la comuna.

A manera de protesta solicitó que fuera separada la Cicig del caso. La petición fue realizada en el Tribunal de Mayor Riesgo B. El argumento de la abogada del Estado fue el acuerdo 2-2019 de esta semana del presidente Jimmy Morales en donde anuló el acuerdo de la Cicig.

El Tribunal, integrado por Jeaneth Valdés, María Castellanos y Elia Perdomo, rechazó la acción de la representante de la PGN para separar, de forma definitiva, a la Cicig. “Se declara sin lugar”, resolvieron las juzgadoras.

Entonces las juezas recordaron que existe un amparo otorgado por la Corte de Constitucionalidad (CC) que dejó en suspenso, de forma provisional, la decisión del gobernante Morales y rechazaron la acción de la representante de la PGN.

Esta resolución se resolvió con la inasistencia del representante de la Cicig sin alguna excusa. En el Tribunal informaron que la audiencia se adelantó y al llamar a la sede de la entidad la tarde del martes, no hubo alguna respuesta. Esto porque habían desalojado la casa donde funciona la Cicig como plan de contingencia.

Después, continuaron los alegatos que terminaron en beneficiar al exedil Vivar con arresto domiciliario, a marcar con su huella dactilar el control biométrico del Ministerio Público (MP) cada 15 días y la prohibición de salir del país.

El exfuncionario espera el comienzo del debate por su implicación en el desvío de Q20 millones por medio de seis empresas de cartón a las cuales el Concejo les adjudicó obras públicas que supuestamente no fueron realizadas. El caso se conoció en 2012 y la acusación es por cohecho activo y peculado.

Jorge Luis Donado, titular de la PGN, al ser consultado dijo: “Eso es incorrecto, nosotros en ningún momento, desde el despacho se ha solicitado que se solicite el abandono del querellante, es totalmente incorrecto. Lo que pedimos es que se respete el debido proceso y la legalidad, no promovemos ningún tipo de acción dentro del debate”.

En juicio del caso #BotínRegistroPropiedad, la abogada Amanda Trejo, de la @CICIGgt, se excusó para estar ausente debido al acuerdo de presidente Jimmy Morales que deroga al ente de la #ONU. pic.twitter.com/stuOB6Fcha

— Kenneth Monzón (@kmonzon_pl) January 9, 2019

En la “megasala”

La discusión de la audiencia de primera declaración contra 21 sindicados por el Ministerio Público (MP) y la Cicig en haber participado en el desvío de fondos del Transurbano para las campañas de Manuel Baldizón continuó en la Sala de Audiencias de Mayor Capacidad, conocida como “megasala”.

El juez Undécimo, Eduardo Cojulún, había emplazado al abogado Leopoldo Zeissig, de la Cicig, para que en 24 horas informara su inasistencia a la audiencia. Poco después de las 10 horas finalizó el plazo y el juzgador verificó que habían comparecido todos los sindicados junto con sus abogados.

En ese momento llamó a Jhonathan Chévez y se escuchó “no vino”, “está enfermo”. Entonces, el juez Cojulún le preguntó a su abogado Víctor Pérez si sabía el motivo de la inasistencia. Se supo que Chévez, conocido como “el Mago”, estaba enfermo.

La audiencia continuó con la petición de los defensores para separar a la Cicig del proceso. El argumento fue por la inasistencia de Zeissig sin alguna excusa.

El juez Cojulún escuchó a cada uno de los abogados y al final resolvió que no podía separar a la Cicig debido a que existen otras instancias que le corresponden y suspendió la audiencia por la inasistencia de Chévez.

En este proceso la abogada de la PGN, Ana Patricia Palacios, informó que se reuniría con sus superiores para determinar la postura en la próxima audiencia en cuanto a la Cicig.

El juez Eduardo Cojulún resuelve que no puede separar a la @CICIGgt porque para eso existen las instancias correspondientes.
Suspende la audiencia debido a la inasistencia de Jonathan Chévez quien adujo estar enfermo.
El caso es por financiamiento de las campañas de M. Baldizón. pic.twitter.com/t60pUAF9t8

— Kenneth Monzón (@kmonzon_pl) January 9, 2019

Inasistencia en el caso Botín

La continuación del debate a los sindicados en el caso Botín en el Registro de la Propiedad, donde está señalado Samuel “Sammy” y su sobrino José Manuel Morales, hermano e hijo del presidente Jimmy Morales, también estuvo marcado por la inasistencia de la abogada Amanda Trejo, de la Cicig.

Los jueces Jaime González y Juan Aceituno comparecieron en una de las salas del primer nivel de Tribunales. En ese momento se escucharon algunos comentarios: “no vino la jueza presidenta, se va suspender”.

El juez vocal González informó que la juzgadora Edna Maxia, presidenta del Tribunal Décimo Tercero Penal, estaba ausente debido a que su mamá fue hospitalizada.

También se escuchó la intervención de Carlos Rodas, defensor de la exdiputada Anabella de León. “Dejo sentada mi protesta porque no se debe suspender el debate”, dijo. En su argumentación también recordó el abandono como querellante de la representante de la Cicig.

La excusa de Trejo se centró en el acuerdo que firmó el mandatario Morales para finalizar el acuerdo de la Cicig. Agregó que “por seguridad de quienes representamos a la Comisión y en calidad de mandataria judicial con representación solicito se me tenga presentada la excusa”. Agregó que “no se me tenga por abandonada” la representación legal.

#BotínRegistroPropiedad | Hoy en el debate,donde están implicados Samuel y su sobrino José Morales está ausente la jueza presidenta Edna Maxia por enfermedad de su mamá.
Además, la abogada Amanda Trejo, de la @CICIGgt, se excusó para ausentarse hoy a las 8:30 horas. pic.twitter.com/H4VKranJrJ

— Kenneth Monzón (@kmonzon_pl) January 9, 2019

Se suspende audiencia de Cooptación

El juez de alto impacto, Miguel Ángel Gálvez, suspendió la audiencia de revisión de medidas de coerción a cinco implicados en el caso Cooptación del Estado de Guatemala.

La suspensión obedeció a la inasistencia de la fiscal Leslie Rosales, por vacaciones; y a Jennifer Marines Bravo, de la Cicig, quien presentó su excusa similar a la abogada Trejo.

Se iba a discutir los pedidos de libertad condicional de Daniel Juan Pablo Pellecer, Óscar Ludwing Osorio Ovalle, Héctor Hugo Solano Morales y Samuel Aceituno Juárez.

Gálvez mencionó que la próxima semana citará a las partes para discutir las revisiones.

#CooptaciónGT | El juez Miguel Gálvez suspende la revisión de medidas de cuatro sindicados debido a la inasistencia de los representantes del @MPguatemala (excusa por vacaciones) y de la @CICIGgt (por denuncia del convenio) pic.twitter.com/lSqUnzenI4

— Kenneth Monzón (@kmonzon_pl) January 9, 2019

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El 13 de diciembre pasado la magistrada remitió el informe por el antejuicio contra la diputada de Encuentro por Guatemala (EG).
Ese día solo se supo que había finalizado las pesquisas después de la denuncia que hizo el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) por financiamiento electoral ilícito en la campaña de 2015.

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La Cámara de Amparo y Antejuicio guardó el caso hasta hoy, cuando se prevé que sea conocido por los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que también podrían conocer la querella de la Procuraduría General de la Nación contra tres magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC).

La petición que planteó Rafael Curruchiche, fiscal de Delitos Electorales, es para que ella sea investigada por aquel delito.

El caso
Montenegro, diputada y secretaria general de EG, fue señalada en una investigación porque el partido incumplió con el plazo para entregar a la Inspección General del TSE los estados financieros del último semestre de 2015.

El caso fue investigado por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y fue planteado el 10 de agosto pasado. Una semana después la Corte Suprema de Justicia (CSJ) le dio trámite a la pesquisa.

La denuncia la interpuso el propio TSE el 13 de diciembre de 2016. Debido a que la información no llegó puntual, no fue posible establecer el origen de Q1 millón 748 mil 232.54 que el partido recibió en aquel año.

La empresa Maximum Financial and Investments Services aportó, a través de la entidad Yeyo, S.A., el arrendamiento de seis pasarelas digitales para la campaña, por Q76 mil 784.30 (o su equivalente a US$10 mil) y no fue reportado ante el TSE, de acuerdo con la investigación.

Además, en la campaña de 2011, EG no reportó al ente electoral Q197 mil 500 que provinieron de Publicidad Avance, S.A., y pagó con un cheque.

Respecto a un cheque por Q197 mil en la campaña de 2011, Montenegro comentó que, si acaso hubo un error administrativo, fue al momento de registrar en la contabilidad un nombre que no correspondía, pero el monto era el correcto, el cheque estaba endosado e ingresó a la cuenta de las donaciones.

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Juez resuelve que Melgar Padilla no goza de antejuicio

Los detalles de la resolución no fueron proporcionados. Solo trascendió que fueron suplentes los que conocieron la denuncia contra el edil.

“La Sala dio trámite al antejuicio que fue presentado el año pasado”, informó el fiscal Melvin Medina.

El juez Vela tendrá hasta 60 días para indagar acerca de la denuncia que planteó el Ministerio Público (MP) el pasado 30 de noviembre.

También citará al edil para que presente sus pruebas de descargo.

El caso

La denuncia contra Escobar fue presentada por la Contraloría General de Cuentas (CGC). El MP confirmó que está vinculada a la tercerización del servicio catastral en la comuna.

En mayo de 2017 fue interpuesta la denuncia de la CGC en contra de Escobar.

Una auditoría de la CGC acerca del ejercicio presupuestario de la comuna de Villa Nueva, en 2016, determinó que la tercerización del servicio catastral se efectuó con la contratación de las empresas Marroquín, Marroquin & Asociados, S.C. y DHV Consultants Guatemala, S.A.

Según la denuncia, a la empresa Marroquín, Marroquin & Asociados, S.C. se le pagaron Q10 millones 289 mil 787.95 y DHV Consultants Guatemala, S.A. cobró Q5 millones 251 mil 330.20 por brindar los servicios catastrales.

La CGC sustenta la denuncia en que la comuna no puede tercerizar el servicio catastral. Se fundamenta en el artículo 154 de la Constitución Política de la República: los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella. Los funcionarios y empleados públicos están al servicio del Estado y no de partido político alguno. La función pública no es delegable, excepto en los casos señalados por la ley, y no podrá ejercerse sin prestar previamente juramento de fidelidad a la Constitución.

En repetidas ocasiones Escobar ha rechazado la acusación y la ha calificado como “espuria y política”. Incluso, compartió que había interpuesto la denuncia contra los auditores de la CGC aduciendo que había sido extorsionado en marzo del 2016. “Casi tres años estuvo congelado el caso privándome el derecho de defenderme”, agregó Escobar.

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El juzgador informó que todas las partes habían sido notificadas y se prevé la citación de Melgar Padilla para la próxima semana.

Desde el 28 de agosto pasado, Melgar Padilla fue beneficiado por Gálvez con arresto domiciliar en la Primera Brigada de la Policía Militar Guardia de Honor, debido a que existían dudas si tenía o no inmunidad por ser presidente de un tribunal militar.

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El Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) señalan a Melgar Padilla en el caso Manipulación a la Justicia, una investigación paralela sobre la muerte de su padre José Armando Melgar Moreno.

Uno de los argumentos que hizo énfasis el juez Gálvez, para resolver este martes el incidente, fue la consulta que se hizo a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) el 7 de marzo de 2018, sobre si gozan de inmunidad los jueces de paz o comunitarios. La CSJ le respondió que esos cargos no gozan de antejuicio. 

Hasta ahora, y pese a solicitar una postura, el abogado de Melgar Padilla no ha respondido a Prensa Libre. 

El caso

El 9 de diciembre de 2012 fue asesinado José Armando Melgar Moreno. Su hijo, el general Érick Melgar Padilla, hizo responsable a su tío, Óscar René Melgar, y pidió a la Cicig una investigación, la cual fue rechazada por la entidad con el argumento de que no había indicios de la participación de aparatos clandestinos en el crimen.

“Se constató que Érick Melgar Padilla pidió iniciar una investigación paralela sobre el asesinato de su padre, a fin de condicionar el curso de la misma ante el Ministerio Público”, y “existen elementos probatorios suficientes para presumir la manipulación de la investigación penal con el objeto de crear una estructura criminal ficticia vinculada al asesinato de Melgar Moreno”, son dos conclusiones de la Fiscalía y la Cicig.

En este caso ya esperan un debate Ronny Elías López Jerez, exfiscal del Ministerio Público, Lesbia Verónica Montufar Trejo, Dora Elizabeth Bonilla Berger y Mynor Macario Rojas.

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El abogado Leopoldo Zeissing estuvo ausente, sin enviar alguna justificación. En respuesta a la solicitud del Ministerio Público (MP), el juez del caso Eduardo Cojulun emplazó para que en 24 horas el abogado responda el motivo de su inasistencia.

“Aquí expusieron todos los abogados. Unos pidieron que sea separada a la Cicig del proceso, pero lo prudente es emplazar para que informe si continuará, específicamente el abogado Leopoldo Zeissing en este caso. Se fijan 24 horas para informar lo sucedido”, resolvió el juez Cojulún.

La audiencia de primera declaración comenzó ayer lunes y al fiscal Hugo González imputó de hechos a 19 de las 21 personas señaladas en haber participado en el desvío de fondos del Transurbano para financiar las campañas presidenciales de Manuel Baldizón en 2011 y 2015. Por lo ocurrido hoy, fue suspendida la audiencia y se postergó para mañana a las 10 horas.

En este caso, 21 personas serán sindicadas de haber participado en una organización que desvió Q6.5 millones del servicio Transurbano que terminó como financiamiento para las campañas presidenciales de Manuel Baldizón, preso en Estados Unidos.

Los alegatos de los defensores que exigían la salida del caso del representante de la Cicig ocurrieron en el piso 14 de la Torre de Tribunales.

También en el caso Génesis

En el Tribunal de Mayor Riesgo B, que preside Jeannet Valdés, la mandataria de la Cicig, Leidy Santizo también estuvo ausente.

A diferencia de Zeissing, la abogada Santizo envió un memorial para ausentarse y que se suspendiera el debate.

La justificación de Santizo se centró a los “acontecimientos políticos” que atraviesa el país y a las acciones legales -amparos- interpuestos en la Corte de Constitucionalidad (CC) que pretenden revertir la decisión del gobernante Morales de terminar el acuerdo de la Cicig.

Las juezas Valdés, María Castellanos y Elia Perdomo, por unanimidad, le aceptaron la excusa para estar ausente aunque declararon sin lugar el aspecto para detener el juicio.

“No es prudente. La abogada Santizo está como querellante y no se puede interrumpir el debate”, resolvieron.

Entonces, continuaron los alegatos. Carlos de León, de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) explicó que no había tenido comunicación con la abogada Santizo.

Sigue el debate

En el Tribunal se conocieron los incidentes de la defensa. Que no se conociera un peritaje del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) que ya fue rechazado; la exclusión del testimonio de los campesinos Benancio Quib Pop, Calixto Chu Pop, Calos y su hermano Augusto Ichich, quienes declararon en 2005 que hombres armados los amenazaron para que entregaran sus tierras.

El último incidente fue planteado por la defensa de Walter Obdulio Matta, quien aduce que jamás existió usurpación agravada de las 28 fincas en Petén.

Posturas

Matías Ponce, portavoz de la Cicig, al ser consultado por las ausencias de los abogados de la entidad, informó que se trataba de un “plan de contingencia y de seguridad” con el fin de proteger al personal.

El fiscal anticorrupción, Juan Francisco Sandoval, mencionó que se haría la consulta a la fiscal General, María Consuelo Porras, acerca de la inasistencia de los representantes de la Cicig en los casos de corrupción que se discuten en las judicaturas.

Casos siguen

Debido a que la Cicig es querellante, su permanencia no impide que los casos judicializados se suspendan. El abogado penalista Miguel Torres comentó que es el ente investigador, el MP, quien lidera la investigación penal y es quien acciona. Además, es la Fiscalía la que solicita las órdenes de captura ante las judicaturas cuando avanzan las investigaciones.

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La canciller también mencionó en Nueva York que los familiares de los acusados tendrían la posibilidad de plantear demandas en contra de la Cicig.

Según la ministra, la Cicig politizó la justicia y violentó los derechos humanos de ciudadanos guatemaltecos y extranjeros y su derecho a la presunción de inocencia. “Estas personas -víctimas de Cicig- que han sido violentados sus derechos, en algún momento van a denunciar a la secretaría -de las Naciones Unidas- para el resarcimiento de los daños”.

Sin embargo, al ser consultada la abogada penalista Victoria Sandoval, representante legal de los Bitkov, mencionó que “en un futuro” se tomaría en cuenta plantear una demanda.

“La atención ahora se centra en las apelaciones especiales. Mañana -martes- se leerá la sentencia íntegra a Igor y a partir de esa fecha se toman 10 días hábiles para preparar y plantear alguna acción judicial”, mencionó la abogada Sandoval.

En cuanto a la demanda, Sandoval explicó que “primero debo reunirme con mis clientes, pero le digo que será en un futuro tomar en cuenta si se demanda o no”, agregó.

El ciudadano ruso Igor Bitkov fue condenado a cinco años por el delito de supresión y alteración de estado civil, y le fue suspendida una pena de dos años por uso de documentos falsificados, por el caso Migración. Además, fue absuelto por usurpación del estado civil. Los jueces ordenaron investigar a tres exalcaldes, y a Mayra Veliz, exfuncionaria de Migración y exsecretaria del Ministerio Público (MP).

La sentencia fue el 28 de diciembre pasado en el Tribunal de Mayor Riesgo C. Durante un juicio anterior Bitkov fue condenado a 19 años de cárcel, aunque la Corte de Constitucionalidad (CC) ordenó retrotraer el proceso a la etapa preparatoria y anuló la sentencia.

Acciones 

Por otro lado, la familia de Alfredo Andrés Zimeri Sandoval, el joven agredido por empleados de la Cicig durante un encuentro de futbol, ya interpuso acciones legales contra el ente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

La familia del exministro de Gobernación, Carlos Vielmann, informó que había enviado una carta a la ONU aunque la respuesta es que la Cicig “no es un órgdano de Naciones Unidas”.

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Los casos:

Génesis

Este lunes 7 de enero comenzó el debate a 10 implicados en el caso Génesis, por la supuesta usurpación de terrenos que fueron otorgados a campesinos en Petén.

Entre los señalados está Walter Obdulio Mendoza Matta, quien está acusado de asociación ilícita, lavado de dinero y usurpación agravada. También sus hijos William Alfredo y Jeffrey Obdulio Mendoza Tally y Mariana Isabel Mendoza Tally.

En los alegatos de apertura Carlos de León, de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) del Ministerio Público (MP), recordó que a los integrantes de esta estructura criminal se les sindica de legalizar las fincas obtenidas a través de intimidaciones de hombres armados, liderados por Mendoza Matta, quienes forzaban a los campesinos a abandonar sus tierras para luego ser legalizadas por medio de notarios.

Patrullas

El 13 de marzo del 2018 en el Tribunal Séptimo Penal inició un debate contra de 12 sindicados en un fraude millonario en el Ministerio de Gobernación, el caso fue denominado “Patrullas fase 1”.

En la actualidad el juicio está por llegar a la sentencia. Durante las audiencias el ente investigador se recordó el supuesto fraude por Q12 millones para la supuesta reparación de los autopatrullas y la remodelación de estaciones policiales de 2012 a 2014, cuando Mauricio López Bonilla fue ministro de Gobernación.

Lavado y política

La próxima semana iniciará el debate a los procesados en el caso Lavado y Política, donde el supuesto cabecilla es Francisco Edgar Morales Guerra, alias “Chico dólar”.

La supuesta estructura está señalada por el MP de haber utilizado el sistema financiero del país para lavar US$33 millones 489 mil dólares de 2009 hasta 2011. En esta supuesta estructura criminal doce personas.

Infiernito

La Feci y la Cicig avanzan en la investigación del caso Infiernito. En este caso está procesado el exminitro de Gobernación, Carlos Vielmann, de su participación en la supuesta tortura de reos.

La jueza Claudette Domínguez mencionó que existen suficientes indicios por la ejecución extrajudicial de los reos Hugo Humberto Ruiz Fuentes, el 14 de noviembre del 2005; Douglas Sadiel Arauz Palacios, el 20 de diciembre del 2005, y Adonis Asael Murillo, el 20 de diciembre del 2005.

Manipulación de justicia

Uno de los casos que está en espera de audiencia de apertura a debate es la acusación contra Ronny Elías López Jerez, exfiscal del Ministerio Público, Lesbia Verónica Montufar Trejo, Dora Elizabeth Bonilla Berger y Mynor Macario Rojas.

El caso Manipulación de justicia también involucra al general Erick Melgar Padilla, quien goza de arresto domiciliario en la Guardia de Honor, a la espera que el juez Miguel Gálvez lo cite y se realice la audiencia de primera declaración.

El caso se remonta a un conflicto por herencia de tierras entre los hermanos Melgar Padilla, que se litigó civil y penalmente durante aproximadamente veinte años.  El 9 de diciembre del 2012, fue asesinado José Armando Melgar Moreno, padre de Erick Melgar Padilla. La investigación del hecho inició en la Fiscalía de Villa Canales, posteriormente pasó a la Fiscalía de Villa Nueva, hasta finalizar en la Fiscalía contra el Crimen Organizado.

Transurbano

En el Juzgado Undécimo Penal comenzó la discusión de la audiencia de primera declaración contra 21 implicados por el MP y la Cicig en haber ayudado al desvío de fondos que terminaron en las campañas presidenciales de Manuel Baldizón, preso en Estados Unidos por cargos de lavado de dinero.

El ente investigador contabilizó que Q6.5 millones del subsidio público destinado al Transurbano fueron canalizados directamente hacia las campañas electorales del partido Líder de Baldizón en 2011 y 2015.

Corrupción en Quetzaltenango

La semana pasada el Juzgado de Mayor Riesgo de Quetzaltenango ligó a proceso a 14 personas, entre ellas el exalcalde de la localidad, Jorge Rolando Barrientos Pellecer, vinculadas a una estructura criminal integrada por funcionarios municipales, empresarios y otros particulares que actuaban de forma planificada para que se otorgaran de manera fraudulenta contratos a cambio de millonarias sumas de dinero.

El caso está en etapa de investigación por la forma en que otorgaron 122 contratos municipales a cambio de grandes sumas de dinero, las cuales llegaban al 40% del valor del contrato.

Los Huistas

La jueza de Mayor Riesgo D, Erika Aifán, procesó a seis integrantes de la estructura criminal “Los Huistas”, señalados en actos de corrupción en Huehuetenango.

En la audiencia de primera declaración, la jueza estimó que existían suficientes medios de investigación contra los sindicados para enfrentar a la justicia, por los que fueron ligados. Entre los señalados está Juan Bautista Rozotto López, alias “Juancho”.

Comisiones paralelas

El abogado Roberto López Villatoro, conocido como “el Rey del tenis”, su hermana Clara López Villatoro, así como al magistrado de apelaciones, Eddy Orellana Donis, fueron enviados a un debate por el caso Comisiones paralelas.

La investigación es por haber manipulado el trabajo de las Comisiones de Postulación del 2014 para la elección de la Corte Suprema de Justicia y las salas de apelaciones.

La Línea

El expresidente Otto Pérez y la que fue su vicepresidenta Roxana Baldetti -condenada a 13 años y seis meses por el caso Agua Mágica- junto con otras 26 personas esperan una audiencia de ofrecimiento de pruebas del caso La Línea.

El año pasado el juez Gálvez los envió a un debate y fijó el Tribunal de Mayor Riesgo C para los alegatos, aunque para el inicio aún hace falta la discusión de las pruebas y que no sean repetitivas.

Cooptación

El juez Gálvez informó que el proceso del caso Cooptación del Estado de Guatemala aún deberá escuchar el testimonio de Víctor Hugo Hernández, el contador del excolaborador Juan Carlos Monzón Rojas.

El testimonio servirá para que los sindicados y el ente investigador formulen preguntas para aclarar la participación de cada uno en los hechos.

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Hugo González, de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), inició con la descripción de hechos que se deriva de las averiguaciones de los casos: Financiamiento electoral ilícito de dicho partido y del Transurbano.

Según el MP, el análisis financiero sirvió para constatar una interconexión funcional entre ciertos actores y la conformación de un esquema empresarial, el cual fue utilizado para generar y pasar fondos de diferente procedencia.

Detalles

Los aspectos del fiscal fueron de 2011 cuando el partido Libertad Democrática Renovada (Líder) declaró ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) Q 11 millones 54 mil 425.00, pero la investigación determinó que el 87.44% de los aportes no provenían de los supuestos financistas.

La investigación preliminar detalló que en 2015 el monto declarado fue de Q12 millones y la investigación estableció que el 100% de dichos aportes no pertenecían a los supuestos financistas.

El ente investigador contabilizó que Q6.5 millones del subsidio público destinado al Transurbano fueron canalizados directamente hacia las campañas electorales del partido Líder de Baldizón en 2011 y 2015.

Los hechos presentados en este caso muestran la configuración de los tipos penales contemplados en el artículo 407 “N”, primer párrafo y artículo 407 “O del Código Procesal Penal, así como lavado de dinero, asociación ilícita y peculado.

El fiscal González acusó a 19 de los 21 sindicados. Le hizo falta Rudy Maldonado Castillo y Hector Antonio Aldana Castillo. La audiencia continuará el 8 de enero próximo a las 8:30 horas.

Señalados

1. Óscar Leonel de León Cuellar
2. Lilia Eugenia López Velásquez de Fialko
3. Carlos Roberto Paz Reynosa
4. Osmar Alberto Cruz Bustamente
5. Otto René Bernal
6. Reyna María Gómez González
7. Rudy Maldonado Castillo
8. Hector Antonio Aldana Castillo
9. Roselia Díaz Ortiz
10. Marvin Giovanni Aldana Azurdia
11. Carlos Humberto Martínez Ruano
12. Ramiro Antonio Calderon Rodas
13. Marce Gabriela Lissi Hernández
14. Mario Humberto Chicas Zea
15. Jonathan Harry Chevez
16. Mario Enrique Vargas Salazar
17. Rudy Leonel Maldonado Castillo
18. Alberto Rafael de León Escobar
19. José Luis Rodrigo Agüero Urruela
20. Francisco Fernando Aleman Paredes
21. Alvaro Mayorga Giron

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En los alegatos de apertura, Carlos de León, fiscal Especial contra la Impunidad, recordó que a los integrantes de esta estructura criminal se les sindica de legalizar las fincas obtenidas a través de intimidaciones de hombres armados, liderados por Mendoza Matta, quienes forzaban a los propietarios a abandonar sus tierras para luego ser legalizadas por medio de notarios.

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Hubo una discusión debido a que los defensores intentaron que la representante de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) se abstuviera de exponer alegatos.

El Tribunal resolvió que la Cicig fue parte de la investigación y del proceso. Entonces, escucharon su intervención que recordó el comienzo del caso en 2013 por una denuncia de transacciones sospechosas de la Intendencia de Verificación Especial (IVE).

“Los afectados fueron los campesinos que se quedaron sin recursos. Este despojo no se hubiera realizado sin la intervención de los notarios Nehemías Matheu López y René Danilo Mejía Mejía quienes ayudaron a la estructura”, expuso la representante de la Cicig.

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Suma millonaria

Según la acusación, las fincas están valoradas por Q24 millones y la supuesta estructura de Mendoza Matta utilizó las entidades de cartón Corporación Ilusiones y Agroindustrias Chaparral para el blanqueo de capitales.

Un ejemplo que fue expuesto fue el caso de Chaparral, que adquirió Ilusiones por Q8 millones “pero no existe una justificación que la entidad valiera eso”, dijo la representante del ente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

También que Ilusiones fue abierta el 26 de enero de 2012 y recibió Q17 millones sin aluna justificación.

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Los defensores rechazaron los señalamientos en el primer día de debate con el argumento de que se trataron de negociaciones habituales de compra venta.

Las tierras otorgadas por el Fondo de Tierras (Fontierras) contemplaron un procedimiento para la Iiberación de las limitaciones anotadas en las inscripciones de las fincas adjudicadas, denominadas como “La Tutela del Estado, “EI Patrimonio Familiar’, “Pacto de Reserva de Dominio”. De forma arbitraria e ilegal, los funcionarios redactaban informes y resoluciones para liberar de limitaciones las fincas en las que tenían interés Mendoza y Ramírez y así pudieran “comprarlas” sin que existiesen obstáculos legales para su adquisición, detalló la acusación.

El caso fue conocido el 6 de abril del 2016 cuando las autoridades realizaron 18 allanamientos: Ocho en Morales, tres en Puerto Barrios, uno en Livingston, en Izbal; tres en Petén y tres en el departamento de Guatemala.

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Señalados

• Walter Obdulio Mendoza Matta. Asociación ilícita, lavado de dinero y usurpación agravada.
• Gustavo Adolfo Ramírez Ortiz. Asociación ilícita, lavado de dinero y usurpación agravada.
• René Danilo Mejía Mejía. Usurpación agravada.
• William Alfredo Mendoza Tally. Asociación ilícita y lavado de dinero.
• Jeffrey Obdulio Mendoza Tally. Asociación ilícita y lavado de dinero.
• Pablo André Mendoza Paz. Lavado de dinero.
• Julia María Murillo Arteaga. Lavado de dinero.
• Mariana Isabel Mendoza Tally. Lavado de dinero.
• Nehemías Matheu López. Usurpación agravada.
• José Gabriel Torres Ayala. Usurpación agravada.

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“Si la Corte de Constitucionalidad otorgó un amparo no puedo desobedecer. La orden la dio el máximo tribunal. El conflicto del presidente (Jimmy Morales) y la Comisión (Internacional contra la Impunidad en Guatemala) es aparte. Debemos velar por la legalidad”, resolvió Víctor Funes, titular del Juzgado de Turno.

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El juez les fijó la fianza de Q5 mil y firmar el libro de control del Ministerio Público (MP).

Además, estimó cuatro meses para la investigación, que “debe” profundizar en fiscales, policías y autoridades superiores migratorias involucradas en el impedimento que mantuvo retenido Yilen Osorio Zuluaga durante 25 horas entre el  sábado y domingo último.

El juez Funes cuestionó: “¿Dónde está el colombiano? Ingresó… La Corte de Constitucionalidad lo amparó ¿Necesitábamos 40, 50, 100 policías en el Aeropuerto? Por Dios Santo, lo que se necesita es que se cumpla con el trabajo y el respeto a la ley”.

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Sin presiones

Funes recalcó que no estaba presionado para resolver. Como ejemplo les dijo que si la Corte Suprema de Justicia le ordenaba algo que era ilegal jamás lo iba a acatar. “Eso pasó con ustedes, si tenían una orden superior, pero había una disposición de un órgano constitucional, lo prudende es dejarlo ingresar al país”.

Josué Rodríguez,, fiscal contra el Lavado de Dinero y otros Activos y quien representó al MP en esta audiencia, explicó que como indicios tienen el testimonio del investigador Osorio Zuluaga.

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El abogado Axel Urrutia argumentó que ninguno de los funcionarios de Migración había sido notificado por lo resuelto por la CC y el sistema alertó que existía una prohibición cuando Osorio Zuluaga llegó al país, procedente de San José, Costa Rica.

Incluso Cantoral Dávila declaró que había avisado a su superior Rubén Aguilar, director adjunto de Migración, acerca de lo sucedido.

El juez les recordó: “No podemos negar los hechos notorios a través de los medios de comunicación. La sala de audiencias está abarrotada y se sabía que existía un amparo a favor de los delegados de la Cicig”.

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En la audiencia se pudo observar a compañeros de los procesados. Incluso, algunos hasta usaron sus celulares para grabar la resolución del juez Funes.

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Con este ejemplo el juzgador inició la descripción de los hechos y el análisis de la acusación en contra de ocho fiscales de Chiquimula y un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) por una investigación interna donde los señala por haber cobrado por desestimar casos penales.

Gálvez utilizó cinco horas para hacer relación con los indicios que le presentaron Mario Pacheco y José Cardona, representantes de la Fiscalía de Asuntos Internos. También hizo énfasis en las conversaciones telefónicas de los señalados.

“Ustedes, fiscales, actuaron como una estructura criminal, hablaban en clave”, les recriminó Gálvez.

Dijo que una de las escuchas donde los fiscales conversaron y con palabras clave mencionaron las frases “mi regalito” y “mi pollito frito”, así como “columna” para hacer relación con los sobornos desde Q3 mil hasta Q50 mil que cobraron por la desestimación de los casos.

Sindicados

Fueron procesados Osmal Wilfredo Morales Marroquín, agente de la Policía Nacional Civil (PNC); Juan Carlos Hun Ical,  jefe de la Fiscalía de Distrito de Chiquimula; Jerson Alexander Franco Carrillo, Eddy Enrique Franco Carrillo, Abelino Mateo Nájera y Elser Conrado Mansilla Arrollo, fiscales.

Los delitos fueron cohecho activo en forma continuada, asociación ilícita, simulación de delito, denegación a la justicia, uso público de nombre supuesto y cohecho pasivo en forma continuada.

La resolución también incluyó la falta de mérito a favor de las fiscales Suleisy Magdalena Gutiérrez, Saidi Leticia Guerra Samayoa y Katy Maritza Hernández. A las tres las suspendió de sus labores, sin goce de salario, durante tres meses hasta que avance y finalice la investigación donde se determinará si tienen alguna participación.

Gálvez también recordó la conversación entre Hun Ical y Morales Marroquín del 27 de junio del 2018, donde citan a Samuel Villagrán Ramírez para que declare por un caso que ya había sido desestimado.

“Tengo 20 años de ser juez y cuando el Ministerio Público desestima un caso nunca lo han abierto. La justicia es lo más sagrado ¿Cómo se sienten ustedes al estar esperanzados por una resolución contraria donde cobraron dinero?”, les recriminó.

El caso

El 7 de diciembre pasado más de 40 policías tomaron la Fiscalía de Distrito de Chiquimula y detuvieron a siete fiscales. Ese día también fue aprehendido el policía Osmal Wilfredo Morales Marroquín.

Entre los casos está el cobro de Q3 mil como soborno en mayo pasado, también “la salida fiscal” de un expediente a favor del sindicado Ronald Salvador Orellana Orellana. “Se le informó que el caso estaba bajo reserva, lo que fue falso y sirvió para solicitar Q500 mil a cambio de desviar una investigación por asesinato en grado de tentativa en Zacapa”, según la acusación.

El MP informó que el 14 de junio pasado fue formulada una denuncia por un proceso de homicidio culposo donde falleció Serbio Isaí Sance Gregorio y quedó herida de gravedad Ana María Leiva durante un accidente en Chiquimula.
También Marco Antonio de Jesús Guerra que presentó trauma de cráneo. Los fiscales detenidos omitieron las diligencias en relación a las víctimas y desviaron la investigación para favorecer al responsable y se desestimó el caso el 18 de junio último.

Además, devolvieron un cabezal y un camión con matrículas hondureñas sin cumplir con los requisitos legales y los protocolos debido a que se omitieron los peritajes.

Un caso por el que fueron acusasos los fiscales de Chiquimula es el asesinato Darwin Armando Martínez que fue atribuido a Luis Cerezo Guerra, apodado “Loroco”. Según el fiscal Cerezo, integra una estructura de sicarios de la cabecera de Chiquimula.

Los fiscales encarcelados “le proporcionaron información del expediente” para que se enterara si había orden de captura en su contra y se dejó de realizar el peritaje balístico a pesar de haber contado con la autorización judicial. El crimen sucedió el 9 de abril pasado. Los fiscales acordaron recibir Q3 mil para favorecer al “Loroco”.

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Los cinco empresarios acudieron a la sala de audiencias en el piso 14 de la Torre de Tribunales a las 9 horas. Poco después de las 10 horas la jueza ingresó en la sala y les informó los inconvenientes para iniciar con la discusión.

También se informó que Paiz del Carmen cambió de abogado. Anteriormente era representado por Rodrigo Callejas y en un memorial informó a la judicatura que sus nuevos defensores son David Antonio Barrientos y Javier Estrada.

Esta es la segunda oportunidad en que suspende la audiencia. El 20 de diciembre último estuvo ausente el abogado Mario Castañeda, quien defiende a Torrebiarte Novella.

Acusación

El fiscal de delitos electorales, Rafael Curruchiche, recordó que el caso cuenta con 10 mil 91 folios. El señalamiento es por haber ocultado financiamiento electoral a la agrupación política Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación) que llevó a la presidencia a Jimmy Morales en 2015.

El MP y la Cicig señalaron al partido que llevó a la Presidencia a Morales de no haber reportado al Tribunal Supremo Electoral (TSE) Q15 millones que gastó en las elecciones de 2015.

El 26 de febrero del 2018, Paulina Paiz Riera y Olga Méndez López, llegaron de manera voluntaria al MP para aportar información importante sobre el financiamiento de la campaña de Morales con el partido FCN Nación.

Tanto Paiz como López presentaron documentos, correos y facturas que respaldaban sus declaraciones, ambas con cargos de gerencia en Novaservicios Sociedad Anónima, empresa que recibió los aportes para la campaña de Morales.

la investigación llamada Financiamiento Ilícito FCN-Nación tiene relación con el pago para fiscales electorales de mencionado partido y pago de publicidad durante la primera y segunda vuelta electoral de la campaña de 2015.

Se disculpan

El pasado 19 de abril los empresarios “pidieron disculpas a Guatemala” ante el señalamiento del MP y la Cicig.

Los empresarios informaron de haber  participado y facilitado la movilización de fiscales electorales para el partido FCN-Nación. Dicho partido no contaba con fiscales en las mesas electorales que resguardaran la voluntad de cada voto.

Los sindicados compartieron: El carácter de las personas no se conoce en los errores, sino de la forma en como los enfrentamos y de qué aprendemos de ellos, asumiendo un firme y claro compromiso de no volver a cometerlos.  Por estas acciones le pedimos disculpas a Guatemala, a nuestras empresas y accionistas, a nuestros colaboradores y sobre todo a nuestras familias. 

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Aduciendo quebrantos de salud debido a la diabetes que padece, Jorge Alberto Rizzo Morán, quien fue alcalde del Puerto San José, Escuintla, compareció ante el Tribunal de Mayor Riesgo B para el comienzo del debate en su contra.

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Sus abogados explicaron que el exedil debe se evaluado.

Los jueces Irma Valdez, María Catellanos y Elia Perdomo ordenaron al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) enviar un médico para que le practiquen una evaluación.

El fiscal Henry Tasen Valle recordó que la investigación inició debido a una denuncia de la Superintendencia de Bancos por existir transacciones sospechosas en dos cuentas bancarias de la comuna.

El Ministerio Público (MP) lo acusa de haber desviado Q1.3 millones de la municipalidad que dirigía entre 2012 y 2013.

Rizzo Morán fue detenido el 9 de septiembre del 2016 y fue procesado por peculado por sustracción, lavado de dinero y otros activos y abuso de autoridad.

Según la investigación, la Intendencia de Verificación Especial (IVE), de la Superintendencia de Bancos de Guatemala, interpuso una denuncia por transacciones sospechosas efectuadas por las autoridades ediles de Puerto San José entre el 7 de noviembre del 2012 al 7 de mayo del 2013.

Defensa rechaza acusación

Los abogados del exedil argumentaron que el retiro del dinero de dos cuentas de la Municipalidad del Puerto San José fueron para el pago de planilla a 400 jornaleros.

Durante el primer día del debate declaró Jesús Eugenio Alvarenga Aucedo, el secretario municipal de la comuna. “Existe un pacto colectivo con los trabajadores para recibir sus salarios a una fecha y una hora, en efectivo. Eso fue hasta 2012. Después, en 2013, se determinó que por transparencia se debía hacer por depósitos y transferencias”, declaró.

El analista financiero Byron Estuardo García explicó a los jueces los movimientos sospechosos del dinero durante 2012 y 2013.

Esposa ya fue condenada

El 30 de noviembre del 2017 Odilia González García, esposa del exalcalde de Puerto San José, Escuintla, Rizzo Morán, fue condenada a seis años de prisión por lavado de dinero y al pago de Q3.9 millones.

Esa condena se desprende de la sentencia que emitió el Tribunal de Mayor Riesgo B contra cuatro personas por su vinculación con una red de narcotráfico, en el caso conocido como Drogas, dinero y poder local.

Los jueces impuseron penas de 18 años a Jairon Antonio e Irael González García, hermanos de Odilia, por asociación ilícita y lavado dinero, quienes también están obligados a pagar más de Q25 millones en multas.

El cuarto condenado es Luis Javier Flores, quien recibió seis años de prisión por asociación ilícita.

El caso de la familia del alcalde Rizzo surgió luego de la detención, en 2012, del narcotraficante mexicano Manuel Antonio Yañes Ochoa, condenado a 28 años de prisión en octubre de 2016. 

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“La vivienda, honorable juzgadora, fue utilizada como instrumento para el trasiego de drogas”, explicó la representante del Ministerio Público (MP) durante los alegatos de apertura.

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La Fiscalía compartió las fotografías de la vivienda, considerada estratégica por su salida al mar y porque tiene una pista de aterrizaje clandestino.

Cuenta con una piscina y un chalet con vista al mar. La propiedad es de 902 mil 513.62 metros cuadrados. Debido a que el juicio es por uso para traficar drogas, el ente acusador evitó valorar la propiedad.

Cargamento

En la casa, la Policía Nacional Civil (PNC) incautó un cargamento de cocaína el 10 de febrero del 2018.

La droga estaba oculta en un vehículo dentro de la vivienda de Lorenzana Cordón. El reporte oficial detalló que había 476 paquetes con 524.97 kilogramos de cocaína.

Ese día las fuerzas de seguridad detuvieron a César Raimundo Vásquez Díaz, de 28 años; Mariano Cucul, de 46; Francisco Ical Caal, de 36; y a Jaime Lorenzana Gómez, de 39.

Autoridades informaron que cerca de Playa Dorada, frente al lago de Izabal, fue interceptada una avioneta procedente de costas venezolanas, y a un costado estaba estacionada una camioneta todoterreno, una motocicleta y a la orilla de la playa una lancha.

El debate seguirá la próxima semana con la declaración de los primeros peritos.

Waldemar Lorenzana Cordón, hijo de Waldemar Lorenzana Lima, alias el Patriarca, el año pasado fue extraditado a Estados Unidos, en donde fue condenado a cadena perpetua el 10 de mayo del 2018 por participar en una conspiración internacional de tráfico de drogas con una organización con estrechos vínculos con el Cártel de Sinaloa de México, según el Departamento de Justicia.

Su hermano, Eliu Lorenzana Cordón, también recibió una condena de cadena perpetua el pasado febrero. En tanto, el padre de ambos, quedó libre en EE. UU. en 2015, luego de declararse culpable y argumentar incapacidad por Alzheimer.

Entre 1996 y 2009, el acusado y sus cómplices recibieron, almacenaron y distribuyeron cantidades de cocaína de varias toneladas desde Colombia en sus propiedades en Zacapa para su importación en México y luego en Estados Unidos.

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Debido a la peligrosidad de los acusados, el Tribunal de Mayor Riesgo D ordenó que siguieran el debate por videoconferencia. Cinco supuestos integrantes de la clica Coronados Locos de la Mara Salvatrucha (MS) estaban en la cárcel El Boquerón, Santa Rosa, y cuatro más estaban en la sala de audiencias.

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La joven, de 16 años, salió de su casa a una abarrotería. Ya no regresó. Ese día fue ultrajada, y estrangulada. Los mareros la desmembraron y quemaron en el lote 5, manzana K, del asentamiento Mártires del Pueblo, en la zona 4 de Villa Nueva, de acuerdo a la información que presentó la Fiscalía.

Como parte de la prueba, el fiscal mostró las fotografías del caso. Solo la jueza Sara Yoc, quien preside el Tribunal, evitó verlas en una pantalla. Los otros jueces Wendy Coloma y Eduardo Morataya observaron los restos de la adolescente.

Acusados

Los sindicados son Alan Eduardo Figueroa Hernández; Cristian Alexandro Díaz Gutiérrez; Erick Ottoniel Enríquez Latín; Luis Daniel Ocoix; Marlon Alfredo López Ávila; Waldemar Manuel Orellana Hernández; Yendi Corina López Juárez; Hembly Luisyana Fernández Pérez y David Alexander Reyes Vásquez.

Están señalados del femicidio de la adolescente Cifuentes Sian y el crimen de Ramón Antonio López Ávila, quien integraba la clica.

La acusación es por asociación ilícita, asesinato y conspiración para asesinato. 

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A pesar de que la Procuraduría General de la Nación (PGN) había solicitado que los culpables de cohecho activo y peculado pagaran Q815 mil 929.68 como reparación digna, el juez José Alvarado resolvió pagos de Q20 mil y Q30 mil a los siete empresarios.

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En cuanto a los culpables de cohecho activo, el pago será de Q20 mil. Deberán pagarlo de Moisés Israel Santisteban Fuentes, Manuel Antonio Pivaral Pérez y Ernesto Arturo Zamora Cruz.

Los siete deberán pagar los montos en la tesorería del Organismo Judicial.

Afiches

El juez rechazó la petición del representante de la PGN para que los condenados realizaran capacitaciones a entidades mercantiles y mandaran a imprimir 250 mil documentos para prevenir el delito.

En cambio ordenó que se impriman 700 afiches con detalles de prevención de los delitos que fueron culpables en juicios abreviados.

El pasado 27 de diciembre los empresarios se declararon culpables. La pena de cuatro años de prisión conmutables y una multa de Q50 mil fue para Santiesteban Fuentes, Pivaral Pérez y Zamora Cruz.

Para Morales Cifuentes, Orellana Meza de Gómez, Ambrocio  Azurdia y Contreras Barrios la condena fue de tres años de prisión (suspendidos condicionalmente) y una multa de Q2 mil 500 a cada uno.

La investigación surgió en que los empresarios que tuvieron relación comercial con la Industria Militar y pagaron al jefe de esta institución y al jefe del Departamento Financiero, coimas para poder obtener contratos o trabajos. El MP estableció que recibieron mediante cheques la cantidad de Q919 mil 330.83 como pago por la adjudicación de contratos.

Otros señalados 

En este caso están detenidos detenidos José Alfredo Cotzojay Chajón y Jorge Arturo Vega Chávez, extitulares de la estatal Industria Militar, detallaron en un comunicado.

También están en prisión Byron Manuel Santos Galindo, exjefe financiero de la entidad y Rolando Enrique Hernández González, quien fungió como represente de ventas de la fábrica dedicada a la confección de artículos para uso militar como vestuario y calzado, entre otros objetos.

Otro exjefe del departamento de finanzas, Carlos Geovani Mejía Girón, fue involucrado en el caso pero no pudo ser detenido porque se encuentra en Brasil como agregado militar del gobierno guatemalteco.

Los militares son señalados de los delitos de asociación ilícita, peculado y cohecho pasivo.

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